Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04718-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04718-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04718-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04718-00
Referencia: Acción de tutela
Actoras: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S. Y OTRA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, PROPIEDAD, IGUALDAD,
TRABAJO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por las
actoras contra la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “B” DEL
CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante la Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04718-00
Actoras: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S Y OTRA
I.1. La Solicitud
Las sociedades ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S. y
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PROYECTAR INNOVA
S.A.S., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la propiedad, al acceso a la administración de justicia, a
la igualdad, al trabajo y a la igualdad, los cuales estiman vulnerados
por la SECCIÓN TERCERA, al haber proferido, la providencia de 26
de marzo de 2025, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2019-00087-01.
I.2. Hechos
Señalaron que celebraron un negocio fiduciario y adelantaron un
proyecto inmobiliario, consistente en la construcción y venta de
unidades habitacionales y comerciales en un predio ubicado en el
distrito capital de Bogotá2.
Manifestaron que solicitaron al curador urbano 1 del DISTRITO, la
licencia de construcción núm. 13-1-0629 de 2013 de 2013 y, con
2
En adelante Distrito.
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posterioridad, tramitaron una modificación de la misma manteniendo
la expectativa legítima de comercializar las unidades habitacionales.
Aseguraron que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL3, expidió la Resolución núm. 1696 de 24 de
julio de 2015, mediante la cual determinó el monto de la participación
en plusvalía aplicable a los inmuebles del sector.
Arguyeron que mediante Resolución núm. 1154 de 30 de junio de
2016 la UNIDAD gravó con el efecto de plusvalía el predio objeto del
proyecto inmobiliario, inscribiendo tal gravamen en el folio de
matrícula inmobiliaria, por lo que se les impidió efectuar los procesos
de escrituración y transferencia del dominio de los inmuebles
construidos a los compradores finales, generando graves perjuicios
económicos, comprometiendo la viabilidad y estabilidad financiera
del proyecto.
Afirmaron que solicitaron ante la UNIDAD la revocatoria directa de
la Resolución núm. 1154 de 30 de junio de 2016, la cual fue resuelta
mediante Resolución núm. 1499 de 2017 que, de manera parcial
accedió al establecer que el gravamen se impuso sin observar las
condiciones jurídicas y técnicas del proyecto.
3
En adelante Unidad.
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Actoras: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S Y OTRA
Aseguraron que presentaron demanda de reparación directa contra
el DISTRITO y la UNIDAD con el fin de obtener el reconocimiento
y pago de los perjuicios de orden material derivados de la actuación
administrativa.
Indicó que la anterior demanda fue identificada con el número único
de radicación 2019-00087-00 y le correspondió por reparto en
primera instancia a la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C” DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que,
mediante sentencia de 20 de abril de 2022, declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de la sociedad
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PROYECTAR INNOVA
S.A.S. y denegó las pretensiones de la demanda.
Aseveraron que inconformes con la anterior decisión formularon
recurso de apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, en
providencia de 26 de marzo de 2025, modificó la decisión del a quo
y, en su lugar, denegó la totalidad de las pretensiones de la
demanda.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en
4
En adelante el Tribunal.
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Actoras: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S Y OTRA
defecto fáctico al realizar una valoración incompleta e irrazonable
de las pruebas documentales que informaban de la imposibilidad de
escriturar los reportes contables de la fiducia que evidenciaban el
congelamiento del giro del proyecto y las constancias de afectación
en la ejecución del negocio inmobiliario, material probatorio con el
que, a su juicio, se lograba acreditar los perjuicios económicos
derivados de la anotación del gravamen de plusvalía.
Aseguró que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente jurisprudencial aplicable al asunto, pues, a su juicio,
se apartó sin justificación de la línea interpretativa ya consolidada
acerca de la responsabilidad del Estado por expedición de actos
administrativos que imponen cargas desproporcionadas y causan un
agravio injustificado.
Señaló que la providencia cuestionada incurrió en falsa motivación,
en la medida que no desarrolló una argumentación sobre el nexo
causal, la naturaleza del daño o los efectos de la revocatoria parcial
del acto, dejándolos sin una respuesta razonada frente a sus
reclamos.
Mencionó que la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto
procedimental, por cuanto no observó plenamente las garantías del
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trámite judicial y omitió el estudio sustancial de aspectos esenciales
del litigio y del recurso legalmente interpuesto.
Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en violación directa
de la Constitución al transgredir el principio de igualdad antes las
cargas públicas, el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y la protección del patrimonio, al negarles la posibilidad del
obtener la reparación del daño antijurídico causado por una actuación
administrativa que les causó un agravio injustificado, soportando una
carga económica que no tenían el deber de soportar.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2.1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, DERECHO A LA PROPIEDAD E IGUALDAD,
vulnerados, por parte del SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - ORAL – BOGOTÁ,
Magistrada: MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO. dentro
del proceso de reparación directa adelantado por ACCIÓN
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S Y OTRO en contra del DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ Y OTRO, bajo el radicado No. 25000-23-
36-000-2019-00087-01 (68997)
2.2. ORDENAR a la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, dejar sin efectos
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la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
de 26 de marzo de 2025, radicado 25000-23-36-000-2019-00087-
01 y la sentencia
2.3. Que se ordene proferir un nuevo fallo respetando el
precedente jurisprudencial, valorando adecuadamente las pruebas
que acreditan la afectación al proyecto inmobiliario y el daño
antijurídico derivado de la actuación administrativa revocada […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA manifestó que la providencia
contiene los argumentos necesarios para que el juez constitucional
tome la decisión que en derecho corresponda.
I.5.2.- La UNIDAD manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente, comoquiera que no existe una acción u omisión por
parte de la entidad que hubiere causado la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Resaltó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional de
carácter subsidiario que solamente procede cuando no existen otros
medios de defensa idóneos y eficaces para garantizar derechos
fundamentales, sin embargo, indicó que en el asunto las actoras no
presentaron las solicitudes de aclaración frente a la sentencia
cuestionada, por lo tanto esta se encuentra en firme.
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I.5.3.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
I.5.4.- El DISTRITO pese a ser notificado del presente trámite,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
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constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
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limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 26 de marzo de 2025,
proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2019-00087-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la propiedad, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y a la igualdad,
habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad accionada
incurrió en defecto fáctico al realizar una valoración incompleta e
irrazonable de las pruebas documentales que informaban de la
imposibilidad de escriturar los reportes contables de la fiducia que
evidenciaban el congelamiento del giro del proyecto y las constancias
de afectación en la ejecución del negocio inmobiliario, material
probatorio con el que, a su juicio, se lograba acreditar los perjuicios
económicos derivados de la anotación del gravamen de plusvalía.
Aseguró que la autoridad judicial accionada desconoció el
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precedente jurisprudencial aplicable al asunto, pues, a su juicio,
se apartó sin justificación de la línea interpretativa ya consolidada
acerca de la responsabilidad del Estado por expedición de actos
administrativos que imponen cargas desproporcionadas y causan un
agravio injustificado.
Señaló que la providencia cuestionada incurrió en falsa motivación,
en la medida que no desarrolló una argumentación sobre el nexo
causal, la naturaleza del daño o los efectos de la revocatoria parcial
del acto, dejándolos sin una respuesta razonada frente a sus
reclamos.
Mencionó que la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto
procedimental, por cuanto no observó plenamente las garantías del
trámite judicial y omitió el estudio sustancial de aspectos esenciales
del litigio y del recurso legalmente interpuesto.
Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en violación directa
de la Constitución al transgredir el principio de igualdad antes las
cargas públicas, el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y la protección del patrimonio, al negarles la posibilidad del
obtener la reparación del daño antijurídico causado por una actuación
administrativa que les causó un agravio injustificado, soportando una
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carga económica que no tenían el deber de soportar.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone la parte actora implica la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto en el medio de control de reparación
directa y del cual se pretende constituir una instancia adicional,
comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
están dirigidos a cuestionar la decisión que denegó las pretensiones
de la demanda al no encontrar probado el daño antijurídico
deprecado.
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Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
valoración probatoria que la parte actora pretende que se dé a su
situación particular, giran en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue resuelta por la
SECCIÓN TERCERA, así:
“[…] 2.1. Síntesis de la controversia y presupuestos
procesales
17. La Sala modificará la Sentencia para revocar la falta de
legitimación activa en la causa declarada por el Tribunal, pues
se acreditó el interés de Proyectar S.A.S. en el proceso de
reparación directa. Confirmará la decisión de negar las
pretensiones de la demanda, porque los demandantes no
desvirtuaron el argumento del Tribunal, según el cual,
inclusive con la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria,
el negocio jurídico podía realizarse. Además, modificará lo
resuelto sobre las costas y condenará a la parte demandante.
[…] 24. En relación con el fondo del asunto, la sentencia
apelada negó las pretensiones porque consideró que no se
acreditó el daño; frente a lo cual, el apoderado en el recurso
de apelación afirmó que se trató de un “daño especial” y
realizó algunas consideraciones sobre los elementos de ese
título de imputación. En ese sentido, los argumentos del
recurso no resultan procedentes para desvirtuar el argumento
de la sentencia según el cual la anotación en el folio de
matrícula inmobiliaria no les causó un daño, pues el
fundamento de la decisión de primera instancia fue que los
inmuebles sí podían ser vendidos y de ninguna manera los
argumentos se encaminan a atacar esa afirmación. Así, el
recurso de apelación no se encaminó a atacar y menos a
desvirtuar el fundamento de la decisión de declarar la ausencia
de daño.
25. Adicionalmente, los demandantes no acreditaron el
carácter de antijurídico del daño alegado puesto que el acto
administrativo que luego fue revocado parcialmente no era
contrario al ordenamiento jurídico y, en ese sentido, sus
efectos, mientras estuvo vigente, son jurídicos. Al respecto,
en el expediente se probó que mediante Resolución 1499 de
15 de septiembre de 2017, Catastro Distrital revocó
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parcialmente la Resolución No. 1154 de 2016, en lo
relacionado con el predio ubicado en la carrera 10 No. 93-43,
con fundamento en lo siguiente (se trascribe): […]
27. Esto quiere decir que, en el caso concreto se revocó
parcialmente la decisión por causar un agravio injustificado a
una persona, es decir, la legalidad y constitucionalidad del
acto administrativo que impuso una carga en cabeza de los
demandantes no fue desvirtuada de ninguna manera. Así,
aunque el acto fue revocado, su validez mientras existió en el
ordenamiento jurídico no fue alterada, en ese sentido, la Sala
considera que los efectos de este, desde su expedición hasta
su revocación, fueron una carga que los demandantes
debieron asumir, atendiendo a la presunción de legalidad de
la que gozan los actos administrativos. Por lo anterior, los
demandantes no acreditaron la existencia de un daño
antijurídico.
28. Por lo expuesto, la Sala al encontrar que no procede el
argumento del recurso de apelación relacionado con el
fundamento de la sentencia de primera instancia para negar
las pretensiones, como se explicó, confirma la decisión de
negar las pretensiones de la demanda […]”. (Destacado
pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que la SECCIÓN TERCERA estudió el material probatorio aportado
al expediente y de allí concluyó que, el hecho dañino no se encontró
debidamente probado, en la medida que los argumentos formulados
por las allí demandantes no acreditaron la existencia del daño
antijuridico.
Igualmente, la autoridad judicial accionada concluyó que si bien el
acto administrativo que impuso el gravamen con el efecto plusvalía
se revocó parcialmente por causar un agravio injustificado a una
persona, también lo que era que la legalidad de dicha actuación no
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fue desvirtuada, por lo tanto la parte actora estaba en el deber de
asumir y atender los efectos de la decisión por el lapso de tiempo
que estuvo vigente.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN TERCERA decidió el asunto sometido a
su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
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la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
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relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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