Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04718-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionante: Acción Sociedad Fiduciaria SAS1 y Construcciones e Inversiones
Proyectar Innova SAS
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: responsabilidad extracontractual del Estado por acto
administrativo revocado. Subtema 3: defecto fáctico. Subtema 4: defecto
procedimental. Subtema 5: violación directa de la Constitución. Subtema 6:
desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 25 de septiembre
de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Acción Sociedad Fiduciaria SAS y Construcciones e Inversiones Proyectar Innova SAS
presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, propiedad e
igualdad, que consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia del 26 de marzo
de 2025, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que modificó el fallo de primera instancia proferido el 20 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el sentido de
negar las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 25000-23-36-000-2019-00087-01 (68997).
1 Sigla para sociedad por acciones simplificada.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionantes: Acción Sociedad Fiduciaria SAS y otra
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela2 y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional3, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El 16 de mayo de 2013 las sociedades demandantes solicitaron una licencia de
construcción de obra nueva para el predio ubicado en la carrera 10 núm. 93-43, ante
el curador urbano 1 de Bogotá, que el 27 de diciembre de 2013 expidió la licencia 13-
1-0629, con fecha de ejecutoria del 4 de febrero de 2014.
3. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital expidió la Resolución
1696 del 24 de julio de 2015, en la que determinó el monto de la participación en
plusvalía por capacidad predial para los inmuebles de la zona en la que se encontraba
el predio del proyecto inmobiliario, notificada a la parte actora el 12 de agosto de 2015.
4. El 13 de noviembre de 2015 las empresas demandantes presentaron solicitud de
modificación de licencia de construcción vigente, la cual fue aceptada y expedida el 20
de junio de 2016, con fecha de ejecutoria el 23 de junio de 2016.
5. No obstante, el 25 de febrero de 2016 se realizó la anotación «liquidación de
efecto plusvalía» en el folio de matrícula inmobiliaria del predio y la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital expidió la Resolución 1154 del 30 de junio
de ese año, en la que gravó con el efecto plusvalía el aludido predio.
6. El 30 de mayo de 2017 Acción Sociedad Fiduciaria solicitó la revocatoria directa
parcial de este acto administrativo, petición decidida con Resolución 1499 del 15 de
septiembre de 2017, en el sentido de revocar parcialmente la Resolución 1154 de
2016, en lo relacionado con el predio en el que se desarrolló el proyecto inmobiliario,
con fundamento en la causal tercera del artículo 93 de la Ley 1437 de 20114.
7. El 12 de febrero de 2019 Construcciones e Inversiones Proyectar Innova SAS y
Acción Sociedad Fiduciaria presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el Distrito Capital de Bogotá y la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables de la expedición y vigencia de la Resolución 1154 de 2016, emitida por
dicha unidad, mediante la cual, como se mencionó, se gravó con el efecto plusvalía al
predio ubicado en la carrera 10 núm. 93-43 de Bogotá; y, en consecuencia, se les
condenara a pagar la correspondiente indemnización por concepto de daño emergente
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 2.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 8; y exp. 25000-23-36-000-2019-00087-01, índice 12.
4 «ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud
de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
[…]
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionantes: Acción Sociedad Fiduciaria SAS y otra
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
y lucro cesante.
8. Como sustento de la referida demanda las sociedades actoras afirmaron que con
el gravamen de plusvalía no pudieron realizar las escrituras de transferencia del
dominio sobre los apartamentos construidos en el predio, lo que les causó los
perjuicios solicitados. También alegaron que el daño patrimonial se suscitó por la falla
del servicio generada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, al
gravar con participación en plusvalía el mencionado predio, a través de la Resolución
1154 de 2016, sin que este cumpliera los requisitos para ese efecto.
9. El 20 de abril de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, en la que
resolvió declarar la falta de legitimación por activa de Construcciones e Inversiones
Proyectar Innova SAS, negar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas.
En primer lugar, consideró que conforme al folio de matrícula inmobiliaria del citado
predio, Construcciones e Inversiones Proyectar SAS no era la propietaria del inmueble,
por lo que no estaba legitimada.
10. El tribunal agregó que no se acreditó el daño, habida cuenta que la sola
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del efecto plusvalía no impide el ejercicio
libre de los derechos asociados a la propiedad privada, es decir, las transferencias de
dominio por venta, pues, aunque el registro estaba sujeto al pago del gravamen, su
costo podía ser asumido por el vendedor o el comprador. De igual manera, era posible
que se autorizara la inscripción de actos de transferencia de dominio en el folio de
matrícula inmobiliaria, si la obligación de pagar la liquidación del efecto plusvalía no se
había hecho exigible.
11. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación,
con fundamento en que el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 legitima a la persona
interesada, por lo que no se exige ser propietario del predio, sino ser el afectado por
la acción u omisión, lo que se acreditó con la licencia de construcción de la que era
titular. En relación con la ausencia de daño, el apoderado de la parte actora dijo que
sus pretensiones se fundan en la teoría del daño especial, según la cual una actividad
legítima de la administración rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas
y causa un daño grave, que debe ser indemnizado.
12. Por medio de la sentencia del 26 de marzo de 2025, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificó el fallo de primera instancia, al
estimar, en principio, que la licencia de construcción 13-1-062913 fue otorgada a
«construcciones a inversiones Proyectar Innova S.A.S. NIT./C.C.: 900329805-0 re.
Legal: Julio Alfonso Pinedo Mejía». Igualmente, el daño que se alegó fue una lesión
patrimonial por gravar con plusvalía el inmueble en el que se desarrolló el proyecto
inmobiliario y la supuesta imposibilidad de escriturar los apartamentos, es decir, no se
refirió a la afectación al derecho de propiedad, por lo que dicha sociedad acreditó su
interés y, en ese sentido, le asistía razón al apoderado de las demandantes.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionantes: Acción Sociedad Fiduciaria SAS y otra
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13. En relación con el fondo del asunto, explicó que los reparos del recurso no
resultan procedentes para desvirtuar el argumento de la sentencia, según el cual la
anotación en el folio de matrícula inmobiliaria no les causó un daño, pues el
fundamento de la decisión de primera instancia fue que los inmuebles sí podían ser
vendidos y de ninguna manera los planteamientos se encaminan a atacar esa
afirmación. Por lo tanto, el recurso de apelación no se encaminó a censurar y menos
a desvirtuar el fundamento de la decisión de declarar la ausencia de daño.
14. Agregó que las demandantes no acreditaron el carácter de antijurídico del daño
alegado puesto que el acto administrativo que luego fue revocado parcialmente no era
contrario al ordenamiento jurídico y surtió efectos mientras estuvo vigente; en esa
medida, tales efectos desde su expedición hasta su revocación fueron una carga que
los demandantes debieron asumir, dada la presunción de legalidad de la que gozan
los actos administrativos. Por lo anterior, no demostraron la existencia de un daño
antijurídico.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
15. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
2.1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA PROPIEDAD E IGUALDAD, vulnerados, por
parte del SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
TERCERA - ORAL – BOGOTÁ, Magistrada: MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO. dentro del
proceso de reparación directa adelantado por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.S Y OTRO
en contra del DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y OTRO, bajo el radicado No. 25000-23-36-000-
2019-00087-01 (68997)
2.2. ORDENAR a la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, dejar sin efectos la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de 26 de marzo de
2025, radicado 25000-23-36-000-2019-00087-01 y la sentencia
2.3. Que se ordene proferir un nuevo fallo respetando el precedente jurisprudencial,
valorando adecuadamente las pruebas que acreditan la afectación al proyecto
inmobiliario y el daño antijurídico derivado de la actuación administrativa revocada 5. [sic
para toda la cita]
16. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora sostuvo que el Consejo de
Estado incurrió en defecto fáctico y motivación aparente o insuficiente, al valorar de
manera incompleta e irrazonable el material probatorio obrante en el expediente, pues
a pesar de que las demandantes presentaron pruebas contundentes sobre los
perjuicios económicos derivados de la anotación del gravamen de plusvalía, tales
como comunicaciones oficiales de notarías en las que se informaba la imposibilidad
5 Se transcribe con errores.
4
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de escriturar, reportes contables de la fiducia que evidenciaban el congelamiento del
giro financiero del proyecto y constancias de afectación en la ejecución del negocio
inmobiliario, el fallo concluyó que no existía daño antijurídico.
17. También invocó desconocimiento del precedente judicial por cuanto la Sección
Tercera del Consejo de Estado se apartó sin justificación de la línea interpretativa
consolidada sobre la responsabilidad del Estado en casos de actos administrativos
que, aunque válidos formalmente, causan una carga desproporcionada y luego son
revocados. En este asunto, la misma administración revocó parcialmente la resolución
mediante la cual se impuso el gravamen, al reconocer que su mantenimiento generaba
un agravio injustificado. Sin embargo, el Consejo de Estado descartó cualquier
posibilidad de indemnización con base en la presunción de legalidad del acto durante
su vigencia.
18. De igual modo, planteó el defecto procedimental, ya que en la decisión adoptada
por el Consejo de Estado se evidencia que el recurso de apelación interpuesto fue
admitido en debida forma, pero su contenido no fue analizado sustancialmente. El
recurso desarrollaba argumentos relacionados con el vínculo entre el acto revocado y
el perjuicio patrimonial sufrido, así como el impacto probado sobre la ejecución del
proyecto fiduciario. Sin embargo, la providencia de segunda instancia se limitó a
confirmar lo resuelto por el tribunal, sin responder a los fundamentos del recurso ni
exponer motivación específica sobre los puntos de apelación.
19. Por último, alegó violación directa de la Constitución, en particular, el principio de
igualdad ante las cargas públicas, el derecho de acceso a la administración de justicia,
el debido proceso y la protección del patrimonio, al negar toda posibilidad de
reparación frente a un daño probado, causado por una actuación administrativa
revocada por causar un agravio injustificado, por lo que el Consejo de Estado impuso
a las demandantes una carga económica que no tenían el deber jurídico de soportar.
El fallo no solo desconoció pruebas y precedentes, sino que validó una actuación
estatal que afectó gravemente el patrimonio de las actoras, sin brindarles un medio
eficaz de reparación.
2.3. Trámite procesal
20. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Sección Primera de esta
corporación, que profirió auto el 1.° de septiembre de 20256, en el que admitió la
solicitud de tutela, requirió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que rindiera informe sobre los hechos de inconformidad y ordenó las
notificaciones de rigor. Así mismo, vinculó en condición de terceros con interés al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C; al Distrito
Capital de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 17.
5
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2.4. Intervenciones
21. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B7, arguyó que la
providencia y el expediente del respectivo medio de control de reparación directa
contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de
tutela tome la decisión que en derecho corresponda.
22. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ( UAECD)8 adujo que dentro
del trámite objeto de demanda no existe vulneración a los derechos fundamentales
aducidos por la parte accionante, en atención a que tuvo las oportunidades procesales
para exponer sus argumentos, allegar pruebas y justificar jurídicamente su posición,
sin haber logrado la prosperidad de sus pretensiones. Por ende, no existe una acción
u omisión por parte de la UAECD que genere vulneración de derechos fundamentales a
la parte accionante.
23. La dirección distrital de gestión judicial de la Secretaría Jurídica Distrital 9 pidió
desvincular a la alcaldía distrital, toda vez que carece de legitimación en la causa por
pasiva, ya que dentro del proceso ordinario actuó como demandada la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, como ente del orden descentralizado de
la administración distrital.
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
guardó silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
25. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 202510, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
26. Consideró que la autoridad judicial accionada se pronunció frente a los aspectos
que la parte actora alude como desconocidos, sin que se evidencie que pudo haber
actuado en forma abiertamente ilegal o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional. Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
expuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad
con la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, la Sección Tercera
decidió el asunto sometido a su consideración.
27. Concluyó que no se advierte la existencia de una cuestión que sea de verdadera
relevancia constitucional que conlleve la presunta trasgresión de los derechos
fundamentales de la parte actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 22.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 21.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 25.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 49.
6
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dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en el cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter
de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
2.6. Impugnación
28. La parte accionante presentó escrito de impugnación11 en contra de la sentencia
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Para ello, adujo que el debate
planteado no se limita a un asunto económico o técnico de responsabilidad estatal,
sino que involucra directamente el contenido constitucional del derecho al debido
proceso, la igualdad ante las cargas públicas y la garantía de reparación integral; por
consiguiente, la controversia trasciende la interpretación legal de la responsabilidad
administrativa y se proyecta sobre el alcance mismo del artículo 90 de la Constitución.
29. Reiteró que la Sección Tercera desconoció las pruebas aportadas al expediente,
tales como (i) los reportes fiduciarios que demostraban el congelamiento del giro
financiero del proyecto, (ii) las comunicaciones de notarías que informaban la
imposibilidad de escriturar y (iii) los estados financieros y proyecciones que
cuantificaban el daño emergente y el lucro cesante. Medios de prueba que corroboran
los perjuicios económicos derivados de la anotación del gravamen de plusvalía, pero
el fallo concluyó que no existía daño antijurídico, sin realizar un examen técnico,
integral y objetivo de los elementos probatorios.
30. Insistió en los defectos de violación directa de la Constitución, desconocimiento
del precedente constitucional y jurisprudencial, procedimental y motivación aparente;
el primero por cuanto, al negar toda posibilidad de reparación frente a un daño
reconocido, se impone a las accionantes una carga económica que no tenían el deber
de soportar, lo que desconoce los principios de proporcionalidad, equidad y justicia
material.
31. Para las sociedades accionantes, igualmente se desconoció la línea
jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional (sentencia T-308 de 2021) y por el
propio Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado por actos
administrativos válidos, pero generadores de cargas desproporcionadas,
posteriormente revocados por agravio injustificado. Agregó que se evidencia un
defecto procedimental al no resolver sustancialmente los argumentos del recurso de
apelación interpuesto en el medio de control de reparación directa; y una motivación
aparente en la decisión judicial que negó las pretensiones, pues omitió todo análisis
sobre el nexo causal entre la actuación estatal y los perjuicios probados.
32. Por lo anterior, solicitaron revocar la sentencia de la Sección Primera de esta
corporación dictada dentro de este asunto constitucional, conceder el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 36.
7
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igualdad y propiedad invocados; dejar sin efectos los fallos de primera y segunda
instancia proferidos en el proceso de reparación directa y ordenar que se emita una
nueva decisión en la que se valore integralmente el acervo probatorio y aplique el
precedente sobre la responsabilidad del Estado por actos administrativos revocados
por agravio injustificado.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 25 de
septiembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
34. La legitimación en la causa por activa de las sociedades Acción Sociedad
Fiduciaria SAS12 y Construcciones e Inversiones Proyectar Innova SAS se encuentra
acreditada porque actuaron como parte demandante en el proceso de reparación
directa que finalizó con la sentencia del 26 de marzo de 2025, objeto de tutela, y, por
lo tanto, son las titulares de los derechos que consideran les fueron vulnerados.
35. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque es la autoridad que profirió la
anterior providencia, la cual, según afirmó la parte tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar
36. La Sala considera pertinente aclarar que el escrito de tutela se dirigió a cuestionar
la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del medio de control de reparación directa; sin embargo, en el memorial
de impugnación solicita que también se deje sin efectos la sentencia de primera
instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, pero a partir de los mismos argumentos planteados en el escrito
introductorio.
37. Por consiguiente, como quiera que tanto la solicitud de amparo como la
impugnación contienen reparos contra la providencia de segunda instancia emitida el
26 de marzo de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, además de ser esta decisión la que puso fin a la actuación judicial promovida
por las sociedades accionantes en contra del Distrito Capital de Bogotá y la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, el estudio del presente asunto se centrará
12 Sigla para sociedad por acciones simplificada.
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en esta sentencia.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
38. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional14.
39. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
40. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la
integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional
para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
41. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.
3.4.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
42. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional17
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
16
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
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ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia 18.
43. En el presente asunto, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, en la medida en que la discusión acerca de la configuración de los
defectos fáctico y procedimental, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, alegados por la parte tutelante se originaron con
ocasión de una actuación judicial y, en ese orden, habilita el estudio, en principio, por
la posible afectación de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad.
44. En tal sentido, no se comparte la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la presente acción al no encontrar probado este presupuesto general de
procedibilidad.
45. También se satisface el requisito de subsidiariedad, porque la parte accionante no
tiene otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus
derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de
control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
46. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la providencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, objeto de
reparo, es del 26 de marzo de 2025, notificada el 21 de abril de 202519 y la demanda
de tutela se presentó el 30 de julio de 202520, esto es, dentro del plazo de seis (6)
meses establecidos por la jurisprudencia constitucional21 y el Consejo de Estado22
como razonable.
47. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
48. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
18 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
19 Samai, exp. 25000-23-36-000-2019-00087-01, índice 18.
20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04718-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
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tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
49. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales invocadas y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
50. Corresponde a la Sala decidir si revoca o modifica el fallo del 25 de septiembre
de 2025, dictado por la Sección Primera de esta corporación, que declaró
improcedente la acción de tutela. Para ello, deberá resolver el siguiente problema
jurídico:
51. ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
defectos fáctico y procedimental, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente y, en consecuencia, afectó los derechos
fundamentales de las sociedades accionantes, con la sentencia del 26 de marzo de
2025, que modificó el fallo de primera instancia proferido el 20 de abril de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por
ellas?
52. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.
3.6. Generalidades de los defectos invocados
3.6.1. Defecto fáctico
53. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»23. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»24 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
54. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»25. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
11
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casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»26.
55. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso27.
56. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial28, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»29.
57. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es
el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si,
por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras,
sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas [impertinentes,
inconducentes o ilícitas]30.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
28
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
29
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
12
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3.6.2. Defecto procedimental
58. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental31 para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.
59. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
60. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales»32.
61. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»33.
62. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
63. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i)
que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
31
Derecho fundamental.
32
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
13
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fundamentales»34.
3.6.3. Violación directa de la Constitución
64. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 Superior, según el cual, la carta política
es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»35.
65. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo, sin embargo, en sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200536. Ahora bien,
el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:
a) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional;
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata;
c) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y
d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales37.
66. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces, del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone de manera preferente la aplicación de los postulados
de la carta superior, sus reglas, principios y valores.
3.6.4. El desconocimiento del precedente judicial
67. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas38.
34 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
35 Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
38
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
14
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68. Al respecto, la Corte Constitucional39 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales40.
69. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 41.
70. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»42.
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
39 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
40
Se transcribe incluso con errores.
41
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
42 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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71. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela43.
72. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación44.
73. En sentencia SU-382 de 2024, la Corte precisó que el defecto por
desconocimiento de precedente también se configura cuando «el juez hace un uso
incorrecto del precedente, bien sea porque lo malinterpreta y lo aplica incorrectamente,
o porque lo emplea para resolver un caso al que no le era aplicable».
74. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.
3.7. Caso concreto
75. La parte actora cuestionó la sentencia del 26 de marzo de 2025 dictada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que modificó la decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de negar las pretensiones
de la demanda de reparación directa, al estimar que (i) el recurso de apelación no logró
desvirtuar el fundamento del fallo de primera instancia acerca de la inexistencia del
daño, pues se contrajo a aducir que se trató de un daño especial; y (ii) aunque el acto
administrativo impuso una carga en cabeza de las demandantes (efecto plusvalía) —
Resolución 1154 del 30 de junio de 2016 —, mientras estuvo vigente conservó su
presunción de legalidad, hasta cuando fue revocado directamente por la Resolución
1499 del 15 de septiembre de 2017, por lo que no se demostró el daño antijurídico.
43 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
44 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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76. No obstante, la parte accionante insiste en que el criterio determinado en el fallo
objeto de censura es abiertamente desproporcionado, al desconocer el impacto
económico real y comprobable de haber tenido congeladas las escrituras y negocios
jurídicos de las unidades inmobiliarias por varios meses, circunstancia que generó un
menoscabo patrimonial evidente.
77. A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico por cuanto desconoció las pruebas aportadas al expediente, tales como (i) los
reportes fiduciarios que demostraban el congelamiento del giro financiero del proyecto,
(ii) las comunicaciones de notarías que informaban la imposibilidad de escriturar y (iii)
los estados financieros y proyecciones que cuantificaban el daño emergente y el lucro
cesante, que corroboran los perjuicios económicos derivados de la anotación del
gravamen de plusvalía, pero en el fallo se coligió que no existía daño antijurídico, sin
realizar un examen técnico, integral y objetivo de las pruebas.
78. Al respecto, sea lo primero precisar que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado concluyó la inexistencia del daño antijurídico alegado por la
parte accionante, como quiera que de las pruebas arrimadas al proceso se pudo
determinar que en nada impedía el efecto plusvalía la transferencia del dominio de los
apartamentos que conformaban el proyecto inmobiliario, por cuanto mientras estuvo
vigente la Resolución 1154 del 30 de junio de 2016, esta surgió efectos, por lo que era
exigible el pago de ese gravamen.
79. Por ende, carece de sustento la afirmación de las accionantes acerca de la falta
de valoración probatoria de los documentos que aducen, toda vez que el hecho de que
afirmen un congelamiento en el giro financiero del proyecto inmobiliario desarrollado
en el predio que fue gravado con el efecto plusvalía, no es atribuible al acto
administrativo que lo impuso y que fue objeto de revocación directa, puesto que esta
no tiene efectos retroactivos y mientras aquel estuvo vigente surtió unos efectos
jurídicos, sin que se haya alterado su validez, por lo que era indispensable su
observancia para efectos del trámite de escrituración que alegan se paralizó.
80. En similar sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta corporación, al
precisar:
Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria
directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva,
esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través
del cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que
implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el futuro
y, en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el
acto administrativo ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y
ejecutoriedad, entendidas éstas como la eficacia que el acto comporta de cara a su
cumplimiento, así como la capacidad que tiene la administración para hacerlo cumplir
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sin necesidad de la intervención de autoridad distinta45.
81. Además de lo anotado, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con fundamento en el material probatorio obrante en el proceso, también
coligió que la mencionada Resolución 1154 del 30 de junio de 2016, que gravó el
predio de las accionantes con el efecto plusvalía, no fue revocada directamente bajo
la causal de ser manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, sino que esta
decisión estuvo soportada en que se causaba un agravio injustificado a una persona
(artículo 93, numeral 3, de la Ley 1437 de 2011); situación que refuerza su presunción
de legalidad mientras estuvo vigente, con lo que se ratificó la ausencia del daño
antijurídico aducido por la parte demandante.
82. A partir de lo anterior, la Sala considera que no se configuró el defecto fáctico,
pues el estudio probatorio se desarrolló conforme a los principios de autonomía
judicial, independencia y sana crítica, en el que analizó los medios de prueba en
conjunto en relación con la validez de la Resolución 1154 del 30 de junio de 2016 y su
efectividad mientras estuvo vigente — hasta cuando fue objeto de revocatoria —, sin
que esto impidiera los trámites de escrituración de los inmuebles del proyecto
inmobiliario llevado a cabo en el predio sujeto al efecto plusvalía, gravamen que debía
ser asumido durante la vigencia de dicho acto. El hecho de que la decisión no fuere
favorable a la parte accionante no convierte la valoración en arbitraria ni constituye,
por sí solo, una vulneración de derechos fundamentales.
83. En este punto conviene recordar que Corte Constitucional ha precisado que: «las
diferencias en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues
precisamente la práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en
circunstancias en las que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas
pero razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se
presume de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y
decantarse por el que le resulte convincente»46.
84. En consecuencia, la valoración efectuada por el juez natural no evidencia una
omisión o apreciación arbitraria que vulnere los derechos fundamentales de la parte
accionante.
85. En lo atinente al defecto procedimental, la parte demandante indicó que no se
resolvieron sustancialmente los argumentos del recurso de apelación y hubo una
motivación aparente en la decisión judicial, pues omitió todo análisis sobre el nexo
causal entre la actuación estatal y los perjuicios probados; no obstante, la Sala
tampoco encuentra configurado este defecto, toda vez que la sentencia de primera
instancia negó las pretensiones de la demanda al no hallar acreditado el daño
antijurídico, pero en el recurso de apelación se mencionaron los elementos del daño
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de agosto de 2013, proceso con radicado
25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07). M. P. Gerardo Arenas Monsalve.
46 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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especial, ante lo cual la Sección Tercera de esta corporación estimó que la alzada no
se encaminó a atacar el sustento de la decisión del tribunal acerca de la ausencia de
daño.
86. El hecho de que la parte demandante adujera una serie de perjuicios, no permite
entrever un daño antijurídico como consecuencia del acto administrativo que aplicó el
efecto plusvalía, habida cuenta que si bien fue revocado directamente por la
administración, esta situación no se suscitó porque fuera contraria al ordenamiento
jurídico, por lo que surtió efectos durante su vigencia; por consiguiente, al no estar
evidenciado el carácter antijurídico del daño alegado por las demandantes, no era
dable entrar a analizar el nexo causal cuyo estudio exigen ahora en este trámite
constitucional. Sobre este último aspecto, recuérdese que la jurisprudencia 47 ha sido
reiterativa en precisar que:
[E]l primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad dice
relación con la existencia del daño; en este sentido, el daño –a efectos de que sea
indemnizable– requiere estar cabalmente estructurado, razón por la cual se torna
imprescindible acreditar que satisface los siguientes requisitos: i) debe ser antijurídico,
esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, ii) debe lesionar un
derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y iii) debe ser cierto, es decir,
que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera
conjetura.
[…]
Así, pues, como quiera que la antijuricidad del daño es el primer elemento de la
responsabilidad, una vez verificada su existencia se debe determinar si es imputable o
no a la entidad demandada; por tanto, le corresponde al juez constatar el daño como
entidad, como violación a un interés legítimo, valorar si es o no antijurídico y, una vez
estructurado como tal, analizar la posibilidad de imputación o no a la entidad demandada.
Si el daño no está acreditado, se torna inoficioso el estudio de la responsabilidad […]
87. Así las cosas, no tiene vocación de prosperidad el defecto procedimental
invocado, acerca de la falta de pronunciamiento frente a las disconformidades
contenidas en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y la
omisión de examen frente al nexo causal, puesto que el tribunal no encontró probado
el primer elemento configurativo de la responsabilidad estatal, conclusión que fue
ratificada por la Sección Tercera de esta corporación, pues las sociedades apelantes
no demostraron la naturaleza antijurídica del daño invocado; y en tal sentido, resultaba
inoficioso el estudio del nexo de causalidad que echan de menos las tutelantes, sin
que se advierta que en la sentencia censurada se haya omitido el análisis de algún
reparo tendiente a corroborar tal aspecto.
88. En este orden de ideas, el estudio que desarrolló la autoridad judicial accionada
en la providencia objeto de tutela, de ninguna manera revela un desconocimiento de
las reglas procesales que rigen los procesos contenciosos en materia de reparación
directa ni demuestra una vulneración del derecho al debido proceso, como pretende
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2015, proceso con
radicado 76001-23-31-000- 2008-00974-01 (38522). M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionantes: Acción Sociedad Fiduciaria SAS y otra
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
mostrarlo las sociedades tutelantes.
89. Por otro lado, la parte demandante indicó que la providencia cuestionada también
incurrió en una violación directa de la Constitución porque la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado quebrantó el principio de igualdad ante las
cargas públicas, el derecho de acceso a la administración de justicia, el debido proceso
y la protección del patrimonio, al negar toda posibilidad de reparación frente a un daño
probado, causado por una actuación administrativa revocada por causar un agravio
injustificado, por lo que el Consejo de Estado impuso a las demandantes una carga
económica que no tenían el deber jurídico de soportar.
90. Sobre el particular, se avizora que la argumentación para soportar este reproche
igualmente se centra en la existencia del daño que las accionantes estiman se les
causó con ocasión de la resolución que fue objeto de revocación directa y que impuso
el efecto plusvalía respecto del predio sobre el cual desarrollaron un proyecto
inmobiliario. Como se evidenció en párrafos precedentes, la antijuridicidad del daño
fue analizada por la Sección Tercera de esta corporación a partir de la presunción de
legalidad y la consecuente validez de ese acto administrativo durante el tiempo en que
mantuvo su vigencia — esto es, hasta antes de su revocación directa —, por lo que la
carga que alegan no tenían el deber jurídico de soportar, sí estuvo amparada bajo la
legalidad que respaldaba a dicha resolución.
91. Por lo tanto, los mandatos constitucionales que invoca la parte accionante no han
sido quebrantados con la decisión adoptada a través de la sentencia de segunda
instancia proferida dentro del proceso de reparación directa, objeto de censura en este
trámite constitucional, pues estuvo soportada en un estudio razonable y coherente de
los hechos, las pruebas y las normas aplicables al caso concreto, conforme los
principios de autonomía e independencia judicial y sana crítica. De esta manera, si
bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable a las tutelantes, esto no
significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
92. Por último, en lo concerniente al desconocimiento del precedente jurisprudencial,
la parte actora en el escrito de impugnación invoca la sentencia T-308 de 2021; sin
embargo, a través de esta providencia la Corte Constitucional declaró la improcedencia
de una acción de tutela, al no colmarse los requisitos de relevancia constitucional y de
identificación de los hechos que generaron la vulneración respecto de unas sentencias
dictadas dentro de un proceso ordinario laboral atinente al reconocimiento de una
pensión de invalidez; controversia que no guarda analogía con la debatida en el
proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia aquí cuestionada ni
con el asunto constitucional sometido a estudio de esta Sala.
93. Además de lo anterior, las accionantes afirmaron que se desconoció la línea
jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado
por actos administrativos válidos, pero generadores de cargas desproporcionadas,
posteriormente revocados por agravio injustificado. Empero, no se indican las
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionantes: Acción Sociedad Fiduciaria SAS y otra
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
providencias que integran la línea jurisprudencial que alegan desconocida y de qué
manera se suscitó su inobservancia.
94. En todo caso, cabe aclarar que si bien la jurisprudencia de esta corporación ha
aceptado la posibilidad de reclamar a través del ejercicio del medio de control de
reparación directa los prejuicios causados durante la vigencia de un acto administrativo
revocado directamente por la administración48, ello no elude a la parte demandante de
su deber de sustentar y demostrar los elementos configurativos de la responsabilidad
estatal, entre los cuales se encuentra el carácter antijurídico del daño, el cual, como
se explicó anteriormente, no fue acreditado en el proceso ordinario promovido por las
sociedades accionantes.
95. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de reparación
directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.
4. CONCLUSIONES
96. Por lo anterior, la sentencia del 26 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por las accionantes, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis
arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional
y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico y procedimental,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, que exija
la intervención del juez de tutela.
97. En consecuencia, se modificará la sentencia del 25 de septiembre de 2025,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que había declarado
improcedente la acción de tutela para, en su lugar, negar las pretensiones de la
solicitud de amparo.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de septiembre de 2025, dictada por el
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, proceso con número interno 21051. M. P.
Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15
de agosto de 2013, proceso con radicado 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07). M. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04718-01 (10830)
Accionantes: Acción Sociedad Fiduciaria SAS y otra
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida Acción Sociedad Fiduciaria SAS y Construcciones e Inversiones Proyectar
Innova SAS; en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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