Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04725-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04725-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04725-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
5 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04725-01
Demandante: Dubén Puente Villareal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 5 de febrero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04725-01
Demandante: DUBÉN PUENTE VILLAREAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN QUINTA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en medio de
control de nulidad electoral. Defectos fáctico y procedimental
absoluto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 12
de septiembre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, resolvió:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Dubén Puente Villareal
en contra del Consejo de Estado-Sección Quinta, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 30 de julio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor Dubén Puente Villareal pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y “derechos políticos y a
la seguridad jurídica”.
A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión del fallo de 30 de enero de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que confirmó la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones en la
demanda de nulidad electoral 44001-23-40-000-2024-00002-00/01/02.
2. Pretensiones
El tutelante formuló, de manera textual, las siguientes pretensiones:
1.1. TUTELAR al señor DUBEN PUENTE VILLAREAL los derechos fundamentales al Debido
Proceso, al Acceso a la Administración de Justicia, el Derecho a la Igualdad, sus Derechos
Políticos, y al principio constitucional de Seguridad Jurídica y confianza legítima; vulnerados
con la providencia judicial del Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, con radicado: 44001-23-40-000-
2024-00002-02/2024-2027, de fecha 30 de enero de 2025.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-04725-00.
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Demandante: Dubén Puente Villareal
1.2. Como consecuencia de la declaración anterior, se proceda con la decisión de ORDENAR al
Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA, dejar sin efectos la providencia de fecha treinta (30) de enero de
veinticinco (2025), por medio de la cual se negó las pretensiones presentadas por la parte
demandante, señor DUBEN PUENTE VILLAREAL; y, en su lugar, ORDENAR fallar en
derecho, la NULIDAD del E26-ASAMBLEA, generado el 11 de noviembre de 2023, expedido
por la comisión Escrutadora Departamental en la cuidad de Riohacha D.E, La Guajira. por
medio de la cual, se declaró la elección de diputados de la Asamblea Departamental de La
Guajira, para el periodo constitucional 2024-2027, únicamente en cuanto a la elección del
candidato electo LUCAS JAIME GENECO BUSTAMANTE, candidato U 55, del partido de la U,
y como consecuencia de lo anterior, se DECLARE la elección del candidato U 60 del partido
de la U, el señor DUBEN PUENTE VILLAREAL, como diputado de la Asamblea Departamental
de la Guajira, para el periodo constitucional 2023-2027.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
En las elecciones del 29 de octubre de 2023, el Partido de la Unión por la Gente (La U)
participó con una lista abierta de aspirantes a diputados para el periodo 2024-2027,
dentro de la cual estaban los candidatos Lucas Jaime Géneco Bustamante y Dubén
Puente Villarreal, identificados con los números 55 y 60 en la tarjeta electoral,
respectivamente.
El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en
contra de los diputados del departamento de La Guajira para el período 2024-2027, el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se
declarara la nulidad del formulario E-26- ASAMBLEA generado el 11 de noviembre de
2023, por la Comisión Escrutadora Departamental de Riohacha que declaró la elección
de diputados de la Asamblea Departamental del departamento de La Guajira, para el
período constitucional 2024-2027, únicamente en cuanto a la elección de Lucas Jaime
Geneco Bustamante, candidato 55 del Partido de la U y como consecuencia de ello, se
cancelara la credencial que la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira le
entregó a dicho candidato y, en su lugar, se declarara la elección del demandante como
diputado.
Para justificar su demanda, el actor señaló que en los escrutinios llevados a cabo el 29
de octubre de 2023 en el departamento de La Guajira se presentaron alteraciones,
modificaciones y datos contrarios a la verdad, para modificar los resultados electorales
en las zonas, puestos y mesas enlistados en la demanda, en los municipios de Manaure,
Uribia, Urumita y Riohacha.
El proceso se adelantó con el radicado 44001-23-40-000-2024-00002-00 y le
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de La Guajira que, mediante sentencia
del 16 de julio de 2024 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el CNE y la RNEC, y negó las pretensiones de la demanda en
razón a que no se presentó reclamación alguna por parte de testigos electorales o por
las personas habilitadas para ello u oficiosamente, sobre las modificaciones o
alteraciones que se reflejaron en el formulario E-24 del escrutinio zonal respectivo.
Inconforme, el demandante apeló y alegó desconocimiento del precedente fijado en la
sentencia C-283 de 2017, así como la imposibilidad de extensión del principio de
preclusividad al control de legalidad en sede judicial.
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La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de 30 de enero de 2025 a
través de la cual resolvió la alzada y confirmó la decisión de primera instancia, pero no
por las razones expuestas por la primera instancia, sino porque, al analizar de fondo el
asunto, encontró que, si bien hubo algunas irregularidades en las actas de escrutinio,
éstas no invalidaban la elección del candidato Géneco Bustamante.
La Corporación señaló que luego del estudio de las 30 mesas referenciadas por el
demandante, se llegó a determinar la existencia de 34 registros, cuyo estudio se realizó
con base en la información del formulario E-14 claveros, con excepción del que
corresponde a la zona 0, puesto 0, mesa 3, en el municipio de Urumita, toda vez que
aquel se encontraba incompleto, razón por la cual se analizó el formulario E-14
delegados, evidenciando que en 8 registros no hubo diferencia entre la votación
registrada en los formularios E-14 y E-24, para los candidatos 55 y 60 del Partido de la U
y en 25 registros las diferencias estuvieron justificadas, según las observaciones que
realizó la comisión escrutadora en el acta general de escrutinio y solo en 1 registro no se
encontró justificación en la variación, porque no hubo recuento.
En consecuencia, concluyó que según la información contenida en el formulario E-26, de
cara al resultado de la votación obtenida por los candidatos del Partido de la U, 55 y 60
y luego del análisis del registro cuya variación no se encontraba justificada, se concluye
que al candidato 55 se le debía restar solo 2 votos, de manera que aunque se presentó
una inconsistencia en la votación del candidato 55 del Partido de la U, esta no tiene
incidencia para afectar la asignación de las curules a esa colectividad, toda vez que el
candidato solo perdería 2 votos, de manera que continuaba con 22 sufragios más que el
candidato 60 .
La decisión fue objeto de aclaración de voto por parte de la Magistrada Gloria María
Gómez Montoya, quien manifestó que compartía la decisión, por cuanto las
irregularidades presentadas no tenían incidencia en el resultado, dado que no se
modificaría la declaratoria de elección, en tanto se mantendría una diferencia de 21 votos
a favor del electo, consideraba necesario precisar que la sentencia debió concluir que
hubo una irregularidad que debió ser calificada como injustificada en los formularios E-
14 y E-24, en la mesa 007, zona 01, puesto 01 del municipio de Riohacha, la cual generó
que el candidato 60 del partido de la U (0008), perdiera un sufragio.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora adujo que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Señaló que el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en defecto fáctico, “defecto
en la motivación” y defecto procedimental absoluto.
Frente al “defecto en la motivación”, sostuvo que, a pesar de identificar yerros dentro de
la exposición de los hechos y los fundamentos normativos esbozados en la sentencia de
primera instancia, decidió de fondo la controversia sin ejercer una correcta calificación o
valoración jurídica de los presupuestos de hecho existentes en el plenario.
Agregó que se incurrió en defecto fáctico porque no se valoró el material probatorio
allegado al proceso y, a pesar de que en la decisión cuestionada se argumentó que las
diferencias halladas en los formularios E-14 y E-24 estaban justificadas, se descartaron
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sin explicación alguna las variaciones en la votación que favorecían la aspiración de
Lucas Jaime Géneco Bustamante. Insistió en que hubo irregularidades en 30 mesas de
los municipios de Manaure, Uribia, Urumita y Riohacha, las cuales no fueron tenidas en
cuenta a efectos de acceder a las pretensiones de la demanda.
Finalmente, explicó que se configuró un defecto procedimental absoluto; sin embargo, la
Sala considera que alega un defecto sustantivo por indebida aplicación de la sentencia
C-283 de 2017 y porque el contenido de la decisión no guarda relación con los trámites
y demás presupuestos normativos regulatorios de la materia, sobre todo lo estipulado en
el inciso primero del artículo 164 del Decreto Ley 2241 de 1986.
5. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Quinta, aportó copia digital del expediente ordinario y
solicitó que se declarara improcedente la acción en la medida en que no superó el
requisito de relevancia constitucional.
Indicó que el escrito de tutela carece de carga argumentativa que justifique con suficiencia
la intervención del juez constitucional, pues más allá de señalar que se configuraron los
defectos procedimental, fáctico y falta de motivación, no se expuso concretamente la
razón por la que consideró que la providencia cuestionada se apartó del ordenamiento
jurídico. Agregó que en el fallo objeto de amparo fueron expuestos con precisión y
claridad cada uno de los fundamentos normativos y jurisprudenciales que sustentaron la
decisión de negar la nulidad del acto de elección, por lo que no se configuraban los
defectos alegados.
El Tribunal Administrativo de La Guajira allegó el expediente digital y alegó la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Advirtió que las decisiones adoptadas, fueron debidamente motivadas en sus aspectos
de hecho y derecho, con agotamiento del procedimiento legalmente prescrito, por lo que
el hecho que el accionante no resultara favorecido en sus intereses con la sentencia
definitiva, no lo habilita para pretender que se abra una tercera instancia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil esgrimió la falta de legitimación en la causa
por pasiva, razón por la cual pidió ser desvinculada del trámite. Agregó que el accionante
cuestiona decisiones emitidas por autoridades judiciales, cuyas funciones son ajenas a
las competencias de la entidad.
El Consejo Nacional Electoral igualmente reclamó su desvinculación, por considerar
que existe falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que no es la autoridad
competente para satisfacer las pretensiones del accionante.
Lucas Jaime Géneco Bustamante aludió a la improcedencia de la acción en razón a
que la parte accionante no cumplió con la carga de sustentar los defectos indicados, dado
que sus argumentos están dirigidos a reabrir el debate probatorio sobre el cual tiene
discrepancias y que ya fue concluido en la instancia correspondiente, esto sumado a que
la autoridad judicial accionada sí motivó en debida forma su decisión.
Los demás sujetos guardaron silencio, a pesar de que se le notificó el auto admisorio de
la acción de tutela.
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6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 12 de
septiembre de 2025, declaró improcedente la tutela al considerar que el debate planteado
en este caso fue adecuadamente examinado por el juez competente, sin que se apreciara
que la decisión hubiese sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los
hechos y fundamentos normativos, ni con transgresión de los derechos fundamentales
de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario. Asimismo, resaltó que la
parte actora se relevó de exponer sus reparos constitucionales en función de los defectos,
lo que evidencia que su disconformidad se limita a un asunto de mera legalidad y son una
reproducción de los reparos de la demanda ordinaria.
7. Impugnación
El demandante impugnó el fallo de primera instancia al estimar que la Sección Tercera
Subsección C del Consejo de Estado se limitó a la exposición literal de informe u
explicaciones llevada al expediente por la parte accionada, desligándose de la valoración
expuesta dentro del escrito de tutela, en donde si se hizo la exposición de los elementos
de juicios de vulneración de los derechos fundamentales del actor así como de los riesgos
jurídicos de afectación a otros bienes fundamentales tutelados en la constitución política.
Señaló que, a diferencia de lo discernido o interpretado por el juez constitucional de
primera instancia, los reparos constitucionales, no fueron nunca una reproducción la
demanda ordinaria electoral, pues los detalles de la vulneración constitucional objeto de
tutela, fueron (i) lo acaecido dentro del proceso de primera instancia ante Tribunal
Administrativo de La Guajira, en donde se tomó una decisión bajo el sustento normativo
de una reglamentación derogada, lo cual ameritaba una interpretación diferente desde lo
que considera la jurisprudencia, es una vía de hecho, por una clara violación del principio
fundamental del debido proceso y (ii) del acervo probatorio y documental del proceso de
nulidad electoral, se concibe de manera clara y legal, que no serían la cantidad de 2 votos
a deducir del total de sufragios al candidato U 55, sino que del total de votos que deberían
ser anulados por no estar debidamente soportadas las variaciones u aumentos de
sufragios dentro de las actas generales de escrutinios, estas serían influyentes de tal
forma en el resultado, que el accionante sobrepasaría el total de votos del otro candidato.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar
el amparo pretendido, por cuanto no se configuran los defectos alegados por el
demandante.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
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2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la accionante, se afectarían las
garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o indebida valoración
probatoria por parte de la autoridad judicial accionada, podría afectar prerrogativas de
las partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que ameritan la
intervención del juez constitucional.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, toda vez que concierne a la garantía superior de elegir y
ser elegido, en virtud de la cual el Estado debe garantizar la transparencia en los procesos
electorales.
Cabe agregar que, en el presente caso, las razones de negativa esbozadas en la segunda
instancia fueron diferentes a las que invocó el Tribunal Administrativo de la Guajira en el
fallo de primera instancia, lo que evidencia que el demandante no tuvo la oportunidad de
discutir los nuevos argumentos que expuso la Sección Quinta del Consejo de Estado para
negar sus pretensiones.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 44001234000020240000202 el correo electrónico con el que
se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 31 de enero de 2025, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 205 4 del CPACA, y la tutela fue presentada el
30 de julio de 2025 (5 meses y 27 días después), es decir, cuando no habían transcurrido
los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA., ni tampoco de
la unificación de jurisprudencia.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
fáctico y sustantivo.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de nulidad electoral.
4. Análisis del caso concreto
En el caso materia de análisis el demandante alegó ante el juez ordinario de la acción de
nulidad electoral, que en los escrutinios realizados en el departamento de La Guajira por
las Comisiones Escrutadoras para la elección de diputados periodo 2024-2027, se
presentaron inexactitudes, alteraciones, modificaciones y datos contrarios a la verdad
que se observan en el formulario de escrutinio zonal de los municipios de Manaure,
Uribia, Urumita y Riohacha, en los que se indicó que hubo 30 mesas con irregularidades,
lo que a juicio del demandante, constituye un hecho que de no haberse presentado,
habría concluido con la elección del demandante (quien fungía como candidato número
60) como diputado del departamento de La Guajira y no del señor Lucas Jaime Géneco
Bustamante quien figuraba como candidato número 55
Como pruebas para sustentar sus argumentos, el demandante solicitó que se tuvieran en
cuenta como pruebas (i) las actas de jurados de votación, contenidas en los Formularios
E-14 Claveros, correspondientes a los municipios de Manaure, Uribia, Urumita y
Riohacha, (ii) las Actas Generales de escrutinio de 11 de noviembre de 2023
correspondientes a los referidos municipios, (iii) los Formularios E-24 de Escrutinio
Asamblea y (iv) Formulario E-26 correspondiente al acta de escrutinio general y
declaratoria de elección de diputados para la asamblea del departamento de la Guajira,
periodo constitucional 2024-2027.
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que, en la sentencia de segunda instancia, cuyo análisis probatorio discute el
demandante, se hicieron las siguientes precisiones:
Como quedó expuesto en precedencia, la sala efectuará el análisis de la censura planteada,
referida a las diferencias en los formularios E-14 y E-24, en las zonas, puestos y mesas señaladas
por el actor en la demanda:
(…)
74. En criterio del demandante, al contabilizar los votos a favor de los candidatos 55 y 60 del Partido
de la U, se alteraron los resultados en detrimento de este último, conforme con las siguientes
observaciones:
(…)
75. Al analizar la información contenida en los formularios E-14 y E-24, se encontró que en 8 registros
las diferencias alegadas son inexistentes, en 25 justificadas, y solo en 1 caso no hubo justificación.
Se pone de presente que el formulario E-14 claveros de la mesa 3, zona 0, puesto 0 de Urumita se
encuentra incompleto, razón por la cual se constató la votación consignada en el E-14 delegados.
La información que encontró la sala es como se muestra a continuación:
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(…)
76. Al respecto, se tiene que el demandante relacionó 30 mesas, en las que, en su criterio, se
presentaron inconsistencias en la votación, lo que generó como consecuencia una variación en los
resultados. Luego del estudio de esas mesas, se llegó a determinar la existencia de 34 registros.
77. Se reitera que el estudio de los registros se realizó con base en la información del formulario E-
14 claveros, con excepción del que corresponde a la zona 0, puesto 0, mesa 3, en el municipio de
Urumita, toda vez que aquel se encontraba incompleto, razón por la cual se analizó el E-14
delegados.
78. En ese orden, se evidenció que en 8 registros no hubo diferencia entre la votación registrada en
los formularios E-14 y E-24, para los candidatos 55 y 60 del Partido de la U. En 25 registros las
diferencias estuvieron justificadas, según las observaciones que realizó la comisión escrutadora en
el acta general de escrutinio y solo en 1 registro no se encontró justificación en la variación, porque
no hubo recuento.
79. Según la información contenida en el formulario E-26, el resultado de la votación obtenida por
los candidatos del Partido de la U, 55 y 60 fue el siguiente:
(…)
81. Por consiguiente, se tiene que, aunque se presentó una inconsistencia en la votación del
candidato 55 del Partido de la U, esta no tiene incidencia para afectar la asignación de las curules a
esa colectividad, toda vez que el candidato solo perdería 2 votos, de manera que continúa con 22
sufragios más que el candidato 60.
Del análisis efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se advierte que la
decisión estuvo debidamente motivada y se fundó en los medios de prueba debidamente
allegados al expediente para concluir que si bien en las 30 mesas a las que hizo
referencia la demanda se evidenció una inconsistencia en el formulario E-26 de 11 de
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noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora en la ciudad de Riohacha,
está no tenía incidencia para afectar la asignación de curules a esa colectividad, pues
solo se le restaban dos votos al diputado Lucas Jaime Géneco Bustamante, candidato
55 del Partido de la U, para el periodo 2024-2027.
Para llegar a esta conclusión, el Consejo de Estado señaló que, al analizar la información
contenida en los formularios E-14 y E-24, en 8 registros las diferencias alegadas son
inexistentes, en 25 justificadas, y solo en 1 caso no hubo justificación. Por el contrario, el
demandante alega que la totalidad de las irregularidades debieron tener como
consecuencia que se anularan o destruyeran los votos pues considera que las
variaciones en las votaciones de la mayoría de las mesas se produjo sin que hubiera
alguna justificación normativa, debidamente registrada, y validada por lo miembros de la
comisión escrutadora, argumento que fue descartado por el Consejo de Estado al
encontrar que en 25 de las 30 mesas respecto de las cuales formula reparos el
demandante, se hicieron anotaciones por parte de la comisión escrutadora en el acta
general de escrutinio que justificaron las irregularidades, pues se adoptaron las medidas
tendientes a rectificar los yerros encontrados.
De igual manera, la Sala observa que el argumento del tutelante según el cual no serían
2 la cantidad de votos a deducir del total de sufragios al candidato U 55, sino que
deberían ser anulados el total de votos que no tenían debidamente soportadas las
variaciones u aumentos de sufragios dentro de las actas generales de escrutinios, denota
una inconformidad de criterio con la decisión de fondo adoptada por la Sección Quinta
de esta Corporación, que no puede ser esgrimida ante esta sede constitucional, la cual
solo puede intervenir en caso de un desconocimiento flagrante de garantías
constitucionales al momento de realizar la valoración probatoria, lo cual, se insiste, no
ocurrió en el presente caso.
En efecto, en la valoración probatoria efectuada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, se consignó el contenido de los formularios E-14 y E-24 donde están anotadas
en la columna denominada "OBSERVACIONES DEL AGE ", donde se observan los
correctivos que fueron adoptados a fin de contabilizar en debida forma los votos
obtenidos en cada mesa; para el ejemplo, se citan las anotaciones consignadas en la
prueba para el municipio de Rioacha:
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En consecuencia, es claro que el demandante desconoce las razones objetivas
plasmadas en la prueba tenida en cuenta por el Consejo de Estado para tener como
justificadas las anotaciones realizadas en torno a 25 de las mesas cuyas irregularidades
discute, pues solo se limita a señalar que estas necesariamente imponían la anulación
de los votos obtenidos por su contendor, desconociendo que en las observaciones se
resalta que los yerros fueron objeto de corrección, lo que impide concluir que la
providencia demandada haya incurrido en una valoración inadecuada del material
probatorio o en una extralimitación en el análisis probatorio y por el contrario permite
advertir que lo pretendido por el actor es imponer su criterio sobre las razones esbozadas
por la autoridad judicial para negar sus pretensiones.
Ahora bien, en lo que se refiere al defecto sustantivo relacionado con (i) la indebida
aplicación de la sentencia C-283 de 2017, la cual estableció que no hay lugar a requerir,
previo a la demanda, el cumplimiento de la exigencia de haber sometido a examen de la
autoridad administrativa electoral correspondiente a las reclamaciones a que haya lugar,
y (ii) el desconocimiento de los trámites y demás presupuestos normativos contenidos
en el inciso primero del artículo 164 del Decreto Ley 2241 de 1986.
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En primer lugar, la Sala advierte que el argumento relativo a la indebida aplicación de la
sentencia C-283 de 2017, fue atendido favorablemente por el Consejo de Estado al
resolver la alzada, pues en la providencia objeto de esta acción de tutela, se indicó que
en efecto, el requisito previo que fue exigido por el Tribunal Administrativo de la Guajira
no era exigible y por tal razón se abordó el análisis de fondo de la controversia, de
manera que no se advierte la trasgresión alegada en este sentido por el tutelante.
Asimismo, sobre el desconocimiento del Decreto Ley 2241 de 1986, se observa que el
artículo 164, que se alega como desconocido por la autoridad accionada, señala:
ARTÍCULO 164. Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus
representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán
verificar el recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de
recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la
comisión se dejará constancia en el acta.
Estas comisiones no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de
los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más
entre los votos por las listas de candidatos, para las distintas corporaciones públicas
que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político. Tampoco podrá
negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o
enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación,
o haya duda, a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por
los jurados de votación.
Verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora, no procederá otro
alguno sobre la misma mesa de votación.
Con base en el análisis probatorio que antecede, no se observa que se haya desconocido
la norma en cita, pues se insiste, en las observaciones efectuadas por la comisión
escrutadora en el acta general de escrutinio, se consignaron los correctivos efectuados
para cada irregularidad encontrada, que consistió en el reconteo de los votos para cada
una de las mesas que presentó yerros, sin que tampoco se advierta que se haya negado
solicitud alguna de los interesados frente a las falencias que se presentaron.
Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar denegar las
pretensiones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, que rechazó por improcedente la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, se dispone:
2. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por el señor Dubén
Puente Villareal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
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Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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