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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00002-02

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00002-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confírmase la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 44001-23-40-000-2024-00002-02

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

30 de enero de 2025

Demandante: Dubén Puente Villarreal
Demandados: Diputados de La Guajira, periodo 2024-2027
Rad. 44001-23-40-000-2024-00002-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 44001-23-40-000-2024-00002-02
Demandante: DUBÉN PUENTE VILLARREAL
Demandados: DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA
GUAJIRA, PERIODO 2024-2027

Tema: Causal de nulidad del artículo 275.3 de la Ley 1437 de 2011 –
diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
promovida contra el acto de elección de los diputados de la asamblea
departamental, periodo 2024-2027.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

1. El señor Dubén Puente Villarreal, a través de apoderado1, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral2, consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
contra el acto de elección de los diputados del departamento de La Guajira, periodo
2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA del 11 de noviembre de 2023. En
la demanda se elevaron las siguientes pretensiones:

1.- DECLARAR la NULIDAD del formulario E-26- ASAMBLEA generado el 11 de
noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental en la
ciudad de Riohacha, D.E., La Guajira, por medio del cual se declaró la elección de
diputados de la Asamblea Departamental del departamento de La Guajira, para el
período constitucional 2024-2027, únicamente en cuanto a la elección de LUCAS

1 Rafael Enrique Lara Marriaga.
2 La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de La Guajira el 11 de enero de 2024, según

consta en el índice 1 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
1

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Demandante: Dubén Puente Villarreal
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Rad. 44001-23-40-000-2024-00002-02

JAIME GENECO BUSTAMANTE, candidato 55 del Partido de la U. Así mismo, que
se declaren nulos y se proceda a la corrección de los registros electorales indicados
en los hechos 4 y 5, por las razones expuestas en las observaciones
(irregularidades) precisadas en esos mismos numerales.

2.- CANCELAR la credencial que la Comisión Escrutadora Departamental de La
Guajira le entregó a LUCAS JAIME GENECO BUSTAMANTE.

3.- DECLARAR LA ELECCION de DUBEN PUENTE VILLAREAL, candidato del
Partido de la U, número 60, como diputado de la asamblea departamental de La
Guajira, período constitucional 2024-2027.

4.- EXPEDIR Y ENTREGAR a DUBEN PUENTE VILLAREAL, una vez en firme este
fallo, la CREDENCIAL que lo acredita como diputado de la Asamblea
Departamental de La Guajira, período constitucional 2024-2027.

1.2. Hechos

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones narró, en síntesis, los
siguientes:

3. Sostuvo que, en las elecciones del 29 de octubre de 2023, el Partido de la
Unión por la Gente (La U) participó con una lista abierta de aspirantes a diputados
para el periodo 2024-2027, dentro de la cual estaban los candidatos Lucas Jaime
Géneco Bustamante y Dubén Puente Villarreal, identificados con los números 55 y
60 en la tarjeta electoral, respectivamente3.

4. Señaló que los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras, en el
departamento de La Guajira, presentan «alteraciones, modificaciones y datos
contrarios a la verdad» para modificar los resultados electorales, en las zonas,
puestos y mesas enlistados en la demanda, en los municipios de Manaure, Uribia,
Urumita, Uribia y Riohacha.

5. Adujo que las modificaciones injustificadas se reflejaron en el formulario E-
24 del escrutinio zonal respectivo, pero no fueron objeto de reclamación por parte
de los testigos electorales o personas habilitadas legalmente para tal efecto, ni
tampoco de oficio por la respectiva comisión.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

6. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 40 y 209 de la
Constitución Política, y 275, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011.

7. Para el efecto, manifestó que la elección demandada es nula por contener
los documentos electorales datos contrarios a la verdad o alterados, lo que configura

3 El candidato 55 del Partido de la U obtuvo 4.636 votos y el 60: 4612 votos. La colectividad obtuvo

4 curules a la asamblea departamental.
2

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una falsedad de estos, y citó algunos apartes de jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.4

1.4 Contestación de la demanda

1.4.1. Consejo Nacional Electoral

8. A través de apoderada contestó la demanda, para lo cual planteó la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tiene
injerencia alguna en los escrutinios efectuados por la comisión escrutadora
departamental ni tampoco designa a sus miembros.

1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

9. A través de apoderado, el organismo propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que desarrolla labores meramente
logísticas, técnicas y organizativas en la realización de los escrutinios. Por ello, no
tiene potestad para pronunciarse respecto de la causal de nulidad alegada por la
parte actora.

1.4.2. Demandados

10. No presentaron escrito de contestación.

1.5. Actuaciones procesales relevantes en la primera instancia

11. Mediante auto del 1º de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira admitió la demanda5.

12. El 10 de abril de 20246 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el
artículo 283 de la Ley 1437 de 2011, en la que se saneó el proceso, decretaron
pruebas, y se fijó el litigio en los siguientes términos:

La fijación del litigio se contrae en determinar: i) si se debe declarar la nulidad parcial
del acto electoral formulario E-26 ASAMBLEA – del día 11 de noviembre de 2023,
expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Riohacha – La Guajira, a través
de la cual se declaró la elección de los diputados de la asamblea departamental,
específicamente, la elección del señor Lucas Jaime Gnecco Bustamante, por
encontrarse incurso en la causal dispuesta en el artículo 275 numeral 3º del CPACA;
ii) si se debe decretar la cancelación de la respectiva credencial que lo acredita como
Diputado de La Guajira, para el periodo constitucional 2024-2027, iii) si hay lugar o no
a declarar la elección del señor Duben Puente Villarreal, candidato del Partido de la
U, número 60, como diputado de la asamblea departamental de La Guajira, iv) y si se
deben declarar probadas las excepciones propuestas por la parte la Registraduría

4 Sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 11001-03-28-000-2014-00062-00, MP Alberto Yepes

Barreiro.
5 Índice 10 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
6 Índices 51ibidem.

3

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Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral7.

13. El 23 de mayo se realizó la audiencia de pruebas, en la que, entre otras
decisiones, se negó la solicitud de terminación del proceso por abandono y se
rechazó por extemporánea la nulidad propuesta por el apoderado del señor Lucas
Jaime Gnecco Bustamante, diputado de la asamblea departamental8.

1.7. Sentencia de primera instancia

14. A través de sentencia del 16 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
La Guajira, como cuestión previa, declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el CNE y la RNEC, y negó las
pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión expuso, en
resumen, lo siguiente:

15. Luego de citar el marco legal y jurisprudencial de las etapas del escrutinio,
indicó que en el artículo 122 del Código Electoral se señalan en forma taxativa los
casos en los cuales se pueden formular reclamaciones escritas, las cuales serán
resueltas por las comisiones auxiliares. En forma posterior, hizo referencia a las
diferencias entre los formularios E-14 y E-24.

16. Frente al punto, indicó que el Consejo de Estado ha considerado que siempre
que no exista justificación se debe tomar la diferencia entre los formularios como
una forma de falsedad tradicionalmente señalada en el acta general de escrutinios,
entendiéndose esta como un vicio producido durante los sufragios.9

17. Explicó el principio de preclusividad o eventualidad en las etapas definidas
en el procedimiento electoral y sus instancias, el cual permite llevar a cabo las
revisiones y correcciones que procedan en la etapa correspondiente en forma
oportuna, con el fin de dar firmeza a los actos de que se trate, pero, ante todo,
impartir al proceso un orden riguroso, imponiendo a las partes y al juez el ejercicio
de una actividad para que tenga valor, es decir, clausura la posibilidad de actuar
cuando no se ejerce en tiempo.

18. Sostuvo que, frente a las presuntas irregularidades que se presenten en los
escrutinios, están previstos como mecanismos de impugnación: i) las solicitudes de
recuento ante los jurados de votación o las comisiones escrutadoras de primer nivel;
ii) las reclamaciones, que se deben interponer en la misma etapa del escrutinio en
la cual se presente la causal que le sirve de fundamento, ante la autoridad electoral
a cargo del desarrollo de la respectiva audiencia; iii) las solicitudes de saneamiento,
las cuales se pueden presentar hasta antes de la declaratoria de la elección y frente
a cualquiera de las autoridades escrutadoras, en el ámbito de sus competencias,
con la aclaración de que en esta etapa no opera el principio de preclusividad.

7 Transcripción con posibles errores en todo el texto.
8 Índice 71 ibidem.
9 Citó la sentencia del 17 de noviembre de 2023, exp. 25000-23-41-000-2020-00222-01, MP Pedro

Pablo Vanegas Gil.
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19. Luego, efectuó una relación de las pruebas aportadas al proceso y manifestó
que el sustento de la demanda lo constituye una serie de irregularidades en los
documentos electorales, las cuales, de no haberse presentado, el resultado de las
elecciones hubiera sido distinto.

20. Expuso que, según lo advertido por el demandante, las modificaciones o
alteraciones se reflejaron en el formulario E-24 del escrutinio zonal respectivo, pero
frente a las cuales no se presentó reclamación alguna por parte de testigos
electorales o por las personas habilitadas para el efecto, así como tampoco, de
oficio, por la respectiva comisión.

21. Por lo anterior, concluyó que el señor Dubén Puente Villarreal no presentó
reparo ante las autoridades administrativas correspondientes, con el fin de poner de
presente las presuntas irregularidades halladas en el procedimiento electoral,
omisión que implicó que feneciera la oportunidad con la que contaba para ello.

22. Precisó que la demanda interpuesta «carece completamente de asidero
jurídico y probatorio», toda vez que, tal como se señaló expresamente en el escrito
de subsanación, «las irregularidades que conforman el tema de la demanda no
fueron objeto de reclamación ante dichas autoridades administrativas» y, en esa
medida, lo que pretende el actor con el medio de control de nulidad electoral es
revivir los términos vencidos para reclamar ante las autoridades electorales.

23. Esgrimió que, al expedir la comisión escrutadora el formulario E-26 ASA
debidamente suscrito por quienes tenían la competencia para la declaratoria de la
elección, implicó necesariamente el fenecimiento del proceso administrativo
electoral.

24. Enfatizó en que el propósito de las reclamaciones es superar oportunamente,
en cada etapa, las incongruencias encontradas en los escrutinios, por lo que resulta
lógico que los reclamos de tales situaciones queden superados por el principio de
preclusión.

1.8. El recurso de apelación

25. El demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

26. Aseguró que el fallo desconoce el precedente fijado en la sentencia C-283 de
2017 respecto de la necesidad de desarrollo legal del artículo 237 de la Constitución
Política, en punto de la reclamación previa prevista en esa norma. Asimismo,
consideró que vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto
que, so pretexto de la alegación del principio de preclusividad, revive un requisito
de procedibilidad del medio de control de nulidad electoral que fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia en cita.

27. Advirtió que no es acertada la extensión del principio de preclusividad al
control de legalidad en sede judicial, pues lo convierte en un requisito de
5

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procedibilidad del medio de control de nulidad electoral no exigido por la ley, con
ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del numeral 6 del artículo 161 de la Ley
1437 de 2011, que lo regulaba.

28. Expresó que la demanda se fundamentó en el numeral 3 del artículo 275
ibidem, es decir, por contener los documentos datos contrarios a la verdad y
alteraciones que modificaron los resultados, por lo tanto, no era necesario acudir,
previamente, ante la autoridad electoral.

29. Hizo un resumen de la decisión de la Corte Constitucional en la referida
sentencia C-283 de 2017, de la que resaltó, en cuanto al requisito de procedibilidad
de someter previamente el vicio ante la autoridad electoral para el ejercicio del
medio de control electoral, que «este código preconstitucional [Código Electoral] no
dispone en norma alguna que la formulación de dichas reclamaciones constituya
una carga cuyo cumplimiento sea necesario para demandar judicialmente la nulidad
electoral, ni permite su presentación por ciudadanos distintos a los que ella habilita
para tal fin» (…) «en estos términos, el numeral 6 del artículo 161 de la Ley 1437 de
2011 será declarado inexequible por desconocer la reserva de ley estatutaria
prevista en el literal c del artículo 152 de la Constitución Política, relativa a las
funciones electorales y porque su configuración actual desconoce el derecho
político a ejercer acciones en defensa de la Constitución o la ley, previsto en el
numeral 6 del artículo 40 de la Constitución, así como el derecho fundamental de
acceso a la justicia, previsto en el artículo 229».

1.9. Actuación procesal en segunda instancia

30. Mediante auto del 1.º de octubre de 2024, el magistrado ponente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso de apelación; (ii)
ordenó a la Secretaría de la Sección correr traslado a la parte contraria por el
término de 3 días; (iii) dispuso que, una vez vencido el plazo anterior, permaneciera
el expediente en Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran
alegatos de conclusión y (iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público
con el fin de que rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.

1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Diputados de la Asamblea Departamental de La Guajira

31. Alegó de conclusión en el sentido de advertir que de las 30 mesas objeto de
demanda, la única que registra diferencias injustificadas entre los formularios E-14
y E-24 en las actas de escrutinio es la 25 del IPC de Riohacha, en la que se
registraron 5 votos en el formulario E-14 y «se procedió contar la mesa resultando
16 votos a favor del candidato U-55 Lucas Jaime Gnecco Bustamante y en el E-24
no se registró modificación alguna, luego el candidato fue perjudicado con 11
votos».

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1.11. Concepto del Ministerio Público

32. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del
Ministerio Público advirtió que la sentencia de primera instancia no resolvió las
pretensiones de la demanda, con fundamento en el principio de preclusividad, para
señalar que existen unas etapas electorales en sede administrativa y que los
mecanismos de impugnación que proceden frente a las presuntas irregularidades
que se presenten en los escrutinios debieron ser ejercicios.

33. Consideró que el juez de primera instancia no resolvió el asunto puesto en
su conocimiento, porque, en su criterio, no se allegó prueba de la reclamación o
reparo durante el proceso electoral y ante la autoridad administrativa. Por ello,
expuso que el actor tuvo la oportunidad para efectuar esas reclamaciones y no lo
hizo y, en aplicación del principio de preclusividad, aquella feneció y, por tal motivo,
no se pueden ventilar en sede judicial.

34. Señaló que se aplicó en forma indebida el principio en cita, en tanto lo
convirtió en un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el cual no es necesario, según lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia C-283 de 2017, en la que señaló que las
condiciones para el acceso a la justicia es una materia que goza de reserva de ley.
Por esa razón, no es posible establecer esos condicionamientos por vía
jurisprudencial y, en el mismo sentido, enfatizó en que, para el cumplimiento del
requisito de procedibilidad para el acceso a la justicia, las reglas deben estar
determinadas de manera clara y objetiva por el legislador, de modo que no le
compete al juez suplir las falencias del mismo.

35. Añadió que el Consejo de Estado ha señalado que, «de conformidad con lo
anterior, la existencia de diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24
no puede ser propuesta como causal de reclamación electoral por error aritmético,
sino que corresponde a una falsedad de documentos electorales que debe alegarse
por la vía del medio de control de nulidad electoral, con fundamento en la causal 3º
del artículo 275 del CPCA»10.

36. Por consiguiente, las diferencias entre los formularios E-14 y E-24 se deben
analizar bajo la causal de falsedad en los documentos electorales.

37. Anotó que es claro que el a quo desconoció el acceso a la administración de
justicia, al pretender revivir un requisito de procedibilidad en el medio de control de
nulidad electoral, que desconoce en forma flagrante la sentencia C-283 de 2017.

38. Estimó que, en caso de la Sección Quinta del Consejo de Estado resuelva
las pretensiones de la demanda, se tendría como resultado una parte vencida, la
cual no tendría la posibilidad de recurrir la sentencia, en razón a que el proceso no
tendría dos instancias, lo que, a su vez, conlleva la violación del derecho al debido

10 Sentencia del 8 de marzo de 2018, exp. 08001-23-33-000-2015- 00863-02, MP Alberto Yepes

Barreiro.
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proceso.

39. En ese orden, si se revoca el fallo apelado la consecuencia es que el juez
debe estudiar de fondo las pretensiones de la demanda, toda vez que el fallo de
segunda instancia no puede reemplazar al primero y, en su lugar, proferir la
sentencia de mérito correspondiente.

40. Por otro lado, si la sala electoral decide pronunciarse de fondo, las
pretensiones deben ser negadas, pues aun cuando se demuestre que se configuró
una falsedad en un documento electoral, como los formularios E-14 y E-24, esta
debe tener incidencia en la votación para que pueda modificar la elección
demandada, pues prevalece el principio de eficacia del voto.

41. Al analizar cada una de las actas de escrutinio de las zonas, puestos y mesas
señaladas por el actor, encontró que, de las 30 mesas objeto del litigio, en 27 existió
recuento en la votación, por manera que las diferencias alegadas están justificadas.

42. Relacionó las mesas en las que no hubo recuento en la votación (3 en total),
en los municipios de Manaure, Urumita y Riohacha, para señalar que la controversia
gira en torno a 2 candidatos del Partido de la U, identificados con los números 55 y
60. La votación alcanzada por el primero fue de 4.636 votos, y el segundo obtuvo
4.612, es decir que la diferencia entre ambos aspirantes es de apenas 24 votos.

43. De las 3 mesas en las que no hubo justificación, en 2 no hay las diferencias
señaladas por el actor y solo en 1 se desconoce la variación irregular, pero no obra
el formulario E-14 de la mesa en cuestión para efectos de hacer la comparación.

44. No obstante, narró que el escrito de demanda se argumentó por el recurrente
que en la mesa 3, de la cabecera municipal del municipio de Urumita, se le sumaron
6 votos al candidato identificado con el número 55, dato contrario al que aparece en
el formulario E-24, en donde solamente le fue consignado 1.

45. Concluyó que ninguna de las 2 cifras tiene la incidencia necesaria para variar
el resultado alcanzado, porque la diferencia es de 24 votos. En ese sentido, las
irregularidades evidenciadas no tienen la connotación de anular la elección de
Lucas Jaime Gnecco Bustamante como diputado de la Asamblea Departamental de
La Guajira, razón por la cual se debe confirmar la sentencia apelada, únicamente,
en cuanto denegar las súplicas del libelo en la parte resolutiva.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

46. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, de

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conformidad con lo establecido en los artículos 15011 y 152 numeral 7, literal a) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

47. Corresponde a esta Sección resolver, si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar la sentencia proferida el 16 de julio de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda.

48. Para el efecto, se deberá establecer si, como lo sostiene el demandante, en la
decisión apelada, en aplicación del principio de preclusividad propio de la etapa de
escrutinio, se pretendió revivir el requisito de procedibilidad para el ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, el cual fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-283 de 2017, razón por la cual se
desconocieron los derechos de acceso a la administración de justicia y debido
proceso.

2.3. Cuestión previa

49. En el concepto emitido por la procuradora segunda delegada ante esta
corporación se consideró que en la sentencia de primera instancia no se resolvió el
fondo del asunto, toda vez que, en una indebida aplicación del principio de
preclusividad en materia de procedimiento electoral en sede administrativa, se
intentó revivir un requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, declarado inexequible por la Corte Constitucional, lo que conllevó
a que se negaran las pretensiones sin haberse analizado las censuras del actor.

50. Por lo tanto, estimó que, si la Sección Quinta resuelve las pretensiones de la
demanda, ello implicaría que el asunto no tenga dos instancias, lo cual vulnera el
referido principio y el derecho al debido proceso.

11 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y

CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
12 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos,
de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces
de reconsideración;

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51. Al respecto, se pone de presente que, de acuerdo con el artículo 320 del Código
General del Proceso, el objeto de la apelación consiste en que «el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante», para que la providencia objeto del recurso sea revocada o
reformada.

52. De igual forma, se debe hacer énfasis en que, según lo previsto en el artículo
328 de la norma que se menciona, la competencia del superior encuentra su límite
en los precisos argumentos del apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

53. En ese orden, teniendo en cuenta que el reparo concreto del demandante
estriba en que el juez de primera instancia denegó las pretensiones bajo el
argumento de que no se presentaron las reclamaciones ante las autoridades
administrativas respecto de las irregularidades encontradas en los documentos
electorales, cuando es lo cierto que con ello se revivió un requisito de procedibilidad
que no había lugar a exigir para el ejercicio del medio de control, se advierte que
esa es precisamente la cuestión que se debe dilucidar en esta instancia, razón por
la cual se emitirá la correspondiente sentencia.

54. Por lo tanto, resulta equivocado sostener que la competencia legal del juez de
segunda instancia podría soslayar el principio de la doble instancia o el derecho al
debido proceso, cuando es claro que este asunto ya fue decidido, en primera
instancia, por el juez competente, de acuerdo con lo previsto en el literal al), numeral
7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. Situación contraria acontecería en el
evento en que el superior se arrogue la competencia sin que exista un mandato
legal que lo habilite o que desconozca las reglas sobre la materia.

2.3. Requisitos de procedibilidad para el ejercicio de los medios de control en
la Ley 1437 de 2011

55. El artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 regula los requisitos previos que debe
cumplir quien pretenda el ejercicio de un medio de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

56. En el texto primigenio de la norma se contempló, en el numeral 6, como requisito
de procedibilidad en el medio de control de nulidad electoral, cuando se invoquen
como causales de nulidad del acto de elección por voto popular aquellas contenidas
en los numerales 3 y 4 del artículo 275 ibidem, haber sometido por cualquier
persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad
administrativa electoral correspondiente.

57. No obstante, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-283 de 2017
declaró la inexequibilidad de dicha consagración, por desconocimiento de la reserva
de ley estatutaria, consagrada en el literal c) del artículo 152 de la Constitución
Política, relativa a las funciones electorales, además de que el funcionamiento de la
reclamación previa como requisito para acceder a la justicia, resulta inconstitucional.

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58. La sala transcribe algunos apartes de la referida sentencia, con el fin de tener
precisión acerca del fundamento de esa decisión:

43. En el caso bajo examen, el establecimiento mismo de la reclamación previa
ante la autoridad electoral no es objeto de discusión constitucional, ya que se trata
de un requisito de procedibilidad establecido por el parágrafo del artículo 237 de la
Constitución Política. Sin embargo, como quedó explicado anteriormente, el numeral
6 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, norma bajo control de constitucionalidad,
desarrolló la previsión constitucional para hacerla operativa y, de esta manera,
concretizó las dos hipótesis en las que la reclamación previa ante la autoridad
electoral constituían un requisito de procedibilidad de la acción de nulidad electoral:
cuando se alegue que (i) “Los documentos electorales contengan datos contrarios
a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados
electorales” o se considere que (ii) “Los votos emitidos en la respectiva elección se
computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la
distribución de curules o cargos por proveer”.

44. La reclamación previa ante las autoridades electorales es un instrumento que
consulta el adecuado funcionamiento del sistema electoral ya que, por una parte,
permite que dichas circunstancias puedan ser corregidas o saneadas directamente
por las autoridades electorales, antes de declarar la elección correspondiente y, en
esta medida se trata de instrumentos para que la voluntad popular sea declarada
fielmente y los resultados sean legítimos y respetados. En esta medida, dicho
requisito se fundamenta directamente en el principio democrático y en la cláusula
de Estado Social de Derecho. Por otra parte, la reclamación previa ante la autoridad
electoral busca racionalizar el debate en sede judicial, ya que permite que el objeto
del litigio esté previamente determinado por la reclamación administrativa formulada
y por la decisión administrativa respecto de la misma. (…).

46. En primer lugar, a pesar de que la norma demandada dispone que el requisito
de procedibilidad puede ser cumplido mediante la reclamación propuesta por
“cualquier persona”, de acuerdo con el Código Electoral los únicos legitimados para
formular las correspondientes reclamaciones son los testigos electorales
debidamente autorizados, los candidatos o sus representantes (artículos 122 y 192
del Código Electoral). Esto significa que un tercero, por ejemplo, un ciudadano que
ha participado o no en la correspondiente votación, no podría cumplir el
correspondiente requisito de procedibilidad y su acceso a la justicia dependerá de
que alguno de los legitimados lo haya cumplido, teniendo en cuenta que la norma
bajo examen dispone que “es requisito de procedibilidad haber sido sometido por
cualquier persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad
administrativa electoral correspondiente” (negrillas no originales). Esta limitación
contraría el carácter público de la acción de nulidad electoral, el que se fundamenta
en el derecho político a interponer acciones en defensa de la Constitución y de la
ley (numeral 6 del artículo 40 de la Constitución ) y, por consiguiente, se constituye
en este caso en una limitación inconstitucional del derecho fundamental de acceso
a la justicia, ya que podría interpretarse, de acuerdo con el Código Electoral, que el
legitimado para demandar, no podrá cumplir directamente el requisito de
procedibilidad que se le impone.

47. En segundo lugar, en lo que respecta a la carga de reclamar previamente
por falsedad o alteración de los documentos electorales, debe tenerse en cuenta
que existe la posibilidad de revisar los documentos electorales y de proceder a
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recuentos, tanto directamente por parte de los jurados de votación y las comisiones
escrutadoras , como de oficio o a petición de parte por parte del Consejo Nacional
Electoral , lo que significa que los mismos pueden ser objeto de cambios durante
todo el procedimiento. Esto implica que es perfectamente posible que la reclamación
contra un documento electoral por alteración o falsedad haya sido corregida en
algunas de dichas revisiones, o que el vicio ocurrió en una de las posteriores
revisiones y modificaciones, por lo que el acceso a la justicia implicaría la puesta en
conocimiento de los diferentes documentos electorales para poder ser
efectivamente objeto de reclamación.

(…)

49. Esto quiere decir que las dificultades operativas para el cumplimiento de este
requisito de procedibilidad, en razón de su configuración procesal práctica, se erigen
en un obstáculo inconstitucional para el acceso a la justicia.

(…)

52. Esto quiere decir que (i) el legislador tiene competencia para desarrollar el
requisito de procedibilidad previsto en el artículo 237 de la Constitución Política. Sin
embargo, su competencia se encuentra doblemente limitada: por una parte, (ii) la
regulación concreta de dicho requisito de procedibilidad debe realizarse mediante
una ley estatutaria al regular una materia relativa la función electoral, por otra, (ii) la
configuración normativa concreta de las condiciones para el cumplimiento de dicha
carga procesal extrajudicial, debe ser objetiva y clara para los justiciables, de tal
suerte que en su articulación con los procedimientos de votación, escrutinio y
declaración de la elección, existan las oportunidades claramente establecidas para
cumplir adecuadamente este requisito previo para demandar la nulidad de la
correspondiente elección.

59. Por consiguiente, desde la expedición de la sentencia C-283 de 2017 no hay
lugar a requerir, previo a la demanda, el cumplimiento de la exigencia de haber
sometido a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente las
reclamaciones a que haya lugar, cuando se invoque la causal de nulidad de falsedad
en los documentos electorales.

60. Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que en la sentencia de primera
instancia evidentemente se desconoció la declaratoria de inexequibilidad del
numeral 6 del artículo 161 del CPACA, lo que llevó al juez a realizar una indebida e
incorrecta aplicación del principio de preclusividad en materia electoral, que, de
suyo, implicó una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia.

2.5. Diferencias entre formularios E-14 y E-2413

61. En punto de esta causal de nulidad electoral, la sala electoral la ha entendido
como «como una forma de falsedad que encuadra dentro de dicho supuesto,
siempre que no exista una justificación para ello, tradicionalmente señalada en el

13 Se reiteran los razonamientos expuestos sobre el punto en la sentencia del 3 de agosto de 2023,

exp. 11001-03-28-000-2022-00253-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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acta general de escrutinios. Se trata de un vicio que se produce en las elecciones
por voto popular».14

62. En el pronunciamiento que se menciona, se expuso que «[e]n los formularios E-
14, los jurados de cada puesto de votación registran la información del número de
votos obtenidos por cada una de las opciones políticas – partidos, movimientos,
grupos significativos, listas, candidatos–, los votos en blanco, los votos nulos e,
inclusive, las tarjetas no marcadas. De este se expiden tres ejemplares, uno para
los claveros, otro para los delegados de la RNEC y el de transmisión prefiriéndose,
por regla general, el primero en materia judicial, por su mejor cadena de custodia».

63. Por su parte, en relación con los formularios E-24, sostuvo que «son
documentos que reflejan el consolidado de estas mesas, de forma detallada, por
parte de cada comisión escrutadora, a partir de la información diligenciada en los E-
14, y se construyen de forma piramidal. De suerte que la información de los
escrutinios auxiliares o zonales (en municipios o distritos zonificados) sirve de base
a los municipales o distritales; estos últimos, a su vez, alimentan el E-24 de los
escrutinios generales o departamentales; y estos, al mismo tiempo, nutren los de
carácter nacional».

64. Se debe tener en cuenta que los registros del formulario E-24 provienen de los
datos plasmados en los formularios E-14, por lo que no deberían presentarse
diferencias entre estos, «no obstante, hay circunstancias previstas por el
ordenamiento que habilitan la modificación de los datos. Esto ocurre principalmente
cuando hay recuentos de votos, lo cual tiene lugar, en los eventos en que se advierte
alguna irregularidad que ponga en duda la veracidad de la información reportada,
porque determinado sujeto presentó razonadamente una solicitud en tal sentido, o
porque se dio alguna causa legal para ello»15.

65. Así pues, la justificación en la variación de las cifras plasmadas en los
formularios debe estar soportada de la siguiente forma16:

(…) es imprescindible que de cada una de estas actuaciones, solicitudes y
decisiones se deje constancia en el acta general del respectivo escrutinio (AGE) –o
en acto del CNE cuando el encargado de adoptar la decisión es este–, so pena de
que, llegado el caso, el juez de lo electoral considere injustificadas las variaciones
en el número de votos de un formulario a otro, con la consecuencia de declarar la
nulidad del acto elección si estas, además de trascender al formulario E-26 –que
contiene el resultado de la elección–, son de tal magnitud que de practicarse nuevos
escrutinios serían otros los elegidos.

66. Ahora bien, existen casos en los que en las actas generales de escrutinio no
siempre se dejan las constancias por las cuales se modificó la votación de la mesa,
a pesar de lo consignado en el parágrafo del artículo 3 de la Resolución 1076 de
2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, relacionada con dejar el detalle

14 Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp: 25000-23-41-000-2020-00222-01.
15 iIbidem.
16 Ibidem.

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de las modificaciones de la mesa en las actas de escrutinio de las comisiones
escrutadoras.

67. Esas eventuales omisiones implican que el juez analice en conjunto los
documentos electorales para determinar si la variación en los resultados se
encuentra justificada, como lo ha señalado esta Sección17:

Ahora bien, en el estudio adelantado por este juez de lo electoral, para resolver
estos cargos de diferencias injustificadas, debe advertirse que puede presentarse
casos en los que la comisión respectiva realiza recuento y correcciones, pero omite
dejar las respectivas constancias en las actas de escrutinio, a pesar de su
realización y mucho menos hace constar la colectividad, candidato u opción
(ejemplo voto blanco), que sufrió alteración de los resultados registrados en el E14.

95. En estos casos, una mirada preliminar permitiría concluir que se trata de
diferencias injustificadas entre formularios y con ello la prosperidad de la
irregularidad a la que se advierte en la demanda, sin embargo, en aras de la verdad
electoral y del respeto por el voto de los sufragantes, es deber del juez electoral
analizar en detalle los documentos electorales (formularios y actas), con el fin
de determinar si, en esas ocasiones, realmente las modificaciones atienden a
recuentos y correcciones realizadas por las comisiones escrutadoras o, en
realidad, se trata de cambios carentes de motivación y que puede derivar en
la falsedad del resultado electoral.
96. Dicho análisis resulta imperativo a la hora de resolver el cargo porque solo así
se podrá concluir si el escrutinio se adelantó con respeto a las normas que lo regulan
y en plena garantía de las partes que en el intervienen y, si más allá de las
constancias formales, la comisión, en ejercicio de sus funciones, realizó las
correcciones a las que hubiere lugar.

(…)

98. Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que al ser el medio de control
de nulidad electoral una acción pública constitucional, que procura por la legalidad
del acto de elección, en protección del sufragio y de la voluntad real de elector, una
vez activada o accionada, le corresponde al juez contencioso administrativo
ejercer dicho control sobre las mesas y registros demandados, para
determinar, a partir de la valoración en conjunto de las pruebas que se aporten,
en especial los documentos electorales, cuál fue el deseo real de los votantes.

68. Por lo anterior, para efectos del control jurisdiccional, cuando la falsedad
consiste en que en el formulario E24 se aumentó o disminuyó la votación que se
registró inicialmente en el formulario E14, se impone al juez la obligación de verificar
dicha circunstancia cuando la parte actora estableció en la demanda la zona, puesto
y mesa en que presuntamente aconteció tal irregularidad, además de la votación y
los partidos y/o candidatos perjudicados o beneficiados, como lo sostiene esta
Sección al señalar que «[p]ara determinar si existen diferencias injustificadas entre
los formularios E-14 y E-24 respecto de las mesas de votación que el demandante
acusa, en las elecciones de senadores de la República, circunscripción nacional,
periodo 2014-2018, como se indicó en precedencia, es menester examinar los
documentos electorales tales como: formularios E-14 y E- 24 mesa a mesa y las
actas generales de escrutinio, respecto de cada uno de los registros que forman

17 Sentencia del 4 de mayo de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00108-00.

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parte del litigio por el referido cargo»18.

69. El contraste de los formularios E-14 y E-24 y las actas generales de escrutinio
arroja como resultado que haya diferencias inexistentes, justificadas e injustificadas.
Sobre el punto, esta Sección se ha referido en los siguientes términos:

(..) la inexistencia de diferencias, cuando la votación reportada en el formulario E-
14 coincide con la contenida en el formulario E-24 que fue tenida en cuenta para
declarar la elección, siempre y cuando coincida con el firmado por los respectivos
escrutadores.

Se hace énfasis en que la comparación debe realizarse teniendo como extremo final
los datos consignados en el formulario E-24 que da cuenta de la votación final,
comoquiera que, en cada nivel, las comisiones auxiliares, municipales y
departamentales como resultado de la labor que emprenden, generan el respectivo
formulario E-24, cuya información puede ir cambiando a medida que avanza el
escrutinio a causa de recuentos y otras vicisitudes del proceso.

Se concluye que las diferencias son justificadas cuando a pesar de que los votos
registrados en los referidos formularios no coinciden, tal situación tiene como
fundamento una decisión válidamente adoptada durante el escrutinio, en virtud de
la cual se reportó la votación final en el formulario E-24 y que fue considerada para
declarar la elección.

Finalmente, se establece que las diferencias son injustificadas, cuando la
información registrada en los formularios E-14 y E-24 final no coincide, sin que se
advierta explicación válida de dicho cambio durante los escrutinios y, por ende, de
la alteración de la voluntad popular de la cual inicialmente, bajo un principio de
inmediación, dieron fe los jurados de votación, lo que impone que no pueda tenerse
por cierta la contenida en el segundo de los formularios y deba determinarse, a partir
de lo probado en el proceso, cuál es la voluntad electoral, realizando la suma o resta
de sufragios que corresponda, teniendo en cuenta el análisis correspondiente.19

70. Por otro lado, que en materia electoral prevalece el principio de eficacia del voto
ya que «no basta con acreditar la existencia de cualquier cantidad de falsedades
sino de una de magnitud tal que tenga la capacidad que se requiere para modificar
el resultado consignado en el acto cuestionado.”, por lo que es necesario que “en
relación con esta clase de irregularidades se realice el análisis de su incidencia en
el resultado electoral, para de allí establecer si prospera o no la pretensión de
nulidad por esa causal, en aplicación del principio de la eficacia del voto, (…) de
donde se desprende que ante la existencia de elementos falsos en los registros
electorales que conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es
indispensable que estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, vale
decir, que puedan producir verdaderas mutaciones o alterantes de dicho

18 Sentencia del 8 de febrero de 2018. Exp: 2014-00117 (Acumulado).
19 Sentencia del 12 de diciembre de 2024, exp. 47001-23-33-000-2024-00011-01, MP Gloria María

Gómez Montoya.
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resultado».20
2.5. Caso concreto

71. En criterio de la parte actora, se debe declarar nulo el acto de elección de los
diputados de la Asamblea Departamental de La Guajira, periodo 2024-2027, por
haber incurrido en la causal de falsedad de los documentos electorales.

72. El recurso de apelación se contrae a señalar que en la sentencia de primera
instancia se «revivió» el requisito de procedibilidad consagrado en el numeral 6 del
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional, y se aplicó en indebida forma el principio de preclusividad del
procedimiento administrativo electoral.

73. Como quedó expuesto en precedencia, la sala efectuará el análisis de la
censura planteada, referida a las diferencias en los formularios E-14 y E-24, en las
zonas, puestos y mesas señaladas por el actor en la demanda:

Municipio Zona Puesto Mesa
Manaure 1 Urbana Mixta 17
18
Sagrado Corazón 15
19
99 Aremasaín 1
6
12
15
16
19
La Paz 4
Uribia 99 El Cardón 5
8
Urumita 00 Cabecera municipal 3
24
Riohacha 1 Divina Pastora 7
Eusebio Mary 11
15
José Galán 15
2 IPC 25
26
38
39
3 I.E.D. María 25
I.E Elión Pinedo 13

20 Sentencia del 22 de octubre de 201, exp 110010328000201400048-00,
110010328000201400062-00 y 110010328000201400064-00.
16

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18
I.E. Denzil Escolar 7
90-98 Liceo Padilla, sede 2 2
99 Cucurumaná 3
Juan y Medio (Naranjal) 1

74. En criterio del demandante, al contabilizar los votos a favor de los candidatos
55 y 60 del Partido de la U, se alteraron los resultados en detrimento de este último,
conforme con las siguientes observaciones:

17

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75. Al analizar la información contenida en los formularios E-14 y E-24, se encontró
que en 8 registros las diferencias alegadas son inexistentes, en 25 justificadas, y
solo en 1 caso no hubo justificación. Se pone de presente que el formulario E-14
claveros de la mesa 3, zona 0, puesto 0 de Urumita se encuentra incompleto, razón
por la cual se constató la votación consignada en el E-14 delegados. La información
que encontró la sala es como se muestra a continuación:

Inexistente (sin diferencia entre E14 y E24)

MUNICIPIO MIPIO ZONA PUESTO MESA Part Cand E-14 E24 DIF
RIOHACHA 001 001 01 007 0008 055 7 7 0
RIOHACHA 001 001 05 015 0008 060 2 2 0
RIOHACHA 001 090 01 002 0008 055 12 12 0
MANAURE 011 001 02 015 0008 060 1 1 0
MANAURE 011 099 15 012 0008 055 0 0 0
URIBIA 016 099 20 008 0008 055 1 1 0
URUMITA 018 000 00 003 0008 055 1 1 0
URUMITA 018 000 00 024 0008 055 2 2 0

Justificadas
PAG. E- OBSERVACIONES DEL
MUNICIPIO MIPIO ZONA PUESTO MESA Part Cand E24 DIF
AGE 14 AGE
RIOHACHA Recuento sin detalle:
se recontó toda la
mesa al presentar
inconsistencias. El
001 001 01 007 0008 060 61 7 6 -1
partido ASI presentó
error aritmético en la
totalidad votos en la
lista y candidatos
RIOHACHA Recuento sin detalle:
Jurado no totalizó el
número de votantes.
Al realizar la
operación, se
001 001 02 011 0008 055 32 9 10 1
encontró un total de
211 sufragantes, lo
cual no corresponde
con los votantes del E-
14 (210). Se realizó
19

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corrección. Error en el
total de votos del
partido MAIS, por lo
que se realizó
recuento de todos los
partidos.

RIOHACHA Recuento con detalle:
recuento oficioso al
evidenciar más votos
001 001 02 015 0008 055 42 3 4 1 que sufragantes. Se
digitalizan cifras que
corresponde a cada
partido y candidato
RIOHACHA Recuento con detalle:
119,
001 001 05 015 0008 055 9 7 -2 error aritmético mesa
135
15.
RIOHACHA Recuento sin detalle:
identificación de
errores y se destruyen
001 002 03 025 0008 055 147 5 16 11
8 votos que sobraban,
luego del recuento
voto a voto
RIOHACHA Recuento sin detalle:
001 002 03 026 0008 055 159 6 8 2 se corrigen errores
marcados en el E-14
RIOHACHA Recuento con detalle:
001 002 03 026 0008 060 159 15 10 -5 se corrigen errores
marcados en el E-14
RIOHACHA Recuento con detalle:
recuento voto a voto.
001 002 03 038 0008 060 203 10 9 -1 Se modifican los
errores encontrados
en los votos
RIOHACHA Recuento con detalle:
recuento voto a voto.
001 002 03 039 0008 055 207 6 7 1 Se modifican los
errores encontrados
en los votos
RIOHACHA Recuento con detalle:
001 003 03 025 0008 060 50 8 7 -1
recuento voto a voto
RIOHACHA Recuento con detalle:
001 003 04 013 0008 060 52 5 4 -1 se corrige el E-14 más
votos que sufragantes.
RIOHACHA Recuento con detalle:
más votos que
001 003 04 018 0008 055 76 6 8 2
sufragantes. Se corrige
E-14
RIOHACHA Recuento con detalle:
recuento por tachones
001 003 06 007 0008 060 130 10 7 -3
y enmendaduras en E-
14

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Dubén Puente Villarreal
Demandados: Diputados de La Guajira, periodo 2024-2027
Rad. 44001-23-40-000-2024-00002-02

RIOHACHA Recuento con detalle:
el jurado contabilizó
227 votos, pero la
suma del E-14 arroja
216. Al hacer el
001 099 18 003 0008 055 116 5 6 1
recuento se
evidencian 226 y se
nivela la mesa con las
observaciones del
caso
RIOHACHA Recuento con detalle:
en el E-11 se
encontraron 67
votantes, y no se
001 099 26 001 0008 055 16 3 7 4
encontraron huellas ni
firmas en su totalidad.
No se contabilizó la
totalidad de votantes
MANAURE Recuento sin detalle:
enmendaduras -
cantidad de votos
011 001 01 017 0008 055 103 0 3 3 superan los
sufragantes. No se
totalizaron votos en E-
14
MANAURE Recuento sin detalle:
verificado el E-11 el
total de sufragantes
011 001 01 018 0008 055 105 0 1 1 son 115 y en E-14 son
116, se realiza
recuento y se incinera
un voto
MANAURE Recuento con detalle:
inconsistencia en la
sumatoria de votos
por partidos y
011 001 02 015 0008 055 191 0 4 4
candidatos a la
asamblea. Se realizó
recuento para
totalizarlos.
MANAURE Recuento con detalle:
011 001 02 019 0008 055 206 0 4 4 inconsistencias en
E14.
MANAURE Recuento con detalle:
número de votos del
011 099 15 001 0008 055 94 0 3 3 E-14 no coincidía con
total de votos
depositados.
MANAURE Recuento con detalle:
tachaduras y
011 099 15 006 0008 055 112 3 7 4
enmendaduras en E-
14.
MANAURE Recuento con detalle:
total de votos en E-14
011 099 15 015 0008 055 138 1 9 8
supera el número de
sufragantes en E-11.
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Demandante: Dubén Puente Villarreal
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Se incineran 5 votos
para nivelación de
mesa.

MANAURE Recuento con detalla:
total de votos en E-14
011 099 15 016 0008 055 143 0 1 1
supera el número de
sufragantes en E-11.
MANAURE Recuento con detalle:
total de votos en E-14
011 099 15 019 0008 055 151 0 1 1
supera el número de
sufragantes en E-11.
MANAURE Recuento con detalle:
total de votos en E-14
011 099 35 004 0008 055 100 0 2 2
supera el número de
sufragantes en E-11.

Injustificadas

PAG. E- OBSERVACIONES DEL
MUNICIPIO MIPIO ZONA PUESTO MESA Part Cand E24 DIF
AGE 14 AGE
URIBIA Irregularidades en los
016 099 20 005 0008 055 23 0 2 2
votos

76. Al respecto, se tiene que el demandante relacionó 30 mesas, en las que, en su
criterio, se presentaron inconsistencias en la votación, lo que generó como
consecuencia una variación en los resultados. Luego del estudio de esas mesas, se
llegó a determinar la existencia de 34 registros.

77. Se reitera que el estudio de los registros se realizó con base en la información
del formulario E-14 claveros, con excepción del que corresponde a la zona 0, puesto
0, mesa 3, en el municipio de Urumita, toda vez que aquel se encontraba
incompleto, razón por la cual se analizó el E-14 delegados.

78. En ese orden, se evidenció que en 8 registros no hubo diferencia entre la
votación registrada en los formularios E-14 y E-24, para los candidatos 55 y 60 del
Partido de la U. En 25 registros las diferencias estuvieron justificadas, según las
observaciones que realizó la comisión escrutadora en el acta general de escrutinio
y solo en 1 registro no se encontró justificación en la variación, porque no hubo
recuento.

79. Según la información contenida en el formulario E-26, el resultado de la votación
obtenida por los candidatos del Partido de la U, 55 y 60 fue la siguiente:

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Demandante: Dubén Puente Villarreal
Demandados: Diputados de La Guajira, periodo 2024-2027
Rad. 44001-23-40-000-2024-00002-02

80. Luego del análisis del registro cuya variación no se encuentra justificada, se
concluye que al candidato 55 se le debe restar 2 votos, lo que genera el siguiente
resultado:

Resumen resultados originales por Candidato PARTIDO DE LA U
CODIGO NOMBRE VOTOS
051 PABLO PARRA CORDOBA 23977
052 LUIS REGINALDO BARROS ESTRADA 22107
053 JORGE ALBERTO SUAREZ BUITRAGO 15957
055 LUCAS JAIME GNECCO BUSTAMANTE 4636
060 DUBEN PUENTE VILLARREAL 4612
061 ROCIO LUZ SOLANO MARULANDA 3888
057 VALER IA BALLESTEROS PINEDO 3399
054 ELIZABETH MARIA CUESTA MARMOL 1305
000 PARTIDO DE LA UNION POR LA 5156
GENTE - PARTIDO DE LA U
TOTAL 85037

Resumen resultados modificados por Candidato PARTIDO DE LA U
CODIGO NOMBRE VOTOS
051 PABLO PARRA CORDOBA 23977
052 LUIS REGINALDO BARROS ESTRADA 22107
053 JORGE ALBERTO SUAREZ BUITRAGO 15957
055 LUCAS JAIME GNECCO BUSTAMANTE 4634
060 DUBEN PUENTE VILLARREAL 4613
061 ROCIO LUZ SOLANO MARULANDA 3888
057 VALER IA BALLESTEROS PINEDO 3399
054 ELIZABETH MARIA CUESTA MARMOL 1305
000 PARTIDO DE LA UNION POR LA 5156
GENTE - PARTIDO DE LA U
TOTAL 85035

81. Por consiguiente, se tiene que, aunque se presentó una inconsistencia en la
votación del candidato 55 del Partido de la U, esta no tiene incidencia para afectar
la asignación de las curules a esa colectividad, toda vez que el candidato solo
perdería 2 votos, de manera que continúa con 22 sufragios más que el candidato
60.

82. En esa medida, se confirmará la sentencia apelada, pero con fundamento en
las consideraciones de expuestas en precedencia.
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Demandante: Dubén Puente Villarreal
Demandados: Diputados de La Guajira, periodo 2024-2027
Rad. 44001-23-40-000-2024-00002-02

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
(aclara voto)

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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