Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04729-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04729-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04729-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
5 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-00
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04729-00
Demandante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Magdalena
Gutiérrez de Parra en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante Cremil).
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Magdalena Gutiérrez de Parra, a través de apoderado, presentó acción de tutela en
la que solicitó la protección de los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal,
a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social que consideró vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, con ocasión de la sentencia de fecha 9 de
junio de 2025 dictada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado número 05001-33-33-016-2017-00472-00/01,
mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín, para en su lugar, negar
pretensiones de la demanda. Igualmente, solicita que se declare la nulidad de las
Resoluciones 5218 y 2623 de 2017 proferidas por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333301620170
0472010500123
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-00
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
2.1. Magdalena Gutiérrez de Parra contrajo matrimonio católico con Eduardo
Antonio Parra el 7 de octubre de 1967, el cual se mantuvo vigente hasta el 18 de
enero de 2017, fecha en que este falleció.
2.2. Mediante la Resolución 2623 de 2017 la Cremil reconoció a Martha Lucía
Duque Castro, en calidad de compañera permanente del causante, la sustitución de
la asignación de retiro que aquel percibía en vida. En el mismo acto negó dicho
beneficio a la señora Gutiérrez de Parra, con fundamento en que no cumplía el
requisito de convivencia previsto en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433
de 2004.
La tutelante interpuso recurso de reposición en contra de dicha decisión
administrativa. No obstante, a través de la Resolución 5218 de 2017 se decidió en
forma desfavorable.
2.3. En consecuencia, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos cuestionados y que se reconociera a su favor
la sustitución pensional.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito de Medellín, bajo el radicado 05001-33-33-016-2017-00472-01. Mediante
sentencia del 30 de agosto de 2019, el despacho accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que, si bien la demandante no acreditó el requisito de
convivencia, sí demostró su condición de cónyuge supérstite, lo que resultaba
suficiente para el reconocimiento.
2.5. Inconformes con la decisión, Cremil y Martha Lucía Duque Castro interpusieron
recurso de apelación.
2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de providencia del 9 de junio
de 2025, revocó el fallo de primer grado para en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda. Señaló que la prueba sobre el vínculo matrimonial de Magdalena
Gutiérrez de Parra con el causante no era suficiente para acceder a la sustitución
de la asignación de retiro, en tanto no demostró el requisito de convivencia dentro
de los cinco (5) años anteriores al fallecimiento. Por el contrario -indicó- fue “la
señora Martha Lucía Duque Castro quien compartió de forma continua y estable su
vida con el causante durante más de 30 años, prestándole acompañamiento moral
y físico en su enfermedad, asistiéndolo en sus tratamientos médicos y estando
presente en el momento de su muerte”.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) declarar la nulidad de las
Resoluciones 2623 y 5218 de 2017 ii) revocar la sentencia del 9 de junio de 2025;
iii) se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia dictar una nueva decisión
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Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
favorable a la tutelante y que reconozca al derecho a recibir el pago de la sustitución
de la asignación de retiro, en calidad de cónyuge supérstite; iv) condenar a Cremil
a reconocer a la parte actora todos los haberes dejados de percibir.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora expuso lo siguiente:
3.2.1. El Tribunal no tuvo en cuenta las declaraciones extrajuicio de Magdalena
Gutiérrez de Parra, Sergio Arboleda Márquez y Ciro González Guerrero, que
demostraban que la tutelante convivió con el causante por espacio de 50 años hasta
el día de su fallecimiento. Igualmente, no tuvo en cuenta que el vínculo matrimonial
siempre estuvo vigente y que el causante, dentro del año inmediatamente anterior,
le proporcionaba ayuda económica.
3.2.2. Las interesadas en el reconocimiento del derecho llegaron a un acuerdo el 27
de enero de 2017 ante la Notaría Novena del Círculo de Medellín, en virtud del cual,
distribuyeron la mesdaa pensional en partes iguales. Sin embargo, Cremil no dio
valor a esta actuación,
3.2.3. La accionante tiene 76 años, sufre graves quebrantos de salud y no tiene
capacidad para laborar pues permanece bajo suministro de oxígeno constante.
Además, siempre dependió económicamente de su esposo, era ama de casa, no
recibe salario ni pensión y no tiene patrimonio propio.
3.2.4. Para cerrar, señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia interpretó
erróneamente la ley sustancial, el principio de justicia social y no valoró en debida
forma las pruebas presentadas por la tutela en el marco del proceso ordinario.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 5 de agosto de 20252 se admitió la acción de tutela y se
ordenó vincular en calidad de terceros con interés Juzgado Dieciséis Administrativo
del Circuito de Medellín y a Martha Lucía Duque Castro.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia3 envió el expediente ordinario en
medio digital. Sin embargo, no se pronunció sobre los argumentos planteados por
la parte accionante.
4.3. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín4 remitió el
proceso ordinario en medio digital e indicó que acogerá la decisión que se adopte
en este trámite.
4.4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares5 solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, dado que no se demostró la vulneración
2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 00008 del aplicativo SAMAI.
4 Índices 00009 y 00010 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 00011 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
denunciada por la parte actora, quien tuvo a su disposición todos los medios de
defensa y participó en todas las etapas del proceso primigenio.
4.5. Martha Lucía Duque Castro guardó silencio en esta etapa.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Magdalena Gutiérrez de Parra al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandante en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número
05001-33-33-016-2017-00472-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva Tribunal
Administrativo de Antioquia dado que fungió como juez de segunda instancia dentro
del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de sus garantías constitucionales.
Igualmente, Cremil cuenta con legitimación por pasiva para comparecer a este
trámite, dado que expidió los actos atacados en el mencionado trámite y también
participó allí como demandada.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20056 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela7 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 8.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto11.
10 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte la accionante cuestiona, en esencia,
que la providencia cuestionada i) no valoró en debida forma las pruebas que
demostraban que entre la tutelante y el causante del derecho pensional existió una
convivencia continua; ii) no tuvo en cuenta que el vínculo matrimonial siempre
estuvo vigente; iii) desconoció la condición de debilidad manifiesta y la dependencia
económica de la actora respecto de su esposo.
5.2. Del análisis de los aspectos abordados en la referida providencia, así como de
las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el Tribunal Administrativo de
Antioquia arribó a las siguientes conclusiones:
“De conformidad con el material probatorio allegado al expediente,
considera la Sala que no se acreditó la convivencia efectiva entre la
señora Magdalena Gutiérrez de Parra y el señor Eduardo Antonio Parra
durante los cinco años anteriores al fallecimiento de este, requisito
exigido por el Decreto 4433 de 2003 para acceder a la sustitución de la
asignación de retiro.
Al respecto, aunque existe prueba de su matrimonio y afiliación como
beneficiaria al sistema de salud de las Fuerzas Militares, la propia
declaración juramentada de la señora Magdalena reconoce que la
convivencia cesó en el año 1987 y que, desde entonces, no compartieron
techo, lecho y mesa.
Los testigos que rindieron declaración en el proceso fueron unánimes en
señalar que el señor Eduardo Antonio Parra convivió por más de 30 años
con la señora Martha Lucía Duque en la ciudad de Bogotá, ciudad donde
desarrolló su vida cotidiana, recibió atención médica y fue acompañado
en su enfermedad.
Ninguno de los declarantes refirió contacto cercano entre el causante y
su cónyuge en los últimos años de vida, lo que refuerza la conclusión de
que no existió convivencia entre ellos en el periodo exigido legalmente.
En esta medida, ha de indicarse que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la convivencia debe entenderse como la relación
material, real, estable y con vocación de permanencia, sustentada en el
apoyo mutuo, el auxilio espiritual, moral y económico, y la cual no se limita
al mero vínculo jurídico del matrimonio ni a la cohabitación bajo un mismo
techo, sino que se refiere a la persona que compartió efectivamente la
vida con el causante en los cinco años anteriores a su fallecimiento.
En este caso, se reitera, si bien la señora Magdalena Gutiérrez ostentaba
la calidad de cónyuge del señor Eduardo Antonio Parra, según el material
probatorio allegado al expediente, no convivieron durante los cinco años
anteriores a su fallecimiento, pues, por el contrario, está acreditado que
fue la señora Martha Lucía Duque Castro quien compartió de forma
continua y estable su vida con el causante durante más de 30 años,
prestándole acompañamiento moral y físico en su enfermedad,
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asistiéndolo en sus tratamientos médicos y estando presente en el
momento de su muerte.
Lo anterior desvirtúa la existencia de una convivencia material y efectiva
entre el causante y su cónyuge, lo que impide acreditar en cabeza de esta
última el requisito legal de convivencia exigido para acceder a la
sustitución pensional, razón por la cual, se deberá revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.”
5.3. En conclusión, la autoridad judicial concluyó que, si bien se acreditó el vínculo
matrimonial entre Magdalena Gutiérrez de Parra y Eduardo Antonio Parra, no se
demostró la convivencia dentro de los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del
causante. En consecuencia, consideró que la accionante no cumplía con el requisito
exigido en el Decreto 4433 de 2004 para acceder a la sustitución de la asignación
de retiro percibida en vida por su cónyuge.
5.4. Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado, de
manera clara, que no basta con la simple mención de la vulneración de los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para
entender como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter
desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración12.
5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues se advierte que los
argumentos fueron analizados y decididos por el juez natural, sin que haya
demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de índole legal
desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones concretas
por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia
12 Sentencia SU215 de 2022.
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atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, en la medida que la
decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario14.
5.7. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, por lo que se procederá a declarar improcedente el
amparo.
5.8. Finalmente, respecto de la pretensión de nulidad de las Resoluciones 2623 y
5218 de 2017, la Sala observa que el escrito de tutela carece de una carga
argumentativa suficiente que evidencie la vulneración de derechos fundamentales
derivada de dichos actos administrativos.
Sin perjuicio de ello, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha
precisado, por regla general, la improcedencia de la solicitud de amparo cuando se
dirige en contra de actos administrativos, pues, son los medios previstos de control
previstos antes la jurisdicción contenciosa Administrativa las herramientas idóneas
para asumir el conocimiento de las controversias que se susciten entre los
particulares y la administración15.
En el caso concreto, la accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de controvertir la legalidad de las citadas resoluciones,
proceso que ya fue resuelto por los jueces competentes, decisión que se reprochó
en este trámite de tutela. En ese sentido, no es posible acudir a la tutela para reabrir
un debate jurisdiccional previamente agotado ni para desplazar la competencia de
los jueces ordinarios. Por tal motivo, la Sala se abstendrá de realizar un examen de
fondo sobre esta pretensión.
13 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
15 Sentencias T-180 de 2023 y T-199 de 2021, en la que se reitera lo dispuesto en los fallos T-703 de 2012 y T-
146 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-00
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Magdalena Gutiérrez de Parra en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
10
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