Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04729-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04729-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04729-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04729-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
15 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (Cremil)
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sustitución de asignación de retiro.
Subtema 3: defecto fáctico. Subtema 4: defecto sustantivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la señora Magdalena Gutiérrez de Parra contra la
sentencia del 5 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Magdalena Gutiérrez de Parra presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal, a
la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia del 9 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que revocó el fallo proferido el 30 de agosto de 2019 por el Juzgado
Dieciséis Administrativo de Medellín, para negar las pretensiones de la demanda, que
instauró con el fin de obtener la sustitución de la asignación de retiro que en vida tenía
reconocida su cónyuge, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 05001-33-33-016-2017-00472-01, al considerar esa
corporación que la accionante no acreditó los 5 años de convivencia anteriores al
fallecimiento del pensionado.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional2, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El 7 de octubre de 1967 la señora Magdalena Gutiérrez de Parra contrajo
matrimonio católico con el señor Eduardo Antonio Parra y luego de más de 20 años de
convivencia hubo separación de cuerpos, sin divorcio o disolución de la sociedad
conyugal, por lo que el vínculo matrimonial se mantuvo vigente hasta el 18 de enero
de 2017, fecha en que este falleció.
3. Mediante la Resolución 2623 del 6 de abril de 2017, Cremil reconoció a la señora
Martha Lucía Duque Castro, en condición de compañera permanente del causante, la
sustitución de la asignación de retiro que él recibía en vida, al haber acreditado más
de 5 años de convivencia anteriores al deceso. Así mismo, se le negó dicho beneficio
a la señora Gutiérrez de Parra, porque no cumplía ese mismo requisito, previsto en el
parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. La tutelante interpuso recurso
de reposición contra dicho acto, que fue confirmado a través de la Resolución 5218
del 28 de junio de 2017.
4. La señora Magdalena Gutiérrez de Parra presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la
nulidad de los mencionados actos administrativos y que se reconociera a su favor la
sustitución de la asignación de retiro de su esposo fallecido.
5. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2019, el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar la sustitución de la prestación por
partes iguales a la accionante y a la señora Martha Lucía Duque Castro, al considerar
que, si bien la señora Magdalena Gutiérrez de Parra no acreditó el requisito de
convivencia, sí demostró su condición de cónyuge supérstite, y no había prueba que
corroborara que el causante había abandonado totalmente a su familia, pues la
demandante figuraba como su beneficiaria en los servicios de salud de la dirección de
sanidad militar, por lo que existió solidaridad y apoyo económico. Inconformes con la
decisión, Cremil y Martha Lucía Duque Castro interpusieron recursos de apelación.
6. A través del fallo del 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
revocó el de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Luego de analizar cada uno de los testimonios y declaraciones recaudadas en el
proceso, concluyó que no se demostró el requisito de convivencia dentro de los 5 años
anteriores al fallecimiento, que exige el Decreto 4433 de 2004, porque la accionante
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 2.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 8; y exp. 05001-33-33-016-2017-00472-01.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
reconoció que aquella cesó en el año 1987, desde cuando dejaron de compartir techo,
lecho y mesa; situación que ratificaron los testigos, al afirmar que el causante convivió
con Martha Lucía Duque por más de 30 años en Bogotá, quien lo acompañó incluso
en su enfermedad.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La señora Magdalena Gutiérrez de Parra solicitó en el escrito de tutela lo
siguiente:
1.- Que se Declare la Nulidad de la Resolución número 2623 de fecha 06 de abril de
2017, por medio de la cual le fue negada a la demandante, el reconocimiento de la
asignación de retiro.
2.- Que se declare la Nulidad de la resolución número 5218 de fecha 28 de junio de
2017, donde se resuelve el recurso de reposición interpuesto por mi poderdante, donde
confirma la resolución número 2623 de abril de 2017.
3.- Que se REVOQUE la SENTENCIA AP NÚM. 73 Tema: Asignación de retiro
sustitución pensional, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –
SALA PRIMERA DE DECISIÓN RADICADO: 05001-33-33-016-2017-00472-01 – y en
su defecto dictar otra sentencia favor de la señora MAGDALENA GUTIERREZ DE
PARRA, ordenando a la CAJA DE REETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL,
a pagar la sustitución de pensional a partir del 18 de enero de 2017, a la señora
MAGDALENA GUTIERREZ DE PARRA, en calidad de esposa sobreviviente del señor
EDUARDO ANTONIO PARRA, por ser la cónyuge sobreviviente que le asiste el derecho
de la totalidad de la mesada pensional que en vida disfrutaba su esposo fallecido el 18
de enero de 2017.
4.- Que se tenga en cuenta la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO
DIECISÉIS (16) ADMINISTRATIVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN, emitida el treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve 2019), dentro del
proceso instaurando por la señora MAGDALENA GUTIÉRREZ DE PARRA en contra de
la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL- y, en su lugar, se
ACCEDE A LAS SUPLICAS DE LA DEMANDA, por SER UNA SENTENCIA AJUSTADA
EN DERECHO.
4.- Solicitar a los señores MAGISTRADOS, que, a título de restablecimiento del derecho
laboral, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL,
a reconocer y pagar a favor de la señora MAGDALENA GUTIERREZ DE PARRA, los
haberes dejados de cobrar por el señor EDUARDO ANTONIO PARRA hasta el 17 de
enero de 2017; así como el reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de
retiro, causada por el fallecimiento del causante a partir del 18 de enero de 2017.
5.- Solicito a los señores MAGISTRADOS, tener en cuenta el acervo probatorio anexo
en la demanda y el anexo en los alegatos efectuando un estudio pormenorizado, ya que
existe muchas contradicciones por parte de los argumentos de las pruebas presentadas
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
por la Compañera permanente, en cuanto al tiempo de convivencia. [sic para toda la
cita]
8. Para sustentar sus pretensiones, la señora Magdalena Gutiérrez de Parra
sostuvo que Cremil desconoció la Ley 979 de 2005, que modificó parcialmente la Ley
54 de 1990, la cual estableció unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital
de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes. En este caso,
obra su declaración extrajuicio en la que manifestó que:
[E]stuvo conviviendo en Unión Libre por espacio de cuatro (04) años y casada durante
cincuenta (50) años, con el señor EDUARDO ANTONIO PARRA, quien falleció en la
ciudad de Bogotá, D.C, el día 18 de enero de 2017, quien en vida se identificó con la
cedula de ciudadanía No. 6.452.820 de Sevilla -Valle, con quien convivio en forma e
ininterrumpida compartiendo techo, lecho y mesa, por veinte (20) años y casada por
especio de cincuenta (50) años, desde el día de su matrimonio católico ocurrido el día
07 de octubre de 1967 en la parroquia del Niño Jesús de Praga, de la ciudad de Medellín,
y hasta el día de su deceso ocurrido el día 18 de enero de 2017, con quien procreó dos
(02) hijos: LUIS EDUARDO Y SONY NORELA PARA GUTIERREZ, ambos vivos,
mayores de edad y ninguno se encuentra impedido para laborar [sic para toda la cita]
9. La misma declaración fue reproducida por los señores Sergio Arboleda Márquez
y Ciro González Guerrero ante la Notaría 21 de Medellín. De igual modo, afirmó que,
según extractos bancarios del Banco Colpatria, durante el 2012 recibió ayuda
económica de su difunto esposo (mensualmente por valores que oscilaban entre $
100.000 y $ 300.000), luego de manera esporádica, para cumplir sus obligaciones
como esposo y padre; y ella lo visitó con sus hijos durante su enfermedad. Además,
nunca fue retirada del servicio de salud de las fuerzas militares y su cónyuge
«consignaba o visitaba a su esposa e hijos esporádicamente, manteniendo una
amistad cordial».
10. Aseveró que tampoco se tuvo en cuenta que el 27 de enero de 2017 ella y la
señora Martha Lucía Duque Castro, de común acuerdo, expresaron ante la Notaría
Novena del Círculo de Medellín, que distribuirían la mesada pensional en partes
iguales. Sin embargo, Cremil no dio valor a esta actuación.
11. Señaló que tiene 76 años, sufre graves quebrantos de salud y no tiene capacidad
para laborar, ya que es oxígeno–dependiente. Además, siempre dependió
económicamente de su esposo, era ama de casa, no recibía salario ni pensión y no
tenía patrimonio propio. Añadió que la señora Martha Lucía Duque Castro falleció el
22 de agosto de 2021.
12. Adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia interpretó erróneamente la ley
sustancial, porque «debió aplicar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, entre otras
normas, desconoció el concepto de culpa del Código Civil, puesto que la señora
Magdalena Gutiérrez de Parra, no hizo vida en común con el causante por culpa de él,
y su abandono del hogar conformado por su esposa e hijos», pese a que el cónyuge
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
separado solo deberá demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos
durante 5 años en cualquier tiempo para obtener una cuota pensional en forma
proporcional, en armonía con las sentencias C-336 de 2014 y T-128 de 2016.
13. Así mismo, hubo una «falta de apreciación de las pruebas documentales
presentadas por la parte demandante y la equivocada apreciación de las presentadas
por el tercero interviniente», por lo que se incurrió en defecto fáctico.
2.3. Trámite procesal
14. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección C de la
Sección Tercera de esta corporación, que profirió auto el 5 de agosto de 20253, en el
que admitió la solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y Cremil.
Así mismo, vinculó en condición de terceros con interés al Juzgado Dieciséis
Administrativo de Medellín y a la señora Martha Lucía Duque Castro.
2.4. Intervenciones
15. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín4 remitió el proceso ordinario en
medio digital e indicó que acogería la decisión que se adopte en este trámite.
16. Cremil5 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, toda vez que no
existe vulneración alguna de derechos fundamentales, ya que la demandante tuvo a
su disposición los medios judiciales de defensa en todas las etapas procesales, por lo
que no se violó el debido proceso y, por ende, tuvo la oportunidad de acceder a la
justicia.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 remitió, a esta corporación, el expediente
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre
los hechos y pretensiones del escrito de tutela; y la señora Martha Lucía Duque Castro
guardó silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de septiembre de 20257, declaró improcedente la acción de tutela, por
no superar el requisito de relevancia constitucional. Consideró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia concluyó que, si bien se acreditó el vínculo matrimonial
entre Magdalena Gutiérrez y Eduardo Antonio Parra, no se demostró la convivencia
dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento del causante. En consecuencia, la
accionante no cumplió con el requisito exigido en el Decreto 4433 de 2004 para
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 4.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 9.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 11.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 8.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 15.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
acceder a la sustitución de la asignación de retiro recibida en vida por su cónyuge. Por
lo tanto, el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente.
19. Agregó que la decisión judicial censurada no fue dictada en forma arbitraria o sin
análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni transgredió los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario. En
consecuencia, la accionante pretendió imponer su interpretación sobre las
consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.
20. Señaló que la demandante reitera argumentos de índole legal desarrollados en
el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales el
derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, en la medida que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.
21. Respecto de la pretensión de nulidad de las Resoluciones 2623 y 5218 de 2017,
estimó que el escrito de tutela carece de una carga argumentativa suficiente que
evidencie el quebranto de derechos fundamentales derivado de dichos actos
administrativos. La accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de controvertir la legalidad de las citadas resoluciones, proceso que
ya fue resuelto por los jueces competentes. En ese sentido, no es posible acudir a la
tutela para reabrir un debate jurisdiccional previamente agotado ni para desplazar la
competencia de los jueces ordinarios. Por tal motivo, se abstendría de realizar un
examen de fondo sobre esta pretensión.
2.6. Impugnación
22. La parte accionante presentó escrito de impugnación8 en contra de la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Indicó que
se está ante derechos de relevancia constitucional, mas no ante diferencias
meramente legales, por lo que tampoco implica que se crucen órbitas de competencias
jurisdiccionales, porque entonces contra ninguna providencia judicial se podría
instaurar acción de tutela. Está en juego la protección de los derechos fundamentales
de la accionante, cuanto más si se trata de una persona mayor de 76 años, que cuenta
con protección especial por parte del Estado.
23. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia debió, entre otros, aplicar el
artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, estudiar las excepciones
legales y jurisprudenciales al requisito de haber convivido con el fallecido no menos de
2 años continuos con anterioridad a su muerte.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 19.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
24. Aseguró que, con fundamento en la aludida norma, la accionante tiene derecho
a que se le conceda la prestación reclamada por el solo hecho de tener el vínculo
matrimonial y demostrar nada más que hubo convivencia permanente en cualquier
tiempo; por lo tanto, la sustitución pensional debía ser compartida con la compañera
permanente (que acreditó la convivencia durante los últimos años de vida del
causante), pero como está ya falleció, se debe conceder en un 100 % a favor de la
esposa.
25. Por lo anterior, dijo reiterar la solicitud de declarar la nulidad de las Resoluciones
2623 y 5218 de 2017 y revocar la sentencia del 9 de junio de 2025, para ordenar al
Tribunal Administrativo de Antioquia dictar una nueva decisión favorable a la tutelante,
con la se le reconozca al derecho a recibir el pago de la sustitución de la asignación
de retiro, en calidad de cónyuge supérstite.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 5 de septiembre
de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa por activa de la señora Magdalena Gutiérrez de Parra
se encuentra acreditada porque actuó como parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 9 de junio de
2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que considera le
fueron vulnerados.
28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque es la autoridad que profirió la anterior providencia,
la cual, según afirmó la parte tutelante, quebrantó sus derechos fundamentales.
29. De igual modo, como quiera que una de las pretensiones de la accionante es que
se declare la nulidad de las resoluciones 2623 del 6 de abril y 5218 del 28 de junio de
2017, por las cuales Cremil le negó la sustitución de la asignación de retiro reclamada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por pasiva de esa entidad, la cual también fue vinculada en
condición de accionada en el auto admisorio de la solicitud de amparo.
3.3. Cuestión preliminar
30. En relación con la pretensión orientada a dejar sin efectos el fallo del 9 de junio
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el escrito de tutela la
accionante adujo que esa corporación incurrió en defecto fáctico; no obstante,
revisados los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, se observa que
también alegó una interpretación errónea de la ley sustancial. Por esta razón, de
determinar la procedencia de la presente acción, la Sala analizará la posible
configuración de los defectos sustantivo y fáctico respecto de dicha providencia.
3.4. Problemas jurídicos
31. Corresponde a la Sala decidir si confirma, revoca o modifica el fallo del 5 de
septiembre de 2025, dictado por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por no superar el requisito
de relevancia constitucional. Para ello, deberá resolver los siguientes problemas
jurídicos:
32. ¿La presente solicitud de amparo resulta procedente respecto de la pretensión
de nulidad de las resoluciones por las cuales Cremil le negó a la señora Magdalena
Gutiérrez de Parra la sustitución de la asignación de retiro de su cónyuge?
33. ¿La acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad contra
providencia judicial consistente en la relevancia constitucional?; en caso afirmativo,
¿también cumple con los presupuestos de procedibilidad restantes?
34. En el evento de estar acreditados aquellos requisitos, ¿el Tribunal Administrativo
de Antioquia incurrió en los defectos sustantivo y fáctico y, en consecuencia, afectó los
derechos fundamentales de la señora Magdalena Gutiérrez de Parra, con la sentencia
del 9 de junio de 2025, que revocó el fallo de primera instancia proferido el 30 de agosto
de 2019 por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín, para negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por
ella?
3.5. Procedencia de la acción de tutela respecto de la nulidad de actos
administrativos
35. En relación con esta pretensión, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la sentencia impugnada, estimó que se abstendría de realizar
un examen de fondo, por cuanto el escrito de tutela carecía de una carga
argumentativa suficiente que evidenciara la vulneración de derechos fundamentales
derivada de las resoluciones 2623 y 5218 de 2017 de Cremil; además de que la
accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
controvertir la legalidad de los citados actos, proceso que ya fue resuelto por los jueces
competentes y cuya decisión reprochó en este trámite de tutela.
36. La Sala advierte que las resoluciones 2623 el 6 de abril y 5218 del 28 de junio de
2017, por las cuales Cremil le negó a la señora Magdalena Gutiérrez de Parra la
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
sustitución de la asignación de retiro de su finado cónyuge, fueron objeto de demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del
proceso identificado bajo el número 05001-33-33-016-2017-00472-00/01, en el cual se
dictó la sentencia del 9 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que
también es objeto de censura en este trámite constitucional.
37. Por ende, en lo referente a esta pretensión, la acción de tutela resulta
improcedente al no satisfacer el requisito de subsidiariedad9, dada la existencia de un
proceso judicial en el que se examinó la legalidad de los mencionados actos
administrativos, lo que impide al juez constitucional emitir un pronunciamiento sobre el
particular, pues ello era propio de la órbita competencial del juez contencioso-
administrativo.
38. Lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de resultar procedente la solicitud de
amparo frente a la sentencia del 9 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, se analicen, con fundamento en los defectos invocados, la razonabilidad de
los motivos por los cuales esa corporación concluyó dicha legalidad.
3.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
39. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional11.
40. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
41. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
9 Artículos 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la
integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional
para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
42. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.6.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
43. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
44. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en
un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
45. En el presente asunto, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la señora Magdalena Gutiérrez de Parra, más allá de
mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó
12 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
13 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del
ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia
ajustada a derecho.
46. En tal sentido, no se comparte la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la presente acción al no encontrar probado este presupuesto general de
procedibilidad.
47. También se satisface el requisito de subsidiariedad, porque la parte accionante
no tiene otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus
derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
48. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto de reparo, es del 9 de junio
de 2025, notificada el 19 del mismo mes18 y la demanda de tutela se presentó el 29 de
julio de 202519, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia constitucional20 y el Consejo de Estado21 como razonable.
49. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
50. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
51. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales invocadas y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la señora Magdalena
Gutiérrez de Parra, para lo cual previamente se tratarán las generalidades de los
defectos invocados.
3.7. Generalidades de los defectos invocados
3.7.1. El defecto sustantivo
52. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
18 Samai, exp. 05001-33-33-016-2017-00472-01, índice 34.
19 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04729-00, índice 2.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.
53. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
54. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]23.
55. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido
a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
56. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4.° de la Constitución Política), la
obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2.° superior), la
primacía de los derechos humanos (artículo 5.° de la Constitución), el principio de
legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29
constitucional) y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228
superior)24.
3.7.2. El defecto fáctico
57. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»25. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión26» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
58. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»27. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»28.
59. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso29.
60. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial30, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»31.
61. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
30
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
31 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]32.
3.8. Caso concreto
62. La señora Magdalena Gutiérrez de Parra cuestionó la sentencia del 9 de junio de
2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la decisión del
Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín, que accedió a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar negarlas, al haber incurrido esa corporación en los defectos
sustantivo y fáctico.
63. En relación con el primero, aunque en el escrito introductorio la demandante
adujo que debió examinarse el caso al amparo del artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
en el memorial de impugnación pidió la aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, en su versión original. No obstante, el sustento de su petición se basa en que
no es dable exigirle el requisito de convivencia por los 5 años anteriores al deceso del
causante, dada su condición de esposa con sociedad conyugal vigente y la
convivencia con la compañera permanente durante los últimos 5 años de vida del
pensionado, es decir, que, en su criterio, aquel presupuesto puede acreditarlo en
cualquier tiempo, al amparo del régimen general de pensiones.
64. En lo relativo al defecto fáctico, se observa que en la solicitud de amparo se alegó
una indebida valoración probatoria, en particular frente a las declaraciones extrajuicio
aportadas por la demandante, los extractos bancarios del año 2012 y el acuerdo al que
llegaron las señoras Magdalena Gutiérrez y Martha Lucía Duque Castro en torno a la
distribución equitativa de la asignación de retiro del señor Eduardo Antonio Parra, con
base en las cuales se probaron los lazos de solidaridad y apoyo económico entre los
cónyuges; y aunque adujo una equivocada apreciación de las pruebas presentadas
por Martha Lucía Duque Castro, no precisó cuáles.
65. En la impugnación, en lo atinente a las pruebas, solo se reiteró la petición de
32 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
tener en cuenta las aportadas al proceso con la demanda y los alegatos, al haber
contradicciones respecto de las presentadas por la compañera permanente, sin dar
explicaciones sobre el particular.
66. Precisado lo anterior, la Sala abordará el estudio conjunto de los defectos
propuestos por la parte actora y, en principio, verificará la normativa que tuvo en cuenta
el Tribunal Administrativo de Antioquia y con base en esta la valoración probatoria
realizada, para luego determinar la pertinencia de la aplicación del régimen general de
pensiones.
67. Ahora bien, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la señora
Magdalena Gutiérrez de Parra solicitó que le fuera reconocida la sustitución de la
asignación de retiro de su esposo fallecido, dado su vínculo matrimonial desde el 7 de
octubre de 1967 y que durante un período aproximado de 20 años compartieron techo
y lecho en forma ininterrumpida, pero, pese a que dejaron de convivir, él mantuvo
relaciones cordiales de afecto y ayuda con ella, para lo cual invocó el parágrafo 2.° del
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
68. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín analizó el caso con fundamento
en la mencionada norma y bajo el supuesto de que hubo convivencia simultánea entre
la cónyuge y la compañera permanente Martha Lucía Duque Castro, para concluir,
luego del análisis probatorio, que a ambas les asistía el derecho a la sustitución
pensional, al haber demostrado la accionante que si bien no convivió con su esposo
durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, acreditó que existió solidaridad y
apoyo económico; mientras que con la compañera permanente sí convivió desde el
año 1980 hasta su muerte (18 de enero de 2017) en Bogotá. Por ende, ordenó pagar
la sustitución de la asignación de retiro en partes iguales.
69. Contra la anterior decisión, Cremil y la señora Martha Lucía Duque Castro
interpusieron recursos de apelación. La primera invocó el artículo 12 del Decreto 4433
de 2004, que establece la pérdida de la condición de beneficiario, máxime cuando la
demandante no acreditó la convivencia por 5 años anteriores al deceso del causante.
La segunda alegó que la actora compartió con su esposo menos de 10 años, no
demostró el apoyo económico, no estuvo en ninguno de los eventos de enfermedad y
hospitalización del pensionado, mientras ella, como compañera permanente, sí vivió
con él por más de 36 años, por lo que nunca existió convivencia simultánea; y si en
gracia de discusión, se admitiera el derecho a favor de la esposa, sería proporcional
al tiempo convivido, es decir, en un 22 % para esta.
70. Por su parte, el tribunal accionado, inicialmente, precisó que no era objeto de
controversia el derecho de la compañera permanente a la sustitución pensional, sino
el que alegaba la demandante que le asistía en condición de cónyuge supérstite, por
lo que con fundamento en el Decreto 4433 de 2004 era necesario determinar si la
señora Magdalena Gutiérrez convivió con el causante durante los 5 años
inmediatamente anteriores a la muerte. Con este propósito, advirtió que se encontraba
probado la calidad de afiliada de la actora a los servicios de salud de las fuerzas
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
militares, como beneficiaria de su esposo, y la declaración juramentada de ella acerca
de que convivió con este desde el 7 de octubre de 1967 (cuando contrajeron nupcias)
hasta cuando se suspendió la convivencia en 1987, sin haber divorcio.
71. De igual modo, valoró cada uno de los testimonios recibidos que fueron
coincidentes acerca de la existencia del vínculo matrimonial entre el pensionado y la
señora Magdalena Gutiérrez de Parra y de su convivencia con la señora Martha Lucía
Duque Castro por más de 30 años en la ciudad de Bogotá, quien lo acompañó en su
enfermedad, y cuando estuvo grave la demandante lo visitaba una que otra
oportunidad. Análisis que llevó al tribunal a concluir que no se acreditó la convivencia
efectiva entre la actora y el señor Eduardo Parra durante los 5 años anteriores a su
deceso, requisito exigido por el Decreto 4433 de 2004 para acceder a la sustitución de
la asignación de retiro.
72. Así mismo, estimó que, aunque existía prueba del matrimonio de la accionante
con el causante y de su afiliación al sistema de salud militar, en la declaración
juramentada de la señora Magdalena Gutiérrez, esta reconoció que la convivencia
cesó en el año 1987 y que desde entonces no compartieron techo, lecho y mesa;
además, ninguno de los declarantes refirió contacto cercano entre el causante y su
cónyuge en los últimos años de vida. Por ende, precisó que la convivencia implica una
relación material, real, estable y con vocación de permanencia, sustentada en el apoyo
mutuo, el auxilio espiritual, moral y económico, la cual no se limita al mero vínculo
jurídico del matrimonio, sino que se refiere a la persona que compartió efectivamente
la vida con el causante en los 5 años anteriores a su fallecimiento.
73. Por lo anterior, concluyó que si bien la señora Magdalena Gutiérrez fue la
cónyuge del señor Eduardo Antonio Parra, según el material probatorio allegado al
expediente, no convivieron durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, pues, por
el contrario, estaba acreditado que fue la señora Martha Lucía Duque Castro quien
compartió en forma continua y estable su vida con el causante durante más de 30
años, tiempo durante el cual le prestó acompañamiento moral y físico en su
enfermedad, lo asistió en sus tratamientos médicos y estuvo presente en el momento
de su muerte.
74. De lo expuesto por la autoridad accionada, cabe anotar que el parágrafo 2.° del
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, invocado en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, dispone:
Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se aplicarán
las siguientes reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite.
En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
16
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución.
Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y b del presente
parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente.
75. Aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia no hizo referencia al artículo 12
del mismo Decreto 4433, este prevé que:
Pérdida de la condición de beneficiario. Se entiende que falta el cónyuge o compañero
(a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las
siguientes circunstancias, según el caso:
12.1 Muerte real o presunta.
12.2 Nulidad del matrimonio.
12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho.
12.4 Separación legal de cuerpos.
12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de separación de hecho.
76. En este orden de ideas, en virtud del régimen especial de la fuerza pública y en
atención a los hechos probados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, no se avizora arbitrariedad en la conclusión adoptada por el tribunal en
relación con el requisito de convivencia que exige el Decreto 4433 de 2004, máxime
cuando la demandante dejó de convivir con su esposo desde el año 1987 — por lo que
se hallaba en el supuesto normativo del artículo 12.5 — y, en tal sentido, para acceder
17
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
a la prestación reclamada debía acreditar los 5 años de convivencia anteriores al
deceso de aquel.
77. De la valoración integral de los medios probatorios por parte del tribunal fue dable
establecer que no se colmó dicho presupuesto, toda vez que el simple hecho de la
afiliación a los servicios de salud de las fuerzas militares no era prueba fehaciente de
los lazos de apoyo mutuo; situación corroborada con los testimonios, que, en su
mayoría, fueron coherentes al afirmar que quien convivió con el causante por más de
30 años en Bogotá fue la señora Martha Lucía Duque Castro, en su condición de
compañera permanente, que lo acompañó y socorrió durante su enfermedad hasta
cuando falleció. Diferente era la relación de cordialidad entre los esposos, dada la
existencia de unos hijos, tanto es así que la actora reconoció las visitas esporádicas u
ocasionales de él a su casa y de ella solo cuando estuvo gravemente enfermo.
78. En relación con los extractos bancarios del año 2012 y el acuerdo al que llegaron
las señoras Magdalena Gutiérrez y Martha Lucía Duque Castro en torno a la
distribución equitativa de la asignación de retiro del señor Eduardo Antonio Parra ante
la Notaría Novena del Círculo de Medellín, aducidos en el escrito de tutela, se precisa
que, revisado el expediente ordinario, dichos documentos fueron aportados por la parte
demandante con el memorial de alegatos de conclusión, presentado en primera
instancia; ante lo cual en el fallo del 30 de agosto de 2019 el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Medellín negó su incorporación al proceso por haberse allegado
fuera de las oportunidades probatorias que el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) establece.
79. En efecto, el artículo 212 del CPACA preceptúa que son oportunidades para
aportar pruebas en primera instancia, en lo que atañe a la parte accionante, la
demanda, su reforma y la oposición a las excepciones; por ende, tanto el aludido
juzgado como el tribunal accionado no estaban habilitados legalmente para la
valoración de los documentos que el apoderado de la accionante allegó con los
alegatos de conclusión; una actuación contraria implicaría soslayar las etapas
procesales que el legislador prevé para el debate probatorio, en contravía de los
derechos de defensa y contradicción de la contraparte. En ese sentido, carece de
asidero jurídico su pretensión de tener en cuenta el acervo probatorio anexado con
dichos alegatos, con el fin de controvertir las pruebas de la señora Duque Castro.
80. Así las cosas, en cuanto a la aplicación del régimen especial de la fuerza pública
y el examen de los elementos probatorios, en armonía con lo planteado en la demanda,
el fallo de primera instancia y los recursos de apelación, en lo atinente al requisito de
la convivencia de los 5 años anteriores al deceso del causante exigido para la cónyuge,
la Sala advierte que la autoridad accionada, lejos de incurrir en una indebida valoración
de los testigos y de los documentos allegados al proceso en las oportunidades
probatorias pertinentes, su apreciación fue acorde con los parámetros de la sana
crítica y en ejercicio de su autonomía e independencia judicial.
81. No obstante, en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y de iura novit
18
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
curia33, el tribunal estaba en el deber constitucional de examinar el caso a la luz de las
normas que rigen el régimen general de pensiones vigente para la época del deceso
del pensionado (18 de enero de 2017), es decir, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, que, además de no establecer causales de pérdida
de la condición de beneficiario — como lo hace el Decreto 4433 de 2004 en su artículo
12 —, prevé el derecho de la esposa con sociedad conyugal vigente, pero con
separación de hecho, a ser beneficiaria de la sustitución pensional, en los siguientes
términos:
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria
o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación
de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
[…] (subrayado de la Sala)
82. En la sentencia C-336 de 2014, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
de la expresión «La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe
la sociedad conyugal vigente» contenida en la precitada norma, al considerar que esta
33
Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Principio de iura novit curia: «'El tribunal conoce el derecho'.
Principio que permite a un órgano judicial aplicar normas distintas a las invocadas por las partes…».
19
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
«busca equilibrar la tensión surgida entre el último compañero permanente y el
cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se disolvieron los vínculos
jurídicos». Así mismo, esa corporación ha precisado que en este tipo de eventos «no
hace falta que el cónyuge supérstite demuestre que convivió con el causante durante
los últimos cinco años de su vida, sino, solamente, que convivió con él o ella más de
cinco años en cualquier tiempo»34.
83. En relación con la aplicación de los principios de favorabilidad e igualdad en caso
de conflicto normativo entre lo previsto en los regímenes pensionales especiales y el
general, cuando aquellos establecen mayores limitaciones, esta Sección Segunda, en
el fallo de unificación CE-SUJ-016-19 del 30 de mayo de 201935, al estudiar un caso
de pensión de sobrevivientes, advirtió que en virtud del primero se debe escoger en su
integridad el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado
o beneficiario del sistema de seguridad social; mientras que el segundo permite
determinar su transgresión cuando exista un trato diferenciado en la norma de carácter
especial que conlleve una desmejora evidente, de manera arbitraria y sin razón
aparente, frente a quienes están afiliados al régimen general.
84. Lo anterior, máxime cuando están concernidos los derechos al mínimo vital y a
la seguridad social en materia pensional y de salud de personas de la tercera edad,
dada su condición de debilidad manifiesta, que las hace acreedoras de una protección
especial por parte de las autoridades estatales, como lo ha reconocido la Corte
Constitucional36 y el Consejo de Estado37.
85. Ahora bien, aunque en la demanda no se invoque la aplicación de las normas del
régimen general de pensiones, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18 del 12
de abril de 201838, la Sección Segunda de esta corporación precisó que el artículo 103
del CPACA prevé que el objeto de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política
y la ley, así como la preservación del orden jurídico; por ende, surge con mayor auge
el principio de iura novit curia, según el cual es obligación del juez aplicar el derecho,
pese a las deficiencias en la invocación de los fundamentos normativos por las partes,
y de resolver los conflictos con base en las normas que correspondan, sin que ello
constituya un fallo extra petita (fuera de lo pedido). Así mismo, se explicó que:
48. En esas condiciones, es claro que el derecho pensional, como prestación concebida
dentro del sistema de seguridad social integral, no debe considerarse ajeno a dicho
principio, máxime si se tiene en cuenta su naturaleza de fundamental, irrenunciable y de
34 Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2017.
35 Proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02235-01(2602-16), también atinente a una pensión de
sobrevivientes.
36 Sentencias T-719 de 2003, T-606 de 2016, T-383 de 2015, T-728 de 2014, T-266 de 2014, T-025 de 2014 y T-
342 de 2014.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, proceso con radicado
05001-23-33-000-2017-02535-01 (1452-19). De la misma Subsección puede consultarse los fallos del 7 de
noviembre de 2024 y 5 de junio de 2025, procesos con radicado 66001-23-33-000-2018-00231-01 (1351-2024) y
76001-23-33-000-2018-00850-01 (5081-2022), respectivamente.
38 Proceso con radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15).
20
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
aplicación inmediata, lo que en principio faculta al juez para verificar el alcance de las
pretensiones39, interpretar los hechos de la demanda40 e incluso para aplicar el régimen
pensional que corresponda a los presupuestos fácticos, así el citado régimen no haya
sido expresamente invocado en la demanda o haya sido invocado de manera errónea.
49. No obstante lo anterior, en la aplicación de tal principio deben tenerse en cuenta
algunas limitaciones señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las
cuales se encuentran las siguientes:
• Debe respetarse el principio de congruencia y por ello al juez no le está dado
desconocer la relación lógica de coherencia entre los fundamentos fácticos que
sustentan la pretensión y el objeto de la decisión judicial.
• Al juez no le está dado suplir carencias procesales, como puede ser, entre otros, el
poder para actuar.
• No es posible agravar la situación al apelante único, salvo que fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación que se pida, en los
términos del artículo 328 del Código General del Proceso.
• En segunda instancia, deberá tener especial cuidado de que los hechos litigiosos
sobre los cuales vaya a decidir hayan sido objeto del debate probatorio 41.
1.1.1.3. Naturaleza del derecho a la seguridad social
50. La aplicación del principio iura novit curia cobra especial importancia en materia
laboral y de seguridad social. En efecto, la naturaleza de derecho fundamental de la
seguridad social y el hecho de que el régimen general de seguridad social integral
consagrado en la Ley 100 de 1993 tenga «por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con
la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten»42, son
condiciones que a las autoridades públicas no les está permitido desconocer. Ello implica
que está vedado entender que el no invocar expresamente una norma, conlleva una
dimisión a su aplicación en el caso concreto, por parte del interesado.
86. Igualmente, en dicha providencia se aclaró que el debido proceso de la entidad
de previsión social concernida no se quebranta al aplicar el principio de iura novit curia,
por cuanto la persona interesada ha pedido expresamente el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes basada en los mismos hechos, es decir, que existe identidad
de pretensiones y de fundamentos fácticos, aunque con invocación de normas distintas
a las que el juez considere aplicables al caso concreto, cuanto más, si también la
función administrativa debe propender hacia la efectividad de los derechos
constitucionales.
87. Así las cosas, como quiera que la situación fáctica invocada por la señora
Magdalena Gutiérrez de Parra, a partir del análisis probatorio, conducía a advertir la
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, 6 de abril de 2011. Rad.: 11001-03- 25-000- 2009-00038- 00(0901-09).
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de octubre de 2016, radicación: 52001-23-
31-000-1998-00092-01(38335), actor: Agrocultivos del Pacífico y otros.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, radicación: 47001-
23-31-000-2001-00660-01(36285), actor: Consultores Constructores Asociados Limitada.
42 Artículo 1 de la Ley 100 de 1993.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
existencia de la sociedad conyugal al momento de la muerte y que hizo vida marital
con su esposo por un tiempo superior a 5 años; además de que la señora Martha Lucía
Duque Castro en su recurso de apelación, indicó que en caso de insistir en que la
demandante tenía derecho a la sustitución de la asignación de retiro, debería
reconocerse proporcional al tiempo convivido, no le era dable al tribunal desconocer la
norma más favorable contenida en la Ley 100 de 1993, en desmedro del amparo del
derecho a la salud de la demandante, quien era beneficiaria del sistema de sanidad de
las fuerzas militares por parte del causante y dada su avanzada edad.
88. A partir del contexto normativo y jurisprudencial expuesto, se concluye que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el proferir la sentencia del 9 de junio de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto la situación fáctica advertida en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho también debía ser verificada a la luz del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, en aplicación de los
principios de favorabilidad, igualdad e iura novit curia, dada la existencia de una
sociedad conyugal vigente a la muerte del causante, pese a la convivencia demostrada
por la compañera permanente durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del
pensionado, en aras de definir el reconocimiento de la sustitución pensional pretendida
por la demandante, proporcional al tiempo convivido.
4. CONCLUSIONES
89. Por las razones anotadas, la sentencia del 9 de junio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia43 de la señora
Magdalena Gutiérrez, al incurrir en defecto sustantivo, por cuanto a partir de la
situación fáctica corroborada en el proceso ordinario, sin justificación, dejó de examinar
el asunto con fundamento en el régimen general de pensiones, en particular, en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, con
desconocimiento de los principios de favorabilidad, igualdad e iura novit curia, en
armonía con los precedentes de esta corporación sobre la aplicación integral de dicho
régimen en casos de pensiones de sobrevivientes de personal de la fuerza pública.
90. En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia del 5 de septiembre de
2025, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela, y, en su lugar, se ampararán los derechos
fundamentales de la accionante y se dejará sin efectos el fallo del 9 de junio de 2025,
dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la providencia del 30
de agosto de 2019 por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín, por encontrar
configurado el defecto sustantivo.
43 Aunque en la solicitud de amparo se invocaron, además, los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
vida, a la integridad personal, al mínimo vital y a la seguridad social, lo cierto es que, de conformidad con el estudio
constitucional realizado en esta providencia, al haberse omitido el análisis del asunto con fundamento en la
normativa que le era más favorable y, en tal sentido, incurrir en defecto sustantivo, la Sala estima quebrantados los
derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia (en su componente de tutela
judicial efectiva), por cuanto en esta providencia no se dispone el sentido en el que debe resolverse el asunto de
fondo ventilado en el medio de control ordinario.
22
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
91. En tal sentido, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia emita un
nuevo fallo en el que decida el asunto sometido a su conocimiento en segunda
instancia dentro del expediente con radicado núm. 05001-33-33-016-2017-00472-01,
de conformidad con el régimen general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993,
con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, en atención a los principios de
favorabilidad, igualdad, iura novit curia e inescindibilidad normativa, de acuerdo con
las consideraciones expuestas en esta providencia.
92. Por último, se declarará improcedente la acción de tutela respecto de la
pretensión de nulidad de las resoluciones 2623 del 6 de abril y 5218 del 28 de junio de
2017 de Cremil, al estar concernido el estudio de su legalidad dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la sentencia aquí censurada,
por lo que la tutela no colma el requisito de subsidiariedad.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de septiembre de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la
acción de tutela; en su lugar:
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la señora
Magdalena Gutiérrez de Parra, por las razones expuestas en esta decisión
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de junio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del expediente con radicado núm.
05001-33-33-016-2017-00472-01, en atención a las razones expresadas en esta
decisión.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera
una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta
providencia.
QUINTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión de
nulidad de las resoluciones 2623 del 6 de abril y 5218 del 28 de junio de 2017 de
Cremil, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04729-01 (12021)
Accionante: Magdalena Gutiérrez de Parra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
24
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.