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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04758-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04758-01

Fecha
11 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04758-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la tutela de Julio Antonio Parody Hernández, en los términos y por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14. 13 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 14 secgeneral@consejodeestado.gov.co 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-01 Demandantes: Julio Antonio Parody Hernández Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04758-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

11 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-01
Demandantes: Julio Antonio Parody Hernández
Demandados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionada con el reconocimiento de un contrato realidad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
4 de septiembre de 2025, por medio de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
carecer de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 31 de julio de 2025, Javier Ochoa Barrios, en nombre propio y como
apoderado de Julio Antonio Parody Hernández, presentaron una acción de
tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
”discriminación de trato” y trabajo, que consideraron vulnerados con
ocasión a la Sentencia de 26 de junio de 2025, proferida dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2017-02987-
01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “(…) SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por carecer de los requisitos subsidiariedad y

relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-01
Demandantes: Julio Antonio Parody Hernández
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

“De manera respetuosa solicito al Honorable Consejo de Estado, en su
condición de Juez Constitucional, tutelar mis derecho fundamentales y los de
mi cliente Julio Antonio Parody Hernández dentro del expediente 25000-23-42-
000-2017-02987- 01(2593-2021), con ocasión de la expedición de la sentencia de
segunda instancia de fecha 26 de junio de 2025 (notificada el 10 de julio de
2025), pues con la expedición del fallo se han violado los derechos
fundamentales al debido proceso, discriminación de trato, derecho al trabajo,
entre otros, por lo que solicito:

Primero. Que se revoque el fallo de segunda instancia de fecha 26 de junio de
2025 emitido por la accionada, y en su lugar se emita fallo en el que se analicen
y emita un pronunciamiento de fondo que tenga en cuenta los alegatos de
conclusión1 oportunamente allegados por el suscrito abogado y las pruebas
aportadas2 y obrantes en el proceso y que la sentencia omite, e indica que
nunca se presentaron o no existen -respectivamente-.

Segundo. Las demás órdenes y condenas de origen constitucional que el
honorable Juez Constitucional a su saber y entender emita para salvaguardar
los derechos fundamentales violados y subsane los defectos y vicios en que
incurrió a la sentencia de fecha 26 de junio de 2025.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 22 de junio de 2017, Julio Antonio Parody Hernández, por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte (IDRD)3, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del
Oficio No. 20171100000551 de 5 de enero de 2017, mediante el cual la
entidad demandada negó el reconocimiento de una relación laboral con
el actor por el período comprendido entre el 10 de abril de 2015 y el 13 de
marzo de 2016.

5. 2) Mediante Sentencia de 31 de enero de 2019, la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a
las pretensiones de la demanda, al considerar que el IDRD encubrió la
naturaleza real de la labor desempeñada por el actor y que se configuró
una verdadera relación laboral, en tanto él ejecutaba funciones
equivalentes a las asignadas al cargo de Profesional Universitario, código
219, grado 2, perteneciente a la planta de personal de la entidad, conforme
con el manual específico de funciones.

6. 3) La parte demandada apeló la sentencia. Cuestionó la valoración
de los testimonios de Anayiberth Castiblanco Herrera y María Fernanda Mora
Quiroga. Alegó que la primera no fue objetiva por su cercanía con el actor
y por responder con precisión solo a las preguntas del apoderado de la
parte demandante, mientras que respondió de forma imprecisa a las de la
entidad. Respecto de la segunda, señaló inconsistencias en relación con los

3 Rad. 25000-23-42-000-2017-02987-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-01
Demandantes: Julio Antonio Parody Hernández
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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horarios en que el actor supuestamente cumplía el objeto contractual y su
permanencia en el escenario. También afirmó que el fallo omitió considerar
que, aunque las funciones contratadas no exigían ejercer la abogacía, el
perfil del cargo requería acreditar título profesional.

7. 4) Mediante Sentencia de 26 de junio de 2025, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A revocó la sentencia apelada y, en su lugar,
consideró que no se probó la subordinación como elemento esencial de la
relación laboral alegada, así (se trascribe):

“(…) para la Sala no hay pruebas sobre el desbordamiento de las condiciones
pactadas en los contratos de prestación de servicios, pues, se echa de menos
elementos de convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi.
(…)
No puede extraerse con un mínimo grado de certeza que se le exigiera al actor
que ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de tiempo y modo
impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se demostró que se hubiera
ejercido una imposición decisiva sobre la manera en la que debía desarrollar
sus actividades.”

8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto fáctico, al omitir la
valoración de pruebas documentales relevantes que obraban en el
expediente. Señaló que, pese a haberse aportado más de 2770 folios que
acreditaban el elemento de la subordinación, el fallo afirmó que no existía
documentación distinta a los contratos celebrados que permitieran inferir
que la prestación del servicio se dio bajo esa condición. Dicha omisión
impidió una adecuada reconstrucción de los hechos y desconoció el
principio de valoración integral de la prueba.

9. Asimismo, alegó una violación directa de la Constitución, porque el
fallo ignoró los alegatos de conclusión presentados oportunamente el 9 de
diciembre de 2021, y sí valoró los presentados por la parte demandada, lo
que vulneró el derecho al debido proceso, a la igualdad de trato procesal,
al trabajo del abogado y a la defensa técnica del accionante.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

10. En Sentencia de 4 de septiembre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela. Consideró
que no se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de

4 Mediante Auto de 19 de agosto de 2025, el despacho ponente de la Sección Primera dispuso (1) admitir la acción

de tutela interpuesta por Julio Antonio Parody Hernández; (2) tener como accionado a la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; y (3) vincular al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y a la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04758-01
Demandantes: Julio Antonio Parody Hernández
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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tutela contra providencias judiciales, en particular los de subsidiariedad y
relevancia constitucional. Indicó que la parte actora contaba con el
mecanismo de solicitud de adición previsto en el artículo 287 del Código
General del Proceso para controvertir la omisión alegada sobre los alegatos
de conclusión, y que no hizo uso de este. Asimismo, concluyó que la
controversia planteada no evidenciaba una afectación directa a derechos
fundamentales, sino una discrepancia con la valoración probatoria y la
interpretación jurídica realizada por el juez natural.

11. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
escrito de impugnación en el que cuestionó la aplicación del requisito de
subsidiariedad, al considerar que se exigió de forma indebida la
interposición de una solicitud de adición contra la sentencia de segunda
instancia, habida cuenta que esta, por regla general, no tiene término de
ejecutoria, y que el litigio fue resuelto en su totalidad.

12. Sostuvo que, contrario a lo indicado por el juez de tutela de primera
instancia, la acción de tutela sí planteaba una cuestión de relevancia
constitucional, ya que las omisiones del fallo judicial impugnado
comprometían directamente derechos fundamentales como el debido
proceso, el trabajo y la defensa técnica.

13. Afirmó que el desconocimiento de los alegatos de conclusión y de las
pruebas documentales presentadas en tiempo no podía considerarse una
simple irregularidad procesal, sino una vulneración sustancial que la deja en
estado de indefensión, por lo que debía ser objeto de protección
constitucional, sin que se pretendiera usar la acción de tutela como una
tercera instancia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Cuestión previa – Legitimación activa en la causa. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.

2.1. Cuestión previa – Legitimación activa en la causa

14. Si bien el abogado Javier Ochoa Barrios indicó, expresamente, actuar
en nombre propio y como apoderado de Julio Antonio Parody Hernández,
esta Sala ha de precisar, con fundamento en jurisprudencia de la Corte
Constitucional5, que el abogado que obra dentro de un proceso judicial, en

5 Sentencia T-526 de 1998. En la cual la Corte reiteró que “el apoderado no gestiona ante los jueces sus propios

derechos sino que es vocero de los que puedan corresponderle a su patrocinado”. Así mismo, que “la titularidad
de los derechos en juego se predica de la parte, que es permanente, mientras que el apoderado no lo es, ya que
su mandato es revocable y susceptible de sustitución e incluso de renuncia; por tanto, los derechos invocados
como fundamento de la acción de tutela no son de quien actuó en condición de representante, sino que se

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Demandantes: Julio Antonio Parody Hernández
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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virtud de un poder, no lo hace en ejercicio ni en defensa de sus propios
derechos sino en los de sus poderdantes.

15. En consecuencia, las pretensiones que, en este caso, formula el
abogado en nombre propio carecen de fundamento (amparo de su
derecho al trabajo y gestión profesional), comoquiera que él no ostentó la
condición de parte procesal ni la de tercero interesado, sino simplemente la
de apoderado del señor Parody Hernández, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2017-02987-01, cuya
providencia judicial de segunda instancia aquí se enjuicia. Por lo tanto, esta
Sala se pronunciará, únicamente, sobre la posible afectación del derecho
al debido proceso del poderdante.

2.2. Fijación de la controversia

16. Corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. En caso
afirmativo, deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en un defecto fáctico y/o en una violación directa de la
Constitución al proferir la Sentencia de 26 de junio de 2025, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-
2017-02987-01, y si, con ello, vulneró el derecho al debido proceso del señor
Parody Hernández. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará,
modificará o revocará la decisión de primer grado.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela.

18. A diferencia del juez de tutela de primera instancia, la Sala no está de
acuerdo con exigir la solicitud de adición de sentencia para tener por
superado el requisito de subsidiariedad, ya que dicha solicitud procede
cuando una decisión omite resolver sobre cualquiera de los extremos del
litigio o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, no cuando, a juicio de la parte actora, no se
valoraron los alegatos de conclusión.

19. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala comparte que no se superó el
requisito de relevancia constitucional, pero por las siguientes razones:

radican en cabeza de la parte procesal que, por lo mismo, es la llamada a solicitar el amparo en caso de
considerarlos vulnerados o amenazados”.

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20. Para la Corte Constitucional, este requisito encuentra su razón de ser
en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la
necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia
adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como
finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de
preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde
se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en
una instancia adicional6.

21. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto7; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario8 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad9.

22. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310, estableció
que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

23. En el contexto de la valoración probatoria, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que, conforme a los principios de autonomía e
independencia judicial, la valoración de las pruebas corresponde al juez
natural. En consecuencia, “la intervención del juez de tutela debe ser de
carácter extremadamente reducido, porque no puede percibir como
fuente directa los elementos probatorios en la misma medida que el juez

6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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ordinario en ejercicio del principio de inmediación probatoria”11. Esta
restricción delimita el alcance del juez constitucional y condiciona la
procedencia del amparo a la existencia de una carga argumentativa
mínima que permita identificar razonablemente la existencia de un defecto,
cuya alegación trascienda el plano legal y comprometa derechos
fundamentales.

24. En el caso concreto, la Sala evidenció que la parte actora no explicó
de manera clara y suficiente las razones por las cuales consideró que se
incurrió en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, pues
se limitó a manifestar (se trascribe):

“a. Defecto fáctico: Pues, conforme a lo indicado por la misma sentencia, no
valoró las otras pruebas documentales aportadas, pues indicó que la
documental existente que analizó fueron los contratos.

b. Violación directa de la constitución: Se concreta cuando se viola el debido
proceso por no tener en cuenta los alegatos de conclusión, que fueron
oportunamente radicados el 09 de diciembre de 2021 por el suscrito
apoderado. Lo que a la par viola mi derecho al trabajo y el derecho de defensa
técnica de mi cliente.”

25. En virtud de lo anterior, la Sala considera que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, al no satisfacer una carga mínima
argumentativa que permitiera evidenciar la configuración de los defectos
alegados. En relación con el defecto fáctico, la parte actora se limitó a
manifestar que el juez natural omitió valorar pruebas documentales, sin
precisar cuáles eran ni qué hechos concretos habrían sido desconocidos ni
justificar por qué su valoración habría podido modificar el sentido del fallo12.
Tal omisión impide establecer si se trataba de elementos de convicción
determinantes para la decisión judicial y si su eventual exclusión pudo tener
un efecto trascendente en la resolución del litigio y, al contrario, lo que
evidencia es una diferencia interpretativa del material probatorio.

26. De otra parte, en lo relativo a la violación directa de la Constitución,
tampoco se acreditó la carga argumentativa suficiente, pues su
fundamento se redujo a afirmar que no se valoraron los alegatos de
conclusión. Sin embargo, la sola presentación de dichos alegatos no
constituye un mecanismo de contradicción probatoria, por lo que su

11 Corte Constitucional, Sentencias SU-198 de 2013, SU-448 de 2016, T-008 de 2020 y reiterada en la Sentencia T-168

de 2025.
12 Respecto a este punto, la Corte Constitucional ha señalado que (Sentencia T-168 de 2025): “el defecto fáctico

no se configura por cualquier error. Debe ser (i) irrazonable, es decir, ostensible, flagrante y manifiesto; y
(ii) trascendente, dado que debe tener un impacto directo, fundamental o sustancial en la decisión judicial
adoptada. Esto implica que, de no haberse presentado el error alegado, la decisión hubiera sido distinta. Por lo
tanto, el defecto fáctico no se configura por divergencias subjetivas de la valoración probatoria, debido a la
función que tiene el juez natural de determinar cuál de todas las interpretaciones razonables posibles es la que
mejor se ajusta al caso concreto”.

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referencia refuerza la conclusión de que la parte busca reabrir la valoración
probatoria del proceso por vía de tutela.

27. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional13.

2.4. Conclusión

28. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo, pero, únicamente, por falta de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
tutela de Julio Antonio Parody Hernández, en los términos y por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.

13 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Decisión: Confirma
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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