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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02987-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02987-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. REVOCAR la sentencia treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones; para en su lugar, negarlas. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI». 2 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 25000-23-42-000-2017-02987-01 (2593-2021)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02987-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02987-01 (2593-2021).
Demandante: Julio Antonio Parody Hernández.
Demandado: Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD
Tema: Relación laboral encubierta. Administrador de parques IDRD-
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil Diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Julio Antonio Parody Hernández instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD con el fin de que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 20171100000551 del 5 de enero de 2017, que
negó el reconocimiento de la relación laboral y en consecuencia la existencia de
esta por el periodo comprendido entre el 10 de abril de 2015 al 13 de marzo de
2016.

Que a título de restablecimiento del derecho se reconozcan y paguen las diferencias
salariales y el total de prestaciones sociales que devengan los empleados de planta,
sumas debidamente indexadas, con las sanciones por el no pago de las mismas.

Que se ordene el reintegro al cargo y que se condene en costas al demandado.

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que estuvo vinculado al IDRD como administrador de uno de los parques de dicha
entidad entre el 10 de abril de 2015 y el 13 de marzo de 2016 y que sus funciones
se asemejan a las de un profesional universitario código 219 grado 02.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 11 de julio de 2017, notificada a la
entidad demandada, quien expresó que el IDRD tiene una estructura jerárquica y
existen manuales, procedimientos y actos administrativos que se deben cumplir,
pero que eso por sí solo no genera subordinación de los contratistas.

Que no puede deducirse un nivel de subordinación pues nunca estuvo sometido al
cumplimiento estricto de órdenes impartidas por algún superior jerárquico, que
siempre se trató de una relación de coordinación de las actividades encomendadas,
que nacieron del desarrollo y ejercicio de la supervisión.

Que la sanción disciplinaria a la que hace alusión el Tribunal, se refiere a una
suspensión del ejercicio profesional de abogado desde el 18 de diciembre de 2015
hasta el 17 de junio de 2016, lo que significa que la ejecución contractual del
contrato demandado fue coetánea a la sanción, por lo que se presentó una
inhabilidad sobreviniente y eso no obliga a la demandada a reconocerle derecho
contractual alguno y mucho menos la existencia de una relación laboral a partir de
la fecha de inicio de la sanción.

Propuso como excepciones la falta de jurisdicción y competencia, la inexistencia de
los elementos que configuran un presunto contrato realidad, legalidad de los actos
administrativos expedidos por el IDRD, cobro de lo no debido, abuso del derecho y
mala fe del demandante.

Se celebró audiencia inicial el 12 de junio de 2018, en la que se fijó el litigio, se negó
la excepción de falta de jurisdicción y competencia, se surtió la etapa conciliatoria,
se decretaron las pruebas solicitadas y se programó la audiencia para su práctica.
Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de enero
de 2019 accedió a las pretensiones. Concluyó que el IDRD encubrió la naturaleza
real de la labor desempeñada y se configuró una verdadera relación laboral.

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Que, las labores desplegadas consistían en la coordinación, seguimiento,
verificación y control de las actividades de operación, administración y sostenibilidad
del Parque zonal La estancia como uno de los parques administrados por el IDRD.
Que realizaba las mismas funciones que una persona en el cargo de Profesional
Universitario código 219 grado 02 el cual pertenece a la planta de cargos de acuerdo
al manual específico de funciones.

Que, a pesar de que en las obligaciones específicas del contratista no se encontraba
la de asistir a las reuniones programadas por la comunidad o demás dependencias
de la entidad, de acuerdo a los testimonios y la declaración de parte, el demandante
se ausentaba del parque para asistir a capacitaciones convocadas por el IDRD.

Que el demandante a pesar de ser el administrador tenía un jefe inmediato de quien
recibía órdenes, que debía cumplir reglamentos del IDRD y permanecer durante
toda la jornada en su lugar de trabajo y sólo se ausentaba para desplazarse a las
instalaciones de la entidad a capacitaciones o reuniones.

Que le fue impuesta una sanción disciplinaria por parte del Consejo Superior de la
Judicatura consistente en suspensión por 6 meses en el ejercicio de la profesión de
abogado, la que se ejecutó del 18 de diciembre de 2015 al 17 de junio de 2016,
tiempo en el cual estaba desarrollando las actividades del contrato suscrito con el
IDRD.

Que si bien, hizo uso de su título de abogado y experiencia para suscribir el contrato
con el IDRD, también lo es que las funciones realizadas, nada tuvieron que ver con
su título de abogado, es decir, que no estaba en el ejercicio de su profesión; por lo
que ese periodo se le incluyó en el restablecimiento del derecho.

No condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recurso de apelación, en el que expresó que no se
tuvieron en cuenta los argumentos que se presentaron en los alegatos de conclusión
con respecto a la prueba testimonial; por lo que los reitera y solicita un mayor rigor
en la valoración de las declaraciones en concordancia con los demás medios
probatorios.

Que, el testimonio de la señora Anayiberth Castiblanco Herrera no es objetivo, ya
que tiene una amistad con el actor. Que fue muy puntual al momento de contestar
las preguntas que hizo el apoderado del demandante, pero las que provenían de la
demandada fueron contestadas de manera imprecisa y mostró desconocimiento de
las obligaciones contraídas directamente con la entidad.

Que, en la declaración de la señora María Fernanda Mora Quiroga se observan
varias inconsistencias, especialmente en cuanto a los horarios en que

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supuestamente el demandante daba cumplimiento al objeto contractual y su
permanencia en el escenario.

Que, si bien es cierto que las obligaciones pactadas en los contratos no estaban
relacionadas con el ejercicio de la abogacía, sí era un requisito del perfil requerido
para su contratación ser un profesional y aportar el documento idóneo con el fin de
demostrarlo.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

El 3 de septiembre de 2021 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

La parte demandada expresó que el demandante fue vinculado mediante contratos
de prestación de servicios, con autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin que
existan pruebas objetivas que demuestren subordinación, como controles de
horario, llamados de atención o supervisión directa.

Reitera el argumento referente a la parcialidad de los testigos presentados por el
demandante y que contienen contradicciones que desvirtúan la supuesta relación
laboral.

Que la exigencia de cumplimiento de tareas no implica subordinación sino una
necesaria coordinación propia de la contratación estatal.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la
prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esta.

Luego, se analizará lo correspondiente a la condena en costas de segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades

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estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.

Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos, por
esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales
que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las cuales se
destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

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• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, cuando se reconoce la existencia de una
relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones sociales
a cargo de la administración, pero no es posible que por ello se le dé la categoría
de empleado público al contratista sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

Con fundamento en las pruebas documentales se pudo establecer que el
demandante estuvo vinculado al Instituto Distrital de Recreación y Deporte — IDRD
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 13 de marzo de 2016 así:

Número de contrato1 Fecha de inicio / Suspensión Objeto
terminación
1994 de 2015 3 meses - Coordinación,
seguimiento,
Del 10 de abril de verificación y control
2015 al 9 de julio de de las
2015 actividades de
operación,
administración y
sostenibilidad de los
parques
administrados por
el IDRD en apoyo al
proyecto Parques
Inclusivos.
3545 de 2015 8 meses 2 días Coordinación,
seguimiento y
14 de verificación y control
julio de 2015 al 13 de de las
marzo de 2016 actividades de
administración y
sostenibilidad de los
Parques

Lo anterior evidencia el acuerdo de voluntades tendiente a obtener la prestación de
un servicio personal a cambio de una remuneración.

Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar la
subordinación.

1 Folios 44-45 del expediente digitalizado

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Dentro de las obligaciones generales y las condiciones específicas de los contratos
se destaca la prestación de servicios profesionales para ejercer la coordinación,
seguimiento, verificación y control de actividades de operación administración y
sostenibilidad de los parques administrados por el IDRD en apoyo al proyecto
parques inclusivos.

De la prueba documental se extrae que el demandante prestó sus servicios en
funciones de administración del parque La Estancia, mediante la supervisión de las
actividades realizadas por el personal que laboraba en el parque, de las actividades
que se llevaban a cabo allí y el trámite a las solicitudes presentadas para la
utilización de este.

Sin embargo, esos elementos no son suficientes para concluir la existencia de una
relación laboral, pues de la simple lectura de los acuerdos y las obligaciones
contractuales no logra desprenderse por sí misma la subordinación y dependencia
continuada.

Contrario a esto, a partir de la generalidad de las cláusulas contractuales, se
advierte que las actividades encomendadas se relacionaron con la finalidad del
servicio contratado. En ninguno de los contratos se delimita por parte de la entidad
el modo, tiempo y plazo para cumplir con las funciones, para que pudiera concluirse
el direccionamiento y control, que aduce la primera instancia se acreditó en el
presente caso, pues a consideración de esta Sala, no obra documentación alguna
diferente a los contratos celebrados que permitan inferir que la prestación del
servicio se dio bajo los presupuestos de la subordinación.

En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones de los
señores Anayirbet Castiblanco Herrera, María Fernanda Mora Quiroga y Luis
Armando Cuervo Muñoz.

La señora Castiblanco, indicó que el demandante fue su jefe cuando estuvo en el
IDRD como orientadora de parques desde el 8 de septiembre de 2015, fecha en la
cual se vinculó a la entidad.

Que el demandante era su jefe porque era este quien le firmaba las bitácoras y le
decía qué tenía y no tenía que hacer en el parque. Que este era el administrador y
el que resolvía las solicitudes de préstamos de escenarios y entendía las dudas de
las personas que llegaban al parque.

Que entraba y salía a ciertas horas y creía que el jefe del demandante era el señor
Germán quien a su vez establecía el horario y quien además era quien lo
supervisaba.

Que ella trabajaba de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y era quien le decía al demandante qué
días iba y cuáles descansaba.

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La señora María Fernanda Mora Quiroga, señaló que el demandante trabajó del
2015 al 2016 en el parque como administrador; que esto lo sabe porque ella trabajó
allí como vigilante en esa época.

Que el actor tenía a cargo el préstamo de los escenarios, la vigilancia de los
empleados y la atención al público; que llegaba a las 7:00 o 7:30 a.m. y salía tarde,
que estaba todo el día en el parque. Que el señor Germán era quien le supervisaba
el contrato al demandante y le imponía horario y que se imaginaba que en caso de
que no lo hiciera, le llamaba la atención. Que en repetidas oportunidades el señor
Germán pasaba a revisar si estaba o no.

Que no había ninguna minuta para el ingreso del actor y sabía que él se ausentaba
del parque para ir a reuniones o capacitaciones. Que sabe esto porque al personal
de vigilancia le informaban que debían asistir a ellas y les debía decir a los
administradores.

El señor Luis Armando Cuervo Muñoz – abogado de la entidad, se refirió al
funcionamiento de la etapa precontractual en la misma.

Por su parte, el demandante, señaló que fue designado a ese parque y que suscribió
dos contratos de prestación de servicios profesionales, desde el 2015 hasta el 2016
como administrador del parque zonal La Estancia.

Que llevaba a cabalidad todas las peticiones que le hacía la comunidad en cuanto
a los escenarios deportivos que conforman el parque, tales como el coliseo y las
canchas. Que debía pasar un informe mensual de las actividades como
administrador a su jefe inmediato que era el señor José Germán Suárez.

Que este era quien lo supervisaba y le controlaba el horario de trabajo, que entraba
a las 7:30 a.m. y salía a las 6:30 o 7:00 p.m., que lo llamaba y le hacía suscribir el
horario de entrada y el de salida, lo cual demostraba con las decisiones que emitía
respecto de las solicitudes que realizaban los solicitantes en el parque.

Que tenía a cargo la supervisión y emisión de las actividades de las personas que
laboraban en el parque, incluyendo a los de aseo y a los vigilantes, consignando en
la bitácora las actividades que hizo cada uno para que le pagaran, que eran
alrededor de cinco personas.

Que asistía a reuniones en la junta de acción comunal, las cuales también se hacían
en su oficina.

También asistía a capacitaciones a las que lo citaban a través del correo
institucional del IDRD por parte de su jefe inmediato José Germán Suárez, recuerda
haber asistido a dos reuniones.

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Sobre el cumplimiento de manuales o reglamentos adicionales al contrato para el
desempeño de sus funciones, indicó que tenía que cumplir con unos reglamentos
internos del IDRD, por ejemplo, a los solicitantes de los escenarios deportivos se
les ponía en conocimiento las obligaciones a cumplir para el préstamo de esos
escenarios.

Contrario a lo manifestado por la primera instancia, la Sala considera que las
declaraciones no ofrecen elementos para concluir la subordinación o dependencia,
pues aunque los testigos se refirieron de manera genérica a la forma de contratación
desarrollada por la entidad, específicamente a la del demandante y a la presunta
recepción de órdenes relativas al área de prestación del servicio, esto por sí solo no
ofrece claridad sobre la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de
la entidad o la imposición de condicionamientos para la ejecución de la labor
contratada.

Las declaraciones son generales y se refieren a situaciones comunes de los
contratistas y no a las específicas del demandante que permitan inferir que a los
testigos les constaba que aquél recibió directrices puntuales y estuvo sometido al
direccionamiento de la entidad. Los testigos enfatizaron en el cumplimiento de un
horario, lo cual por sí solo no es un indicativo de la existencia de una relación
subordinada, menos aun cuando no se cuenta con elementos de prueba adicionales
para definir si la entidad imponía una forma, si esta era concertada con el personal
contratado o si se requería para el desarrollo del objeto contractual.

Ahora, el posible establecimiento de un horario o la permanencia del actor en las
instalaciones de la entidad en las jornadas de los trabajadores de planta si bien
podría considerarse como un indicio de subordinación por parte de la entidad, no
son conclusivos pues estos supuestos resultan acordes con la coordinación
inherente que debe existir en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios.

Aunque algunas de las obligaciones podrían tener implícito cierto grado de
subordinación, por la naturaleza misma de la tarea, no hay ninguna prueba que
confirme que en la ejecución contractual se le impartió directriz o direccionamiento
y en qué sentido.

Así, para la Sala no hay pruebas sobre el desbordamiento de las condiciones
pactadas en los contratos de prestación de servicios, pues, se echa de menos
elementos de convicción tendientes a acreditar la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi.

La parte actora no logró desvirtuar que la prestación de los servicios profesionales
tuvo lugar solo para los fines establecidos en cada uno de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes y que más allá de la coordinación

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de actividades necesaria para la satisfacción del interés contratado se presentó un
tratamiento subordinado o dependiente.

No puede extraerse con un mínimo grado de certeza que se le exigiera al actor que
ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de tiempo y modo impuestas
por la entidad y, en tal sentido, no se demostró que se hubiera ejercido una
imposición decisiva sobre la manera en la que debía desarrollar sus actividades.

Con lo anterior, la Subsección considera insuficientes las pruebas descritas para
acreditar que durante el tiempo que el demandante estuvo vinculado con el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, a través de contratos de prestación de servicios,
existió una subordinación o dependencia.

Por lo tanto, se revocará la decisión y, en su lugar, se denegarán las pretensiones
invocadas.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 2 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley

RESUELVE

Primero. REVOCAR la sentencia treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones; para en su lugar, negarlas.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

2 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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