RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04764-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04764-00

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04764-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Milton Merchán Solano, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. Reiterada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2025-03940-00, C.P.: Wilson Ramos Girón (E). 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00 Demandante: Milton Merchán Solano Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04764-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

4 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: MILTON MERCHÁN SOLANO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental
de petición. Respuesta congruente, clara y de fondo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Milton Merchán Solano, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de julio de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Se amparen los derechos constitucionales vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA e invocados por el señor MILTON MERCHAN
SOLANO. Como son: el DEBIDO PROCESO por vías de hecho y de las garantías
judiciales (ART.29), DERECHO DE PETICIÓN, el DERECHO del ACCESO A LA
JUSTICIA,

SEGUNDA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, para que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, den respuesta de una forma clara precisa y
específica a la petición del señor MILTON MERCHAN SOLANO. A cada uno de los ítems
planteados en el escrito.

TERCERA: REQUERIR AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, como
Corporación administradora de la justicia, supla esas falencias en un término prudencial
que fije el señor Juez de tutela, para que no exista ninguna excusa EXPEDIR UN
ACUERDO para ordenar a los despachos judiciales cumplir con la publicación de los
actos procesales a medida que se van produciendo en la plataforma o PAGINA WEB DE
LA RAMA JUDICIAL, y se pueda consultar en su totalidad el proceso de forma virtual,
porque el físico es imposible en la actualidad, solamente que se imprima de lo archivado
virtualmente, pero vamos a ver que no lo están haciendo algunos despachos de una
forma, como van produciéndose la actuaciones conforme el procedimiento normativo
jurídico del proceso en sus etapas procesales.

CUARTA: REQUERIR AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, como
Corporación administradora de la justicia, PARA una mejor practica judicial en cuanto

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

hace referencia a la consulta de procesos, se empiece el estudio y se implemente un
SISTEMA UNICO que UNIFIQUE EN UNA SOLA PLATAFORMA DE LA RAMA
JUDICIAL y que no exista varias en donde se pueda facilitar la CONSULTA DE LOS
ACTOS PROCESALES y no por el contrario dificultar su búsqueda o consulta.- tal como
lo establece el Art. 95 de la Ley 270 de 1996.-

QUINTA: REQUERIR AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, como
Corporación administradora de la justicia, para que proceda a estudiar formar, e
implementar un MANUAL UNICO de la funciones de cada uno de los empleados de la
RAMA JUDICIAL, de acuerdo a su cargo o perfil de cada uno, como es notificador o
citador, escribientes, auxiliares administrativos, sustanciador u oficial mayor, secretario,
jueces promiscuos, municipal, del circuito, Magistrados de distrito judicial, Magistrados
de las altas cortes. Todo para los efectos legales y laborales y evitar abusos o
extralimitaciones de los funcionarios y jueces y se convierta en un acoso laboral.-

SEXTA: Los demás ordenamientos que surjan y que sean considerados de vital
importancia por el señor Juez de Tutela”.

2. Hechos

De la lectura del escrito de tutela y las pruebas aportadas se observan como hechos
relevantes los siguientes:

El 18 de junio de 2025, el señor Milton Merchán Solano radicó ante el Consejo
Superior de la Judicatura una petición en la que solicitó que i) se elaborara el
manual de funciones de cada uno de los cargos de la Rama Judicial, ii) que se
reglamente de forma obligatoria el registro de las actuaciones que se realicen en
los proceso en la página de la Rama Judicial, iii) que las altas cortes cumplan con
los términos para proferir las sentencias de tutela y iv) que se habilite la plataforma
de la Rama Judicial en todos los municipios, para lo cual puso el ejemplo de
Miraflores, Boyacá.

Indicó que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura no ha dado una
respuesta específica, clara y precisa sobre lo que se pidió, pues la contestación no
1
da respuesta a las expectativas propuestas .

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura es la competente
para resolver de fondo su solicitud y que el oficio expedido no la responde de
manera clara y precisa. Además, que no puede proferir respuestas superfluas, en
tanto vulneraría el derecho fundamental de petición.

Luego, el accionante reiteró los reproches que planteó en la solicitud de 18 de junio
de 2025, así:

Afirmó que la autoridad accionada estableció una nueva plataforma para
seguimiento de los procesos, la cual ha generado dificultades para su uso por parte
de los usuarios como a los servidores de la Rama Judicial, lo que vulnera los

1
Aun cuando no hace referencia expresamente al Oficio núm. PCSJO25-675 de 25 de julio de 2025,
se observa que fue el acto a través del cual se dio contestación a la petición objeto de tutela y fue
allegado como prueba con el escrito introductorio.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Resaltó que los juzgados han dejado de registrar las actuaciones de los procesos
en las plataformas establecidas para que el usuario pueda seguir los asuntos de su
interés, además que la autoridad accionada “lo que ha hecho es desperdiciar el
presupuesto con experimentos con la rama judicial, que lo único que está haciendo
es fomentando una desorganización de la RAMA JUDICIAL, no tiene un control
único de la rama judicial, lo que debe es procurar implantar una sola plataforma
única para todo el País”.

Agregó que “están diciendo las altas cortes, que ahora en adelante no van a
comunicar las decisiones de tutela a cada una de las partes sino por el medio de la
publicación de estado. Así de esa forma dificulta cuando deben impugnar sin estar
informados de las decisiones que toman cada despacho judicial”.

Señaló que es necesaria una única plataforma en la que se puedan registrar todas
las actuaciones que se adelanten en los procesos que se tramitan ante los
juzgados, tribunales y altas cortes.

Indicó que resulta necesario establecer un manual de funciones en la Rama
Judicial, con el fin de garantizar los derechos de los empleados y evitar prácticas
tendientes a acoso laboral.

Resaltó que “existe acción u omisión por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, en salirse olímpicamente con respuestas superfluas y no concretas que
de verdad decidan las peticiones de las personas o usuarios, omiten resolver el
problema que se les exponen, no cumplen oportunamente o eficaz, de un deber
legal por parte de la Corporación indicada para resolver esta clase de situaciones
que no son simples sino que conllevan a vulnerar el derecho del debido proceso, y
todo por culpa de la omisión del Consejo superior de la Judicatura, como
consecuencia están causando una desconfianza en la justicia, a no tener
transparencia, publicidad en todas su decisiones proferidas por los Juzgados”.

Reiteró que la autoridad accionada es la competente para resolver las peticiones
que se radicó el 18 de junio de 2025, para lo cual “debe dársele el trámite adecuado
como admitir de que existe error, que se van a hacer los ajustes o definir
probatoriamente que si se cumple, que lo van a corregir para brindar una mejor
prestación de la justicia tanto a los usuarios, empleados y funcionarios”, a lo que
agregó que el Consejo Superior de la Judicatura no visita los diferentes despachos
judiciales, con el fin de conocer sus necesidades.

Finalmente, mencionó que no existe publicidad y se vulnera el debido proceso
cuando no se registran los trámites en la página web de la Rama Judicial.

4. Trámite procesal

Por auto de 8 de agosto de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad accionada. La Secretaría
General de esta Corporación libró los oficios Nos. 114036 a 114038 de 12 de agosto
de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

5. Oposición

Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la Oficina de Presidencia solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, en tanto la solicitud que el actor presentó fue
resuelta de fondo.

Señaló que en lo relacionado con el portal web de publicaciones procesales de la
Rama Judicial implementado en mayo de 2024, la Unidad de Transformación Digital
e Informática - UTDI, le respondió dos peticiones mediante oficios DEAJTDIFO24-
375 de 6 de junio de 2024 y DEAJTDIFO24-631 de 25 de junio de 2024, en los
cuales se le informaron las razones técnicas y la necesidad del cambio de portal,
además que se le indicó al accionante que el portal de publicaciones procesales se
implementó para facilitar y optimizar los canales de comunicación electrónica de
información a la ciudadanía, las partes, los apoderados, intervinientes de los
procesos, tales como los estados electrónicos, a través del espacio que tiene cada
despacho judicial en el portal web, como responsable de publicar y comunicar las
actuaciones que se profieren dentro de los procesos judiciales.

Afirmó que con el Acuerdo No. PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020, el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso que en el portal web de la Rama Judicial y demás
medios expeditos se publicarían los canales de recepción y comunicación
electrónica institucional, para lo cual a través del Centro de Documentación Judicial
-CENDOJ- se garantizó por lo menos una cuenta de correo electrónico institucional
para cada uno de los despachos judiciales, secretarías comunes, oficinas de apoyo,
centros de servicios y demás dependencias, ordenando a los despachos judiciales
del país que publicaran los estados electrónicos en el mencionado portal.

Indicó que respecto a la información de los cambios realizados en el portal web y
la forma de acceder a los diferentes enlaces o links, se le informó al actor que dentro
del portal de publicaciones procesales se habilitaron unos filtros de búsqueda para
todos los despachos judiciales a nivel nacional, en el cual puede filtrar por
especialidad, departamento y municipio, entre otros, como está explicado en el ABC
del nuevo portal, el cual se le entregó con su segunda petición para su
conocimiento.

Adicionalmente, se le explicó que la decisión de modificar el portal obedeció al
cumplimiento del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial
PETD 2021-2025 planteado, donde la Transformación Digital (TD) de la
organización, no solo resuelve problemas de tecnología, sino que se enfoca en
transformar una organización, sus modelos de servicio y de operación, sus
capacidades y competencias, aprovechando al máximo las posibilidades que
ofrecen las tecnologías.

Sostuvo que “el actor en su escrito no indica específicamente una situación en
particular donde se vulnere sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia o de petición, pero hace un reclamo sobre la falta de
registro de las actuaciones judiciales, indicando que con ello, se pierde el control
del proceso y que cada despacho judicial lleva una plataforma distinta, fomentando
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

desorganización en la rama judicial, recomendando que se debe implementar una
plataforma única para todo el país; al respecto es importante señalar que, los
distintos sistemas y plataformas tecnológicas utilizadas en la rama judicial tienen
diferentes funciones”.

Agregó que existen varios sistemas implementados en la rama judicial, pero unos
son de consulta y con efectos procesales, como lo son los edictos que se publican
en el portal de publicaciones procesales, o de seguimiento a las actuaciones
judiciales que se pueden consultar a través del CPNU. Asimismo, se tienen los
sistemas de gestión procesal que son diferentes atendiendo las especificaciones
de sus leyes procedimentales y especialidad, como lo son SAMAI y SIUGJ laboral.

Explicó que tienen otros sistemas de gestión procesal creados e implementados
por las altas cortes como son, ESAV para la Corte Suprema de Justicia y SIICOR
para la gestión de las acciones constitucionales de la Corte Constitucional.

Para terminar, manifestó que “través del oficio PCSJO675 se le indicó que
actualmente el Consejo Superior de la Judicatura con las organizaciones sindicales,
en el marco del Acuerdo Colectivo 2023-2024, está surtiendo un trámite de revisión
al interior de los despachos de la Corporación, del proyecto de manual de funciones
elaborado de manera conjunta”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura vulneró al
demandante los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, por la falta de respuesta de fondo, clara y congruente
a la solicitud radicada el 18 de junio de 2025.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional ha
precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe
ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de
manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de
los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”2. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del mismo,
en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes del
vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así
como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

2
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva, en
caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 20113.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Milton Merchán Solano presentó acción de tutela con el objeto de que el
juez constitucional proteja sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
el Consejo Superior de la Judicatura, al no brindar respuesta de fondo, clara y
congruente a la petición de 18 de junio de 2025, por medio de la cual le solicitó que
i) elaborara el manual de funciones de cada uno de los cargos de la Rama Judicial,
ii) reglamentara de forma obligatoria el registro de las actuaciones que se realicen
en los procesos en la página de la Rama Judicial, iii) las altas cortes cumplan con
los términos para proferir las sentencias de tutela y iv) se habilite la plataforma de
la Rama Judicial en todos los municipios, para lo cual puso el ejemplo de Miraflores,
Boyacá.

Aun cuando el demandante hace referencia, en esencia, a las mismas solicitudes
formuladas en ejercicio del derecho de petición, el análisis de la Sala se
circunscribirá a determinar si esta garantía constitucional se vulneró por la autoridad
accionada, es decir, si se entregó una decisión de fondo, clara y congruente con lo
solicitado, y si se notificó en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, la Sala observa que el demandante allegó copia digital de una petición
de 18 de junio de 2025, dirigida al Consejo Superior de la Judicatura en la que se
observan cuatro solicitudes que se trascriben a continuación:

“PRIMERO: SOLICITO que dentro de sus funciones, se elabore el correspondiente manual
de funciones de cada uno de los cargos de la rama judicial, de magistrados, jueces y
empleados, pues desde que se creó el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, viene
diciendo que se está elaborando los estudios, pero eso lleva tiempo y no se refleja hasta
la presente fecha, vemos claramente que antes del CONSEJO superior de la judicatura,
existía un decreto que asignaba funciones a cada cargo de la rama judicial. Es tan
importante tener un manual general de funciones, para que los funcionarios y empleados
de la Rama judicial, no se excedan de sus funciones y que cada persona desempeñe las
funciones que de verdad le correspondan al perfil de cada empleado o cargo y no pueda
existir extralimitación de funciones de los funcionarios y empleados en un juzgado o
Corporación, como es común un acoso laboral o recarga de trabajo en unos empleados y
en otro no. De tal manera que se le pueda aplicar correctamente el código disciplinario,
para determinar su cumplimiento o incumplimiento de sus funciones.

3
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

SEGUNDO.- SOLICITO, que se reglamente de forma obligatoria que todos los
funcionarios y empleados, como son de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CORTE
CONSTITUCIONAL Y COMISION DE DISCIPLINA, TRIBUNALES SUPERIORES,
JUZGADOS EN GENERAL, lleven el registro de las actuaciones diariamente en la página
de la rama judicial, para consultar diariamente su estado o trámite de cada proceso, donde
se registre la radicación y su fecha, el pase al despacho para estudio y control de legalidad
de la demanda, registro de los autos que se profieren, registren los cumplimientos como
oficios telegramas, despachos comisorios, notificaciones, avisos, de que le sirve al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, IMPLEMENTAR NUEVAS PLATAFORMAS
que si son costosísimas, SIN que los funcionarios y empleados de la rama judicial no los
utilizan. Con el no registro de todas las actuaciones de un proceso están violando la
transparencia de la justicia, no se ve reflejada en razón que ahora no se lleva un proceso
físico, es virtual el cual se puede consultar en consulta de procesos para verificar si se
están cumpliendo todos los términos judiciales lo cual obliga que se lleve todas sus
actuaciones.

(…)

TERCERO: SOLICITO, que se requiera a las Altas Cortes, CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA EN SUS DIFERENTES SALAS, cumplan estrictamente con los términos,
cuando profieren las sentencias de acciones de tutela, están violando la transparencia, no
cumplen con los términos, profieran las sentencias ya fuera del término pero si las registran
con fechas atrás como aparentar estar dentro del término legal, las de primera instancia
se demoran meses en proferirlas, las de segunda instancia hasta ocho meses. El registro
de las sentencias deben ser las de primera instancia el décimo día, y las de segunda
instancia a los 20 días. Se deben registrar el mismo día que se vence no otro. No pueden
exceder este término, ya que es falta disciplinaria con sanción hasta destitución del cargo.-

Las altas cortes son las que no dan ejemplo y si exigen a los juzgados que cumplan con
los términos judiciales.-

CUARTO: SOLICITO que habiliten a todos los Municipios de la actual plataforma de la
Rama Judicial, como por ejemplo Miraflores- Boyacá, no informa registros, como les
demuestro con el pantallazo siguiente: (…)”.

Ahora bien, el mismo accionante allegó copia del oficio PCSJO25-675 de 25 de julio
de 2025, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura da respuesta a la
petición del actor, el que también fue aportado por la accionada con la contestación,
y en la que se abordaron los 4 puntos planteados en la solicitud, así:

• Petición No. 1.

“Respuesta: Actualmente el Consejo Superior de la Judicatura con las organizaciones
sindicales, en el marco del Acuerdo Colectivo 2023-2024, está surtiendo un trámite de revisión
al interior de los despachos de la Corporación, del proyecto de manual de funciones elaborado
de manera conjunta.

Así mismo, es importante indicar que, aunque a la fecha no hay un único documento
denominado manual de funciones, sobre el particular existen leyes, decretos y actos
administrativos que las establecen, como se detalla a continuación:

• Decreto 052 de 1987: Artículo 40. Fíjense las siguientes funciones para el ejercicio de los
empleos de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías:

AUXILIAR DE MAGISTRADO: Colaborar bajo la orientación y responsabilidad del Magistrado
o Consejero en la realización de estudios y trabajos propios de las funciones que le
corresponden a éstos.
ABOGADO ASISTENTE: Colaborar bajo la orientación y responsabilidad de los Magistrados
de la respectiva sala o Sección, en la realización de estudios y trabajos de la función que a
éstas corresponde.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

SECRETARIO: Las establecidas en el artículo 14 del Decreto-ley 1265 de 1970 y las demás
que le asigne la ley.
RELATOR: Clasificar, titular y extractar las providencias de la Corporación; preparará las
publicaciones y los extractos de Jurisprudencia y elaborar los índices de las providencias.
CONTADOR LIQUIDADOR DE IMPUESTOS: Efectuar las operaciones matemáticas para las
liquidaciones de impuestos, tasas y contribuciones y las demás que se le ordenen.
BIBLIOTECÓLOGO: Organizar y clasificar libros, revistas y documentos de la respectiva
biblioteca; elaborar los ficheros bibliográficos y atender al público.
OFICIAL MAYOR: Colaborar bajo la orientación de sus superiores en las labores propias del
Despacho o de la secretaría y las asignadas en el artículo 14 del Decreto-ley 1265 de 1970.
AUXILIAR JUDICIAL: Desempeñar labores generales y asistenciales propias del Despacho,
como mecanografía, radicación, organización y archivo de expedientes y las demás que le
asigne el superior o el reglamento.
ARCHIVERO: Clasificación, actualización, manejo y conservación de libros, documentos y
expedientes en archivo.
ASISTENTE SOCIAL: Colaborar con el juez de menores en la realización de visitas,
encuestas y en la orientación sicológica y social del menor y sus familiares.
ESCRIBIENTE: Ejecución de diversos trabajos como mecanografía, registro, manejo de
archivo, revisión de expedientes, elaboración y clasificación de oficios y documentos,
elaboración de estadísticas y atención al público.
OFICINISTA: Realización de trabajos auxiliares tales como mecanografía, clasificación y
archivo de oficios y documentos y atención al público.
CITADOR: Efectuar notificaciones autorizadas por el Secretario, entregar correspondencia y
realizar los trabajos auxiliares que se le asignen.
CHOFER: Conducción, mantenimiento, aseo y reparaciones menores de los vehículos
asignados.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES: Desarrollar labores auxiliares encaminadas a
facilitar la prestación del servicio.

• Decreto Ley 1265 de 1970. Artículo 14. Son funciones del Secretario:

1. Autorizar con su firma todas las providencias del proceso y las actas de las audiencias y
diligencias, los certificados que se expidan y los despachos y oficios que se libren.
2. hacer las notificaciones, citaciones, y emplazamientos en la forma prevista en el respectivo
código y autorizar las que practiquen los subalternos.
3. Pasar oportunamente al despacho del Juez o Magistrado los asuntos en que deba dictarse
providencia, sin que sea necesario petición de parte, so pena de incurrir en una multa de cien
pesos por cada vez que no lo hiciere; si el Juez o Magistrado no la impusiere, se hará
responsable de ella.
4. Dar los informes que la ley ordene o que el Juez o Magistrado solicite.
5. Mostrar los expedientes a quienes legalmente puedan examinarlos.
6. Custodiar y mantener en orden el archivo de su oficina.
7. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos internos.
Los Oficiales Mayores reemplazarán a los Secretarios durante sus faltas accidentales. Si en
la oficina no existiere Oficial Mayor, las faltas accidentales del secretario se llenarán por uno
ad hoc.

En las audiencias y diligencias se reemplazará al Secretario por otro empleado subalterno, si
lo hubiere, o con uno ad hoc; la posesión de este se hará constar en el expediente.

Artículo 15. Los demás empleados de los despachos judiciales tendrán las funciones previstas
en los reglamentos y manuales, y si están adscritos a la secretaría, las ejercerán bajo las
órdenes inmediatas del Secretario.

• Ley Estatutaria de Administración de Justicia:

ARTÍCULO 161. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE
EMPLEADOS DE CARRERA EN LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer los cargos de empleado
de la Rama Judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las
disposiciones generales y a aquellos que fije el Consejo Superior de la Judicatura sobre
experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en particular
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

de acuerdo con la clasificación que establezca y las necesidades del servicio, los siguientes
requisitos mínimos.

1. Niveles administrativo y asistencial: Título de abogado o terminación y aprobación de
estudios de derecho.
2. Nivel profesional: Título profesional o terminación y aprobación de estudios superiores.
3. Nivel técnico: Preparación técnica o tecnológica.
4. Nivel auxiliar y operativo: Estudios de educación media y capacitación técnica o
tecnológica.

•Acuerdo PCSJA17-10780 de septiembre 25 de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura,
el cual establece la labor que desarrolla cada uno de los niveles ocupacionales, y ubica los
cargos de empleados de la Rama Judicial en cada uno de dichos niveles.

ARTÍCULO 1º-. Modificar el Acuerdo PSAA13-10039 de noviembre 7 de 2013, el cual quedará
así:
ARTÍCULO 1º.- De conformidad con el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, los cargos de
empleados de carrera de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Administrativos, Centros
de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales, Oficinas de
Servicios y de Apoyo de la Rama Judicial (excepto los Centros de Servicios Judiciales de los
Juzgados Civiles y de Familia Acuerdo PSAA15-10445 de 2015), se clasifican en los
siguientes niveles ocupacionales:

Nivel Administrativo
Nivel Asistencial
Nivel Profesional
Nivel Técnico
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

PARÁGRAFO. - La clasificación por niveles, tipifica la naturaleza general de los requisitos y
las funciones de los diferentes empleos.

ARTÍCULO 2º.- El Nivel Administrativo corresponde a los empleos que implican el ejercicio
de actividades de orden administrativo y judicial, complementarias de las tareas y
responsabilidades de los niveles superiores en la coordinación y ejecución de labores propias
de las dependencias donde presten sus servicios.

ARTÍCULO 3º.- El Nivel Asistencial comprende los empleos cuya función es asistir,
sustanciar, colaborar y servir de apoyo a los superiores en el desarrollo, ejecución y
cumplimiento de las funciones propias de su cargo para la administración de justicia.
ARTÍCULO 4º.- El Nivel Profesional agrupa los empleados a los que corresponden funciones
de investigación y desarrollo de actividades que implican la aplicación de conocimientos
propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.

ARTÍCULO 5º.- El Nivel Técnico hace referencia a los empleos a los que corresponde el
desarrollo de funciones que requieren de un nivel de preparación técnica o tecnológica que
prestan apoyo en la ejecución de procedimientos y tareas de esa naturaleza.

ARTÍCULO 6º.- El Nivel Auxiliar agrupa los empleos a los cuales les corresponde la ejecución
de las funciones complementarias que sirvan de soporte a los niveles superiores en la
realización de los planes, programas y proyectos que se les encomienden, para lo cual
requieren de un conocimiento previo en la ejecución de labores auxiliares.

ARTÍCULO 7º.- El Nivel Operativo comprende los empleos que se caracterizan por el
desarrollo de actividades de poca complejidad que sirven de soporte para la realización de
las labores de los restantes niveles.

En cuanto a la asignación de funciones, es necesario hacer referencia a lo señalado por la
Corte Constitucional en sentencia T-105 de 2002, así: “Se considera del caso precisar, que
dicha función de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

en todos los casos a un marco funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben
hacer referencia a las funciones propias del cargo que se desempeña por el funcionario a
quien se asignan. No es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe
inmediato sí puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en
el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades
del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de las
funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido
nombrado”.

• Petición No. 2

“Respuesta: Para empezar es importante mencionar que las consultas de información que
realice la ciudadanía en los diferentes sistemas de gestión procesal dependen de cada
jurisdicción o distrito judicial y el uso de las herramientas tecnológicas dispuesta por el
Consejo Superior de la Judicatura como administrador de la Rama Judicial, en el marco de la
autonomía e independencia judicial contempladas en la Ley 270 de 1996.

Además, mediante el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023-2026 y el Plan
de Transformación Digital se apunta a superar las debilidades operacionales de conectividad
y gestión de los diferentes procesos de la Rama Judicial, como es la integración de los
sistemas de gestión procesal, acompañada de la correspondiente gestión del cambio y
seguridad de la información. La Transformación Digital, plantea una transformación sistémica
del Sistema de Justicia desde una perspectiva de digitalización, la implementación del
expediente electrónico único para las acciones judiciales. Los objetivos, elementos
integradores y ajustes institucionales contenidos en el Plan Estratégico de Transformación
Digital (2021-2025) que lidera la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de
su Unidad de Transformación Digital e Informática, apuntan a un norte común para la
consolidación de una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología.

Por otro lado, el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura –
CENDOJ- funge como administrador funcional del portal Web www.ramajudicial.gov.co de la
Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de la
información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias de la Rama
Judicial, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011.

El Centro de Documentación Judicial- CENDOJ se asegura de que las Corporaciones y
despachos judiciales, así como las dependencias administrativas de la Rama Judicial,
dispongan de un espacio en el que pueden publicar información en el Portal Web de la Rama
Judicial https://www.ramajudicial.gov.co/ y publicaciones procesales
https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/, en la que divulguen la información que
es obtenida, recolectada, generada y publicada directamente por ellos conforme su gestión y
competencias, sin perjuicio de los sitios dispuestos por las Altas Corporaciones.

En el marco del Plan de Transformación Digital de la Rama Judicial, se presenta la nueva
versión del portal de la Rama Judicial y el portal de publicaciones procesales, que se ha
socializado en las redes sociales, mensajes de correos electrónicos institucionales y el portal
web, informando los cambios, actualizaciones, instructivo denominado ABC para navegar y
guías y material audiovisual para publicar la información en los nuevos portales web de la
Rama Judicial y Publicaciones procesales.

A partir del 14 de mayo de 2024 toda la información publicada por los Despachos Judiciales
puede ser consultada desde el portal web de las Publicaciones Procesales:
https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/. Allí se puede encontrar en un único
lugar todas las publicaciones realizadas por los despachos judiciales a nivel nacional, en la
medida que estas sean realizadas.

Así mismo, es importante informarle que entre los sistemas de información dispuestos por la
Rama Judicial para consultar las actuaciones procesales de los procesos judiciales
registradas directamente por los despachos judiciales se encuentra la Consulta de Procesos
Nacional Unificada (CPNU), que integra información de las versiones cliente servidor y web
del sistema de información judicial Justicia XXI, que es administrada por la Unidad de
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
conformidad con los Acuerdos 1591 del 2002, PSAA14-10215 y PCSJA23-12130. La
información publicada en la herramienta Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
página Web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido directamente por los
despachos y corporaciones judiciales.

Aunado a ello, se encuentra la consulta de procesos del sistema Justicia Siglo XXI, que es un
“registro de actuaciones judiciales” que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la
consulta de los usuarios de la administración de justicia, en cumplimiento del artículo 2283 de
la Constitución Política y artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 20144 sobre la Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Es importante indicar que constancias y/o certificaciones de procesos judiciales pueden ser
emitidas solo por los despachos judiciales respectivos a través de los canales de atención al
usuario dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura. Los mismos se encuentran
disponibles en el Portal Web www.ramajudicial.gov.co, sitio “MEDIDAS COVID-19”,
“ATENCIÓN AL USUARIO”, en el enlace https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-
covid19/atencion-al-usuario.

Así mismo, en la página web de la Rama Judicial tiene publicadas las cuentas de correo
institucionales, ingresando a www.ramajudicial.gov.co -> Directorio de Correos Electrónicos:
https://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-correo-electronico.

Por último, debe precisarse que el Consejo Superior de la Judicatura y el CENDOJ no tienen
entre sus funciones la de brindar información acerca de actuaciones adelantadas por los
despachos en virtud de la gestión judicial, dicho información debe ser suministrada
directamente por los juzgados, tribunales y/o corporaciones que tienen a cargo los procesos
judiciales”.

• Petición No. 3

“Respuesta: Me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
256 y 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 35
de la Ley 2430 de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura tiene a su cargo el gobierno y
la administración integral de la Rama Judicial, razón por la cual las facultades en cabeza de
esta Corporación son netamente administrativas y se encuentran sujetas al marco normativo
señalado. En tal sentido, esta Corporación no puede usurpar una competencia que recae en
el legislador, que ha regulado este tema en el Decreto 2591 de 1991”.

• Petición No. 4

“Respuesta: De conformidad con la información brindada por el Centro de Documentación
Judicial – CENDOJ – y al consultar las publicaciones de los despachos judiciales del municipio
de Miraflores (Boyacá), se visualizan los diferentes tipos publicaciones, seleccionando los
filtros correspondientes, como se muestra a continuación:

• Seleccionar los filtros por departamento (BOYACÁ) y municipio (MIRAFLORES) y elegir el
despacho deseado (tres despachos habilitados):

(…)

Una vez seleccionado el despacho hacer clic en el botón BUSCAR del lado derecho de la
pantalla:

(…)

1. El JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MIRAFLORES tiene a la
fecha 74 publicaciones procesales realizadas, la más reciente, el 06 de julio de 2025:

(…)
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

2. El JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MIRAFLORES tiene a la fecha 86
publicaciones realizadas, la más reciente, el 15 de julio de 2025:

(…)

3. El JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MIRAFLORES tiene a la fecha 69
publicaciones realizadas, la más reciente, el 11 de julio de 2025:

(…)

Por otro lado, al ingresar a la consulta de procesos nacional unificada y buscar por el número
de radicación mencionado en la petición (15001310500220250001800)
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion se evidencia que
la fecha de radicación fue el 25 de febrero de 2025 y la última actuación el 05 de junio de
2025, como se muestra a continuación:

(…)

Al consultar las publicaciones del juzgado segundo laboral de circuito de Tunja, en el portal
de publicaciones procesales, se encontró la siguiente información:

1. El JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA tiene a la fecha 128 publicaciones
realizadas, la más reciente, el 15 de julio de 2025:

(…)”.

De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente y a partir de una
lectura integral de la respuesta dispensada el 25 de julio de 2025, la Sala evidencia
que, contrario a lo manifestado por el demandante en el escrito de tutela, el Consejo
Superior de la Judicatura dio respuesta de fondo, completa y congruente con lo
solicitado a cada una de las solicitudes que formuló en la petición de 18 de junio de
2025.

En efecto, se observa que los 4 puntos que conformaban la petición del accionante
fueron resueltos por el Consejo Superior de la Judicatura. Cuestión diferente es que
el demandante no esté de acuerdo con la respuesta y que considere que la
autoridad accionada no está cumpliendo con las funciones y los deberes que le
impone la ley, lo cual no es suficiente para configurar la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.

La Sala observa que al accionante se le informó sobre las diferentes funciones de
los empleados de la Rama Judicial y en la actualidad se adelanta con las
organizaciones sindicales la revisión de estas para desarrollar un manual de
funciones de manera conjunta. Asimismo, se le indicó las plataformas que existen,
la finalidad de cada una de estas y se le explicó el paso a paso de los
procedimientos para adelantar búsquedas de procesos, con el fin de que pueda
acceder a los aplicativos y así garantizarle el acceso a la administración de justicia
cuando decida adelantar algún proceso.

Igualmente, se le puso de presente que en el ejercicio de las funciones establecidas
por la ley no puede usurpar las competencias que recae en el legislador, sobre todo
en lo relacionado con el Decreto 2591 de 1991, es decir, que no puede tomar
atribuciones frente a las altas cortes en lo que tiene que ver con el trámite de dicho
mecanismo constitucional y los términos para resolverlas.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

Ahora bien, se debe precisa al actor que, la protección al núcleo del derecho
fundamental de petición mediante el ejercicio de la acción de tutela es obtener la
respuesta, sin llegar a incidir en el sentido o contenido de esta última, pues tal como
se ha señalado de manera reiterada “dentro de la protección del derecho de petición
no hace parte el sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del
sujeto pasivo del derecho de petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta
negativa en ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición,
ya que “existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo
4
pedido” .

Por lo anterior, el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura no adopte las
medidas que propone el accionante en la petición que radicó el 18 de junio de 2025,
no vulnera sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, pues el ejercicio del mencionado derecho no está
supeditado a que la administración acceda a todo lo pedido en la solicitud.

Finalmente, en lo relacionado con las pretensiones tercera, cuarta y quinta se
observa que estas ya fueron objeto de pronunciamiento por la autoridad accionada
en la contestación que se otorgó, en la que se explicó de manera suficiente lo
relativo a la página web, las plataformas de búsquedas de procesos y el manual de
funciones, razón por la cual no resulta procedente que el juez de tutela invada el
ámbito de competencia del órgano encargado de desarrollar esas funciones, más
aún cuando se dio respuesta de fondo a lo solicitado.

Así las cosas, como la Sala encuentra que la autoridad accionada dio respuesta
clara, congruente y de fondo a la solicitud del accionante, cuya notificación se surtió
en debida forma, no se evidencia la vulneración del derecho fundamental de
petición que se invocó. Ahora, no se observa de las pruebas allegadas al
expediente de tutela alguna situación que amenace o vulnere los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados en el escrito
de tutela. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Milton Merchán Solano, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior
de la Judicatura, por las razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. Reiterada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 24 de
julio de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2025-03940-00, C.P.: Wilson Ramos Girón (E).
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04764-00
Demandante: Milton Merchán Solano

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.