Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05896-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05896-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05896-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05896-01
Demandante: José Garzón Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05896-01
Demandante: José Garzón Gómez
Demandados: Nación – Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y otros
Tema: Deficiencia de los sistemas de consulta de procesos de la
jurisdicción ordinaria – improcedencia de la acción de tutela. No
vulneración derechos fundamentales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 16 de octubre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que resolvió:
PRIMERO: ACCEDER a la desvinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho, y,
NEGAR las demás solicitudes de la misma naturaleza elevadas por la Corte Suprema
de Justicia, el Centro de Documentación Digital del Consejo Superior de la Judicatura y
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el señor
José Garzón Gómez contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
y otros. […]
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de septiembre de 2025, el señor José Garzón Gómez interpuso acción de tutela
contra la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia e
igualdad y advirtió un posible estado inconstitucional de cosas. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
[...] de manera respetuosa solicito a esa judicatura tutelar los derechos fundamentales
invocados y ordenar a la autoridad competente unificar materialmente la consulta de los
procesos de la jurisdicción ordinaria al sistema SAMAI, o al sistema de la Corte
Constitucional, o a única plataforma o herramienta con idénticas características a las
anteriores.
2. Hechos
De la lectura del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El actor afirmó que las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo, en
forma separada, tiene un único acceso web, por medio del cual los ciudadanos pueden
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consultar los procesos de su conocimiento, en forma ágil y sencilla. Que, en SAMAI
(sistema que usa la jurisdicción contencioso-administrativa) se permite cargar
memoriales y notifica las decisiones judiciales a los correos electrónicos de los
usuarios.
Indicó que la jurisdicción ordinara, a pesar de integrar la Rama Judicial usa varios
aplicativos u opciones de consulta que exigen la elección de variables que hacen
imposible la consulta de los procesos, pues, en uso de dichos aplicativos no es posible
acceder a las notificaciones de las providencias a los correos electrónicos de las
partes e intervinientes de los procesos adelantados en esa jurisdicción. Tampoco
permite cargar archivos en formato pdf.
Dijo que la información procesal, en algunos casos, es alimentada por los despachos
de las ciudades principales, pero no es a nivel nacional, ni unificada ni actualizada.
Que, cuando se hace la búsqueda por la opción de consulta nacional se encuentra
alguna información, pero necesariamente se redirige al sitio web de publicaciones
procesales para visualizar la decisión en los procesos adelantados en determinados
circuitos judiciales de ciudades principales.
Finalmente, sostuvo que se dirigió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para solicitar la unificación de los aplicativos de consulta, sin embargo, la entidad
respondió que la consulta nacional funciona correctamente, y que está la opción de
publicaciones procesales; sin mayores explicaciones.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
El Estado debe garantizar el acceso a la administración de justicia a todos los
habitantes del territorio nacional y usuarios de todas las jurisdicciones con la mayor
aproximación al derecho de igualdad.
El artículo 9 de la Ley 2213 de 2022 ordena que los estados y traslados se conserven
en línea para consulta permanente de cualquier interesado, lo cual se cumple en las
jurisdicciones de lo contencioso administrativo y en la constitucional, pero en la
jurisdicción ordinaria no ocurre lo mismo. Esa circunstancia constituye una
injustificada desigualdad.
A partir de lo anterior, indicó que el avance de la tecnología obliga a que todas las
instancias estatales permitan el acceso a sus actuaciones por medio de las
tecnologías de la información, a fin de facilitar la comunicación Estado-ciudadano.
En ese entendido, manifestó que la Rama Judicial debe garantizar un trato igualitario
en el acceso a la administración de justicia, con significativas reducciones de costos
y tiempo, lo que no ocurre con la jurisdicción ordinaria ante la existencia de un
inadecuado sistema de consultas que no opera de manera ágil, sencilla y a nivel
nacional.
Mencionó que, históricamente ha existido una desigualdad estructural entre las
ciudades principales y los territorios, que refleja también la ausencia de homogeneidad
de la información.
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Adujo que la presente acción de tutela es procedente porque el tema es de relevancia
constitucional y se desconoce la existencia de otro mecanismo judicial idóneo para
reclamar la protección de los derechos invocados.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 23 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Ministerio de
Justicia y del Derecho, como parte demandada y vinculó a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En la misma providencia se negó la
vinculación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
5. La respuesta del demandado
El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), después de referirse a los requisitos generales de
procedencia de la presente acción de tutela, solicitó rechazarla por improcedente al
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Puso de presente que los argumentos del actor y las circunstancias fácticas que
expuso no acreditan de manera clara y concreta el origen de la presunta vulneración
de los derechos invocados. Tampoco se advierte una relevancia constitucional en este
caso.
Que, el 29 de septiembre de 2025, la Unidad de Transformación Digital rindió informe
técnico sobre los hechos y pretensiones de la demanda de tutela, en el que la citada
unidad indicó que actualmente existen diferentes plataformas diseñadas para
optimizar la gestión procesal en diversas especialidades, las cuales permiten a los
usuarios acceder a la información relevante de sus procesos.
Entre las plataformas, la unidad mencionó: (i) el Sistema de Gestión Procesal Laboral
que tiene una sede electrónica, por medio de la que los usuarios externos pueden
acceder para consultar expedientes, actuaciones, programación de audiencias,
notificaciones y presentación de memoriales, entre otros trámites. Los apoderados
judiciales y usuarios externos tienen la posibilidad de registrarse en esta herramienta
y revisar las actuaciones que se desarrollan dentro de sus procesos y (ii) el SAMAI
para la jurisdicción de lo contencioso-administrativo brinda acceso a los usuarios a los
expedientes digitales y a las providencias judiciales, y publica los estados.
Además, se ha implementado la plataforma TYBA de manera transversal a diferentes
especialidades y despachos judiciales que no tenían sistemas de información, la cual
permite consultar las actuaciones y las providencias dictadas en los procesos.
La unidad también informó que, aunque existen diferentes plataformas para la gestión
procesal de los expedientes judiciales, el 14 de mayo de 2024 se puso a disposición
de los usuarios el Portal de Publicaciones Procesales en el que pueden consultar y
descargar las actuaciones de sus procesos.
Por último, en el informe técnico, la unidad advirtió que el actor no indicó un hecho en
concreto, sino las generalidades de los sistemas implementados para la
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transformación digital de la Rama Judicial, con lo que se desvirtúa la violación de algún
derecho.
Indicados algunos de los puntos relevantes informados por la Unidad de
Transformación Digital, la DEAJ sostuvo que en este caso el juez de tutela no puede
desplazar ni sustituir las competencias que la Constitución y la ley le asignan a las
autoridades administrativas de la Rama Judicial, particularmente, sobre los
lineamientos y directrices emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura frente a la
unificación de los sistemas de información judicial. En ese sentido, citó la sentencia
de tutela de 4 de septiembre de 2025 (Rad. 11001-03-15-000-2025-04764-00) del
Consejo de Estado.
Teniendo en cuenta el objeto de la presente acción constitucional, el juez de tutela no
es el competente para dirimir la situación administrativa que pone de presente el actor,
por lo que no es procedente, menos si ni siquiera acreditó la inminencia, urgencia,
gravedad e impostergabilidad del amparo como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto del Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ), en relación con la acción de tutela promovida pidió su
desvinculación porque no vulneró alguno de los derechos invocados e informó lo
siguiente:
Es el administrador funcional del portal web de la Rama Judicial y tiene la
responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de la información
administrativa y judicial de las diferentes dependencias de la Rama Judicial, a través
de los sistemas de información Justicia Siglo XXI en sus versiones cliente servidor y
web.
Mediante el referido sistema se facilita a los usuarios de la administración de justicia
la consulta de las actuaciones judiciales adelantadas en los distintos procesos, ello en
cumplimiento del artículo 228 de la Constitución Política y de los artículos 2 y 7 de la
Ley 1712 de 20144 sobre la transparencia y del derecho de acceso a la información
pública nacional.
Con el propósito de lograr una justicia más eficiente, accesible y centrada en el
ciudadano, la Rama Judicial ha venido fortaleciendo su estrategia de transformación
digital. En este marco, y como parte del cumplimiento de los objetivos trazados en el
Plan Estratégico de Transformación Digital (PETD) 2021–2025, se adoptó por parte
del Consejo Superior de la Judicatura el Sistema Integrado de Gestión Judicial
(SIUGJ), mediante el Acuerdo PCSJA23-12094 del 11 de octubre de 2023.
Con este sistema se busca consolidar en una única plataforma los procesos judiciales,
administrativos y de gestión documental, promoviendo la interoperabilidad entre las
distintas jurisdicciones y dependencias judiciales. Con ello, se pretende mejorar la
eficiencia operativa, reducir la dispersión de herramientas tecnológicas, y garantizar
un acceso equitativo y transparente a la administración de justicia en todo el territorio
nacional.
El sistema integrará servicios que permitan la tramitación electrónica, el control de
actuaciones, términos y decisiones en el proceso, respondiendo a las actuales
necesidades tecnológicas definidas en el (PETD), cuyo despliegue se hará por fases
y de manera gradual en los despachos de la Rama Judicial. También busca facilitar el
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trabajo de los funcionarios judiciales y optimizar la interacción con la ciudadanía,
promoviendo el uso efectivo, seguro y coherente de los sistemas digitales de gestión
judicial. Esta integración tecnológica no solo fortalece la eficiencia operativa, sino que
también contribuye a consolidar un sistema de justicia más accesible, transparente y
confiable.
La implementación del sistema se desarrollará por fases y de manera gradual, en la
primera fase se incluyen los distritos judiciales de Bogotá, Pereira, Armenia,
Manizales, Sincelejo, Villavicencio y Medellín, en la especialidad laboral. Las fases
siguientes podrán priorizar servicios específicos como la Ventanilla Judicial
Electrónica, el reparto, el sistema de gestión documental electrónica y el trámite
electrónico de tutelas.
El SIUGJ podrá operar sobre una o varias plataformas tecnológicas integradas bajo
estándares definidos. Se contempla la reutilización e integración de sistemas
existentes, previa valoración técnica por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y aprobación del Consejo Superior de la Judicatura.
Durante la transición, se garantizará la continuidad y soporte de los sistemas actuales.
Las fases posteriores y los planes de acción serán definidos por el Consejo Superior
de la Judicatura, con metodologías adecuadas para la gestión de proyectos,
incluyendo participación de usuarios, gestión de riesgos, sostenibilidad y
comunicación.
La debida implementación del sistema permitirá agilizar los procesos internos, eliminar
duplicidades y mejorar sustancialmente la experiencia de todos los actores judiciales,
tanto servidores como ciudadanos.
La gestión de los proyectos y la operación de los servicios del Sistema Integrado de
Gestión Judicial (SIUGJ) corresponde a la Unidad de Transformación Digital e
Informática (UTDI) de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en virtud del
Acuerdo PCSJA23-12094 del 11 de octubre de 2023. En consecuencia, cualquier
actuación o decisión relacionada con la implementación, desarrollo o funcionamiento
del SIUGJ debe ser evaluada en el ámbito de competencia de dicha unidad técnica.
El Ministerio de Justicia y del Derecho pidió su desvinculación del trámite de la
presente acción de tutela por falta de legitimación por pasiva. Esa cartera no ha
intervenido en los hechos y situaciones que el actor informa le vulneran sus derechos.
Ni discusión planteada guarda relación con las funciones y competencias
constitucionales, legales y reglamentarias asignadas a ese ministerio.
6. Intervención del tercero vinculado
La Corte Suprema de Justicia pidió la desvinculación del trámite constitucional por
falta de legitimación por pasiva. Esa Corporación, en virtud de las facultades
asignadas (art. 19 del Reglamento General de la Corporación), no tiene injerencia
alguna frente al asunto expuesto por el actor, relacionado con el sistema de consulta
de procesos de la jurisdicción ordinaria. Además, ninguna pretensión fue formulada
en contra de esa colegiatura.
La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, adscrita al Consejo Superior de la
Judicatura, advirtió que la solicitud orientada a unificar materialmente la consulta de
los procesos de la jurisdicción ordinaria en el sistema SAMAI, en el sistema de la Corte
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Constitucional o en una única plataforma con características similares no está a su
alcance, porque no corresponde a las funciones atribuidas a esa escuela. Es la Unidad
de Transformación Digital e Informática, adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la llamada a atender ese requerimiento.
Sostuvo también que lo pretendido por el actor debe ceñirse a un procedimiento entre
diferentes instituciones que involucra estudios, planes presupuestales y otros asuntos
administrativos.
Por lo advertido, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no debe estar vinculada en
este proceso de tutela.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones alegó la
falta de legitimación por pasiva porque conforme con los objetivos y funciones que
tiene asignadas (L. 1341 de 2009) no tiene competencia para pronunciarse frente a lo
requerido por el actor en la acción de tutela, en concreto en relación con la
infraestructura o páginas web de la Rama Judicial.
Ese ministerio fija las políticas de telecomunicaciones, pero son las entidades dentro
de sus competencias las que determinan cómo administrar sus páginas web. Además,
de las pruebas aportadas no se advierte que ese ministerio haya vulnerado o puesto
en riesgo los derechos fundamentales invocados por el demandante.
7. Sentencia de primera instancia
El 16 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de tutela de primera instancia, en la cual declaró improcedente el amparo solicitado;
desvinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho y negó las demás solicitudes de la
misma naturaleza. Como consideraciones expuso los siguientes:
El señor José Garzón Gómez alegó un defectuoso funcionamiento de las diferentes
plataformas dispuestas por la Rama Judicial para la consulta de los procesos judiciales
que conoce la jurisdicción ordinaria, inconformidad que [a juicio del fallador de primera
instancia] realmente se circunscribe en un presunto quebrantamiento del derecho de
acceso a la información de la ciudadanía en general y repercute de manera negativa
en la prestación del servicio de administración de justicia.
Las alegaciones y pretensiones del actor no se relacionan con la presunta vulneración
de sus derechos individuales, puesto que no demostró una afectación concreta y
directa. No acredita una situación con la que se le haya impedido su derecho de
acceso a la administración de justicia en un proceso que adelante en alguno de los
despachos judiciales de la jurisdicción ordinaria, como consecuencia de las falencias
de los portales dispuestos para la ciudadanía.
Tampoco se demostró que al actor se le hubiese negado la interposición de recursos,
la intervención o cualquier otro tipo de actuación que generara una decisión
desfavorable e injusta respecto de sus intereses.
Por lo tanto, al tratarse de un asunto en el que «afloran manifestaciones generales» con
las que se busca el amparo de un beneficio o garantía colectiva, se concluye que esta
acción de tutela no es procedente en atención a su carácter subsidiario, comoquiera
que el actor cuenta con la acción popular prevista en los artículos 88 de la Constitución
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Política y 2 de la Ley 472 de 1998, como medio procesal para la protección de los
derechos e intereses colectivos.
En este caso, la carga que se alega como transgresora no solo la debe soportar el
actor sino todas y cada una de las personas que usan el servicio de administración de
justicia de la jurisdicción ordinaria hasta tanto se implemente el Plan Estratégico de
Transformación Digital 2021-2025, por el cual el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó el Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ), mediante el Acuerdo
PCSJA23-12094 de 11 de octubre de 2023, esto es, como lo indicó el Centro de
Documentación Digital del Consejo Superior de la Judicatura en su informe, el sistema
con el que se procura consolidar una única plataforma de gestión judicial,
administrativa y documental, que promueva la interoperabilidad entre las distintas
jurisdicciones y dependencias de la Rama Judicial.
El Consejero Omar Joaquín Barreto Suárez presentó aclaración de voto, en el sentido
de indicar que, aunque compartió la consideración de que la acción de tutela no
cumple el requisito de subsidiariedad, advirtió que primero debió verificarse la
legitimación por activa y determinar de manera precisa el titular del derecho
fundamental que podría vulnerarse. Al presentarse una manifestación general frente
al defectuoso funcionamiento de las diferentes plataformas dispuestas por la Rama
Judicial para la consulta de los procesos judiciales de la jurisdicción ordinaria, debió
identificarse si el tutelante presentaba la acción de tutela en nombre de todas las
personas que consultan dicha plataforma.
Por lo anterior, la sentencia debió fundamentar la decisión en la inexistencia de la
legitimación por activa porque el actor no estaba facultado para representar a todas
las personas que utilizan las plataformas de consulta de procesos judiciales.
8. Impugnación
El señor Garzón Gómez impugnó el fallo de primera instancia al considerar que no
existe otro mecanismo judicial para reclamar igualdad en el acceso a la administración
de justicia. Y agregó lo siguiente:
La rama judicial es un todo; porque ustedes en lo contencioso tienen un óptimo sistema,
a diferencia de la ordinaria en donde existe una reinante desinformación.
SAMAI permite notificar la decisión a las partes, y subir memoriales; sin explicación esto
no ocurre en la ordinaria, los escritos se radican por medio de los correos de cada
despacho, sin que se genere un número de radicado o comprobación, esto conlleva el
que se reiteren peticiones porque el estrado argumenta su no recepción.
El derecho de acceso a la justicia es fundamental, y el uso de tecnologías de la
información debe acercar en igualdad de condiciones a todos los actores, en todas las
actuaciones.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumple el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que se pretende la protección del derecho
colectivo a la prestación del servicio de administración de justicia.
En concreto debe determinarse si la vulneración se predica frente a un derecho
fundamental subjetivo en cabeza del señor José Garzón Gómez. La Sala anticipa que
confirmará la decisión impugnada, en el entendido que, no se demostró una afectación
cierta de los derechos individuales del señor Garzón Gómez, como se pasa a explicar.
(i) Del caso concreto
En el caso puesto en conocimiento de esta Corporación, el señor José Garzón Gómez,
en ejercicio de la acción de tutela, busca el amparo de derechos fundamentales de
aplicación inmediata, como lo son el de acceso a la administración de justicia y la
igualdad, los cuales considera le están siendo vulnerados por el Consejo Superior de
la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio de Justicia
y del Derecho.
La presunta vulneración de esos derechos la sustenta en la deficiencia de las
plataformas que utiliza la jurisdicción ordinaria para la consulta de los procesos que
adelanta y solicita al juez de tutela que se ordene a la autoridad competente la
unificación de los distintos sistemas usados por la jurisdicción ordinaria, de forma que
exista una única plataforma con las mismas características que tiene el sistema de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativa (SAMAI) o el sistema de la Corte
Constitucional.
La Sala advierte que en los términos en que se formula la presente solicitud de amparo
no es procedente su estudio. En este caso, el actor se limitó a señalar las fallas o
deficiencias que presentan las plataformas de consulta de la jurisdicción ordinaria en
comparación con las usadas en otras jurisdicciones de la Rama Judicial, pero no indica
una situación o hecho específico que represente la posible vulneración cierta de sus
derechos fundamentales.
En la demanda de tutela tampoco se identificó un proceso adelantado por una
autoridad judicial integrante de la jurisdicción ordinaria en el que el actor haya actuado
como parte demandante o demandada, interviniente o como un usuario indeterminado
y que al acceder a alguno de los sistemas de consultas no haya sido posible conocer
determinada actuación o ejercer su derecho al debido proceso, de contradicción o
defensa.
Tampoco se observa la presunta vulneración por la falta de unificación de las varias
plataformas existentes en una que reúna las características habilitadas para las que
usan las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa. Ni que esa
circunstancia pueda endilgarse a una entidad determinada.
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En todo caso, si el actor considera que en el trámite de un proceso judicial específico
se vulneraron sus derechos fundamentales, puede acudir al juez de conocimiento, que
es el competente para realizar el control de legalidad correspondiente 1.
Además, valga resaltar que, según la respuesta dada por el Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico
de Transformación Digital (PETD) 2021–2025, el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó el Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ), conforme con lo dispuesto
en el Acuerdo PCSJA23-12094 del 11 de octubre de 2023 y le corresponde a la Unidad
de Transformación Digital e Informática (UTDI) la gestión de los proyectos y la
operación de los servicios de dicho sistema que se implementará de forma progresiva
en los distintos distritos judiciales.
Con este sistema se consolidarán en una única plataforma los procesos judiciales,
administrativos y de gestión documental, con lo que se busca la interoperabilidad entre
las distintas jurisdicciones y dependencias judiciales y se garantizará un acceso
equitativo y transparente a la administración de justicia en todo el territorio nacional.
En ese entendido, cualquier petición específica relacionada con las plataformas de
búsqueda de los procesos judiciales debe formularse ante la Unidad de
Transformación Digital e Informática (UTDI), adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. En este punto, es relevante precisar que la acción de tutela
no puede tenerse como un mecanismo idóneo para generar la transformación digital
de las jurisdicciones de la Rama Judicial.
Por último, aunque el señor Garzón Gómez en la demanda de tutela menciona que
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la unificación de los
aplicativos de consulta, en esta oportunidad no se observa una posible vulneración
del derecho fundamental de petición, porque no dirigió la pretensión de amparo a
lograr una respuesta ni allegó un escrito en el que formulara una solicitud ante alguna
de las autoridades demandadas y vinculadas en esta oportunidad.
En suma, en el presente caso se impone confirmar la providencia de primera instancia
del 16 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada del 16 de octubre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
1
En similar sentido se pronuncio la Sección Cuarta de esta Corporación en sentencia de 26 de junio de 2024, exp. AC-2024-
02497-00, CP Wilson Ramos Girón.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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