Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04769-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04769-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04769-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04769-01
Accionante: MARÍA VICKY CHICANGO ANGULO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN
SEGUNDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia proferida por Alta Corte. Improcedencia por no
satisfacer la específica carga argumentativa de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ANTECEDENTES
Escrito de tutela
1. María Vicky Chicango Angulo presentó acción de tutela contra la sentencia del
27 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, y que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que inició la tutelante, identificado con número 76001-23-33-000-2017-
01540-01. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar,
se explicarán los del proceso contencioso administrativo y en segundo lugar, los
fundamentos del escrito de amparo y su desarrollo en primera instancia.
Antecedentes del proceso contencioso administrativo 76001-23-33-000-2017-
01540-01.
2. Manifestó que trabajó como docente de la institución santa librada, por lo cual,
estaba vinculada como servidora pública en la secretaría de educación del distrito
especial de Santiago de Cali. Se encontraba afiliada al sindicato de trabajadores de
la educación del Valle y el 4 de mayo de 2015, en las horas de la noche, durante
una actividad sindical, denominada “marchas de las antorchas” sufrió un accidente
mientras se desarrollaba la mencionada marcha.
3. Resultado de ese accidente, se le dictaminó pérdida de la capacidad laboral y
determinación de invalidez el 29 de junio de 2016. Con un porcentaje de 45.00%
fecha de estructuración 9 de febrero de 2016 y una incapacidad permanente parcial.
Resultado de lo anterior, radicó petición de indemnización de accidente de trabajo,
la cual le fue negada mediante actos administrativos de 12 de diciembre de 2016.
4. Indicó que a través de apoderado judicial presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la resolución No. 4143.0.21.9302 del 12 de
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Accionante: María Vicky Chicango Angulo
Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Segunda Instancia
diciembre de 2016 y el acto administrativo denominado resolución No.
4143.010.21.3473 del 4 de mayo de 2017 proferidos por la secretaría de Educación
del Distrito Especial de Santiago de Cali y la Nación-Ministerio de Educación-Fondo
Nacional de Prestaciones sociales. En los actos administrativos se negó la solicitud
de indemnización por accidente de trabajo y el reconocimiento y pago de una
indemnización por accidente de trabajo.
5. En sede de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió sentencia de 20 de marzo de 2019 negando las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho. La autoridad judicial concluyó que, a pesar de la
gravedad de la discapacidad de la demandante, no allegó al expediente prueba que
evidenciara que se trató de un accidente de trabajo. Se reprochó que no se allegó
la historia clínica y reporte de ninguna autoridad sobre el evento del accidente. La
decisión fue apelada.
6. En sentencia de 27 de febrero de 2025, notificada el 4 de abril de 2025, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo de
primera instancia. Nuevamente se reprochó que la actora incumplió la carga
probatoria relacionada con mostrar elementos de conocimiento respecto de las
condiciones en las que se produjo el accidente, pues solo se aportó certificado del
presidente del sindicato en el que consta que el accidente de trabajo ocurrió durante
una actividad sindical, sin embargo, la Subsección A de la Sección Segunda
reprochó que, los representantes legales de estas asociaciones no tienen las
facultades para certificar la calidad de un accidente de trabajo, o el carácter de
afiliada de una docente.
Fundamentos del escrito de tutela
7. La tutelante sostiene que la providencia cuestionada incurrió en un error de hecho
en la valoración probatoria, toda vez que “en el recurso de apelación interpuesto por
mi apoderado se anexo debidamente el Dictamen Técnico de Medicina Laboral
donde se evidencia que mis lesiones por quemadura fueron de origen laboral en el
desarrollo de mi actividad sindical por motivo de la Actividad de la “Marcha de
Antorchas”, así mismo el oficio No. 116 del 12 de junio de 2015, donde el Presidente
de ese momento del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle,
afirma que la tutelante participó de esa marcha en el marco de la participación de
las Jornadas Sindicales.
8. Adujo que se incurrió en error de hecho como modalidad de error judicial pues no
se decretó de oficio la práctica de pruebas que el tribunal y el Consejo de Estado
echaron de menos, lo cual, está dentro de sus facultades. Censuró que el Consejo
de Estado no haya dado por probada su condición de sindicalista, cuando consta
certificado del presidente de la agremiación de trabajadores. Concluyó indicando
que la valoración probatoria de la providencia proferida por el Consejo de Estado es
abiertamente irrazonable y contraria a las facultades del juez administrativo.
9. Por lo anterior, solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia en conexión con el principio de
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confianza legítima. En consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia atacada y
se ordene proferir fallo de reemplazo.
Trámite de tutela
10. Admitida la acción de tutela se vinculó a la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Nación-
Ministerio de Educación, al FOMAG representado judicialmente por la fiduciaria la
previsora y a la secretaria de educación de Santiago de Cali.
11. La secretaria de Educación intervino con el fin de solicitar que se declare
improcedente el amparo, pues, en relación con ella, carece de legitimación en la
causa por pasiva, al no haber participado en la aprobación de la sentencia
cuestionada. El Tribunal Administrativo remitió copia del expediente digital, pero
guardó silencio en relación con las pretensiones del amparo. En el mismo sentido,
las demás entidades guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia.
12. En fallo de 25 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo, pues examinada la sentencia ordinaria
censurada, se concluyó que, la Subsección A de la Sección Segunda de la
Corporación no incurrió en los defectos alegados en el escrito de amparo, pues la
providencia valoró adecuadamente las pruebas contenidas dentro del proceso a
partir de una interpretación razonable de la normatividad aplicable.
Recurso de impugnación.
13. La tutelante impugnó la sentencia de primera instancia. Insistió en que existió
un error de hecho por parte de la Sección Segunda, Subsección A, pues en las
consideraciones de la providencia cuestionada, no valoró las pruebas que se
aportaron en la demanda y en el escrito de apelación, puntualmente el dictamen de
medicina laboral donde indicaron que la pérdida de capacidad laboral fue de origen
laboral en desarrollo de las actividades sindicales. Adujó que el accidente se produjo
cuando el sindicato del que era parte, adelantaba actividades de negociación
colectiva, las cuales, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional son
actividades sindicales donde se aplica el fuero.
14. Reiteró en que el yerro de la providencia atacada es un defecto fáctico por no
acatar lo indicado en la calificación de pérdida de capacidad laboral, conforme a la
cual, se trató de un accidente laboral. Solicitó que se amparen sus derechos
fundamentales y se revoque la sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES
Competencia
15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
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Accionante: María Vicky Chicango Angulo
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proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos
16. La tutelante sostiene que la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación incurrió en un defecto
fáctico, pues desconoció el material probatorio contenido en el expediente y que
necesariamente llevaba a concluir que, la tutelante sufrió un accidente laboral
cuando desarrollaba actividades de negociación colectiva sindical. Puesto que se
trata de una acción de tutela contra una providencia judicial de una alta corte, en
primer lugar, corresponde examinar si se satisfacen los requisitos de procedencia
formal. En caso de encontrarlos satisfechos, se formulará un problema jurídico de
fondo.
17. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, en primer lugar, se
reiterará el precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales de Alta Corte, y se resolverá en el caso concreto, si se satisface los
requisitos generales de tutela contra sentencia.
Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes
18. En precedente de unificación de la Corte Constitucional1 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”2. Por lo tanto:
“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”
19. Recientemente, en sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la
especial y exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela
dirigida contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo
especial en señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental,
orgánico, desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre
otros), con el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera
protuberante y ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse
de una acción de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede
1
Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
2
Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
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con el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esta corporación ha
indicado, entre otros en los fallos SU-573 de 2019, SU-257 de 2021, SU-215 de
2022, SU-269 de 2023 y SU-451 de 2024, que el examen de procedencia debe
realizarse de forma más rigurosa o estricta. Eso no significa que la tutela no sea
procedente, sino que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que
considerarse una argumentación cualificada, dada la importancia y el rol que
cumplen los órganos de cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De
esta manera, cuando la tutela se dirige contra una decisión expedida por una alta
Corte, “además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se
debe acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos
constitucionales, de tal manera que amerite la intervención urgente del juez de
tutela”.3
20. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie una
contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela4.
21. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.
22. Respecto al requisito de relevancia constitucional, como se acabó de indicar, la
Corte Constitucional ha explicado que5, el mismo reviste especial importancia
cuando se trata de una censura constitucional a una providencia proferida por una
corporación judicial de cierre, y exige que el actor muestre una irregularidad de tal
entidad que contrarie directamente mandatos constitucionales.
23. Descendiendo al caso concreto, esta subsección considera que la demanda de
tutela carece de relevancia constitucional y en esa medida modificará la sentencia
de primera instancia que negó el amparo, y en su lugar lo declarará improcedente.
En efecto, examinados los argumentos del escrito de amparo se verifica que los
mismos plantean un debate de índole legal que buscan reabrir la discusión
probatoria que se surtió en las dos instancias del proceso contencioso
administrativo. Resulta relevante que la tutelante indica que la providencia
cuestionada no tuvo en cuenta pruebas aportadas en sede de segunda instancia,
durante el ejercicio del recurso de apelación. Ello evidenciando que, en su momento
no satisfizo la carga probatoria durante la primera instancia, y pretendió con el
recurso de apelación subsanar su inacción. En el mismo sentido, la acción de tutela
busca subsanar la inacción de la actora durante el desarrollo del proceso
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.
4
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
5
SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo): “(…) esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre
la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos
requiere de una argumentación cualificada”. (negrillas agregadas por la sala)
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contencioso, pues, reprocha que la autoridad accionada, la Subsección A de la
Sección Segunda, no decretó pruebas de oficio que la demandante no aportó
oportunamente.
24. Por lo anterior, el escrito de amparo no evidencia que la providencia censurada
haya incurrido en una arbitrariedad protuberante que hagan procedente el recurso
de amparo, por el contrario, lo que se evidencia es que la misma se utiliza como
medio judicial para subsanar la inacción durante el proceso contencioso
administrativo.
25. Conforme la jurisprudencia constitucional reiterada, una acción de amparo
contra una providencia proferida por el Consejo de Estado, debe satisfacer una
importante carga argumentativa, en punto al examen de procedencia formal. El actor
debe mostrar una arbitrariedad ostensible y transversal de la providencia
cuestionada, sin embargo, en el caso concreto, el tutelante se limitó a mostrar una
disconformidad de criterio con la providencia de 27 de febrero de 2025. Quiere decir
esto que, el demandante no presentó un argumento de nivel constitucional para
mostrar una contradicción entre la decisión censurada y algún derecho fundamental
contenido en la carta de 1991. El escrito se concreta en mostrar su desacuerdo
respecto de la interpretación del certificado de capacidad de pérdida laboral, es
decir, con el fallo que le fue adverso y acude a la tutela para buscar una nueva
instancia. Respecto a este requisito de especial carga argumentativa, el actor no
satisface dicha exigencia dado que se evidencia una irregularidad abierta y
protuberante, sino, como se señaló, se observa es una diferencia o un disgusto con
el sentido de la providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 25 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar declarar
improcedente el amparo promovido por María Vicky Chicango Angulo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01
Accionante: María Vicky Chicango Angulo
Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Segunda Instancia
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
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VF
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