RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2017-01540-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01540-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01540-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019) SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte demandante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01540-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)
Demandante: María Vicky Chicango Angulo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)- Secretaría de
Educación de Santiago de Cali

Temas: Reconocimiento y pago de indemnización por accidente de
trabajo. Trabajadores sindicalizados. Carga de la prueba.
Valoración probatoria. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María Vicky Chicango Angulo instauró demanda1 en contra de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con
el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 41430219302 del 12 de diciembre de
2016, con la que la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en representación

1 Folios 38 a 33.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

del FOMAG, le negó la solicitud de indemnización por accidente de trabajo.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada
a reconocer y pagar dicha prestación a favor de la accionante en concordancia con
la Ley 1562 de 2012, los Decretos 3135 de 1968, 2644 de 1994, 3752 de 2003, 2831
de 2005 y el Código Sustantivo del Trabajo.

Que sobre las sumas adeudadas se realicen los ajustes de valor conforme al IPC.

Que la demandada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA y sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró como docente en la Institución Educativa Santa Librada y tiene la calidad
de servidora pública vinculada a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

Que se encuentra afiliada al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Valle -SUTEV-, y que el 4 de mayo de 2015 sufrió un accidente durante la actividad
sindical denominada “Marcha de las Antorchas”.

Que mediante el dictamen No. ML-AT-0199-2015 del 11 de agosto de 2015 emitido
por “Cosmitet LTDA UTM Magisalud Unión Temporal 2- Unidad de Salud
Ocupacional IPS” se determinó que sufrió un accidente laboral teniendo en cuenta
el artículo 3 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

Que en consideración al accidente laboral debidamente calificado y en firme, radicó
una solicitud de indemnización ante la Secretaría de Educación de Santiago de Cali,
la cual fue negada mediante Resolución 41430219302 del 12 de diciembre de 2016,
por estimar la entidad que el evento no ocurrió dentro del ejercicio de las funciones
de la educadora en su jornada laboral, sino por fuera del horario habitual.

Ante la decisión de la entidad, la reclamante interpuso recurso de reposición en
contra del acto, el cual fue resuelto en el mismo sentido inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Aseguró que con los actos administrativos demandados se transgredieron: los
artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 18, 53, 58 de la Constitución Política y el artículo 3
de la Ley 1562 de 2012.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

Que la decisión de la entidad vulnera el ordenamiento jurídico al no considerar el
origen laboral del accidente que sufrió. Que la norma es clara al establecer que
aquellos accidentes ocurridos durante el ejercicio de la función sindical son
considerados de origen laboral.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 12 de febrero de 20182 y notificada a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)- Secretaría de Educación de Santiago de Cali3.

Fiduprevisora S.A., manifestó4 que en primera medida existe una incompatibilidad
en lo pretendido, toda vez que los docentes afiliados al FOMAG se encuentran
excluidos de la Ley 100 de 1993 y que conforme al Decreto 1848 de 1969, no es
posible que se pague la indemnización cuando se encuentra reconocida una
pensión por invalidez; que además, la indemnización no ha sido pagada porque el
derecho fue negado por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

En memorial posterior5 expuso que no se encuentra probado que el accidente se
haya causado en razón de una actividad propia del ejercicio de la docencia y que
en todo caso, no es considerado como uno de origen laboral aquel que ocurre por
fuera de la empresa aun así se trate de permisos sindicales.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, (iii) cobro de
lo no debido, (iv) prescripción, (v) buena fe, (vi) excepción genérica o innominada.

La Nación – Ministerio de Educación respondió6 que no se ha demostrado la
obligación de la entidad en el reconocimiento y pago de la prestación y que, en todo
caso, si se llegare a demostrar que la actora es acreedora de la prestación
perseguida, esta no sería a cargo del MEN sino de la entidad territorial nominadora.

Allegó un nuevo escrito7 en el que mantuvo su postura y añadió que la reclamante
no cumplió con la carga probatoria exigida para comprobar la naturaleza laboral del
accidente.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción, (iv) buena fe, (v) inexistencia
de vínculo legal o contractual, (vi) inexistencia de la obligación con fundamento en

2 Folio 41.
3 Folio 42.
4 Folios 73 a 80.
5 Folios 95 a 97.
6 Folios 81 a 87.
7 Folios 91 a 94.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

la ley, y (vii) excepción genérica o innominada.

El municipio de Santiago de Cali se opuso8 a las pretensiones de la demanda
argumentando que no están demostrados los presupuestos fácticos que configuran
la responsabilidad de la entidad.

Que, en todo caso, la secretaría del ente territorial solo cumple funciones
administrativas de recepción y trámite, por lo que la responsabilidad económica
recae sobre el Ministerio de Educación Nacional, siendo suficiente lo referido para
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Que el hecho ocurrido fue ajeno a la voluntad de los directivos de la institución
educativa lo que les permite inferir que el evento sucedió por motivos de culpa
exclusiva de la víctima.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, y (ii) innominada.

En la audiencia inicial9, le tribunal resolvió la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva y la declaró no probada. Declaró fallida la etapa de conciliación
y fijó el litigio estableciendo el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las
cuales se orientaría la decisión, y se efectuó el decreto de pruebas conforme al
artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas10 se incorporaron las pruebas documentales aportadas
por las partes y se consideró innecesaria la celebración de la audiencia de alegatos
y juzgamiento por lo que se dispuso la presentación por escrito de los alegatos de
conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN11

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
estimando que la actora incumplió con la carga de la prueba, pues la documentación
aportada no resultó útil ni suficiente para demostrar que estaba vinculada a la
asociación sindical y que la actividad en la que resultó lesionada correspondía a una
actividad de dicha organización.

Que bien pudo demostrar los hechos expuestos con la historia clínica de la atención
recibida el día de los hechos, reporte de alguna autoridad competente sobre el
evento o algún documento que diera cuenta de la condición de afiliada a alguna
agremiación sindical o una relación con los organismos directivos.

8 Folios 99 a 112.
9 Folios 150 a 153.
10 Folios 156 a 161.
11 Folios 119 a 128.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

Condenó en costas a la parte demandante en aplicación del artículo 188 del CPACA
y 365 del CGP.

EL RECURSO DE APELACIÓN12

La demandante interpuso de apelación expresando que el tribunal incurrió en una
incorrecta valoración probatoria, toda vez que los dictámenes periciales que no se
controvirtieron y que fueron el resultado de un estudio médico, clínico y técnico
prueban que fue un accidente de trabajo en ejercicio de la función sindical.

Que, además en el formato de notificación de accidentes laborales y en el dictamen
de medicina laboral se evidencia que la actora sufrió lesiones por quemadura a la
hora del evento y con ocasión a la movilización del gremio sindical.

Que, a su vez, hubo una indebida interpretación de la norma, pues el condicionar el
origen laboral del accidente a que la docente tuviera un fuero sindical es una tesis
restrictiva y vulneradora de los derechos fundamentales y no corresponde a la
literalidad de la norma.

Que la actora cumplió con la única exigencia que tiene la ley, que es estar
ejecutando una función sindical, lo cual se puede comprobar en los diferentes
medios de comunicación, siendo este evento un hecho notorio y de público
conocimiento que no es necesario probar.

Que, conforme lo señala el artículo 2.2.2.4.14 del Decreto 1072 de 2015, durante
los términos de negociación, los empleados públicos gozan de las garantías del
fuero sindical y permiso sindical, por lo que en su caso no es necesario probar una
calidad de directiva, toda vez que en la marcha convocada las organizaciones
sindicales se encontraban en etapa de negociación con el Gobierno colombiano.

Que su calidad de afiliada se puede comprobar con la certificación expedida por el
presidente del sindicato y en el dictamen que calificó su accidente, los cuales gozan
de plena validez.

TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 12 de septiembre de 201913 se admitió el recurso, se dio traslado por el término
de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión, se corrió el mismo
traslado para el Ministerio Público.

12 Folios 139 a 147.
13 Folio 161.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

El municipio de Santiago de Cali allegó memorial con alegatos de conclusión en el
que ratificó los argumentos expuestos la contestación.

la demandante presentó memorial de alegatos de forma extemporánea.

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito
de intervención14 en el proceso de la referencia y solicitó que se profiera sentencia
anticipada con base en la SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Mediante
auto del 18 de marzo de 202115 se declaró improcedente la solicitud incoada al
estimar que el fallo referido fijó las reglas de unificación sobre el Ingreso Base de
Liquidación para computar la pensión de jubilación y vejez de los docentes en
atención al régimen aplicable, el cual no guarda relación con el caso bajo estudio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Deberá resolver la Subsección si a la demandante le asiste el derecho a recibir una
indemnización por accidente de trabajo con ocasión a una actividad sindical.

Marco normativo y jurisprudencial

Accidente de trabajo y su alcance para los empleados públicos (docentes)

Con la promulgación de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de
Seguridad Social en Colombia, norma que integró en su estructura la regulación el
Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual fue desarrollado en el Decreto
1295 de 1994, definiéndolo en su artículo primero de la siguiente manera:

«El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y
los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del
trabajo que desarrollan.»

Sin embargo, la mentada norma en el inciso 2°. del artículo 279 norma exceptuó de
su aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como sigue:

«Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán

14 Ver SAMAI, índice 16 y 18.
15 Ver SAMAI, índice 20.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida.»

A saber, la Ley 91 de 1989, respecto a las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al FOMAG, remite su aplicación a las normas prestacionales del orden
nacional, para lo cual resulta pertinente lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968
que previó la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y
reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales,
el cual estableció en el literal e) del artículo 14 que:

«ARTÍCULO 14.-"Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La entidad
de previsión social a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador, efectuará el
reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:
(…)
e) Indemnización por accidente de trabajo;»

Aunque la referida normativa aplicable a los docentes oficiales previó el
reconocimiento de dicha indemnización, el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994
que determinó la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales derogó lo antes dispuesto:

«ARTÍCULO 98. Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga los artículos 199, 200, 201, 203, 204 y 214 del Código
Sustantivo de Trabajo, los artículos 20, 88 y 89 del Decreto 1650 de 1977, los
artículos 24, 25 y 26 del Decreto 2145 de 1992, los artículos 22, 23, 25, 34, 35 y 38
del Decreto 3135 de 1968, los capítulos cuarto y quinto del Decreto 1848 de 1969,
el artículo 2 y el literal b. del artículo 5 de la Ley 62 de 1989 y demás normas que le
sean contrarias, a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Riesgos
Profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.»

En ese contexto, los educadores estatales quedaron en una situación jurídica
incierta respecto al reconocimiento de la indemnización por accidente de trabajo, ya
que, por un lado, se encontraban previamente excluidos del Sistema General de
Seguridad Social (Ley 100 de 1993), y, por otro, con referida derogatoria dejó de
contemplarse en el ordenamiento jurídico norma alguna que regulara dicha
prestación para este grupo.

Para este escenario, es importante considerar el análisis realizado por la Corte
Constitucional sobre el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia C-461 de
1995, el cual surgió a raíz de la exclusión de los docentes para percibir el pago de
la mesada adicional que trata el artículo 142 de la mentada norma.

Aunque la cuestión planteada en la providencia mencionada es distinta a la que se
examina aquí, el objetivo constitucional sigue siendo el mismo: la primacía del

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

derecho a la igualdad, el cual debe prevalecer en la aplicación de los beneficios
establecidos en esa disposición normativa para el sector docente, incluyendo, en
este caso puntual, el acceso a los beneficios del Sistema General de Riesgos
Profesionales para accidentes laborales.

A saber, dicha Corporación abordó la excepción que trae la norma para los afiliados
al FOMAG y declaró su exequibilidad condicionada, estableciendo que su aplicación
debía ser en armonía con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta Política, como se
observa:

«Esta Corporación ha sido clara al determinar que este tipo de discriminación es
contraria al derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta. Sobre
el particular ha sostenido la Corte:

"En suma, por cuanto concierne a la particular dimensión involucrada en el
problema constitucional que en este caso plantea la demanda, es oportuno
recordar que la Corporación ha sostenido de manera reiterada que la
igualdad se traduce en el derecho de los individuos a que no se consagren
excepciones o privilegios arbitrarios que los excluyan de lo que se concede
a otros en idénticas circunstancias [9]." (negrilla fuera de texto)

No puede ser admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio
que se otorga a la generalidad del sector y que tiende al desarrollo de un derecho
constitucional, por simples consideraciones subjetivas, que no encuentran asidero
en los principios y valores constitucionales. Como en forma reiterada lo ha
manifestado la Corte, el derecho a la igualdad se traduce en una garantía que impide
a los poderes públicos tratar de manera distinta a quienes se encuentran en iguales
condiciones. En consecuencia, la norma que estudia la Corte, configura una
discriminación que atenta contra el principio de igualdad consagrado en el artículo
13 de la Carta Política.»

De acuerdo con el mismo enfoque de la Corte Constitucional y en protección de los
derechos fundamentales que corresponden a todas las personas sin distinción
alguna, esta Subsección dará aplicación al Sistema General de Riesgos
Profesionales, como ya lo ha hecho esta Corporación en casos anteriores16.

Ahora bien, con la claridad en cuanto a la aplicabilidad de norma, se tiene entonces
que el Decreto 1295 de 1994 antes referido, fue modificado por la Ley 1562 de 2012,
la cual, fijó el concepto de accidente de trabajo y determinó su alcance dentro del
sistema, como sigue:

«Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

16 Ver sentencia del 11 de agosto de 2022 con radicado: 47001-23-33-000-2019-0002501(1757-2022).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado
de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. (líneas
intencionales)

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.»

En consideración al problema jurídico aquí planteado, se hace énfasis en el inciso
4° de la norma citada, el cual determina que para que un evento ocurrido a un
trabajador sindicalizado sea considerado como un accidente de trabajo, debe
suceder mientras el trabajador esté cumpliendo con las responsabilidades y tareas
asignadas por el sindicato y permitidas por la norma, incluyendo aquellas que se
lleven a cabo durante su permiso sindical.

Sobre el derecho de sindicalización, el ejercicio de la función y el permiso
sindical

En Colombia, la asociación sindical es un derecho constitucional que fue
consagrado en la Constitución de 1991 y garantiza a los trabajadores la libertad de
organizarse, negociar colectivamente y defender sus derechos laborales sin temor
a represalias.

La Carta Política prevé la garantía y protección de este derecho, así como la
protección contra la discriminación y el despido injusto por motivos sindicales,
fomentando un equilibrio entre el empleador y el empleado dentro del marco legal,
como se ve:

«ARTÍCULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir
sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento
jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

(...)»

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha hecho énfasis en la
extensión del derecho a la libertad sindical a los servidores públicos. En sentencia
T-376/20 manifestó:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

«Del mismo modo, esta Corporación, al estudiar las leyes aprobatorias de los
Convenios de la OIT número 151 “sobre la protección del derecho de
sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en
la administración pública” y 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”
señaló: “en general los servidores públicos gozan de derechos
constitucionales, como toda persona y todo trabajador aun cuando éstos
pueden ser limitados en algunos aspectos, debido a que la relación de trabajo
al interior de la administración pública comporta un contenido de interés
general (C.P. inciso 2 art. 123).»

Por su parte, el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) señaló cuáles
son las funciones de los sindicatos de los empleados públicos:

«Artículo 414. derecho de asociación. El derecho de asociación en sindicatos
se extiende a los trabajadores de todo servicio oficial, con excepción de los
miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerzas de policía de
cualquier orden, pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo las
siguientes funciones:

1. Estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de
trabajo de sus asociados.

2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados
públicos, especialmente los relacionados con la carrera administrativa.

3. Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos
comunes o generales de los agremiados, o de la profesión respectiva.

4. Presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales
respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus afiliados en
general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objeto
cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la
organización administrativa o los métodos de trabajo.

5. Promover la educación técnica y general de sus miembros.

6. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad,
invalidez o calamidad.

7. Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de
ahorro, de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos
técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales,
campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a
los fines profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados
en los estatutos.

8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que
requieran para el ejercicio de sus actividades. y

9. Está permitido a los empleados oficiales constituir organizaciones sindicales
mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos, las cuales,
para el ejercicio de sus funciones, actuarán teniendo en cuenta las limitaciones

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

consagradas por la ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados para con la
administración.»

Ahora bien, en lo que respecta a la gestión y garantía de los permisos sindicales, la
norma establece de manera clara las condiciones bajo las cuales los empleadores
deben otorgar permisos a los trabajadores para el ejercicio de actividades
relacionadas con la organización, buscando asegurar que este personal pueda
cumplir con sus funciones representativas dentro del sindicato sin que ello afecte
sus derechos laborales ni su estabilidad en el empleo.

El artículo 416A del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 13 de
la Ley 584 de 2000 establece:

«ARTÍCULO 416-A. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos
tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales
para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las
responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y
libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación
con los representantes de las centrales sindicales».

Por su parte, el Decreto 1072 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo», en su capítulo 5 reglamenta los permisos
sindicales estableciendo su alcance y margen de aplicación, como se observa:

«Artículo 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los
servidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen
derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos
Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las
Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y
dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les
concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de
su gestión.

Artículo 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las organizaciones
sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical,
del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y
subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y
comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de
reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.

Artículo 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al
nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante
acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente decreto,
previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado,
en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de
su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su
distribución.

(…)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

Artículo 2.2.2.5.4. Efectos de los permisos sindicales. Durante el período de permiso
sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales,
así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito».

Conforme a la normativa expuesta, se concluye que para que un docente oficial sea
beneficiario del reconocimiento de una indemnización por accidente de trabajo con
ocasión a una actividad sindical, debe cumplir con los siguientes requisitos: i) que
sea un docente afiliado al FOMAG, ii) que se encuentre afiliado a una unión sindical,
iii) que al momento del accidente se encontrara realizando actividades sindicales,
iv) si la actividad se realizó durante un permiso sindical, que el docente sea miembro
de los órganos establecidos en el artículo 2.2.2.5.2 del Decreto 1072 de 2015, y
que, en todo caso, esté alineada con la finalidad para la cual se concedió el permiso,
y v) que se determine la pérdida de capacidad laboral ocasionada por el accidente.

Resolución del caso concreto

Para resolver el asunto de la reclamante, en primera medida se analizará si
efectivamente se encontraba vinculada como docente prestando sus servicios a
favor de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. Este supuesto se
comprueba con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historial
Laboral No. 3263617 en el que se evidencia su calidad de educadora y su afiliación
al FOMAG.

Respecto del segundo requisito se examinará su cumplimiento con el fin de
determinar la calidad de afiliada de la accionante en la organización sindical y en
ese sentido definir qué disposiciones normativas le resultan aplicables.

Para probar los hechos narrados en la demanda, la accionante aportó al expediente:
(i) Oficio No. 11618 proferido por la Junta Directiva Central del Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca y firmado por el presidente de la
asociación, en el que se certificó que la docente participó en las jornadas sindicales
convocadas por la organización y en la actividad “Marcha de las Antorchas” llevada
a cabo el 4 de mayo de 2015, en la cual sufrió un accidente en desarrollo del evento,
(ii) formato de notificación de accidentes laborales19, (iii) formulario de dictamen para
la calificación de los servicios de salud20, y (iv) dictamen ML-0068-2016 del 29 de
junio de 201621 en el que la UTM Magisalud Unión Temporal 2 calificó el origen del
accidente como laboral.

A partir de las pruebas legalmente recaudadas en el proceso, se observa que las
mismas no son idóneas para respaldar los hechos narrados por la actora.

17 Páginas 24 a 25 del archivo: documento29586, visible en el CD que contiene el expediente administrativo,

obrante a folio 98.
18 Folio 8.
19 Folio 9.
20 Folios 10 a 11.
21 Folios 12 a 18.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

Puntualmente no se logró demostrar que estaba afiliada a la asociación, mucho
menos si hacia parte de la junta directiva o su posición en esta, lo que impide
determinar si desempeñaba funciones sindicales o si formaba parte del grupo de
trabajadores beneficiarios de los permisos. Acerca de la condición de afiliada, se
tiene que esta puede ser acreditada en los términos del artículo 2.2.2.3.2. del
Decreto 1072 de 2015, el cual señala:

«Prueba de la calidad de afiliado a un sindicato. La certificación de la Tesorería del
sindicato sobre la deducción del valor de la cuota o las cuotas, de los miembros de
la respectiva organización sindical, constituye prueba frente al empleador y la
Autoridad Administrativa Laboral de la calidad de afiliado a uno o a varios
sindicatos.»

Aunque la certificación señalada no es un requisito solemne exigido por la norma,
esta si se considera como el elemento de convicción adecuado para probar el
supuesto fáctico de afiliación, el cual no fue aportado al proceso por la demandante.

Ahora, también es cierto que en ejercicio de la libertad probatoria consagrada en el
artículo 165 del CGP22, las partes pueden presentar cualquier otro medio útil para
el convencimiento del juez, sin embargo, como ya se mencionó, ninguno de los
arrimados al proceso cumplió a cabalidad con dicho objetivo.

En cuanto al certificado suscrito por el señor Víctor Manuel Cabrera Vásquez23 como
presidente del sindicato, es importante señalar que, el representante legal de la
asociación no cuenta con las facultades para acreditar la afiliación de un trabajador,
pues como lo señala el Decreto 1072 de 2015, esto es competencia del tesorero.

Además, en tal documento únicamente se calificó a la docente como una
“compañera” que participó en las jornadas sindicales y en la actividad “Marcha de
las Antorchas”, pero nada dijo sobre su calidad de afiliada a la asociación, ni que al
momento del accidente estuviera desempeñando funciones sindicales en
representación de esta. En ese sentido, con base en el contenido del certificado,
tampoco se llegaría a la conclusión de que la educadora fuera un miembro activo

22 «Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento,
el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes
y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.»
23 Transcripción de lo certificado:

«La Junta Directiva Central certifica que la compañera docente MARIA VIKY CHICANGO ANGULO, participó
en las Jornadas Sindicales convocadas por la Organización Sindical y en la actividad “Marcha de las Antorchas”
realizada el día 04 de Mayo de 2015.
La compañera docente sufrió un accidente en el desarrollo de la marcha, por lo cual solicitamos se le garantice
todos sus derechos en lo relacionado en atención en salud.
Las convocatorias que hizo la Organización Sindical están amparadas en el Derecho Constitucional a la Huelga
y a los Convenios Internacionales de la O.I.T., por lo cual la compañera MARIA VIKY CHICANGO ANGULO
debe gozar del pleno de las garantías sindicales que la amparan.»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

de la mentada unión sindical.

Frente al dictamen ML-0068-2016 del 29 de junio de 2016, refiere la demandante
en su apelación que con este también se comprueba que hacía parte de la
organización, pues según manifestó, allí se califica que su accidente fue de origen
laboral y que lo dicho no fue controvertido.

Recuerda la Sala que las pruebas deben guardar una relación directa con el objeto
de debate y ser aptas para demostrar los hechos que se intentan probar, con el fin
de generar un resultado útil y relevante en la resolución del caso, no obstante, el
medio de convicción presentado no cumple con los requisitos de idoneidad y
pertinencia, puesto que, no hace mención alguna sobre el carácter de asociada de
la educadora.

Se resalta que, el artículo 3° de la Ley 1562 de 2012 establece claramente el alcance
del accidente de trabajo que cobija al personal sindicalizado, especificando que solo
puede determinarse como tal el ocurrido a quienes realicen el ejercicio de la función
sindical, extendiendo esta cobertura a las actividades realizadas durante el permiso.
En ese contexto, al analizar la situación de la accionante, no se logró acreditar su
afiliación a la asociación, lo cual imposibilita de plano la aplicación de las garantías
previstas para los referidos trabajadores.

Desde este enfoque resulta también acertado resolver el argumento presentado por
la accionante en el recurso apelación referente a la pertinencia del artículo
2.2.2.4.14 del Decreto 1072 de 201524 para su caso, sobre el cual se estima que,
debe mantenerse la misma secuencia lógica respecto al deber de demostrar su
condición de asociada para poder considerar la aplicación de los beneficios
consagrados para el personal sindicalizado en el sector público, como lo es el goce
del fuero circunstancial que consagra la norma citada, por tanto, al no evidenciarse
su afiliación no es posible evaluar la validez de su planteamiento como aforada para
efectos de la indemnización pretendida.

Pues bien, como la calidad de docente sindicalizada no fue demostrada y se
requiere resolver de fondo el presente litigio con el material probatorio obrante en el
expediente, se concluye entonces que esta Subsección no cuenta con los
elementos necesarios para determinar con certeza si la educadora pertenecía a la
organización sindical.

24 El texto del artículo 2.2.2.4.14 del Decreto 1072 de 2015 era el siguiente: «Garantías durante la negociación:
En los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 584 del 2000 y del libro 2, título 2, capítulo 5
del presente Decreto, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente capítulo, durante el término
de la negociación, gozan de las garantías de fuero sindical y permiso sindical, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.»
Se destaca que mediante el Decreto 243 de 2024 se modificó el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1072 de 2015 y se excluyó la disposición normativa referida, sin embargo, es claro que para el
momento de los hechos e incluso del escrito de apelación, la misma se encontraba vigente.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para
lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a
través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la
prueba al tenor del artículo 167 del CGP25 .

Por tanto, la norma impone una carga procesal26 a las partes tendientes a que
presenten los medios de convicción pertinentes, conducentes, útiles y necesarios
para demostrar lo pretendido, de manera que obtengan un resultado satisfactorio
respecto de sus propias posturas jurídicas frente a un mismo caso.

Bajo esta línea de intelección, la inobservancia de dicha carga conlleva resultados
adversos para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos
de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea
con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.

En consecuencia, no resulta procedente efectuar un análisis de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar del accidente que alega la actora haber sufrido durante la
marcha, pues al no demostrar su afiliación al sindicato no puede discutirse la
aplicación del inciso 4 del artículo 3° de la Ley 1562 de 2012. De modo que, resulta
inane examinar las demás exigencias aquí planteadas para consolidar el derecho
en litigio, pues finalmente este no podría concederse.

Considerando todo lo expuesto en la presente providencia, el acto administrativo
demandado se encuentra ajustado a derecho, entendiendo que la indemnización no
resulta procedente en tanto no acreditó la actora su condición de afiliada al Sindicato

25 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
26 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en

Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

Único de Trabajadores de la Educación del Valle, lo que lleva a prescindir del estudio
de las demás condiciones necesarias para acreditar la ocurrencia de un accidente
laboral. Así las cosas, se deberá confirmar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda por falta de cumplimiento de la carga
probatoria a cargo de la accionante.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte activa, no presentan
una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena. Contrario a ello,
la demandante propuso planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus
intereses. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01540-01 (2936-2019)

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.