Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04786-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04786-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04786-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-04786-011
Demandante : Faiber Perdomo Medina
Demandado : Consejo de Estado, Sección Primera
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo
y mínimo vital
Tema : Nulidad de título profesional de abogado, valoración probatoria
Decisión : Sentencia de segunda instancia - confirma en sentido de negar
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del 28 de agosto de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta2, que
declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
Faiber Perdomo Medina, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo y mínimo vital, presuntamente vulnerado por el
Consejo de Estado, Sección Primera.
Por consiguiente, solicitó:
Primero: Amparar en atención a una evidente vulneración a los derechos fundamentales
al derecho al trabajo, debido proceso, defensa y contradicción y mínimo vital, dejando
sin efecto jurídico la sentencia de única instancia y en defecto nuevamente analizar las
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Expediente digital disponible en SAMAI.
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C. P. Claudia Rodríguez Velásquez.
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Demandante: Faiber Perdomo Medina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
pruebas presentadas por mi parte en la oportunidad jurídica de alegatos de conclusión.
(Sic)
1.3 Hechos3
El accionante expuso que, ingresó al programa de derecho de la Universidad del
Cauca en el año 2012; institución que, le otorgó el título de abogado el 15 de marzo
de 2019.
El ente universitario mediante apoderado judicial presentó demanda de simple
nulidad —lesividad—, con el fin de declarar la nulidad de la Resolución núm. R-179
de 7 de marzo de 2019, por medio de la cual, se le confirió el título de abogado; el
acta de grado núm.16 de 15 de marzo de 2019; y el diploma núm. 387-19 de 15 de
marzo de 2019. Como consecuencia, ello, se ordenará la cancelación de la tarjeta
profesional de abogado núm. 329.588 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura a su favor.
La demanda correspondió por reparte a la Sección Primera del Consejo de Estado,
bajo el radicado núm. 11001-03-24-000-2021-00578-00, que sentencia de única
instancia del 15 de mayo de 2025, declaró la nulidad parcial del artículo primero de
la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, la nulidad del acta de grado núm.
16 del 15 de marzo de 2019 y del diploma núm. 387-19 de 15 de marzo de 2019.
Lo anterior, al concluir que «[…] de los registros de calificación de preparatorios del sistema
SIMCA 2.0; del reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión
Financiera; de la historia académica del estudiante, suministrado por la División de Admisiones,
Registro y Control Académico; y del archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico, el egresado FAIVER PERDOMO MEDINA, no reunía los requisitos legales y
estatutarios para obtener el título profesional que le fue otorgado».
A su juicio, la entidad accionada vulneró sus derechos, por cuanto no tuvo en cuenta
las pruebas que allegó con la presentación de los alegatos de conclusión, las cuales,
daban cuenta del desorden administrativo en el que se encontraba la universidad y
que en efecto había presentado los preparatorios.
1.4 Contestaciones de la acción
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 2.
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1.4.1 La Sección Primera del Consejo de Estado4 manifestó que, se abstuvo de
pronunciarse de las pruebas aportadas por el actor con el escrito de alegatos, toda
vez que, esa no era lo oportunidad procesal para pedir o allegar pruebas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. Por ello, la falta de valoración fue justificada en la
sentencia del 15 de mayo de 2025 y no configura la vulneración de los derechos
fúndameles invocados por el demandante.
Asimismo, precisó que, la tutela no es el medio para controvertir criterios
interpretativos ni sustituir la autonomía del juez natural; tratándose de decisiones
proferidas por Alta Corte, su procedencia es estrictamente excepcional y exige
demostrar una actuación incompatible con la Constitución política. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo por falta de relevancia
constitucional.
1.4.2 La Universidad del Cauca5 sostuvo que, la decisión del 15 de mayo de 2025
que anuló el título del accionante se adoptó por incumplimiento de los requisitos de
grado previstos en el Acuerdo Académico 002 de 2011 (entre ellos, la aprobación
de los 7 exámenes preparatorios).
Agregó que, no es posible «reconstruir» hechos no soportados en el archivo
académico y que la ausencia de documentos no puede suplirse con presunciones;
bajo la carga dinámica de la prueba, la universidad aportó soportes y el actor no
acreditó el cumplimiento de los requisitos. De otro lado, indicó que, la tutela no
procede para reabrir procesos ya decididos por el juez natural; en consecuencia,
solicitó declarar la improcedencia del amparo toda vez que, el asunto fue resuelto
por la jurisdicción competente y no se evidencia una actuación arbitraria o
desproporcionada por parte del ente institucional.
1.4.3 El Ministerio de Educación Nacional6 adujo que, carecer de legitimación en
la causa por pasiva dentro del trámite constitucional de la referencia, en atención a
que no es el llamado a responder por la pretensión planteada por el accionante. De
otro lado, señalo que, el mecanismo invocado resulta improcedente ya que, no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
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Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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Índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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Índice 12 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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1.4.4 La Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia7
precisó que, su actuación se limitó al cumplimiento de la providencia mediante la
cual, se declaró la nulidad de los actos administrativos que otorgó el título de
abogado al accionante. En ese sentido, expidió la Resolución núm. 6667 del 10 de
julio de 2025 en la que se «[…]decretó la pérdida de ejecutoria del acto administrativo de
inscripción como abogado y, como consecuencia, canceló la tarjeta profesional núm. 329.588 del 20
de junio de 2019». Por lo anterior, y dado que, la solicitud de amparo se dirige contra
la decisión emanada por la parte demandada, solicitó su desvinculación del
presente trámite.
1.5 Providencia impugnada8
Mediante fallo del 28 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia al no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se emplea el mecanismo como
una instancia adicional, para reabrir un debate ya zanjado por el juez ordinario, y
exponer argumentos por fuera del término procesal pertinente.
1.6 La impugnación9
Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, para cuyo propósito
sostuvo que, no busca una instancia adicional, sino la protección judicial de sus
derechos fundamentales vulnerados.
Afirma que, las pruebas aportadas con el escrito de alegatos de conclusión debieron
de ser tenidas en cuenta conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 173
del Código General del Proceso, que impone considerar los documentos que se
alleguen antes de dictar sentencia. Añade que, en aras de esclarecer la verdad, la
autoridad judicial podía decretar pruebas de oficio antes del fallo.
Por último, preciso que, si alguna prueba hubiese sido obtenida con vulneración del
debido proceso, correspondía su exclusión conforme al artículo 214 del CPACA, en
concordancia con el artículo 168 del CGP; pero ello no ocurrió, pues el acervo fue
obtenido mediante derechos de peticiones. Por el contrario, denuncia
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Índice 14 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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Índice 18 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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Índice 37 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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inconsistencias y vacíos en la custodia documental de la Universidad del Cauca que
refuerzan la necesidad de valorar integralmente lo allegado.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3210 del Decreto Ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico
Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad; y, en caso afirmativo, si es dable a través de este mecanismo
constitucional, examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales que
pueda comportar la providencia del 15 de mayo de 2025 proferida dentro del
proceso núm. 11001-03-24-000-2021-00578-00, por medio de la cual, el Consejo
de Estado, Sección Primera, declaró la nulidad de los actos administrativos que
otorgaron el título profesional de abogado al accionante.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
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Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
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identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
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sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos16.
2.5 Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado,
contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, por
cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y mínimo vital del
tutelante, al no tenerse en cuenta el material probatorio aportado con el escrito de
14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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alegatos de conclusión, por medio del cual, pretendía demostrar que si había
presentado los exámenes preparatorios; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, en la medida en que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 19 de
junio de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 31 de julio siguiente, es decir,
dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico, pese a que el actor
no invoco ninguna causal, se advierte que sus reproches y la génesis de la
vulneración invocada radica en, a su juicio, en que se dejaron de practicar unas
pruebas, por lo que en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de
tutela debe interpretar de manera extensiva el escrito inicial17, resulta procedente
analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra
providencia judicial.
2.5.1 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 18.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en
que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra19.
17
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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En el presente caso, el accionante sostiene que la decisión censurada incurre en
defecto fáctico, porque no se tuvo en cuenta el material probatorio aportado por la
parte demandante con el escrito de alegatos de conclusión, con el cual, pretendía
demostrar que si había presentado los exámenes preparatorios.
Ahora bien, frente al referido reproche, en la providencia censurada del 15 de mayo
de 2025 el Consejo de Estado, Sección Primera, sostuvo:
[…]
De igual forma, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de las pruebas documentales
aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en su escrito de
alegatos de conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley 1437 de
201119, dado que la etapa de alegaciones no es la oportunidad para aportar o solicitar la
práctica de pruebas.
De lo expuesto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada, actuó conforme
a derecho, teniendo en cuenta que, la oportunidad procesal para solicitar, practicar
e incorporar pruebas en primera instancia en materia de lo contencioso-
administrativo se encuentra regulada en el artículo 212 del CPACA, que dispone:
ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez
las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos
y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas:
la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de
reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o
podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente
señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria
del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente
en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes
al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de
practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las
cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04786-01
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará
un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles […]. (Negrillas de
la Sala).
De lo expuesto se colige que, las pruebas aportadas con el escrito de alegatos de
conclusión, no podían ser tenidas en cuenta ni valoradas por haber sido presentadas
por fuera de la oportunidad legal. Tampoco era exigible su apreciación a la luz del
artículo 173 del CGP, toda vez que, dicha disposición prevé que las pruebas cuya
eficacia se pretende deben ser solicitadas dentro de las oportunidades procesales
previstas; presupuesto que no se satisfizo en el caso concreto.
En consecuencia, el material aportado no fue solicitado ni practicado en el momento
procesal idóneo, de modo que no había lugar a su decreto ni a su valoración. Aun
si, en gracia de discusión, el Juez de conocimiento hubiese procedido a apreciarlo,
ello habría vulnerado el debido proceso y el derecho de contradicción de la otra
parte (Universidad del Cauca).
En ese sentido se tiene que, la autoridad judicial accionada explicó con claridad y
sustentó jurídicamente por que no era procedente aprecia las pruebas allegas
después de haberse surtidos las etapas para ello. Es decir, para la Sala, el
accionado ya había resuelto con suficiente motivación la inconformidad expuesta
por el tutelante. Por lo tanto, su intención, más allá de manifestar la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses.
III. DECISIÓN
La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la
providencia cuestionada haya incurrido en la causal especial de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial invocada (defecto fáctico), por tal motivo,
se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, para en su lugar, negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04786-01
Demandante: Faiber Perdomo Medina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el señor Faiber Perdomo Medina, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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