Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00578-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00578-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00578-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
15 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00578-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad
del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo
de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a
estudiantes de pregrado”, del acta de grado núm. 16 de 15 de
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
2
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marzo de 2019 y del diploma núm. 387-19 de 15 de marzo de 2019,
actos por medio de los cuales otorgó el título de abogado al señor
FAIVER PERDOMO MEDINA.
I.- LA DEMANDA
I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-179 de 7 de marzo de 2019, en concreto el
aparte que confiere al señor FAIVER PERDOMO MEDINA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.256.259, expedida
en Paicol – Huila, el título de abogado.
3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 16 de 15 de
marzo de 2019 – 029335 y Diploma No. 387-19 de 15 de marzo
de 2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de su Resolución No. R-179 de 7 de marzo de 2019 y otorga el
título de Abogado al señor FAIVER PERDOMO MEDINA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.256.259, expedida
en Paicol – Huila.
3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se
ordene la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogado No.
329588, otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura al
señor FAIVER PERDOMO MEDINA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 83.256.259, expedida en Paicol – Huila […]”.
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I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación
superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual
ha ofertado el programa de pregrado de Derecho.
2°. Adujo que para la fecha en que el señor FAIVER PERDOMO
MEDINA2 se matriculó en el programa de Derecho, esto es, en el
primer semestre del año 2012, la UNIVERSIDAD tenía previsto
como requisito de grado la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se
adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, con base en la información registrada en el
Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió
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Tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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paz y salvo académico a favor del estudiante FAIVER PERDOMO
MEDINA quien, dentro de la oportunidad otorgada por la Secretaría
General, presentó la documentación exigida para el otorgamiento del
título de abogado a fin de ser incluido en la ceremonia colectiva de
graduación que tuvo lugar el 15 de marzo de 2019, en la cual recibió
el diploma correspondiente.
4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la
Resolución núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de
seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos
administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa
de derecho, con el propósito de verificar posibles irregularidades que
se habrían presentado en el registro de tales exámenes.
5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida
en el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado
por uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se
informaba que a varios estudiantes del programa de derecho se les
registraron como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA,
a pesar de que no los habían superado.
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6°. Indicó que en cumplimiento de la tarea encomendada por el
Rector de la UNIVERSIDAD el equipo constituido mediante la
Resolución núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información
consignada en el SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y
registro de exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y
graduados desde el año 2015, confrontando dicha información con los
respectivos soportes físicos que reposaban en el expediente de la
correspondiente historia académica.
7°. Señaló que respecto de la situación académica del señor FAIVER
PERDOMO MEDINA se advirtió que, según la información registrada
en el SIMCA, habría presentado y aprobado los siete (7) exámenes
preparatorios exigidos por el reglamento; sin embargo, corroborado
dicho reporte con el expediente de la historia académica, pudo
advertir que el graduado solo había aprobado tres (3) exámenes,
quedando pendiente de aprobación los correspondientes a las áreas
de derecho de bienes, obligaciones y contratos, derecho
constitucional, derecho administrativo y derecho procesal civil.
8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo
utilizado por el señor PERDOMO MEDINA para obtener el registro de
notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,
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situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades
competentes.
9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se
expidieron bajo el supuesto de que el señor FAIVER PERDOMO
MEDINA había cumplido con todos y cada uno de los requisitos
previstos para que se le otorgara el título de abogado.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren
en las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues
vulneran los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política; la Ley 30 de 1992, los artículos 3º, 6º y 137 de
la Ley 1437 de 2011; la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo Académico
núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la
reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la
facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que
“la presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes
preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual el
estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no
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tendría el derecho a que se le confiera el título de abogado y, de
otorgarse sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título
deberá ser dejado sin efectos, tal y como lo ha entendido y dispuesto
la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-
783 de 2003”.
Aseveró que el señor FAIVER PERDOMO MEDINA no cumplió con
los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos de la
UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogado, pues de
acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento se
pudo establecer que el graduado no aprobó los exámenes
preparatorios de las áreas de derecho de bienes, obligaciones y
contratos, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho
procesal civil.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 12 de noviembre de 20213 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor
FAIVER PERDOMO MEDINA, en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso.
3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
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II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la
suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la cual
se accedió mediante proveído de 21 de enero de 20224.
II.3.- Contestación
II.3.1. El señor FAIVER PERDOMO MEDINA5, en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda y manifestó, en
síntesis, que:
Cumplió con los requisitos exigidos por la UNIVERSIDAD para que
se le otorgara el título académico acusado de nulidad. Al respecto,
agregó que la parte demandante dentro de las pruebas que aportó
con la demanda no adjuntó el recibo de pago por concepto de paz y
salvo académico, el cual sostuvo se entregó en forma física, situación
que consideró advertía un desorden administrativo de la actora6.
4
Visible en el índice núm. 16 del expediente digital. Contra la anterior decisión, el tercero interesado
interpuso recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala en providencia de 28 de octubre de 2022,
en el sentido de confirmar el decreto de la medida cautelar (índice núm. 43 del expediente digital).
5
Visible en el índice núm. 17 del expediente digital.
6
Sobre el particular, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló:
“[…] Me permito indicar a la Honorable Magistrada, que el estudiante si cumplía con los requisitos
exigidos por la Universidad para el mes de Febrero de 2019, y por tal motivo solicitó a la Universidad se
expidiera el respectivo recibo de pago por concepto de Paz y Salvo, el cual el sistema SQUID, generaba
el recibo, notándose que en los medios de prueba no lo aportan, habiendo realizado el pago y lo entregó
de forma física a la Universidad para poder continuar con el acto administrativo complejo, advirtiendo un
desorden administrativo por perder los soportes documentales de la Historia Académica física, por no
tener un archivo conforme a la normatividad vigente, teniendo personal sin conocimiento en la materia
al cuidado y protección de la documentación, porque reconocen que realizó el pago aunque no tienen el
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Sostuvo que la UNIVERSIDAD pretendía evadir su responsabilidad
en el manejo de sus archivos, demandando sus propios actos, a
pesar de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso
no tenía investigación penal o disciplinaria en curso por el presunto
incumplimiento de los requisitos de grado a los que hacía referencia
la demanda.
Agregó que la parte actora solicitó la nulidad de actos administrativos
que cumplían con el procedimiento y los requisitos exigibles para
otorgar el título académico acusado, pues no identificó el presunto
medio fraudulento que utilizó el señor PERDOMO MEDINA para
graduarse, lo cual sostuvo desconocía lo previsto en la ley respecto
de la carga de la prueba.
En este punto, el apoderado del tercero con interés directo en las
resultas del proceso señaló:
“[…] El ente Universitario posee esta carga de la prueba, pues la
presentación de estos exámenes era muy hermética, no se
permitía que el estudiante tuviera copia de su examen una vez lo
presentaba, no se hacía una constancia o firma cuando se
entregaban los recibos de pago al señor ALEXANDER DORIA
(funcionario administrativo de la Universidad), por lo cual es muy
fácil para que se pierdan los documentos y luego al revisar sus
soportes documentales no aparezcan y se presente la demanda
ante su incompetencia en la administración documental;
soporte, es decir para unas cosas no tienen en cuenta el recibo de pago verificado o analizado con los
pagos soportados en el SQUID y para otros si, como es el caso de los preparatorios […]”.
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conocedores que el entonces estudiante está en indefensión, pues
al confiar en la Institución oficial reconocida a nivel Nacional e
Internacional, ponía su fe y esperanza en presentar su
preparatorio y que se surtieran los trámites pertinentes, los
cuales se verían reflejados en el aplicativo SIMCA, y ahí si tener
certeza que lo actuado, era reflejado en mencionado sistema
(sic)[…]”.
Cuestionó los resultados del informe que presentó la UNIVERSIDAD
respecto del cumplimiento de los requisitos de grado del señor
PERDOMO MEDINA, pues consideró que al expedirse con
fundamento en lo dispuesto en la Resolución núm. 695 de 30 de julio
de 2019, no se podía tener como prueba, dado que dicho acto
administrativo desconoció el debido proceso y las normas en que
debían fundarse7.
Sostuvo que para obtener el título de abogado no era necesaria la
presentación y aprobación de exámenes preparatorios en áreas de
derecho, pues la UNIVERSIDAD reglamentó los requisitos de grado
en el Acuerdo núm. 02 de 1988 del Consejo Superior Universitario
(Reglamento Estudiantil vigente), en la época en que estos
exámenes eran requisito de grado de creación legal y no actualizó la
reglamentación sino hasta el año 2012, cuando el Consejo Superior
7
Al respecto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló:
“[…] Así entonces, la función de crear el comité asesor de que trata la Resolución R-695 de 2019, estaría
en función del Consejo Superior; sin embargo, esta fue concedida al señor rector de la Universidad, pero
lo que llama la atención es que en los considerandos del mencionado acto no se hace alusión a la
iniciativa presentada por el Consejo Académico, como lo reza el numeral 23 del Acuerdo transcrito,
infringiendo la norma en que debía fundarse, consecuencia de ello se presenta un vicio formal en la
expedición de la resolución, incurriendo en violación flagrante al debido proceso, al respecto la
Constitución Política de Colombia en su artículo 29 […]”.
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expidió el Acuerdo número 027 de 2012, modificado por el Acuerdo
del Consejo Superior núm. 044 de 2015, los cuales establecieron seis
modalidades de trabajo de grado, dentro de las que se encontraban
los exámenes preparatorios.
Señaló que inició sus estudios académicos en la Universidad del
Cauca, bajo un convenio Policía Nacional – UNICAUCA y que con
motivo de los hechos expuestos en la demanda ha sido víctima de
discriminación y señalamientos por parte de algunos compañeros de
trabajo, que dan por hecho un supuesto fraude de su parte.
Finalmente, destacó que el tercero con interés directo en las resultas
del proceso no falsificó ninguna calificación, ni indujo a engaño al
Consejo de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD para la
expedición del paz y salvo académico, pues se limitó a presentar
dicha solicitud convencido de que había aprobado los exámenes
preparatorios “aunque estos para la fecha ya no eran un requisito
que le pudieran exigir porque ya había cumplido con la práctica es
decir con la segunda modalidad de trabajo de grado consagrada en el
Acuerdo 027 de 2012 del Consejo Superior Universitario”.
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II.4. El Despacho Sustanciador, mediante en auto de 8 de abril de
20228, prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el
artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A
del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el
litigio9 y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las
partes.
Contra la decisión mediante la cual Despacho Sustanciador se abstuvo
de decretar una solicitud probatoria, el apoderado del tercero con
interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de súplica,
el cual se decidió por la Sala en providencia de 28 de noviembre de
2024, en el sentido de confirmar la decisión objeto de recurso10.
En auto de 14 de febrero de 202511, se decidió correr traslado a las
partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
8
Visible en el índice núm. 33 del expediente digital.
9
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, “Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, y el acta de grado núm. 16
de 15 de marzo de 2019, desconocieron o no los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 02 de
17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, en concordancia con el Acuerdo núm.
001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de
Estudios del programa de Derecho”, conforme a lo expuesto por la parte actora en su demanda y a lo
indicado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en escrito obrante en el índice núm. 17
del expediente digital […]”.
10
Índice núm. 62 del expediente digital.
11
Visible en el índice núm. 80 del expediente digital.
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II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- El tercero con interés directo en las resultas del proceso12
reiteró que la UNIVERSIDAD no tenía un procedimiento
estandarizado para el control, recepción, presentación y calificación
de exámenes académicos.
Sostuvo que cumplió con el requisito de presentar y aprobar los
exámenes preparatorios en áreas de derecho, además de que no se
podían tener como ciertas las conclusiones del informe de requisitos
de grado que presentó la UNIVERSIDAD con la demanda, pues lo
que se advertía era un desorden administrativo que impedía acreditar
si dichos exámenes efectivamente contaban con soporte documental.
En ese sentido, señaló lo siguiente:
“[…] El estudiante realizó más de 7 pagos por concepto de
exámenes preparatorios, de los cuales la Universidad no tiene
certeza ni siquiera de los que aduce que pagó, bajo el entendido
que quieren demostrar con una tabla los posibles pagos (folio
007 y 008 del escrito de demanda y folio 135 de los medios de
prueba), pero dentro del acervo probatorio no los anexan, es
decir no están en la historia académica física, no tendrían el
soporte documental, solo se remiten a un sistema que generaba
los recibos y del cual no se decía en el recibo que preparatorio
era el que iba a presentar, solo se indica las posibles fechas de
impresión más no de pagos.
12
Visible en el índice núm. 86 del expediente digital.
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Para los preparatorios de laboral y familia, los cuales reconocen
que fueron aprobados, no se tiene soporte del pago realizado
para este concepto, pero no presentan objeción, pero los
soportes de los preparatorios de derecho administrativo,
constitucional, bienes y civil, generan inquietud cuando es la
misma universidad que no puede demostrar dentro de su
desorden porque tiene unos soportes y otro no, demuestran
unos pagos y otros no […]”.
Adujo que dentro del proceso no se acreditó algún tipo de coacción de
parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso
respecto de las personas que intervinieron en la revisión de su
historial académico, ni tampoco un vínculo civil o consanguíneo que
pudiera incidir en la expedición del paz y salvo académico, por lo que
consideró que para la fecha de su expedición existían los
antecedentes que acreditaban la presentación de todos los requisitos
para optar por el título de abogado.
Finalmente, solicitó declarar por vía de excepción la pérdida de
ejecutoriedad de los acuerdos núms. 002 de 1988 y 002 de 2011 en
aplicación directa de la Ley 552 de 1999, además de valorar las
pruebas que se aportaron con el escrito de alegatos de conclusión.
II.5.2- La UNIVERSIDAD no presentó alegatos de conclusión13.
13
Conforme se advierte en el informe secretarial visible en el índice núm. 87 del expediente digital.
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III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto14 en el que solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que
dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la
nulidad de los actos acusados.
Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD el señor PERDOMO
MEDINA se comprometió a cumplir con el reglamento académico que
preveía la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el título
de abogado y, además, era consciente de tal exigencia pues presentó
a los aludidos exámenes sin superar cuatro de ellos.
Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos
los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa
y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de
aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el
correspondiente título profesional.
Finalmente, sostuvo que dentro del proceso se acreditó, con
fundamento en el informe de requisitos de grado que aportó la
UNIVERSIDAD, que el tercero con interés directo en las resultas del
14
Visible en el índice núm. 85 del expediente digital.
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proceso aprobó solo tres de los siete preparatorios en áreas de
derecho previstos en el reglamento de la institución para obtener el
título de abogado15.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del
CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201916, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto de la referencia.
IV.2. Los actos acusados
En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del
artículo primero de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019,
15
En este punto, el Ministerio Público agregó lo siguiente:
“[…] En efecto, las normas vinculantes, expedidas por la Universidad en ejercicio de la autonomía
universitaria, contemplaban la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el grado de abogado.
Comoquiera que los estudiantes conocen las normas que rigen en su institución educativa y tienen la
obligación de cumplir con los reglamentos vigentes, al firmar su matrícula universitaria, surgió para
Faiver Perdomo Medina la obligación de presentar los exámenes preparatorios para optar por el grado de
abogado, al estar contemplado este requisito dentro de la Universidad del Cauca […]”.
16
El Acuerdo núm. 80 de 2019 fue modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.”.
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respecto del título de abogado que se le otorgó al señor FAIVER
PERDOMO MEDINA, la cual establece:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-179 DE 2019
(07 de marzo)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO
Los graduandos de posgrado de la Universidad del Cauca solicitan
a la Rectoría se les confiera el título correspondiente (sic).
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con
todos los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad
académica y demás instancias administrativas universitarias.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ABOGADA (O)
(…)
FAIVER PERDOMO MEDINA
CC. (…) PAICOL […]”.
De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado
núm. 16 de 15 de marzo de 2019, en la que se indicó lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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18
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00578-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
“[…] ACTA DE GRADO No. 16 del 15 de marzo de 2019
En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 2:00 p.m., del día viernes quince (15) de marzo
de dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la Resolución
R-179 del 7 de marzo de 2019 expedida por la Rectoría de la
Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:
ABOGADO
A:
FAIVER PERDOMO MEDINA
CC. (…) de PAICOL
El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogado
Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No:387;
Diploma No: 387-19
La ceremonia finaliza a las 3:00 p.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria
General.
Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a quince (15) de
marzo de dos mil diecinueve (2019).
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.
Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 387-19 de 15 de
marzo de 2019, en el cual se lee:
“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la
REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio
Educación Nacional, en la atención a que FAIVER PERDOMO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00578-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
MEDINA (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADO con todos los
derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 15 de marzo de 2019. Registrado en el
Libro de Diplomas No. 083, Folio No. 387, Diploma No. 387-19
[…]”.
IV.3. Cuestión previa
Previamente a establecer el problema jurídico que corresponde
resolver a la Sala, es necesario precisar que el tercero con interés
directo en las resultas del proceso presentó en la etapa de
alegaciones un argumento adicional a los expuestos en la
contestación de la demanda relacionado con la solicitud de declarar
por vía de excepción la pérdida de ejecutoriedad de los acuerdos
núms. 002 de 1988 y 002 de 2011, en aplicación directa de la Ley
552 de 1999.
Frente a dicho planteamiento, la Sala advierte que, de conformidad
con los artículos 162 y 175 de la Ley 1437 de 2011, el escrito de la
demanda y el libelo de contestación son los instrumentos previstos
por el legislador, en los que se exponen las razones de hecho o de
derecho que soportan las pretensiones, así como los argumentos de
oposición a los cargos del demandante, respectivamente. Según el
principio de congruencia, toda sentencia debe ser coherente con el
debate judicial propuesto por las partes en la demanda y en el escrito
de contestación.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado que la etapa de alegaciones no constituye la oportunidad
procesal para introducir argumentos nuevos que no fueron
planteados en la demanda o en el escrito de contestación, so pena de
afectar garantías constitucionales como el derecho de defensa y de
contradicción de los sujetos procesales17.
En el caso sub examine, el nuevo planteamiento no resulta
concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda como
en el escrito de oposición18. Por lo tanto, la Sala no estudiará el
reparo planteado por primera vez en el escrito de alegaciones.
De igual forma, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de las
pruebas documentales aportadas por el tercero con interés directo en
las resultas del proceso en su escrito de alegatos de conclusión, de
conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley 1437 de
201119, dado que la etapa de alegaciones no es la oportunidad para
aportar o solicitar la práctica de pruebas.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número:
73001-23-31-000-2006-01785-01(18580), CP: Hugo Fernando Bastidas
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 16 de agosto de 2002. Radicación: 76001-23-24-
000-1997-4345-01(12668). C.P.: Juan Ángel Palacio Hincapié.
19
El citado artículo establece:
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21
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IV.4. Problema jurídico
El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo
1° (parcial) de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes
de pregrado”; del acta de grado núm. 16 de 15 de marzo de 2019 y
del diploma núm. 387-19 de 15 de marzo de 2019, actos por medio
de los cuales otorgó el título de abogado al señor FAIVER PERDOMO
MEDINA.
A juicio de la demandante, los actos acusados transgreden el Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se
adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”,
debido a que el graduado no cumplió con la totalidad de los requisitos
allí previstos para optar por el título de abogado, en tanto no aprobó
los exámenes preparatorios de las áreas de derecho de bienes,
obligaciones y contratos, derecho constitucional, derecho
administrativo y derecho procesal civil.
“[…] ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada […]”.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso
aseguró que en el requisito de grado consistente en la aprobación y
presentación de los exámenes preparatorios en áreas de derecho no
le es aplicable, pues considera que dicho requisito no fue objeto de
reglamentación por parte de las autoridades competentes, además de
que existe una desorganización interna en la UNIVERSIDAD que no
le es imputable.
Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los
siguientes asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos
de grado de los programas universitarios; y (iii) la solución del caso
concreto.
(i) La autonomía universitaria
El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía
universitaria, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria.
Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
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El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.
El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades
impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así
como también les permite la gestión independiente de sus asuntos
administrativos y académicos.
La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la
“[…] capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha
de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas […]”20.
También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el
principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por
finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos
centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del
poder político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de
acción de dichas instituciones, con los límites que establezca la ley.
En este sentido, la Sección Segunda mencionó:
20
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
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24
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“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de
cualquier tipo de intervención del poder político en todos sus
ámbitos: ideológico, administrativo o financiero[21]. En otros
términos, busca el respeto en la libertad de actuar de dichas
instituciones.
Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[22]
En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [23][…]”.24
La Ley 30 de 28 de diciembre de 199225 desarrolló el artículo 69
Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus
propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados
y seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional.26
[21] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[22] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[23] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
25
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
26
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
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25
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
En este marco normativo, los entes universitarios están facultados
para adoptar las determinaciones que en su normativa interna
garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de
formación de sus egresados.
(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios
El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:
“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los
literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de
Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Fomento de la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado
fuera del texto original).
En relación con la fijación de los requisitos de grado que las
instituciones de educación pueden establecer en sus programas
académicos, la Corte Constitucional ha dicho:
“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce
efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la
sociedad profesionales de óptimas calidades en virtud del
riesgo social que implica el ejercicio de profesiones como la
abogacía […]”27. (Resaltado fuera del texto original).
Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de
2001, afirmó:
“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos
educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el
título de abogado, pueden exigir los exámenes
27
Sentencia SU-783 de 2003.
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27
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de
estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos
de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les
reconoce artículo 69 constitucional […].”(Resaltado fuera del texto
original)
De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que
el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa
que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos
exámenes, para obtener su título profesional, dado que los
reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad
educativa.
(iii) La solución del caso concreto
Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de
202328, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares
supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales
había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante
matriculado en el primer período académico del año 2013, como
parte de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio
de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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los hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos
docentes que daban cuenta de un procedimiento irregular en el
proceso de graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran
investigaciones internas, así como por parte de la Fiscalía General de
la Nación - Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General
de la República.
En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes
preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la
obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho
a partir del segundo período académico de 2011, -como sucede en el
presente caso-, y concluyó que tales reglamentos académicos son
normas vinculantes y de obligatorio cumplimiento, a fin de acreditar
los requisitos para que esa Institución confiera válidamente el título
de abogado. Los apartes de la mencionada sentencia que son
relevantes para el caso en estudio señalan:
“[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la
malla curricular bajo la modalidad de créditos y fijó las
actividades curriculares obligatorias y electivas que debían
aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011», según lo previsto en su artículo 6°.
74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02
exigieron la presentación y aprobación de exámenes
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preparatorios como un requisito tendiente a obtener el título
de abogado, en los siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO QUINTO. Adoptar el siguiente plan de
estudios del Programa de Derecho:
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
TOTALES 218 164
(…)
ARTÍCULO SÉPTIMO- Para optar al título de abogado,
además de cursar y aprobar las actividades curriculares
del plan de estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o
hacer una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en
idioma extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa (…)”.
75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de
diciembre de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos
administrativos, sustanciales y procedimentales relacionados
con la presentación y aprobación del requisito de grado objeto
de debate.
76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo
siguiente:
“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son
prueba de aptitud académica y profesional, para
evaluar los conocimientos generales sobre las
diferentes asignaturas de la carrera, el criterio jurídico
y la formación socio humanística del estudiante. Podrán
ser orales o escritos. El Comité de Programa en
conjunto con los departamentos establecerá las
temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.
ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.
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1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones
Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal
Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y
Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y
Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado
Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones;
Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio;
Derecho Procesal Civil Especial (…)”.
77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala
concluye que el referido Acuerdo 02 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos
«estudiantes que se matricul(aron) por primera vez o
reingres(aron) al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011», según lo previsto en su
artículo 6°. Tal disposición exige la aprobación de los exámenes
preparatorios como un componente obligatorio del currículo
académico29.
78. Esto significa que resulta totalmente acertado el
planteamiento expuesto por la Universidad del Cauca conforme
con el cual su normatividad interna exige la aprobación de
los exámenes preparatorios a efectos de optar por el título
de abogado.
(…)
84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el
Acuerdo 02 de 2011 como el Acuerdo 001 de 2014
determinan claramente que los estudiantes de Derecho
deben aprobar todos los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado(a). Estos actos administrativos,
valga resaltarlo, no solo fueron expedidos por las autoridades
competentes, sino que definen cuáles son las temáticas objeto de
esa prueba de aptitud, y establecen un procedimiento para su
desarrollo en virtud del cual su presentación y aprobación se ve
29
El artículo 11 del Acuerdo 036 de 2011, define el currículo como «el proceso de construcción dialógica
de experiencias (estudios, trabajos, prácticas, actitudes, actuaciones, expresiones, regulaciones,
valoraciones, etc.), socialmente valido, mediante el cual se espera que el educando apropie críticamente
la cultura asociada al nivel educativo en el que se inscribe. El currículo comprende tanto el “modelo” o
referencia social del educando, con las diferentes vivencias que experimenta orientadas a su apropiación
cultural».
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
reflejada en distintas constancias documentales físicas y virtuales
[…]”. (Resaltado fuera del texto original).
Precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la
UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado de los estudiantes
de derecho que se matricularon por primera vez o reingresaron al
programa de derecho a partir del segundo período académico de
2011, procede la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en
la demanda.
Vicio de nulidad de los actos acusados consistente en no
acreditarse la totalidad de requisitos de grado previstos en la
ley y los reglamentos internos – Infracción de las normas en
que debían fundarse
Alega la parte actora que el señor FAIVER PERDOMO MEDINA no
cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos
internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de
abogado, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo
de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó los
exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de derecho de
bienes, obligaciones y contratos, derecho constitucional, derecho
administrativo y derecho procesal civil.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogado
al señor FAIVER PERDOMO MEDINA, mediante la Resolución núm.
R-179 de 7 de marzo de 2019, el acta de grado núm. 16 de 15 de
marzo de 2019 y del diploma núm. 387-19 de 15 de marzo de ese
mismo año.
Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD
en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de
derecho, esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de
julio de 2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento
y apoyo a la mejora de los procedimientos académico
administrativos de registro de exámenes preparatorios del
programa de Derecho de la Universidad del Cauca”.
El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del
cumplimiento de los requisitos de grado del señor FAIVER
PERDOMO MEDINA, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes
documentos:
• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica del estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la fiscalía general de la Nación –
Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.
Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo
entregó el informe de 14 de abril de 2020, en el que formuló las
siguientes conclusiones:
“[…] IV. CONCLUSIONES
1. El señor PERDOMO MEDINA FAIVER, cédula de ciudadanía No.
83256259 y código estudiantil 1007121676 presenta siete (07)
registros de preparatorios con nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de
los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes de información
(registro informático y soportes físicos) se estableció que tres (03)
de ellos cuentan con soporte documental en la historia académica:
Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho Penal
2. Los Preparatorios Bienes, Obligaciones y Contratos y Derecho
Constitucional registrados el 14 de febrero de 2017, en estado de
aprobados en el período académico 2016.2, y los Preparatorios
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Derecho Administrativo y Procesal Civil registrados el 6 de junio de
2017, en estado de aprobados en el periodo académico 2017.1,
carecen de evidencia física o documental en la hoja de vida o
historia académica del estudiante, esta última condición se indica
con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del
que se deriva la imposibilidad de registrar información
relacionada con la “modalidad” que refiere a la forma de
presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha
de presentación” que alude al día, mes y año de presentación del
examen preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa
o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen
preparatorio […]”.
También está acreditado en el proceso que mediante el Acuerdo
núm. 36 de 2011 se adoptó el Estatuto Académico de la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, el cual reguló el proceso de formulación
y aprobación de los programas académicos y de sus reformas en los
siguientes términos:
“Artículo 42. Etapa de diseño y formulación. Sin perjuicio
de disposiciones legales que rigen esta materia, la
formulación de programas académicos de la Universidad, en
conformidad con sus tipos y modalidades, debe abarcar,
cuando menos, los siguientes aspectos:
(…)
i. El currículo y el plan de asignaturas y demás actividades
educativas, que evidencien las dimensiones curriculares
establecidas en el presente estatuto junto con sus requisitos y
créditos académicos.
(…)
k. Las estrategias y metodologías de enseñanza y de
aprendizaje, las formas de seguimiento y de evaluación de las
diferentes actividades y del programa en su conjunto, así
como los recursos necesarios para desarrollarlas.
l. La certificación a que conduce y los requisitos para su
otorgamiento. (…). (Resaltado fuera del texto original).
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Del citado Estatuto se advierte que los programas de la
UNIVERSIDAD deben incluir los requisitos exigibles a los
estudiantes para el otorgamiento del respectivo título y, asimismo,
señalar el alcance del currículum y las respectivas estrategias de
evaluación.
Se observa, igualmente, que el Consejo Académico de la
UNIVERSIDAD, a través del Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero
de 201130, modificó el programa de derecho, en el sentido de
señalar las actividades curriculares obligatorias y electivas que debían
aprobar “los estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo período académico de 2011”.
En los artículos 5° y 7° del citado Acuerdo se estableció la
obligatoriedad de la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios para optar por el título de abogado, en los siguientes
términos:
“[…] Artículo 5°. Adoptar el siguiente plan de estudios del
Programa de Derecho:
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
TOTALES 218 164
30
“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
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(…)
Artículo 7°. Para optar por el título de abogado, además de
cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de
estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer
una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma
extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa […]”.
(Resaltado fuera del texto original).
En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNIVERSIDAD expidió el
Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 201431, con el fin de
reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y
procedimentales relacionados con el requisito de grado en comento.
De dicha reglamentación se destaca:
“[…] Artículo 1°. Los exámenes preparatorios son prueba de
aptitud académica y profesional, para evaluar los
conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de
la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística
del estudiante. Podrán ser orales o escritos.
El Comité de Programa en conjunto con los departamentos
establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes
exámenes de preparatorios.
31
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Artículo 2°. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones Laborales,
Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho
de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y Fundamentos del
Derecho Procesal Penal; Estructura y Contenidos del Proceso
Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos
Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho
Procesal Civil Especial.
(…)
Artículo 7°. Los Departamentos determinarán el
número de cupos y programarán los exámenes
preparatorios de grado para el período académico
correspondiente, señalando las fechas, horas y jurados para
cada uno de los exámenes. Estas decisiones serán publicadas
por la Coordinación del Programa y la Secretaria General de la
Facultad en la página Web de la Universidad y/o de la
Facultad y en la cartelera de la Coordinación del programa y
Secretaria de la Facultad.
Artículo 8°. La Coordinación del Programa y la Secretaria de
la Facultad convocara por la Página Web de la Universidad y/o
de la Facultad y por la cartelera de la Coordinación del
programa y de la Secretaria de la Facultad, semestralmente,
a los estudiantes y egresados interesados en la presentación
de los preparatorios, informando las fechas de recepción de
las solicitudes y de realización de los exámenes, con sus
respectivos docentes.
(…)
Artículo 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar
en los recintos universitarios y por profesores designados
para tal efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios
en fechas distintas de las establecidas y por fuera de los
turnos adjudicados en la Secretaría General. En casos
excepcionales se podrá programar el examen en otro lugar
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previa aprobación de la Coordinación del programa y de la
Secretaría General de la Facultad.
Artículo 11. Para autorizar la presentación del
preparatorio será requisito indispensable la previa
cancelación de los derechos respectivos. […]”32
(Resaltado fuera del texto original).33
Del anterior recuento es dable concluir que el señor FAIVER
PERDOMO MEDINA se matriculó al programa de Derecho de la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó
mediante el Acuerdo 02 de 2011; ii) que los artículos 5° y 7° del
referido Acuerdo prevén como requisito para obtener el título de
abogado la aprobación de los exámenes preparatorios; iii) el estudiante
Ver anexos de la demanda, índice 3 del expediente digital.
32
33
En igual sentido, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 002 de 1988) reguló el registro y
modificación de notas de los preparatorios, de la siguiente manera:
“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la fecha y hora fijadas. Quienes por
causa justificada no pudieren presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya lugar a ello,
de acuerdo con el artículo 51 del presente Reglamento.
La no presentación de un examen de acuerdo con el procedimiento anterior, será calificada
con nota cero punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se ausente sin causa justificada
durante el desarrollo de una prueba.
58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en la Secretaría Académica dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas. Los
estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, podrán hacer los correspondientes reclamos y
pedir correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder revisión de exámenes escritos por
medio de un segundo calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso se considerará
como calificación del examen la nota del segundo calificador.
59. Vencido el término de publicación, las calificaciones serán registradas y no podrán ser
modificadas excepto en casos de errores aritméticos o de trascripción. En este evento deberá
hacerse la salvedad correspondiente, con la aclaración y la firma del Secretario Académico,
previa autorización del Consejo de Facultad.
60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las asignaturas matriculadas que no
aparezcan calificadas o canceladas en los libros de la Facultad.
61. Para presentar exámenes de habilitación, validación, clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable comprobar previamente ante la Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).
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únicamente superó satisfactoriamente tres (3) de los siete (7)
exámenes exigidos; por lo que (iv) la UNIVERSIDAD no podía
conferirle el título de profesional en derecho, contrariando su propio
reglamento.
Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a
los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían
fundarse, esto es, el Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero de
2011, “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de
Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales”.
iv.2. De los argumentos de la contestación
Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el
tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya
cumplido los requisitos para optar por el título de abogado, pues, en
su criterio, lo que se observa es una “desorganización interna” que no
le es imputable.
A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las
diferentes pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los
actos administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL
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CAUCA le confirió el título de abogado al señor FAIVER PERDOMO
MEDINA, están viciados de nulidad por violación de la norma
superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos académicos
examinados.
En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de
pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de
Gestión Financiera; de la historia académica del estudiante,
suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control
Académico; y del archivo de gestión de la División de Admisiones,
Registro y Control Académico, el egresado FAIVER PERDOMO
MEDINA, no reunía los requisitos legales y estatutarios para
obtener el título profesional que le fue otorgado.
Así pues, a pesar de que el tercero con interés directo en las resultas
del proceso fue enfático en señalar que cumplió con el requisito de
presentar y aprobar los exámenes preparatorios previstos en el
reglamento, sus argumentos estuvieron direccionados a cuestionar la
organización y conservación de los archivos por parte de la
UNIVERSIDAD, sin acreditar lo relacionado con la presentación y
aprobación de los exámenes por los que la parte actora solicitó la
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nulidad de los actos acusados, esto es, los preparatorios
correspondientes a las áreas de derecho de bienes, obligaciones y
contratos, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho
procesal civil.
Así pues, al tercero con interés directo en las resultas del proceso no
le correspondía cuestionar exclusivamente el manejo que la actora da
al historial académico de sus estudiantes, sino acreditar dentro del
proceso que efectivamente sí cumplió con los exámenes preparatorios
a los que hace referencia la demanda, lo cual no ocurrió.
Frente a la presunta aplicación de normas especiales, en virtud del
convenio interadministrativo suscrito entre la UNIVERSIDAD y el
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, la Sala destaca
que el tercero no demostró que en virtud del mencionado convenio
estuviese exento del requisito de presentación y aprobación de
exámenes preparatorios, ni aportó pruebas que acreditaran este
hecho. Por el contrario, como ya se indicó, es el Acuerdo núm. 002
de 17 de febrero de 2011 el que le resulta aplicable, el cual
establece como requisito para obtener el título de abogado la
aprobación de los exámenes preparatorios.
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De igual forma, tampoco prospera el argumento según el cual el
examen preparatorio es la cuarta modalidad de trabajo de grado,
conforme al Acuerdo 027 de 2012, dado que ese acto administrativo,
en su artículo 1334 mantuvo la vigencia de la reglamentación especial
adoptada por el Consejo de la facultad de Derecho en la materia35.
Por ello, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,
una vez accedió al sistema de registro académico de la
UNIVERSIDAD para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en
sus resultados académicos y no pretender beneficiarse indebidamente
del desorden administrativo, para obtener un título profesional sin el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó
la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de
los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no
son vinculantes, aspecto frente al cual la Sala precisa que tal informe
no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
34
“[...] ARTÍCULO 13. Los Consejos de Facultad, mediante acto administrativo, podrán establecer,
previo concepto favorable de las Comisiones de Área del Consejo Académico, una reglamentación
específica que contemple aspectos particulares, propios de sus áreas y unidades académicas, no
reglamentados en este acuerdo [...]”.
35
Ver en ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de octubre de 2024, Rad. núm. 11001-0324-000-2022-00121-00, C.p. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
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traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, en el que se acreditó que respecto del
tercero con interés directo en las resultas del proceso “Los
Preparatorios Bienes, Obligaciones y Contratos y Derecho
Constitucional registrados el 14 de febrero de 2017, en estado de
aprobados en el periodo académico 2016.2, y los Preparatorios
Derecho Administrativo y Procesal Civil registrados el 6 de junio de
2017, en estado de aprobados en el periodo académico 2017.1,
carecen de evidencia física o documental en la hoja de vida o historia
académica del estudiante”.
De igual forma, resulta necesario precisar respecto de la Resolución
núm. 695 de 30 de julio de 201936, opera la presunción de legalidad,
por lo que si el tercero con interés directo en las resultas del proceso
considera que dicho acto está afectado de nulidad debió cuestionarlo a
través del medio de control establecido en la ley para tal efecto, pues
mientras ello no suceda, dicho acto administrativo no pierde
ejecutoriedad.
36
“Por el cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos
académico administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa de Derecho de la
Universidad del Cauca”.
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En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la
prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación37 ha
sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las
partes está en mejores condiciones de probar los hechos alegados 38;
sin embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar
todos los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los
hechos alegados39.
Así, en el caso concreto era precisamente el ente universitario el
interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad
de requisitos para optar por el título de abogado, para lo cual allegó
las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al
37
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-
1996-01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.
38
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a
las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
39
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de
agosto de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA
CORREA PALACIO.
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convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados,
de modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor
posición de probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal
que le correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.
En lo que respecta a la presunta omisión por parte del equipo de
seguimiento y apoyo de adelantar un proceso disciplinario con
citación de los involucrados, es del caso señalar que tal proceso que
echa de menos el tercero con interés directo obedece a la autonomía
universitaria y en nada se relaciona con el hecho de haber conferido
un título sin el cumplimiento de los componentes curriculares
establecidos por la UNIVERSIDAD, cuestión esta que es la que
atañe al estudio de legalidad, de ahí que el reparo relacionado con el
desarrollo del procedimiento sancionatorio exceda el objeto del
presente debate judicial.
De igual forma, la Sala considera que la conducta asumida por la
UNIVERSIDAD consistente en verificar nuevamente el cumplimiento
de los requisitos de grado de sus egresados no contraría los principios
de buena fe y confianza legitima, dado que los hechos ilícitos
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advertidos en el año 2019 justificaron la toma de decisiones
razonables y oportunas ante dicha problemática40.
Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento
expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la
culminación de un programa, por haber adquirido un saber
determinado en una Institución de Educación Superior41, y que,
además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente
ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la
abogacía tiene como función social la de colaborar con las
autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico
del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de
justicia […]”.
A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023
en comento, al indicar:
“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
la profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones
sociales:
40
Esta postura prohíja la sentencia de la Sala de 31 de julio de 2023, número único de radicación
11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.
41
Ley 30 de 1992, artículo 24.
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[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199242 y del
18 de abril de 199743, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e
intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las
cuestiones o puntos legales que se le consultan`, es decir,
actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o
emitir conceptos jurídicos. Esta concepción tradicionalista por
considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la
Sala en sentencia del 1 de octubre de 1992 dictada en el
expediente No. 0676, ha venido evolucionando bajo la
perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es
materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse
en cuenta para la acreditación del requisito constitucional,
quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía
al litigio. […]” (destaca el Despacho).
163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:
Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.
Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los
particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar
y asistir a las personas en la ordenación- y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en
el primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con
servicios profesionales con altos estándares de calidad, puesto
que, al conferir un título, el centro universitario certifica que
formó a un servidor de la justicia capaz de promover acciones
individuales y colectivas que respeten la ética y el fin social de
su labor.
[42]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[43] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.
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165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del
texto original)
Frente a los argumentos expuestos por el apoderado del tercero con
interés directo en las resultas del proceso respecto de la falta de
competencia del Consejo Académico para establecer requisitos de
grado, la Sala reitera lo que se ha considerado sobre este punto en
asunto de similares características, en los siguientes términos44:
“[…] Sobre: i) la falta de ratificación del Acuerdo Académico
núm. 002 de 2011 por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca; ii) la no exigencia de exámenes
preparatorios a partir de la Ley 552 de 1999; y iii) la no
delegación en el Consejo Académico de la Universidad del
Cauca de la función de reglamentar los exámenes
preparatorios.
41. En relación con los argumentos del recurrente, según los
cuales: i) el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no se ratificó
por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca como lo
dispone el literal f) del artículo 31 del Acuerdo núm. 105 de 1993,
no obstante que creó requisitos de grado como los exámenes
preparatorios, los que no hacen parte del plan curricular regulado
en el Acuerdo núm. 27 de 2012 y que no se podía desconocer
para aplicar el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011; ii) a partir
de la Ley 552 de 1999 los requisitos de grado son terminación del
plan de estudios y la elaboración y sustentación de la monografía
jurídica o realización de la judicatura y, en consecuencia, los
exámenes preparatorios dejaron de ser requisito de grado; y iii)
el numeral 53 del Acuerdo núm. 002 de 1988 otorgó competencia
al Consejo de Facultad de la Universidad del Cauca para
reglamentar los exámenes preparatorios, función que no podía
44
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 2 de noviembre de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00060-00, C.p. Nubia
Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00578-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ser delegada en el Consejo Académico de la Universidad del
Cauca, considera la Sala que estos se dirigen a cuestionar la
validez del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, el que goza de
presunción de legalidad por no haberse anulado o suspendido sus
efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
42. Atendiendo lo anterior, si el recurrente considera que el
Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 se expidió de manera
irregular, debió cuestionarlo a través del medio de control
establecido en la ley para tal efecto; mientras ello no suceda,
dicho acto administrativo no pierde ejecutoriedad […]”.
Finalmente, la Sala resalta que el reglamento de preparatorios para el
plan de estudios del Programa de Derecho, expedido mediante el
Acuerdo núm. 1 de 2014, estableció que rige para los estudiantes que
ingresaron a partir del segundo período académico del año 2011, por
lo que por expresa disposición del mencionado acto administrativo,
este le era aplicable al tercero con interés directo en las resultas del
proceso y, en consecuencia, debía cumplir con lo allí dispuesto.
Por las razones expuestas la Sala concluye los argumentos esgrimidos
por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.
iv.3. La decisión
De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará
la nulidad de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, “Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
pregrado”, respecto del señor FAIVER PERDOMO MEDINA, al igual
que la nulidad del acta de grado núm. 16 de 15 de marzo de 2019 y
del diploma núm. 387-19 de la misma fecha, expedidos por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el
título de abogado al antes citado.
Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de
31 de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la
UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,
19 y 21 de la Ley 594 de 200045, que le impidieron adoptar
adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado
respecto del señor FAIVER PERDOMO MEDINA, y que condujeron
al indebido otorgamiento de un título profesional que en la presente
decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a que la Sala
inste a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,
adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor
PERDOMO MEDINA estaría en condiciones de culminar el proceso
de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta
para optar por el título de abogado.
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“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente
decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los
problemas de gestión documental que afronta; así como también
poner en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente
providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en
cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de
fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta
profesional de abogado del señor FAIVER PERDOMO MEDINA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la
Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, “Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”,
expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor
FAIVER PERDOMO MEDINA.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 16 de 15
de marzo de 2019 y del diploma núm. 387-19 de 15 de marzo de
2019, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los
cuales se le otorgó el título de abogado al señor FAIVER PERDOMO
MEDINA.
TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco
de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la
regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si el señor FAIVER PERDOMO MEDINA estaría en condiciones de
culminar el proceso de graduación con la acreditación de los
requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.
CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección
de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con
miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias
tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de
gestión documental que afronta.
QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de
una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del
señor FAIVER PERDOMO MEDINA.
SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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