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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04809-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04809-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04809-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACCEDER a la solicitud presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y, en consecuencia, DESVINCULAR a dicha entidad del presente trámite tutelar, conforme lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00 11001 03 15 000 2025 05522 00 Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04809-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicados: 11001 03 15 000 2025 05522 00 acumulado 11001 03 15
000 2025 04809 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y Dagoberto María Vargas
Sarmiento
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y Tribunal
Administrativo del Atlántico
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide las acciones de tutela promovidas por los señores Nuris Esther Ordoñez
Rua y Dagoberto María Vargas Sarmiento en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico con ocasión del proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado núm. 08001 23 33 000 2023 00448 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00

La señora Nuris Esther Ordoñez Rua, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de las citadas autoridades judiciales, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, participación como miembro de la
comunidad de Ponedera (Atlántico).

SEGUNDO: Dejar sin efectos las actuaciones judiciales del Tribunal
Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad electoral contra el
alcalde Ponedera (Atlántico) de radicado 2023-00448, las cuales están siendo
surtidas con violación al debido proceso, acceso efectivo a la administración de
justicia y principio de participación, por desconocimiento de la regla procesal
consagrada en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA (Publicación en el portal
web de la Rama Judicial del auto admisorio de la referencia con el fin de notificar
e informar a los terceros interesados) y que, no permitió la activación del artículo
228 del CPACA.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico que se informe a la
comunidad en general, de la existencia del proceso público de nulidad electoral
de la referencia, en virtud del numeral 5 del artículo 277 del CPACA, en aras que
se pueda intervenir en defensa de la legalidad. (Mayúsculas y negrillas originales
del escrito de tutela).

1.2. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00

El señor Dagoberto María Vargas Sarmiento, actuando en nombre propio, también
promovió acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Atlántico y para ello formuló las siguientes pretensiones2:

PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, participación como miembro de la
comunidad de Ponedera (Atlántico).

SEGUNDO: Dejar sin efectos las actuaciones judiciales del Tribunal
Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad electoral
contra el alcalde Ponedera (Atlántico) de radicado 2023-00448, las cuales
están siendo surtidas con violación al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y principio de participación, por desconocimiento de la
regla procesal consagrada en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA
(Publicación en el portal web de la Rama Judicial del auto admisorio de la
referencia con el fin de notificar e informar a los terceros interesados) y que, no
permitió la activación del artículo 228 del CPACA.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico que se informe
a la comunidad en general, de la existencia del proceso público de nulidad
electoral de la referencia, en virtud del numeral 5 del artículo 277 del CPACA,
en aras que se pueda intervenir en defensa de la legalidad. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

2.1. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00.

La accionante informó que el 29 de octubre de 2023 se llevó a cabo la elección popular
del alcalde del municipio de Ponedera (Atlántico), en la que resultó elegido el señor
Aristarco Romero Meriño, quien tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2024.

Relató que, por conducto de la prensa local, tuvo conocimiento de la existencia de un
proceso de nulidad electoral promovido contra la elección del mencionado alcalde, el cual
se encontraba en segunda instancia ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Señaló que, al consultar la plataforma SAMAI, advirtió que el señor Israel Antonio Oliveros
Guette había promovido el referenciado medio de control, bajo el cargo de doble
militancia en la modalidad de apoyo.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

Indicó que, mediante auto del 2 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del
Atlántico admitió la demanda y en el numeral séptimo de esa providencia, ordenó informar
a la comunidad sobre la existencia del proceso, de conformidad con lo previsto en el
numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

Afirmó que el Tribunal Administrativo del Atlántico debía efectuar dicha publicación en los
términos previstos en la referida disposición; sin embargo, sostuvo que la información
suministrada a la comunidad no cumplió los requisitos legales, pues el aviso hacía
referencia al “acto de elección del señor Aristarco Rojano, como concejal del municipio
de Sabanalarga Atlántico”, pese a que el proceso versaba sobre la elección del alcalde
de Ponedera.

Adujo que esa circunstancia alteró sustancialmente el contenido y objeto de la
información dirigida a la comunidad y que, para la fecha de presentación de la acción de
tutela, no se había informado debidamente sobre la existencia del proceso de nulidad
electoral mediante alguno de los mecanismos previstos en el numeral 5 del artículo 277
del CPACA.

Manifestó que, dentro del referido proceso, se profirió sentencia de primera instancia
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Agregó que, durante el
trámite, la comunidad no fue informada de la existencia del proceso, circunstancia que, a
su juicio, le impidió ejercer el derecho de intervención previsto en el artículo 228 del
CPACA.

Expuso que, interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante, la Sección
Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia del 20 de febrero,
mediante la cual declaró la nulidad de la elección. Asimismo, sostuvo que esa
Corporación tramitó el proceso sin advertir el presunto incumplimiento de la regla prevista
en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

La accionante consideró que la omisión de informar adecuadamente a la comunidad
sobre la existencia del proceso le impidió intervenir en defensa de la legalidad, en los
términos del artículo 228 del CPACA y vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la participación política.

Frente a la procedencia de la solicitud de amparo, afirmó que el asunto tiene relevancia
constitucional, en tanto el presunto incumplimiento del deber de informar a la comunidad,
previsto en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA, desconoció los derechos
fundamentales invocados.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, indicó que ya se había proferido sentencia de
primera instancia en el proceso de nulidad electoral y que se encontraban pendientes de
resolución solicitudes formuladas contra la decisión de segunda instancia. Agregó que,
según la información registrada en SAMAI, miembros de la comunidad habían presentado
una solicitud de nulidad con fundamento en normas de rango constitucional.

Finalmente, respecto de la inmediatez, sostuvo que la decisión judicial no se encontraba
en firme y que tuvo conocimiento del proceso de nulidad electoral a través de medios
diferentes a los legalmente establecidos, razón por la cual consideró procedente acudir a
la acción de tutela contra las actuaciones judiciales cuestionadas.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

2.2. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00.

El accionante informó que el 29 de octubre de 2023 se realizó la elección popular del
alcalde del municipio de Ponedera (Atlántico), en la cual resultó elegido el señor Aristarco
Romero Meriño para el período 2024-2027, quien tomó posesión del cargo el 1 de enero
de 2024.

Señaló que, con ocasión de dicha elección, el señor Israel Antonio Oliveros Guette
promovió demanda de nulidad electoral, identificada con el radicado núm. 08001 23 33
000 2023 00448 00/01.

Indicó que, mediante auto del 2 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del
Atlántico admitió la demanda y en el numeral séptimo de dicha providencia, ordenó
informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, de conformidad con lo previsto
en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico no cumplió adecuadamente dicha
orden, pues, a su juicio, no se efectuó una publicación idónea que permitiera informar a
la comunidad de Ponedera y a los demás interesados acerca de la existencia del proceso
de nulidad electoral y, de esa manera, posibilitar su intervención en defensa de la
legalidad, en los términos del artículo 228 del CPACA.

Afirmó, al igual que la señora Ordoñez Rua, que según la información registrada en la
plataforma SAMAI, el Tribunal dejó constancia de una comunicación dirigida a la
comunidad; sin embargo, aseguró que esta no reunía los requisitos legales, dado que
hacía referencia al “acto de elección del señor Aristarco Rojano, como concejal del
municipio de Sabanalarga Atlántico”, asunto que, según adujo, no correspondía con el
acto de elección cuestionado en el proceso electoral.

Agregó que existió una publicación en el periódico El Heraldo, pero cuestionó su validez,
en la medida en que, según expuso, el magistrado sustanciador no ordenó que la
comunicación prevista en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA se efectuara a través
de dicho medio y, además, el aviso no contenía los elementos que consideró necesarios
para garantizar una adecuada publicidad del trámite.

Manifestó que, ante dicha situación, presentó una solicitud de nulidad de las actuaciones
surtidas desde la admisión de la demanda electoral, al estimar que la comunidad no había
sido debidamente informada acerca de la existencia del proceso y que ello impedía
ejercer los mecanismos de intervención previstos en el artículo 228 del CPACA.

Explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad, sin
que, a su juicio, analizara la afectación que dicha irregularidad habría ocasionado a los
derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad de Ponedera.

Relató que, dentro del proceso de nulidad electoral, el Tribunal Administrativo del
Atlántico profirió sentencia de primera instancia mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda.

Añadió que, interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de febrero, revocó la decisión
y declaró la nulidad de la elección del señor Aristarco Romero Meriño como alcalde del

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

municipio de Ponedera. Asimismo, indicó que se encontraban pendientes de resolver
varias solicitudes relacionadas con dicha providencia.

Sostuvo que, durante el trámite de ambas instancias, las autoridades judiciales omitieron
garantizar de manera adecuada la publicidad del proceso electoral y, en consecuencia,
impidieron que él y los demás integrantes de la comunidad pudieran intervenir como
terceros interesados, coadyuvantes o impugnadores, en defensa de la legalidad del acto
de elección.

En ese sentido, argumentó que el numeral 5 del artículo 277 del CPACA introdujo el deber
de informar a la comunidad acerca de la existencia de los procesos de nulidad electoral
y que el incumplimiento de dicha carga afecta los principios de publicidad, transparencia
y participación, así como los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.

Para sustentar su reproche, hizo referencia, entre otras, a la Sentencia SU-355 de 2022
de la Corte Constitucional y a distintas providencias del Consejo de Estado relacionadas
con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, la intervención de terceros y
la garantía de los derechos de defensa y contradicción.

Frente a la procedencia de la acción de tutela, manifestó que se cumple el requisito
general de subsidiariedad, pues presentó una solicitud de nulidad y otros requerimientos
dirigidos a obtener la protección de los derechos que consideró afectados, algunos de los
cuales, según afirmó, aún se encontraban pendientes de resolución.

Respecto de la relevancia constitucional, sostuvo que la controversia trasciende un
asunto meramente legal, toda vez que involucra la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la
participación, derivada de la supuesta falta de información a la comunidad sobre la
existencia del proceso de nulidad electoral.

Asimismo, afirmó que la irregularidad procesal denunciada tiene un efecto trascendente
en el trámite electoral, en consideración a que la ausencia de una adecuada publicidad
habría impedido la intervención de los integrantes de la comunidad en defensa de la
legalidad.

Frente al requisito general de inmediatez, señaló que la decisión judicial cuestionada no
se encontraba en firme y que, una vez tuvo conocimiento del proceso de nulidad electoral
por medios distintos a los previstos legalmente, presentó varias solicitudes encaminadas
a obtener la garantía del debido proceso y del acceso a la administración de justicia.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las actuaciones adelantadas por las
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo
a la administración de justicia y a la participación, por el presunto incumplimiento de la
regla de publicidad prevista en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA y la consecuente
imposibilidad de ejercer la intervención contemplada en el artículo 228 ibidem.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
A continuación, se describen las actuaciones más relevantes surtidas en cada uno de los
procesos acumulados:

5

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Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

3.1. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00

3.1.1. La tutela fue radicada el 1 de agosto de 20253 y correspondió por reparto al
despacho del Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes quien, mediante
escrito del 12 de agosto de 20254, manifestó estar incurso en la causal de impedimento
definida en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al haber
proferido las providencias del 8 de mayo y 3 de julio de 2025 mediante las cuales se
resolvió la recusación presentada en contra de los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral objeto de reproche.

Por lo anterior, la tutela fue remitida al despacho de la Consejera de Estado Nubia
Margoth Peña Garzón quien, mediante escrito del 28 de agosto de 2025 5 también
manifestó estar incursa en la causal de impedimento definida en el numeral 6 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, al haber suscrito los precitados autos del 8 de
mayo y 3 de julio de 2025 en el proceso de nulidad electoral objeto de reproche en la
presente tutela.

La tutela fue asignada al despacho del doctor Pablo Andrés Córdoba Acosta quien, por
auto del 25 de septiembre de 20256, junto con los conjueces Camilo Calderón Rivera y
José Gregorio Hernández Galindo, declararon fundados los impedimentos presentados
por los consejeros Osorio Cifuentes y Peña Garzón.

Mediante escrito del 23 de octubre de 20257, el consejero de Estado Pablo Andrés
Córdoba Acosta manifestó estar incurso en la causal de impedimento definida en el
numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al haber proferido la
providencia del 2 de octubre de 2025, por la cual se resolvió la solicitud de adición y
aclaración presentada en contra del auto del 3 de julio de 2025 proferido en el proceso
de nulidad electoral objeto de reproche.

Por auto del 27 de marzo de 20268, notificado el 7 de abril de 20269, el conjuez Camilo
Calderón Rivera ordenó que el expediente de la presente acción de tutela se remitiera al
despacho ponente de esta decisión.

Por auto del 10 de abril de 202610 se ordenó que, por Secretaría General, se realizara el
correspondiente sorteo y designación de conjueces en el presente caso para completar
el quorum deliberatorio y decisorio requerido para resolver sobre la manifestación de
impedimento presentada por el consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta. En

3 El expediente ingresó al despacho el 4 de agosto de 2025. Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica

para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
6 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
7 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
8 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
9 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
10 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la acción de tutela con radicado

núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

cumplimiento de dicha orden, por acta del 17 de abril de 202611, la Secretaría General de
esta Corporación realizó la diligencia de sorteo de conjueces, en la cual fue designado el
conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Por auto del 21 de mayo de 202612, la Sala13, resolvió declarar fundada la manifestación
de impedimento presentada por el consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta.

En providencia del 10 de julio de 202614 se admitió y dispuso notificar15 al Consejo de
Estado – Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Atlántico, como partes
accionadas; así como vincular16 a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los
partidos políticos Alianza Verde y Nuevo Liberalismo, y a los señores Israel Antonio
Oliveros Guette y Aristarco Romero Meriño, como terceros con interés directo en el
resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Consejo de Estado – Sección Quinta y al Tribunal
Administrativo del Atlántico, para que alleguen copia digital o el hipervínculo de consulta
del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 08001 23 33
000 2023 00448 00/01, el cual fue remitido17.

3.1.2. El consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez18 explicó que el reproche se
fundamenta en la presunta falta de información a la comunidad sobre la existencia de
dicho trámite, en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA. Al
respecto, advirtió que esa eventual omisión habría tenido origen en las actuaciones
surtidas en primera instancia, concretamente, en el cumplimiento del auto admisorio del
2 de febrero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, razón por la
cual no resulta atribuible a la Sección Quinta.

Indicó que esa Sección conoció del proceso únicamente en segunda instancia, con el fin
de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de septiembre
de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones
de la demanda. Añadió que, mediante sentencia del 20 de febrero de 2025, la Sección
Quinta revocó dicha decisión y en su lugar, declaró la nulidad de la elección del señor
Aristarco Romero Meriño como alcalde de Ponedera (Atlántico) para el período 2024-
2027.

Manifestó que, posteriormente, el 16 de octubre de 2025, la señora Nuris Esther Ordoñez
Rua presentó una solicitud de nulidad procesal, fundada en la supuesta falta de
comunicación a la comunidad sobre la existencia del proceso electoral. Expuso que dicha

11 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la acción de tutela con radicado

núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00.
12 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
13 Conformada por el suscrito y los conjueces Camilo Calderón Rivera, José Gregorio Hernández Galindo

y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
15 Esta orden se cumplió el 16 de julio de 2026. Visto en los índices 55 y 56 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 04809 00.
16 Ibidem.
17 Visto en el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 04809 00.
18 Visto en el índice 61 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2025 04809 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

petición fue rechazada por improcedente, toda vez que, se formuló con posterioridad a la
sentencia de segunda instancia y la irregularidad invocada no correspondía a ninguno de
los eventos de nulidad originada en la sentencia previstos en los artículos 134 del Código
General del Proceso y 294 del CPACA.

Asimismo, sostuvo que en el escrito de tutela no se individualizó una providencia,
actuación u omisión atribuible a la Sección Quinta del Consejo de Estado que hubiera
vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues el supuesto yerro estaría
relacionado con actuaciones adelantadas durante la primera instancia del proceso
electoral.

Finalmente, advirtió que, para el 1 de agosto de 2025, fecha en la que se presentó la
solicitud de amparo, tampoco se encontraba satisfecho el requisito general de
subsidiariedad, dado que la accionante aún no había promovido la solicitud de nulidad
procesal, la cual radicó el 16 de octubre de 2025.

En consecuencia, solicitó negar el amparo, al estimar que la Sección Quinta del Consejo
de Estado no vulneró los derechos fundamentales de la accionante y subsidiariamente,
declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

3.1.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó19 que la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados habría tenido lugar en un escenario
estrictamente jurisdiccional, respecto del cual esa entidad no tiene competencia ni ejerció
función alguna como juez natural del proceso.

Por lo anterior, sostuvo que se configura falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que los hechos expuestos en la solicitud de amparo no guardan relación con las
funciones constitucionales y legales atribuidas a la entidad, ni esta tuvo injerencia en las
actuaciones o decisiones cuestionadas.

En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional y subsidiariamente,
que se nieguen las pretensiones formuladas en su contra.

3.1.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, los partidos políticos Alianza Verde y Nuevo
Liberalismo y los señores Israel Antonio Oliveros Guette y Aristarco Romero Meriño
guardaron silencio.

3.2. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00

3.2.1. La tutela fue radicada el 3 de septiembre de 202520 y correspondió por reparto al
despacho del consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta quien, mediante escrito
del 15 de septiembre de 202521, manifestó estar incurso en la causal de impedimento
definida en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal porque, para
esa fecha, tenía a su cargo el expediente del proceso de nulidad electoral objeto de

19 Visto en el índice 64 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2025 04809 00.
20 El expediente ingresó al despacho el 5 de septiembre de 2025. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica

para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00.
21 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
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Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

reproche en esta acción constitucional, para resolver la solicitud de adición y aclaración
presentada en contra del auto del 3 de julio de 2025 proferido en dicho proceso.

La acción de tutela fue remitida al despacho del consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes quien, junto con la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón,
mediante escrito del 26 de septiembre de 202522, manifestaron estar incursos en la causal
de impedimento definida en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, al haber suscrito los autos del 8 de mayo y 3 de julio de 2025 en el proceso de
nulidad electoral objeto de reproche en la presente tutela.

Por acta del 1 de octubre de 202523, la Secretaría General de esta Corporación realizó la
diligencia de sorteo de conjueces, en la cual fueron designados los conjueces Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo (ponente), Camilo Calderón Rivera, Isabel Cristina Jaramillo
Sierra y Sergio González Rey.

Por auto del 13 de marzo de 202624, notificado el 16 de abril de 2026, el conjuez ponente,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, ordenó que el expediente de la presente acción de
tutela se remitiera al despacho ponente de esta decisión.

Por auto del 4 de junio de 202625, la Sala26, resolvió declarar fundadas las
manifestaciones de impedimento presentadas por los consejeros de Estado Pablo Andrés
Córdoba Acosta, Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Nubia Margoth Peña Garzón.

En providencia del 10 de julio de 202627 se admitió y dispuso notificar28 al Consejo de
Estado – Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Atlántico, como partes
accionadas; así como vincular29 a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los
partidos políticos Alianza Verde y Nuevo Liberalismo, y a los señores Israel Antonio
Oliveros Guette y Aristarco Romero Meriño, como terceros con interés directo en el
resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Consejo de Estado – Sección Quinta y al Tribunal
Administrativo del Atlántico, para que alleguen copia digital o el hipervínculo de consulta
del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 08001 23 33
000 2023 00448 00/01, el cual fue remitido30.

22 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
23 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
24 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
25 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
26 Conformada por el suscrito y los conjueces Sergio González Rey, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
28 Esta orden se cumplió el 16 de julio de 2026. Visto en los índices 35 y 36 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00.
29 Ibidem.
30 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05522 00.
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Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

3.2.2. El consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez31 manifestó que el reproche
se sustenta en la presunta falta de información a la comunidad acerca de la existencia
del referido proceso, en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 277 del
CPACA. Al respecto, señaló que dicha omisión habría tenido origen en las actuaciones
adelantadas en primera instancia, concretamente, en el cumplimiento del auto admisorio
del 2 de febrero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Indicó que la Sección Quinta conoció del proceso únicamente en segunda instancia, con
el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de
septiembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las
pretensiones de la demanda de nulidad promovida contra la elección del señor Aristarco
Romero Meriño como alcalde del municipio de Ponedera (Atlántico) para el período 2024-
2027.

Precisó que, mediante sentencia del 20 de febrero de 2025, la Sección Quinta revocó la
decisión de primera instancia y en su lugar, declaró la nulidad del referido acto de
elección.

Agregó que, posteriormente, el 28 de febrero de 2025, el señor Dagoberto María Vargas
Sarmiento, junto con otros ciudadanos, presentó una solicitud de nulidad procesal
fundada en la presunta falta de comunicación a la comunidad sobre la existencia del
proceso electoral. Dicha petición fue rechazada por improcedente mediante auto del 5 de
marzo de 2025.

Sobre el particular, explicó que la solicitud fue presentada con posterioridad a la sentencia
de segunda instancia y que, conforme con los artículos 134 del Código General del
Proceso y 294 del CPACA, en ese momento únicamente podían alegarse nulidades
originadas en la sentencia. Asimismo, señaló que la indebida notificación del auto
admisorio como causal de nulidad originada en la sentencia únicamente procede cuando
la omisión recae sobre el demandado o su representante, supuesto que no correspondía
con el planteamiento efectuado por el accionante respecto de la comunicación a la
ciudadanía.

Resaltó que la acción de tutela fue presentada el 4 de septiembre de 2025, esto es, con
posterioridad al auto que resolvió la solicitud de nulidad procesal, por lo que correspondía
al accionante dirigir sus reproches específicamente contra dicha providencia y cumplir la
carga argumentativa exigida para las acciones de tutela contra providencia judicial.

En ese sentido, sostuvo que el actor no individualizó los yerros o defectos en los que
habría incurrido el juez natural al resolver la solicitud de nulidad ni explicó la tensión
existente entre dicha decisión y los derechos fundamentales invocados.

Por lo anterior, consideró que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de
relevancia constitucional, pues reproduce, en esencia, los argumentos formulados en la
solicitud de nulidad procesal y pretende reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez
natural, sin formular un reproche constitucional concreto contra la providencia que
rechazó dicha petición.

31 Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2025 05522 00.
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Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

Añadió que el simple desacuerdo con una decisión judicial no implica, por sí mismo, la
vulneración de derechos fundamentales ni habilita al juez de tutela para intervenir como
una instancia adicional. Para sustentar esa afirmación, hizo referencia a las reglas sobre
relevancia constitucional desarrolladas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 2022.

Sostuvo que las decisiones adoptadas por la Sección Quinta se fundamentaron en las
normas procesales aplicables al medio de control de nulidad electoral, en particular, en
el artículo 294 del CPACA, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante.

En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional y, subsidiariamente, negar las
pretensiones de la solicitud de amparo.

3.2.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó32 que los hechos y las
pretensiones formuladas por el accionante se encuentran dirigidos contra actuaciones y
decisiones adoptadas por autoridades judiciales dentro del referido proceso electoral,
ámbito respecto del cual esa entidad no tiene competencia ni injerencia alguna.

Explicó que la entidad no fungió como juez natural del proceso ni participó en la
expedición de las providencias cuestionadas, pues sus funciones constitucionales y
legales se circunscriben, entre otros asuntos, a la dirección y organización de las
elecciones, al registro civil y a la identificación de las personas.

Asimismo, manifestó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene carácter
excepcional y exige el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia desarrollados por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-
590 de 2005 y T-215 de 2013.

En ese sentido, sostuvo que el accionante pretende controvertir nuevamente aspectos
que fueron objeto de pronunciamiento por los jueces naturales del proceso electoral, por
lo que, a su juicio, la solicitud de amparo no puede utilizarse como una instancia adicional
para reabrir debates ya definidos en ejercicio de la autonomía e independencia judicial.

Finalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no
existe relación entre las funciones asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y las actuaciones u omisiones a las que el accionante atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

3.2.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, los partidos políticos Alianza Verde y Nuevo
Liberalismo y los señores Israel Antonio Oliveros Guette y Aristarco Romero Meriño
guardaron silencio.

3.2.5. Por auto del 12 de agosto de 202633, notificado el 14 de agosto de 202634, el
despacho ponente resolvió “ACUMULAR la acción de tutela radicada bajo el núm. 11001

32 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2025 05522 00.
33 Visto en el índice 67 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2025 04809 00.
34 Visto en el índice 71 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2025 04809 00.
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Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

03 15 000 2025 05522 00 a la acción de tutela radicada bajo el núm. 11001 03 15 000
2025 04809 00”.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 35 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,36 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202137, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201938, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente39:

4.2.1. El señor Israel Antonio Oliveros Guette promovió demanda a través del medio de
control de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Aristarco Romero Meriño
como alcalde del municipio de Ponedera (Atlántico) para el período constitucional 2024-
2027.

4.2.2. La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Atlántico, autoridad judicial que, mediante auto del 2 de febrero de 2024, la admitió y
entre otras determinaciones, ordenó informar a la comunidad sobre la existencia del
proceso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

4.2.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 18 de septiembre
de 2024, negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.

4.2.4. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de
febrero de 2025, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar, declaró la nulidad de
la elección del señor Aristarco Romero Meriño como alcalde del municipio de Ponedera
(Atlántico) para el período 2024-2027.

4.2.5. El 28 de febrero de 2025, los señores Dairo Luis Martínez Tobías, Juana Iveth
Barrios Ariza, Milagro de Jesús Camero Mejía y Dagoberto María Vargas Sarmiento
solicitaron la nulidad de lo actuado, con fundamento en la presunta omisión del Tribunal

35 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
36 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
37 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
38 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
39 Lo que se desprende del expediente del proceso de con el radicado núm. 08001 23 33 000 2023 00448

00/01. Visto en los índices 45 y 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de los procesos con
radicado núm. 11001 03 15 000 2025 05522 00 acumulado 11001 03 15 000 2025 04809 00.
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Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

Administrativo del Atlántico de informar debidamente a la comunidad sobre la existencia
del proceso electoral, conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

4.2.6. Mediante auto del 5 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
rechazó por improcedente dicha solicitud. Para el efecto, explicó que, al haberse
formulado con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, únicamente podían
alegarse nulidades originadas en esta, en los términos del artículo 294 del CPACA, y que
la presunta falta de información a la ciudadanía no correspondía a alguno de los
supuestos previstos en dicha disposición.

4.2.7. Posteriormente, la señora Nuris Esther Ordoñez Ávila presentó solicitud de nulidad
procesal, fundada igualmente en la presunta indebida publicación de la información
dirigida a la comunidad acerca de la existencia del proceso electoral, conforme al numeral
5 del artículo 277 del CPACA.

4.2.8. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 21 de octubre de
2025, rechazó por improcedente la referida solicitud de nulidad. Consideró que, al haber
sido presentada después de proferida la sentencia de segunda instancia, solo resultaban
procedentes las causales de nulidad originadas en la sentencia previstas en el artículo
294 del CPACA y que la supuesta omisión de informar a la ciudadanía no se encontraba
comprendida en ellas.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la Sala advierte que le asiste razón a la entidad, toda vez que, si bien
inicialmente fue vinculada al proceso de nulidad electoral objeto de la presente acción
constitucional, revisado el expediente se constató que, mediante auto del 3 de mayo de
2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia, dispuso su desvinculación de
dicho trámite.

En ese sentido, comoquiera que la Registraduría Nacional del Estado Civil no intervino
en las actuaciones judiciales a las que los accionantes atribuyen la vulneración de sus
derechos fundamentales, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de dicha entidad.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que40:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades41:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 42. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

40 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
41 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
42 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)43. (Se
destaca) […].

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

En el presente asunto, la Sala observa que, mediante las solicitudes de amparo
acumuladas, los accionantes pretenden reabrir el debate relacionado con la forma en que
se informó a la comunidad sobre la existencia del proceso de nulidad electoral identificado
con el radicado núm. 08001 23 33 000 2023 00448 00/01, promovido contra la elección
del señor Aristarco Romero Meriño como alcalde del municipio de Ponedera (Atlántico)
para el período 2024-2027.

En concreto, los ciudadanos Nuris Esther Ordoñez Rua y Dagoberto María Vargas
Sarmiento cuestionaron el cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico en el auto admisorio del 2 de febrero de 2024, mediante el
cual se dispuso informar a la comunidad acerca de la existencia del proceso, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

Al respecto, sostuvieron que la comunicación efectuada no cumplió las exigencias
legales, toda vez que en la constancia registrada en SAMAI se hizo referencia al acto de
elección del señor “Aristarco Rojano” como concejal del municipio de Sabanalarga
(Atlántico), pese a que el proceso correspondía a la elección del señor Aristarco Romero
Meriño como alcalde de Ponedera.

43 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Asimismo, cuestionaron la publicación efectuada en el periódico El Heraldo, al considerar
que no reunía los requisitos necesarios para informar adecuadamente a la comunidad
sobre la existencia del proceso electoral.

Ahora bien, revisado el expediente del proceso de nulidad electoral tramitado ante el
Tribunal Administrativo del Atlántico, la Sala advierte que se encuentra registrada, bajo
el consecutivo núm. 25, una actuación denominada “Aviso a la comunidad”.

No obstante, los accionantes consideran que dicha actuación no satisfizo las exigencias
previstas en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA y que esa circunstancia les impidió
intervenir en el trámite en los términos del artículo 228 ibidem, bien para coadyuvar o
impugnar la demanda, o para actuar en defensa de la legalidad del acto de elección.

Por esa razón, estimaron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia y a la participación y solicitaron, entre otras
medidas, dejar sin efectos las actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad
electoral.

Sin embargo, la Sala advierte que el cuestionamiento relacionado con la presunta
indebida información a la comunidad fue sometido al conocimiento del juez natural del
proceso electoral.

En efecto, el 28 de febrero de 2025, el señor Dagoberto María Vargas Sarmiento, junto
con otros ciudadanos, solicitó la nulidad de todo lo actuado, con fundamento en la
presunta omisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de informar debidamente a la
comunidad sobre la existencia del proceso electoral, conforme a lo previsto en el numeral
5 del artículo 277 del CPACA.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 5 de marzo de 2025,
rechazó por improcedente dicha solicitud. Explicó que, como fue formulada con
posterioridad a la sentencia de segunda instancia del 20 de febrero de 2025, únicamente
podían alegarse nulidades originadas en aquella providencia, conforme con los artículos
134 del Código General del Proceso y 294 del CPACA.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la causal de nulidad originada en la sentencia por
indebida notificación del auto admisorio de la demanda únicamente procede cuando la
omisión recae respecto del demandado o de su representante, supuesto que no
correspondía con el alegado por los solicitantes, quienes cuestionaban la comunicación
dirigida a la ciudadanía.

Posteriormente, la señora Nuris Esther Ordoñez formuló igualmente una solicitud de
nulidad procesal fundada en la presunta indebida publicación de la información prevista
en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

Mediante auto del 21 de octubre de 2025, la Sección Quinta rechazó por improcedente
dicha petición y reiteró que, al haberse presentado después de proferida la sentencia de
segunda instancia, únicamente resultaban procedentes las causales de nulidad
originadas en la sentencia previstas en el artículo 294 del CPACA.

En particular, señaló nuevamente que la indebida notificación del auto admisorio como
causal de nulidad originada en la sentencia se encuentra circunscrita al demandado o a

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Radicados: 11001 03 15 000 2025 04809 00
11001 03 15 000 2025 05522 00
Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

su representante y no comprende la presunta omisión de informar a la ciudadanía sobre
la existencia del proceso.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que en el presente asunto no se cumple el requisito
general de relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el elemento dirigido a
evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones adoptadas por el juez natural.

Lo anterior, toda vez que la controversia propuesta por los accionantes está encaminada,
esencialmente, a obtener un nuevo pronunciamiento acerca del alcance del numeral 5
del artículo 277 del CPACA y de las consecuencias procesales que, a su juicio, debían
derivarse de su supuesto incumplimiento.

En efecto, el juez natural examinó el cuestionamiento relacionado con la presunta falta
de información a la comunidad y explicó las razones jurídicas por las cuales dicha
circunstancia no configuraba una causal de nulidad susceptible de ser alegada después
de proferida la sentencia de segunda instancia.

Así las cosas, la inconformidad de los accionantes refleja un desacuerdo con la
interpretación y aplicación de las normas procesales efectuada por el juez natural, mas
no evidencia una actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable que habilite
la intervención excepcional del juez constitucional.

En ese sentido, no corresponde al juez de tutela determinar nuevamente si la actuación
denominada “Aviso a la comunidad”, registrada en el expediente electoral, cumplió las
exigencias previstas en el artículo 277 del CPACA ni establecer si la presunta
irregularidad tenía la entidad suficiente para generar la nulidad de las actuaciones
surtidas dentro del proceso, pues ello implicaría sustituir al juez natural y convertir este
mecanismo excepcional en una instancia adicional.

En consecuencia, sin que resulte necesario descender al estudio de los demás requisitos
generales y específicos de procedencia, la Sala declarará improcedentes las acciones de
tutela acumuladas por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud presentada por la Registraduría Nacional del Estado
Civil y, en consecuencia, DESVINCULAR a dicha entidad del presente trámite tutelar,
conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionantes: Nuris Esther Ordoñez Rua y otro
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO CAMILO CALDERÓN RIVERA
Consejero de Estado Conjuez

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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