Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04815-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04815-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04815-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04815-00 (10081)
Accionantes: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: medida cautelar de urgencia. Subtema
3: legitimación en la causa por activa. Subtema 4: defecto sustantivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Diana Marcela Romero Alcantar, en contra de la
sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Paola Alexandra Dávila Torres presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al acceso a cargos públicos, a la carrera
administrativa, al debido proceso y los principios del mérito, la seguridad jurídica y
la confianza legítima, que consideró vulnerados con ocasión del auto del 17 de julio
de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 54001-33-33-009-2023-00371-01.
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04815-00(10081)
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
2. El 22 de junio de 2023, la señora Diana Marcela Romero Alcantar presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se
declarara la nulidad parcial de las resoluciones CJR22-0351 del 1 de septiembre de
2022 y CJR23-0045 del 16 de enero de 2023, proferidas por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, mediante las cuales se determinó que la
demandante obtuvo un puntaje final en la prueba de conocimientos de 799.82 y se
confirmó el resultado mencionado.
3. Las funcionarias titulares de los juzgados Octavo y Noveno Administrativo de
Cúcuta, con autos del 14 de agosto y 1 de septiembre de 2023 manifestaron el
impedimento para conocer del asunto.
4. El Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta, por medio de la providencia del
28 de septiembre de 2023, aceptó los impedimentos y admitió la demanda.
5. La señora Diana Marcela Romero Alcantar, mediante escrito del 1 de
septiembre de 2023, le solicitó al citado juzgado decretar una media cautelar de
urgencia, que consistía en ordenarle a la entidad demandada permitir su inscripción
y participación en el IX curso de formación judicial, el cual, para ese momento,
estaba próximo a comenzar1.
6. El Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta, a través de auto del 26 de
septiembre de 2023, negó la petición de medida cautelar de urgencia, al considerar
que no se cumplía con los presupuestos para acceder a la petición de la
demandante. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 17 de julio
de 2025, revocó la providencia recurrida y, en su lugar, decretó como medida
cautelar la siguiente:
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada en el auto de fecha veintiséis (26) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Cúcuta, para en su lugar DECRETAR la medida cautelar solicitada por
la señora Diana Marcela Romero Alcantar, consistente en ordenar a la Nación – Rama
Judicial – Dirección de la Escuela Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’ Unidad del Consejo
Superior de la Judicatura, permitir al (sic) prenombrada la inscripción y participación del
IX Curso de Formación Judicial de que trata el Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018.
Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado curso
de formación y garantizarle un término de estudio en igualdad de condiciones de los
discentes que ya surtieron las etapas del curso de formación y de quienes actualmente
se encuentran cursando la subfase especializada, en caso de que la demandante
supere la subfase general.
1
Conforme al calendario difundido por el Consejo Superior de la Judicatura, desde el día 11 de septiembre hasta el 6 de
octubre de 2023 se debían realizar las inscripciones al IX curso de formación judicial, el cual iniciaría el 17 de octubre del
mismo año. En el índice samai 9 se observa el expediente digital de la primera instancia de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y la petición de la medida cautelar de urgencia.
2
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Asimismo, se deberá generar un cronograma a la actora que le permita llegar en
igualdad de condiciones en caso de superar todas y cada una de las etapas del IX
Curso de Formación Judicial, para la fecha en que se conforme el registro de elegibles,
garantizando en todo caso, los plazos necesarios para realizar los estudios, conforme
se expuso en el párrafo anterior.
8. La señora Paola Alexandra Dávila Torres se inscribió en la Convocatoria 27 de
la Rama Judicial para el cargo de juez penal del circuito, en cuyo trámite superó
satisfactoriamente la prueba de aptitudes, conocimientos y psicotecnias. Esto le
permitió acceder a la subfase especializada, denominada IX Curso de Formación
Judicial, el cual terminó el 29 de junio de 2025.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
1. Tutelar los derechos carrera administrativa y el mérito en la Rama Judicial, a la
seguridad jurídica, debido proceso, confianza legitima y acceso a un cargo
público de los participantes de la Convocatoria 27 - discentes del IX Curso de
Formación Judicial y la suscrita.
2. Anular el auto del 17 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander en el proceso con radicado de Norte de Santander en el
proceso con radicado 54-001-33-33-009-2023-00371-01, medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Diana Marcela Romero
Alcantar y demandado Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por contrariar los derechos carrera administrativa y el
mérito en la Rama Judicial, a la seguridad jurídica, debido proceso, confianza
legítima y acceso a un cargo público, de los participantes de la Convocatoria 27.
[sic].
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
providencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, incurrió en defecto sustantivo por las siguientes razones:
El Tribunal en el auto que resuelve la apelación aseguró que la demandante no
superó la prueba de conocimiento de la Convocatoria 27, y presentó recurso de
reposición por inconsistencias en 14 preguntas, y el 16 de enero de 2023 mediante
Resolución CJR23- 0037 se resolvió́ el recurso, que en criterio del Tribunal, no
respondió de manera específica los reparos de la actora, afectando su derecho al
debido proceso administrativo y derecho a la defensa, haciendo cita de diversos
pronunciamientos de la Corte Constitucional, como si la medida cautelar solicitada
se tratara de una acción de tutela que buscara amparar derechos fundamentales y
resolviendo de fondo un asunto que ni siquiera fue sometido a su conocimiento en
primera instancia, asegurando desde ya que la decisión que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la demandante se encuentra viciado, presentándose de
esta forma una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión3.
11. Afirmó que la decisión del Tribunal accionado fue expedida de manera irregular
porque dio prelación a una mera expectativa de un derecho que podía tener la
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 2, certificado núm. 35861F4D04581C92 096C2A8C714B0E65
846FECEC8AB49734 46BE0331A5A2B894.
3
Se transcribe incluso con errores.
3
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señora Diana Marcela Romero Alcantar respecto de su continuidad en la
Convocatoria 27, sin tener en cuenta que no superó la prueba de conocimientos. De
este modo, consideró que, la autoridad accionada, al acceder a la pretensión de
medida cautelar, vulneró los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y
prevalencia del interés general, que rigen los concursos de méritos.
12. Resaltó que la providencia cuestionada dilató la finalización de la convocatoria
y extendió «injustificadamente el IX curso de Formación Judicial que para la fecha
en que se profirió el auto cuestionado ya había culminado desde hace casi un mes,
por lo que no resulta razonable que se ordene la inscripción de la demandante en
el mismo, y menos en los términos proferidos por el Tribunal, dado que implicaría
suspender el cronograma de la Convocatoria 27 aproximadamente 2 años, mientras
solo una persona realiza la totalidad del curso, cuando ni siquiera tiene un derecho
adquirido».
13. De igual manera, mencionó que la providencia del Tribunal no solo vulneró sus
derechos fundamentales, sino que además desconoció las garantías de los «más
de 1.500 discentes que culminaron con éxito la subfase general y se encuentran ad-
portas de tomar posesión de los cargos por los que se encuentran concursando,
concursantes que han realizado el curso de forma bajo los lineamientos
establecidos por la Escuela Judicial […]».
14. Adicionalmente, refirió que el auto cuestionado «carece de motivación» porque
no tuvo en cuenta «que se trata de un proceso administrativo y no una acción de
tutela».
2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 8 de agosto de 20254, i) admitió la solicitud de amparo,
ii) ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, iii) negó
la medida provisional, y iv) puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado
Décimo Administrativo de Cúcuta, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la
señora Diana Marcela Romero Alcantar, en calidad de terceros con interés.
16. Adicionalmente, el referido auto requirió al Consejo Superior de la Judicatura y
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para explicar los efectos y alcances de la
providencia del 17 de julio de 2025 respecto del trámite y desarrollo IX curso
concurso de formación judicial.
17. Posteriormente, el despacho ponente de la referida subsección, con auto del 25
de agosto de 20255, dispuso: i) vincular en calidad de terceros a los discentes que
aprobaron las subfases general y especializada del IX curso de formación judicial;
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 4, certificado núm. AF05FDFB950845B9 759B2F5E9764A382
BA97B256C61C264A 9C85AF17765CA5EA.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 5, certificado núm. 683C3FB4837FB894 4626571B64C445F2
C7268678AD4FEB4C 3ED06F471492B172.
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y ii) ordenar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y al Consejo Superior de la
Judicatura publicar en la página web de la convocatoria 27 la información sobre la
admisión y avance de la tutela.
2.4. Intervenciones
18. El Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta6 describió las actuaciones surtidas
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
señora Diana Marcela Romero Alcantar, que derivaron en la admisión de la
demanda, el auto que negó la medida cautelar de urgencia y la decisión que
concedió el recurso de apelación.
19.Adicionalmente, refirió que, el 25 de enero de 2024, se ordenó la remisión del
expediente, en calidad de préstamo, al Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta,
con el fin de que se estudiara una solicitud de acumulación con el proceso núm.
54001-33-33-003-2023-00300-00 que se tramita en ese despacho judicial, por lo
que se dejó constancia de que no adelantaría actuación alguna, hasta tanto el
mencionado juzgado no decidiera sobre la petición de acumulación.
20. Finalmente, expresó que sus decisiones se han ajustado al ordenamiento
jurídico procesal y sustancial. Además, tales actuaciones no fueron cuestionadas
en este asunto, por lo que solicitó que se le desvincule de este trámite constitucional.
21. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 7 afirmó que la señora Diana
Marcela Romero Alcantar después de haberse enterado del resultado final de la
prueba de conocimientos dentro de la convocatoria 27, en el que obtuvo un puntaje
de 799.82, inició el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya
demanda se radicó antes de iniciar el IX curso de formación judicial, motivo por el
cual, la actora solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia, consistente
en que el juez de primera instancia, antes de proferir sentencia, ordenara su
inscripción y participación en el referido curso.
22. Manifestó que permitir la inscripción al curso de formación judicial de Diana
Marcela Romero Alcantar no implicaba su inclusión automática en el registro de
elegibles, pues la finalidad de la medida cautelar era preserva su expectativa
legítima de continuar en el proceso y obtener un puntaje adicional que
eventualmente la ubicara en la lista de seleccionados.
23. Afirmó que la providencia que decretó la medida cautelar estuvo debidamente
motivada y sustentada en las piezas procesales y en la jurisprudencia aplicable.
Además, la decisión aplicó el antecedente del Tribunal Administrativo del Norte de
Santander «providencia de 10 de abril de 2025» en el que, en un caso similar
(radicado 2023-00424-01) concedió una medida cautelar en el mismo sentido.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 9, certificado núm. 3DFC5B8D974B2DE3 B1484A6E27980BEB
F496DCDBA6CFDE89 4E095D44325C53A1.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 11, certificado núm. A2A0CFE55D6414FC 98171BCD513CE416
8DEEB91FB21534D9 057C3D58C2BA6FA1.
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24. Así pues, reiteró que «resultaría más gravoso negar la medida cautelar
solicitada, toda vez que, de no adelantarse el curso de formación judicial, en el
evento de proferirse una sentencia favorable, la entidad estaría obligada a permitir
su realización, lo que podría afectar a los demás participantes y colocar a la
demandante en una situación de desventaja»
25. Agregó que, una vez se profirió la providencia del 17 de julio de 2025, el 23 de
los mismos mes y año, varios particulares solicitaron la aclaración de ese proveído,
lo cual fue negado en auto del 6 de agosto del mismo año.
26. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, toda
vez que la accionante carece de legitimación en la causa por activa, pues no fue
parte en el proceso en el que se ordenó la medida cautelar que se cuestiona.
27. La señora Diana Marcela Romero Alcantar8 indicó que la orden que se impartió
en el auto cuestionado de ninguna manera altera la publicación de los resultados
del curso de formación judicial.
28. En este sentido explicó que el argumento conforme al cual la decisión judicial
afecta los derechos de los discentes del IX curso «carece de todo sustento legal,
pues, contrario a lo que aduce la accionante, la medida decretada tiene como único
fin que se puedan surtir las actuaciones pertinentes dentro del concurso».
29.Así pues, afirmó que la tutelante solo es participante del concurso de méritos,
pues aún no cuenta con un derecho adquirido, ni forma parte de una hipotética lista
de elegibles «por lo que hablar de una afectación y menoscabo que se le pueda
causar a esta como consecuencia de la imposición de la medida no obedece a un
motivo real ni jurídicamente sustentable».
30.
Por otro lado, refirió que una correcta lectura del auto cuestionado debe ser que
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no profirió una orden dirigida a
modificar el calendario de los demás discentes ni afectar sus derechos. De este
modo, destacó que los aspirantes que participaron en las subfases del curso de
formación judicial no son titulares de un derecho consolidado y simplemente
ostentan una mera expectativa.
31. Insistió en que el decreto de la medida cautelar del 17 de julio de 2025 no afecta
derechos consolidados, debido a que en el curso aún hay etapas pendientes que
son eliminatorias. Además, estimó que las pretensiones de la tutelante serían
legítimas si en este momento existiera un registro de elegibles, caso en el cual las
personas que estuvieran en ese listado sí tendrían un interés directo.
32.Finalmente, refirió que el auto de 17 de julio de 2025 se pronunció respecto de
una solicitud que consistía en que a una aspirante se le permita participar en el
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 14, certificado núm. 6958C03717B8C843 729C7F0A3637F237
0E2ACE5C4550E4F8 1C919FBFDE3A19BC.
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curso de formación judicial, lo cual es una controversia genuina y jurídicamente que
tiene la vocación de prosperar cuando se dicte el fallo de mérito.
33. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla9 efectuó un recuento del avance y
desarrollo de la convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios de la Rama
Judicial e indicó que, mediante resolución de 21 de junio de 2024, se publicaron los
puntajes finales obtenidos por los discentes en la evaluación de la subfase general
del IX curso de formación judicial, en el que se evidencia que solamente avanzaron
los aspirantes que obtuvieron un puntaje final igual o superior a 800.
34. De esta manera explicó que para aprobar la subfase general constituyo un
requisito indispensable para acceder a la etapa especializada, la cual se desarrolló
entre el 16 de noviembre de 2024 y el 22 de junio de 2025. Durante esta última, se
realizaron varias evaluaciones, dos escritas (16 de marzo y el 29 de junio de 2025),
y una presentación oral entre el 1 y 30 de julio de esta anualidad.
35. Sostuvo que el 8 de agosto de 2025, la Escuela Judicial publicó la resolución
que contenía las calificaciones definitivas del IX curso de formación judicial para
aspirantes a cargos de jueces y magistrados y que actualmente se está surtiendo el
trámite de interposición de recursos de reposición contra esa resolución. Agregó
que la publicación de las calificaciones finales está programada para el 22 de
diciembre del 2025 y que el contrato que permitió la realización del curso de
formación judicial finaliza el 31 de diciembre siguiente.
36. Además, consideró que la decisión del 17 de julio de 2025 no cumplió con la
totalidad de los requisitos para su procedencia, pues, de acuerdo con el artículo 234
del CPACA la providencia debía exponer y acreditar las «razones jurídicas
suficientes que justificaran la adopción de una medida cautelar de tal envergadura».
37. Agregó que, en el proceso ordinario, no se aportaron elementos probatorios que
demostraran la existencia de un perjuicio irremediable ni se realizó un ejercicio de
ponderación de intereses que permitiera concluir que la adopción de la medida
resultaría más gravosa para el interés público que su concesión. Al respecto,
manifestó
[…] la decisión judicial fue adoptada sin considerar el impacto institucional y operativo
que su cumplimiento genera para la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la
Convocatoria No. 27 y los demás participantes del proceso de selección. La
incorporación extemporánea de un nuevo participante no solo altera el cronograma
establecido, sino que también afecta los principios de igualdad, transparencia y
eficiencia que rigen los concursos de méritos.
38.Expuso que la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
genera un desgaste administrativo, logístico y presupuestal injustificado, que
compromete la planeación institucional y los recursos públicos asignados para el
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 15, certificado núm. 1AD0E05DC0BD9FD6 F719FBD6BB311348
A0299D9BEAB2B512 CA1A3C357CB661C6.
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desarrollo del programa, lo que afecta el interés general y los derechos de los demás
concursantes «quienes no fueron informados, ni vinculados al proceso judicial».
39. Por lo anterior, aseveró que la acción de tutela promovida es un mecanismo
idóneo y necesario para la protección de sus derechos fundamentales «ante una
providencia judicial que, por su contenido y efectos, excede los límites de
razonabilidad y proporcionalidad exigidos», pues no se podía desconocer que el
concurso terminó en la fecha establecidas. De modo que una «incorporación
extemporánea de una aspirante por orden judicial conlleva la extensión injustificada
del cronograma, así como el retraso en la confirmación de los registros nacionales
de elegibles, afectando el acceso oportuno de los cargos públicos».
40. Añadió que la providencia cuestionada desconoció el precedente fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia T-682 de 2016, en el cual se precisó que la
inclusión en la lista de elegibles constituye un único acto administrativo que otorga
derechos subjetivos y que la participación en las etapas previas del concurso no
genera prerrogativas exigibles.
41. Afirmó que la decisión judicial censurada implica un perjuicio irremediable para
los concursantes que se encuentran en una etapa avanzada del curso, en la medida
de que se alteran las condiciones bajo las cuales accedieron al mismo, sin siquiera
haber sido informados ni vinculados al proceso judicial que dio lugar a la
mencionada medida cautelar.
42. Por otro lado, respondió el requerimiento efectuado en el auto admisorio, con
relación a los efectos y alcances de la providencia del 17 de julio de 2025 respecto
del trámite y desarrollo IX curso concurso de formación judicial, lo cual se sintetizó
en las siguientes ideas:
• Actualmente, la nueva participante solo tiene acceso a la plataforma virtual,
la pasantía virtual y la evaluación oral presencial, ya que las evaluaciones de
las unidades 1 a 4 no están disponibles por falta de preguntas nuevas.
• Se requiere crear un nuevo banco de preguntas, lo que implica un proceso
contractual con un costo aproximado de 490.990.857 de pesos porque las
preguntas anteriores ya fueron utilizadas y no se pueden repetir.
• Las evaluaciones no pueden realizarse este año; se deberían programar para
2026, tras firmar un nuevo contrato, lo que afecta la estructura y cierre del
curso judicial.
• La medida cautelar ordenada impacta negativamente las áreas
administrativas, presupuestales y contractuales de la Escuela Judicial y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo cual termina impidiendo
que la participante termine el curso dentro del plazo del contrato vigente, que
culmina el 31 de diciembre de este año.
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• Cumplir con la orden judicial genera un impacto fiscal importante, pues obliga
a modificar contratos actuales y a iniciar un nuevo proceso contractual que
tomaría aproximadamente siete meses, iniciando su ejecución en marzo de
2026 si se comienza la planeación en agosto de 2025.
• El cumplimiento de la medida cautelar afecta el interés general y a los demás
aspirantes, pues implica reprogramar el cronograma, genera desigualdad y
extiende injustificadamente el curso, lo que va contra la planeación
contractual y aumenta la carga operativa y presupuestal.
2.5. Otras intervenciones
43. En los índices 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73,
74, 76, 77, 78, 84, 88, 9210 obran los memoriales presentados por las personas que
se identificaron como discentes del IX curso de formación judicial, quienes
intervinieron en el presente asunto para manifestar que coadyuvaban los
argumentos y pretensiones expuestos por la señora Paola Alexandra Dávila Torres.
44. En síntesis, indicaron que el auto del 17 de julio de 2025, por medio del cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó una medida cautelar de
urgencia a favor de la señora Diana Marcela Romero Alcantar es desproporcionada,
en tanto ordenó incluir a una persona al curso de formación judicial el cual ya había
concluido cada una de sus etapas, por lo que esta situación implica una extensión
10
Escritos presentados por los señores Carlos Andrés Carvajal Gamboa, Gisela Laiton Ardila, José Luis Otero Hernández,
Juan David Restrepo Benjumea, Felipe González, José Ángel Pérez Ariza, Edwar Fabian Latorres Osorio, Liany Yetzira
Hernández Granados, Deissy Yolanda González Rojas, Fernando Xamir Ramirez Rojas,
Fernando Abel Fuentes Cortes, Jhonantan Castellanos Ortiz, Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez, Richard Ordoñez López,
Jose Miguel Páez, Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Laura Patricia Rueda, Diana Carolina López Ramírez, Manuel Antonio
Hernández Barbosa, Lizardo Moreno Cardoso, Jair Montaño Portocarrero, Simón Alexis Castillejo Galvis, Nataly Hernández
Hernández, Karine Stella Beltran Agámez, Jairo Enrique Suárez Durango, Daniel Eduardo Romero Vitola, Rina Marcela
Álvarez Martínez, Lina María Herazo Olivero, Juan Alfonso Villanueva Cabas, Luis Felipe Biter Calle, Javier Darío León Rosso,
Paula Andrea Arango Quintero, Alfonso Segundo Fernández Polo, María del Pilar González, Pili Natalia Salazar, Diana
Carolina Ascanio Cassab, Loraine Reyes Guerrero, Oscar Eduardo Rojas Rincón, Jonhatan Rey Ramos, Hazel Yleana Borja
Morales, Cesar Augusto Daza Camelo, Carlos Mario Regino Martínez, Eduardo Gabriel Osorio Sánchez, Gilbero Alarcón
Fajardo, Daniel Carrillo Corzo, Laura Esther Murcia Jaramillo, Camilo Giraldo, Hernán Darío Quiroz Andrade, Nick Ronnie
Barbosa Gómez, Yeison de Jesús Viloría Aguas, Camilo Andrés Romero León, Oscar Eduardo Estrada López, Jose Luis
Avella Chaparro, Cristina Espinosa Salinas, Víctor Julio Arcila, Maritza Tapias Londoño, Leonard Castro Manrique, Maryuri
Yanett Ortiz Valderrama, Aurelio López Dueñas, Viviana Castillo Garrido, Ángel David Pabón Camero, Harold Rene Gamba
Hurtado, Lucy Natally Girón Unigarro, Dalieth Sofia Arévalo Medina, Edgar Polo Quintana, Diana del Pilar Medina, Jaime
Andrés Vásquez Mesa, Édison Raúl Martínez Arias, Andrea Medina Rodríguez, Natalia Andrea Rodríguez Montes, Maryuri
Ramírez Galeano, Leidys Liliana Espinosa, Juan David Garzón Muñoz, Diana Maritza Garzón Noguera, Deisy Johana
Castañeda Vargas, María Isabel Rodríguez Arias, Jose Luis Solarte Ruano, Oscar Eduardo Estrada López, Jaime Andrés
Castillo Arboleda, Judy Rossini Trujilli Navarro, Ninfa María Guzmán Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini
Trujillo Navarro, Ana María Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid Acevedo, José Gabriel Zuleta dela Espriella, María Alberto
Delgado Peña, Daniel Felipe Díaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liany Yetzira
Hernández Granados, César Andrés Hernández Granados, Oscar Iván Marín Cano, Constanza Toro Gómez, Adriana Lucía
González Díaz, Diana Carolina Jiménez Vesga, Dalieth Sofia Arévalo Medina, Pedro Fernando Ballesteros Peñaranda, Carlos
Arturo Ortega Higuera, Iván Humberto Galvis Macías, Carlos Andrés Rubio Fallo, Nick Ronnie Barbosa Gómez, Jaime Andrés
Bastidas Rosero, Jilly Paola Zarate Téllez, Sara Lizbeth Garzón Galvis, Lida Fernanda Estepa Rodríguez, Julio Cesar Gordillo
Gómez, Angélica Ángel Ceballos, Fernando Xamir Ramírez Rojas, David Acevedo Gutiérrez, Deissy Yolanda González Rojas,
Juan Sebastián Agudelo Ochoa, Greis Ester Romero Romerin Barros, Ellen Marcela Fuentes Feria, Edna Patricia Cuellar
Silva, Viviana Andrea Toro Rodríguez, Diana Lorena Verz Ramírez, María Isabel Rodríguez Arias, Ana María Iglesias Navas,
Oscar Alejandro Luna Cabrera, Marvin Leonard López Caslinsa, Jerónimo Buitrago Cárdenas, Carmen Lucila Romero
Rodríguez, David Esteban Ayer Aristizábal, Carlos Francisco Díaz Guerrero, Rafael Eduardo Castro Páez, Laura Alejandra
Almonacid Jesissón Jamith Neira Valbuena, Lina Mercedes Cuellar Flórez, Jose Leonardo Guio Espitia, Jorge Alfredo Rada
Vives, Tatiana Ocampo Noreña, María José Tapias Torres, Luis Alejandro Barreto Moreno, Angela María Chacón Penagos,
Dayan Yisel Paredes Caicedo, Juan Sebastián Serna Cárdona, Kevin Andrés Serrano Burgos, Adolfo Toscano Hernández,
Jessica Katerin Pacheco Pacheco, Néstor Raúl Urrea Ricaurte y Manuel Alejandro Bastidas Patiño
9
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injustificada del proceso de selección.
45. Adicionalmente, expresaron: i) que debieron ser vinculados al proceso
contencioso-administrativo en el que se expidió la decisión censurada, ii) que, si
bien la providencia acusada no ordenó modificar el calendario de publicación de los
resultados, en la práctica la orden del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
significa replantear el cronograma y retrasar la publicación de los resultados finales,
además, iii) el auto objeto de tutela fue proferido sin atender los presupuestos
normativos previstos en los artículos 231 y 234 del CPACA, por cuanto se emitió 2
años después de haberse presentado la solicitud de medida cautelar de urgencia y
no se realizó un juicio de ponderación respecto de los intereses particulares y
generales que se encontraban en disputa.
46. Por lo anterior, de manera generalizada los intervinientes solicitaron que se deje
sin efecto el auto del 17 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander o, en su lugar, se modere el alcance de la medida cautelar, sin
desconocer y afectar los derechos de los discentes que aprobaron las subfases
general y especializada del concurso de méritos en los tiempos establecidos en la
convocatoria.
2.6. Sentencia de primera instancia
47. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
15 de septiembre de 202511 resolvió: i) amparar el derecho al debido proceso de la
señora Paola Alexandra Dávila Torres y de los discentes que intervinieron y
solicitaron su propia petición de amparo, ii) dejar sin efecto el auto del 17 de julio de
2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y iii) ordenar a
la autoridad accionada que «profiera una decisión que resuelva la apelación
respecto de la petición de medida cautelar aplicando los requisitos legales para ese
tipo de peticiones, con base en información y documentos actualizados, teniendo
en cuenta los intereses de los discentes que aprobaron el IX curso de formación
judicial y realizando un adecuado ejercicio de ponderación de intereses, en los
términos establecidos en el numeral 3º del artículo 231 del CPACA, con el fin de
evitar decisiones que impidan el eficaz avance de la convocatoria 27».
48. Al respecto, precisó que, en el presente asunto, la señora Paola Alexandra
Dávila Torres superó el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez
que, «si bien no fue parte dentro del proceso judicial ordinario en el que se profirió
la providencia cuestionada, lo cierto es que dicha decisión la afecta, pues según el
informe rendido por la Escuela Judicial, el cumplimiento de la providencia del 17 de
julio de 2025 necesariamente implica la modificación del cronograma de la
Convocatoria 27, un retraso en la consolidación de los resultados y se dilataría
injustificadamente su ingreso a la carrera judicial. En segundo término, acreditó que
aprobó la parte general y especializada del IX curso de formación judicial conforme
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 96, certificado núm. C2A80F7304F4FCEB D70A35B9861AE88A
6718F4A65649D90D C268F3B3FE7E14E8.
10
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a la publicación del pasado 11 de agosto de los resultados generales por parte de
la Escuela Judicial».
49. De igual manera, advirtió que las personas que coadyuvaron la tutela y que
presentaron sus propias pretensiones de amparo también se encuentra legitimadas
en causa por activa, por cuanto en su rol de discentes también resultaron afectados
por con los efectos de la providencia cuestionada.
50. Dicho esto, explicó que, si bien Diana Marcela Romero Alcantar, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, el 1 de septiembre de 2023, solicitó como
medida cautelar de urgencia que se le ordenara a la Escuela Judicial permitir su
inscripción y participación en el curso IX de formación judicial, por cuanto este aun
se encontraba próximo a iniciar, lo cierto es que la decisión que resolvió de manera
definitiva su petición se profirió el 17 de julio de 2025; es decir, 20 meses después.
51. Resaltó que para el momento en que se radicó la petición de medida cautelar,
aun no se había iniciado el curso de formación judicial, por lo que se justificaba el
trámite de urgencia previsto en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011. Así pues,
aunque el Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta la resolvió dentro de un
término razonable, esto no sucedió con el Tribunal de Administrativo de Norte de
Santander, pues, dicha autoridad respondió de manera definitiva la procedencia de
la mencionada medida bastante tiempo después, cuando el citado curso estaba en
una etapa avanzada.
52. Advirtió que para la fecha en que se adoptó la providencia cuestionada la fase
académica y lectiva del curso de formación judicial ya había concluido y solo estaba
pendiente desarrollar las pruebas orales, razón por la cual, el trámite y el
razonamiento del Tribunal no tuvo en cuenta las prescripciones normativos para
proferir este tipo de decisiones, en tanto que no atendió criterios como el de la
necesidad de proferir una decisión «urgente», lo cual resultó contrario a lo que
expuso en el auto que profirió, en la cual de manera desacertada, señaló que el IX
curso de formación se encontraba en la etapa especializada, cuando en realidad, la
parte formativa del mismo ya había concluido y se estaban desarrollando las
pruebas orales.
53. Consideró que la autoridad judicial accionada profirió una decisión sin atender
al carácter de «urgencia» previsto en el artículo 234 del CPACA, para este tipo de
decisiones, lo cual desnaturalizó el carácter de apremio que tiene la medida
cautelar, en tanto, la decisión del 17 de julio de 2025 ordenó inscribir a una persona
a un curso de formación judicial que había concluido el 22 de junio anterior y
respecto del cual, solo estaba pendiente realizar la prueba oral final.
54. Por lo anterior, concluyó que la providencia del Tribunal vulneró los derechos
de la tutelante y otros porque: i) tomó una decisión 20 meses después de que le fue
repartida, por lo cual había dejado de ser urgente; ii) no se observaba que la
autoridad accionada al momento de proferir su decisión hubiese consultado
información concreta, actualizada y precisa sobre el estado del IX curso de
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formación judicial; iii) no se ponderaron los intereses que estaban involucrados,
respecto de los derechos de los otros discentes que habían aprobado la prueba de
conocimiento y superado las fases generales y especializada; y iv) tampoco razonó
sobre los efectos que implicaba el ingreso de una nueva persona al curso de
formación judicial y si, por cuenta de este hecho potencialmente, se podía retardar
el trámite de publicación de los resultados finales.
2.7. Impugnación
55. La señora Diana Marcela Romero Alcantar presentó impugnación12 en contra
de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su
escrito argumentó que las razones que sustentaron la tutela efectuaron una indebida
interpretación de los eventuales efectos de la providencia judicial cuestionada, pues
el auto objeto de estudio no ordenó alterar el calendario de publicación de resultados
de todos los discentes que ya concluyeron las subfases general y especializada.
56. Así pues, resaltó que, con el decreto de la medida en cuestión, no se afectaba
a quienes siguen en el proceso de selección, debido a que estos no tienen un
derecho consolidado, y se encuentran ante una mera expectativa, pues el curso de
formación judicial establece unas etapas posteriores que son eliminatorias.
57. Por otro lado, indicó que la solicitud de la medida cautelar se radicó
oportunamente el 1 de septiembre de 2023 y el auto que negó la petición se expidió
el del 26 de septiembre de 2023, por parte del Juzgado Décimo Administrativo de
Cúcuta, esto es, cuando aún no se había iniciado con la primera fase del curso de
formación.
58. En este sentido, expresó que el expediente del proceso ordinario pasó al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 10 de noviembre de 2023 y, a
través de sendos memoriales radicados el 6 de febrero, el 19 de julio, el 10 de
octubre de 2024 y el 13 de mayo de 2025, se solicitó impulso procesal para que se
resolviera con prontitud la medida cautelar, por lo que negar en este momento la
posibilidad de realizar el curso solicitado mediante dicha medida cautelar le causaría
a ella un perjuicio irremediable.
59. En el caso concreto, se podría configurar un perjuicio irreparable para la parte
demandante del proceso ordinario, pues de no permitirse la oportunidad de cursar
las distintas fases establecidas en la Convocatoria 27, se quedaría completamente
imposibilitada de ingresar a la lista de elegibles y de optar por alguna eventual
vacante.
60. Adicionalmente, expuso que en caso de que el fallo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se resuelva favorablemente, la convocatoria
ya habría finalizado, lo que implicaría que, por razones de temporalidad, no existiría
lista de elegibles a la cual ingresar ni cargos disponibles por los cuales optar. Esto
12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04815-00, índice 109, certificado núm. A1B15C38004A3124 4A498888050FAB2A
AB49DAC28E31B53C AA5CCF01DE36ACF6.
12
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agrava la necesidad de que la protección solicitada se adopte de manera urgente,
pues la negativa a la medida cautelar la privaría de su derecho a participar en
condiciones de igualdad y de acceder a eventuales cargos públicos derivados del
curso de formación judicial.
61. Destacó que según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 la medida cautelar
procede si, al no concederse, se genera un perjuicio irremediable y existen motivos
para pensar que podrían anularse los efectos de la sentencia, como ocurre en su
caso particular.
62. Agregó que su puntaje en la prueba de conocimientos fue de 799.82, por lo que
la posibilidad de obtener los 800 puntos que le permitan acceder al curso de
formación judicial es mayor. De modo que la solicitud de medida cautelar es legítima
y sustentada jurídicamente, por lo que el defecto expuesto en la sentencia
impugnando no está justificado.
63. Así pues, explicó que considerar que la medida cautelar puede vulnerar
derechos como la carrera administrativa y el acceso a cargos públicos de los
discentes carece de base legal. La medida solo busca permitir la participación de la
solicitante en el concurso, sin afectar o suspender la convocatoria general.
64. Asimismo, refirió que, en un proceso similar, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander (expediente con radicado 54001-33-33-007-2023-00424-00) concedió
la misma medida cautelar, y la Rama Judicial cumplió la orden sin que haya sido
revocada. Esto demuestra que las medidas similares se han otorgado y cumplido
en otros casos parecidos, ya que hay otras personas en igual situación.
65. Expresó que la decisión de negar su inclusión en el curso de formación judicial
cuando a otras personas en condiciones similares se les ha habilitado de hacerlo
constituye una vulneración de su derecho a participar en igualdad de condiciones
en el concurso de méritos.
66. Afirmó que la Rama Judicial ya cumplió la orden dada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en tanto habilitó la plataforma para el curso
judicial en las resoluciones mencionadas.
67.
Finalmente, enfatizó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia del proceso ordinario, ya que esto implicaría reemplazar al juez natural.
68. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
13
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3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 15 de
septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
70. La legitimación por activa en este trámite constitucional tiene fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los
particulares, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en
nombre propio13.
71. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por
la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo
cual se debe presentar el respectivo poder14. En lo que respecta a la legitimación
por activa en tutelas contra providencias judiciales, la Corte Constitucional indicó en
la sentencia SU-329 de 2024 para unificar su postura en asuntos electorales, la
siguiente consideración general:
[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto
quiere decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio
que debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en principio, una
providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto
implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente
proceso judicial, o aquellos que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron,
estarían legitimados para reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a
causa de una decisión judicial.
72.
En otra oportunidad, el alto tribunal constitucional15 expuso en una acción de
tutela interpuesta contra providencia judicial dictada en un trámite de habeas corpus:
El accionante no es titular del derecho fundamental al debido proceso en el marco de
la acción de habeas corpus sub examine. El accionante pretende el amparo del
derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la decisión que concedió la
libertad del procesado. La Sala observa que en el asunto sub judice se presenta una
13
Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad.
14
Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela
acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
15
Corte Constitucional, sentencia T-1191 de 2004, cuyo criterio en relación a la legitimación para ejercer la acción de tutela
fue reiterado en la sentencia T-487 de 2019.
14
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ausencia de vulneración del mencionado derecho y, por lo tanto, el accionante carece
de legitimación en la causa por activa. Lo anterior, por cuanto el accionante no hace
parte de la relación jurídico-procesal que se constituyó con ocasión del trámite de la
acción de habeas corpus referida y, por tanto, no es titular del debido proceso en
dicho trámite. Además, tal como se explicó en el párr. 15, el mencionado proceso no
es de carácter adversarial y, por ende, la única relación relevante dentro de esta
actuación es la que se consolida entre el juez y la persona privada de la libertad. En
esa medida, en el caso concreto, no resulta admisible invocar la supuesta afectación
del derecho fundamental al debido proceso de una persona que, en estricto sentido,
no hizo parte del mencionado proceso. Por contera, el accionante carece de
legitimación en la causa por activa, en tanto no es titular del derecho al debido proceso
cuya protección solicita mediante esta tutela.
73. Esta Sala coincide con las anteriores consideraciones, en cuanto a que, en
principio, los legitimados para presentar una tutela contra una providencia judicial
son las personas que fungieron como partes o terceros dentro del proceso ordinario
en el que se emitió dicha decisión judicial y que son titulares de los derechos
fundamentales invocados como vulnerados
74. En el asunto bajo estudio, la señora Paola Alexandra Dávila Torres presentó
tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pues consideró que
vulneró sus derechos fundamentales al acceso a cargos públicos, la carrera
administrativa, al debido proceso y los principios del mérito, la seguridad judicial y
la confianza legítima con el auto del 17 de julio de 2025 emitido dentro del proceso
con radicado núm. 54001-33-33-009-2023-00371-01.
75. Ahora bien, en el referido proceso, fungen como demandante la señora Diana
Marcela Romero Alcantar y como demandadas la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
76. En efecto, al examinar el contenido del expediente del proceso ordinario, no se
observa que la señora Paola Alexandra Dávila Torres haya solicitado su vinculación
a la actuación judicial y, actualmente, no ha sido reconocida como tercera
interesada. Dicha situación también se predica de los coadyuvantes que
participaron en esta acción constitucional.
77. En ese orden, esta subsección encuentra que la señora Paola Alexandra Dávila
Torres no es la titular de los derechos fundamentales que, eventualmente, podría
vulnerar el auto del 17 de julio de 2025, puesto que no es sujeto procesal dentro de
la causa de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 54001-33-33-
009-2023-00371-01, de manera que no tiene legitimación en la causa por activa
para iniciar la presente acción de tutela.
78.Aunado a lo anterior, se debe mencionar que, otras personas16, ajenas a la
señora Paola Alexandra Dávila Torres, que también acudieron a esta acción
constitucional como coadyuvantes de la parte actora, presentaron escrito en el
16
Del contenido del auto del 31 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se puede
advertir que la solicitud de aclaración fue presentada por los señores Camilo Andrés Romero León, Eduardo Gabriel Osorio
Sánchez y Juan David Restrepo Benjumea en calidad de discentes del IX curso de formación judicial de la Convocatoria 27.
15
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proceso ordinario para pedir la aclaración del auto del 17 de julio de 2025 que
decretó la medida cautelar; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en auto del 31 de julio siguiente, rechazó la referida petición porque los
solicitantes no tenían legitimación en la causa por activa al no ser demandantes,
demandados ni terceros debidamente vinculados al proceso ordinario.
79. Así pues, llama la atención de la Sala que la solicitud de aclaración del auto del
17 de julio de 2025 fue presentada por algunos discentes que participaron en el
curso de formación judicial y no por la entidad demandada, es decir, la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial o incluso por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, quienes tienen a cargo el cumplimiento a la orden judicial en atención a las
funciones legales y reglamentarias de orden presupuestal y administrativas que les
corresponde en el asunto.
80. Lo anterior, tiene relevancia porque los efectos y alcances de la medida cautelar
que se cuestiona en esta solicitud de amparo debieron ser advertidos y prevenidos,
precisamente, por la entidad demandada en el proceso ordinario, comoquiera que
es la autoridad que está obligada a atender la decisión judicial. No obstante, al
examinar las actuaciones surtidas al interior del expediente con radicado núm.
54001-33-33-009-2023-00371-01 se observa que guardó silencio al respecto.
81. En este orden, para la Sala no es de recibo que la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, a través de esta acción constitucional, pretenda cuestionar los efectos
negativos que podría tener la medida cautelar decretada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, cuando resulta evidente que en el proceso
ordinario ha guardado silencio y no hizo uso de los mecanismos de la adición,
corrección y aclaración para informarle a la autoridad judicial accionada las
consecuencias de la decisión y pedirle que precisara la forma de ejecución de esta.
Actuaciones que debería agotar en cada uno de los asuntos con causas similares
que se puedan adelantar.
82. Dicho esto, la Sala no desconoce que el cumplimiento de la orden impartida en
la providencia que accedió a la medida cautelar podría llegar a afectar el
cronograma del concurso de la Convocatoria 27, lo que, a su vez, incide en todos
los discentes que han superado las distintas etapas del proceso de selección.
83. Al respecto, la subsección advierte que el interés que pueda llegar a tener la
tutelante frente al auto del 17 de julio de 2025 como participante del concurso, la
validaría para solicitar dentro del proceso ordinario que sea tenida como
coadyuvante de la parte demandada, en los términos previstos en el artículo 224 de
la Ley 1437 de 201117, y para ejercer los actos procesales que le son permitidos en
tan condición.
17
ARTÍCULO 224. COADYUVANCIA, LITISCONSORTE FACULTATIVO E INTERVENCIÓN AD EXCLUDENDUM EN LOS
PROCESOS QUE SE TRAMITAN CON OCASIÓN DE PRETENSIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, CONTRACTUALES Y DE REPARACIÓN DIRECTA. Desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se
profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de pretensiones de
16
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84. Así, resulta oportuno indicar que, de acuerdo con el artículo 235 ibidem, la
medida cautelar que haya sido decretada podrá ser «modificada o revocada en
cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte», en los eventos en que
el juez o magistrado advierta que no se cumplieron con los «requisitos para su
otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es
necesario variarla para que se cumpla», eventos en los que no se requerirá la
caución.
85. Por otro lado, es importante aclarar que los efectos que pueda llegar a tener la
ejecución del auto del 17 de julio de 2025, más allá de extender la resolución de la
Convocatoria 27, no trae consigo una restricción o limitación del derecho al acceso
a cargos públicos y a la carrera administrativa, en virtud del mérito, por lo que no se
observa la existencia de una situación de gravedad y urgencia que constituya un
perjuicio irremediable para la parte actora y que requiera la intervención inmediata
del juez de tutela.
86. Así pues, es claro que el posible interés para ejercer la acción constitucional
que le podía asistir a la señora Paola Alexandra Dávila Torres, así como a los demás
coadyuvantes de la tutelante, dada su condición de discentes del IX curso de
formación judicial corresponde a una posibilidad de conformar una lista de elegibles,
por lo que no es evidente que su derecho al acceso a cargos públicos y menos su
derecho de carrea resulten amenazados o se haya cercenado con la providencia
objeto de tutela.
87. En este orden de ideas, la Sala considera que la señora Paola Alexandra Dávila
Torres no tiene legitimación en la causa por activa para iniciar la presente acción de
tutela, por lo que superar este presupuesto por el interés que pudiera tener como
discente del concurso y emitir una decisión de fondo implicaría suplantar los
mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para controvertir el
decreto de una medida cautelar.
3.2.1. Alcances de la coadyuvancia en asuntos de tutela
88. De otra parte, en cuanto a los alcances de las intervenciones de los
coadyuvantes en el presente asunto, es necesario aclarar que el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, establece que la persona que tuviere un interés legítimo con
el resultado del trámite de tutela podrá intervenir como coadyuvante del actor18 o de
la persona o autoridad a quien se le atribuya la vulneración19.
nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa, cualquier persona que tenga interés directo,
podrá pedir que se la tenga como coadyuvancia o impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum.
El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los
de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
En los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que no hubiere operado la caducidad.
Igualmente, se requiere que la formulación de las pretensiones en demanda independiente hubiera dado lugar a la
acumulación de procesos.
[…].
18 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.
19 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
17
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89. En tal sentido, los coadyuvantes son terceros que no reclaman un derecho
propio para que sea definido por el juez constitucional, sino un interés personal en
la suerte de la pretensión de alguna de las partes por tener con esta una relación
sustancial «ajena a los efectos de la sentencia, pero que indirectamente puede
verse afectada si la parte coadyuvada obtiene un fallo desfavorable»20.
90.La Corte Constitucional indicó frente a este asunto en la sentencia SU-067 de
2022 que el coadyuvante no puede formular pretensiones propias o argumentos
nuevos o distintos de la parte que ayuda:
Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que
se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando
este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar
en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del
proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la
parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia
de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer
pretensiones propias» De igual manera, atendiendo la remisión al Código General
del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos
procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio». De lo anterior resulta
que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen
de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la
causa judicial.
[…]
Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los
siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo
esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de
esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte
demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de
esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de
tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en
ésta».
91. En los términos expuestos, resulta claro que en trámites de tutela es procedente
la coadyuvancia de terceros con interés, siempre y cuando sus intervenciones no
estén fundadas en pretensiones propias o argumentos nuevos o distintos de los
expuestos por la parte que coadyuvan.
92. Bajo estas consideraciones, no es procedente validar la legitimación con los
intereses particulares de las personas que intervinieron en el presente trámite
constitucional y solicitaron su reconocimiento como coadyuvantes de la parte actora,
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor
o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04815-00(10081)
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
pues tal y como se indicó en líneas anteriores su participación en el trámite de esta
tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte
demandante.
4. CONCLUSIÓN
93. Por lo anterior, se revocarán los numerales segundo y tercero de la sentencia
del 15 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de
amparo invocada por la accionante, por ausencia de legitimación en la causa por
pasiva.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia del 15 de
septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar;
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
señora Paola Alexandra Dávila Torres, en contra del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, por las razones consignadas en esta sentencia.
TERCERA: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CCUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
Con salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04815-00(10081)
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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