Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04815-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: PAOLA ALEXANDRA DÁVILA TORRES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial de medida cautelar de urgencia//
requisitos de procedencia formal y material del amparo para cuestionar decisiones
judiciales// legitimación en la causa por activa en casos de tutela contra providencia
en procesos en los que no fue parte // defecto sustantivo por inaplicación de las
disposiciones normativas llamadas a regular el decreto de las medidas cautelares.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
ANTECEDENTES
Escrito de tutela
1. Paola Alexandra Dávila Torres promovió acción de tutela contra el auto del 17 de
julio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el
que, como medida cautelar de urgencia, ordenó inscribir a Diana Marcela Romero
Alcantar en el IX curso de formación judicial. Todo ello dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 54-001-33-33-009-2023-00371-01.
2. Con el fin de facilitar la comprensión del sub lite, preliminarmente, se
mencionarán los antecedentes del proceso ordinario en el que se profirió la
providencia que se cuestiona en la acción de tutela de la referencia y,
posteriormente, los fundamentos del escrito de amparo.
Antecedentes del proceso radicado 54-001-33-33-009-2023-00371-01
3. El 22 de junio 2023, Diana Marcela Romero Alcantar presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Rama Judicial -Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se declare la nulidad parcial
de las resoluciones CJR22-0351 del 1º de septiembre de 20221 y CJR23-0045 del
16 de enero de 20232, proferidas por la Unidad de Administración de la Carrera
1 “Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”. Específicamente en el aparte que aparte que enuncia que Diana Marcela Romero Alcantar,
obtuvo un puntaje de 799,82 “No aprobó”.
2 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución
CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo
de Juez Administrativo de la Rama Judicial”.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante las cuales,
respectivamente, se determinó que la demandante obtuvo un puntaje final en la
prueba de conocimiento de 799.82 y se confirmó el resultado mencionado.
4. Mediante providencia del 28 de septiembre de 2023, la jueza Décima
Administrativa del Circuito de Cúcuta, aceptó el impedimento manifestado por la
jueza Novena Administrativa del Circuito de Cúcuta3, admitió la demandada y
adoptó otras determinaciones para continuar con el trámite del proceso4.
5. Durante el trámite de la primera instancia, en memorial posterior y separado de
la demanda, la actora solicitó como medida cautelar de urgencia que se ordenara a
la demandada permitir su inscripción y participación en el IX curso de formación
judicial, el cual, para ese momento, estaba próximo a comenzar5. En auto de 26 de
septiembre de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta negó
la referida solicitud.
6. Contra la decisión anterior la demandante interpuso recurso de apelación y
mediante auto del 17 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander revocó la providencia impugnada y, en su lugar, decretó como medida
cautelar lo siguiente (se transcribe literal con sus propios énfasis):
“PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada en el auto de fecha veintiséis (26)
de septiembre de dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, para en su lugar DECRETAR la medida
cautelar solicitada por la señora Diana Marcela Romero Alcantar, consistente
en ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección de la Escuela Judicial
‘Rodrigo Lara Bonilla’ Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, permitir al
(sic) prenombrada la inscripción y participación del IX Curso de Formación
Judicial de que trata el Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.
Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado
curso de formación y garantizarle un término de estudio en igualdad de
condiciones de los discentes que ya surtieron las etapas del curso de formación
y de quienes actualmente se encuentran cursando la subfase especializada, en
caso de que la demandante supere la subfase general.
Asimismo, se deberá generar un cronograma a la actora que le permita llegar
en igualdad de condiciones en caso de superar todas y cada una de las etapas
del IX Curso de Formación Judicial, para la fecha en que se conforme el registro
de elegibles, garantizando en todo caso, los plazos necesarios para realizar los
estudios, conforme se expuso en el párrafo anterior”.
Fundamento jurídico de la tutela
7. La tutelante acudió al amparo con el fin de cuestionar la decisión de decreto de
medida cautelar de urgencia, para lo cual sostuvo que es concursante de la
3 A quien inicialmente, por reparto, le correspondió conocer de la demanda de Nulidad y
restablecimiento del derecho.
4 Índice 007 de Samai, expediente digital 54-001-33-33-009-2023-00371-00.
5 Conforme al calendario difundido por el Consejo Superior de la Judicatura, desde el día 11 de
septiembre hasta el 6 de octubre de 2023 se debían realizar las inscripciones al IX curso de formación
judicial, el cual iniciaría el 17 de octubre del mismo año. En el índice samai 9 se observa el expediente
digital de la primera instancia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la petición
de la medida cautelar de urgencia.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, que
actualmente se encuentra inscrita para el cargo de Juez Penal del Circuito y aprobó
la subfase general del IX curso de formación judicial.
8. Adujo que la subfase especializada del referido concurso culminó el 22 de junio
de 2025 y fue evaluada en examen del 29 de junio siguiente. En julio del mismo año
se realizó la última prueba, a través de una presentación oral en distintas ciudades
del país, por lo que, para el momento de la presentación de la acción de tutela, solo
quedaba pendiente la publicación de las notas finales.
9. Señaló que la providencia del 17 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander afectó sus derechos fundamentales i) a la
carrera administrativa a través del mérito, ii) a la seguridad jurídica, iii) al debido
proceso y iv) a la confianza legitima, por cuanto dicha determinación afecta a todos
los discentes que aprobaron el IX curso de formación judicial, en tanto que incide
en el adecuado avance de la fase final de la Convocatoria 27.
10. Reprochó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no la vinculó al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que, en su providencia privilegió
la mera expectativa de Diana Marcela Romero Alcantar, quien no superó la prueba
de conocimientos, lo cual va en contravía de los principios de seguridad jurídica,
proporcionalidad y prevalencia del interés general sobre el particular, toda vez que,
en su criterio, dicha determinación extiende “injustificadamente el IX curso de
Formación Judicial que para la fecha en que se profirió el auto cuestionado ya había
culminado desde hace casi un mes, por lo que no resulta razonable que se ordene
la inscripción de la demandante en el mismo, y menos en los términos proferidos
por el Tribunal, dado que implicaría suspender el cronograma de la Convocatoria 27
aproximadamente 2 años, mientras solo una persona realiza la totalidad del curso,
cuando ni siquiera tiene un derecho adquirido”6.
11. Indicó que el auto cuestionado incurrió en un defecto sustantivo, en los
siguientes términos:
“(…) el Tribunal en el auto que resuelve la apelación aseguró que la
demandante no superó la prueba de conocimiento de la Convocatoria 27, y
presentó recurso de reposición por inconsistencias en 14 preguntas, y el 16 de
enero de 2023 mediante Resolución CJR23- 0037 se resolvió́ el recurso, que
en criterio del Tribunal, no respondió́ de manera específica los reparos de la
actora, afectando su derecho al debido proceso administrativo y derecho a la
defensa, haciendo cita de diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional,
como si la medida cautelar solicitada se tratara de una acción de tutela que
buscara amparar derechos fundamentales y resolviendo de fondo un asunto
que ni siquiera fue sometido a su conocimiento en primera instancia,
asegurando desde ya que la decisión que resolvió́ el recurso de reposición
interpuesto por la demandante se encuentra viciado, presentándose de esta
forma una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
12. Agregó que la convocatoria 27 ha sido extensa y ha superado varios obstáculos,
motivo por el cual se ha dilatado injustificadamente. Argumentó su acción
constitucional en que la decisión del Tribunal “violenta los derechos fundamentales
6 Folio 3 del escrito de amparo.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
invocados en el presente escrito, no solo de la suscrita, sino de los más de 1.500
discentes que culminaron con éxito la subfase general y se encuentran ad-portas
de tomar posesión de los cargos por los que se encuentran concursando,
concursantes que han realizado el curso de forma bajo los lineamientos
establecidos por la Escuela Judicial (…)”7.
13. Insistió que como consecuencia de la providencia censurada se dilata
nuevamente la finalización de la convocatoria, por una sola persona que ni siquiera
tiene certeza de ostentar un derecho adquirido, lo cual evidencia que es una
determinación desproporcionada, que desconoce la primacía del interés general
sobre el particular.
14. Indicó que el auto cuestionado “carece de debida motivación, porque confunde
el Tribunal que se trata de un proceso administrativo y no una acción de tutela”,
solicitó vincular a “todos los discentes de la convocatoria 27 a la dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y a la Escuela Judicial”. Además, presentó como
peticiones “el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
confianza legitima, al acceso a un cargo público de los participantes de la
Convocatoria 27 y la suscrita”.
15. Finalmente, solicitó, de manera principal, que se deje sin efectos el auto del 17
de julio de 2025 y, como subsidiaria, que se ordene al Tribunal modular la referida
providencia, en el sentido de que el cronograma se modifique únicamente respecto
del cargo de juez administrativo, esto pues, Diana Marcela Romero aspira al cargo
de juez contenciosa, mientras que la tutelante concursa para ser juez penal del
circuito, razón por la cual, es del criterio que el auto de medida cautelar del Tribunal
solo debería afectar a los aspirantes al cargo de la demandante en nulidad y
restablecimiento.
Trámite de la acción de tutela
16. En auto de sustanciación8 se admitió la petición de amparo y se vinculó como
parte accionada al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y como terceros
con interés al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al Consejo Superior de la Judicatura y a Diana Marcela
Romero Alcantar. Asimismo, se solicitó al Consejo Superior y a la Escuela Judicial
que, además de pronunciarse sobre el escrito de tutela, contestarán las siguientes
preguntas: “(i) ¿La decisión del 17 de julio de 2025 incide en el avance del proceso
del IX curso-concurso de formación judicial?; (ii) en caso afirmativo, explicar en qué
sentido; (iii) ¿afecta o modifica algún acto o actuación de esa corporación?; (iv) en
caso afirmativo, explicar qué actos o actuaciones y en qué sentido; (v) ¿la decisión
cuestionada en sede de tutela impacta de alguna manera a los restantes discentes
del curso de formación judicial?; y (vi) en caso afirmativo, explicar en qué sentido”.
17. En la mencionada providencia también se negó el decreto de la medida
provisional de suspensión del auto atacado, solicitada por la tutelante.
7 Folio 4 del escrito de tutela. Índice Samai 2.
8 Índice de Samai 0004 5Autoqueadmite_320250481500ADMITEPA(.pdf) NroActua 4.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
18. La jueza décima administrativa del circuito de Cúcuta remitió el enlace del
expediente contencioso-administrativo9. Adicionalmente, indicó que los hechos
relatados por la tutelante son correctos, en tanto que ese despacho judicial conoció
en primera instancia de la admisión de la demanda y de la solicitud de decreto de la
medida cautelar de urgencia.
19. Adujo que la negativa de la medida cautelar se produjo el 26 de septiembre de
2023, fue notificada el 27 de los mismos mes y año, fue apelada el 4 de octubre
siguiente, en memorial “trasladado a las demás partes por la apoderada de la
recurrente”10. El 17 de octubre del mismo año se concedió el recurso de apelación
en efecto devolutivo y el proceso se envió al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el 9 de noviembre de esa anualidad.
20. Adicionalmente, precisó que durante el trámite de la segunda instancia, el 25 de
enero de 2024, por solicitud del apoderado de la señora Maryuri Yanett Ortiz
Valderrama, otra persona demandante de decisiones administrativas proferidas
como parte del avance de la Convocatoria 27, se ordenó la remisión del expediente,
en calidad de préstamo, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Cúcuta, con el fin de que se estudiara una solicitud de acumulación con el proceso
No. 54001-33-33-003-2023-00300-00 que se tramita en ese despacho judicial,
dejando constancia de que no adelantaría actuación alguna, hasta tanto el
mencionado juzgado no decidiera sobre la petición de acumulación. Adujo que el 22
de julio de 2025, fue notificada de la decisión censurada y solicitó que se desvincule
del proceso constitucional, toda vez que actuó en cumplimiento de la legislación
procesal y sustantiva.
21. El magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y sustanciador
de la decisión cuestionada, en su contestación11, resumió el contenido de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Diana Marcela
Romero Alcantar y señaló que, tras publicarse el resultado final del examen de
conocimiento dentro de la convocatoria 27, en el que la demandante obtuvo un
puntaje de 799.82, aquella inició el mencionado proceso, cuya demanda se formuló
antes de iniciar el IX curso de formación judicial, motivo por el cual, la actora solicitó
el decreto de una medida cautelar de urgencia, consistente en que el juez de primera
instancia, antes de proferir sentencia, ordenara su inscripción y participación en el
referido curso.
22. Luego de referirse a la petición de medida cautelar de urgencia y de los motivos
de la impugnación contra la providencia que la negó, manifestó que permitir la
inscripción al curso de Diana Marcela Romero Alcantar no implicaba su inclusión
automática en el registro de elegibles, sino que, con ello, se preservaba su
expectativa legítima de continuar en el proceso y obtener un puntaje adicional que
eventualmente la ubicara en la lista de seleccionados12.
9 Índice Samai 9.
10 Folio 2 índice Samai 3.
11 Índice samai 11 reposa la contestación
12 Folio 4 del índice Samai 11.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
23. Explicó que, una vez se profirió la providencia del 17 de julio de 2025, el 23 de
los mismos mes y año, varios particulares solicitaron la aclaración de ese proveído,
lo cual fue negado en auto del 6 de agosto del mismo año.
24. Adujo que el decreto de la medida cautelar estuvo debidamente motivado y
sustentado en las piezas procesales y en la jurisprudencia aplicable. Además, la
providencia aplicó el precedente del Tribunal Administrativo del Norte de Santander
-providencia de 10 de abril de 2025- en el que, en un caso similar (rad. 2023-00424-
01) concedió una medida cautelar en el mismo sentido. Reiteró que “resultaría más
gravoso negar la medida cautelar solicitada, toda vez que, de no adelantarse el
curso de formación judicial, en el evento de proferirse una sentencia favorable, la
entidad estaría obligada a permitir su realización, lo que podría afectar a los demás
participantes y colocar a la demandante en una situación de desventaja”13.
25. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia, por cuanto considera que se utiliza este mecanismo como una tercera
instancia; finalmente, indicó que, en caso de que se estudie de fondo el amparo, se
debe declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la tutelante, toda vez
que no fue parte en el proceso en el que se ordenó la medida cautelar que se
cuestiona.
26. Diana Marcela Romero Alcantar, en su intervención14, señaló que el auto
cuestionado solo la afecta a ella y la orden que se impartió de ninguna manera altera
la publicación de los resultados del curso de formación judicial. Indicó que el
argumento conforme al cual, la decisión judicial afecta los derechos de los discentes
del IX curso “carece de todo sustento legal, pues, contrario a lo que aduce la
accionante, la medida decretada tiene como único fin que se puedan surtir las
actuaciones pertinentes dentro del concurso”15. Estimó que la tutelante solo es
participante del concurso de méritos, pues aún no cuenta con un derecho adquirido,
ni forma parte de una hipotética lista de elegibles “por lo que hablar de una
afectación y menoscabo que se le pueda causar a esta como consecuencia de la
imposición de la medida no obedece a un motivo real ni jurídicamente sustentable”.
Así, solicitó que se niegue el amparo.
27. Afirmó que la correcta lectura del auto cuestionado debe ser que el tribunal no
profirió una orden dirigida a modificar el calendario de los demás discentes ni afectar
sus derechos. Destacó que los aspirantes que participaron en las subfases del curso
de formación judicial no son titulares de un derecho consolidado y simplemente
ostentan una mera expectativa.
28. Insistió en que el decreto de la medida cautelar del 17 de julio hogaño no afecta
derechos consolidados, en tanto que en el curso aún hay etapas pendientes que
son eliminatorias. A su vez, estimó que las pretensiones de la tutelante serían
legítimas si en este momento existiera un registro de elegibles, caso en el cual las
personas que estuvieran en ese listado sí tendrían un interés directo.
13 Folio 5 índice Samai.
14 índice Samai 14.
15 Folio 3.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
29. Concluyó indicando que, el auto de 17 de julio se pronunció respecto de una
solicitud referida a que una aspirante se le permita participar en el curso de
formación judicial, lo cual es una controversia genuina y jurídicamente tiene la
vocación de prosperar cuando se dicte el fallo de mérito.
30. La directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el informe16 que rindió
en esta actuación, preliminarmente hizo un recuento del avance y desarrollo de la
convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial y
posteriormente, indicó que, mediante resolución de 21 de junio de 2024, se
publicaron los puntajes finales obtenidos por los discentes en la evaluación de la
subfase general del IX curso de formación judicial, en el que se evidencia que
solamente avanzaron los aspirantes que obtuvieron un puntaje final igual o superior
a 800.
31. Explicó que aprobar la subfase general constituyó un requisito indispensable
para acceder a la etapa especializada, la cual se desarrolló entre el 16 de noviembre
de 2024 y el 22 de junio de 2025. Durante esa última, se realizaron varias
evaluaciones, dos escritas (el 16 de marzo y el 29 de junio del año en curso) y una
presentación oral entre el 1 y 30 de julio de esta anualidad.
32. Sostuvo que el 8 de agosto pasado, la Escuela Judicial publicó la resolución que
contenía las calificaciones definitivas del IX curso de formación judicial para
aspirantes a cargos de jueces y magistrados y que actualmente se está surtiendo el
trámite de interposición de recursos de reposición contra esa resolución. Agregó
que la publicación de las calificaciones finales está programada para el 22 de
diciembre de este mismo año y que el contrato que permitió la realización del curso
de formación judicial fenece este 31 de diciembre.
33. Consideró que la decisión del 17 de julio de 2025 no cumplió con la totalidad de
los requisitos para su procedencia. Recordó el contenido del artículo 234 del CPACA
y señaló que la providencia no expuso ni acreditó “razones jurídicas suficientes que
justificaran la adopción de una medida cautelar de tal envergadura”. Agregó que en
el proceso ordinario no se aportaron elementos probatorios que demostraran la
existencia de un perjuicio irremediable, ni se realizó un ejercicio de ponderación de
intereses que permitiera concluir que la no adopción de la medida resultaría más
gravosa para el interés público que su concesión. Al respecto, manifestó:
“(…) la decisión judicial fue adoptada sin considerar el impacto institucional y
operativo que su cumplimiento genera para la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, la Convocatoria No. 27 y los demás participantes del proceso de
selección. La incorporación extemporánea de un nuevo participante no solo
altera el cronograma establecido, sino que también afecta los principios de
igualdad, transparencia y eficiencia que rigen los concursos de méritos”.
34. Explicó que la orden del Tribunal accionado genera un desgaste administrativo,
logístico y presupuestal injustificado, que compromete la planeación institucional y
los recursos públicos asignados para el desarrollo del programa, lo que afecta el
16 Índice Samai 15.
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
interés general y los derechos de los demás concursantes “quienes no fueron
informados, ni vinculados al proceso judicial”.
35. Por lo anterior, aseveró que la acción de tutela promovida es un mecanismo
idóneo y necesario para la protección de sus derechos fundamentales “ante una
providencia judicial que, por su contenido y efectos, excede los límites de
razonabilidad y proporcionalidad exigidos”. Sobre el particular, señaló:
“(…) la decisión judicial que ordenó la inclusión de la señora Diana Marcela
Romero Alcantar en el IX curso de formación judicial inicial, pese a no haber
superado las fases eliminatorias del proceso de selección, genera un impacto
directo y negativo en los derechos fundamentales de los discentes que si
aprobaron las fases I y II conforme a los principios de mérito, igualdad y
legalidad. El curso finalizó en la fecha previamente establecida, por lo que la
incorporación extemporánea de una aspirante por orden judicial conlleva la
extensión injustificada del cronograma, así como el retraso en la confirmación
de los registros nacionales de elegibles, afectando el acceso oportuno de los
cargos públicos (…)”.
36. Agregó que la providencia cuestionada desconoció el precedente fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia T-682 de 2016, dónde se precisó que la
inclusión en la lista de elegibles constituye un único acto administrativo que otorga
derechos subjetivos y que la participación en las etapas previas del concurso no
genera prerrogativas exigibles.
37. Adujo que la decisión judicial censurada implica un perjuicio irremediable para
los concursantes que se encuentran en una etapa avanzada del curso, en la medida
de que se alteran las condiciones bajo las cuales accedieron al mismo, sin siquiera
haber sido informados ni vinculados al proceso judicial que dio lugar a la
mencionada medida cautelar.
38. Posteriormente, respondió los interrogantes formulados en el auto admisorio de
la acción constitucional. Respecto de la primera y segunda pregunta17, la Unidad
del Consejo Superior precisó que dicha decisión judicial la obligaba a “reactivar
actividades académicas y evaluativas que ya habían sido ejecutadas y cerradas
para el grupo de discentes que cursó regularmente el programa. Al respecto,
precisó:
“Esa reactivación implica una modificación del cronograma oficial, el cual se
encontraba en etapa de cierre con la publicación de calificaciones definitivas el
11 de agosto de 2025 y la remisión del listado de elegibles prevista para el 22
de diciembre de 2025”.
39. Señaló que, desde el punto de vista operativo, en este momento solo se
encuentra disponible para la nueva participante “el acceso a la plataforma virtual, la
realización de la pasantía virtual, y la evaluación oral presencial”. Pero no están
disponibles las evaluaciones de las unidades 1, 2, 3 y 4, las cuales, no pueden ser
realizadas dentro del plazo definido en el cronograma, pues el banco de las
preguntas ya fue agotado en las evaluaciones regulares y supletorias.
17 “(i) ¿La decisión del 17 de julio de 2025 incide en el avance del proceso del IX curso concurso de
formación judicial?; (ii) en caso afirmativo, explicar en qué sentido”.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
40. Advirtió que como no se pueden reutilizar preguntas, para cumplir la orden
judicial, se requiere un nuevo banco de interrogantes, lo cual conlleva a que se
realice un proceso contractual con ese objeto, el cual tendría un valor aproximado
de más de cuatrocientos noventa millones de pesos ($490.990.857). Sobre el
particular, puntualizó que las subfases generales y especializadas concluyeron con
evaluaciones formadas por interrogantes formuladas construidas en asocio de
expertos temáticos. Los cuestionarios ya fueron agotados y, en esa medida, para
hacer evaluaciones originales sería necesario realizar procesos de contratación
para construir exámenes, solo para Diana Marcela Romero Alcantar.
41. Aclaró que las evaluaciones no pueden realizarse esta anualidad y su ejecución
deberá proyectarse para 2026, una vez se haya suscrito el contrato
correspondiente, lo cual incide en el avance del curso-concurso, en tanto obliga “a
modificar su estructura académica, administrativa y presupuestal, afectando el
cierre oportuno del IX Curso de Formación Judicial Inicial y genera consecuencias
que exceden el marco previsto por la convocatoria”.
42. En relación con la tercera cuestión18, precisó que la ejecución de la medida
cautelar afecta de manera directa y sustancial las actuaciones administrativas,
presupuestales y contractuales a cargo de la Escuela Judicial y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en el marco de las competencias asignadas al
Consejo Superior de la Judicatura. Precisó que la ejecución del IX curso de
formación judicial implicó la suscripción de contratos entre el Consejo Superior de
la Judicatura y la unión temporal encargada del apoyo académico a los discentes,
los cuales tienen como vigencia temporal máxima el 31 de diciembre del año en
curso, motivo por el cual, no resulta posible garantizar que Diana Marcela Romero
Alcantar complete el IX curso de formación judicial dentro la vigencia del negocio
jurídico que permitió la ejecución del IX curso de formación Judicial (concretamente,
el “Contrato 221 de 2019”, suscrito con la Unión Temporal Formación Judicial 2019,
el cual finaliza el 31 de diciembre de este año).
43. Sobre el cuarto de los interrogantes19, manifestó que la orden judicial tiene un
impacto fiscal considerable que la obliga a modificar el curso ordinario de sus
actuaciones, pues exige la alteración de la ejecución contractual vigente. Además,
implica la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación, con las
respectivas actividades de elaborar documentos técnicos, construir una estimación
presupuestal, una inclusión en el plan operativo anual de inversiones y todo el
procedimiento precontractual y contractual. Sostuvo que ejecutar la orden
cuestionada tomaría cerca de 7 meses y si la planificación se inicia en agosto de
2025 el contrato que se debe celebrar para el cumplimiento de la orden judicial
posiblemente se podría comenzar a ejecutar en marzo de 2026.
44. Frente la quinta cuestión20 respondió: “La decisión judicial cuestionada en sede
de tutela tiene un impacto directo y significativo sobre los restantes discentes que
actualmente cursan el IX Curso de Formación Judicial Inicial. Este impacto se
18 “(iii) ¿Afecta o modifica algún acto o actuación de esa corporación?”
19 “(iv) En caso afirmativo, explicar qué actos o actuaciones y en qué sentido”.
20 “(v) ¿La decisión cuestionada en sede de tutela impacta de alguna manera a los restantes
discentes del Curso de Formación Judicial?”.
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manifiesta tanto en el plano académico como en el administrativo, presupuestal y
logístico, afectando el desarrollo ordinario del proceso formativo y la equidad entre
los participantes del concurso de méritos”.
45. Finalmente, frente a la última de los aspectos requeridos21, advirtió que se
produce una afectación al interés general y a los aspirantes activos del concurso de
méritos, en tanto que el cumplimiento de la medida cautelar cuestionada implica la
reprogramación del cronograma académico, además de la desigualdad en el
tratamiento de los participantes, y la extensión injustificada del curso, lo cual vulnera
el principio de planeación contractual y genera una carga operativa y presupuestal
adicional. Asimismo, agregó:
“(…) La reincorporación de participantes no habilitados mediante decisiones
judiciales tiene como consecuencia directa la extensión del término de
finalización del IX Curso de Formación Judicial Inicial, originalmente previsto
para diciembre de 2025. Esta dilación afecta la oportunidad en la conformación
de los Registros Nacionales de Elegibles, instrumento esencial para la provisión
definitiva de cargos en la Rama Judicial.”
46. En atención a esta última respuesta, conforme a la cual, la decisión de 17 de
julio de 2025 afecta los derechos de los discentes del IX curso de formación , en
auto del 25 de agosto22, el despacho sustanciador vinculó a los 1.856 discentes que
aprobaron el IX curso de formación judicial y ordenó a la Escuela Judicial y al
Consejo Superior de la Judicatura que “a más tardar, al día siguiente a la notificación
de la providencia de vinculación: (i) publiquen en la página web de la convocatoria
mencionada, la información sobre la admisión y avance de la presente acción de
tutela; (ii) remitan a las direcciones de correo electrónico de todos los aspirantes
que aprobaron las subfases general y especializada dentro de la Convocatoria 27
reglamentada en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la copia
del auto admisorio, de la providencia de vinculación y la demanda de tutela junto
con sus anexos. A los terceros vinculados se les otorgó un término perentorio para
intervenir de 2 días, después de la notificación”.
47. En informe23 de 27 de agosto, la Escuela judicial remitió las constancias en las
que, se verifica que el auto de 25 de agosto fue difundido en las condiciones que se
señalaron en la propia providencia.
48. Durante el término de intervenciones, en los índices samai 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 48, 50, 51, 52, 53, 57, obran los memoriales de personas que se identificaron
como discentes del IX curso de formación judicial, quienes, en síntesis, señalaron
que aprobaron la fase general y especializada y en esa medida, todos y cada uno
coadyuvan la petición de amparo de la tutelante, pues estiman que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander afectó sus derechos fundamentales, al
ordenar, en sede de medida cautelar de urgencia, que se integrara a una persona,
cuando el curso de formación ya había concluido. Algunos de ellos, además de
21 “y (vi) en caso afirmativo, explicar en qué sentido”.
22 Índice Samai 58.
23 Índice Samai 72.
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coadyuvar, solicitaron el amparo de sus propios derechos fundamentales. En el
anexo de esta providencia se precisan las peticiones de amparo individuales.
49. Tras la vinculación de los discentes que aprobaron el IX curso de formación
judicial, se recibieron memoriales adicionales. Sumadas las primeras
coadyuvancias y las que se remitieron después del auto de vinculación de 25 de
agosto de 2025, en total se recibieron 47 escritos en los que, discentes del IX curso
plantean argumentos de coadyuvancia de la tutelante, y en algunos casos, solicitan
amparos individuales. De manera global, sostuvieron que la decisión del 17 de julio
de 2025 los afecta negativamente, pues: (i) debieron ser vinculados al proceso
contencioso-administrativo en el que se adoptó y (ii) si bien el auto censurado,
explícitamente no ordenó modificar el calendario de publicación de resultados, en la
práctica la orden del Tribunal Administrativo de Norte de Santander implica retrasar
la publicación de los resultados finales. Varios de quienes se identificaron como
discentes aprobados del IX curso precisaron que el auto de decreto de medida
cautelar de urgencia censurado se profirió sin atender a los requerimientos
normativos previstos en los artículos 231 y 234 del CPACA por varios motivos. En
primer lugar, algunos indicaron que la providencia se produjo casi dos años después
de la petición de decreto de medida cautelar, lo cual afecta su carácter de “urgencia”.
Otros, adicionalmente, indicaron que el CPACA exige que, al momento de decretar
una medida cautelar, el juez administrativo realice una ponderación de intereses, la
cual no fue realizada en el caso concreto.
50. Con el fin de facilitar la lectura de la providencia, en anexo de esta providencia
se resumen todas las intervenciones de quienes se identificaron dentro de los 1.856
discentes del IX curso que aprobaron las etapas general y especializada.
CONSIDERACIONES
51. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado, la Subsección procede a proferir sentencia.
Competencia
52. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 86 superior
y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos
53. En primer lugar, se debe establecer si la acción de tutela es procedente para
cuestionar el auto que decretó la medida cautelar de urgencia proferida el 17 de julio
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho rad. 54-001-33-33-009-2023-00371-01. En
atención a los argumentos de las partes e intervinientes, puntualmente, a los
relativos a que la decisión judicial atacada no afecta a terceros y a que se trata de
una decisión de un proceso judicial que no ha concluido, se debe atender
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especialmente a los requisitos de legitimación en la causa por activa y
subsidiariedad, además de los restantes definidos jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional en casos de tutelas contra decisiones judiciales. Como segundo
problema jurídico, se determinará si la decisión cuestionada incurrió en algún
defecto específico de tutela contra providencia judicial.
54. Con el fin de resolver los dos problemas jurídicos, en primer lugar, se reiterará
el precedente constitucional sobre: (i) causales genéricas y específicas de
procedencia de tutela contra providencia judicial; (ii) en segundo lugar se resolverá
el caso concreto
Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra providencia
judicial
55. De conformidad con el precedente fijado en la sentencia C-590 de 200524,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia y, al menos, una específica.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia
56. La Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de
procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe
verificar25que : (i) se acredite la legitimación en la causa por activa y pasiva (artículos
5, 10 y 13, Decreto 2591 de 1991); (ii) la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela26, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado o una sentencia interpretativa proferida por la Jurisdicción
Especial para la Paz; (iii) se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la
tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que
el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable27 o los medios
de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) la
cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el
caso trate sobre un asunto no meramente legal o económico; y (vii) cuando se trate
de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto determinante en la
providencia judicial cuestionada, es decir, que si tal error no hubiere ocurrido el
sentido de la decisión cambie.
24 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
25 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
26 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio de que el fraude todo lo corrompe. Corte Constitucional, sentencias: T-218 de 2012 y T-373
de 2014.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.
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57. En los informes de la parte accionada (Tribunal Administrativo de Norte de
Santander) e interviniente (Diana Marcela Romero Alcantar), se indicó que la acción
de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, puesto que el proceso judicial
en el que fue proferido el auto de 17 de julio aún se encuentra pendiente de fallo
definitivo y con recursos judiciales pendientes de agotar. De otro lado, el tribunal
informó que la tutelante no fue parte en el proceso judicial ordinario en el que se
profirió la decisión cuestionada, motivo por el cual deben precisarse las reglas
específicas respecto de los requisitos de subsidiariedad en casos de ataques
constitucional contra autos interlocutorios y el requisito de legitimación en la causa
por activa en eventos de peticiones de amparo contra providencias judiciales
promovidas por personas que no fueron parte dentro del proceso judicial ordinario
que llevó a la decisión judicial cuestionada.
Precedente constitucional sobre el requisito de subsidiariedad en casos de
acciones de tutela contra autos interlocutorios
58. En virtud del requisito de subsidiaridad previsto en el artículo 86 superior, y el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional28 ha señalado
que la acción de tutela contra providencias procede cuando se han agotado todas
la etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios. Por tal motivo, en principio resulta
improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone fin a un
proceso judicial y el proceso judicial está abierto y pendiente de continuar su
avance.
59. Lo anterior cobra importancia especial, cuando corresponde a autos
interlocutorios que imponen medidas cautelares provisionales, como el sub lite, toda
vez que: “i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su disposición
distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial
en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final”29.
Sin embargo, se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra autos interlocutorios que imponen medidas cautelares cuando se demuestra
la existencia de un perjuicio irremediable. La sentencia T-511 de 2020 precisó las
condiciones de procedencia de la acción de tutela contra dichas providencias
interlocutoras:
“En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la procedencia
del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite o
interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos
últimos, la acción de tutela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos
para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de
procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido
fijados por esta [Corte]”.
28 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2020.
29 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2020.
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60. En la SU-388 de 202130, la Corte Constitucional indicó que la tutela es
excepcionalmente procedente contra una auto interlocutorio proferido en segunda
instancia, siempre y cuando respecto de este no sea posible ejercer otros recursos
ordinarios para su cuestionamiento. Especialmente, cuando el tutelante contra el
auto censurado, puede ejercer su derecho de contradicción de manera supeditada
a que la parte accionada realice actuaciones procesales contingentes. En aquel
caso, como verá a continuación, el tutelante cuestionó un auto interlocutorio
proferido dentro de un proceso penal. Ese auto solo sería, eventualmente, objeto de
recurso judicial ordinario, si la Fiscalía General de la Nación decidía,
discrecionalmente, realizar la formulación de acusación. Si dicha etapa no se surtía,
el actor no podría solicitar el control judicial ordinario al auto cuestionado.
61. En la Sentencia de Unificación que se comenta, se atacaba una providencia
interlocutoria proferida en segunda instancia proferido dentro de un proceso penal,
se indicó que en contra de ese tipo de providencias procedían peticiones de nulidad
antes de iniciar el juicio penal ordinario; sin embargo, en aquel caso concreto esa
etapa resultaba incierta, pues para llegar hasta ésta, era indispensable que la
Fiscalía General de la Nación desplegará actuaciones que el tutelante no tenía la
posibilidad de impulsar. Al respecto, se explicó:
“Además, si bien el artículo 457 de la Ley 906 prevé la violación del derecho de
defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales como causal de nulidad,
y el artículo 125.7 ibidem otorga a la defensa la atribución para interponer y
sustentar nulidades, este mecanismo no se muestra eficaz en el presente caso,
porque la oportunidad para ejercerlo depende de que previamente la FGN
realice un acto propio de su competencia, que el accionante no está en
capacidad de provocar por su cuenta.
(…)
Esto implica que la posibilidad que el accionante tiene de solicitar la nulidad
está supeditada a que su contraparte ejerza un acto que es de su potestad,
el cual no se ha dado en el caso concreto, (…)
Podría considerarse que nada obsta para que el accionante solicite la nulidad
dentro de la audiencia de preclusión que, según informó la FGN, se encuentra
en curso. No obstante, en tanto la ley procesal no la contempla de manera
expresa en la norma que fija las reglas para el trámite de dicha diligencia -art.
333 de la Ley 906-, esta posibilidad quedaría sujeta a la discrecionalidad del
juez como director del proceso y de la audiencia, lo cual le resta eficacia como
mecanismo para la salvaguarda de derechos de rango fundamental”.
62. En esa oportunidad, la Corte concluyó que se satisfacía el requisito de
subsidiariedad, puesto que, aunque se trataba de un auto interlocutorio y
formalmente se podría acudir a la petición de nulidad de la providencia, lo cierto es
que en el asunto el mecanismo era ineficaz, pues no permitía cuestionar la decisión
censurada.
30 En aquella providencia, la Sala Plena de la Corte estudió la acción de tutela promovida por un ex
presidente de la República y Ex senador. En un primer momento fue vinculado mediante indagatoria
a un proceso penal que se regía por la ley 600 de 2000. Puesto que se presentó un cambio en la
autoridad judicial competente, también se produjo una modificación en la ley procesal, pues la
actuación se continuó con la Ley 906 de 2004, en la que desaparecía la indagatoria y era
reemplazada por la imputación. Cuando el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a los jueces
de instancia.
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63. Como se observa, el precedente constitucional ha indicado que la acción de
tutela es procedente para cuestionar autos interlocutorios cuando no existe medio
judicial ordinario o cuando se presenta un perjuicio irremediable. A continuación, se
precisa esta segunda hipótesis.
64. Ahora, en relación con este concepto, el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991
prescribe que incluso en presencia de un mecanismo judicial ordinario o
extraordinario pendiente de agotar, la tutela resulta procedente cuando el tutelante
está ante el riesgo de la consumación referido a un hecho urgente, cierto, grave e
inminente. Este se entiende como un riesgo31 grave, el cual supone “un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material)”32. Además,
debe ser necesario adoptar medidas urgentes para superar el daño, comprendidas
“como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso”33, y la medida de
protección debe ser impostergables, es decir, “referidas a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”34.
65. Precisadas las reglas jurisprudenciales respecto a la satisfacción del requisito
de subsidiariedad, a continuación, se reitera el precedente constitucional respecto
del requisito de legitimación en la causa por activa, en los eventos en que la acción
de tutela es promovida por una persona que no fue parte del proceso en cuyo seno
se profirió la decisión judicial cuestionada.
Legitimación en la causa por activa en tutelas contra providencias cuando el
tutelante no fue parte del proceso judicial ordinario.
66. Frente al requisito de legitimación en la causa por activa, el artículo 10° del
decreto 2591 de 1991 prescribe que podrán ejercer la acción de tutela las personas
directamente afectadas por la amenaza o vulneración de sus derechos
fundamentales, el representante legal, el apoderado judicial o el agente oficioso.
Respecto a las tutelas contra providencias judiciales, la misma Corte ha explicado
que la acción la debe ejercer quien haya sido parte en el proceso judicial ordinario
que llevó a la adopción de la providencia judicial que se cuestiona, salvo que, el
tutelante sea un tercero con interés que no fue parte dentro del proceso, pero que
se ve afectado por la decisión. Es el caso de personas que no fueron vinculadas
dentro del causa judicial ordinario y que, tras conocer providencias judiciales, no
cuentan con otro mecanismo para cuestionar la providencia35.
31 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-262 de 2024: “En el presente caso, la Sala constata que Daniel
Antonio Montero Pacheco está legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela. Esto
porque es el poseedor y alega ser segundo ocupante del predio “El Recuerdo”, bien inmueble objeto del
proceso de restitución de tierras. Respecto de este, el 12 de diciembre de 2022 se profirieron órdenes
relacionadas con ese predio, en la decisión de única instancia proferida por el juzgado accionado.
Puntualmente, ese juzgado ordenó que a los reclamantes del predio “El Recuerdo”, Miguelina Bellido
Morales y Víctor Manuel Montenegro se les compensara con un inmueble equivalente y que el citado
predio se traspasara al Fondo de la URT. El demandante alega no haber tenido conocimiento
de ese proceso y solicita que se suspenda el procedimiento de desalojo, ordenado en auto del 16
de marzo de 2023 que profirió el despacho accionado en relación con el proceso de restitución de
tierras y la decisión judicial referida, para así comparecer y ejercer su derecho de defensa. Por esa
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67. En idéntico sentido, la jurisprudencia constitucional36 también ha reconocido que
pueden ejercer acción de tutela contra providencia judicial, la persona que tenga un
interés legítimo en la protección de sus derechos fundamentales, pues la decisión
lo afecte directamente, incluso si fue excluido del proceso judicial ordinario. En todo
caso, debe demostrar de manera concreta que, siendo tercero, la decisión lo
impacta de manera concreta.
68. En la SU-585 de 2017, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela
contra providencia judicial promovida por una persona que no fue parte dentro del
proceso de acción popular y que concluyó con la decisión judicial de imponer
deberes a un partido político. Esa corporación encontró que la decisión proferida
por el juez popular lo afectaba directamente, incluso, a pesar de que no fue parte
en la actuación judicial ordinaria.
69. En esa medida, la acción de tutela contra providencia judicial también es
procedente cuando la ejerce un tercero a quien la decisión lo afecta directamente,
incluso si no fue parte dentro del proceso judicial ordinario. Se ha aclarado que dicha
afectación deberá demostrarse de manera concreta.
70. Precisado el estudio de las reglas jurisprudenciales relacionadas con la
procedencia formal de la acción de tutela conforme las particularidades de la
petición de amparo, a continuación, se reitera el precedente sobre las causales
especificas de procedencia de tutela contra providencia.
Causales especificas de procedencia de tutela contra providencia
71. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que el tutelante
puede invocar la protección del debido proceso si se presenta al menos uno de los
siguientes defectos. Se enuncian los defectos explicados por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, y que constituyen vulneraciones al debido proceso:
“Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a
la garantía de los derechos fundamentales.
situación, el accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la
dignidad humana, la vida y la vivienda” (subrayado y negrilla agregado por la Sala).
36 Corte Constitucional, Sentencia, SU-565 de 2015.
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Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de
una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;
Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con
los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma
suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice”37.
72. Una vez concluido la exposición de las reglas jurisprudenciales necesarias para
resolver la petición de amparo sub lite, se examinará si la acción de tutela de la
referencia satisface las causales genéricas de procedencia y, al menos una,
específica.
Examen de cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad en el
caso concreto
Verificación de la legitimación en la causa por activa
73. En el caso concreto, en primer lugar, se recuerda que la actora es una persona
ajena al proceso judicial ordinario en el que se profirió el auto del 17 de julio de
2025. Igual situación se predica de los discentes aprobados del IX curso de
formación judicial que, si bien son ajenos al proceso judicial ordinario, sí son parte
dentro del presente trámite de tutela y, puesto que coadyuvan la petición de amparo
de la tutelante, se les tiene como integrantes de la parte actora. Estos
se identificaron y probaron sumariamente su condición de discentes del IX curso de
formación judicial y argumentaron, en consonancia con la actora, que no conocieron
del desarrollo del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho y que,
en todo caso, la medida cautelar que se dictó en dicha actuación los afecta
negativamente.
74. La Sala considera que se satisface el requisito de legitimación en la causa por
activa de la tutelante puesto que, si bien no fue parte dentro del proceso judicial
ordinario en el que se profirió la providencia cuestionada, lo cierto es que dicha
decisión la afecta, pues según el informe rendido por la Escuela judicial, el
cumplimiento de la providencia del 17 de julio de 2025 necesariamente implica la
modificación del cronograma de conclusión de la Convocatoria 27, un retraso en la
consolidación de los resultados y se dilataría injustificadamente su ingreso a la
carrera judicial. En segundo término, acreditó que aprobó la parte general y
37 Corte Constitucional, Sentencia, SU-215 de 2022.
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
especializada del IX curso de formación judicial conforme a la publicación del
pasado 11 de agosto de los resultados generales por parte de la Escuela Judicial38.
75. Respecto del informe de respuesta de la acción de tutela suscrito por la directora
de la Escuela Judicial39, esta sala encuentra que las razones esgrimidas
relacionadas con el impacto del auto del 17 de julio en el avance de la publicación
de los resultados finales del IX curso de formación son relevantes y persuasivas,
pues explican la manera en la que la inclusión de una aspirante, que no logró el
puntaje mínimo para aprobar el examen de conocimiento, afecta la posición de los
demás discentes que sí aprobaron la primera fase de la convocatoria 27, y la manera
en la que “la incorporación de nuevos discentes requeriría la elaboración de un
cronograma especial”40. En el mismo sentido, ofrece razones importantes en
relación con que la implementación de medidas transitorias para reincorporar
exparticipantes reprobados o no habilitados podría transgredir los principios de
igualdad, equidad, legalidad y transparencia, pues, a juicio de la sala implica
oportunidades para quienes no cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo
que convocó el concurso. Lo cual, en efecto, genera tratamientos disímiles entre los
discentes y la persona beneficiada con la medida cautelar de urgencia.
76. Igual situación se predica de los discentes que fueron vinculados al proceso de
tutela y que argumentaron que también ven afectados sus derechos
constitucionales41, por las siguientes razones: (i) de la misma manera que la
tutelante superaron la parte general y especializada del IX curso de formación
judicial; (ii) afirman que no fueron vinculados dentro del proceso judicial en el que
se profirió la providencia cautelar objeto del ataque constitucional y (iii) argumentan
que la referida decisión los afecta negativamente, en la medida en que no sería
posible publicar los resultados finales, conforme al calendario del concurso.
77. En efecto, durante el desarrollo del proceso de tutela y desde la notificación del
auto admisorio, se recibieron varios memoriales de algunos de los demás discentes,
quienes, manifestaron que, en los términos establecidos en el artículo 13 del
38 Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Calificaciones finales IX
curso de Formación Judicial Inicial. Anexo EJR25-246.
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/RESOLUCION2025/ANEXO_RESOLU
CION%20EJR25-246.pdf Además en índice samai 21. Certificado 568420F9BCB77168
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39 Índice Samai 15.
40 Folio 17 del escrito de la Escuela Judicial.
41 Carlos Andrés Carvajal, Juan David Restrepo Benjumea, Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez,
Leonardo Castro Manrique, Iván Humberto Galvis Macias, Carlos Andrés Rubio Falla, Nick Ronnie
Barbosa Gómez, Jaime Andrés Bastidas Rosero, Jillly Paola Zarate Téllez, Sata Lizbeth Garzón
Galvis, Lida Fernanda Estepa Rodríguez, Julio César Gordillo Gómez, Angelica Ángel Ceballos,
Fernando Xamir Ramírez Rojas, David Arévalo Gutiérrez, Deissy Yolanda González Rojas, Juan
Sebastián Agudelo Ochoa, Yeison de Jesús Viloria Aguas, Greis Ester Romero Romerin Barros,
Ellen Marcela Fuentes Feria, Edna Patricia Cuellar Silva, Vivian Andrea Toro Rodríguez, Diana
Lorena Verz Ramírez, María Isabel Rodríguez Arias, Ana María Iglesia Navas, Oscar Alejandro Luna
Cabrera, Marvin Leonard López Casalins, Jerónimo Buitrago Cárdenas, Carmen Lucila Romero
Rodríguez, David Esteban ayer Aristizábal, Carlos Francisco Díaz Guerrero, Rafael Eduardo Castro
Páez, Laura Alejandra Castellar Almonacid, Jeison Jamith Neira Valbuena, Lina Mercedes Cuellar
Flórez, José Leonardo Guio Espitia, Jorge Alfredo Rada Vives, Tatiana Ocampo Noreña, María José
Tapias Torres y Néstor Raúl Urrea Ricaurte. Todos ellos discentes que aprobaron la fase III de la
Convocatoria 27 y quienes alegaron, en concreto, vulneraciones a sus subjetivos derechos
fundamentales. Cfr. Anexo I de la providencia, en el cual reposa el índice samai de la intervención.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Decreto 2591 de 199142, coadyuvaban la acción de tutela de la referencia. Como se
reseñó, en auto de 25 de agosto de 2025, se vincularon a todos los discentes al
trámite de tutela. Una vez recibida la contestación de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla en la que se indicó que la decisión judicial cuestionada tenía la
potencialidad de afectar a los demás discentes del IX curso de formación judicial, el
despacho vinculó a los 1.856 participantes de las fases general y especializada al
proceso de tutela. Por ello dejaron de tener la connotación de coadyuvantes para
ser partes vinculadas al proceso, dado que, si bien, como se indica en el anexo de
esta providencia, unánimemente solicitaron la protección de los derechos
fundamentales invocados por la tutelante y apoyaron sus pretensiones para que se
deje sin efecto la providencia del 17 de julio proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, lo cierto es que la decisión que ponga fin a esta instancia
incumbe a la tutelante y a los terceros vinculados dentro del proceso de amparo que
presentaron sus propias pretensiones de protección constitucional. Lo anterior en
atención a que la sentencia que ponga fin a esta instancia, eventualmente,
modificará una situación que afecta la conclusión de la convocatoria 27. En el caso
de las personas que intervinieron solamente para coadyuvar las pretensiones de la
actora principal, sin presentar sus propias peticiones de amparo subjetivo no existirá
pronunciamiento de fondo.
78. Sobre esto último, es necesario recordar que la jurisprudencia constitucional43
ha señalado que, en materia de tutela, están legitimados por activa, el titular del
derecho, su representante, el apoderado o el agente oficioso. El amparo exige que
quien formule el amparo busque la protección de sus propios derechos. El titular no
puede ser reemplazado sino en las condiciones anotadas en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.
79. Así, puesto que la tutelante no actúa como agente oficiosa, representante o
apoderada de los 1.856 discentes del IX curso de formación judicial y en
consideración a que, en el sub lite, se trata de una acción de tutela contra
providencia judicial, cuya procedencia es excepcional, en el que la accionante y los
coadyuvantes son aspirantes aprobados del IX curso de formación judicial, la
Subsección aclara que, en punto de la institución de la cosa juzgada constitucional
en materia de control concreto y los efectos de la parte resolutiva44, la providencia
que ponga fin a esta instancia se referirá, en punto al amparo de derechos
concretos, a la tutelante y a las personas que formularon solicitudes de protección
de sus derechos constitucionales.
80. Lo anterior, en aplicación del principio de economía procesal e igualdad, en tanto
que no sería admisible exigir que cada uno de las referidas personas formulen tutela
42 “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad
de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior// Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de
la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud” (negrilla y subrayado fuera
del texto original).
43 Corte Constitucional, SU-150 de 2021. En el mismo sentido T-302 de 2017.
44 Art. 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia: “2. Las decisiones judiciales
adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
individual con idénticas pretensiones a las que se plasmaron en los escritos de
intervención. Quienes se limitaron a apoyar las pretensiones de la actora, no
recibirán, de ser el caso, amparo constitucional, sin que esto sea obstáculo para
que, como es apenas natural y lógico, la decisión que llegue a tomarse los afecte.
En efecto, en sentencias como la SU-150 de 2021, la Corte resolvió una acción de
tutela en la que, un congresista afirmaba ser agente oficioso de todas las víctimas
del conflicto armado, sin embargo, la Sala Plena de la Corte descartó esa
posibilidad. Por ello, aclaró que los efectos del fallo solo cobijaban a las personas
que tenían la condición de parte y habían presentado peticiones de amparo
subjetivas, concretas y las mismas habían sido probadas dentro del proceso
constitucional, sin que ello fuera óbice para que la sentencia de unificación los
beneficie45. En todo caso, se ha garantizado el derecho a la contradicción de todos
los discentes del IX curso de formación judicial, en tanto fueron debidamente
vinculados al presente proceso de tutela.
Verificación del requisito de legitimación en la causa por pasiva.
81. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se concluye que se satisface
dicho presupuesto en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, toda
vez que la acción de tutela se promovió contra la autoridad judicial que profirió el
auto de 17 de julio de 2025, esto es, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
82. Por otro lado, en el escrito de intervención del Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Cúcuta, su titular solicitó desvincular del trámite de tutela a dicha
autoridad judicial. En criterio de esta sala, el Juzgado debe ser parte del proceso de
amparo, pues más allá de que la sentencia que ponga fin a esta instancia de una
orden concreta a la referida entidad, eventualmente, cualquier decisión que llegue
a adoptarse sí puede afectar el avance del proceso judicial que inició Diana Marcela
Romero Alcantar, razón suficiente para que, dicha autoridad judicial sea parte del
proceso. En la parte resolutiva de la decisión se negará la petición de
desvinculación.
Requisito de subsidiariedad
83. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Sala determina que se trata de una
acción de tutela contra un auto interlocutorio, proferido en segunda instancia, dentro
de un proceso que actualmente se encuentra pendiente de obtener una decisión
definitiva. A juicio de esta corporación, por las condiciones del caso concreto, sí se
45 Corte Constitucional, Sentencia SU-150 de 2021: “Lo anterior implica aclarar que, si bien el
senador Roy Barreras Montealegre, junto con las 15 organizaciones y los ciudadanos que
coadyuvaron su actuar, no representan al universo de las víctimas que existen en el país, y que por
ende, su condición de agente oficioso se encuentra limitada a los sujetos que de manera explícita
ratificaron su actuar, no es menos cierto que, de llegar a concederse la tutela interpuesta, la
decisión de proteger los derechos invocados se extendería lógica y naturalmente a otras
personas que hacen parte del mismo grupo, esto es, a la generalidad de las víctimas como sujetos
de especial protección constitucional, respecto de las cuales se prevé la creación de las CTEPCR,
sin que por ello exista un obstáculo asociado a la legitimación.” (negrilla y subrayado fuera del texto).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación.
84. El reparo de la tutelante estriba en que la providencia censurada se profirió
después de que finalizó el IX curso de formación judicial y cuando estaban por
notificarse las notas finales. Si bien existían etapas administrativas pendientes de
agotar, tales como la publicación de los resultados o la exhibición de los cuadernillos
de la parte general, ninguna de estas tiene el alcance de excluirla del listado de los
discentes con notas definitivas aprobatorias.
85. El específico reclamo de la actora y de los demás vinculados dentro del trámite
de tutela que presentaron petición de amparo no puede ser tramitado dentro de los
recursos ordinarios que prevé el proceso contencioso-administrativo, tal como sería
el incidente de nulidad regulado por el Código General del Proceso, pues, en punto
a la situación fáctica de la supuesta inoportunidad de la providencia judicial de 17
de julio de 2025 y sus eventuales efectos en la conclusión del IX curso de formación
judicial, el recurso judicial ordinario se presenta como improcedente e ineficaz.
86. Examinados los hechos de este caso, se concluye que el reparo constitucional
de la actora se concentra en que la decisión judicial, por el estado del avance del
calendario del IX curso de formación resultó extemporánea, incumplible y
conculcadora de sus derechos y de los demás discentes, especialmente, porque fue
proferida apenas unos días después de que las fases general y especializada ya
habían concluido. Ese específico reclamo no puede tramitarse por el incidente de
nulidad, por una razón: la autoridad accionada consideró que la decisión judicial de
17 de julio no afectaba a la tutelante -pues así lo plasmó en la providencia atacada-
; por lo tanto, no resulta jurídicamente exigible a ella -ni a alguno de los demás
discentes- que acuda en esta etapa del proceso ordinario para que solicite la nulidad
del auto, pues el tribunal de instancia de manera previa determinó que la medida
cautelar de urgencia y el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no la
impactaba de manera alguna.
87. En atención a lo particular del reclamo constitucional y los hechos que
fundamentan la acción de tutela, se concluye que se cumple la exigencia de la
subsidiariedad, en tanto que no se observa que haya un mecanismo judicial
pendiente de agotar.
Requisito de relevancia constitucional
88. En punto a la relevancia constitucional, se considera que el mismo se encuentra
satisfecho en atención a que, en primer lugar, la actora y varios de los coadyuvantes
sostuvieron que la decisión judicial tiene el alcance de afectar sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a los cargos públicos en virtud del mérito e
impacta su derecho al debido proceso, toda vez que, en su criterio, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander tenía que haber valorado las consecuencias
de su decisión en relación con el momento en que fue proferida y el avanzado
estado del IX curso de formación judicial. En segundo término, se afirma que la
decisión atacada impide la adecuada finalización del curso de formación judicial con
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
la consecuente dilación del proceso de posesión de funcionarios judiciales de
carrera, lo cual mantendría la provisionalidad en la Rama Judicial.
89. Bajo este contexto, se trata de argumentos de índole constitucional pues
implican debates concretos de aplicación de derechos fundamentales de personas
identificadas y la materialización de principios superiores de primer orden como son
la primacía del mérito en el acceso a los cargos públicos, la necesidad de que los
cargos de funcionarios judiciales sean de carrera, como robustecimiento de la
autonomía e independencia judicial.
Requisito de inmediatez
90. Respecto a la inmediatez, se encuentra igualmente satisfecho, toda vez que la
decisión judicial cuestionada está fechada el 17 de julio de 2025, y la acción de
tutela se promovió el 4 de agosto siguiente; es decir, dentro del plazo razonable
definido por la jurisprudencia constitucional.
Identificación razonable de los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido
alegados en el trámite procesal
91. En punto a este requisito de concluye que, la parte tutelante presenta una
identificación de los hechos que motivan el amparo y las razones por las cuales
estima que se vulneran los derechos constitucionales invocados. No resulta exigible
el requisito de haber alegado los defectos invocados en la presente acción
constitucional dentro del proceso judicial ordinario, pues las autoridades judiciales
contencioso-administrativas estimaron que no debían vincularse al trámite de la
petición de medida cautelar de urgencia. Bajo ese entendido, es evidente que la
tutelante y los demás discentes vinculados al proceso de tutela nunca pudieron
exponer ante los jueces ordinarios los reparos que presentan en el escrito de tutela.
Que el defecto alegado tenga un efecto determinante en la providencia judicial
cuestionada
92. De igual manera, la Sala observa que el argumento que alega la tutelante y
varios de los terceros vinculados tiene el alcance de afectar el sentido de la
providencia cuestionada, en la medida que se verifica que los discentes del IX curso
de formación judicial necesariamente debieron ser tenidos en cuenta dentro del
trámite ordinario. Lo anterior, será objeto del examen de fondo dentro de esta
providencia de tutela.
Que no se trate de una acción de tutela contra una providencia de tutela, una
decisión de control abstracto de constitucionalidad o una sentencia
interpretativa de la JEP.
93. Finalmente, se cumple la exigencia, pues no se trata de una acción de tutela
contra una sentencia de tutela, ni de un ataque constitucional contra una providencia
de constitucionalidad proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional o el
Consejo de Estado en sede de nulidad por inconstitucionalidad o una sentencia
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la
JEP.
94. Superado el examen de las causales genéricas de procedencia tutela en las
condiciones indicadas, corresponde ahora examinar si se presentan defectos que
afecten la validez de la decisión judicial cuestionada.
Examen de la providencia cuestionada
95. Dentro del expediente de tutela46 se observa que el 22 de junio de 2023, a través
de apoderada judicial, Diana Marcela Romero Alcantar formuló demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1 de
septiembre de 2022 y la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023. Sostuvo
que la Escuela Judicial calificó su examen de conocimiento con un puntaje final de
799.82 pero que, existieron 14 preguntas que no fueron bien calificadas, motivo por
el cual, basta con que prospere solo una de las preguntas, y Diana Marcela Romero
superará la calificación mínima de aprobación de 800 y, por ende, podía participar
en el curso de formación judicial.
96. En atención a que, entre el 11 de septiembre y el 6 de octubre de 2023, se iba
a realizar la inscripción al IX curso de formación judicial, el 1° de septiembre de 2023
Diana Marcela Romero Alcantar presentó solicitud de medida cautelar de urgencia,
con el fin de que la autoridad judicial le ordenara a la Escuela Judicial que permitiera
su inscripción al IX curso de Formación Judicial, para lo cual argumentó que si se
calificara de manera correcta una sola de las preguntas que cuestionaba, obtendría
el puntaje mínimo requerido que le permitiría participar en el curso de formación
judicial.
97. Como fundamento de la solicitud de medida cautelar de urgencia, manifestó:
“Al efecto, según el cronograma establecido por la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, el cual se anexa a este memorial luego de ser descargado de la
página web de dicha dependencia, desde el día 11 de septiembre y hasta el 6
de octubre de 2023, se deben realizar las inscripciones al mismo, y de igual
modo, está ya programado para iniciar su desarrollo el día 17 de octubre
siguiente, destacándose que la demanda a la fecha no ha sido admitida, por lo
que temporalmente se evidencia la urgencia en la resolución de plano de esta
solicitud.
(…) al despacho se decrete la medida cautelar, ordenando a la entidad
demandada se le permita a mi prohijada Diana Marcela Romero Alcantar
realizar el curso de formación judicial establecido en la Fase III de la etapa de
selección del concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial junto con las personas que aprobaron el
examen escrito”.
98. En auto de 26 de septiembre de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta negó la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por
la parte actora. El juzgado estudió la demanda a la luz de los requisitos normativos
46 Índice Samai 9. Certificado: D9ECA0D6E3C411CA D58FBCD954934E91 07A0F2E44763F9DA
A3CF9DC273ECF675
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
y verificó que se hubiera demostrado sumariamente que la demandante era titular
de los derechos invocados, para lo anterior, la autoridad judicial examinó la
demanda, en punto de verificar la posibilidad de que prospere cada uno de los
reparos que realizó la actora respecto de las 14 preguntas del examen de
conocimiento de la convocatoria 27 (preguntas 7, 21, 23, 32, 43, 55, 62, 63, 65, 69,
70, 78, 82 y 84).
99. Luego de lo anterior, explicó que, si bien la demanda planteó reparos a las
preguntas, lo cierto es que no resultaba evidente que cada una de ellas, o al menos
una llegase a prosperar. Asimismo, al analizar las acusaciones formuladas a las
preguntas objeto de controversia, en el contexto de la definición de la medida
cautelar de urgencia, la jueza determinó que dicha solicitud no estaba llamada a
prosperar, puesto que no se acreditó la titularidad del derecho demandado.
Concluyó que, como ninguna de las preguntas de la demandada y sus respectivas
respuestas se avizoraba ilegal, la actora no era titular del derecho a acceder al curso
de formación judicial y, por ello, no continuó con el examen de los restantes
requisitos para conceder la medida cautelar de urgencia.
100. El 4 de octubre de 2023, la parte actora presentó recurso de apelación contra
la providencia que negó la medida cautelar, por cuanto consideró que el a quo
analizó de manera inadecuada las exigencias para este tipo de peticiones. En
criterio de la actora, la autoridad judicial debe examinar si existe apariencia de buen
derecho como la probabilidad de prosperar la demanda y no analizar legalidad de
cada una de las 14 preguntas censuradas. Reprochó que el juzgado décimo no
realizó el juicio de ponderación de que trata el artículo 234 del CPACA. Por lo
anterior solicitó:
“Conforme a los argumentos anotados, solicito respetuosamente al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, revocar el auto recurrido, y en su lugar,
acceder al decreto de la medida cautelar solicitada. Destacando que en casos
análogos bajo esta misma convocatoria ya han sido adoptadas medidas
cautelares que permiten la inscripción al curso de formación judicial de
participantes que se encuentran controvirtiendo en sede judicial la legalidad de
los actos administrativos aquí acusados, bajo situaciones fácticas idénticas de
participantes que aspiran a ser Juez”.
101. El recurso se concedió el 17 de octubre de 2023 y se repartió al Magistrado
sustanciador el 15 de noviembre siguiente47. Mediante memoriales del 6 de febrero
y 10 de octubre de 2024 y de 13 de mayo de 2025, la apoderada de la parte actora
remitió solicitudes de impulso con el fin de que, en virtud del principio de celeridad
procesal, el Tribunal continuara con el trámite dentro del proceso de la referencia48.
Finalmente, la providencia que resolvió el recurso de apelación se profirió el 17 de
julio de 2025. Respecto al tiempo que tomó el Tribunal para proferir decisión, se
verifica que entre la remisión del recurso de apelación (15 de noviembre de 2023) y
la providencia (17 de julio de 2025), transcurrieron cerca de 20 meses, incluso, a
pesar de los tres memoriales de impulso presentados por la apoderada de la parte
actora.
47 Índice Samai del radicado 54001333300920230037101.
48 Índice Samai 4 del radicado 54001333300920230037101.
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
102. En la decisión cuestionada, el ad quem mencionó los requisitos normativos
para las medidas cautelares de urgencia, sin distinguir entre la suspensión de acto
administrativo y las demás medidas cautelares, e indicó que se requieren tres tipos
de exigencias: formales, materiales y específicas. Además, determinó que la
petición de inscripción de la actora en el IX curso de formación cumplió dichos
requisitos. Al respecto, señaló:
“En efecto, como lo destacó el apelante, el no permitir provisionalmente la
participación de la demandante en el curso de formación impediría que se
materialice su ingreso al Registro Nacional de Elegibles, incluso si se llegase a
establecer que su exclusión se produjo en violación del orden jurídico. Una vez
culminado el curso de formación judicial, la imposibilidad de retrotraer dicha
etapa no sólo limitaría los efectos de la eventual sentencia de nulidad, sino que
colocaría a la demandante en una situación de desventaja frente a los demás
aspirantes, vulnerando el principio de igualdad.
(…)
Aunado a ello, el cronograma del IX curso de formación judicial —según
información pública del Consejo Superior de la Judicatura— indica que la
convocatoria N.ª 27 se encuentra actualmente en su fase III, específicamente
en la subfase especializada, la cual es de carácter eliminatorio. Esta
circunstancia demuestra que, de no adoptarse la medida de manera urgente, el
curso podría culminar sin que la demandante haya tenido la oportunidad de
participar en igualdad de condiciones, afectando de forma definitiva el objeto del
proceso. En conclusión, esta Sala encuentra que la medida solicitada no
anticipa los efectos del fallo, ni desnaturaliza el concurso de méritos, sino que
se orienta a asegurar la eficacia del pronunciamiento de fondo, sin alterar los
derechos adquiridos de otros aspirantes ni comprometer la legalidad del
procedimiento. En consecuencia, se cumple el requisito material de procedencia
de la medida cautelar solicitada”.
103. Por lo anterior, el Tribunal resolvió:
“PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada en el auto de fecha veintiséis (26)
de septiembre de dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, para en su lugar DECRETAR la medida
cautelar solicitada por la señora Diana Marcela Romero Alcantar, consistente
en ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, permitir al
prenombrada la inscripción y participación del IX Curso de Formación Judicial
de que trata el Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.
Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado
curso de formación y garantizarle un término de estudio en igualdad de
condiciones de los discentes que ya surtieron las etapas del curso de formación
y de quienes actualmente se encuentran cursando la subfase especializada, en
caso de que la demandante supere la subfase general.
Asimismo, se deberá generar un cronograma a la actora que le permita llegar
en igualdad de condiciones en caso de superar todas y cada una de las etapas
del IX Curso de Formación Judicial, para la fecha en que se conforme el registro
de elegibles, garantizando en todo caso, los plazos necesarios para realizar los
estudios, conforme se expuso en el párrafo anterior”.
104. La actora sostuvo que la decisión incurrió en el defecto sustantivo, dado que el
Tribunal determinó la petición de medida cautelar de urgencia como si se tratara de
una petición de medida provisional de la acción constitucional de tutela, “resolviendo
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
de fondo un asunto que ni siquiera fue sometido a su conocimiento en primera
instancia”. Aseguró que la decisión vulneró sus derechos fundamentales y de los
demás discentes que culminaron la fase general y que se “encuentran ad portas de
tomas posesión”, lo cual, afectó sus derechos fundamentales y de los 1.500
discentes del IX curso de formación judicial, puesto que el curso de formación
judicial se encuentra en una etapa muy avanzada y cumplir la medida cautelar
ordenada implica retrasar la conclusión de la convocatoria.
105. Si bien el cargo de la actora es sucinto, lo cierto es que plantea un
cuestionamiento completo en relación con el supuesto defecto que se le reprocha a
la decisión, en tanto que puntualmente indicó que el Tribunal no aplicó la normativa
que gobierna la procedencia de las medidas cautelares de urgencia dentro de los
procesos contencioso-administrativos y que, como consecuencia, no tuvo en cuenta
los impactos de la orden judicial, en el IX curso de formación judicial que ya había
concluido para la fecha en que se profirió dicha providencia, por cuanto solamente
se está a la espera de la publicación de los puntajes finales.
106. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en materia de tutelas contra
providencias judiciales, el juez constitucional debe verificar que el escrito de amparo
satisfaga las causales genéricas de procedencia formal y al menos un específica.
Ello, en todo caso, sin desnaturalizar el carácter constitucional de la acción. La Corte
reiteró su criterio jurisprudencial sobre la manera en la que el juez del amparo debe
examinar el cumplimiento de los requisitos49. Al respecto, precisó:
“(…) la Corte Constitucional ha manifestado que en virtud del principio iura novit
curia, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del
invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el
juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo
discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando
autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas
que lo rigen. En la medida que la tutela es un recurso judicial informal que puede
ser interpuesto por personas que desconocen el derecho, es deber del juez de
tutela, en principio, analizar el caso más allá de lo alegado por el accionante.
(…)
De igual manera, y tratándose de la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte ha precisado que “los accionantes
deben asumir una carga argumentativa mínima, pues aunque la tutela no es
una acción de naturaleza formal o técnica, el respeto por la autonomía e
independencia de los jueces sí exige que el interesado brinde suficientes
razones para la creación de un problema de constitucionalidad. Cumplida la
exigencia de construir una discusión relevante desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, el juez de tutela cuenta con la posibilidad de
aplicar los principios iura novit curia, y fallar ultra o extra petita, como se
explicó en la decisión de unificación SU-195 de 2012”(negrillas fuera del
texto).
107. La jurisprudencia ha explicado que, en las acciones de tutela contra
providencia judicial, el juez debe sopesar su carácter constitucional y, por lo tanto,
se puede ejercer sin abogado y sin la necesidad de acudir a una argumentación
técnica o profesional, simplemente el tutelante tienen el deber de ofrecer razones
49 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2017.
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
constitucionalmente importantes dirigidas a dejar sin efecto una decisión judicial,
motivo por el cual, cuando en el escrito de tutela aparezcan razones relevantes,
incluso, si son adecuadas a las causales específicas de manera imprecisa, el juez
del amparo debe acudir al principio iura novit curia y definir correctamente la
argumentación del actor50.
108. En efecto, a juicio de esta Corporación la decisión cuestionada incurrió en el
defecto sustantivo alegado, pues no aplicó correctamente la normativa llamada a
resolver las peticiones de decreto de medidas cautelares de urgencia, por las
razones que se exponen a continuación.
109. Respecto de los requisitos de la procedencia de las medidas cautelares, la Ley
1437 de 2011 diferencia entre dos procedimientos. En el artículo 233 se prescribe
un procedimiento ordinario, el cual, entre otros aspectos, prevé correr traslado a la
parte demandada para que se pronuncie antes de que se resuelva la petición.
Mientras que, el artículo 234 establece un trámite más expedito, referido a los
eventos, en los que la gravedad o urgencia de los hechos requiere de la autoridad
judicial la adopción de una decisión pronta y oportuna. El último de los artículos
mencionados indica que la petición de medida cautelar de urgencia no se correrá
traslado a la parte demandada y la decisión será de “inmediato” cumplimiento.
110. Asimismo, el artículo en comento exige que “se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior”, lo que evidencia que
en el avance de una medida cautelar de urgencia resulta fundamental la oportunidad
y agilidad en la adopción de la decisión requerida por el demandante. De otra
manera se desnaturalizaría la institución y las hipótesis de procedencia. Si a una
medida cautelar de urgencia se le da un trámite semejante al de otra sin esta
connotación, se desnaturalizaría su carácter y se desconocerían las normas que
regulan su adopción.
111. En atención a las particularidades del caso, especialmente a que la petición de
medida cautelar se produjo antes del inicio del IX curso de formación judicial, pero
la decisión se produjo cuando el mismo ya había concluido, el Tribunal
Administrativo profirió una decisión que no atendió a las particularidades de las
normas legales llamadas a gobernar este tipo de providencias. En esa medida se
incurrió en el defecto sustantivo.
112. Al respecto, se advierte que, si bien Diana Marcela Romero Alcantar en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el 1º de septiembre de 2023,
solicitó como medida cautelar de urgencia que se le ordenara a la Escuela Judicial
permitir su inscripción y participación en el curso IX de formación judicial, por cuanto
éste estaba próximo a iniciar, lo cierto es que la decisión que resolvió de manera
definitiva su petición se profirió el 17 de julio de 2025; es decir, 20 meses después.
113. Así las cosas, es evidente que entre la petición de la medida (1° de septiembre
de 2023) y el inicio de las inscripciones (17 de septiembre), había un margen de
tiempo breve, que para ese momento justificaba el trámite de urgencia establecido
50 Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 y, a pesar de que la jueza Décima
Administrativa del Circuito de Cúcuta la resolvió dentro de un término razonable (un
poco más de 20 días calendario), no sucedió lo mismo en el Tribunal de
Administrativo de Santander, pues, como está demostrado en el plenario, dicha
autoridad judicial, en su condición de ad quem, respondió de manera definitiva la
procedencia de la mencionada medida bastante tiempo después, cuando el IX curso
de formación judicial estaba en una etapa evidentemente avanzada.
114. Si bien en este caso no se discute la mora judicial, lo cierto es que es relevante
determinar que, para el momento en que el ad quem profirió la providencia del 17
de julio de 2025, los hechos que motivaron la petición de medida cautelar habían
cambiado sustancialmente, pues el IX curso de formación judicial ya había concluido
su etapa formativa, según lo explicó la escuela judicial en su informe51, lo cual se
evidencia que para ese instante ya habían finalizado las etapas general y
especializada del mencionado curso y desarrollado pruebas de conocimientos
escritas y solamente estaban pendiente de publicarse los puntajes finales.
115. Bajo este contexto, es claro que, para la fecha en que se adoptó la providencia
cuestionada, la fase académica y lectiva del IX curso de formación judicial ya había
concluido y solo estaba pendiente el desarrollando las pruebas orales , motivo por
el cual, el trámite y razonamiento del tribunal en la providencia cuestionada no tuvo
en cuenta las prescripciones normativos para proferir este tipo de decisiones, en
tanto que no atendió criterios como el de la necesidad de proferir una decisión
“urgente”, lo cual resultó contrario a lo que expuso en la providencia que profirió, en
la cual incluso, de manera desacertada, señaló que el IX curso de formación se
encontraba en la etapa especializada, cuando en realidad, la parte formativa del
mismo ya había concluido y se estaban desarrollando las pruebas orales. Al
respecto, la Escuela Judicial indicó:
“La Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial se
desarrolló entre el 16 de noviembre de 2024 y el 22 de junio de 2025. Durante
este período, se llevaron a cabo las evaluaciones escritas los días 16 de marzo
y 29 de junio de 2025, mientras que la evaluación oral presencial se realizó entre
el 1.º y el 30 de julio del mismo año”52.
116. Una primera manera de configuración del defecto sustantivo se deriva de que
la autoridad judicial profirió la decisión sin atender al carácter de “urgencia” previsto
en el artículo 234 de la ley 1437 de 2011, para este tipo de decisiones. Así las
cosas, la Sala considera que en el sub lite se configura el defecto sustantivo de la
providencia que se cuestiona, toda vez que se demostró que la autoridad judicial
accionada profirió una decisión sin atender al carácter de “urgencia” previsto en el
artículo 234 de la ley 1437 de 2011, para este tipo de decisiones, lo cual
desnaturalizó el carácter de apremio que tiene la medida cautelar que determinó,
en tanto que, se itera, la decisión de 17 de julio de 2025, ordenó inscribir53 a una
51 Índice Samai 15.
52 Folio 3 de la intervención. Índice Samai 15.
53 La orden fue: “Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado
curso de formación y garantizarle un término de estudio en igualdad de condiciones de los discentes
que ya surtieron las etapas del curso de formación y de quienes actualmente se encuentran cursando
la subfase especializada, en caso de que la demandante supere la subfase general” (negrilla y
subrayado fuera del texto).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
persona a un curso de formación judicial que había concluido el 22 de junio anterior
y respecto del cual, solo estaba pendiente realizar la prueba oral final.
117. En la contestación de la acción de tutela, el magistrado sustanciador de la
providencia cuestionada sostuvo que, en otros procesos de mismo tipo y con
similitudes fácticas, se ha decretado el mismo tipo de medidas cautelares. Si bien
en otras oportunidades eso pudiera ser procedente, lo cierto es que, en el caso
concreto, una determinación en ese sentido resultaba a todas luces inoportuna,
dado que el curso de formación judicial ya había concluido.
118. En el escrito de contestación del amparo, se referenció una providencia de
medida cautelar del mes de abril de 202554, con el fin de sostener que el Tribunal
Administrativo accionado contaba con precedente judicial, el cual, en el caso objeto
de ataque constitucional, solo se reiteraba. A pesar de que dicha decisión puede
asemejarse a los fundamentos fácticos y jurídicos de este proceso, dicha
providencia no es precedente para el caso que se resolvió en el auto de 17 de julio
de 2025, pues existe un elemento diferenciador relevante y es que cuando se dictó
la providencia censurada el curso de formación judicial ya había concluido. Si bien
en autos anteriores proferidos en otros procesos judiciales similares, el mismo
Tribunal decretó medidas cautelares y ordenó la inscripción de otros discentes, tal
como lo indicó en la contestación de la tutela, lo cierto es que dichas decisiones se
profirieron cuando el IX curso aún estaba desarrollándose, mientras que, en este
caso, las etapas pedagógicas en las que se impartían contenidos temáticos ya se
habían agotado. Esa diferencia fáctica hace que la decisión antecedente,
mencionada en el escrito de contestación, no pueda ser tenida como precedente,
aunado al hecho de que ese proveído no fue citado en el auto del 17 de julio de
2025.
119. Por otra parte, una segunda forma de configuración del defecto sustantivo se
produjo por no atender adecuadamente los requisitos previstos en el artículo 231 de
la ley 1437. Puntualmente, el relativo a la ponderación de principios establecido en
el numeral 3° del mencionado artículo 231.
120. En este punto debe aclararse que, tal como se reseñó al inicio del examen de
la providencia cuestionada, Diana Marcela Romero Alcantar solicitó como medida
cautelar de urgencia, que la autoridad judicial ordenara a la Escuela Judicial su
inscripción en el IX curso de formación judicial. No requirió la suspensión de algún
acto administrativo, razón por la cual, en aplicación a los indicado en el artículo 231
de la Ley 1437 de 201155, en los casos en los que no se solicite la suspensión
54 Folio 7 del escrito de contestación. Índice samai 11. “En efecto, en el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, radicado 54-001-33-33-007-2023-00424-01, mediante auto de 10 de
abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó la decisión proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, en providencia de 11 de octubre de 2023,
que había negado la medida cautelar consistente en autorizar la inscripción de la demandante en el
IX Curso de Formación Judicial. En dicho caso, la accionante obtuvo un puntaje total de 798,11 en
la prueba de conocimientos de la convocatoria 27, resultado que impidió su acceso al mencionado
curso”.
55 “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice
en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación
con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
provisional, “las medidas serán procedentes cuando concurran los siguientes
requisitos: 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; 2. Que el
demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o
de los derechos invocados; 3. Que el demandante haya presentado los documentos,
informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un
juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés
público negar la medida cautelar que concederla; 4. Que, adicionalmente, se cumpla
una de las siguientes condiciones; a) Que al no otorgarse la medida se cause un
perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no
otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.
121. En efecto, la mencionada norma impone que, con base en documentos e
información adecuada, el juez debe hacer una “ponderación” de los intereses que
se encuentren en tensión. Puntualmente, el interés particular vertido en la demanda
y el público que se involucre en la determinación que se adopte.
122. Al respecto, la Sala recuerda que la ponderación de intereses es un tipo de
razonamiento específico56 que sigue pautas argumentativas manifiestas en las que,
más allá de la exposición erudita de unas reglas discursivas, necesariamente debe
ser claro que la providencia que resuelve una medida cautelar, pretende hacer un
ejercicio de balanceo de intereses en conflicto, es decir, se interroga por la posible
maximización de un interés, en oposición a la restricción del otro. Este requisito
debe examinarse de manera explícita y concreta en la providencia. Así pues, en el
auto cuestionado el Tribunal en ninguna parte analizó los efectos que podría tener
la orden de inscripción en la garantía del interés general del avance y conclusión de
la convocatoria 27, tampoco determinó si podía afectar a otras personas, ni mucho
menos se percató que, de confrontar la petición de Diana Marcela Romero con los
demás discentes del IX curso, se permitiría que una persona que no superó la
prueba de conocimientos realizara la etapa académica de la convocatoria para
jueces y magistrados, con personas que si obtuvieron el puntaje mínimo
aprobatorio. En punto a la verificación de los requisitos de la medida cautelar la
referida providencia se indicó:
“Frente a este escenario, y contrario a lo concluido por el juez de primera
instancia al negar la solicitud cautelar, esta Sala considera que la medida
solicitada resulta no sólo razonable, sino necesaria para preservar la finalidad
del proceso y evitar que, en caso de ser acogidas las pretensiones de la
demanda, la sentencia pierda toda eficacia. En efecto, como lo destacó el
apelante, el no permitir provisionalmente la participación de la demandante en
el curso de formación impediría que se materialice su ingreso al Registro
Nacional de Elegibles, incluso si se llegase a establecer que su exclusión se
produjo en violación del orden jurídico.
Una vez culminado el curso de formación judicial, la imposibilidad de retrotraer
dicha etapa no sólo limitaría los efectos de la eventual sentencia de nulidad,
solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás
casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos (…)”
(negrillas y subrayado fuera del texto).
56A título de ilustración se puede mencionar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, providencia de
22 de agosto de 2017, radicado 76001-23-33-000-2013-00543-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
sino que colocaría a la demandante en una situación de desventaja frente a los
demás aspirantes, vulnerando el principio de igualdad. La realización del curso
de formación constituye una condición sine qua non para continuar en el
proceso de selección, de modo que, si la sentencia favorable se profiere una
vez este curso haya finalizado, el restablecimiento del derecho devendría
ilusorio.
Aunado a ello, el cronograma del IX curso de formación judicial —según
información pública del Consejo Superior de la Judicatura— indica que la
convocatoria N.ª 27 se encuentra actualmente en su fase III,
específicamente en la subfase especializada, la cual es de carácter eliminatorio.
Esta circunstancia demuestra que, de no adoptarse la medida de manera
urgente, el curso podría culminar sin que la demandante haya tenido la
oportunidad de participar en igualdad de condiciones, afectando de forma
definitiva el objeto del proceso.
En conclusión, esta Sala encuentra que la medida solicitada no anticipa los
efectos del fallo, ni desnaturaliza el concurso de méritos, sino que se orienta a
asegurar la eficacia del pronunciamiento de fondo, sin alterar los derechos
adquiridos de otros aspirantes ni comprometer la legalidad del procedimiento.
En consecuencia, se cumple el requisito material de procedencia de la medida
cautelar solicitada”57 (negrilla y subrayado fuera del texto).
123. Si bien en el sub lite, la decisión cuestionada formalmente cita los requisitos de
las medidas cautelares, lo cierto es que no se observa que el ad quem hubiera
hecho el razonamiento de ponderación de intereses exigido en el artículo 231 del
CPACA; así como tampoco se advierte que para el momento en que profirió su
decisión contara con información actualizada, concreta y precisa sobre el estado del
avance del IX curso de formación judicial; en cambio, se observa que el Tribunal
simplemente se limitó a señalar que, según información publicada por el Consejo
Superior de la Judicatura, al momento de resolver la apelación de la petición de la
medida cautelar, el curso de formación judicial aún no había concluido. No obstante,
como lo indicó la Escuela judicial dicho concurso se había terminado desde el 22 de
junio anterior y se estaba desarrollando la etapa de pruebas orales.
124. Según información actualizada para el momento en que se adopta esta
decisión judicial y que fue remitida al trámite de tutela por la Escuela Judicial, ya no
resulta posible inscribir a Diana Marcela Romero Alcantar al IX curso de formación.
Ello implicaría sufragar una considerable suma de dinero58 y agotar trámites
relacionados con la contratación pública de nuevas preguntas sobre los contenidos
del curso de formación judicial.
125. Si bien, per se, dichos costos no afectan la materialización de derechos, en el
caso concreto, sí era exigible que, en aplicación del número 3° del artículo 231 del
CPACA, el Tribunal debía contar con información y documentos completos y
actualizados referidos al estado de la convocatoria 27, y no simplemente, remitirse
al calendario publicado por el Consejo Superior de la Judicatura. De haber contado
con información actualizada seguramente hubiera realizado la ponderación de
intereses que se echa de menos en esta acción constitucional, lo cual le hubiera
permitido al menos interrogarse sobre los efectos que implicarían la medida cautelar
57 Índice Samai 2, folio 111.
58 Una cifra mayor a los cuatrocientos millones de pesos, según la información remitida por la Escuela
Judicial, Unidad del Consejo Superior de la Judicatura. Cfr. Índice Samai 15.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
que decretó y si con ésta se afectarían otros intereses. Como se observó más arriba,
la argumentación del Tribunal omitió percatarse que, su decisión podría afectar el
interés general, incluidos los derechos de los demás discentes del curso de
formación.
126. Puesto que el Tribunal accionado no se interrogó, de manera concreta y
específica, a partir de información y documentación actualizada y certera sobre el
estado del IX curso de formación judicial, sino que tomó la decisión a partir de la
información pública, genérica, imprecisa y desactualizada, es evidente que
desconoció el contenido del numeral 3 del artículo 231 del CPACA, relativo a los
requisitos de la adopción de las medidas cautelares.
127. En el mismo sentido, la Sala observa que el Tribunal no razonó sobre los
efectos que tendría la especifica y concreta orden judicial respecto de los intereses
de los demás discentes del curso de formación judicial, los cuales entraban en
tensión con la pretensión de la demandante Diana Marcela Romero Alcantar. Puesto
que las actividades pedagógicas y de aprendizaje autónomo del IX curso de
formación judicial ya habían concluido, y solo estaba pendiente la realización de las
evaluaciones finales, el Tribunal necesariamente debía interrogarse por los
eventuales impactos que tendría su determinación para los demás discentes, y para
la conclusión de la convocatoria 27 dirigida a proveer cargos en carrera de jueces y
magistrados, y la manera en que incidiría en el desarrollo del referido concurso. En
atención a que la providencia cuestionada no realizó ninguna consideración al
respecto y ello era necesario, también, por este motivo se advierte que se
desconoció la disposición normativa que regula la adopción de las medidas
cautelares de esa naturaleza.
128. En cuanto a los intereses de los demás discentes del curso de formación
judicial, es necesario tener en cuenta el momento en que se presentó la petición de
medida cautelar de urgencia y el tiempo que se tomó el Tribunal Administrativo de
Santander en resolver de manera definitiva dicha solicitud. En efecto, en septiembre
de 2023, cuando la demandante presentó la petición aún no había comenzado el
curso de formación judicial, razón por la cual, en ese momento, la hipotética decisión
de inscribir a una persona, en principio, no implicaba una tensión con los intereses
de los discentes que aprobaron el examen de conocimiento. Sin embargo, para
cuando se decretó la medida de cautelar, es decir, en julio de 2025, es evidente que
ya había terminado el IX curso de formación judicial, y en esa medida, si resultaba
necesario que el Tribunal se interrogara por los efectos de su decisión en la
conclusión de la Convocatoria 27, y en la situación de los demás discentes.
129. Bajo este contexto, es claro que la orden de incluir a una nueva persona podía
implicar una tensión con los intereses de los demás discentes, quienes,
legítimamente, como lo han expresado en el trámite de la acción de tutela,
consideran que la decisión del Tribunal afecta el mérito en el acceso a cargos
públicos, el derecho a la igualdad de todos aquellos que superaron el examen de
conocimiento y las fases general y especializada del IX curso de formación judicial.
A lo que agregaron que, con las respectivas evaluaciones de una persona incluida
al final de la convocatoria 27 sin haber aprobado el examen de conocimiento, esto
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
puede tener el riesgo cierto de alterar la eficiencia en la publicación de los resultados
finales.
130. La falta de razonamiento del tribunal al tener en cuenta los intereses de los
discentes dentro de los elementos a ponderar, así como en las condiciones ya
explicadas (desnaturalización del carácter urgente de la petición de la medida
cautelar y la falta de información actualizada), afecta la validez de la decisión
censurada, pues como apunta la tutelante, esta si tiene la potencialidad de afectar
a sus legítimos derechos e intereses al avance de la publicación de los resultados
finales del IX curso de formación judicial.
131. A esta altura, resulta relevante indicar que el CPACA otorga un amplio margen
discrecional a los jueces administrativos para que adopten medidas cautelares.
Empero, ello de ninguna manera enerva la obligación de la autoridad judicial de
proferir órdenes que armonicen adecuadamente los elementos en tensión.
Respecto de esta potestad de la labor judicial, la Corte Constitucional ha indicado
que la legitimidad de los jueces se funda en que profieran órdenes que, resuelvan
en derecho y conforme al material probatorio, las peticiones de las partes, pero
especialmente que atiendan a la realidad de las instituciones llamadas a cumplirlas,
y el ciclo de las decisiones públicas, esto pues, si se profiere una decisión que sea
de imposible cumplimiento, en ultimas quien ve afectada su legitimidad
constitucional es el juez. Por ello, un mandato de la administración de justicia debe
proferirse con adecuada y concreta información respecto de las condiciones de
ejecución de la orden. En esa medida, resultan contrarias al espíritu de la función
constitucional de administrar justicia, órdenes que no atiende a la realidad procesal
y que son descontextualizadas y que no están llamadas a resolver las peticiones de
las partes59.
132. Para mayor claridad, la Sala estima que el Tribunal accionado incurrió en
defecto sustantivo pues, además de que desnaturalizó el carácter de urgente de la
medida cautelar, al proferir decisión de segunda instancia 20 meses después de
que la petición llegó a esa corporación, no realizó la ponderación de intereses que
exige el artículo 231,num. 3°, de la Ley 1437 de 2011, dado que al proferir la decisión
en julio de 2025, cuando el IX curso de formación ya había concluido, no tuvo
consultó ni tuvo en cuenta el intereses general de que los discentes concluyan sin
demoras injustificadas la convocatoria 27. En otras palabras, debido a que la
decisión censurada se tomó cuando estaban terminadas las actividades
pedagógicas del IX curso de formación judicial, el Tribunal estaba en la obligación
de contar con información actualizada sobre dicho proceso, y adicional a ello, incluir
en la ponderación los intereses de los discentes del curso de formación judicial. No
solo por ellos individualmente considerados, sino también por el interés general de
la conclusión de la Convocatoria 27.
59 Cfr. Auto 387 de 2019. “La intervención judicial en la gestión de la administración no es una ciencia
exacta, de modo que esa mediación puede causar efectos no previstos o carecer de eficacia. Nótese
que la emisión de órdenes (…) puede entrañar varias actividades de diversas autoridades, escenario
que podría evidencia avances y retrocesos en varios aspectos de la política pública. El juez
constitucional debe ser consciente de esa realidad institucional (…)”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
133. Lo que configura los defectos sustantivos indicados es que el Tribunal
Administrativo, por las particulares condiciones del caso -arriba anotadas-, debió
tener en cuenta entre los aspectos a ponderar, los intereses legítimos de los
discentes que aprobaron el examen de conocimientos, quienes tomaron en tiempo
y dentro del calendario, los contenidos del IX curso de formación judicial y si la
decisión que adoptó podía incidir o de alguna manera afectar el avance de la
publicación de los resultados finales.
134. En conclusión, la Sala considera que la providencia impugnada incurre en
defecto sustantivo, lo cual, conforme el precedente de tutela contra providencia,
implica la vulneración del derecho al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, de la tutelante y de los discentes vinculados que remitieron su propia
petición de amparo, por las siguientes razones: i) el tribunal tomó una decisión que
desnaturalizó el carácter de “urgente” de la medida cautelar solicitada, en tanto que
la resolvió de manera definitiva 20 meses después de que le fue repartida, por lo
cual habría dejado de ser urgente; ii) no se observa que el ad quem al momento de
proferir su decisión haya consultado información concreta, actualizada y precisa
sobre el estado del IX curso de formación judicial; iii) el tribunal de instancia dictó la
medida sin ponderar los intereses que posiblemente estaban involucrados en su
decisión, en la medida que no estudió los eventuales efectos que su decisión
implicaba respecto de los derechos de los otros discentes que habían aprobado la
prueba de conocimiento, superado las fases generales y especializada, con sus
respectivas pruebas, ni muchos menos razonó sobre los efectos que acarrearía la
introducción de una nueva persona al curso de formación judicial y si, por cuenta de
este hecho potencialmente, se podía retardar o afectar el trámite de publicación de
los resultados finales.
135. Por lo anterior, se amparará el derecho al debido proceso y de los demás
discentes que intervinieron dentro del trámite de la acción de tutela y presentaron
petición de amparo individual. En consecuencia, se dejará sin efecto el auto de 17
de julio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
dentro del radicado 54-001-33-33-009-2023-00371-01 y se ordenará a la autoridad
judicial accionada que profiera una decisión que resuelva la apelación respecto de
la petición de medida cautelar aplicando los requisitos legales para ese tipo de
peticiones, con base en información y documentos actualizados, teniendo en cuenta
los intereses de los discentes que aprobaron el IX curso de formación judicial y
realizando un adecuado ejercicio de ponderación de intereses, en los términos
establecidos en el numeral 3º del artículo 231 del CPACA, con el fin de evitar
decisiones que impidan el eficaz avance de la convocatoria 27.
136. Al momento de resolver el recurso de apelación, el tribunal deberá proferir una
orden que atienda el avance real y actual de la convocatoria 27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
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Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación propuesta por la Jueza Décima
Administrativa del Circuito de Cúcuta.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos al debido proceso de Paola Alexandra Dávila
Torres y de los siguientes discentes que intervinieron dentro del trámite de la acción
de tutela y solicitaron su propia petición de amparo: Carlos Andrés Carvajal, Juan
David Restrepo Benjumea, Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez, Leonardo Castro
Manrique, Iván Humberto Galvis Macías, Carlos Andrés Rubio Falla, Nick Ronnie
Barbosa Gómez, Jaime Andrés Bastidas Rosero, Jillly Paola Zarate Téllez, Sata
Lizbeth Garzón Galvis, Lida Fernanda Estepa Rodríguez, Julio César Gordillo
Gómez, Angélica Ángel Ceballos, Fernando Xamir Ramírez Rojas, David Arévalo
Gutiérrez, Deissy Yolanda González Rojas, Juan Sebastián Agudelo Ochoa, Yeison
de Jesús Viloria Aguas, Greis Ester Romero Romerin Barros, Ellen Marcela Fuentes
Feria, Edna Patricia Cuéllar Silva, Vivian Andrea Toro Rodríguez, Diana Lorena Verz
Ramírez, María Isabel Rodríguez Arias, Ana María Iglesia Navas, Óscar Alejandro
Luna Cabrera, Marvin Leonard López Casalins, Jerónimo Buitrago Cárdenas,
Carmen Lucila Romero Rodríguez, David Esteban Aristizábal, Carlos Francisco
Díaz Guerrero, Rafael Eduardo Castro Páez, Laura Alejandra Castellar Almonacid,
Jeison Jamith Neira Valbuena, Lina Mercedes Cuellar Flórez, José Leonardo Guio
Espitia, Jorge Alfredo Rada Vives, Tatiana Ocampo Noreña, María José Tapias
Torres y Néstor Raúl Urrea Ricaurte.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de 17 de julio de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del radicado 54-001-33-33-
009-2023-00371-01 y se ordena a la autoridad judicial accionada que profiera una
decisión que resuelva la apelación respecto de la petición de medida cautelar
aplicando los requisitos legales para ese tipo de peticiones, con base en información
y documentos actualizados, teniendo en cuenta los intereses de los discentes que
aprobaron el IX curso de formación judicial y realizando un adecuado ejercicio de
ponderación de intereses, en los términos establecidos en el numeral 3º del artículo
231 del CPACA, con el fin de evitar decisiones que impidan el eficaz avance de la
convocatoria 27.
CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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VF
36
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
ANEXO
Índice Nombre Petición Argumentos
Samai.
10 Carlos Amparar los derechos Es discente del curso de formación
Andrés de la tutelante y judicial, concluyó satisfactoriamente
Carvajal “afecta mis derechos todas las etapas. La decisión del
Gamboa fundamentales al Tribunal afecta sus derechos
acceso a la carrera fundamentales al acceso a la carrera
judicial” judicial, al mérito, al debido proceso y
a la confianza legitima, pues
suspendería el registro de elegibles, lo
cual dilata de manera injustificada el
cronograma del concurso y extiende la
provisionalidad. Sostuvo que la falta de
vinculación dentro del proceso
contencioso administrativo constituye
un vicio sustancia insanable
19 Gisela Laiton Deje sin efectos el La decisión del Tribunal si suspende la
Ardila auto cuestionado. publicación de la lista de elegibles, y en
esa medida. Estimó que la decisión
excedió lo pedido por la demandante.
El auto cuestionado
20 José Luis Dejar sin efectos el Manifestó que es concursante dentro
Otero auto y amparar los de la convocatoria 27. Aprobó la
Hernández derechos prueba de aptitudes y conocimiento, la
fundamentales. verificación de requisitos mínimos y el
curso de formación judicial inicial.
Referenció que la decisión de 17 de
julio lo afecta directamente “por dilatar
injustificadamente el proceso, alterar la
igualdad entre concursantes y generar
riesgo real de oportunidades”. Afirmó
que la decisión cuestionada no aplicó
la normatividad sobre medidas
cautelares, y altera las reglas del
concurso en favor de una persona.
21 Juan David Se aparen los Aprobó las fases I, II y III de la
Restrepo derechos convocatoria 27. Indicó que la fase III
Benjumea fundamentales y se concluyó el 30 de julio, estando en fase
module la orden de 17 de notificaciones de notas finales.
de julio para que no se Argumentó que la decisión tiene un
afecte el calendario. impacto real en la conclusión de la
convocatoria 27. Adujo que es padre
cuidador de un menor de 10 años con
discapacidad, motivo por el cual, la
decisión afecta directamente su
aspiración laboral.
22 Felipe No presenta un Allegó un escrito sin identificar nombre,
González argumento particular. ni pretensión particular.
Allegó un formato de
intervención.
23 José Ángel Se deje sin efecto la Señaló que es discente aprobado del
Pérez Ariza decisión cuestionada IX curso de formación judicial.
y sin desconocer el Sostiene que la decisión cuestionada
derecho individual excedió las competencias del juez
invocado y se module administrativo en sede de medidas
medida cautelar. No cautelares. Acompaña la intervención
solicitó el amparo de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
un derecho subjetivo suscrita por la directora de la Escuela
del que sea titular. Judicial.
24 Edwar dejar sin efectos el Señaló que es discente aprobado del
Fabian auto atacado y en su IX curso de formación judicial.
Latorre lugar dictar u ordenar Sostiene que la decisión cuestionada
Osorio se dicte nueva excedió las competencias del juez
providencia que administrativo en sede de medidas
pondere el derecho de cautelares. Acompaña la intervención
la señora Romero y su suscrita por la directora de la Escuela
apariencia de buen Judicial
derecho, frente al
interés general y los
derechos de quienes
tenemos expectativas
legitimas de estar en
lista luego de 8 años
de un concurso. No
solicitó el amparo de
derechos
fundamentales
subjetivos de los que
sea titular.
25 Liany Yetzira dejar sin efectos el Señaló que es discente aprobado del
Hernández auto atacado y en su IX curso de formación judicial.
Granados lugar dictar u ordenar Sostiene que la decisión cuestionada
se dicte nueva excedió las competencias del juez
providencia que administrativo en sede de medidas
pondere el derecho de cautelares. Acompaña la intervención
la señora Romero y su suscrita por la directora de la Escuela
apariencia de buen Judicial
derecho, frente al
interés general y los
derechos de quienes
tenemos expectativas
legitimas de estar en
lista luego de 8 años
de un concurso. No
solicitó el amparo de
derechos
fundamentales
subjetivos de los que
sea titular.
26 Deissy Solicitó enderezar la La decisión que se ataca emitida por el
Yolanda errada decisión del Tribunal Administrativo de Norte de
González Tribunal. No realizó Santander, no es adecuada y se da
Rojas una petición de afectando gravemente la
amparo concreta. proporcionalidad entre el beneficio a la
accionante y los perjuicios que nos
causa a todos los que nos
encontramos activos en la
convocatoria 27 para jueces y
magistrados.
27 Fernando Dejar sin efectos el Indicó que, es discente aprobado del
Xamir auto cuestionado y IX curso de formación judicial inicial.
Ramírez que la decisión de Señaló que la decisión cuestionada
Rojas reemplazo pondere vulneró los derechos de las personas
los intereses en que ya superaron la fase III y en esa
cuestión, entre ellos, medida, debieron ser vinculados
los derechos de los dentro del trámite judicial. Manifestó
discentes aprobados que la decisión censurada vulneró sus
derechos fundamentales.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
y el patrimonio
público.
29 Fernando Dejar sin efectos el Señaló que es discente aprobado del
Abel Fuentes auto cuestionado y IX curso de formación judicial.
Cortes que la decisión de Sostiene que la decisión cuestionada
reemplazo pondere excedió las competencias del juez
los intereses en administrativo en sede de medidas
cuestión, entre ellos, cautelares. Acompaña la intervención
los derechos de los suscrita por la directora de la Escuela
discentes aprobados Judicial.
y el patrimonio
público.
30 Jhonatan dejar sin efectos el Indicó que es discente aprobado del IX
Catellanos auto atacado y en su curso de formación judicial. Argumentó
Ortiz lugar ordenar se dicte que la providencia atacada incurrió en
nueva providencia defecto sustantivo por no aplicar las
que pondere el normas de la ley 1437 de 2011,
derecho de la señora respecto al decreto de medidas
Romero, frente al cautelares. Señaló que las
interés general, pretensiones de la demanda y la
revisando el efecto en petición de medida cautelar no se
el patrimonio público y relacionan. Adicionó que la decisión no
amparando los satisfizo el 3 requisito para la adopción
derechos de los 2.800 de medidas cautelares previsto en el
discentes que hoy artículo 231.
solicitamos se respete
el cronograma del Afirmó: “Frente a este requisito, invito
concurso de méritos al Honorable Juez de Tutela que
intente evidenciar en las páginas 8, 9 y
10 del auto donde se ocupa del caso
concreto en qué lugar el TNS dio
cumplimiento al artículo 231 del
CPACA. Brilla por su ausencia
mención, análisis o siquiera intento de
justificar este requisito, lo que
nuevamente es un claro y manifiesto
defecto sustantivo que hace
procedente la tutela presentada que en
este momento coadyuvo.”
31 y Lorena Solicitó que se Se identificó como participante activa
33 35 Rebeca amparen los derechos dentro de la convocatoria 27 y aprobó
Lepesqueur de “quienes hemos el curso de formación judicial. Sostuvo
Martínez superado todas las que los efectos de la decisión es
etapas del curso” y se suspender la conformación de los
aclaren los efectos de registros de elegibles.
la medida cautelar.
32 Richard Solicitaron que se Indicaron que, dentro del proceso de
Ordóñez conceda el amparo nulidad y restablecimiento del derecho
López solicitado por la que llevó a la decisión cuestionada
señora Paola integró inadecuadamente el
José Miguel Alexandra Dávila contradictorio, pues los dicentes del IX
Páez Torres y se deje sin curso de formación judicial debieron
efectos la providencia ser parte. En su criterio era
Carlos del 17 de julio de 2025 indispensable la vinculación al proceso
Eduardo del Tribunal de todos los terceros con interés
Salinas Administrativo de directo, especialmente los
Alvarado Norte de Santander concursantes activos que continúan
avanzando conforme al cronograma
Laura vigente.
Patricia
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Rueda
Valencia
Diana
Carolina
López
Ramírez
Manuel
Antonio
Hernández
Barbosa
Lizardo
Moreno
Cardoso
Jonathan
Castellanos
Ortiz
Jair Montaño
Portocarrero
Simón Alexis
castillejo
Galvis
Nataly
Hernández
Hernández
Karine Stella
Beltrán
Agámez
Jairo Enrique
Suárez
Durango
Daniel
Eduardo
Romero
Vitola
Rina Marcela
Álvarez
Martínez
Lina María
Herazo
Olivero
Juan Alfonso
Villanueva
Cabas
Luis Felipe
Bitar Calle
40
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Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Javier Darío
León Rosso
Paula Andrea
Arango
Quintero
Alfonso
Segundo
Fernández
Polo
María del
pilar
González
González
Pili Natalia
Salazar
Salazar
Diana
Carolina
Ascanio
Cassab
Loraine
Reyes
Guerrero
Oscar
Eduardo
Rojas Rincón
Jonhatan
Rey Ramos
López
Hazel Yleana
Borja
Morales
Cesar
Augusto
Daza Camelo
Carlos Mario
Regino
Martínez
34 y Eduardo Se deje sin efectos el Se identificó como concursante activo
52 Gabriel auto atacado y en su de la convocatoria 27 con prueba de
Osorio lugar ordenar se dicte conocimiento, verificación de
Sánchez nueva providencia requisitos, y curso de formación
que pondere el aprobado. Sostuvo que la decisión del
derecho de la señora Tribunal Administrativo de Norte de
Romero, frente al Santander es desproporcionada y
interés general, contraria a derecho. Sostuvo que la
revisando el efecto en acción de tutela satisface los requisitos
el patrimonio público y de procedencia formal y de fondo, por
amparando los incurrir en un defecto sustantivo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
derechos de los 2800 Sostuvo que se incumplió el tercer
discentes. requisito del artículo 231 de la ley 1437
de 2011.
36 Gilberto No realizó petición Se identificó como concursante activo
Alarcón concreta. de la convocatoria 27 con prueba de
Fajardo conocimiento, verificación de
requisitos, y curso de formación
aprobado. Sostuvo que la decisión del
Tribunal Administrativo de Norte de
Santander es desproporcionada y
contraria a derecho. Sostuvo que la
acción de tutela satisface los requisitos
de procedencia formal y de fondo, por
incurrir en un defecto sustantivo.
Sostuvo que se incumplió el tercer
requisito del artículo 231 de la ley 1437
de 2011
38 Daniel Dejar sin efecto el Se identificó como discente aprobado
Carrillo Corzo auto atacado y del IX curso de formación judicial.
ordenar proferir una Sostuvo que se profirió en contra del
nueva decisión que precedente del Consejo de Estado.
siga el precedente del
Consejo de Estado.
En subsidio se
pondere con todo rigor
el derecho de la
señora Romero frente
al interés general, el
patrimonio público y
los derechos de los
1800 discentes.
40 Laura Ester Se deje sin efectos el Se identificó como concursante activo
Murcia auto atacado y en su de la convocatoria 27 con prueba de
Jaramillo lugar ordenar se dicte conocimiento, verificación de
nueva providencia requisitos, y curso de formación
que pondere el aprobado. Sostuvo que la decisión del
derecho de la señora Tribunal Administrativo de Norte de
Romero, frente al Santander es desproporcionada y
interés general, contraria a derecho. Sostuvo que la
revisando el efecto en acción de tutela satisface los requisitos
el patrimonio público y de procedencia formal y de fondo, por
amparando los incurrir en un defecto sustantivo.
derechos de los 2800 Sostuvo que se incumplió el tercer
discentes. requisito del artículo 231 de la ley 1437
de 2011.
41 Camilo Dejar sin efectos el Se identificó como concursante activo
Giraldo R. auto atacado y si es de la convocatoria 27 con prueba de
del caso, ordenando conocimiento, verificación de
que se dicte una requisitos, y curso de formación
nueva medida aprobado. Sostuvo que la decisión del
cautelar que pondere Tribunal Administrativo de Norte de
el derecho de la Santander es desproporcionada y
señora Romero, pero contraria a derecho. Sostuvo que la
sin afectar el interés acción de tutela satisface los requisitos
general, el patrimonio de procedencia formal y de fondo, por
público y amparando incurrir en un defecto sustantivo.
los derechos de los Sostuvo que se incumplió el tercer
2.800 discentes que requisito del artículo 231 de la ley 1437
hoy solicitamos se de 2011.
respete el
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Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
cronograma del
concurso de méritos.
42 Hernán Darío Se amparen los Se identificó como concursante activo
Quiroz derechos de la de la convocatoria 27 con prueba de
Andrade tutelante y se deje sin conocimiento, verificación de
efectos la providencia requisitos, y curso de formación
del 17 de julio de aprobado.
2025.
La decisión cuestionada trasgrede los
derechos fundamentales de los demás
discentes. Sostuvo que la decisión
atacada no realizó un adecuado
ejercicio de ponderación e implica
modificar el calendario de la
convocatoria 27.
43 Nick Ronnie Ampara los derechos Se identificó como concursante activo
Barbosa fundamentales de la de la convocatoria 27 con prueba de
Gómez tutelante y dejar sin conocimiento, verificación de
efecto el auto requisitos, y curso de formación
atacado. aprobado.
Se “adhirió” a los argumentos
expuestos por la accionante “limitando
su intervención a reforzar la solicitud
de amparo”. Señaló que se produjo un
defecto sustantivo por inadecuada
aplicación de los requisitos de las
medidas cautelares.
44 Yeison de Dejar sin efectos el Se identificó como concursante activo
Jesús Viloria auto atacado y en su de la convocatoria 27 con prueba de
Aguas lugar ordenar se dicte conocimiento, verificación de
nueva providencia requisitos, y curso de formación
que pondere el aprobado.
derecho de la señora
Romero, frente al Sostuvo que la decisión del Tribunal
interés general, Administrativo de Norte de Santander
revisando el efecto en es desproporcionada y contraria a
el patrimonio público y derecho. Sostuvo que la acción de
amparando los tutela satisface los requisitos de
derechos de los 2.800 procedencia formal y de fondo, por
discentes que hoy incurrir en un defecto sustantivo.
solicitamos se respete Sostuvo que se incumplió el tercer
el cronograma del requisito del artículo 231 de la ley 1437
concurso de méritos de 2011.
45 María del se conceda el amparo Se identificó como concursante activo
Pilar solicitado por la de la convocatoria 27 con prueba de
González señora Paola conocimiento, verificación de
González Alexandra Dávila requisitos, y curso de formación
Torres y se deje sin aprobado.
efectos la providencia
del 17 de julio de 2025 Sostuvo que la decisión del Tribunal
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Administrativo de es desproporcionada y contraria a
Norte de Santander derecho. Sostuvo que la acción de
tutela satisface los requisitos de
procedencia formal y de fondo, por
incurrir en un defecto sustantivo.
Sostuvo que se incumplió el tercer
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
requisito del artículo 231 de la ley 1437
de 2011
46 Camilo Se identificó como concursante activo
Andrés Dejar sin efectos el de la convocatoria 27 con prueba de
Romero León auto atacado y en su conocimiento, verificación de
lugar ordenar se dicte requisitos, y curso de formación
nueva providencia aprobado.
que pondere el
derecho de la señora Sostuvo que la acción de tutela es
Romero, frente al formal y materialmente procedente. Se
interés general, configuró el defecto sustantivo, pues
revisando el efecto en no se ponderó los intereses de los
el patrimonio público y discentes del curso de formación
amparando los judicial.
derechos de los 2.800
discentes que hoy
solicitamos se respete
el cronograma del
concurso de méritos
47 Oscar Se identificó como concursante activo
Eduardo Dejar sin efectos el de la convocatoria 27 con prueba de
Estrada auto atacado y en su conocimiento, verificación de
López lugar ordenar se dicte requisitos, y curso de formación
nueva providencia aprobado.
que pondere el
derecho de la señora Sostuvo que la acción de tutela es
Romero, frente al formal y materialmente procedente. Se
interés general, configuró el defecto sustantivo, pues
revisando el efecto en no se ponderó los intereses de los
el patrimonio público y discentes del curso de formación
amparando los judicial.
derechos de los 2.800
discentes que hoy
solicitamos se respete
el cronograma del
concurso de méritos
48 José Luis Se solicita considerar Se identificó como concursante activo
Avella MODULAR los de la convocatoria 27 con prueba de
Chaparro efectos de la medida conocimiento, verificación de
cautelar atacada, requisitos, y curso de formación
restringiendo los aprobado.
mismos
exclusivamente a la Recordó el precedente constitucional
especialidad en la que respecto a los límites del legislador
se encuentra inscrita para establecer beneficios en favor de
la accionante del personas especificas en el marco de
medio de control concursos públicos.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
54001-33-33-009-
2023-00371-01. Con Recordó precedente interamericano
ello, se permitiría que respecto al derecho humano de
las otras acceso a cargos públicos a través de
especialidades concurso públicos de méritos.
continúen con
normalidad el proceso
hacia la expedición de
listas de elegibles y se
resguarde el interés
general con la
posesión de los
ganadores en dichas
especialidades
49 Cristina Se ampare el derecho Se identificaron como concursantes
Espinosa de la tutelante, se deje activos de la convocatoria 27 con
Salinas sin efecto la decisión prueba de conocimiento, verificación
cuestionada y se de requisitos, y curso de formación
Víctor Julián ordene continuar con aprobado.
Arcila de los el cronograma de la
Ríos. convocatoria 27.
Sostuvo que la decisión del Tribunal
Mariana Administrativo de Norte de Santander
Tapias es desproporcionada y contraria a
Londoño derecho. Sostuvo que la acción de
tutela satisface los requisitos de
procedencia formal y de fondo, por
incurrir en un defecto sustantivo. Adujo
que se incumplió el tercer requisito del
artículo 231 de la ley 1437 de 2011
53 Leonardo Por las razones Se identificó como concursante activo
Castro expuestas me sumo a de la convocatoria 27 con prueba de
Manrique las pretensiones conocimiento, verificación de
esbozadas por la aquí requisitos, y curso de formación
accionante, y solicito, aprobado.
como petición
especial, me sean Concuerdo en que la providencia del
extendidos los efectos Tribunal Administrativo de Norte de
del eventual fallo Santander afecta mis derechos
favorable que se fundamentales al acceso a la carrera
llegué a dictar. judicial, al mérito, al debido proceso y
a la confianza legitima, pues la orden
judicial impide el avance del proceso
de publicación de los resultados finales
del curso concurso.
56 Maryuri Dejar sin efectos el Se identificaron como concursantes
Yanett Ortiz auto atacado y en su activos de la convocatoria 27 con
Valderrama y lugar ordenar se dicte prueba de conocimiento, verificación
Aurelio López nueva providencia de requisitos, y curso de formación
Dueñas que pondere el aprobado.
derecho de la señora
Romero, frente al Reiteraron que la acción de tutela
interés general, satisface los requisitos de procedencia
revisando el efecto en formal y material, pues no se aplicaron
el patrimonio público y los criterios legales para la adopción
amparando los de las medidas cautelares.
derechos de los 2.800
discentes que hoy
solicitamos se respete
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
el cronograma del
concurso de méritos
61 Viviana Amparar los derechos Se identificaron como concursantes
Castillo fundamentales activos de la convocatoria 27 con
Garrido vulnerados, dejar sin prueba de conocimiento, verificación
efecto la medida de requisitos, y curso de formación
Ángelo David cautelar decretada, aprobado.
Pabón ordenando en su lugar
Camero se dicte nueva Sostuvieron que la decisión judicial
providencia previa atacada vulneró el derecho al debido
Harold Rene adecuación del proceso y a la igualdad de los
Gamba mecanismo (medida discentes, pues con la conclusión de
Hurtado cautelar ordinaria), formación judicial da un derecho
con traslado a las concreto a ser parte de una lista de la
Lucy Nataly entidades cual se nombraran a los funcionarios
Girón demandadas, y previa judiciales.
Unigarro vinculación de los
terceros que pueden Indicó que el Tribunal debió vincular a
Daileth Sofia verse afectados, en los terceros afectados.
Arévalo particular a los más de
Medina 1.800 discentes que Reiteraron que la acción de tutela
hoy solicitamos se satisface los requisitos de procedencia
Edgard Polo respete el formal y material, pues no se aplicaron
Quintana cronograma del los criterios legales para la adopción
concurso de méritos de las medidas cautelares.
Diana del
Pilar Medina
Jaime Andrés
Vásquez
Mesa
Édison Raúl
Martínez
Arias
Andrea
Medina
Rodríguez
Natalia
Andrea
Ramírez
Montes
Maryuri
Ramírez
Galeano
Leidys Liliana
Espinosa
Juan David
Garzón
Muñoz
Diana
Maritza
Garzón
Noguera
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Maryuri
Yanett Ortiz
Valderrama
Deisy Johana
Castañeda
Vargas
María Isabel
Rodríguez
Arias
José Luis
Solarte
Ruano
Oscar
Eduardo
Estrada
López
Jaime Andrés
Castillo
Arboleda
62 Judy Rossini Revocar, o en su Se identificaron como concursantes
Trujillo defecto modular, la activos de la convocatoria 27 con
Navarro medida cautelar prueba de conocimiento, verificación
adoptada por el de requisitos, y curso de formación
Ninfa María Tribunal aprobado.
Guzmán Administrativo de
Moscote Norte de Santander, Sostienen que la decisión incurrió en
precisando que bajo defecto sustantivo y no tuvo en cuenta
Rocío Cecilia ninguna circunstancia el interés general ni la provisionalidad
Castillo puede suspenderse la que existe en la rama judicial.
Mariño clasificación ni la
conformación de La decisión cuestionada puede
Judy Rossini registros de elegibles convertirse en un daño especial o en
Trujillo de quienes ya una pérdida de oportunidad, fuente de
Navarro aprobamos todas las responsabilidad extracontractual.
fases, vinculando a la
Ana María Unidad de Carrera En nuestro caso, no se trata de una
Botero para el efecto mera expectativa, sino de un derecho
Piñeros consolidado a pertenecer a una lista de
elegibles, pues hemos aprobado las
Paola Andrea fases eliminatorias, cumplido con los
Cadavid requisitos del curso y renunciado
Acevedo expresamente a recursos para
formalizar nuestras calificaciones
José Gabriel desde el 11 de agosto del presente
Zuleta de la año. Con ello, estamos habilitados
Espriella para la clasificación y la conformación
de lista de elegibles: derechos
Mario Alberto subjetivos que la medida cautelar ha
Delgado frustrado.
Peña
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Daniel Felipe
Díaz
Guevara
Julián Felipe
Gómez
Tabares
Andrés
Felipe Lenis
Carvajal
Marión de
Jesús Gaviria
Díaz
Valentina
Hernández
Tabares
Carlos
Humberto
Vergara
Agudelo
Liany Yetzira
Hernández
Granados
César Andrés
Tirado Pertuz
Oscar Iván
Marín Cano.
63 Constanza amparar los derechos Se identificaron como concursantes
Toro Gómez fundamentales activos de la convocatoria 27 con
y Adriana vulnerados, revocar la prueba de conocimiento, verificación
Lucia medida cautelar de requisitos, y curso de formación
González decretada, ordenando aprobado.
Díaz. en su lugar se dicte
nueva providencia Reiteraron que la acción de tutela
previa adecuación del satisface los requisitos de procedencia
mecanismo (medida formal y material, pues no se aplicaron
cautelar ordinaria), los criterios legales para la adopción
con traslado a las de las medidas cautelares.
entidades
demandadas, y previa
vinculación de los
terceros que pueden
verse afectados, en
particular a los más de
1.800 discentes que
hoy solicitamos se
respete el
cronograma del
concurso de méritos
65 Diana Dejar sin efecto el Se identificó como concursante activa
Carolina auto atacado y de la convocatoria 27 con prueba de
Jiménez ordenar una nueva conocimiento, verificación de
Vesga decisión que haga una
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
correcta ponderación requisitos, y curso de formación
de todos los intereses. aprobado.
Sostuvo que la decisión del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
es desproporcionada y contraria a
derecho. Sostuvo que la acción de
tutela satisface los requisitos de
procedencia formal y de fondo, por
incurrir en un defecto sustantivo. Adujo
que se incumplió el tercer requisito del
artículo 231 de la ley 1437 de 2011
66 Daileth Sofia Dejar sin efectos el Se identificó como discente aprobada
Arévalo auto atacado y en su de la Convocatoria 27, Aprobó la fase
Medina lugar ordenar se dicte III de la convocatoria, es decir, el IX de
una nueva decisión curso de formación judicial.
que pondere los
derechos dela señora Sostiene que la acción de tutela es
Romero, frente al procedente formal y materialmente.
interés general Afirmó que, el auto cuestionado
revisando el efecto incurrió en el defecto alegado pues se
sobre el patrimonio profirió sin garantizar los requisitos del
público y amparando artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.
los derechos de los Puntualmente indica que no se realizo
2800 discentes el juicio de ponderación de intereses.
67 Fernando Conceder el amparo Coadyuvo los argumentos de otros
Ballesteros solicitado y ordenar al intervinientes, y sostuvo que, se
Peñaranda Tribunal a la emisión requiere brindar seguridad jurídica a la
de una nueva conclusión de la convocatoria 27.
providencia, en la
cual, de accederse a
la medida cautelar, se
adopten decisiones
que no afecten el
cronograma del
concurso de méritos.
68 Carlos Arturo Amparar los derechos Se identificó como participante del IX
Ortega invocados en la tutela curso de formación judicial. Aprobó las
Higuera y dejar sin efecto el dos etapas del mismo, y aspira a ser
auto cuestionado. nombrado como juez laboral.
Sostiene que la acción es formalmente
procedente, y señala que el tribunal
accionado se demoró dos años en
proferir la decisión que resolvió el
recurso de apelación y no realizó el
juicio de ponderación que exige el
artículo 231 Numeral 3 de la Ley 1437
de 2011.
69 Iván Ampara los derechos Se identificaron con discentes
Humberto fundamentales de los aprobados del IX curso de formación
Galvis suscritos y dejar sin judicial. Sostiene que la decisión
Macias efecto el auto atacado censurada tiene un efecto negativo en
las finanzas públicas e implica la
Carlos vulneración de las “expectativas
Andrés Rubio legitimas y firmes de los 1856
Falla discentes que si cumplieron con las
reglas de juego.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Nick Ronnie Al decretar la medida cautelar, el
Barbosa Tribuna puso en un lado de la balanza
Gómez la expectativa meramente especulativa
de una concursante que no superó una
Jaime Andrés fase eliminatoria, y en el otro, el interés
Bastidas público, la sostenibilidad discal del
Rosero Estado y los derechos de casi dos mil
ciudadanos.
Jillly Paola
Zarate Téllez
Sata Lizbeth
Garzón
Galvis
Lida
Fernanda
Estepa
Rodríguez
Julio César
Gordillo
Gómez
Angélica
Ángel
Ceballos
Fernando
Xamir
Ramírez
Rojas
David
Acevedo
Guitiérrez
Deissy
Yolanta
Gónzalez
Rojjas
Juan
Sebastián
Agudelo
Ochoa
Yeison de
Jesús Viloria
Aguas
Greis Ester
Romero
Romerin
Barros
Ellen Marcela
Fuentes
Feria
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Edna Patricia
Cuellar Silva
Vivian
Andrea Toro
Rodríguez
Diana Lorena
Verz Ramírez
María Isabel
Rodríguez
Arias
Ana María
Iglesias
Navas
Oscar
Alejandro
Luna Cabrera
Marvin
Leonard
López
Casalinsa
Jerónimo
Buitrago
Cárdenas
Carmen
Lucila
Romero
Rodríguez
David
Esteban ayer
Aristizábal
Carlos
Francisco
Díaz
Guerrero
Rafael
Eduardo
Castro Páez
Laura
Alejandra
Castellar
Almonacid
Jesisson
Jamith Neira
Valbuena
Lina
Mercedes
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
Cuellar
Flórez
José
Leonardo
Guio Espitia
Jorge Alfredo
Rada Vives
Tatiana
Ocampo
Noreña
María José
Tapias
Torres.
71 Luis No realizó petición. Se identificó como discente aprobado
Alejandro del IX curso de formación judicial.
Barreto Aspira a ejercer el cargo de Juez Penal
Moreno del Circuito.
Sostiene que la medida cautelar
decretada no aplicó correctamente la
exigencia de apariencia de buen
derecho y que la decisión dilatará aun
más la convocatoria 27.
73 Angela María Dejar sin efectos el Se identificó como discente aprobada
Chacón auto atacado y que la de la convocatoria 27 y del IX curso de
Penagos providencia de formación judicial.
reemplazo pondere
adecuadamente todos Sostiene que la decisión no realizó el
los intereses en juicio de ponderación que exige el
tensión. numeral 3 del artículo 231 de la ley
1437 de 2011.
74 Dayan Yisel Amparar los derechos Se presentó como concursante activa
Paredes invocados y revocar la de la convocatoria 27 de la rama
Caicedo medida cautelar. judicial y aspira al cargo de jueza
promiscua municipal.
Sostiene que la acción de tutela es
formal y materialmente procedente y
que la medida cautelar decretada por
el Tribunal no tuvo en cuenta los
intereses legítimos de los discentes del
IX curso de formación judicial.
76 Juan Dejar sin efectos el Manifestó que es discente el IX curso
Sebastián auto atacado y que la de formación judicial inicial y aspira a
Serna providencia de ejercer el cargo de juez penal del
Cardona reemplazo pondere circuito.
adecuadamente todos
los intereses en Sostiene que la acción de tutela es
tensión. formal y materialmente procedente y
que la medida cautelar decretada por
el Tribunal no tuvo en cuenta los
intereses legítimos de los discentes del
IX curso de formación judicial.
77 Kevin Andrés Se conceda el amparo Manifestó que es discente el IX curso
Serrano a los derechos de formación judicial inicial.
Burgos fundamentales
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
invocados por la
accionante y en Sostuvo que el auto atacado es nulo
consecuencia dejar pues se debieron vincular a los
sin efecto el auto terceros interesados al proceso de
censurado. nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, adujo que la medida cautelar
decretada por el Tribunal fue ilegal y
desproporcionada.
78 Adolfo Amparar los derechos Se identificó como participante de la
Toscano de la señora Paola convocatoria 27 con curso de
Hernández Alexandra y dejar sin formación homologado. Sostuvo que la
efectos la medida medida cautelar decretada por el
cautelar discutida. tribunal también afecta a los aspirantes
a quienes se les homologó el curso de
formación judicial. Sostuvo que la
acción de tutela satisface los requisitos
de procedencia formal y material.
Afirmó que el Tribunal no realizó el
juicio de proporcionalidad previsto en
el numeral 3 del artículo 231 de la ley
1437 de 2011.
82 y Laura Esther Se identificó como discente aprobada
83 Murcia del IX curso de formación judicial.
Jaramillo Solicitó acceso al expediente samai
como parte vinculada.
84 Jessica Solicitó que se deje Se identificó como concursante
Katerin sin efecto la aprobada de la convocatoria 27 de la
Pacheco providencia Rama judicial.
Pacheco cuestionada y se
profiera una de Adujo que la acción de tutela es formal
reemplazó que si y materialmente procedente, y el
aplique las tribunal accionado incurrió en el
previsiones legales. defecto sustantivo
88 Néstor Raúl Tutelar los derechos participante del IX curso de formación
Urrea de los participantes de judicial inicial.
Ricaurte la Convocatoria 27 -
discentes del IX Curso
Afirmó que el hecho de acceder a la
de Formación Judicial
medida cautelar solicitada por Diana
y “la suscrita” (sic)
Marcela Romero Alcantar no habría
resultado gravoso para los
Dejar sin efecto el concursantes, si la misma se hubiere
auto cuestionado y decretado en tiempo y de la manera en
ordenar que se la que fuere solicitada por la aspirante.
profiera uno de
reemplazo. Añadió que también hubiere resultado
procedente decretar la medida cuando
el Señor Magistrado sustanciador
conoció de la apelación del auto que
negó la medida cautelar, esto es, en la
fecha 15 de noviembre de 2023,
cuando aún hubiese sido procedente
decretar la misma, comoquiera que no
se había dado inicio al “Proceso
Formativo Subfase General” del IX
Curso de Formación, que comenzó el
3 de diciembre de 2023. Esto, de la
manera en que fuere solicitada la
cautela, como medida anticipatoria,
antes de haber iniciado el curso
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04815-00
Accionante: Paola Alexandra Dávila Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Primera Instancia de acción de tutela
concurso, se insiste, no ahora, cuando
ya terminó
92 Manuel Tutelar los derechos Se identificó como concursante en la
Alejandro de la actora, y dejar Convocatoria 27 para proveer cargos
Bastidas sin efecto el acto de funcionarios de la rama judicial.
Patiño cuestionado. De Coadyuvó las reprensiones de la
manera subsidiaria tutelante, y reiteró las razones por las
solicitó que se cuales la acción de tutela de la
modifique el auto para referencia es formalmente procedente.
que el mismo no altere Argumentó que la decisión de 17 de
el avance de la julio de 2025 incurrió en el defecto
conclusión de la procedimental absoluto pues “excedió
convocatoria 27. las competencias del juez
administrativo en materia de medidas
cautelares”. Incurrió en el defecto
fáctico pues ignoró que Diana Marcela
Romero obtuvo un puntaje inferior al
mínimo necesario para ingresar en el
IX curso de formación. La providencia
también adolece del defecto sustantivo
dado que, se realizó una interpretación
contraria al principio del mérito al
privilegia el interés particular.
Finalmente aduce que se incurrió en
los defectos de desconocimiento del
precedente, puntualmente, la T-682 de
2012, en la que, la Corte indicó que las
etapas de los concursos de méritos
son preclusivas, y la violación directa a
la constitución pues el auto censurado
conculca el artículo 13, 40.7, 125 y 209
referidos al acceso a cargos públicos
en condiciones de igualdad.
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