Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05414-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05414-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05414-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05414-00 (8528)
Accionante: Viviana Castillo Garrido y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: auto que decreta como medida cautelar la
inscripción de participante en el concurso de la Convocatoria 27. Subtema 3:
legitimación en la causa por activa. Subtema 4: defecto sustantivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por la señora Viviana Castillo y otros, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Viviana Castillo Garrido, Richard Ordoñez López, Simón Castillejo Galvis,
Jonathan Castellanos Ortiz, Diana López Ramírez, Lina María Herazo Olivero, Manuel
Antonio Hernández Barbosa, Daniel Guillermo Carrillo Corzo, Laura Patricia Rueda
Valencia, Luis Alfredo Oviedo Lozano, Carlos Mario Regino Martínez, Hugo Riaño
Puello, Jaime Vega García, Luis Felipe Bitar Calle, Nataly Hernández Hernández, José
Miguel Páez Meza, Karine Stella Beltrán Agamez, Carlos Eduardo Salinas Alvarado,
Martha Liliana Manrique Ruiz, Hazel Yleana Borja Morales, Maritza Tapias Londoño y
Daniel Eduardo Romero Vitola presentaron acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso y desempeño
de cargos públicos, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander con ocasión del auto del 10 de abril de 2025 emitido dentro del
proceso con radicado núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05414-00 (8528)
Accionante: Viviana Castillo Garrido y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, con la pretensión de que se dejaran sin
efecto las resoluciones CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y CJR23-0037 del
16 de enero de 2023 y, en consecuencia, que se ordenara la recalificación de la prueba
de aptitudes que realizó dentro del concurso de méritos de la Convocatoria 27.
3. Como medida cautelar, pidió que se ordenara a la Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, se le permitiera realizar la inscripción en el IX Curso de Formación Judicial; y,
subsidiariamente, que se suspendiera de manera inmediata el concurso.
4. El asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta,
autoridad que, en autos del 111 y 122 de octubre de 2023, respectivamente, negó la
solicitud de medida cautelar y admitió la demanda. En contra de la primera decisión la
demandante presentó recurso de apelación.
5. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió
auto el 10 de abril de 20253 en el que revocó la providencia del 11 de octubre de 2023
y ordenó, como medida cautelar, que se permitiera la inscripción y participación de
Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar en el IX Curso de Formación Judicial y se le garantizara
un término de estudio en igualdad de condiciones que a los discentes que ya surtieron
las distintas etapas del concurso4.
1 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-00, índice 7, certificado 9E3FA4DA1E90C5CD
C2A05A88C95BFCF7 576E0B58251C4D75 C8364AC45B9D65D1.
2 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-00, índice 6, certificado B6702B260689FD6D
AE865D25C5BDB6C0 87F091D0A5C6F8FE 669225359CE8E637.
3 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01, índice 5, certificado D8B6F11F0E94BFB0
19A950096502EE0B D19639D5C86E15EE 6F45B7E996F5D477.
4 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió, en el auto del 2 de mayo de 2025, lo siguiente:
«PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada en el auto de fecha once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023),
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, para en su lugar DECRETAR la medida
cautelar solicitada por la señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar, consistente en ordenar a la Nación – Rama Judicial
– Dirección de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, permitir al
prenombrada la inscripción y participación del IX Curso de Formación Judicial de que trata el Acuerdo No.
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.
Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado curso de formación y garantizarle
un término de estudio en igualdad de condiciones de los discentes que ya surtieron las etapas del curso de
formación y de quienes actualmente se encuentran cursando la subfase especializada, en caso de que la
demandante supere la subfase general.
Asimismo, se deberá generar un cronograma a la actora que le permita llegar en igualdad de condiciones en caso
de superar todas y cada una de las etapas del IX Curso de Formación Judicial, para la fecha en que se conforme
el registro de elegibles, garantizando en todo caso, los plazos necesarios para realizar los estudios, conforme se
expuso en el párrafo anterior».
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6. Los señores Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Nataly Hernández Hernández,
Jonathan Castellanos Ortiz, Johanna Andrea Parra Bedoya, William Alexander Silva,
Laura Marcela Forero Forero, José Miguel Páez Meza, Diana Carolina Ascanio
Cassab, Fabián Fernando Micán Naranjo, Richard Ordoñez López, Simón Castillejo
Galvis, Carlos Andrés Zuleta Villamil, Daniel Guillermo Carrillo Corzo, Esteban
Hernández Martínez, Carlos Fernando Bohórquez Rangel, Oscar Eduardo Rojas
Rincón, Juan Alfonso Villanueva Cabas, Felipe David González Palma, Leidy Paola
Chinchilla Silva, Diana Carolina López Ramírez, John Fredy Soto Duque, Francisco
Elías Sinisterra Landazuri, y el señor William Efraín Castellanos Borda solicitaron la
aclaración del anterior auto.
7. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander emitió auto el
2 de mayo de 20255, en el que rechazó la referida solicitud de aclaración por falta de
legitimación, y aclaró, de oficio, el auto del 10 de abril de 2025 en el sentido de que la
participación de la señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar estaba condicionada a que
superara las fases del concurso. Al respecto, indicó lo siguiente:
Con fundamento en lo que antecede, y teniendo en cuenta que, el medio de control del
asunto es de nulidad y restablecimiento del derecho, la legitimación en la causa por
activa se encuentra consagrada en el artículo 138 del C.P.A.C.A, disposición que
autoriza a «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica (...)» a formular dicho medio de control. Así pues, al señalar el artículo
285 de la Ley 1564 de 2012 que la legitimación para presentar las solicitudes de
aclaración de las providencias la tienen las partes, en el presente caso, la demandante
y las entidades demandadas, es dable inferir que quienes presentaron la solicitud que
nos ocupa no ostentan la calidad de parte dentro del presente asunto pues hasta el
momento no han sido reconocidos como terceros con interés directo8, conforme lo
verificado en el expediente digital de primera instancia en el aplicativo web SAMAI, por
lo que no es posible dar curso a su petición.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Tutelar los derechos carrera administrativa y el mérito en la Rama Judicial, a la
seguridad jurídica, debido proceso, confianza legítima y acceso a un cargo público de los
participantes de la Convocatoria 27 - discentes del IX Curso de Formación Judicial y la
suscrita.
2. Anular el auto del 10 de abril de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander en el proceso con radicado 54-001-33-33-007-2023-00424-01, medio de
control nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Jenniffer Zuleima Ramírez
Bitar y demandado Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por contrariar los derechos carrera administrativa y el mérito en la Rama Judicial,
a la seguridad jurídica, debido proceso, confianza legítima y acceso a un cargo público,
de los participantes de la Convocatoria 27.
5 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01, índice 11, certificado 7A580DC5EF1A56AC
36439C6BC55C4F5C FA98E443967C2D27 B391B3D842695AD6.
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3. De forma subsidiaria, ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander rehacer
la actuación y, luego de ello y al amparo de una motivación suficiente, proferir nuevo auto
cautelar que no implique la paralización de la Convocatoria 27, en particular la publicación
oportuna de los registros de elegibles para los discentes que hemos superado con éxito
cada etapa eliminatoria del concurso y cuyos efectos se delimiten única y exclusivamente
la señora Ramírez Bitar y su particular situación.
9. Como fundamento de sus pretensiones, los accionantes expusieron que son
discentes del IX Curso de Formación Judicial que superaron las fases eliminatorias y
que el 11 de agosto de 2025 se publicaron las calificaciones finales de los
participantes.
10. Alegaron que la providencia objeto de tutela impuso un trato preferente e
injustificado a quien no acreditó el puntaje mínimo exigido en el examen de admisión
y, además, alteró el curso natural de todo el proceso modificando las condiciones
iniciales.
11. Afirmaron que el auto también incurrió en defecto sustantivo, porque se dictó de
manera irregular, al no atender los criterios mínimos de procedibilidad fijados para
decretar medidas cautelares. Agregó que, inclusive, en la demanda del medio de
control, la demandante no peticionó que se parara el concurso, sino que se le
permitiera continuar con las etapas restantes y eventualmente se dispusiera su
incorporación en el registro de elegibles.
12. En ese sentido, consideró que el tribunal accionado pasó por alto el hecho de que
la jurisdicción contencioso-administrativa es rogada y, por lo tanto, no se puede fallar
más allá de lo medido.
13. Finalmente, expuso que la decisión cuestionada también adolece de una
irregularidad procesal, al privilegiar la mera expectativa del derecho de Jenniffer
Zuleima Ramírez Bitar y por cuanto no vinculó al trámite ordinario a los más de 1800
discentes que superaron íntegramente las fases del concurso.
2.3. Trámite procesal
14. El proceso fue repartido a la Sección Primera del Consejo de Estado, que, por auto
del 5 de septiembre de 2025, la admitió; vinculó como terceros con interés, a la señora
Jennifer Zuleima Ramírez Bitar, a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al Juzgado
Séptimo Administrativo de Cúcuta, y a las demás personas que hacen parte del
proceso de selección dentro del concurso de méritos adelantado en virtud de la
Convocatoria 27.
15. Mediante auto del 23 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado remitió el expediente al despacho ponente de esta Subsección, toda vez que
consideró que los hechos y las pretensiones que fundamentaron el escrito de amparo
coincidían con el asunto discutido en el trámite constitucional con radicado núm.
11001-03-15-000-2025-05192-00.
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16.El despacho ponente, mediante auto del 15 de octubre de 2025, avocó
conocimiento de la presente acción de tutela6.
2.4. Intervenciones
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7 pidió que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se ordenara su
desvinculación. Lo anterior, por cuanto no era la competente para administrar la
carrera judicial, como sí lo era la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial.
18. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla8 argumentó que el auto objeto de reparos
no expuso razones jurídicas suficientes que justificaran la adopción de la medida
cautelar decretada, pues la demandante del proceso ordinario se limitó a aducir que
buscaba evitar la vulneración de sus derechos, pero no probó la configuración de un
perjuicio irremediable. Agregó que la decisión judicial controvertida fue adoptada sin
considerar sus consecuencias, toda vez que incide de manera directa y sustancial en
el avance del concurso y genera gastos adicionales.
19. La Unidad de Administración de Carrera Judicial9 pidió su desvinculación del
trámite constitucional porque no vulneró derechos fundamentales y no está en su
competencia resolver la situación particular del accionante.
20. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander10 reiteró los argumentos
contenidos en el auto del 10 de abril de 2025 y consideró que la medida decretada fue
el resultado de un análisis jurídico y del material probatorio aportado al expediente
ordinario, con la acreditación de los requisitos para su procedencia. En particular,
advirtió que el concurso tenía previsto finalizar en diciembre del 2025, es decir, antes
de que se profiera sentencia, lo cual cobra especial relevancia al tener en cuenta que
bastaría con que hayan sido calificadas 2 preguntas del examen para que la
demandante lograra el requisito de obtener un puntaje mínimo de 800.
21. El señor Carlos Arturo Ortega Higuera11 si bien no expresó coadyuvar la parte
tutelante, formuló las mismas pretensiones del escrito de amparo de tutela con
similares argumentos.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 4, certificado A87AE4D58F462D0B
4595B692E85F1477 8A5A90EDEED0AAC7 6196CF09FB666071.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 11, certificado 2CB3A995161264F3
E9E61162D8401D2B 3C4392D1CF60A3DB 1AD2822FD10D9AA4.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 15, certificado 7C28142F10088F39
C5D3D4ACE72762B1 B99638AD2E12FADD 33F24CF74B6DD2D3.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 17, certificado 2D09600C358E9E22
3FB96D67919FC08F 41DFD448DB70D743 9E1ED1EF5E1ACD77.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 20, certificado 3AA6A5AD6666A560
0E6E74D702BF2489 1FE010A2F81DF2B2 54113E5F96CDBA70.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 22, certificado 68360865DC3C18FE
D387CF4D05B3D7AD CFB69F71E5305EC1 A43E38305DE0FD8D.
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22. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Norte de
Santander12 contestó que no ha vulnerado derechos fundamentales de los actores y
que los intereses de estos no se verían afectados si prosperan las pretensiones de la
señora Jennifer Zuleima Ramírez Bitar. Indicó que los jueces tienen independencia en
sus actuaciones y, por lo tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva.
23. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta remitió el expediente digital del
proceso ordinario.
24. Mediante memorial del 22 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó que se
tuviera en cuenta como precedente jurisprudencial el contenido en la sentencia del 15
de septiembre de 2025, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado13.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Viviana Castillo Garrido y otros
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
3.2. Legitimación en la causa por activa
26. La legitimación por activa en este trámite constitucional tiene fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los
particulares, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en
nombre propio14.
27. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que
la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por la
persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo cual se
debe presentar el respectivo poder15. En lo que respecta a la legitimación por activa
en tutelas contra providencias judiciales, la Corte Constitucional indicó en la sentencia
SU-329 de 2024 para unificar su postura en asuntos electorales, la siguiente
consideración general:
[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto quiere
decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio que
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05414-00, índice 24, certificado 842CEC142634ED4D
72836A3434CE7751 0DB0AA131A0B394D 222C791E1EDB04A8.
13 Proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-04815-00.
14 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad.
15 Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
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debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en principio, una
providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto
implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente proceso
judicial, o aquellos que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron, estarían
legitimados para reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de
una decisión judicial.
28. En otra oportunidad, el alto tribunal constitucional expuso en una acción de tutela
interpuesta contra providencia judicial dictada en un trámite de habeas corpus:
El accionante no es titular del derecho fundamental al debido proceso en el marco de la
acción de habeas corpus sub examine. El accionante pretende el amparo del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de la decisión que concedió la libertad del
procesado. La Sala observa que en el asunto sub judice se presenta una ausencia de
vulneración del mencionado derecho y, por lo tanto, el accionante carece de legitimación
en la causa por activa. Lo anterior, por cuanto el accionante no hace parte de la relación
jurídico-procesal que se constituyó con ocasión del trámite de la acción de habeas
corpus referida y, por tanto, no es titular del debido proceso en dicho trámite. Además,
tal como se explicó en el párr. 15, el mencionado proceso no es de carácter adversarial
y, por ende, la única relación relevante dentro de esta actuación es la que se consolida
entre el juez y la persona privada de la libertad. En esa medida, en el caso concreto, no
resulta admisible invocar la supuesta afectación del derecho fundamental al debido
proceso de una persona que, en estricto sentido, no hizo parte del mencionado
proceso. Por contera, el accionante carece de legitimación en la causa por activa, en
tanto no es titular del derecho al debido proceso cuya protección solicita mediante esta
tutela16.
29. Esta Sala coincide con las anteriores consideraciones, en cuanto a que, en
principio, los legitimados para presentar una tutela contra una providencia judicial son
las personas que fungieron como partes o terceros dentro del proceso ordinario en el
que se emitió dicha decisión judicial y que son titulares de los derechos fundamentales
invocados como vulnerados.
30. En el asunto bajo estudio, los señores Viviana Castillo Garrido, Richard Ordoñez
López, Simón Castillejo Galvis, Jonathan Castellanos Ortiz, Diana López Ramírez,
Lina María Herazo Olivero, Manuel Antonio Hernández Barbosa, Daniel Guillermo
Carrillo Corzo, Laura Patricia Rueda Valencia, Luis Alfredo Oviedo Lozano, Carlos
Mario Regino Martínez, Hugo Riaño Puello, Jaime Vega García, Luis Felipe Bitar Calle,
Nataly Hernández Hernández, José Miguel Páez Meza, Karine Stella Beltrán Agamez,
Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Martha Liliana Manrique Ruiz, Hazel Yleana Borja
Morales, Maritza Tapias Londoño y Daniel Eduardo Romero Vitola contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, pues consideraron que vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso y desempeño de cargos públicos con el
auto del 10 de abril de 2025, emitidos dentro del proceso con radicado núm. 54001-
33-33-007-2023-00424-01.
31. Ahora bien, en el referido proceso, fungen como demandante la señora Jeniffer
Zuleima Ramírez Bitar y como demandadas la Nación, Rama Judicial, Dirección
16 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2019.
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Ejecutiva de Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial.
32. En efecto, al examinar el contenido del expediente del proceso ordinario, no se
observa que los señores señores Viviana Castillo Garrido, Richard Ordoñez López,
Simón Castillejo Galvis, Jonathan Castellanos Ortiz, Diana López Ramírez, Lina María
Herazo Olivero, Manuel Antonio Hernández Barbosa, Daniel Guillermo Carrillo Corzo,
Laura Patricia Rueda Valencia, Luis Alfredo Oviedo Lozano, Carlos Mario Regino
Martínez, Hugo Riaño Puello, Jaime Vega García, Luis Felipe Bitar Calle, Nataly
Hernández Hernández, José Miguel Páez Meza, Karine Stella Beltrán Agamez, Carlos
Eduardo Salinas Alvarado, Martha Liliana Manrique Ruiz, Hazel Yleana Borja Morales,
Maritza Tapias Londoño y Daniel Eduardo Romero Vitola hayan solicitado su
vinculación a la actuación judicial y, actualmente, no han sido reconocidos como
terceros interesados.
33. En ese orden, esta Subsección encuentra que los accionantes no son titulares de
los derechos fundamentales que, eventualmente, podría vulnerar el auto del 10 de abril
de 2025, puesto que no son sujetos procesales dentro de la causa de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01, de
manera que no tiene legitimación en la causa por activa para iniciar la presente acción
de tutela.
34. Aunado a lo anterior, se debe mencionar que, entre otras personas, los señores
Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Nataly Hernández Hernández, Jonathan
Castellanos Ortiz, José Miguel Páez Meza, Richard Ordoñez López, Simón Castillejo
Galvis, Daniel Guillermo Carrillo Corzo pidieron aclaración del auto del 10 de abril de
2025 que decretó la medida cautelar y que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en auto del 2 de mayo siguiente, rechazó la referida petición porque los
solicitantes no tenían legitimación en la causa por activa al no ser demandantes o
demandados en el proceso ordinario, providencia última que no fue objeto de reparos
en el escrito de amparo, en el cual se dirigieron las pretensiones expresamente a que
se anulara la decisión que decretó la medida cautelar.
35. Así pues, llama la atención de la Sala que la solicitud de aclaración del auto del
10 de abril de 2025 fue presentada por algunos discentes que participaron en el curso
de formación judicial y no por la entidad demandada, es decir, la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial o incluso por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, quienes tienen a cargo el cumplimiento a la orden judicial en atención a las
funciones legales y reglamentarias de orden presupuestal y administrativas que les
correspondía en el asunto
36. Lo anterior, tiene relevancia porque los efectos y alcances de la medida cautelar
que se cuestiona en esta solicitud de amparo debieron ser advertidos y prevenidos,
precisamente, por la entidad demandada en el proceso ordinario, comoquiera que es
la autoridad que está obligada a atender la decisión judicial. No obstante, al examinar
las actuaciones surtidas al interior del expediente con radicado núm. 54001-33-33-007-
2023-00424-01 se observa que guardó silencio al respecto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05414-00 (8528)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
37. Dicho esto, la Sala no desconoce que el cumplimiento de la orden impartida en la
providencia que accedió a la medida cautelar podría llegar a afectar el cronograma del
concurso de la Convocatoria 27, lo que, a su vez, incide en todos los discentes que
han superado las distintas etapas del proceso de selección.
38. Al respecto, la Sala advierte que el interés que puedan llegar a tener los tutelantes
frente al auto del 10 de abril de 2025 como participantes del concurso, lo validaría para
solicitar dentro del proceso ordinario que sean tenidos como coadyuvantes de la parte
demandada, en los términos previstos en el artículo 224 de la Ley 1437 de 2011, y
para ejercer los actos procesales que le son permitidos en tal condición.
39. Así, resulta oportuno indicar que, de acuerdo con el artículo 235 ibidem, la medida
cautelar que haya sido decretada podrá ser «modificada o revocada en cualquier
estado del proceso, de oficio o a petición de parte», en los eventos en que el juez o
magistrado advierta que no se cumplieron con los «requisitos para su otorgamiento o
que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para
que se cumpla», eventos en los que no se requerirá la caución.
40. Ahora, de la revisión del expediente ordinario, se advierte que mediante auto del
16 de septiembre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta, entre otras
cosas: (i) aceptó la solicitud de vinculación de los señores Ninfa María Guzmán
Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María
Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid Acevedo, Mario Alberto Delgado Peña, Daniel
Felipe Diaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis Carva, Marión
de Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara
Agudelo, Liany Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Oscar Iván
Marín Cano, y (ii) vinculó al proceso, en calidad de terceros interesados, a la totalidad
de aspirantes inscritos en el cargo de juez de familia, dentro de la Convocatoria 27.
41. Posteriormente, ese despacho judicial repuso la anterior decisión por auto del 10
de octubre de 2025 en el sentido de no ordenar la vinculación de todos los aspirantes
a juez de familia «debido a que en el estado actual de la Convocatoria No. 27 para
proveer cargos de jueces y magistrados en la rama Judicial, dichos participantes ya no
tendrían un interés directo en las resultas de este proceso, debido a que ellos no
aprobaron las etapas del mismo, las cuales ya se encuentran superadas y solo se
encuentra pendiente la conformación de la lista de elegibles definitiva para su
provisión, por lo que seguir con el trámite de vinculación y notificación de los mismos,
generaría una dilatación injustificada al proceso».
42. Lo anterior reafirma los aquí demandantes carecen de legitimación en la causa por
activa en la presente acción constitucional.
43. Con todo, es importante aclarar que los efectos que pueda llegar a tener la
ejecución del auto del 10 de abril de 2025, más allá de extender la resolución de la
Convocatoria 27, no trae consigo una restricción o limitación del derecho al acceso a
cargos públicos y a la carrera administrativa, en virtud del mérito, por lo que no se
observa la existencia de una situación de gravedad y urgencia que constituya un
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05414-00 (8528)
Accionante: Viviana Castillo Garrido y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
perjuicio irremediable para la parte actora y que requiera la intervención inmediata del
juez de tutela.
44. Así pues, es claro que el posible interés para ejercer la acción constitucional que
le podía asistir los aquí accionantes dada su condición de discentes del IX curso de
formación judicial corresponde a una posibilidad de conformar una lista de elegibles,
por lo que no es evidente que su derecho al acceso a cargos públicos y menos su
derecho de carrea resulten amenazados o se haya cercenado con la providencia
objeto de tutela.
45. En consecuencia, además de que la parte actora no tiene legitimación en la causa
por activa para iniciar la presente acción de tutela, superar este presupuesto por el
interés que pudiera tener como discente del concurso y emitir una decisión de fondo,
implicaría suplantar los mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador
para controvertir el decreto de una medida cautelar.
4. CONCLUSIÓN
Por las razones contenidas en esta sentencia, se declarará improcedente la acción de
tutela que presentó la señora Viviana Casitillo Garrido y otros contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, toda vez que no está acreditada su legitimación
en la causa por activa.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por los
señores Viviana Castillo Garrido, Richard Ordoñez López, Simón Castillejo Galvis,
Jonathan Castellanos Ortiz, Diana López Ramírez, Lina María Herazo Olivero, Manuel
Antonio Hernández Barbosa, Daniel Guillermo Carrillo Corzo, Laura Patricia Rueda
Valencia, Luis Alfredo Oviedo Lozano, Carlos Mario Regino Martínez, Hugo Riaño
Puello, Jaime Vega García, Luis Felipe Bitar Calle, Nataly Hernández Hernández, José
Miguel Páez Meza, Karine Stella Beltrán Agamez, Carlos Eduardo Salinas Alvarado,
Martha Liliana Manrique Ruiz, Hazel Yleana Borja Morales, Maritza Tapias Londoño y
Daniel Eduardo Romero Vitola contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05414-00 (8528)
Accionante: Viviana Castillo Garrido y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
Con salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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