Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02185-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02185-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02185-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02185-00
Demandantes: Luis Carlos Daza López y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial. Convocatoria 27 de la Rama
Judicial. Subsidiariedad.
Decisión: Declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Luis Carlos Daza López y otros1
contra el Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta, el Tribunal Administrativo del
Magdalena y el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. Los actores presentaron acción de tutela con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la carrera
judicial por meritocracia; así como los principios de confianza legítima y buena fe.
En consecuencia, solicitaron dejar sin efectos las providencias emitidas el 7 de julio
de 2025 y el 6 de marzo de 2026 por el Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta y,
adicionalmente, el auto proferido el «10 de marzo de 2026» por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 47001-33-33-003-2025-00095-00/01, para, en su lugar,
ordenar a la primera autoridad mencionada resolver nuevamente y «en lo que en
derecho corresponda» la solicitud de medida cautelar formulada por Victoria Isabel
Martínez Cratz, previo traslado a todas las partes de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
1
Deissy Yolanda González Rojas, Andrés Felipe Sánchez Vega, Jaime Andrés Bastidas Rosero, José Luis Sánchez Rivera,
María Jimena Castro Acevedo, Lina Mercedes Cuéllar Flórez, Nick Ronnie Barbosa Gómez, Valentina del Pilar Zapata
Moreno, Juan Pablo Puentes Vargas, Carlos Francisco Díaz Guerrero, Johanna Andrea Enríquez Suárez, Óscar Alberto
Puerto Pinzón, Wilmer Alexander Rodríguez Sierra, Reynaldo López Rodríguez, Yeison de Jesús Viloria Aguas, Esneyder
Fenier Ossa Gamba, Julián Andrés Escobar Cano, Javier Andrés Corrales Manjarres, Óscar Alejandro Luna Cabrera, Andrea
Rivera Baleguera, Diana Marcela Navarro, Lida Fernanda Estepa Rodríguez, Alicia Margarita Graciano Riveros, Deisy Johana
Castañeda Vargas, Adriana Nataly Gómez Chicaiza, Fabio Gabriel Rosero García, Christian Miguel Villabona Romero, Laura
Alejandra Castellar Almonacid, César Andrés Guarnizo Mayor, Julio César Gordillo Gómez, Sara Lizeth Garzón Galvis, Greis
Esther Romerin Barros, Jair Fernely Puentes Gerena, Jaime Andrés Castillo Arboleda, Darío Fernando Andrade Sarasty,
Carlos Andrés Rubio Falla, Diana Lorena Vera Ramírez y Jilly Paola Zarate Tellez.
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Demandantes: Luis Carlos Daza López y otros
2. Adicionalmente, peticionó decretar la nulidad o dejar sin efectos la
Resolución No. CJR26-0125, expedida por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se incluyó
a la señora Martínez Cratz en la etapa clasificatoria.
3. En forma subsidiaria, requirió ordenar al Juzgado 3 Administrativo de Santa
Marta modular la medida cautelar para no afectar los derechos fundamentales de
quienes aprobaron todas las fases del concurso o curso de formación judicial de
forma regular, es decir, que «disponga que Victoria Isabel Martínez Cratz solo podrá
incluirse en el registro de elegibles hasta tanto cuente con sentencia favorable
ejecutoriada y si de ella se desprende que cumple los requisitos previamente
establecidos para ese efecto».
4. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, los accionantes
afirmaron que participaron en la Convocatoria 27, de conformidad con el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018 2, para la conformación de los correspondientes Registros
Nacionales de Elegibles en los cargos de juez civil municipal - juez de pequeñas
causas y competencia múltiple - juez civil municipal de ejecución de sentencias,
conforme las etapas previstas en el mismo.
5. Indicaron que, después de adelantar la etapa de selección y el curso
concurso o de formación judicial, el 22 de diciembre de 2025, la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla», expidió la Resolución No. EJR25-893, «por medio de la
cual se publicaron las notas definitivas del IX Curso de Formación Judicial Inicial»,
en la cual obtuvieron notas aprobatorias de las dos subfases eliminatorias.
6. Expusieron que, el 13 de enero de 2026, la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura profirió la Resolución No.
CJR26-0032, mediante la cual se publicaron los resultados de la etapa clasificatoria,
para los cargos en mención, encontrándose en firme las notas y actos
administrativos, los cuales concluían haber terminado y aprobado todas las fases
de selección. El 6 de marzo de 2026 la entidad precitada expidió la Resolución No.
PCSJSR26-052 a través de la cual conformó el Registro Nacional de Elegibles de
los cargos referidos, tras haber aprobado todas las etapas eliminatorias.
7. Señalaron que, el 12 de marzo de 2026, la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial publicó la Resolución CJR26-0125, en la que adicionó la Resolución
CJR26-0032 de 13 de enero de 2026, en el sentido de incluir a Victoria Isabel
Martínez Cratz en los resultados de la etapa clasificatoria, en cumplimiento de la
medida cautelar de urgencia decretada el 7 de julio de 2025 por el Juzgado 3
Administrativo de Santa Marta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho3 que la señora Martínez Cratz promovió en contra de la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial «Rodrigo Lara
2
Por medio del cual se adelantó el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial.
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Demandantes: Luis Carlos Daza López y otros
Bonilla» y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, en la que dispuso lo
siguiente:
«[…] consistente en ordenar a la RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA y la UNIÓN
TEMPORAL FORMACIÓN JUDICIAL 2019, permitir a la demandante la continuidad en
el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Juezas, Magistrados y
Magistradas de la República de Colombia”, sub-fase: especializada, y realice dentro
de un tiempo prudencial las evaluaciones programadas, así como su respectiva
calificación, antes del 08 de agosto de 2025 , de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva […]».
8. Adicionalmente, indicaron que la señora Martínez Cratz también fue incluida
en la etapa clasificatoria, con ocasión de la medida cautelar decretada, a pesar de
que el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 dispuso que
únicamente pueden acceder a la etapa clasificatoria quienes hayan superado
ambas subfases de la etapa de selección.
9. Manifestaron que, al consultar las plataformas de gestión judicial,
evidenciaron que el auto proferido el 7 de julio de 2025 por el despacho judicial
mencionado fue objeto de recurso de apelación. Por lo anterior, el «10 de marzo de
2026», el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión recurrida,
pretermitiendo las etapas correspondientes para que los afectados se pronunciaran
sobre la medida cautelar decretada y dejándola en firme. Decisión que tampoco les
fue notificada.
10. Igualmente, señalaron que, el 5 de marzo de 2026, el Juzgado 3
Administrativo de Santa Marta declaró en desacato al director de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, en relación con la medida cautelar decretada,
debido a que limitó a la señora Martínez Cratz a realizar los exámenes de la parte
especial del IX Curso de Formación Judicial, toda vez que los efectos de la sentencia
que llegue a dictarse se tornarían nugatorios en caso de no calificarse e incluírsele
en la etapa de conformación del Registro Nacional de Elegibles, dado que aquella
se encontraría en completa desventaja con los demás aspirantes por no ser parte
del registro, impidiéndole, en caso de que la sentencia sea favorable, escoger la
vacante que le corresponda de acuerdo con la posición que debería obtener en la
lista o incluso imposibilitando el cumplimiento del fallo por falta de disponibilidad de
vacantes.
11. Sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Magdalena conoce, en grado
jurisdiccional de consulta, la sanción impuesta en la anterior providencia; sin
embargo, dicho trámite incidental, a su juicio, no se ha tramitado en debida forma.
12. Como fundamentos de derecho, los accionantes afirmaron que el Juzgado
3 Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena
adelantaron el proceso sin la vinculación de los participantes al concurso y sin el
cumplimiento de los requisitos para el decreto de las medidas cautelares. Al
respecto, señalaron que el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, dispuso que el «juez
o magistrado ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr
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traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie
sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá
en forma independiente al de la contestación de la demanda».
13. Sin embargo, resaltaron que nunca se dio traslado de la solicitud de medida
cautelar, ni se notificó del proceso; y de pretenderse el decreto de la medida cautelar
al tenor del artículo 234 del CPACA, tampoco se expusieron las razones de urgencia
que hiciera imposible agotar el trámite previsto en el artículo 233 ejusdem.
14. Adicionalmente, sostuvieron que el Juzgado 3 Administrativo de Santa
Marta, al momento de resolver el incidente de desacato en la providencia del 5 de
marzo de 2026, le dio un alcance diferente a la medida cautelar que en su momento
decretó para que, la señora Martínez Cratz no solo adelantara la subfase general y
las evaluaciones, sino que además se le incluyera en la etapa clasificatoria y en la
lista de elegibles.
15. En ese sentido, consideraron que la anterior irregularidad configura un
defecto procedimental, al pretermitir las oportunidades procesales para que
pudieran intervenir en el proceso, ejercer las potestades otorgadas por el legislador
al regular el procedimiento, en particular, respecto a la medida cautelar decretada.
Igualmente, manifestaron que se estructuró un defecto sustantivo, puesto que se
dio una interpretación inadecuada de las normas, al emitirse una orden
«desbordada», consistente en incluir en el registro de elegibles a una persona que
no ha superado todas las etapas del concurso de méritos.
16. Para soportar lo anterior, invocaron la sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-04815-00, en la
que se determinó lo siguiente:
«[…] La Sala considera que la providencia impugnada incurre en defecto sustantivo, [toda
vez] que i) el tribunal tomó una decisión que desnaturalizó el carácter de “urgente” de la
medida cautelar solicitada, en tanto que la resolvió de manera definitiva 20 meses después
de que le fue repartida, por lo cual habría dejado de ser urgente; ii) no se observa que el
ad quem al momento de proferir su decisión haya consultado información concreta,
actualizada y precisa sobre el estado del IX curso de formación judicial; iii) el tribunal de
instancia dictó la medida sin ponderar los intereses que posiblemente estaban involucrados
en su decisión, en la medida que no estudió los eventuales efectos que su decisión
implicaba respecto de los derechos de los otros discentes que habían aprobado la prueba
de conocimiento, superado las fases generales y especializada, con sus respectivas
pruebas, ni muchos menos razonó sobre los efectos que acarrearía la introducción de una
nueva persona al curso de formación judicial y si, por cuenta de este hecho potencialmente,
se podía retardar o afectar el trámite de publicación de los resultados finales […]».
17. Igualmente, mencionaron las sentencias de la Corte Suprema de Justicia
STC 8488-2017, CSJ STC del 25 de marzo de 2010 y CSJ STC del 29 de agosto
de 2014, en las que se dispuso lo siguiente:
«[…] El acceso a los empleos públicos debe hacerse a través de un proceso de selección
que privilegie el mérito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se
realice una convocatoria pública, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el
concurso, con sujeción a la Constitución y a la ley. Es claro, entonces, que la convocatoria
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constituye el instrumento normativo, por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos
de todos los aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la inscripción,
quedan sujetos a las pautas establecidas en ella, so pena de que su alteración rompa ese
equilibrio, salvo que ésta sobrevenga por una decisión judicial legalmente ejecutoriada […]».
18. De otra parte, afirmaron que la acción de tutela resulta procedente, en tanto
la ejercieron como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el
cual, a su juicio, cumple con los requisitos de ser inminente y grave y de requerir
medidas urgentes e impostergables, al «pretenderse incluir en la lista de elegibles
a juez civil municipal - juez de pequeñas causas y competencia múltiple y juez civil
municipal de ejecución de sentencias a una persona que no aprobó todas las fases
del concurso de la Convocatoria 27; permitirle optar y ser nombrada en propiedad y
con derechos de carrera adquiridos como juez de este país».
Intervenciones4
19. El Tribunal Administrativo del Magdalena indicó que, al analizar el caso bajo
estudio, determinó que debía confirmar la medida cautelar decretada, debido a que
esta resultaba necesaria para proteger y garantizar provisionalmente los principios
que rigen los concursos de méritos y la efectividad de la sentencia; ya que, de
accederse a las pretensiones deprecadas por Victoria Isabel Martínez Cratz, esto
es, declararse la nulidad del acto que determinó que su puntaje en las pruebas de
conocimiento y de aptitudes, el cual fue de 790 puntos, implicaría que a la señora le
asistía el derecho de continuar en el concurso de méritos y, en consecuencia, el
deber de proseguir con la siguiente etapa del proceso meritocrático, mismo que,
para el momento en que se profiera la sentencia de primera instancia ya habría
culminado con la expedición de los registros de elegibles.
20. Por tanto, consideró que su decisión no vulneró los derechos fundamentales
que alude la parte actora, ya que la adoptó en plena observancia de las normas
aplicables al caso, de ahí que la presente solicitud de amparo obedezca en realidad
a la inconformidad del accionante con las decisiones proferidas por los jueces
naturales del proceso. En consecuencia, solicitó negar el amparo invocado.
21. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial (CARJUD) afirmó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la autoridad
llamada a dar cumplimiento a las pretensiones formuladas, puesto que no es la
entidad responsable de las actuaciones cuestionadas ni tiene competencia para
modificar o dejar sin efectos las providencias judiciales objeto de reproche, razón
por la cual solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.
22. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla afirmó que la solicitud de amparo
fue propuesta como un mecanismo idóneo y necesario para la protección inmediata
4
El 19 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta, del Tribunal
Administrativo del Magdalena y de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
vinculó a Victoria Isabel Martínez Cratz y los demás vinculados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 47001-33-33-003-2025-00095-00/01. Adicionalmente, negó la medida provisional solicitada, puesto que no se logró
evidencia, a primera vista, cuál sería el perjuicio cierto e inminente, por lo que resultaba necesario hacer la debida valoración
probatoria, una vez superados los requisitos generales de procedibilidad, para establecer si se presentó o no una vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora.
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de los derechos fundamentales de los accionantes, frente a una providencia judicial
que, en su criterio, desborda los límites de razonabilidad y proporcionalidad exigidos
por el orden constitucional, puesto que la decisión de incluir a la señora Victoria
Isabel Martínez Cratz en el IX Curso de Formación Judicial Inicial, pese a no haber
superado las fases eliminatorias del proceso de selección, genera un impacto
directo y negativo en los derechos fundamentales de los discentes que sí aprobaron
las fases I y II.
23. Además, resaltó que una incorporación extemporánea de una aspirante por
orden judicial implicaría una extensión injustificada del cronograma y un retraso en
la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles, con la consecuente
afectación al acceso oportuno a cargos públicos por parte de quienes cumplieron
íntegramente con los requisitos del concurso.
24. Victoria Isabel Martínez Cratz indicó que la acción de tutela no es
procedente, ya que es al juez del proceso ordinario al que le corresponde hacer un
estudio de fondo y particular del caso, para determinar la necesidad, pertinencia y
procedencia de las solicitudes que al interior del proceso se hagan. Agregó, que no
se probó la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
25. El Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta, luego de hacer un breve
recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
de los accionantes, por lo que solicitó negar el amparo invocado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
27. La Subsección aclara que no accederá a la solicitud de desvinculación
formulada por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, comoquiera que
aquella fue vinculada al presente trámite, debido a que contra esta se dirigió la
medida cautelar decretada y que hoy se discute en esta sede de amparo.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el de subsidiariedad, si el Juzgado
3 Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena
transgredieron los derechos fundamentales de los accionantes e incurrieron en las
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causales específicas de procedibilidad invocadas, con ocasión de los autos
expedidos el 7 de julio de 2025, el 6 y 10 de marzo de 2026.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no encontrarse
satisfecho el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con las razones que
pasan a exponerse:
30. Al revisar de forma detallada las actuaciones adelantadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que el 2 de julio de 2025 el
Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta admitió la demanda formulada por Victoria
Isabel Martínez Cratz en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» y la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019.
31. Asimismo, se aprecia que el 7 de julio de 2025, la autoridad judicial
mencionada decretó la medida cautelar formulada por la señora Martínez Cratz, en
los siguientes términos:
«[O]rdenar a la RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA y la UNIÓN TEMPORAL FORMACIÓN JUDICIAL
2019, permitir a la demandante la continuidad en el “IX Curso de Formación Judicial Inicial
para Jueces y Juezas, Magistrados y Magistradas de la República de Colombia”, sub-fase:
especializada, y realice dentro de un tiempo prudencial las evaluaciones programadas, así
como su respectiva calificación, antes del 08 de agosto de 2025, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva[…]».
32. Igualmente, se avizora que el 18 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo del Magdalena confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que la medida cautelar era necesaria para proteger y garantizar
provisionalmente los principios que rigen los concursos de méritos y la efectividad
de la sentencia; toda vez que, de accederse a las pretensiones formuladas por la
señora Victoria Isabel Martínez Cratz, implicaría que a aquella le asista el derecho
de continuar en el concurso de méritos y, en consecuencia, el deber de proseguir
con la siguiente etapa del proceso meritocrático, mismo que, para el momento en
que se profiera la sentencia de primera instancia, claramente ya habría culminado
con la expedición de los registros de elegibles.
33. Asimismo, se observa que el 5 de marzo de 2026, el Juzgado 3
Administrativo de Santa Marta declaró que la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial
desacató la medida de urgencia decretada y, en consecuencia, lo sancionó con 5
SMLMV, al estimar que aquella corporación se limitó a realizar a la incidentante los
exámenes de la parte especial del IX Curso de Formación Judicial, sin incluirla en
la etapa clasificatoria del concurso de méritos, para la evaluación de los
antecedentes de experiencia y formación profesional de los aspirantes, la
consolidación de los puntajes definitivos e inclusión dentro del acto administrativo
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que contiene los puntajes finales, así como la conformación del Registro Nacional
de Elegibles.
34. Precisó que lo anterior resultaba necesario porque la demandante estaría
en desventaja con los demás aspirantes a las vacantes por no ser parte del Registro
Nacional de Elegibles, impidiéndole, en caso de que la sentencia sea favorable,
escoger la vacante que le corresponda de acuerdo con la posición que debería
obtener en la lista de elegibles o incluso haciendo imposible el cumplimiento de la
sentencia por falta de disponibilidad de plazas para optar.
35. Adicionalmente, el 13 de marzo de 2026, el despacho judicial precitado,
aclaró la anterior providencia, en el sentido de excluir de la parte considerativa la
frase «la conformación del Registro Nacional de Elegibles», toda vez que esta no
fue decretada en la medida cautelar dictada el día 7 de julio de 2025. Finalmente,
se denota que el expediente ingresó al Tribunal Administrativo del Magdalena el 16
de marzo de 2026, para surtir el grado jurisdiccional de consulta, sin que se haya
emitido un pronunciamiento de fondo sobre el particular.
36. Ahora, se observa que los accionantes discuten que el Juzgado 3
Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, con
ocasión de la expedición de las providencias del 7 de julio de 2025 y 18 de febrero
de 2026, incurrieron en defecto procedimental, al haber pretermitido las
oportunidades procesales necesarias para que aquellos pudieran intervenir en el
respectivo medio de control, así como al decretar la medida cautelar sin el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, conforme a lo previsto en
los artículos 233 y 234 de la Ley 1437 de 2011. En particular, afirmaron que nunca
se dio traslado de la solicitud ni se les notificó del proceso; y que, de haberse
pretendido el decreto de la medida cautelar con fundamento en el artículo 234 del
CPACA, no se expusieron las razones de urgencia que hicieran imposible surtir el
trámite regulado en el artículo 233 ejusdem.
37. Así las cosas, de lo expuesto en precedencia, la Sala no observa que los
accionantes hubiesen acudido al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho para solicitar su vinculación, ni que hubieran puesto en conocimiento
de las autoridades judiciales accionadas la presunta irregularidad derivada de la
indebida notificación o de la falta de traslado de la solicitud de medida cautelar, a
través de los mecanismos procesales ordinarios previstos para tal fin.
38. Al respecto, se precisa que dichos instrumentos, como la solicitud de
vinculación como terceros con interés o la formulación de las causales de nulidad
previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
expresa del artículo 208 de la Ley 1437 de 2011, son los escenarios idóneos para
que el juez natural del proceso se pronuncie sobre las eventuales irregularidades
alegadas en esta sede.
39. Así las cosas, no es factible que el juez de tutela emita pronunciamiento
sobre aspectos propios de un proceso frente a los cuales el juez natural no ha tenido
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oportunidad de manifestarse, debido a que los solicitantes del amparo no han
puesto de presente los vicios que estima se presentan durante el trámite procesal.
Sobre el particular, debe reiterarse que la actuación de la autoridad judicial, en sede
de tutela, solo opera ante la omisión de la autoridad que conoce el proceso de
salvaguardar las garantías de las partes, quien, cabe resaltar, es el primer llamado
a proteger los derechos fundamentales.
40. En igual sentido, frente a los cuestionamientos formulados contra la
providencia proferida por el Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta en el marco
del incidente de desacato, resulta pertinente precisar que dicho trámite aún no ha
culminado, toda vez que se encuentra pendiente de decisión la consulta de la
sanción ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. En ese escenario procesal,
el superior funcional cuenta con la competencia para examinar integralmente la
actuación, incluyendo el alcance de la orden impartida en la medida cautelar y su
eventual desbordamiento, de manera que no resulta procedente emitir un
pronunciamiento de fondo cuando no se ha resuelto de forma definitiva el trámite
incidental.
41. Adicionalmente, la Sala no encuentra acreditada la inminencia de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela
como mecanismo transitorio, pues no se ha demostrado que la señora Victoria
Isabel Martínez Cratz se encuentre actualmente inscrita en la lista de elegibles, ni
que exista una situación consolidada que haga impostergable la intervención del
juez de tutela.
42. En esos términos, se declarará improcedente la acción de tutela por no
encontrarse satisfecha la exigencia de subsidiariedad ni haberse demostrado la
probable ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial (CARJUD).
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Luis
Carlos Daza López y otros en contra del Juzgado 3 Administrativo de Santa Marta,
del Tribunal Administrativo del Magdalena y del Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02185-00
Demandantes: Luis Carlos Daza López y otros
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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