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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05192-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05192-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Carlos Fernando Bohórquez Rangel. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05192-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05192-01
Demandante: Carlos Fernando Bohorquez Rangel
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Auto que decreta medida cautelar.
Concurso Convocatoria 27 – Rama Judicial.
Decisión: Confirma improcedencia.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante y algunos
coadyuvantes1 en contra de la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 21 de agosto de 2025, Carlos Fernando Bohórquez Rangel presentó
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
y los de todos los participantes del IX Curso de Formación Judicial al debido
proceso, igualdad y acceso a la carrera administrativa, así como los principios de
mérito, seguridad jurídica y confianza legítima. Como consecuencia de lo anterior,
solicitó dejar sin efectos el auto proferido el 10 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 54001-33-33-007-2023-00424-01; para que, en su lugar, se
confirmara la providencia expedida el 11 de octubre de 2023 por el Juzgado 7
Administrativo de Cúcuta, que negó la medida cautelar solicitada.

2. De forma subsidiaria, requirió ordenar a la corporación judicial mencionada
aclarar la decisión controvertida en el sentido de «precisar que la modificación al
cronograma de la Convocatoria 27 lo será únicamente respecto del cargo de juez
de familia al que aspira Jenniffer Zuleima Ramírez Bitar».

1
Ninfa María Guzmán Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María Botero Piñeros, Paola
Andrea Cadavid Acevedo, Mario Alberto Delgado Peña, Daniel Felipe Díaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés
Felipe Lenis Carvajal, Marión de Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liany
Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Óscar Iván Marín Cano.

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Demandante: Carlos Fernando Bohórquez Rangel

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y sus anexos, se observa que la señora Ramírez Bitar presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial, con la pretensión de que se dejara sin efecto
las Resoluciones CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y CJR23-0037 del 16
de enero de 2023 y, en consecuencia, que se ordenara la recalificación de la prueba
de aptitudes que realizó dentro del concurso de méritos de la Convocatoria 27.

4. Adicionalmente, como medida cautelar, solicitó que se ordenara a la
demandada que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se le
permitiera realizar la inscripción en el IX Curso de Formación Judicial; y,
subsidiariamente, que se suspendiera de manera inmediata el concurso.

5. El 11 de octubre de 2023, el Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta negó la
medida cautelar solicitada. Contra de esa decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación.

6. El 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
revocó el auto de primera instancia y, en su lugar, ordenó como medida provisional
que se permitiera la inscripción y participación de Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar en
el IX Curso de Formación Judicial y se le garantizara un término de estudio en
igualdad de condiciones que a los discentes que ya surtieron las distintas etapas
del concurso.

7. Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Nataly Hernández Hernández, Jonathan
Castellanos Ortiz, Johanna Andrea Parra Bedoya, William Alexander Silva, Laura
Marcela Forero Forero, José Miguel Páez Meza, Diana Carolina Ascanio Cassab,
Fabián Fernando Micán Naranjo, Richard Ordoñez López, Simón Castillejo Galvis,
Carlos Andrés Zuleta Villamil, Daniel Guillermo Carrillo Corzo, Esteban Hernández
Martínez, Carlos Fernando Bohórquez Rangel, Oscar Eduardo Rojas Rincón, Juan
Alfonso Villanueva Cabas, Felipe David González Palma, Leidy Paola Chinchilla
Silva, Diana Carolina López Ramírez, John Fredy Soto Duque, Francisco Elías
Sinisterra Landazuri y William Efraín Castellanos Borda solicitaron la aclaración del
anterior auto.

8. El 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
rechazó la referida solicitud de aclaración por falta de legitimación. Sin perjuicio de
lo anterior, aclaró de oficio el auto del 10 de abril de 2025, en el sentido de que la
participación de Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar estaba condicionada a que superara
las fases del concurso2.

2
«Con fundamento en lo que antecede, y teniendo en cuenta que, el medio de control del asunto es de nulidad y
restablecimiento del derecho, la legitimación en la causa por activa se encuentra consagrada en el artículo 138 del C.P.A.C.A,
disposición que autoriza a “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica
(...)” a formular dicho medio de control. Así pues, al señalar el artículo 285 de la Ley 1564 de 2012 que la legitimación para
presentar las solicitudes de aclaración de las providencias la tienen las partes, en el presente caso, la demandante y las
entidades demandadas, es dable inferir que quienes presentaron la solicitud que nos ocupa no ostentan la calidad de parte
dentro del presente asunto pues hasta el momento no han sido reconocidos como terceros con interés directo, conforme lo

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Demandante: Carlos Fernando Bohórquez Rangel

9. El accionante manifestó que es discente del IX Curso de Formación Judicial
como aspirante al cargo de juez promiscuo municipal y, el 11 de agosto de 2025, se
publicaron las calificaciones finales de los participantes

10. Como fundamentos de derecho, el accionante indicó que el auto del 10
de abril de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 229 de la Ley
1437 de 2011, puesto que en el auto cuestionado no realizó un análisis riguroso,
ponderado y suficiente de los presupuestos normativos exigidos para acceder a la
medida cautelar.

11. Alegó que la providencia referida fue emitida de forma «abstracta y sin
limitar su alcance», y que, en la medida en que no fue vinculado al proceso ordinario,
presentó junto con otros discentes solicitud de aclaración respecto de esa decisión.
Además, indicó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cumplimiento de la
orden del Tribunal accionado, estableció que la evaluación de los programas sería
realizada en abril de 2026, con lo cual modificó el cronograma del concurso sin
distinción de la especialidad o cargo.

12. Igualmente, sostuvo que la medida cautelar decretada resulta
«evidentemente desproporcionada», toda vez que suspender o alterar el
cronograma de un concurso de méritos en su etapa final, para permitir la
participación de una persona cuya situación jurídica es incierta y litigiosa, en su
criterio, genera una afectación grave e injustificada al interés general del concurso
y a los derechos de los demás participantes.

13. Además, señaló que la autoridad judicial no justificó de forma suficiente por
qué consideraba que el interés particular de la demandante debía primar sobre el
interés general y los derechos de los demás concursantes. La providencia carece
de un análisis sobre el impacto de la medida en terceros, lo que constituye una
omisión grave en el deber de motivación y refuerza la configuración del defecto
sustantivo.

Intervenciones3

14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que la decisión del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander no es arbitraria ni caprichosa, pues

verificado en el expediente digital de primera instancia en el aplicativo web SAMAI, por lo que no es posible dar curso a su
petición».
3
El 25 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (i) admitió la tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander; (ii) vinculó como terceros con interés, Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta, a Jennifer Zuleima Ramírez Bitar, a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a los
discentes del IX Curso de Formación Judicial; (iii) ordenó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial –
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla comunicar por el medio más expedito la existencia del presente trámite constitucional,
para que las personas que participaron en el «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades» de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial, hagan las
manifestaciones que consideren pertinentes; y (iv) negó la medida cautelar solicitada.

3
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se encuentra debidamente fundamente. Además, señaló que en todas las etapas
del proceso ordinario se respetaron las garantías fundamentales. En esa medida,
estimó que el accionante interpuso el presente mecanismo para revivir el debate
que ya se agotó con el fin de obtener una decisión diferente y que le sea favorable,
finalidad para la que no es procedente este medio de protección excepcional. Por
tanto, solicitó negar el amparo invocado.

15. Carlos Arturo Ortega Higuera si bien no expresó su intención de coadyuvar
la parte tutelante, formuló las mismas pretensiones del escrito de amparo de tutela
con similares argumentos.

16. Luis Alejandro Barreto Moreno y otros 4 manifestaron coadyuvar las
pretensiones de la acción de tutela, para lo cual afirmaron que la medida cautelar
decretada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander era
desproporcionada y contraria a derecho, por lo que vulneró sus derechos
fundamentales.

17. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Norte de
Santander indicó que no transgredió los derechos fundamentales del actor. Además,
señaló que las decisiones que adopten los jueces en sus providencias son ajenas a
la administración. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite,
ante la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

18. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial adujo que esa entidad
no quebrantó las garantías invocadas por el demandante, por cuanto no profirió la
providencia que se discute y carece de competencia para dejarla sin efectos. En
ese sentido, peticionó su desvinculación del trámite constitucional.

19. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla sostuvo que el auto objeto de
reparos no expuso razones jurídicas suficientes que justificaran la adopción de la
medida cautelar decretada, pues la demandante del proceso ordinario se limitó a
aducir que buscaba evitar la vulneración de sus derechos, pero no probó la
configuración de un perjuicio irremediable. Agregó que la decisión judicial
controvertida fue adoptada sin considerar sus consecuencias, toda vez que incide
de manera directa y sustancial en el avance del concurso y genera gastos
adicionales.

20. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander reiteró los argumentos
contenidos en el auto del 10 de abril de 2025 y consideró que la medida decretada

4
Juan Davis Restrepo Benjumea, Edward Fabían Latorre Osorio, Laura Esther Murcia Jaramillo, Camilo Andrés Romero
León, Juan Manuel Uribe Gaviria, Martha Lucía Fábregas Araujo, Jeannie Johanna Alfonso Torres, Paola Andrea Fonseca
Beltrán, Luz Angélica España Castillo, Ivonne Catalina Correa Sánchez, Jesús David Salazar Losada, Carlos Julio Villota
Insuasti, Inés Torres Reyes, Ingrid del Pilar Saavedra Rodríguez, Luz Andrea Leal Peralta, Miguel Ángel Torres Flórez, Álvaro
Andrés Páez Uribe, Diana Carolina Conde Castellanos, Juan Carlos Estrada Ortega, Alixbeth Briceño Romero, Nancy Marcela
Vela León, Juan Fernando Escobar Castaño, Marisol Rodríguez Marín, Liz Carolina Rojas Salgado, Ninfa María Guzmán
Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid
Acevedo, Mario Alberto Delgado Peña, Daniel Felipe Díaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis Carva,
Marión de Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liany Yetzira Hernández
Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Óscar Iván Marín Cano.

4
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Demandante: Carlos Fernando Bohórquez Rangel

fue el resultado de un análisis jurídico y del material probatorio aportado al
expediente ordinario, con la acreditación de los requisitos para su procedencia.

21. En particular, resaltó que el concurso tenía previsto finalizar en diciembre
del 2025, es decir, antes de que se profiera sentencia, lo cual cobra especial
relevancia al tener en cuenta que bastaría con que hayan sido calificadas 2
preguntas del examen para que la demandante lograra el requisito de obtener un
puntaje mínimo de 800. Así las cosas, solicitó negar las pretensiones formuladas
por la parte actora.

22. Jennifer Zuleima Ramírez Bitar, luego de realizar un recuento de las
actuaciones surtidas en el trámite ordinario, alegó que la tardanza en resolver de
manera definitiva su caso afecta los derechos de todos los participantes del
concurso. Añadió que la medida cautelar fue acertada. Por tanto, solicitó negar las
súplicas de la demanda de tutela.

23. Eduardo Gabriel Osorio Sánchez en su condición de concursante de la
Convocatoria 27, informó que, en Sentencia del 15 de septiembre de 2025 5 , la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en un caso de similares
condiciones fácticas y jurídicas al que hoy se analiza, amparó los derechos
fundamentales de los tutelantes, dejó sin efectos un auto que decretó medidas
cautelares y ordenó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander emitir una
nueva decisión.

Sentencia impugnada

24. El 15 de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que el
accionante no gozaba de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que en el
proceso ordinario figura como demandante Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar y como
demandadas la Nación – Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, de ahí que el actor no era el titular de los derechos fundamentales
que, eventualmente, podrían vulnerarse con el auto del 10 de abril de 2025, ya que
no es sujeto procesal dentro de la causa de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 54001-33-33-007-2023-00424-01.

25. Adicionalmente, aclaró que, si bien el cumplimiento de la medida cautelar
podía incidir en el cronograma del concurso de la Convocatoria 27 y afectar a
quienes habían superado sus etapas, el interés del accionante como participante
del concurso le permitía acudir al proceso ordinario para solicitar su reconocimiento
como coadyuvante de la parte demandada, conforme al artículo 224 de la Ley 1437
de 2011 y ejercer allí los actos procesales correspondientes.

5
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26. Aunado a ello, precisó que, de acuerdo con el artículo 235 del mismo
estatuto, la medida cautelar podía ser modificada o revocada en cualquier estado
del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando no se cumplieran los requisitos
para su otorgamiento o estos hubieran variado, sin que fuera necesaria caución.
Además, concluyó que además de la falta de legitimación en la causa por activa,
emitir un pronunciamiento de fondo implicaría sustituir los mecanismos judiciales
ordinarios previstos para controvertir la medida cautelar.

Impugnación

27. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, porque se
incurrió en un error sustancial al confundir la legitimación en la acción de tutela con
la calidad de parte dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirió la medida cautelar cuestionada.

28. Al respecto, aclaró que, aunque no fue parte en ese proceso, la providencia
atacada producía efectos que trascendían la relación inter-partes, pues la medida
cautelar ordenó la modificación del cronograma de la Convocatoria 27, afectando
directamente su situación jurídica como discente que aprobó las fases del IX Curso
de Formación Judicial.

29. Adicionalmente, indicó que la legitimación en sede de tutela se define por la
titularidad de derechos fundamentales presuntamente vulnerados y no por la
intervención previa en el proceso ordinario, de manera que exigirle haber sido parte
en dicho proceso constituía un criterio restrictivo no previsto en la normativa de
tutela y un formalismo contrario al carácter garantista de la acción constitucional.

30. Finalmente, sostuvo que existe una contradicción interna en el Consejo de
Estado, pues en una decisión proferida el 15 de septiembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera, dentro de un caso similar relacionado con la
misma convocatoria, se reconoció la legitimación por activa de una concursante que
tampoco había sido parte en el proceso ordinario, al considerar que la medida
cautelar afectaba directamente sus derechos al implicar la modificación del
cronograma y la dilación en el ingreso a la carrera judicial.

31. Por su parte, Ninfa María Guzmán Moscote y otros6 impugnaron la decisión
de primera instancia, comoquiera que la improcedencia se fundamentó en que el
accionante no hizo parte del proceso ordinario y, por tanto, no se acreditó uno de
los requisitos generales de procedencia.

6
Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid Acevedo,
Mario Alberto Delgado Peña, Daniel Felipe Díaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis Carvajal, Marión
de Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liany Yetzira Hernández Granados,
César Andrés Tirado Pertuz y Óscar Iván Marín Cano

6
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32. Sin embargo, manifestaron que la providencia impugnada omitió considerar
que ellos comparecieron como coadyuvantes y que sí eran parte dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se decretó la medida cautelar
que estimaron vulneradora de sus derechos fundamentales, pues desde el 16 de
septiembre de 2025 fueron reconocidos como terceros interesados por el Juzgado
7 Administrativo de Cúcuta.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

34. En atención a que el juez de primera instancia no se pronunció frente a las
solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Norte de Santander y la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, la Sala considera oportuno aclarar que no accederá a estas
peticiones, comoquiera que aquellas entidades fueron vinculadas al presente
trámite debido a que hacen parte del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que les asiste interés en la decisión que aquí se adopte.

Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la legitimación en la causa por
activa si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al expedir el auto del 10
de abril de 2023, incurrió en defecto sustantivo y, por ende, transgredió los derechos
fundamentales reclamados.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, por no haberse
satisfecho el requisito de legitimación activa en la causa, de acuerdo con las razones
que a continuación se exponen:

37. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la carrera administrativa, así como los
principios de mérito, seguridad jurídica y confianza legítima, tras considerar que el
auto del 10 de abril de 2025, emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que interpretó de manera
inadecuada el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, dado que no realizó un análisis

7
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riguroso, ponderado y suficiente de los presupuestos normativos exigidos para
acceder a la medida cautelar.

38. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto en la parte inicial de la presente
providencia, se observa que el auto discutido por el actor fue emitido en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-33-33-007-2023-00424-01,
promovido por Jenniffer Zuleima Ramírez Bitar en contra de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

39. En esa medida, se colige que Carlos Fernando Bohórquez Rangel no es el
titular de los derechos fundamentales que, eventualmente, podría vulnerar la
decisión del 10 de abril de 2025, ya que no es sujeto procesal dentro del medio de
control mencionado, de ahí que, como lo concluyó el juez de primera instancia, el
accionante no tiene legitimación en la causa por activa para iniciar la presente
acción de tutela.

40. Lo anterior, en razón a que la vulneración alegada necesariamente
presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí donde ha ocurrido la
transgresión, por causa o con motivo de la decisión judicial y, por ello, mal puede
una persona alegar que se conculcó su derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, cuando no participó dentro de este.

41. Cabe señalar que aunque, entre otras personas, el señor Bohórquez Rangel
solicitó aclaración del proveído que decretó la medida cautelar, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en auto del 2 de mayo de esa anualidad,
rechazó la referida petición porque los solicitantes no tenían legitimación en la causa
por activa al no ser demandantes o demandados en el proceso ordinario.

42. Ahora, si bien el cumplimiento de la orden impartida en la providencia que
accedió a la medida cautelar podría llegar, eventualmente, a afectar el cronograma
del concurso de la Convocatoria 27, lo que, a su vez, incide en todos los demás
participantes que han superado las distintas etapas del proceso de selección, lo
cierto es que el actor podría haber solicitado ser considerado como coadyuvante de
la parte demandada en el proceso ordinario, conforme al artículo 224 de la Ley 1437
de 2011, para ejercer los actos procesales que le son permitidos en tal condición.

43. Lo anterior cobra relevancia, si se tiene en cuenta que algunos de los aquí
coadyuvantes, al considerar que la decisión discutida podría incidir directamente en
sus derechos y expectativas dentro del concurso de méritos solicitaron su
vinculación al respectivo medio de control, por lo cual el 16 de septiembre de 2025
el Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta aceptó dicha solicitud, en calidad de terceros
interesados.

44. Por tanto, lo expuesto resulta suficiente para concluir que Carlos Fernando
Bohórquez Rangel carece de legitimación en la causa por activa para interponer la

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acción de la referencia, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera
instancia.

45. Ahora bien, se advierte que Ninfa María Guzmán Moscote, Rocío Cecilia
Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María Botero Piñeros, Paola
Andrea Cadavid Acevedo, Mario Alberto Delgado Peña, Daniel Felipe Díaz
Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis Carvajal, Marión de
Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara
Agudelo, Liany Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Óscar
Iván Marín Cano recurrieron la sentencia de primera instancia porque el juez omitió
pronunciarse sobre los reparos formulados por aquellos, a pesar de que a través
del auto del 16 de septiembre de 2025 fueron reconocidos como terceros
interesados por el Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta.

46. Al respecto, sobre la figura de la coadyuvancia en materia de tutelas, el
inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, prevé que «quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud»; y, en cuanto al alcance de la institución, la Corte Constitucional ha
sostenido que el coadyuvante «interviene en el proceso velando por sus intereses
legítimos pero en una posición subordinada a una de las partes principales a la que
ayuda de forma instrumental, adhiriéndose a sus pretensiones y sin poder actuar
con autonomía respecto de ella».7

47. En el presenten asunto, los mencionados coadyuvantes intervienen para
apoyar las pretensiones del accionante, quien no cumplió con uno de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela. En consecuencia, el despacho considera
que no procede pronunciarse sobre los argumentos expuestos por aquellos en sus
escritos, pues estos siguen la suerte de la solicitud principal, de manera que el
coadyuvante no puede asumir la posición del demandante y así superar las
exigencias generales de procedibilidad estudiadas en el presente trámite
constitucional, pues su participación debe estar acorde con las posiciones y
pretensiones presentadas por el accionante o el accionado.

48. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada por
Carlos Fernando Bohórquez Rangel.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

7
A700 de 2021.

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III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander y la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Carlos Fernando Bohórquez
Rangel.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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