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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05385-00

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05385-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el señor José Gabriel Zuleta de la Espriella contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 13 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495) Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05385-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: auto que decreta como medida cautelar la
inscripción de participante en el concurso de la Convocatoria 27. Subtema 3:
legitimación en la causa por activa. Subtema 4: defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor José Gabriel Zuleta de la Espriella, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Gabriel Zuleta de la Espriella presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a cargos públicos, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander con ocasión del auto del 10 de abril de 2025 emitido dentro del
proceso con radicado núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Rama Judicial,

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, con la pretensión de que se dejaran sin
efecto las resoluciones CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y CJR23-0037 del
16 de enero de 2023 y, en consecuencia, que se ordenara la recalificación de la prueba
de aptitudes que realizó dentro del concurso de méritos de la Convocatoria 27.

3. Como medida cautelar, pidió que se ordenara a la Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, se le permitiera realizar la inscripción en el IX Curso de Formación Judicial; y,
subsidiariamente, que se suspendiera de manera inmediata el concurso.

4. El asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta,
autoridad que, en autos del 111 y 12 2 de octubre de 2023, respectivamente, negó la
solicitud de medida cautelar y admitió la demanda. En contra de la primera decisión la
demandante presentó recurso de apelación.

5. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió
auto el 10 de abril de 20253 en el que revocó la providencia del 11 de octubre de 2023
y ordenó, como medida cautelar, que se permitiera la inscripción y participación de
Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar en el IX Curso de Formación Judicial y se le garantizara
un término de estudio en igualdad de condiciones que a los discentes que ya surtieron
las distintas etapas del concurso4.

6. Los señores Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Nataly Hernández Hernández,
Jonathan Castellanos Ortiz, Johanna Andrea Parra Bedoya, William Alexander Silva,
Laura Marcela Forero Forero, José Miguel Páez Meza, Diana Carolina Ascanio
Cassab, Fabián Fernando Micán Naranjo, Richard Ordoñez López, Simón Castillejo
Galvis, Carlos Andrés Zuleta Villamil, Daniel Guillermo Carrillo Corzo, Esteban
Hernández Martínez, Carlos Fernando Bohórquez Rangel, Oscar Eduardo Rojas
Rincón, Juan Alfonso Villanueva Cabas, Felipe David González Palma, Leidy Paola
Chinchilla Silva, Diana Carolina López Ramírez, John Fredy Soto Duque, Francisco
Elías Sinisterra Landazuri, y William Efraín Castellanos Borda solicitaron la aclaración
del anterior auto.

1 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-00, índice 7, certificado 9E3FA4DA1E90C5CD
C2A05A88C95BFCF7 576E0B58251C4D75 C8364AC45B9D65D1.
2 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-00, índice 6, certificado B6702B260689FD6D

AE865D25C5BDB6C0 87F091D0A5C6F8FE 669225359CE8E637.
3 Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01, índice 5, certificado D8B6F11F0E94BFB0

19A950096502EE0B D19639D5C86E15EE 6F45B7E996F5D477.
4 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió, en el auto del 2 de mayo de 2025, lo siguiente:

«PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada en el auto de fecha once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023),
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, para en su lugar DECRETAR la medida
cautelar solicitada por la señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar, consistente en ordenar a la Nación – Rama Judicial
– Dirección de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, permitir al
prenombrada la inscripción y participación del IX Curso de Formación Judicial de que trata el Acuerdo No.
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.
Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado curso de formación y garantizarle
un término de estudio en igualdad de condiciones de los discentes que ya surtieron las etapas del curso de
formación y de quienes actualmente se encuentran cursando la subfase especializada, en caso de que la
demandante supere la subfase general.
Asimismo, se deberá generar un cronograma a la actora que le permita llegar en igualdad de condiciones en caso
de superar todas y cada una de las etapas del IX Curso de Formación Judicial, para la fecha en que se conforme
el registro de elegibles, garantizando en todo caso, los plazos necesarios para realizar los estudios, conforme se
expuso en el párrafo anterior».

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

7. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander emitió auto el
2 de mayo de 20255, en el que rechazó la referida solicitud de aclaración por falta de
legitimación, y aclaró, de oficio, el auto del 10 de abril de 2025 en el sentido de que la
participación de la señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar estaba condicionada a que
superara las fases del concurso. Al respecto, indicó lo siguiente:

Con fundamento en lo que antecede, y teniendo en cuenta que, el medio de control del
asunto es de nulidad y restablecimiento del derecho, la legitimación en la causa por
activa se encuentra consagrada en el artículo 138 del C.P.A.C.A, disposición que
autoriza a «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica (...)» a formular dicho medio de control. Así pues, al señalar el artículo
285 de la Ley 1564 de 2012 que la legitimación para presentar las solicitudes de
aclaración de las providencias la tienen las partes, en el presente caso, la demandante
y las entidades demandadas, es dable inferir que quienes presentaron la solicitud que
nos ocupa no ostentan la calidad de parte dentro del presente asunto pues hasta el
momento no han sido reconocidos como terceros con interés directo8, conforme lo
verificado en el expediente digital de primera instancia en el aplicativo web SAMAI, por
lo que no es posible dar curso a su petición.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. El actor, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a cargos públicos con base en el mérito, y a la confianza legítima, vulnerados al
suscrito y demás participantes activos de la Convocatoria 27 - discentes aprobados del
IX Curso de Formación Judicial, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en
virtud de la providencia de fecha 10 de abril de 2025 que decretó una medida cautelar
dentro del proceso con radicado 54-001-33-33-007-2023-00424-01.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el auto adiado 10 de abril de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que decretó medida cautelar en favor de
la señora Jenniffer Zuleima Ramírez Bitar dentro del proceso con radicado 54-001-33-
33-007-2023- 00424-01.
TERCERA: De manera subsidiaria, en caso de no accederse a la pretensión principal,
solicito se ORDENE al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en un término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, MODULE y/o ACLARE la medida cautelar
decretada en el sentido de que sus efectos no impliquen la suspensión o retraso de la
conformación y publicación del registro de elegibles, ni de los subsiguientes
nombramientos y posesiones de quienes, como yo, superamos todas las etapas
eliminatorias de la Convocatoria 27.

9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante expuso que es discente del
IX Curso de Formación Judicial, en la especialidad de juez del circuito de familia, que
superó las fases eliminatorias y que el 11 de agosto de 2025 se publicaron las
calificaciones finales de los participantes.

5
Samai, expediente núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01, índice 11, certificado 7A580DC5EF1A56AC
36439C6BC55C4F5C FA98E443967C2D27 B391B3D842695AD6.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

10. Alegó que la providencia objeto de tutela impuso un trato preferente e injustificado
a quien no acreditó el puntaje mínimo exigido en el examen de admisión y, además,
alteró el curso natural de todo el proceso modificando las condiciones iniciales.

11. Afirmó que el auto también incurrió en defecto sustantivo, porque se dictó de
manera irregular, al no atender los criterios mínimos de procedibilidad fijados para
decretar medidas cautelares. Agregó que, inclusive, en la demanda del medio de
control, la demandante no peticionó que se parara el concurso, sino que se le
permitiera continuar con las etapas restantes y eventualmente se dispusiera su
incorporación en el registro de elegibles.

12. En ese sentido, consideró que el tribunal accionado pasó por alto el hecho de que
la jurisdicción contencioso-administrativa es rogada y, por lo tanto, no se puede fallar
más allá de lo medido.

13. Finalmente, expuso que la decisión cuestionada también adolece de una
irregularidad procesal, al privilegiar la mera expectativa del derecho de Jenniffer
Zuleima Ramírez Bitar y por cuanto no vinculó al trámite ordinario a los más de 1800
discentes que superaron íntegramente las fases del concurso.

2.3. Trámite procesal

14. El proceso fue repartido a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que, por auto del 2 de septiembre de 2025, la admitió; vinculó como terceros
con interés, a la señora Jennifer Zuleima Ramírez Bitar, a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al
Consejo Superior de la Judicatura a la Nación, a la Unión Temporal Formación Judicial
2019 y al Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta.

15. Mediante auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador de la
referida subsección aceptó las solicitudes de coadyuvancia propuestas por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y los señores Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez, Ninfa
María Guzmán Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro,
Ana María Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid Acevedo, Mario Alberto Delgado
Peña, Daniel Felipe Diaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis
Carvajal, Marión De Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos
Humberto Vergara Agudelo, Liany Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado
Pertuz y Oscar Iván Marín Cano.

16. Mediante auto del 20 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
Consejo de Estado remitió el expediente al despacho ponente de esta Subsección,
toda vez que consideró que los hechos y las pretensiones que fundamentaron el escrito
de amparo coincidían con el asunto discutido en el trámite constitucional con radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-05192-00.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

17.El despacho ponente, mediante auto del 20 de noviembre de 2025, avocó
conocimiento de la presente acción de tutela6.

2.4. Intervenciones

18. La Unidad de Administración de Carrera Judicial7 pidió su desvinculación del
trámite constitucional porque no vulneró derechos fundamentales y no está en su
competencia resolver la situación particular del accionante.

19. La Unión Temporal Formación Judicial 20198 indicó que su intervención se
circunscribía al ámbito técnico, académico y logístico de la ejecución del IX Curso de
Formación Inicial (CFJI). En ese sentido, informó que dio estricto cumplimiento a las
obligaciones contractuales, aplicando las evaluaciones en condiciones de igualdad y
transparencia, lo cual, adujo, ha permitido que más de 1.800 discentes culminen
satisfactoriamente las fases del curso. Además, solicitó la desvinculación del presente
trámite, porque, a su juicio, la materia objeto de análisis desbordaba su competencia.

20. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander9 reiteró los argumentos
contenidos en el auto del 10 de abril de 2025 y consideró que la medida decretada fue
el resultado de un análisis jurídico y del material probatorio aportado al expediente
ordinario, con la acreditación de los requisitos para su procedencia. En particular,
advirtió que el concurso tenía previsto finalizar en diciembre del 2025, es decir, antes
de que se profiera sentencia, lo cual cobra especial relevancia al tener en cuenta que
bastaría con que hayan sido calificadas 2 preguntas del examen para que la
demandante lograra el requisito de obtener un puntaje mínimo de 800.

21. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial10 pidió que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se ordenara su
desvinculación. Lo anterior, por cuanto no era la competente para administrar la
carrera judicial, como sí lo era la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial.

22. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla11 indicó que coadyuvaba la acción de
tutela, solicitaba que se ampararan los derechos fundamentales del accionante y que,
en consecuencia, se revocara la decisión contenida en el auto objeto de
cuestionamiento.

23. Para el efecto, hizo un recuento del avance y desarrollo de la convocatoria 27 para
proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial e indicó que, mediante resolución

6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 38, certificado 75D1474CF27705F0
A94B10D0A2C423AB 65F1DB905FBD204E E0F4662061A983BE.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 15, certificado 21094D6D501D32FB

B34C24A107551DE7 8E616378FB54F48D 6DCCE2FF055E31DD.
8
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 17, certificado 1396984915CD94E4
0CF4513B9BD2C152 A3F6F8B1E2A83A96 C4887D24DBEBA996.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 18, certificado 8E208631A6F271A4

BB45CAD62FF6E915 262D0300E464BB45 3F4A4E4A0977E857.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 19, certificado 4602EE9625AFA13C

F18CF57638BA90DC BD3EBC663312FE19 F051FC995B816240.
11
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 20 certificado 4602EE9625AFA13C
F18CF57638BA90DC BD3EBC663312FE19 F051FC995B816240

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

de 21 de junio de 2024, se publicaron los puntajes finales obtenidos por los discentes
en la evaluación de la subfase general del IX curso de formación judicial, en el que se
evidencia que solamente avanzaron los aspirantes que obtuvieron un puntaje final
igual o superior a 800.

24. De esta manera explicó que para aprobar la subfase general constituyó un
requisito indispensable para acceder a la etapa especializada, la cual se desarrolló
entre el 16 de noviembre de 2024 y el 22 de junio de 2025. Durante esta última, se
realizaron varias evaluaciones, dos escritas (16 de marzo y el 29 de junio de 2025), y
una presentación oral entre el 1 y 30 de julio de esta anualidad.

25. Sostuvo que el 8 de agosto de 2025, la Escuela Judicial publicó la resolución que
contenía las calificaciones definitivas del IX curso de formación judicial para aspirantes
a cargos de jueces y magistrados y que actualmente se está surtiendo el trámite de
interposición de recursos de reposición contra esa resolución. Precisó que la
publicación de las calificaciones finales está programada para el 22 de diciembre del
2025 y que el contrato que permitió la realización del curso de formación judicial finaliza
el 31 de diciembre siguiente.

26. Agregó que, en el proceso ordinario no se aportaron elementos probatorios que
demostraran la existencia de un perjuicio irremediable, ni se realizó un ejercicio de
ponderación de intereses que permitiera concluir que la no adopción de la medida
resultaría más gravosa para el interés público que su concesión. Al respecto, manifestó

[…] la decisión judicial fue adoptada sin considerar el impacto institucional y operativo que
su cumplimiento genera para la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la Convocatoria
No. 27 y los demás participantes del proceso de selección. La incorporación
extemporánea de un nuevo participante no solo altera el cronograma establecido, sino
que también afecta los principios de igualdad, transparencia y eficiencia que rigen los
concursos de méritos.

27. Expuso que la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander genera
un desgaste administrativo, logístico y presupuestal injustificado, que compromete la
planeación institucional y los recursos públicos asignados para el desarrollo del
programa, lo que afecta el interés general y los derechos de los demás concursantes
«quienes no fueron informados, ni vinculados al proceso judicial».

28. Por lo anterior, aseveró que la acción de tutela promovida es un mecanismo idóneo
y necesario para la protección de sus derechos fundamentales «por cuanto permite,
de manera subsidiaria el análisis de una decisión judicial que, por su contenido y
efectos, excede los límites de razonabilidad y proporcionalidad exigidos», pues no se
podía desconocer que el concurso terminó en la fecha establecida. De modo que una
«incorporación extemporánea de una aspirante por orden judicial conlleva la extensión
injustificada del cronograma, así como el retraso en la confirmación de los registros
nacionales de elegibles, afectando el acceso oportuno de los cargos públicos».

29. Añadió que la providencia cuestionada desconoció el precedente fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia T-682 de 2016, en el cual se precisó que la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

inclusión en la lista de elegibles constituye un único acto administrativo que otorga
derechos subjetivos y que la participación en las etapas previas del concurso no
genera prerrogativas exigibles.

30. Afirmó que la decisión judicial censurada implica un perjuicio irremediable para los
concursantes que se encuentran en una etapa avanzada del curso, en la medida de
que se alteran las condiciones bajo las cuales accedieron al mismo, sin siquiera haber
sido informados ni vinculados al proceso judicial que dio lugar a la mencionada medida
cautelar.

31. Además, indicó que el auto del 10 de abril de 2025 incidía de manera directa en el
avance del proceso, generando afectaciones tanto en el cronograma académico como
en la planeación administrativa y presupuestal.

32. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia12 se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela, con fundamento en que no vulneró los derechos
fundamentales del actor, en razón a que sus actuaciones de enmarcaron en los
acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura que rigen la convocatoria
y reglas del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

33. Mediante memorial del 22 de septiembre de 2025, el actor solicitó que se tuviera
en cuenta como precedente jurisprudencial el contenido en la sentencia del 15 de
septiembre de 2025, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado13.

2.5. Otras intervenciones

34. Los señores Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez, Ninfa María Guzmán Moscote,
Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María Botero Piñeros,
Paola Andrea Cadavid Acevedo, Mario Alberto Delgado Peña, Daniel Felipe Díaz
Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis Carvajal, Marión de Jesús
Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liany
Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Óscar Iván Marín Cano14,
presentaron memorial en el que se identificaron como discentes del IX curso de
formación judicial e intervinieron en el presente asunto para manifestar que
coadyuvaban los argumentos y pretensiones expuestos por el señor José Gabriel
Zuleta de la Espriella. Asimismo, solicitaron que se ampararan sus derechos
fundamentales, por haber superado todas las etapas del concurso.

35. Sostuvieron que de acuerdo con lo ordenado en el auto del 10 de abril de 2025,
no resultaba claro si implicaba la suspensión del proceso de la convocatoria de manera
indefinida hasta tanto se resolviera el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho o, si por el contrario, la medida cautelar tenía el propósito de que, ante una

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Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 22 certificado 34A8628E6F599481
316567C6DD35378D 48B5A43B5FB1DF96 B9ED17FA0972A90D
13 Proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-04815-00.
14
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 25, certificado C3AB2CF1C5CE2CA6
37800B7D6976C434 DE182FC66DC70841 0DFAA254C6CD5970.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

eventual decisión favorable dentro del proceso contencioso, «la demandante haya
agotado el curso de formación requerido para ingresar al registro de elegibles».

36.Además, solicitaron que se tuviera como precedente judicial, el fallo de tutela del
15 de septiembre de 2025, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

37. Finalmente, en memorial del 25 de noviembre de 202515, reiteraron la
coadyuvancia e informaron que mediante auto del 10 de octubre de 2025, fueron
vinculados por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con núm. 54001-33-33-007-2023-00424-
01.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor José Gabriel Zuleta de la Espriella
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

3.2. Legitimación en la causa por activa

39. La legitimación por activa en este trámite constitucional tiene fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los
particulares, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en
nombre propio16.

40. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que
la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por la
persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo cual se
debe presentar el respectivo poder17. En lo que respecta a la legitimación por activa
en tutelas contra providencias judiciales, la Corte Constitucional indicó en la sentencia
SU-329 de 2024 para unificar su postura en asuntos electorales, la siguiente
consideración general:

[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto quiere
decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio que

15
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05385-00, índice 44, certificado CCCCE792760A6A0B
2879650A05374FC7 2631B806B7125816 3EC2124300254FD4.
16 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad.
17
Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en principio, una
providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto
implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente proceso
judicial, o aquellos que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron, estarían
legitimados para reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de
una decisión judicial.

41. En otra oportunidad, el alto tribunal constitucional expuso en una acción de tutela
interpuesta contra providencia judicial dictada en un trámite de habeas corpus:

El accionante no es titular del derecho fundamental al debido proceso en el marco de la
acción de habeas corpus sub examine. El accionante pretende el amparo del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de la decisión que concedió la libertad del
procesado. La Sala observa que en el asunto sub judice se presenta una ausencia de
vulneración del mencionado derecho y, por lo tanto, el accionante carece de legitimación
en la causa por activa. Lo anterior, por cuanto el accionante no hace parte de la relación
jurídico-procesal que se constituyó con ocasión del trámite de la acción de habeas
corpus referida y, por tanto, no es titular del debido proceso en dicho trámite. Además,
tal como se explicó en el párr. 15, el mencionado proceso no es de carácter adversarial
y, por ende, la única relación relevante dentro de esta actuación es la que se consolida
entre el juez y la persona privada de la libertad. En esa medida, en el caso concreto, no
resulta admisible invocar la supuesta afectación del derecho fundamental al debido
proceso de una persona que, en estricto sentido, no hizo parte del mencionado
proceso. Por contera, el accionante carece de legitimación en la causa por activa, en
tanto no es titular del derecho al debido proceso cuya protección solicita mediante esta
tutela18.

42. Esta Sala coincide con las anteriores consideraciones, en cuanto a que, en
principio, los legitimados para presentar una tutela contra una providencia judicial son
las personas que fungieron como partes o terceros dentro del proceso ordinario en el
que se emitió dicha decisión judicial y que son titulares de los derechos fundamentales
invocados como vulnerados.

43. En el asunto bajo estudio, el señor José Gabriel Zuleta de la Espriella presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pues
consideró que vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a cargos públicos con el auto del 10 de abril de 2025, emitido dentro del
proceso con radicado núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01.

44. Ahora bien, en el referido proceso, fungen como demandante la señora Jeniffer
Zuleima Ramírez Bitar y como demandadas la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial.

45. En efecto, al examinar el contenido del expediente del proceso ordinario, no se
observa que el señor José Gabriel Zuleta de la Espriella haya solicitado su vinculación
a la actuación judicial y, actualmente, no ha sido reconocido como tercero interesado.

18 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

46. En ese orden, esta Subsección encuentra que el accionante no es titular de los
derechos fundamentales que, eventualmente, podría vulnerar el auto del 10 de abril
de 2025, puesto que no es sujeto procesal dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 54001-33-33-007-2023-00424-01, de
manera que no tiene legitimación en la causa por activa para iniciar la presente acción
de tutela.

47. Aunado a lo anterior, se debe mencionar que, otras personas19, ajenas al señor
José Gabriel Zuleta de la Espriella, presentaron escrito en el proceso ordinario para
pedir la aclaración del auto del 10 de abril de 2025 que decretó la medida cautelar; sin
embargo, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en auto del 2 de mayo
siguiente, rechazó la referida petición porque los solicitantes no tenían legitimación en
la causa por activa al no ser demandantes, demandados ni terceros debidamente
vinculados al proceso ordinario.

48. Así pues, llama la atención de la Sala que la solicitud de aclaración del auto del
10 de abril de 2025 fue presentada por algunos discentes que participaron en el curso
de formación judicial y no por la entidad demandada, es decir, la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial o incluso por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, quienes tienen a cargo el cumplimiento a la orden judicial en atención a las
funciones legales y reglamentarias de orden presupuestal y administrativas que les
correspondía en el asunto

49. Lo anterior, tiene relevancia porque los efectos y alcances de la medida cautelar
que se cuestiona en esta solicitud de amparo debieron ser advertidos y prevenidos,
precisamente, por la entidad demandada en el proceso ordinario, comoquiera que es
la autoridad que está obligada a atender la decisión judicial. No obstante, al examinar
las actuaciones surtidas al interior del expediente con radicado núm. 54001-33-33-007-
2023-00424-01 se observa que guardó silencio al respecto.

50. En este orden, para la Sala no es de recibo que la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, a través de esta acción constitucional, pretenda cuestionar los efectos
negativos que podría tener la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, cuando resulta evidente que en el proceso ordinario ha
guardado silencio y no hizo uso de los mecanismos de la adición, corrección y
aclaración para informarle a la autoridad judicial accionada las consecuencias de la
decisión y pedirle que precisara la forma de ejecución de esta. Actuaciones que
debería agotar en cada uno de los asuntos de contornos similares que se puedan
adelantar.

51. Dicho esto, la Sala no desconoce que el cumplimiento de la orden impartida en la
providencia que accedió a la medida cautelar podría llegar a afectar el cronograma del
concurso de la Convocatoria 27, lo que, a su vez, incide en todos los discentes que
han superado las distintas etapas del proceso de selección.

52. Al respecto, la Sala advierte que el interés que puedan llegar a tener el tutelante

19
Relacionadas en la presente providencia en el hecho núm. 6.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

frente al auto del 10 de abril de 2025 como participante del concurso, lo validaría para
solicitar dentro del proceso ordinario que sean tenidos como coadyuvantes de la parte
demandada, en los términos previstos en el artículo 224 de la Ley 1437 de 2011, y
para ejercer los actos procesales que le son permitidos en tan condición.

53. Así, resulta oportuno indicar que, de acuerdo con el artículo 235 ibidem, la medida
cautelar que haya sido decretada podrá ser «modificada o revocada en cualquier
estado del proceso, de oficio o a petición de parte», en los eventos en que el juez o
magistrado advierta que no se cumplieron con los «requisitos para su otorgamiento o
que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para
que se cumpla», eventos en los que no se requerirá la caución.

54. Por otro lado, es importante aclarar que los efectos que pueda llegar a tener la
ejecución del auto del 10 de abril de 2025, más allá de extender la resolución de la
Convocatoria 27, no trae consigo una restricción o limitación del derecho al acceso a
cargos públicos y a la carrera administrativa, en virtud del mérito, por lo que no se
observa la existencia de una situación de gravedad y urgencia que constituya un
perjuicio irremediable para la parte actora y que requiera la intervención inmediata del
juez de tutela.

55. Entonces, es claro que el posible interés para ejercer la acción constitucional que
le podía asistir al aquí accionante dada su condición de discente del IX curso de
formación judicial corresponde a una posibilidad de conformar una lista de elegibles,
por lo que no es evidente que su derecho al acceso a cargos públicos y menos su
derecho de carrea resulten amenazados o se haya cercenado con la providencia
objeto de tutela.

56. Ahora, de la revisión del expediente ordinario, se advierte que mediante auto del
16 de septiembre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta, entre otras
cosas: (i) aceptó la solicitud de vinculación de los señores Ninfa María Guzmán
Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo Navarro, Ana María
Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid Acevedo, Mario Alberto Delgado Peña, Daniel
Felipe Diaz Guevara, Julián Felipe Gómez Tabares, Andrés Felipe Lenis Carva, Marión
de Jesús Gaviria Díaz, Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara
Agudelo, Liany Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Oscar Iván
Marín Cano, y (ii) vinculó al proceso, en calidad de terceros interesados, a la totalidad
de aspirantes inscritos en el cargo de juez de familia, dentro de la Convocatoria 27.

57. Posteriormente, ese despacho judicial repuso la anterior decisión por auto del 10
de octubre de 2025 en el sentido de no ordenar la vinculación de todos los aspirantes
a juez de familia «debido a que en el estado actual de la Convocatoria No. 27 para
proveer cargos de jueces y magistrados en la rama Judicial, dichos participantes ya no
tendrían un interés directo en las resultas de este proceso, debido a que ellos no
aprobaron las etapas del mismo, las cuales ya se encuentran superadas y solo se
encuentra pendiente la conformación de la lista de elegibles definitiva para su
provisión, por lo que seguir con el trámite de vinculación y notificación de los mismos,
generaría una dilatación injustificada al proceso».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
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58. Lo anterior reafirma el aquí demandante carece de legitimación en la causa por
activa en la presente acción constitucional.

59. En consecuencia, además de que el actor no tiene legitimación en la causa por
activa para iniciar la presente acción de tutela, superar este presupuesto por el interés
que pudiera tener como discente del concurso y emitir una decisión de fondo, implicaría
suplantar los mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para
controvertir el decreto de una medida cautelar.

3.2.1. Alcances de la coadyuvancia en asuntos de tutela

60. De otra parte, en cuanto a los alcances de las intervenciones de los coadyuvantes
en el presente asunto, es necesario aclarar que el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991, establece que la persona que tuviere un interés legítimo con el resultado del
trámite de tutela podrá intervenir como coadyuvante del actor20 o de la persona o
autoridad a quien se le atribuya la vulneración21.

61. En tal sentido, los coadyuvantes son terceros que no reclaman un derecho propio
para que sea definido por el juez constitucional, sino un interés personal en la suerte
de la pretensión de alguna de las partes por tener con esta una relación sustancial
«ajena a los efectos de la sentencia, pero que indirectamente puede verse afectada si
la parte coadyuvada obtiene un fallo desfavorable»22.

62. La Corte Constitucional indicó frente a este asunto en la sentencia SU-067 de 2022
que el coadyuvante no puede formular pretensiones propias o argumentos nuevos o
distintos de la parte que ayuda:

Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se
transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este
título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra
de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las
facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la
esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de
segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»
De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que
el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del
derecho en litigio». De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución
procesal que permite su intervención en la causa judicial.

20 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.
21 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá

contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que
se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

[…]

Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los
siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa
calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela,
se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […],
razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión,
se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará
respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta».

63. En los términos expuestos, resulta claro que en trámites de tutela es procedente
la coadyuvancia de terceros con interés, siempre y cuando sus intervenciones no estén
fundadas en pretensiones propias o argumentos nuevos o distintos de los expuestos
por la parte que coadyuvan.

64. Bajo estas consideraciones, no es procedente validar con los intereses particulares
de las personas que intervinieron en el presente trámite constitucional y solicitaron su
reconocimiento como coadyuvantes de la parte actora, pues tal y como se indicó en
líneas anteriores su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y
compartir las reclamaciones que hace la parte demandante.

4. CONCLUSIÓN

Por las razones contenidas en esta sentencia, se declarará improcedente la acción de
tutela que presentó el señor José Gabriel Zuleta de la Espriella contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, toda vez que no está acreditada su legitimación
en la causa por activa.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el
señor José Gabriel Zuleta de la Espriella contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05385-00 (8495)
Accionante: José Gabriel Zuleta de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

Con salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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