Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05414-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05414-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05414-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05414-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: RICHARD ORDOÑEZ LÓPEZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra auto de medida cautelar de urgencia. Improcedencia por no
satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Richard Ordoñez López, Viviana Castillo Garrido, Simón
Castillejo Galvis, Jonathan Castellanos Ortiz, Diana López Ramírez, Lina María
Herazo Olivero, Manuel Antonio Hernández Barbosa, Daniel Guillermo Carrillo
Corzo, Laura Patricia Rueda Valencia, Luis Alfredo Oviedo Lozano, Carlos Mario
Regino Martínez, Hugo Riaño Puello, Jaime Vega García, Luis Felipe Bitar Calle,
Nataly Hernández Hernández, José Miguel Páez Meza, Karine Stella Beltrán
Agamez, Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Martha Patricia Liliana Manrique Ruiz,
Hazel Yleana Borja Morales, Maritza Tapias Londoño y Daniel Eduardo Romero
Vitola, se identificaron como concursantes activos de la fase III de la Convocatoria
27 para proveer cargos de funcionarios de la rama judicial, quienes además
superaron las sub fases general y especial. Presentaron acción de tutela contra el
auto de 10 de abril de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander dentro del radicado 54-001-33-33-007-2023-00424-00, en el que, como
medida cautelar de urgencia, ordenó la inscripción de Jennifer Zuleima Ramírez
Bitar.
2. Con el fin de explicar el desarrollo de los antecedentes se expondrá el desarrollo
del proceso ordinario, y posteriormente el del proceso de tutela.
Antecedentes del radicado 54-001-33-33-007-2023-00424-00/01
3. Los tutelantes informaron que Jennifer Zuleima Ramírez Bitar demandó en
nulidad y restablecimiento del derecho a la Nación-Rama Judicial. La demanda fue
repartida al Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta. En el proceso solicitó el
decreto de la medida cautelar de urgencia consistente en que le permitieran la
inscripción en el IX curso de formación judicial.
4. En providencia de 11 de octubre de 2023, el juzgado de primera instancia negó
la medida cautelar de urgencia, al considerar que no existía perjuicio irremediable y
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
que la actora, en caso de que prosperaran sus pretensiones, podría continuar de
manera independiente con las etapas posteriores del examen de conocimientos.
Contra la determinación se propuso recurso de apelación.
5. En segunda instancia, mediante auto de 10 de abril de 2025, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander revocó la providencia y en su lugar, decretó
la medida cautelar ordenando permitir la inscripción y participación en el concurso
de la demandante. Concretamente ordenó:
“PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada en el auto de fecha once (11) de
octubre de dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, para en su lugar DECRETAR la medida
cautelar solicitada por la señora Jennifer Zuleima Ramírez Bitar, consistente en
ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección de la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, permitir al
prenombrada la inscripción y participación del IX Curso de Formación
Judicial de que trata el Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.
Para el efecto, se deberá permitir la inscripción de la demandante en el mentado
curso de formación y garantizarle un término de estudio en igualdad de
condiciones de los discentes que ya surtieron las etapas del curso de formación
y de quienes actualmente se encuentran cursando la subfase especializada, en
caso de que la demandante supere la subfase general.
Asimismo, se deberá generar un cronograma a la actora que le permita llegar
en igualdad de condiciones en caso de superar todas y cada una de las etapas
del IX Curso de Formación Judicial, para la fecha en que se conforme el registro
de elegibles, garantizando en todo caso, los plazos necesarios para realizar los
estudios, conforme se expuso en el párrafo anterior.”
6. El tribunal argumentó que la negativa inicial desconocía que la demandante
podría sufrir un perjuicio irremediable considerando que, si al momento de fallarse
el proceso ya había terminado el IX curso de formación judicial, por lo cual, la
eventual sentencia favorable perdería eficacia. Indicó además que la actora de la
nulidad y restablecimiento del derecho obtuvo un puntaje de 798.11 y en la demanda
contencioso administrativa impugnó 25 calificaciones de las preguntas que se
realizaron en el examen de conocimiento. Por ese motivo, el Tribunal estimó que en
caso de prosperar una sola de las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, automáticamente, tendría el efecto de permitir que la
demandante accediera a la fase de formación de la convocatoria 27.
7. El 23 de abril de 2025, los tutelantes presentaron solicitud de aclaración del auto
de 10 de abril de 2025 en la que manifestaron que la medida cautelar podría tener
un efecto desproporcionado, pues afectaría el registro de elegibles del cargo al que
aspiran cientos de concursantes. Le reprochan al tribunal que la medida cautelar
debió haber sido proferida en relación únicamente con una sola especialidad de los
jueces que están en concurso, y no en relación con todos los discentes que hacen
parte de la convocatoria 27.
8. En auto de 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
negó la petición de aclaración de sentencia, bajo el argumento de que los tutelantes
no ostentan la calidad de parte ni habían sido reconocidos terceros con interés en
el proceso. Agregaron: “sin embargo, en un contrasentido evidente y en abierta
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
contradicción con dicha decisión, procedió a realizar de oficio una aclaración
sustancial respecto del auto del 10 de abril de 2025, precisando que la participación
de la demandante quedaba supeditada a la superación de la Fase II de verificación
de requisitos mínimos, aspecto que justamente había sido advertido por los
solicitantes”1 .
Fundamentos del escrito de amparo
9. Sostienen que la decisión de decreto de la medida cautelar de urgencia contenida
en el auto de 10 de abril de 2025, implica una vulneración a sus derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al acceso a cargos públicos.
Agregaron que la decisión afecta a más de 1800 discentes que sí superaron con
éxito el examen de conocimiento de la Convocatoria 27, pues, en su criterio, Jennifer
Zuleima Ramírez Bitar ingresará a la IX curso de formación judicial sin haber
superado el examen de conocimiento, lo cual a la postre afecta el mérito del
concurso judicial.
10. Afirmaron que la decisión de 10 de abril de 2025, incurrió en un defecto
sustantivo pues, en su criterio, incurre en contradicción entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Consideran que, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander incurrió en una evidente y grosera contradicción, e insuficiente
sustentación y la decisión de medida cautelar es, a su juicio, absolutamente
irregular. Reprochaban que no se tuvieron en cuenta los parámetros normativos de
los artículos 229 y 230 del CPACA los cuales prescriben que las medidas cautelares
deben ser necesarias y deberán tener una relación directa con las pretensiones de
la demanda.
11. Respecto al anterior punto, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho solicitó que se permitiera a la actora ser incluida en el registro nacional de
elegibles, mientras que el auto de medida cautelar ordenó inscribir a la demandante
en el IX curso de formación judicial. Adujeron:
“En ese orden de ideas, las medidas cautelares decretadas pasaron por alto el
hecho de que la jurisdicción contencioso-administrativa es rogada y no se puede
fallar más allá de lo pedido, mucho menos dictar cautelas en ese sentido, pues
se desborda su objeto fijado en el artículo 229 del CPACA, esto es, proteger y
garantizar provisionalmente el objeto del proceso mientras se emite la
correspondiente sentencia, pues resulta claro que la orden contenida en la
medida cautelar no es consecuente con las pretensiones de la demanda”
12. Insistieron en que la demandante no pidió que la creación de los registros de
elegibles se mantuviese en suspenso mientras se resuelve su situación jurídica, de
suerte que no se entiende por qué el Tribunal condena a todos los participantes y a
la comunidad en general a soportar mayores dilaciones en el concurso. Informaron
que, el cronograma actual de quienes están en concurso hace que aspiren que, en
menos de un año, se tengan listas en firme y que se provean los cargos. A su juicio,
cumplir la orden del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en los precisos
términos en que fue emitida, afecta a más de 2.800 discentes (incluyendo a
1 Folio 3 del escrito de demanda.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
concursantes que homologaron el curso concurso) a quienes someten al suplicio de
esperar más tiempo en un concurso.
13. Adicionaron que la providencia adolece de una irregularidad procesal de tal
magnitud que afecta los derechos fundamentales, pues, carece de motivación
suficiente, pues no desarrolló el test de proporcionalidad entre los derechos
invocados por la demandante y los derechos de miles de aspirantes que sí
aprobaron el examen de conocimiento. Reprochaban que no se tuvieron en cuenta
las exigencias del artículo 230 del CPACA respecto a la procedencia de las medidas
cautelares de urgencia.
14. Complementaron su argumentación iterando que, la decisión del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander vulnera el principio del mérito e inobservar el
carácter eliminatorio de las reglas de la convocatoria, afectando a quienes sí
superaron las fases eliminatorias del concurso. Manifiestan que “la medida cautelar
adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander desconoce que el
proceso concursal ya culminó sus fases eliminatorias, en la cual más de 2.000
concursantes superaron todas las etapas bajo las mismas condiciones y exigencias,
obteniendo calificaciones aprobatorias en el IX Curso de Formación Judicial Inicial,
publicadas el 11 de agosto de 2025 por la Escuela Rodrigo Lara Bonilla” 2.
15. Lo anterior tiene consecuencia en la alteración indebida del cronograma del
curso de formación judicial con el respectivo perjuicio colectivo. Recordaron que, en
un caso análogo (Rad. 11001-03-15-000-2025-04815-00), la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla indicó que la decisión de medida cautelar afectaba
negativamente el avance del proceso de conclusión del IX curso de formación
judicial. Reiteraron que la decisión judicial cuestionada en sede de tutela tiene un
impacto profundo y directo sobre los discentes que han cumplido con todas las
etapas del IX Curso de Formación Judicial Inicial conforme a las reglas del concurso
de méritos. La inclusión de participantes por vía judicial, sin haber superado las
fases previas, vulnera el principio de igualdad y desvirtúa el carácter uniforme del
proceso formativo.
16. Por lo anterior solicitó vincular a todos los discentes aprobados activos de la
Convocatoria 27 y a la dirección ejecutiva de la administración de justicia y a la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Adicionalmente, solicita que se amparen los
derechos de los actores, se “anule” el auto de 10 de abril de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del radicado 54-001-33-33-
007-2023-00424-01. De manera subsidiaria solicitó que se ordene al tribunal
“proferir nuevo auto cautelar que no implique la paralización de la Convocatoria 27,
en particular la publicación oportuna de los registros de elegibles para los discentes
que hemos superado con éxito cada etapa eliminatoria del concurso y cuyos efectos
se delimiten única y exclusivamente la señora Ramírez Bitar y su particular
situación”.
2 Folio 15 del escrito de demanda.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Trámite de tutela
17. La acción de tutela fue repartida a la Sección Primera del Consejo de Estado
que, en auto de 5 de septiembre de 2025, admitió la demanda y vinculó a Jennifer
Zuleima Ramírez Bitar, a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al
Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta, y a las demás personas que hacen
parte del proceso de selección dentro del concurso de méritos adelantado en virtud
de la Convocatoria 27.
18. No obstante, por auto del 23 de septiembre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado remitió el expediente a la Subsección B de la Sección Segunda
de la misma Corporación, toda vez que consideró que los hechos y las pretensiones
que fundamentaron el escrito de amparo coincidían con el asunto discutido en el
trámite constitucional con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05192-00.
19. En esa medida, el juez de primera instancia, fue la subsección A de la Sección
Segunda. Ante dicha instancia intervino, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Norte de
Santander y la Unidad de Carrera Judicial solicitaron que se declarara improcedente
por carecer de legitimación en la causa por pasiva, al no ser competentes para
administrar la carrera judicial, adicionalmente indicaron que no han realizado alguna
acción que haya amenazado los derechos fundamentales de la parte tutelante. La
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla argumentó que el auto objeto de ataque
constitucional no argumentó suficientemente la adopción de la medida cautelar,
pues la parte demandante en el proceso ordinario se limitó a acudir que buscaba
evitar la vulneración de sus derechos, pero no probó la configuración de un perjuicio
irremediable. Reiteró que el auto de 10 de abril de 2025 fue adoptado sin considerar
sus consecuencias, toda vez que incide de manera directa y sustancial en el avance
del concurso y genera gastos adicionales.
20. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander10 reiteró los argumentos
contenidos en el auto del 10 de abril de 2025 y consideró que la medida decretada
fue el resultado de un análisis jurídico y del material probatorio aportado al
expediente ordinario, con la acreditación de los requisitos para su procedencia. En
particular, advirtió que el concurso tenía previsto finalizar en diciembre del 2025, es
decir, antes de que se profiera sentencia, lo cual cobra especial relevancia al tener
en cuenta que bastaría con que hayan sido calificadas 2 preguntas del examen para
que la demandante lograra el requisito de obtener un puntaje mínimo de 800.
21. Carlos Arturo Ortega Higuera se identificó como concursante en el IX curso de
formación judicial y formuló las mismas pretensiones del escrito de amparo, aunque
no manifestó coadyuvar la petición. La parte actora allegó memorial solicitando que
se tuviera como precedente jurisprudencial la sentencia de 15 de septiembre de
2025, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado
11001-03-15-000-2025-04815-00.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Sentencia de primera instancia
22. En sentencia de 10 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de tutela
promovida, pues concluyó que, los tutelante carecen de legitimación en la causa por
pasiva, dado que la acción de tutela contra providencia judicial la deben promover
las personas que fueron parte dentro del proceso o los terceros que actuaron dentro
del juicio ordinario en que se emitió la actuación censurada. Concluyó:
“(…) esta Subsección encuentra que los accionantes no son titulares de los
derechos fundamentales que, eventualmente, podría vulnerar el auto del 10 de
abril de 2025, puesto que no son sujetos procesales dentro de la causa de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 54001-33-33-007-
2023-00424-01, de manera que no tiene legitimación en la causa por activa para
iniciar la presente acción de tutela.”3
23. En criterio de la Autoridad judicial de primera instancia, quien debía ejercer el
derecho de amparo era la Nación-Rama Judicial, dirección ejecutiva de
administración judicial o la unidad administrativa de la carrera judicial o incluso la
escuela judicial, instancias que sí intervinieron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió el auto atacado.
Recurso de impugnación4
24. Richard Ordoñez López, Viviana Castillo Garrido, Simón Castillejo Galvis,
Jonathan Castellanos Ortiz, Diana López Ramírez, Lina María Herazo Olivero,
Manuel Antonio Hernández Barbosa, Daniel Guillermo Carrillo Corzo, Laura Patricia
Rueda Valencia, Luis Alfredo Oviedo Lozano, Carlos Mario Regino Martínez, Hugo
Riaño Puello, Jaime Vega García, Luis Felipe Bitar Calle, Nataly Hernández
Hernández, José Miguel Páez Meza, Karine Stella Beltrán Agamez, Carlos Eduardo
Salinas Alvarado, Martha Liliana Manrique Ruiz, Hazel Yleama Borja Morales,
Maritza Tapias Londoño Daniel Eduardo Romero Vitola, presentaron recurso de
impugnación contra el fallo de primera instancia.
25. Argumentaron que la decisión de primera instancia desconoce el alcance
constitucional de la acción de amparo e incurre en un excesivo formalismo y
confunde las categorías procesales ordinarias con presupuestos de procedibilidad
constitucional, y traslada injustificadamente a los accionantes las consecuencias de
las omisiones de autoridades públicas. Sostuvieron que la decisión de primera
instancia incurrió en un defecto sustancial, al equiparar indebidamente la
legitimación procesal ordinaria con el interés legítimo constitucional, desconociendo
que este último puede predicarse de terceros que no fueron parte en el proceso
judicial cuestionado.
26. Reprochó que la Subsección B de la Sección Segunda de la Corporación
trasladó la responsabilidad de hacerse parte en el proceso ordinario, a los
tutelantes, lo cual, era responsabilidad del juez ordinario, y a los tutelantes les era
3 Folio 8 del fallo cuestionado.
4 Índice Samai 46.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
imposible ser parte dentro del proceso ordinario, antes de la adopción del auto de
10 de abril de 2025.
27. Insistieron que, los tutelantes si cuentan con interés legítimo constitucional
derivado de los efectos de la medida cautelar e indicaron que, la decisión de 10 de
abril de 2025 desbordó la relación entre las partes, al producir efectos materiales en
la totalidad de los participantes de la convocatoria 27.
28. Afirmaron que dicha orden judicial afecta de manera directa la publicación de
los registros de elegibles, fase final y determinante del concurso de méritos, con una
clara, actual y negativa incidencia sobre los concursantes que hemos aprobado
cada una de las etapas del proceso de selección y cumplido rigurosamente las
reglas fijadas desde su inicio.
29. Recordó que, existe una contradicción interna en el Consejo de Estado, pues en
providencia de 15 de septiembre de 2025, proferido por la Subsección A de la
Sección Tercera dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-04815-00, en un caso
similar se indicó que, los concursantes del IX curso de formación judicial si ostentan
legitimación en la causa por activa para cuestionar una decisión de medida cautelar
de urgencia en la que, el tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó
inscribir a un aspirante que no superó las fases eliminatorias.
30. Finalmente, que los mecanismos ordinarios resultan manifiestamente ineficaces
para la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos, pues
la medida cautelar ordenada, tiene la potencialidad de desencadenar efectos
negativos actuales y continuados. Por lo anterior, solicitaron revocar la sentencia
impugnada y dejar sin efecto la medida cautelar de 10 de abril de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
CONSIDERACIONES
Competencia
31. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico
32. En el asunto de la referencia, de manera preliminar, la Sala debe establecer si
la acción de tutela es formalmente procedente, puesto que se trata de una acción
constitucional ejercida contra un auto de decreto de medida cautelar de urgencia
del pasado 10 de abril de 2025 dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que se ordenó inscribir a una aspirante dentro de la convocatoria
27. En criterio de los tutelantes, la medida cautelar afecta a todos los discentes
pues, potencialmente retrasa el avance eficiente de las etapas finales del IX curso
de formación judicial
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
33. Adicionalmente, la parte impugnante sostiene que, en sentencia de 15 de
septiembre de 2025, en un proceso similar, esta Subsección A de la Sección
Tercera de la Corporación estimó que los discentes del IX curso de formación
judicial si cuentan con legitimación en la causa por activa para cuestionar una
medida cautelar de urgencia. Por lo anterior, solicitaron que se respetara el
precedente judicial contenido en esa providencia.
34. Por lo anterior, en primer lugar, se debe resolver si la acción de tutela satisface
las causales genéricas de procedencia contra providencias. En caso de responder
afirmativamente al primer problema jurídico se formulará un problema jurídico de
fondo.
35. Con el fin de resolver el problema jurídico propuesto se reiterará el precedente
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.
36. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20055,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
37. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto
38. Con base en las anteriores consideraciones se resolverá si se satisfacen las
causales genéricas de procedencia.
Análisis de las causales genéricas de tutela contra sentencia en el caso
concreto
39. Respecto a la legitimación en la causa por activa, la parte tutelante recordó que,
en sentencia de 15 de septiembre de 2025, en un caso similar, esta Subsección
concluyó que los discentes del IX curso de formación judicial sí contaban con
legitimación en la causa por activa.
40. En efecto, en decisión de 15 de septiembre de 2025, esta Corporación conoció
de una acción de tutela promovida por una discente del IX curso de formación
judicial contra el auto de 17 de julio 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, en la que ordenó, a título de medida cautelar de urgencia,
inscribir en el curso de formación judicial, a una aspirante que no había superado
las fases eliminatorias de la Convocatoria 27. Respecto a la legitimación en la causa
por activa, el fundamento jurídico No. 74 se afirmó:
“74. La Sala considera que se satisface el requisito de legitimación en la causa
por activa de la tutelante puesto que, si bien no fue parte dentro del proceso
judicial ordinario en el que se profirió la providencia cuestionada, lo cierto es
que dicha decisión la afecta, pues según el informe rendido por la Escuela
judicial, el cumplimiento de la providencia del 17 de julio de 2025
necesariamente implica la modificación del cronograma de conclusión de la
Convocatoria 27, un retraso en la consolidación de los resultados y se dilataría
injustificadamente su ingreso a la carrera judicial. En segundo término, acreditó
que aprobó la parte general y especializada del IX curso de formación judicial
conforme a la publicación del pasado 11 de agosto de los resultados generales
por parte de la Escuela Judicial.
75. Respecto del informe de respuesta de la acción de tutela suscrito por la
directora de la Escuela Judicial, esta sala encuentra que las razones esgrimidas
relacionadas con el impacto del auto del 17 de julio en el avance de la
publicación de los resultados finales del IX curso de formación son relevantes y
persuasivas, pues explican la manera en la que la inclusión de una aspirante,
que no logró el puntaje mínimo para aprobar el examen de conocimiento, afecta
la posición de los demás discentes que sí aprobaron la primera fase de la
convocatoria 27, y la manera en la que “la incorporación de nuevos discentes
requeriría la elaboración de un cronograma especial”. En el mismo sentido,
ofrece razones importantes en relación con que la implementación de medidas
transitorias para reincorporar exparticipantes reprobados o no habilitados podría
transgredir los principios de igualdad, equidad, legalidad y transparencia, pues,
a juicio de la sala implica oportunidades para quienes no cumplieron los
requisitos establecidos en el acuerdo que convocó el concurso. Lo cual, en
efecto, genera tratamientos disímiles entre los discentes y la persona
beneficiada con la medida cautelar de urgencia”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
41. En ese proceso, la Subsección A de la Sección Tercera ejerció como juez de
tutela de primera instancia y solicitó información al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Escuela Judicial, respecto de las consecuencias de un auto de 17
de julio de 2025 en el que se había ordenado que una aspirante en la 27
convocatoria fuera incluida en el IX curso de formación judicial, a pesar de no haber
superado el examen de conocimiento y las etapas eliminatorias.
42. Aquel informe explícitamente indicó que la decisión de la medida cautelar de 17
de julio de 2025 afectaba a los demás discentes del curso de formación judicial,
especialmente aquellos que sí habían superado las etapas eliminatorias. Por ello,
con base en la información remitida por la Escuela Judicial para aquel momento, la
Subsección estimó que la providencia cuestionada tenía el potencial de afectar a
los demás discentes del curso de formación judicial, y por tanto contaban con
legitimación en la causa para cuestionar la decisión cautelar de 17 de julio de 2025.
43. No obstante, entre aquella decisión y esta nueva acción de tutela han
transcurrido seis meses en los que, el proceso de conclusión de la 27 convocatoria
para proveer los cargos de jueces y magistrados se ha consolidado sin obstáculos,
incluso habiéndose proferido decisiones en las que con medidas cautelares de
urgencia se ha ordenado incluir a aspirantes que no han superado la fase
eliminatoria. La decisión de amparo de 15 de septiembre de 2025, dentro del
radicado 2025-04815-00 se profirió con la información que se allegó a aquel
proceso, puntualmente, el informe del Consejo Superior de la Judicatura a través de
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el que se indicaba que habría afectación
a los demás discentes. Con base en esa información de la autoridad competente se
estimó en ese caso que, si se satisfacía el requisito de legitimación en la causa por
activa, se insiste, pues la propia unidad del Consejo Superior de la Judicatura,
indicaba que se produciría el impacto por la decisión del tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
44. No obstante, en este proceso no se cuenta con la misma información, pues no
se remitieron informes equivalentes. Adicional a lo anterior, a la fecha en la que se
profiere la decisión, existe información publicada por el mismo Consejo Superior de
la Judicatura12 conforme a la cual, se ha avanzado sustancialmente en la
consolidación de los resultados de la Convocatoria 27 al punto que se han publicado
16 registros nacionales de elegibles correspondientes al concurso de méritos para
la provisión de cargos de funcionarios de la rama judicial y no se cuenta con
información que permita afirmar que los registros nacionales de elegibles
pendientes se debe al auto de decreto de medida cautelar de 10 de abril de 2025.
45. Por lo tanto, la sentencia de 15 de septiembre de 2025 dentro del radicado 2025-
04815-00 no contiene una regla jurisprudencial que sean pertinente para el caso
concreto, puesto que: (i) dentro del proceso de tutela sub lite no se cuenta con los
medios de prueba que sirvieron de fundamento en aquella decisión; (ii) es posible
acceder a información pública conforme a la cual, no es posible afirmar que la
decisión de 10 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
12
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/convocatoria-
27-funcionarios-de-carrera-de-la-rama-judicial
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
dentro del radicado 54001-33-33-007-2023-00424-01 haya efectivamente y
realmente afectado el avance y conclusión de la convocatoria 27 para proveer
cargos de funcionarios de la rama judicial.
46. Por lo anterior, así como lo concluyó el juez de primera instancia, y por las
diferencias que se presentan entre el fallo de 15 de septiembre de 2025 mencionado
y el proceso de tutela sub lite, se declarara improcedente la acción de tutela pues
los tutelantes carecen de legitimación en la causa por activa, puesto que no existe
evidencia concreta que permita sostener que la decisión censurada los afecta
directa o indirectamente.
47. A diferencia de lo que señaló el juez de primera instancia, la legitimación en la
causa por activa en caso de tutela contra providencia judicial no se agota con las
personas que fueron parte del proceso ordinario en el que se profirió el fallo
censurado. Se ha reconocido que, además de las partes del proceso ordinario,
pueden acudir al amparo aquellos terceros con interés legítimo13, siempre que
muestren de manera concreta una afectación directa derivada de la providencia que
no los convocó debiendo hacerlo. No obstante, como se acabo de indicar no es el
caso en el sub lite, pues los demandantes reclaman la aplicación de una decisión
que por las diferencias anotadas no resulta ser precedente, además, se insiste, del
hecho protuberante que la convocatoria 27 ha avanzado, sin que los discentes de
dicho proceso meritocrático se hayan visto afectados por la decisión de medida
cautelar de 10 de abril de 2025.
48. Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia, pues en el caso
concreto no se demostró que la decisión afectara a los tutelantes, razón por la cual
no se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en cuanto DECLARÓ
IMPROCEDENTE el amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
13
Corte Constitucional T-262 de 2024 y SU-585 de 2027.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05414-01
Accionante: Richard Ordoñez López y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.