Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04875-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04875-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04875-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
14 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04875-00
Accionante: Víctor Manuel Abadía Villegas
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela – Primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por el señor Víctor Manuel
Abadía Villegas, contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 por la Subsección C
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
que declaró la caducidad de la acción.
SÍNTESIS 1
El actor enjuicia la sentencia que en segunda instancia declaró oficiosamente la
caducidad del medio de control de reparación directa que instauró por la presunta omisión
en el pago de una condena por parte del Ministerio de Salud, CAJANAL y la UGPP. En
su concepto, la providencia judicial cuestionada incurrió en los defectos sustantivo,
ausencia de motivación y desconocimiento del precedente. La Sala negará el amparo
porque no se configuran los defectos alegados.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 5 de agosto de 2025, Víctor Manuel Abadía Villegas presentó, en nombre propio,
una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia. En criterio del accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas
por la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa identificado con
radicado núm. 76001-23-33-000-2013-01203-01, adelantado por el actor contra la
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la Caja Nacional de Previsión Social
EICE (en adelante, CAJANAL) Liquidada.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. - Solicito Tutelar los Derechos Fundamentales -DEBIDO PROCESO- IGUALDAD –
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Defecto sustantivo / Desconocimiento del
precedente / Decisión sin motivación / Se niega el amparo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04875-00
Accionante: Víctor Manuel Abadía Villegas
Se niega la solicitud de amparo
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, violado u amenazados por el Consejo
de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera, Subsección C.- Al
proferir la Sentencia de fecha 09 de Abril de 2025,dentro del expediente con Radicación
No.- 7001-23-33-000-2013-01203- 00.-
2.- Consecuente con lo anterior, Dejar si [sic] efecto- o Revocar – la Sentencia de fecha
09 de Abril de 2025, y en su lugar ordenar a la Sala de Conocimiento profiera en un
término máximo de 30 días, la Sentencia que en Derecho Corresponda dentro del
presente expediente.- (mayúsculas del texto original)
B. Hechos
3. Mediante Resolución núm. 00314 del 28 de enero de 2003, la Caja Nacional de
Previsión Social, en adelante, CAJANAL, reconoció una pensión vitalicia de jubilación
al señor Víctor Manuel Abadía Villegas y ordenó pagarle la suma mensual de
$3.214.362 por dicho concepto.
4. El 8 de mayo de 2003, el señor Abadía Villegas solicitó a CAJANAL la reliquidación
de su pensión, sin embargo, no obtuvo una respuesta a su petición.
5. En virtud de lo anterior, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto ficto mediante el cual CAJANAL negó la solicitud que presentó
para que reliquidara su pensión de jubilación.
6. Por medio de sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró la nulidad del acto ficto suscitado por la falta de respuesta de
CAJANAL y, en consecuencia, ordenó a esa entidad expedir un nuevo acto
administrativo reliquidando las acreencias laborales a las que tenía derecho el
demandante.
7. Mediante providencia del 23 de mayo de 2006, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca modificó la sentencia del 14 de marzo de 2006 en el sentido de disponer que
la reliquidación pensional debía realizarse de conformidad con el régimen de transición
previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
8. Por medio de la Resolución núm. 002932 del 30 de noviembre de 2007, CAJANAL
reliquidó la pensión reconocida a Víctor Manuel Abadía Villegas y fijó como nuevo rubro,
por dicho concepto, la suma mensual de $4.332.847.
9. El 8 de octubre de 2008, el señor Abadía Villegas presentó demanda ejec utiva
contra CAJANAL para obtener el pago de las sumas retroactivas dejadas de percibir y
de los correspondientes intereses moratorios, reconocidos en la sentencia del 14 de
marzo de 2006.
10. En auto del 14 de julio de 2009, el Juzgado 15 Administrativo de Cali libró
mandamiento de pago contra CAJANAL y le ordenó “dar estricto cumplimiento” a la
sentencia del 14 de marzo de 2006, modificada por la sentencia del 23 de mayo de
2006, en los términos señalados en su parte resolutiva, dentro de los diez días
siguientes a la notificación del auto.
11. El 10 de septiembre de 2009, el actor presentó a CAJANAL en Liquidación la
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reclamación núm. 810 de esa fecha, en la cual solicitó el pago de la suma de
$87.190.913.72.
12. Mediante auto del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 15 Administrativo de Cali
resolvió “remitir el proceso de ejecución […] a [CAJANAL en Liquidación] a fin de que
sea acumulado al trámite de liquidación y el acreedor deberá constituirse en parte en el
mencionado trámite, dentro del término legal”. Además, ordenó oficiar a la liquidadora
de CAJANAL para comunicarle lo decidido en el auto. El proceso se remitió por oficio
del 16 de diciembre de 2009.
13. El 12 de diciembre de 2010, el actor interpuso demanda en ejercicio de la acción de
tutela contra el Juzgado 15 Administrativo de Cali y CAJANAL. Por un lado, alegó que
el 4 de febrero de 2010 solicitó a CAJANAL información sobre el trámite de su demanda
ejecutiva y que esta entidad le indicó que su solicitud fue extemporánea, por lo cual “no
le daría curso al proceso”. Por otra parte, adujo que el Juzgado (i) incurrió en una vía de
hecho por remitir el expediente a CAJANAL, (ii) desconoció la existencia del auto por el
cual libró mandamiento de pago y (iii) remitió el proceso estando vencido el término para
presentar reclamación y, de esa manera, vincularse al trámite de liquidación.
14. Mediante sentencia del 15 de abril de 2010 la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó la sentencia de tutela de primera instancia que negó el
amparo respecto del Juzgado y amparó el derecho fundamental de petición respecto de
CAJANAL. Adicionó la providencia de primera instancia para ordenar a CAJANAL
admitir el expediente del proceso ejecutivo y darle trámite dentro de su proceso de
liquidación.
15. El 25 de noviembre de 2013, el señor Abadía Villegas presentó demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Ministerio de Salud,
CAJANAL en Liquidación y la UGPP para obtener el reconocimiento y pago de los
perjuicios derivados del no pago oportuno de las sumas retroactivas y los intereses
moratorios reconocidos en las sentencias del 14 de marzo de 2006 y 23 de mayo de
2006 y el auto del 14 de julio de 2009.
16.En sentencia del 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda por encontrar que no se acreditó el nexo
causal entre el daño alegado y la falla del servicio imputada a las entidades
demandadas.
17. El actor apeló la anterior decisión argumentando que los medios de prueba
disponibles en el expediente permitían acreditar el vínculo causal y afirmó que la
principal causa del daño fue el deficiente funcionamiento de CAJANAL antes y durante
el trámite de liquidación y reliquidación de su pensión de jubilación.
18. Por medio de sentencia del 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa. Determinó que
el término para interponer la demanda inició el 2 de abril de 2008, después de vencido
el término de 18 meses para hacer efectiva una condena judicial, dispuesto en el artículo
177 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en adelante, “CCA”.
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En ese sentido, encontró que el fenómeno de la caducidad operó el 2 de octubre de
2010 y fue solo hasta el 25 de noviembre de 2013 que el actor interpuso la demanda.
C. Fundamentos de la vulneración
19. El accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
porque, en la sentencia del 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y “falsa motivación”.
19.1. En relación con el defecto sustantivo, afirma que la autoridad judicial demandada
dio una “aplicación errónea” al artículo 177 del CCA porque determinó que transcurrido
el término de 18 meses allí dispuesto para hacer efectiva una condena contra una
entidad pública tuvo conocimiento del daño que alega, sin considerar que interpuso una
demanda ejecutiva para obtener el pago de las condenas judiciales.
19.2.También aduce que, tan pronto inició el proceso liquidatorio de CAJANAL,
presentó una reclamación oportuna solicitando el pago de las obligaciones que
pretendía en el proceso ejecutivo, el cual la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación no tuvo en cuenta por completo y, especialmente, omitió tener en cuenta
que ese proceso ejecutivo fue incorporado al trámite de liquidación de CAJANAL.
19.3.En cuanto a la falsa motivación, sostiene que la autoridad judicial demandada
concluyó que, según el artículo 177 del CCA, el actor debió interponer la demanda de
reparación directa después de transcurridos los 18 meses para hacer efectiva la
condena. Sin embargo, alega que la norma no se refiere específicamente al medio de
control de reparación directa y que sí agotó la vía judicial al interponer la demanda
ejecutiva.
19.4. Sobre el desconocimiento del precedente, argumenta que, si bien no existe una
postura jurisprudencial unificada, el Consejo de Estado ha reconocido que el término de
caducidad en los procesos ejecutivos en los que se pretende la ejecución de una
sentencia a través de la cual se reconoció derechos pensionales o prestaciones
económicas a cargo de CAJANAL se suspendió con ocasión del proceso liquidatorio de
esa entidad. Afirma que esta postura ha sido aplicada por ser más beneficiosa y que
incluso se ha reconocido su desconocimiento en sede de tutela en casos similares.
D. Trámite procesal
20. Por auto del 6 de agosto de 20252, se admitió la demanda de tutela y ordenó notificar
al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al presidente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a
las señoras Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, al Ministro
de Salud y Protección Social y al Director de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para
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que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
21. Posteriormente, en auto del 18 de septiembre de 2025 3, este despacho requirió al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegara, en medio digital, copia
completa del expediente del proceso de reparación directa identificado con el radicado
número 76001-23-33-000-2013-01203-00.
E. Oposiciones e intervenciones
22. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 4 (accionado) solicitó
que se declare la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. Sostuvo que los reproches del actor reflejan su inconformidad
con la decisión que cuestiona y su intención de convertir al juez constitucional en una
tercera instancia del proceso ordinario. Afirmó que en el proceso ordinario ya se resolvió
lo relacionado con la valoración probatoria y las normas aplicables y que en la sentencia
objeto de tutela se expusieron claramente los argumentos que soportan la decisión.
Subsidiariamente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela,
pues no se demostró la configuración de algún vicio o causal específica de procedencia
de tutela contra autoridad [judicial].
23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 5 no rindió informe, pero allegó copia
digital del proceso de reparación directa.
24. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP 6 solicitó que se declare improcedente y se
niegue la demanda de tutela por considerar que (i) la sentencia cuestionada no incurrió
en ningún defecto, (ii) el actor pretende emplear la tutela como una tercera instancia del
proceso ordinario, (iii) no se puede pretender el reconocimiento de peticiones
prestacionales por medio de la tutela, (iv) no hubo una violación del debido proceso y (v)
se configuró el fenómeno de la cosa juzgada porque lo que pretende el actor fue resuelto
en el proceso de reparación directa.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
G. Sentido de la decisión
26. La Sala denegará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia del señor Víctor Manuel Abadía Villegas
3
Índice 11 del expediente digital disponible en Samai
4
Índices 10, 22 y 23 del expediente digital disponible en Samai
5
Índice 17 del expediente digital disponible en Samai
6
Índice 14 del expediente digital disponible en Samai
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Se niega la solicitud de amparo
porque no encuentra configurados los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación en la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
H. Requisitos generales de procedibilidad
27. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) el accionante
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) el accionante utilizó los
mecanismos judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún
recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a
la notificación de la sentencia cuestionada7; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales por
presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser propuestos en
el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada revocó el fallo
apelado; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
28. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
28.1. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia proferida el 9 de abril
de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues
considera que incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
decisión sin motivación al revocar el fallo de primer grado que había negado sus
pretensiones de reparación directa y, en su lugar, declarar la caducidad del medio de
control. A continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos
alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la
presunta vulneración de derechos fundamentales.
29. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional 8 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
9
29.1. La jurisprudencia constitucional ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error judicial debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento
7 La providencia se notificó por correo electrónico del 28 de mayo de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el 5 de
agosto de 2025.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
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Se niega la solicitud de amparo
de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez constitucional no
puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir.
30. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir
un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de
la decisión posterior” 10.
30.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
31. Finalmente, de acuerdo con la Corte Constitucional, la decisión sin motivación
“implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.” 11.
31.1. En ese sentido, por medio de este defecto se pretende salvaguardar “el derecho de
los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción” 12, por lo
cual al juez de tutela, en su estudio, le corresponde analizar si la autoridad judicial
accionada cumplió su deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan
su decisión o si, por el contrario, se configuró una violación al derecho fundamental al
debido proceso.
H. El caso concreto
32. La Sala no encuentra configurados los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación en la providencia objeto de reproche. Lo anterior,
en virtud de que la autoridad judicial analizó y aplicó las normas pertinentes para el caso
bajo estudio, basó su decisión en jurisprudencia del Consejo de Estado y expuso
suficientemente las razones de hecho y derecho que la llevaron a tomar su decisión.
33. Primero, la Sala advierte que los reproches que el accionante presenta en relación
con la alegada configuración de los defectos sustantivo y decisión sin motivación están
relacionados con que la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación
desconoció, u omitió valorar, el proceso ejecutivo que adelantó contra CAJANAL.
34. En la sentencia del 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado estableció que el daño que alegaba el actor era el no pago de las
sumas retroactivas y los intereses moratorios que le fueron reconocidos en las
sentencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006 proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de nulidad y restablecimiento del
10
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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derecho que adelantó contra CAJANAL para obtener la reliquidación de su pensión de
vejez.
34.1. La autoridad judicial accionada se remitió al artículo 177 del CCA, norma aplicable
para el momento en que fueron proferidas las sentencias de nulidad y restablecimiento
del derecho, y determinó que la caducidad del medio de control de reparación directa
debía empezar a contarse una vez vencido el término de 18 meses dispuesto en ese
artículo para que las entidades públicas cumplieran con el pago de las condenas
ordenadas en providencias judiciales. En ese sentido, concluyó que el día siguiente al
que venció el término de 18 meses fue el 2 de abril de 2008 y que, para esa fecha, el
accionante “conoció materialmente que CAJANAL no realizó dentro del término previsto
en el ordenamiento jurídico el pago […] ordenado en las providencias”.
34.2. Encontró que el término de dos años de la caducidad del medio de control de
reparación directa comenzó el 2 de abril de 2008 y finalizó el 2 de octubre de 2010,
mientras que la demanda se presentó el 25 de noviembre de 2013, cuando ya se había
configurado la caducidad del medio de control. Incluso, sostuvo que para la fecha en
que el actor presentó la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, esto es, el 5
de agosto de 2013, también había operado la caducidad.
35. Según lo expuesto, la Sala observa que la sentencia del 9 de abril de 2025 no
solamente estuvo motivada, sino que la decisión se basó en las normas aplicables al
momento en que ocurrieron los hechos que se discutían en el proceso ordinario.
36. Sin perjuicio de lo anterior, resulta relevante aclarar que en la demanda de
reparación directa, el actor pretendía:
el pago de “los perjuicios materiales y morales […] [derivados] de [la] Falla del Servicio, por
la no Reliquidación de su pensión de vejez y el pago oportuno de los retroactivos, ordenados
por los fallos del Tribunal Administrativo del Valle, y el mandamiento ejecutivo proferido
por el Juzgado 15 Administrativo de Cali, dentro del proceso de ejecución radicado
bajo el numero. [sic] No.- 76001-3331-015-2008-00301-00, Anexado al proceso de
Liquidación de Cajanal en Liquidación […] (negrillas de la Sala)
36.1. Como se evidencia, el actor se refirió expresamente al proceso ejecutivo –y a su
remisión al proceso de liquidación– en las pretensiones de la demanda del proceso de
reparación directa. No obstante, en la parte considerativa de la providencia objeto de
tutela, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación no hizo referencia
alguna al proceso ejecutivo adelantado por el actor contra CAJANAL para obtener el
pago de los valores que le fueron reconocidos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
36.2. Si bien, en ese sentido, podría alegarse la configuración de una omisión por parte
de la autoridad judicial accionada, en la medida que no estudió la incidencia de la
existencia del proceso ejecutivo en su decisión, la Sala advierte que esta omisión no
tiene la virtualidad de entenderse como un defecto porque (i) la autoridad accionada sí
tuvo en cuenta la existencia del proceso ejecutivo y las providencias proferidas en esa
sede, tanto así, que lo tuvo como un hecho probado dentro del proceso de reparación
directa e (ii) incluso si se hubiese incluido como una consideración, la existencia del
proceso ejecutivo no hubiese cambiado el sentido de la decisión que se cuestiona.
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36.3. La Sala evidencia que, aunque el actor se refiere a las providencias proferidas en el
proceso ejecutivo en las pretensiones del proceso de reparación directa, lo cierto es que
lo que pretende es el daño derivado del no pago oportuno de las sumas que le fueron
reconocidas en las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese orden de ideas, le asiste razón a la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación en concluir que el daño se configuró desde la fecha en que no se efectuó
oportunamente el pago de esas sumas, es decir, después de transcurridos 18 meses
de la ejecutoria de las providencias que lo ordenaron. Pues, aunque el actor presentó
una demanda ejecutiva para obtener el pago, lo cierto es que ya sabía que el pago no
se efectuó oportunamente.
36.4. En relación con el segundo punto, se resalta que, incluso en el evento en que la
caducidad del medio de control se hubiese contado a partir de la ejecutoria del auto que
libró mandamiento de pago –proferido el 14 de julio de 2009–, o el auto que remitió el
proceso ejecutivo al trámite de liquidación de CAJANAL –proferido el 10 de noviembre
de 2009– también habría operado este fenómeno, por cuanto el actor presentó la
demanda de reparación directa el 25 de noviembre de 2013. Adicionalmente, si se
contara el término a partir de la fecha en que el expediente fue remitido a CAJANAL o
de la sentencia de tutela del 15 de abril de 2010 que ordenó a esa entidad tener en
cuenta expediente en el proceso liquidatorio, la acción también estaría caducada,
además, de que el actor no allegó al proceso ordinario ningún medio de prueba que
acreditara que un momento posterior se enteró que definitivamente no se produciría el
pago.
37. Por otro lado, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente, la
Sala concuerda con los argumentos expuestos por el Consejero Ponente de la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en el informe que rindió en
esta sede. En ese sentido, encuentra que (i) la posición jurisprudencial cuyo
desconocimiento alega el accionante, como él mismo lo reconoce en la demanda de
tutela, no constituyen una posición pacífica o unificada del Consejo de Estado sobre la
suspensión de la caducidad de los procesos judiciales durante el proceso liquidatorio de
CAJANAL y, en todo caso, (ii) las providencias en las que se ha sostenido esa posición
se refieren a casos en los que se suspende la operancia de la caducidad de procesos
ejecutivos adelantados contra CAJANAL pero no de procesos de reparación directa.
38. Por lo anteriormente expuesto, para esta Sala es evidente que la sentencia
proferida el 9 de abril de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado no incurrió en los defectos alegados, motivo por el cual se denegará el
amparo a los derechos fundamentales del accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DENIÉGASE el amparo impetrado por el señor Víctor Manuel Abadía
Villegas.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04875-00
Accionante: Víctor Manuel Abadía Villegas
Se niega la solicitud de amparo
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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