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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-01203-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-01203-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO: SIN COSTAS. QUINTO: TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2013-01203-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300020130120301 (69000)
Demandante: VÍCTOR MANUEL ABADÍA VILLEGAS Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Y OTRA

Tema: Errores en la liquidación de pensión de jubilación. No pago de
sumas retroactivas e intereses moratorios. Omisión e
irregularidades en el trámite de liquidación pensional. Proceso
ejecutivo para reclamar las obligaciones contenidas en una
sentencia. No pago de acreencias en el trámite liquidatorio.
Ausencia de certeza del daño como requisito para su
resarcibilidad. No se configuraron costas en el trámite de
segunda instancia.

FALLO DE REEMPLAZO

La Sala, en cumplimiento de la orden de tutela del 22 de enero de 2026, dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado1, profiere una nueva providencia para
decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró la nulidad del acto ficto a través del cual la Caja Nacional de

1 “[…] se ordena, al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que, en el término de 20

días contados a partir de la notificación del presente proveído, en el medio de control de reparación
directa cuestionado, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esa providencia, en la que
valore integralmente las pruebas aportadas, y compute el término de caducidad en atención a la
motivación de la presente providencia, sin perjuicio de las demás consideraciones que deba abordar
el estudio del aludido medio exceptivo”.

2

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

Previsión Social EICE (en adelante “CAJANAL”) negó a Víctor Manuel Abadía
Villegas una solicitud para reliquidar su pensión. Dicha decisión fue modificada por
la misma Corporación, mediante providencia del 23 de mayo de 2006, en el sentido
de disponer que la reliquidación pensional debía realizarse tomando como base el
régimen de transición previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 19932.
En virtud de lo anterior, por Resolución del 30 de noviembre de 2007, CAJANAL
reliquidó la pensión de Víctor Manuel Abadía Villegas. No obstante, el pensionado
solicito a la entidad liquidadora pagarle las sumas retroactivas que había dejado de
percibir, así como los intereses moratorios, pues a su juicio, ello había sido
ordenado en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006, proferidas por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como la entidad no dio respuesta a su solicitud, el 8 de octubre de 2008, Abadía
Villegas presentó demanda ejecutiva contra CAJANAL pretendiendo el pago de las
sumas retroactivas dejadas de percibir y de los correspondientes intereses
moratorios, reconocidos en las providencias del 14 de marzo y 23 de mayo de 2006.
Mediante auto del 14 de julio de 2009, el Juzgado que conoció del proceso libró
mandamiento de pago contra CAJANAL ordenándole pagar a Víctor Manuel Abadía
Villegas aquello que había pedido y que le había sido reconocido en las precitadas
providencias. No obstante, dado que CAJANAL entró en proceso de liquidación,
mediante proveído del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 15 Administrativo de
Cali remitió el mandamiento de pago a dicha entidad, para que fuera incorporado al
trámite liquidatorio de la misma. Finalmente, mediante Resolución No. 4911 del 11
de junio de 2013, el agente liquidador declaró la terminación “del proceso de
liquidación de CAJANAL” y “de su existencia legal”.

2 Artículo 36: “Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en

cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014,
fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres. […] El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de
lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere
igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para
liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos”.

3

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social, y CAJANAL - EICE Liquidada, son patrimonialmente responsables por el no
pago de “todos los retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los
correspondientes intereses moratorios”, pues alegan que ello se debió a graves
irregularidades y omisiones en el trámite de liquidación.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 25 de noviembre de 20133, Víctor Manuel Abadía Villegas, Luz Angélica López
de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante el “Ministerio de
Salud”) y, CAJANAL – EICE Liquidada, para que se les declarara patrimonialmente
responsables por el no pago a Víctor Manuel Abadía Villegas de “todos los
retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los correspondientes
intereses moratorios”, reconocidos en las providencias del 14 de marzo y 23 de
mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
entidades accionadas a pagarles, por daño emergente, la suma de $110.000.000; y
por lucro cesante, la suma de $570.496.572,80.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante
Resolución del 28 de enero de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social reconoció
una pensión vitalicia de jubilación a Víctor Manuel Abadía Villegas y ordenó pagarle,
por dicho concepto, la suma mensual de $3.214.362.

Sostiene que, el 8 de mayo de 2003, el pensionado presentó una petición ante dicha
entidad solicitando la reliquidación de su mesada.

3 Fl. 100 a 137, C.1.

4

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

Indica que, debido a que la anterior petición no fue contestada por CAJANAL, en
fecha indeterminada, Víctor Manuel Abadía Villegas presentó demanda nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto ficto mediante el cual se había negado
la solicitud para reliquidar su pensión.

Advierte que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto ficto y, en
consecuencia, ordenó a CAJANAL expedir un nuevo acto administrativo
reliquidando las acreencias laborales de Abadía Villegas.

Sostiene que la anterior decisión fue modificada por la misma Corporación mediante
auto del 23 de mayo de 2006, en el sentido de disponer que la reliquidación
pensional debía realizarse tomando como base el régimen de transición previsto en
el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Argumenta que, mediante Resolución del 30 de noviembre de 2007, CAJANAL
reliquidó la pensión reconocida a Víctor Manuel Abadía Villegas y fijó como nuevo
rubro, por dicho concepto, la suma mensual de $4.332.847.

Subraya que, no obstante, lo anterior, el pensionado solicito a la entidad liquidadora
pagarle las sumas retroactivas que había dejado de percibir, así como los intereses
moratorios, pues ello había sido ordenado en las providencias del 14 de marzo y 23
de mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Destaca que, como la entidad no dio respuesta a su solicitud, el 8 de octubre de
2008, Abadía Villegas presentó demanda ejecutiva contra CAJANAL pretendiendo
el pago de las sumas retroactivas dejadas de percibir y de los correspondientes
intereses moratorios, los cuales habían sido reconocidos en los proveídos del 14 de
marzo de 2006 y 23 de mayo de 2006.

Resalta que, dicho trámite correspondió por reparto al Juzgado 15 Administrativo de
Cali y se adelantó con el número de radicado 2008-00301.

5

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

Manifiesta que, mediante auto del 14 de julio de 2009, el referido juzgado libró
mandamiento de pago contra CAJANAL en el que ordenó pagarle a Víctor Manuel
Abadía Villegas “todos los sueldos y demás emolumentos dejados de percibir” y los
intereses moratorios causados a partir de la exigibilidad de dicha obligación.

Sostiene que, el 10 de octubre de 2009, Víctor Manuel Abadía Villegas presentó
ante CAJANAL en Liquidación la reclamación No. 810 de esa fecha, pretendiendo
el pago de la suma de $87.190.913.72.

Afirma que, dado que CAJANAL entró en proceso de liquidación, mediante proveído
del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 15 Administrativo de Cali remitió el
precitado mandamiento de pago a dicha entidad, para que fuera incorporado al
trámite liquidatorio adelantado sobre la misma.

Concluye que, mediante Resolución No. 4911 del 11 de junio de 2013, el agente
liquidador de CAJANAL declaró la terminación “del proceso de liquidación” y “de su
existencia legal”.

Los demandantes consideran que el Ministerio de Salud y CAJANAL – EICE
Liquidada, son patrimonialmente responsables por el no pago de “todos los
retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los correspondientes
intereses moratorios”, pues alegan que ello se debió a graves irregularidades y
omisiones en el trámite de liquidación.

2. Contestaciones

El 7 de marzo de 20144, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio
Público.

4 Fl. 151 a 152, C.1.

6

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

2.1. El Ministerio de Salud5 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el daño alegado por el extremo activo no le era atribuible, toda
vez que no tuvo injerencia alguna en su causación. Formuló como excepciones las
de ineptitud sustancial de la demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante “UGPP”)6, como sucesora
procesal de la Caja Nacional de Previsión Social – EICE Liquidada7, manifestó que
el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se probó que hubiese incurrido
en una falla del servicio. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia
de la obligación demanda”, “cobro de lo no debido” y “prescripción”.

3. Audiencia inicial

El 12 de abril de 20168, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a determinar “si la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, y la UGPP,
sucesora procesal de CAJANAL EICE Liquidada, es responsable (sic) de los
perjuicios causados a Víctor Manuel Abadía Villegas por la no reliquidación de su
pensión y el pago de retroactivos ordenados en el fallo del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca”.

5 Fl. 228 a 236, C.1.
6 Fl. 261 a 263, C.1.
7 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el

artículo 2º del Decreto 2040 de 2011, “[…] los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén
en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones
que asumirá la UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán
a cargo del Ministerio de la Protección Social”.
8 Fl. 352 a 368, C.1.

7

Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 19 de julio de 20169 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. Los demandantes10 y la UGPP11 reiteraron los argumentos expuestos en el
escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente.

4.2. El Ministerio de Salud y el ministerio púbico guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de agosto de 202212, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño alegado
no era atribuible a la Administración, toda vez que no se acreditó un vínculo causal
entre éste y la falla del servicio imputada a las entidades accionadas.

Al efecto, en la sentencia el Tribunal indicó que “[…] se echa de menos la prueba
del elemento ‘nexo causal’ entre el incumplimiento de la obligación y la deuda,
cuestión que correspondía a la parte demandante dejar plenamente establecida. Es
claro que los medios probatorios resultan ineficaces e insuficientes para probar el
nexo causal, por lo anterior, la Sala pudo observar que, debido a las falencias
probatorias de la parte demandante, no se demostró que el daño fuese imputable a
las demandadas; de tal suerte que la falta de dicha acreditación de la relación de
causalidad deviene la ausencia de uno de los elementos de la responsabilidad del
Estado, por ello acaece el fracaso de las pretensiones”.

9 Fl. 395 a 397, C.1.
10 Fl. 343 a 346, C.3.
11 Fl. 399 a 402, C.1.
12 Índice No. 39, SAMAI.

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Radicado: 760012333000201300120301 (69000)
Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

6. Recurso de apelación

El 17 de agosto de 202213 la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, el cual fue concedido el 22 de septiembre de 202214 y admitido
el 7 de octubre siguiente15.

6.1. El extremo activo16 argumentó que los medios de prueba obrantes en el
expediente permitían acreditar el vínculo causal entre el daño alegado y la falla del
servicio en que habrían incurrido las entidades demandadas. Precisamente, afirmó
que la “principal” causa del hecho lesivo fue el deficiente funcionamiento de
CAJANAL antes y durante el trámite de liquidación y reliquidación de la pensión de
jubilación.

Textualmente expuso: “[…] se demostró la responsabilidad estatal en sus tres
elementos, pues se demuestra (sic) la falla del servicio de la demandada –
CAJANAL UGPP […] Se demostró, entonces, el daño patrimonial, la imputación y
el nexo causal. Como factor principal la falla del servicio, consistente en el deficiente
funcionamiento del servicio por parte del CAJANAL, como principal causal de la falla
del servicio”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202117 y habida cuenta que no se

13 Fl. 425, C.1
14 Fl. 425, C.1.
15 Fl. 429 a 430, C.1.
16 Índice No. 40, SAMAI.
17 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.

8. Auto de mejor proveer

Mediante auto del 28 de octubre de 2024, la Sala, dada la necesidad de esclarecer
un punto oscuro en el proceso, dictó auto de mejor proveer en el que decretó, como
prueba de oficio, los “documentos relacionados con la reclamación del señor Víctor
Manuel Abadía, por concepto del proceso ejecutivo con radicación No. 2009-00301,
acumulado al trámite de liquidación de CAJANAL EICE Liquidada, por las razones
esbozadas en la parte motiva”18. La UGPP19 y el Ministerio de Salud20 allegaron
varios documentos de los cuales21, a través del auto del 7 de marzo de 202522, se
corrió traslado a las partes.

En el término de traslado, el señor Abadía Villegas señaló23, entre otras cosas24,
señaló que las autoridades requeridas no aportaron la información completa pero
que, en todo caso, varios de los documentos solicitados ya obraban en el
expediente. Insistió, además, en que la respuesta a la petición presentada el 16 de
junio de 2010 – ya obrante en el plenario -, permitió constatar que “el proceso de
calificación de las reclamaciones oportunes está actualmente en curso” lo cual fue
reafirmado en el escrito de alegatos de conclusión presentados por el apoderado

18 Índice No. 25, SAMAI – Consejo de Estado.
19 Índice No. 33, SAMAI – Consejo de Estado.
20 Índice No, 37, SAMAI – Consejo de Estado.
21 “Certificado sobre la existencia de la cuenta de ahorro del señor Víctor Manuel Abadía Villegas,

emitido por la entidad financiera Bancolombia; Fallo de tutela del 4 de diciembre de 2008 proferido
por el Juzgado 14 Penal del Circuito Judicial de Cali, en el proceso identificado bajo el radicado No.
2008-00177-00; Oficio del 19 de diciembre de 2008 emitido por el Juzgado 14 Penal del Circuito
Judicial de Cali, mediante el cual se informa a CAJANAL, sobre el fallo de tutela del 4 de diciembre
de 2008; Incidente de desacato al fallo de tutela del 4 de diciembre de 2008; Escrito de reclamación
a la liquidación de la pensión de jubilación del señor Víctor Manuel Abadía Villegas; Proceso ejecutivo
identificado bajo el radicado No. 2008 – 00301, adelantado por el señor Abadía Villegas en contra
de CAJANAL EICE”.
22 Índice No. 39, SAMAI – Consejo de Estado.
23 Índice No. 44, SAMAI – Consejo de Estado.
24 Aunque en este memorial, la parte demandante solicitó decretar de oficio la prueba documental a

través de la cual pretendía acreditar el envío de una petición y la eventual configuración de un silencio
administrativo negativo, para así demostrar que la entidad “nunca ha proferido un acto administrativo,
como era su obligación, dando cumplimiento a los fallos judiciales”, lo cierto es que esa atribución –
la de decretar pruebas de oficio, estando el negocio para fallo – le competía exclusivamente a la
Sala, sí así lo hubiera considerado pertinente en los términos del inciso 2º del artículo 213 del
CPACA, sin que en ello incidiera la solicitud de parte en este sentido.

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

judicial de la UGPP en tanto afirmó que “CAJANAL sí adeuda a los demandantes
dinero de los fallos judiciales no cumplidos”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación25, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14026 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por una omisión del Ministerio de Salud y de

25 El valor de la pretensión se estima en la suma de $570.496.572,80
26 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

CAJANAL – EICE Liquidada. Al efecto, debe resaltarse que, habida cuenta que el
daño reclamado se enmarca en aspectos de naturaleza laboral – específicamente,
el no pago del retroactivo y de los intereses de mora -, resulta imperativo precisar
que, más allá de la naturaleza de la pretensión, la omisión que se imputa
presuntamente ocurrió en el proceso liquidatorio de CAJANAL EICE Liquidada, de
manera que su estudio no puede extenderse a decisiones o actuaciones
administrativas anteriores, ni a procesos nuevos o diferentes a dicho trámite
liquidatorio.

3. Vigencia del medio de control

Mediante sentencia del 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que, en el presente asunto litigioso, había operado el
fenómeno preclusivo de caducidad del medio de control de reparación directa, toda
vez que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció el hecho
lesivo y aquella en la que se presentó la demanda.

No obstante lo anterior, mediante fallo del tutela del 22 de enero de 2026, la Sección
Cuarta de esta Corporación dejo sin efectos la precitada decisión y ordenó, además,
“que en el término de 20 días contados a partir de la notificación del presente proveído,
en el medio de control cuestionado, dentro de los 20 días siguientes a la notificación
de esa providencia, en la que valore integralmente las pruebas aportadas, y compute
el término de caducidad en atención a la motivación de la presente providencia, sin
perjuicio de las demás consideraciones que deba abordar en el estudio del aludido
medio exceptivo”.

Ahora bien, aunque en esta providencia se acatará lo dispuesto por el juez de tutela
en el fallo del 22 de enero de 2026, en tanto toda autoridad judicial debe cumplir las
órdenes a él impartidas en marco de la acción de amparo constitucional, resulta
determinante y pertinente precisar lo siguiente con el propósito de salvaguardar los

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

postulados iusfundamentales de autonomía e independencia judicial27, y de
sometimiento de las autoridades judiciales y sus decisiones al imperio de la ley28.

Aunque la sentencia del 9 de abril de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado estableció con fundamento en las piezas procesales
que en el asunto litigioso examinado no se satisfizo el presupuesto procesal de
vigencia de la acción de reparación directa, en tanto transcurrieron más de dos (2)
años desde la fecha en que acaeció el hecho dañoso y aquella en que se presentó la
demanda, en el trámite de tutela, específicamente en el fallo de segunda instancia, la
Sección Cuarta de la misma Corporación, determinó que el extremo inicial para
contabilizar la caducidad del medio de control iniciaría a correr desde el momento en
que “culminó la personería jurídica de CAJANAL EICE sin haber efectuado el pago”.

Asi, pese a que la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado estimó que “el daño antijurídico solicitado se materializó en el
momento en que dicha vía administrativa, a la cual fue obligado a acudir por virtud de
la norma, culminó con la extinción de la personería jurídica de CAJANAL EICE sin
haber efectuado el pago. Es allí, y no antes, donde la expectativa legítima de cobro se
frustró definitivamente y surgió la certeza del daño”, debe reiterarse que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la pretensión de reparación directa
caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Con todo, aunque no se comparte el criterio adoptado en la decisión del 22 de enero
de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, es obligación del

27 Artículo 228 de la Constitución Política: “La Administración de Justicia es función pública. Sus

decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo”.
28 Artículo 230 de la Constitución Política: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al

imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judiciales”.

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juez acatar lo impartido en la orden de tutela, de modo que en el caso en concreto
se examinará el cómputo del citado presupuesto procesal atendiendo las directrices
impartidas por el juez constitucional.

Según lo expuesto, se evidencia que, a juicio del juez de tutela, “el daño antijurídico
se consolidó con la conclusión de la liquidación de CAJANAL el 11 de junio de 2013,
no en 2008. Por ello, la demanda presentada el 25 de noviembre de 2013 no estaba
caducada”. En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo determinado en el fallo de
amparo del 22 de enero de 2026, se advierte que el ejercicio del derecho de acción
se ejerció en tiempo, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años
establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna. Ello
implica, entonces, emitir un pronunciamiento en el que, luego de verificar el
presupuesto procesal de legitimación en la causa, se resuelva el fondo de la
controversia en atención a lo ordenado por el operador constitucional.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis29.

4.1. Víctor Manuel Abadía Villegas es la persona sobre quien recae el interés jurídico
que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, toda vez que,
según lo narrado en la demanda, fue quien presentó la reclamación dentro del trámite
liquidatorio de CAJANAL (hecho probado 7.1.7.) y quien habría sufrido la aminoración
patrimonial derivada del no pago de unas acreencias previamente reconocidas
mediante una sentencia judicial (hecho probado 7.1.4 a 7.1.6.).

4.2. Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenía Abadía López no están

29 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.

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legitimadas en la causa por activa, toda vez que no participaron en el trámite liquidaron
de CAJANAL, no acreditaron ser terceras perjudicadas en dicho proceso, ni
demostraron tener interés directo en sus resultadas. En efecto, si bien las citadas
personas ejercieron el derecho de acción reclamando la reparación de un daño,
ningún elemento probatorio permitió establecer, en grado de certeza, que hubieren
sufrido alguna afectación con ocasión de dicho proceso, ni un vínculo jurídico o fáctico
que justificara su intervención en este asunto litigioso. Sobre este particular, cabe
reiterar que, en línea con el principio nemo testis idoneus in re sua, no puede la propia
parte acreditar un hecho con su simple dicho.

4.3. La Nación está debidamente representada por el Ministerio de Salud y Protección
Social y está legitimada en la causa por pasiva, toda vez que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º del Decreto de 2196 del 12 de junio de 200930, “la Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, creada por la Ley 6ª de 1945 y
transformada en empresa industrial y comercial del Estado, descentralizada de la
rama ejecutiva del orden nacional, mediante la Ley 490 de 1997, vinculada al
Ministerio de Protección Social”. Asimismo, por ser una de las autoridades a quien se
le atribuye la causación del daño reclamado.

4.4. La UGPP, como sucesora procesal de la CAJANAL EICE Liquidada31, está
legitimada en la causa por pasiva, en tanto es la entidad frente a la cual se imputa la
ocurrencia de la aminoración patrimonial alegada, derivada de presuntas omisiones e
irregularidades en la liquidación.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Ministerio de Salud y CAJANAL EICE Liquidada
son patrimonialmente responsables por el no pago de la acreencia presentada por

30 Por la cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, EICE, se ordena su
liquidación y se dictan otras disposiciones.
31 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el

artículo 2º del Decreto 2040 de 2011, “[…] los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén
en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones
que asumirá la UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán
a cargo del Ministerio de la Protección Social”.

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Víctor Manuel Abadía Villegas en el trámite liquidatorio, pues afirma que ello se debió
a graves irregularidades y omisiones administrativas de esas dos entidades.

6. Solución al problema jurídico

Antes de entrar a resolver el problema jurídico que se ha planteado es conveniente
exponer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199132 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para
establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración con su
acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder por aquel,
lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y
jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo
anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función
pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los títulos de
imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que
han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del
servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.

32 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, el extremo activo argumentó que los medios de prueba obrantes en el
expediente permitían acreditar el vínculo causal entre el daño alegado y la “falla del
servicio” en que habrían incurrido las entidades demandadas. Precisamente, afirmó
que la “principal” causa del hecho lesivo fue el deficiente funcionamiento de
CAJANAL antes y durante el trámite de liquidación y reliquidación de la pensión de
jubilación.

En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso, se resolverá el asunto exclusivamente en
aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso33. Por ello, a
continuación, se analizará si el Ministerio de Salud y CAJANAL EICE Liquidada son
patrimonialmente responsables por el no pago de la acreencia34 presentada por
Víctor Manuel Abadía Villegas.

33 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
34 La acreencia es por el no pago de “retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los

correspondientes intereses moratorios” reconocidos en las providencias del 14 de marzo y 23 de
mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Está probado que, mediante Resolución del 28 de enero de 2003, la Caja
Nacional de Previsión Social reconoció una pensión vitalicia de jubilación a Víctor
Manuel Abadía Villegas y ordenó pagarle, por dicho concepto, la suma mensual de
$3.214.362. De esta información da cuenta copia auténtica de la Resolución del 30
de noviembre de 2007, expedida por la mencionada entidad35.

7.1.2. Está acreditado que, el 8 de mayo de 2003, el pensionado presentó una
petición ante dicha entidad solicitando la reliquidación de su pensión, pues
consideró que ésta debía corresponder a un mayor valor. De esta información da
cuenta copia auténtica de la sentencia del 14 de marzo de 2006, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca36.

7.1.3. Consta que debido a que la anterior petición no fue respondida, en fecha
indeterminada, Víctor Manuel Abadía Villegas presentó demanda nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto ficto mediante el cual se había negado
la solicitud para reliquidar su pensión. De esta información da cuenta copia auténtica
de la sentencia del 14 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca37.

7.1.4. Se probó que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto ficto referido y, en

35 Fl. 20 a 23, C.1.
36 Fl. 22 a 32, C.2.
37 Fl. 22 a 32, C.2.

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consecuencia, ordenó a CAJANAL expedir un nuevo acto administrativo
reliquidando las acreencias laborales a que tenía derecho el demandante. De esta
información da cuenta copia auténtica de la mencionada providencia 38. La parte
resolutiva de la sentencia dispuso:
“[…] 1º DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto proveniente de la Caja Nacional
de Previsión Social, mediante el cual se entiende negada la solicitud de reliquidación
pensional elevada por Víctor Manuel Abadía Villegas, en escrito enviada a la entidad en
fecha de 8 de mayo de 2003.

2º ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social, que produzca un acto administrativo
a través del cual se disponga la reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación
reconocida a favor de Víctor Manuel Abadía Villegas, mediante Resolución No. 00314 de
28 de enero de 2003, la cual tiene efectividad a partir del 17 de febrero de 2003, teniendo
en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios
comprendido entre el 17 de febrero de 2002 y el 16 de febrero de 2003, que se detallan
a continuación: Salario básico – Prima especial – las doceavas partes de la prima de
servicios – prima vacacional – prima de navidad – bonificación por servicios. Los datos
correspondientes para practicar la reliquidación y cuantificar el nuevo y definitivo monto
de la pensión deberán ser tomados por los certificados de sueldos y demás emolumentos
laborales expedidos por la jefe de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Sede Cali, que reposan en el expediente de antecedentes
administrativos existente en la entidad.

3º ORDENAR que los valores dejados de percibir mensualmente deberán ser indexados
aplicando la fórmula de indexación dada en la parte motiva de esta providencia.

4º DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por CAJANAL”

7.1.5. Se acreditó que, mediante providencia del 23 de mayo de 2006 proferida por
la precitada Corporación, se modificó la sentencia del 14 de marzo de 2006 en el
sentido de disponer que la reliquidación pensional debía realizarse tomando como
base el régimen de transición previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, según da cuenta copia auténtica de dicha decisión39. La parte resolutiva
del proveído dispuso lo siguiente:

“[…] MODIFICAR el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia del 14 de marzo de
2006, el cual quedará así:

2º ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social que produzca un acto administrativo
a través del cual se disponga la reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación
reconocida a favor de Víctor Manuel Abadía Villegas, mediante Resolución No. 00314 de
28 de enero de 2003, la cual tiene efectividad a partir del 17 de febrero de 2003; aplicando
en su totalidad el régimen de transición estipulado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio de todos los factores salariales percibidos
entre el 1º de enero de 1994 y el 16 de febrero de 2003, actualizados anualmente con
base en el IPC, los cuales se detallan a continuación: Salario básico – Prima especial –

38 Fl. 22 a 32, C.2.
39 Fl. 254 a 255, C.2.

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las doceavas partes de la prima de servicios – prima vacacional – prima de navidad –
bonificación por servicios. Los datos correspondientes para practicar la reliquidación y
cuantificar el nuevo y definitivo monto de la pensión deberán ser tomados por los
certificados de sueldos y demás emolumentos laborales expedidos por la jefe de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Sede Cali, que reposan en
el expediente de antecedentes administrativos existente en la entidad.” (Se resalta)

7.1.6. Se probó que el 1º de octubre de 2006, quedó ejecutoriada la sentencia del
14 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
De esta información da cuenta copia auténtica de la constancia de ejecutoria,
suscrita por la Secretaría de la Sección Primera de dicha Corporación40.

7.1.7. Se demostró que, mediante Resolución del 30 de noviembre de 2007,
CAJANAL reliquidó la pensión reconocida a Víctor Manuel Abadía Villegas y fijó
como nuevo rubro, por dicho concepto, la suma mensual de $4.332.847. De esta
información da cuenta copia auténtica de dicho acto administrativo41.

7.1.8. Está probado que el 8 de octubre de 2008, el señor Abadía Villegas presentó
demanda ejecutiva contra CAJANAL pretendiendo el pago de las sumas retroactivas
dejadas de percibir y de los correspondientes intereses moratorios, los cuales
habían sido reconocidos en la sentencia del 14 de marzo de 2006, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, modificada mediante auto del 23 de
mayo de 2006, proferido por la misma Corporación. De esta información da cuenta
copia auténtica de la providencia del 14 de julio de 2009, proferida por el Juzgado
15 Administrativo de Cali42.

7.1.9. Consta que, mediante auto del 14 de julio de 2009, el referido juzgado que
conoció del proceso libró mandamiento de pago contra CAJANAL en el que ordenó
pagarle a Víctor Manuel Abadía Villegas “todos los sueldos y demás emolumentos
dejados de percibir” y los intereses moratorios causados a partir de la exigibilidad
de dicha obligación, los cuales habían sido reconocidos en las precitadas
providencias. De esta información da cuenta copia auténtica de dicho proveído43.

40 Fl. 17, C.1.
41 Fl. 20 a 23, C.1.
42 Fl. 170 a 175, C.2.
43 Fl. 170 a 175, C.2.

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7.1.10. Se demostró que el 10 de octubre de 2009, Víctor Manuel Abadía Villegas
presentó ante CAJANAL en Liquidación la reclamación No. 810 de esa fecha,
pretendiendo el pago de la suma de $87.190.913.72. De esta información da cuenta
copia auténtica de dicho documento44.

7.1.11. Se probó que, mediante proveído del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado
15 Administrativo de Cali remitió el precitado mandamiento de pago a CAJANAL en
liquidación, para que fuera incorporado al trámite liquidatorio adelantado sobre la
misma. De esta información da cuenta copia auténtica de la mencionada
providencia45.

7.1.12. Se acreditó que mediante oficio No. 126611 del 2 de septiembre de 2010, el
agente liquidador de CAJANAL EICE en Liquidación comunicó a al señor Abadía
Villegas que “el proceso de calificación de las reclamaciones oportunas está
actualmente en curso y próximamente se expedirá el acto administrativo
correspondiente”. De esta información da cuenta copia simple de dicho
documento46.

7.1.13. Finalmente, consta que el 11 de junio de 2013, el agente liquidador de
CAJANAL “declaró la terminación del proceso de liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL EICE en Liquidación, a partir de las cero horas del día
12 de junio de 2013 […] y como consecuencia de lo anterior, declarar terminada la
existencia legal de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE en
Liquidación, a partir de las cero horas del día 12 de junio de 2013”. De esta
información da cuenta la Resolución No. 4911 de esa fecha, expedida por el agente
liquidador de dicha entidad, que fue publicada en el Diario Oficial el 21 de junio de
esa anualidad.

44 Mediante auto del 28 de octubre de 2024, se profirió un auto de mejor proveer por medio del cual

se ofició a la UGPP para que allegara en formato digital copia completa del trámite de liquidación
pensional adelantado por Víctor Manuel Abadía Villegas. Así las cosas, la citada reclamación obra
en el folio No. 1 de la documentación aportada al proceso. Índice No. 37, SAMAI – Consejo de
Estado.
45 Fl. 133 a 135, C.2.
46Índice No. 35, SAMAI – Consejo de Estado.

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7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración47-48.

7.2.1. Falta de prueba de un daño resarcible

En el sub examine, el daño se hace consistir en la merma y/o aminoración
patrimonial sufrida por el accionante, derivada de la pérdida de recursos
económicos - retroactivos debidamente indexados [de su pensión] y los
correspondientes intereses moratorios - reconocidos en las providencias del 14 de
marzo y 23 de mayo de 2006, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del

47 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
48 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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Cauca, respecto de los cuales se presentó la reclamación ante CAJANAL dentro del
trámite liquidatorio, situación que se imputa a graves irregularidades y omisiones
administrativas.

Pues bien, según los hechos pudo constatarse lo siguiente: i) que mediante
Resolución del 28 de enero de 2003, la CAJANAL reconoció una pensión vitalicia
de jubilación a Víctor Manuel Abadía Villegas y ordenó pagarle, por dicho concepto,
la suma mensual de $3.214.362 (hecho probado 7.1.1.); ii) que el 8 de mayo de
2003, el pensionado presentó una petición ante dicha entidad solicitando la
reliquidación de su pensión, pues consideró que ésta debía corresponder a un
mayor valor (hecho probado 7.1.2.); iii) que debido a que la anterior petición no fue
respondida, el señor Abadía Villegas, en fecha indeterminada, presentó demanda
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto mediante el cual se había
negado la solicitud para reliquidar su pensión (hecho probado 7.1.3.); iv) que
mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró la nulidad del acto ficto referido y, en consecuencia, ordenó a
CAJANAL expedir un nuevo acto administrativo reliquidando las acreencias
laborales a que tenía derecho el demandante (hecho probado 7.1.4.); v) que
mediante providencia del 23 de mayo de 2006 proferida por la precitada
Corporación, se modificó la sentencia del 14 de marzo de 2006 en el sentido de
disponer que la reliquidación pensional debía realizarse tomando como base el
régimen de transición previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
(hecho probado 7.1.5.); vi) que el 1º de octubre de 2006, quedó ejecutoriada la
sentencia del 14 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca (hecho probado 7.1.6.).

En ese orden, también se demostró: vii) que mediante Resolución del 30 de
noviembre de 2007, CAJANAL reliquidó la pensión reconocida a Víctor Manuel
Abadía Villegas y fijó como nuevo rubro, por dicho concepto, la suma mensual de
$4.332.847 (hecho probado 7.1.7.); viii) que el 8 de octubre de 2008, el señor
Abadía Villegas presentó demanda ejecutiva contra CAJANAL pretendiendo el pago
de las sumas retroactivas dejadas de percibir y de los correspondientes intereses
moratorios, los cuales habían sido reconocidos en la sentencia del 14 de marzo de

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, modificada
mediante auto del 23 de mayo de 2006, proferido por la misma Corporación (hecho
probado 7.1.8.); ix) que mediante auto del 14 de julio de 2009, el juzgado que
conoció del proceso libró mandamiento de pago contra CAJANAL en el que ordenó
pagarle a Víctor Manuel Abadía Villegas “todos los sueldos y demás emolumentos
dejados de percibir” y los intereses moratorios causados a partir de la exigibilidad
de dicha obligación, los cuales habían sido reconocidos en las precitadas
providencias (hecho probado 7.1.9); x) que el 10 de octubre de 2009, Víctor Manuel
Abadía Villegas presentó ante CAJANAL en Liquidación la reclamación No. 810 de
esa fecha, pretendiendo el pago de la suma de $87.190.913.72. (hecho probado
7.1.10); xi) que mediante proveído del 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 15
Administrativo de Cali remitió el precitado mandamiento de pago a CAJANAL en
liquidación, para que fuera incorporado al trámite liquidatorio adelantado sobre la
misma (hecho probado 7.1.11.); xii) que mediante oficio No. 126611 del 2 de
septiembre de 2010, el agente liquidador de CAJANAL EICE en Liquidación
comunicó a al señor Abadía Villegas que “el proceso de calificación de las
reclamaciones oportunas está actualmente en curso y próximamente se expedirá el
acto administrativo correspondiente (hecho probado 7.1.12.)”; y, xiii) que el 11 de
junio de 2012, el agente liquidador de CAJANAL “declaró la terminación del proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE en
Liquidación, a partir de las cero horas del día 12 de junio de 2013 […] y como
consecuencia de lo anterior, declarar terminada la existencia legal de la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE en Liquidación, a partir de las cero
horas del día 12 de junio de 2013” (hecho probado 7.1.13.).

Ahora bien, de entrada se advierte que no existe prueba alguna que dé cuenta que
la acreencia presentada por el señor Abadía Villegas (hecho probado 7.1.10)
hubiere quedado insoluta en el marco del trámite liquidatorio de CAJANAL, lo que,
a la postre, permite evidenciar que no se acreditó en grado de certeza el daño
alegado, esto es, la supuesta merma y/o aminoración patrimonial sufrida por el
demandante con ocasión de la pérdida definitiva de recursos económicos que
reclamó ante la referida entidad.

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

Se echa de menos, sin que ello signifique y/o suponga una exigencia probatoria de
tarifa legal, que la parte demandante hubiera aportado los actos administrativos
mediante los cuales el agente liquidador declaró como insoluta la acreencia
presentada por Víctor Manuel Abadía Villegas, u otros medios de convicción
pertinentes para acreditar la certeza del daño padecido49, pues la sola referencia
sobre la falta de pago no es suficiente para tener por probada la afectación alegada,
máximo cuando no puede la parte que aduce un hecho probarlo con su simple
dicho50.

Sobre este aspecto, resulta pertinente advertir que para que surja y/o nazca una
obligación resarcitoria en cabeza del Estado es necesario que el juez tenga la íntima
convicción de que el daño alegado se ocasionó, contraponiéndose así lo hipotético
y/o eventual, pues, para que el menoscabo revista el carácter de cierto y con ello
resarcible, debe ser real y efectivo, no meramente conjetural. Dicho de otra manera,
en los juicios de responsabilidad civil, el daño será cierto en la medida en que el
juzgador conozca con plena evidencia una afectación y/o desmedro en el
perjudicado51.

Es así como, en el presente asunto litigioso los medios de convicción obrantes en
el expediente no logran acreditar de forma cierta, real y efectiva52 que el
demandante sufrió un desmedro y/o afectación patrimonial por la pérdida de los
recursos económicos que reclamó a CAJANAL, pues la sola afirmación de la falta
de pago de la deuda no es suficiente para tener como cierto el incumplimiento de la
obligación pecuniaria, en tanto, según lo narrado por la parte actora, el deudor
reconoció la acreencia debida y esta podría haberse pagado en el trámite de
liquidación de la entidad. Sobre este punto, es pertinente resaltar que, aunque en el
proceso se acreditó que el 11 de junio de 2013 el agente liquidador declaró la

49 A propósito de la determinación del pasivo a cargo de las entidades en liquidación, ver los artículos

26 y ss. del Decreto 2211 del 8 de julio de 2004, por medio del cual se termina el procedimiento
aplicable a las entidades sujetas a toma de posesión y liquidación.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 28 de octubre de 2024, Rad. 65651.
51TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil – Tomo II. Editorial Temis – 9ª

Reimpresión.
52VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual, Editorial Temis –

Universidad de La Sabana. 2da Edición.

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

terminación del trámite liquidatorio y la extinción de la existencia legal de CAJANAL
(hecho probado 7.1.13.), ello por sí solo no permite establecer que la acreencia
reclamada no hubiese sido cancelada, siendo plausible –como es viable en este tipo
de procedimientos- que el crédito se hubiere pagado parcialmente o que, en efecto,
la obligación dineraria se hubiere extinguido por el pago.

Al efecto, se resalta que en casos análogos esta Subsección ha acreditado la
prueba del daño con el acto administrativo a través del cual la entidad intervenida
dispone declarar insolutos los créditos reclamados en el proceso liquidatorio
aspecto que, como se refirió, no está probado en el presente caso y que resulta
determinante para proseguir con el análisis de los demás elementos de la
responsabilidad estatal53.

Así pues, se observa que no existe prueba que dé cuenta de la causación cierta de
un daño ocasionado al accionante, de modo que, ante su ausencia, como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no sería posible declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración54-55.

53 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencias del 28 de junio de 2023, Rad. (47754); del 19 de febrero de 2024, Rad.: 66775; del 13
de marzo de 2024, Rad.: 67922.; y del 28 de octubre de 2024, Rad.: 65651.
54 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
55 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso,
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que alega
requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus,
impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, no es posible su declaración.

Por otra parte, en su aspecto sustancial, debemos considerar que la causación de
un daño genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como
obligación de contenido crediticio de reparación integral del mismo, su prueba
corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende del artículo 1757
del Código Civil56; de donde tratándose de la prueba del nacimiento y existencia
de una obligación, es un deber insoslayable del acreedor que solo
excepcionalmente puede suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello
rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma.

Con todo, debe subrayarse que lo aquí decidido se sustentó en la totalidad de
pruebas obrantes en el expediente, incluidas las incorporadas por las autoridades
demandadas en cumplimiento del auto de mejor proveer del 28 de octubre de
2024, por la Sala, y se adoptó con pleno respaldo de los medios probatorios
recaudados, garantizando de manera efectiva los derechos de acceso a la
administración de justicia y defensa de las partes.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará el sentido de la decisión del 11 de agosto
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, no sin antes adicionar un numeral que disponga
declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por

56 “Artículo 1757. Persona con la carga de la prueba. Incumbe probar las obligaciones o su extinción

al que alega aquéllas o ésta.”

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activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, por las
razones atrás expuestas.

8. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las reglas para la imposición
de la condena, la norma procesal general establece que ésta procede en contra de
la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202157, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que

57 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

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Demandante: Víctor Manuel Abadía Villegas y otros

en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la falta de legitimación en la causa por
activa de Luz Angélica López de Abadía y Victoria Eugenia Abadía López, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: SIN COSTAS.

QUINTO: TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto

VF/EX1

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