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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04887-00

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04887-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se le separa del conocimiento de la presente acción constitucional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04887-00 Actor: SINDICATO DE PROCURADORES JUDICIALES (PROCURAR) constitucional de la referencia por falta del requisito general de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04887-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04887-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: SINDICATO DE PROCURADORES JUDICIALES (PROCURAR).

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DENTRO DEL QUE SE PROFIRIÓ LA
DECISIÓN CUESTIONADA SE ENCUENTRA EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El SINDICATO DE PROCURADORES JUDICIALES2 (PROCURAR),

actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante PROCURAR.

2

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Actor: SINDICATO DE PROCURADORES JUDICIALES (PROCURAR)

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,

los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido

las providencias de 27 de junio y 28 de julio de 2025, dentro del

medio de control de nulidad electoral identificado con el número

único de radicación 2025-00427-00.

I.2. Hechos

Indicó que mediante Decreto núm. 2080 de 19 de diciembre de 2024,

la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN nombró en

provisionalidad en el cargo de procuradora 161 judicial II para la

conciliación administrativa de Bogotá, a la señora MARTHA LUCÍA

HINCAPIÉ LÓPEZ.

Señaló que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad electoral contra dicho acto de nombramiento, por cuanto la

señora HINCAPIÉ LÓPEZ no cumple con el criterio de mérito y el

régimen de carrera administrativa.

Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2025-00427-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al TRIBUNAL que, mediante providencia de 27 de junio de

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2025, negó la práctica del interrogatorio de parte de la señora

HINCAPIÉ LÓPEZ al considerarlo “superfluo”.

Aseveró que inconforme con la anterior decisión presentó recurso de

reposición ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 28 de

julio de 2025, ratificó la decisión inicial.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

el defecto fáctico al negar el decreto y práctica de una prueba que

por los hechos y pretensiones de la demanda, resulta pertinente,

conducente y útil.

Señaló que el TRIBUNAL desconoció el debido proceso al denegar

la práctica del interrogatorio, comoquiera que dicho medio de prueba

pretende demostrar una de las causales de nulidad invocadas en la

demanda como la desviación de poder y el uso indebido de la

competencia administrativa.

Arguyó que “[…] el Tribunal se limitó a señalar que la parte

demandada ya había presentado su escrito de contestación, sin

ofrecer una motivación suficiente y razonada sobre la falta de

pertinencia, conducencia o necesidad de la prueba. Tal

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argumentación resulta claramente insuficiente, en tanto omite un

análisis sustancial respecto de la utilidad del interrogatorio frente a

los hechos controvertidos en el proceso. La omisión de esta

valoración impide verificar si la decisión judicial observó el deber de

motivación reforzada que exige el principio de justicia material y el

respeto por el debido proceso […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia, solicitó:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso, de
Acceso a la Administración de Justicia y a la Tutela Judicial Efectiva.

2. Dejar sin efectos la providencia censurada y, en su lugar,
ordenar al Tribunal accionado disponer el decreto del interrogatorio
de parte de la Dra. Martha Lucía Hincapié López […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que la solicitud de amparo carece del

requisito general de la relevancia constitucional, comoquiera que el

actor pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia,

lo cual resulta impropio de este medio excepcional de control de las

decisiones judiciales.

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Afirmó que los argumentos del actor fueron debidamente estudiados

en las decisiones cuestionadas, pues de sus consideraciones se puede

advertir que no se vulneró el derecho al debido proceso en la medida

que estas no fueron caprichosas ni arbitrarias.

Aseguró que “[…] la decisión adversa a la pretensión del accionante,

es decir, la negativa al decreto de la prueba del interrogatorio de

parte no puede considerarse, bajo las circunstancias del caso, como

vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la

administración de justicia […]”.

I.5.2.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, vinculada

en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,

solicitó denegar por improcedente la solicitud de amparo por cuanto

la actora pretende constituir una nueva instancia judicial con el

propósito de debatir un asunto que ya fue dirimido por el juez natural

del asunto.

Afirmó que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, ni demostró de qué manera la negativa del decreto de

la prueba le vulnera sus garantías constitucionales, aun cuando no

se ha proferido una sentencia en la que se efectúe una valoración de

las pruebas y de los argumentos formulados por las partes.

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I.5.3.- La señora MARTHA LUCÍA HINCAPIÉ LÓPEZ, vinculada en

calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,

solicitó denegar el amparo constitucional en la medida que no se

evidencia una vulneración de los derechos fundamentales del actor.

Resaltó que “[…] no existe un conflicto de intereses en mi

designación, además porque no se aclara de parte de quien sería el

conflicto de intereses, y mi interrogatorio de parte no es la prueba

idónea para supuestamente demostrar lo indicado por los

demandantes […].

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

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Cuestión previa

El señor magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES,

mediante escrito visible en el índice 14 del expediente digital

agregado al sistema SAMAI, manifestó su impedimento para actuar

en el proceso de la referencia, por cuanto su hermano, el señor JOSÉ

FERNANDO OSORIO CIFUENTES, se encuentra vinculado en el

cargo de procurador judicial II en la PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN, entidad demandada dentro del proceso ordinario objeto

de controversia, quien está afiliado al Sindicato de Procuradores

Judiciales - PROCURAR, parte actora dentro de la acción

constitucional de la referencia.

Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal

prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento

Penal, la cual prevé:

“[…] Artículo 56. Causales de impedimento.

Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad,
tenga interés en la actuación procesal. […]”.

De la causal transcrita y los hechos que soportan el impedimento

manifestado por el señor consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO

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CIFUENTES, la Sala considera que concurren los presupuestos para

el efecto3, toda vez que su hermano, el señor JOSÉ FERNANDO

OSORIO CIFUENTES, está vinculado laboralmente a la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como procurador

judicial Grado II, cargo que pertenece a uno de los niveles directivos

de la entidad que de conformidad con lo previsto en el Decreto núm.

264 de 22 de febrero de 20004, ejerce funciones delegadas del

procurador general de la nación en calidad de agente del Ministerio

Público.

Además, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES es

miembro activo de PROCURAR, parte actora dentro de la acción

constitucional de la referencia, por lo que podría tener interés en las

resultas del proceso de la referencia.

3
Frente a un asunto similar la Sala también declaró fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, esto es, en auto de 17 de julio de 2025, expediente
identificado con el número único de radicación 2024-04153-01, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, en el
que se dijo: “[…] El doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, estima que se encuentra
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del CPP, toda vez que a
su hermano le asiste un interés indirecto en el proceso de la referencia por cuanto ejerce funciones de
máxima autoridad de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad que ostenta la condición
de parte actora en el asunto de la referencia; y de parte demandada en los 46 procesos judiciales objeto
de controversia a través de la presente acción.

A juicio de la Sala, los hechos esgrimidos por el doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES,
configuran la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del CGP alegada, toda vez
que su hermano JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES está vinculado laboralmente a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como procurador judicial Grado II, cargo que pertenece
a uno de los niveles directivos de la entidad que de conformidad con lo previsto en el Decreto núm. 264
de 22 de febrero de 200055, ejerce funciones delegadas del Procurador General de la Nación en calidad
de agente del Ministerio Público […]”. (Resaltado fuera del texto original)

4
“Por el cual se establecen el sistema de clasificación y nomenclatura, y la naturaleza de las funciones
de los empleos de la Procuraduría General de la Nación incluidos los del Instituto de Estudios del
Ministerio Público”.

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Siendo ello así, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado magistrado y lo separará del conocimiento

de la presente acción constitucional, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica

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ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 27 de junio y 28 de julio de

2025, proferidas por el TRIBUNAL, mediante las cuales negó la

práctica decreto del interrogatorio de parte de la señora MARTHA

LUCÍA HINCAPIÉ LÓPEZ dentro del proceso de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 2025-00427-00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

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administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, habida cuenta

que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto fáctico al negar el decreto y práctica de una prueba que por

los hechos y pretensiones de la demanda, resulta pertinente,

conducente y útil.

Señaló que el TRIBUNAL desconoció el debido proceso al denegar

la práctica del interrogatorio, comoquiera que dicho medio de prueba

pretende demostrar una de las causales de nulidad invocadas en la

demanda como la desviación de poder y el uso indebido de la

competencia administrativa.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la subsidiariedad.

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• Del requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se

encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

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intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Asimismo, esta Sección6 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite

el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,

señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de

5
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.

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defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de

las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI 7 se

logra evidenciar que contra el proveído de 27 de junio de 2025, el

actor por conducto de apoderada judicial interpuso recurso de

reposición.

Igualmente, se observa que, mediante auto de 28 de julio de 2025,

el TRIBUNAL resolvió de manera desfavorable el recurso de

reposición y ordenó la reanudación del término para que las partes

presentaran sus alegatos de conclusión.

Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la

referencia no cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, por cuanto el medio de control de nulidad electoral

dentro del que se profirió la decisión cuestionada se encuentra en

curso, pues hasta la fecha el TRIBUNAL no ha proferido el fallo de

primera instancia.

En efecto, el proceso que motivó la instauración de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000202500
427002500023

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intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para

hacer valer los derechos que la actora estima vulnerados y mal haría

el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas

al juez de conocimiento.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 8 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

8
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por la parte actora por falta del requisito de

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se le separa del

conocimiento de la presente acción constitucional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

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constitucional de la referencia por falta del requisito general de

subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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