Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06290-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06290-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06290-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06290-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORAS: NAGASI S.A.S. Y OTRAS
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD. EL PROCESO DENTRO DEL CUAL SE
PROFIRIERON LOS AUTOS CUESTIONADOS DE LOS QUE SE ALEGA
LA SUPUESTA AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE
LAS ACTORAS AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por las
actoras contra la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Las sociedades NAGASI S.A.S., VINSA INVERSIONES S.A.S.,
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En adelante TRIBUNAL.
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REIKO INVERSIONES S.A.S. y GUÍA GRUPO DE INVERSIÓN
INMOBILIARIO S.A.S., actuando a través de apoderado judicial,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales consideran vulnerados por el TRIBUNAL, al haber
proferido las providencias de 16 de junio, 14 de julio y 4 de agosto
de 2026, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 2019-00790-00.
I.2.- Hechos
Afirmaron que CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO2 (IDU), con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución núm. 20 de 9 de enero de 2019 “Por la cual
se ordenó la expropiación administrativa sobre el inmueble ubicado
en la AK 7 126A-88 de la ciudad de Bogotá D.C.”, y los actos
administrativos que resolvieron los recursos de reposición
2
En adelante IDU.
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interpuestos y, como consecuencia, se reconozca y pague la suma
de seis mil seiscientos noventa y cinco millones quinientos dieciocho
mil setecientos cuarenta y tres pesos ($6.695.518.743).
Indicaron que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2019-00790-00 y le correspondió por reparto al
TRIBUNAL que, mediante auto de 14 de octubre de 2025, las tuvo
como sucesoras procesales de CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
S.A.
Adujeron que mediante auto de 16 de junio de 2026 el TRIBUNAL
dispuso, entre otras cosas: i) tener como prueba pericial el avalúo
comercial comparativo núm. 056-2018 de 14 de septiembre de 2018,
elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y el informe
pericial suscrito por el ingeniero catastral y geodesta CARLOS
ALBERTO CASTRO LATORRE; ii) citar a la señora ESTEFANÍA
VÁSQUEZ AGUDELO, profesional adscrita a la referida Lonja con el
fin de absolver los cuestionamientos relativos a la elaboración,
criterios técnicos, metodología aplicada y conclusiones del
mencionado avalúo; y iii) negar el testimonio del ciudadano ANDRÉS
MAURICIO MARTÍNEZ UMAÑA.
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Manifestaron que solicitaron aclarar y adicionar la referida decisión,
por cuanto el avalúo comercial no fue elaborado por una persona
natural a título individual sino por la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá, de tal forma que la audiencia de contradicción debe ser
atendida por su representante legal ANDRÉS MAURICIO
MARTÍNEZ UMAÑA, no obstante, esta fue denegada en proveído de
14 de julio de 2026 por el TRIBUNAL.
Sostuvieron que también contra el mencionado auto de 16 de junio
de 2026, interpusieron recurso de reposición, al considerar que el
avalúo fue emitido institucionalmente por la Lonja de Propiedad Raíz
de Bogotá y que, aunque la ciudadana ESTEFANÍA VÁSQUEZ
AGUDELO intervino en su preparación o elaboración, la
responsabilidad técnica la asumió el señor ANDRÉS MAURICIO
MARTÍNEZ UMAÑA al aprobarlo y suscribirlo.
Destacaron que el TRIBUNAL en providencia de 4 de agosto de 2026
resolvió no reponer tal decisión y mantuvo la citación de la señora
ESTEFANÍA VÁSQUEZ AGUDELO a comparecer en la audiencia
virtual de contradicción del avalúo comercial comparativo núm. 056-
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2018 de 14 de septiembre de 2018, elaborado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de las actoras, las providencias judiciales cuestionadas
incurrieron en defecto fáctico al realizar una valoración inadecuada
del material probatorio aportado, pues se desnaturalizaron las
afirmaciones hechas en el recurso de reposición, además, se omitió
analizar que el avalúo es corporativo y por tanto le corresponde al
señor ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ UMAÑA, representante
legal de la referida Lonja y que fue quien lo suscribió, participar de
la audiencia virtual de contradicción.
Alegaron que también se incurrió en defecto sustantivo al realizar
una interpretación irracionable de lo dispuesto en el artículo 228 del
Código General del Proceso (CGP), ya que limitó la comparecencia
del perito a una de las personas que participó en la preparación del
avalúo por la sola anotación que aparece debajo de la firma de quien
realmente lo suscribió, con la exclusión de este último.
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Con lo anterior, a su juicio, se desconoció que la misma normativa
dispone que el perito debe responder por el dictamen que suscribió,
por lo que correspondía al señor ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ
UMAÑA.
I.4.- Pretensiones
Las actoras solicitaron la protección de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA. Que se DEJE SIN EFECTO el Auto Interlocutorio
No. 315 del 4 de agosto de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
"C", mediante el cual se resolvió no reponer el Auto Interlocutorio
No. 230 del 16 de junio de 2026 y se mantuvo la citación de
Estefanía Vásquez Agudelo para la audiencia de contradicción del
Avalúo Comercial Corporativo No. 056-2018.
TERCERA. Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "C", proferir un
nuevo auto en el que se permita la comparecencia de ANDRÉS
MAURICIO MARTÍNEZ UMAÑA en la audiencia de contradicción
del Avalúo Comercial Corporativo No. 056-2018, en su doble
condición de suscriptor del avalúo y de representante legal de la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, persona jurídica a quien fue
encargado el dictamen y que lo desarrolló institucionalmente
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL, el IDU y la UNIDAD ADMINISTRATIVA
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ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL3 (UAECD), guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
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En adelante UAECD.
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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que las actoras pretenden que
se dejen sin efecto las providencias de 16 de junio, 14 de julio y 4
de agosto de 2026, proferidas por el TRIBUNAL, mediante las
cuales, entre otras órdenes, se citó a la audiencia de contradicción
del dictamen pericial aportado a la señora ESTEFANÍA VÁSQUEZ
AGUDELO, profesional adscrita a la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá, con el fin de absolver los cuestionamientos relacionados con
el avalúo comercial comparativo núm. 056-2018 de 14 de septiembre
de 2018, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2019-
00790-00.
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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de las actoras,
incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo al realizar una
valoración inadecuada del material probatorio aportado al expediente
ordinario y una interpretación irracionable de lo previsto en el artículo
228 del CGP, ya que limitó la comparecencia del perito a una de las
personas que participó en la preparación del avalúo por la sola
anotación que aparece debajo de la firma de quien realmente lo
suscribió, con la exclusión de este último.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
• Del requisito de subsidiariedad
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
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derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Asimismo, esta Sección5 ha indicado que el requisito de la
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso en el que se profirió la decisión objeto de tutela. Al
respecto, señaló que:
4
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2017-03006-00. Criterio reiterado en sentencias de 4 de septiembre de 2025, número único de
radicación 11001-03-15-000-2025-04887-00, y de 17 de octubre de ese año, número único de
radicación 25000-23-15-000-2025-00788-01, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de
las pruebas allegadas al expediente y las actuaciones registradas en
el aplicativo de consulta SAMAI6 se logra evidenciar que mediante
auto de 16 de junio de 2026 el TRIBUNAL citó a audiencia de
contradicción de dictámenes, decisión contra la cual la parte actora
solicitó su aclaración y adición e interpuso recurso de reposición, los
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cuales fueron desatados de manera desfavorable en providencias de
14 de julio y 4 de agosto de 2026, respectivamente.
Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, por cuanto el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del que se profirió la decisión
cuestionada se encuentra en curso, pues hasta la fecha el
TRIBUNAL no ha proferido el respectivo fallo de primera instancia.
En efecto, el proceso que motivó la instauración de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para
hacer valer los derechos que las actoras estiman vulnerados y mal
haría el juez de tutela en suplantar las competencias que le están
dadas al juez de conocimiento.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
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se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 7 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06290-00
ACTORAS: NAGASI S.A.S. Y OTRAS
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la parte actora por falta del requisito de
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de
la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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ACTORAS: NAGASI S.A.S. Y OTRAS
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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