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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00788-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00788-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00788-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00788-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: FABIOLA MORA MARTÍNEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE
CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA CENSURADO SE ENCUENTRA EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 18 de septiembre de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00788-01
Actora: FABIOLA MORA MARTÍNEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora FABIOLA MORA MARTÍNEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ2 debido a las actuaciones judiciales que ha

adelantado dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2021-00146-00.

I.2.- Hechos

Señaló que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ

S.A. E.S.P.3, promovió demanda en ejercicio del medio de control de

reparación directa en su contra con ocasión de los daños que

presuntamente causó a la infraestructura de la red cuando colisionó

2
En adelante Juzgado.
3
En adelante ETB.

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Actora: FABIOLA MORA MARTÍNEZ

su vehículo de placas TLM708 contra un poste de propiedad de dicha

empresa, perjudicando el servicio de las telecomunicaciones.

Aseguró que la demanda fue admitida el 4 de agosto de 2021 y

mediante escrito de 24 de junio de 2022, a nombre propio, contestó

la demanda adjuntado las pruebas que tenía en su poder para

esclarecer los hechos y probar la ausencia de responsabilidad, en la

medida que el daño estructural y del cableado ya existía.

Indicó que el 21 de agosto de 2025, recibió una comunicación en la

que aportaron información relacionada con su vehículo automotor,

con el fin de seguir adelante con el proceso judicial y un posible

embargo.

Manifestó que el 27 de agosto de 2025, recibió por parte del

JUZGADO una notificación en la que le informaban de la citación a

la audiencia de pruebas que se llevaría a cabo el día 28 de agosto,

sin darle la oportunidad de aportar documentos y sin tener en cuenta

sus ocupaciones laborales y familiares.

I.3. Fundamentos de derecho

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Actora: FABIOLA MORA MARTÍNEZ

A juicio de la actora, la finalidad de la acción de tutela es que se

protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad

y al acceso a la administración de justicia y se archive la actuación

adelantada por el JUZGADO, como quiera que no ha proferido una

decisión de fondo desde que admitió la demanda dentro del medio

de control censurado.

Arguyó que la demanda promovida por ETB no debió admitirse, por

cuanto esta se presentó por fuera de término, pues aquella le remitió

una comunicación el 15 de mayo de 2020 dándole a conocer los

supuestos daños ocasionados el 11 de junio de 2019, cuando ya

habían transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los

hechos.

Aseguró que “[…] en la contestación de la demanda, se dio a conocer

los hechos sin que ese Juzgado ni la ETB tuviesen en cuenta lo allí

Narrado […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

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Actora: FABIOLA MORA MARTÍNEZ

“[…] Señor Juez: con fundamento en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas, le solicito a usted respetuosamente
TUTELAR a mi favor, FABIOLA MORA MARTÍNEZ, mayor de edad,
domiciliado y residenciado en esta ciudad, identificado con la
cedula de ciudadanía, N° 52.240.890 de Bogotá, Como
DEMANDADA dentro del proceso Nº 110013336037202100146-00
por la demanda de reparación directa ordenándole a el JUZGADO
37 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C, SECCION
TERCERA
1. Se reconozcan mis derechos a la IGUALDA y DEBIDO PROCESO
dentro del proceso que adelanta ese despacho. Según lo expuesto
en la parte motiva de esta demanda de Tutela.
2. Se reconozca mis derechos, según los Artículos 13, 15, 23, 28
29, 85 y 229 de la Constitución Política de Colombia, Los Artículos
03 y 164 del CPACA, La Ley 446 de 1998,
3. Teniendo en cuenta esta demanda de Tutela, se dé el Archivo,
Prescripción y/o Caducidad de este proceso teniendo en cuenta los
puntos TRES (03) y CUATRO (04) en el acápite de los Hechos.
3. Que no se tenga en cuenta ninguna de las actuaciones
registradas en las fechas dadas a conocer en los puntos OCHO (08)
y NUEVE (09), en el acápite de los Hechos […]”. (Sic en toda la
cita).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado del presente trámite,

guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025,

declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró

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satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la

actora debió informar al juzgado accionado los cuestionamientos

relacionados con el archivo, prescripción o caducidad del medio de

control de reparación directa.

Indicó que de la revisión del expediente digital se logró evidenciar

que la actora fue debidamente notificada de la demanda y que esta

la contestó a nombre propio. Asimismo, destacó que mediante auto

de 12 de abril de 2023, el JUZGADO dejó consignada dicha

circunstancia y la tuvo por no contestada en la medida que la

demandante no designó apoderado judicial.

Manifestó que “[…] la actora de tutela no probó que haya agotado los

medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; pues, ni

siquiera probó que esté actuando a través de apoderado; no probó

que las decisiones emitidas por el Juzgado 37 Administrativo de

Bogotá, le esté vulnerando sus derechos fundamentales y no allegó

ninguna prueba que demuestre tales afirmaciones […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL

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manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,

a su juicio, la providencia no se ajusta a los hechos y antecedentes

que motivaron la solicitud de amparo.

Manifestó que la decisión impugnada se fundó en consideraciones

inexactas, pues, si bien la acción de tutela no es procedente toda vez

que se ha podido acudir a otras vías judiciales por intermedio de

apoderado judicial, también lo es que, los mismos no brindan una

solución inmediata, pues no cuenta con los medios económicos para

pagar un abogado que la represente.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los

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cuales estima vulnerados por el JUZGADO.

Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales,

debido a las actuaciones judiciales que ha adelantado dentro del

medio de control de reparación directa identificado con el número

único de radicación 2021-00146-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025,

declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se

acreditó el requisito de subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, la providencia no se

ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la solicitud de

amparo.

Manifestó que la decisión impugnada se fundó en consideraciones

inexactas, pues, si bien la acción de tutela no es procedente toda vez

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que se ha podido acudir a otras vías judiciales por intermedio de

apoderado judicial, también lo es que, los mismos no brindan una

solución inmediata, pues no cuenta con los medios económicos para

pagar un abogado que la represente.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales deprecados.

En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el

requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

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judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

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intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades

planteadas por la actora en este trámite constitucional recaen en que

la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales, al

continuar el trámite de la actuación judicial sin considerar los reparos

relacionados con la caducidad del medio de control y la omisión en la

admisión de las pruebas que aportó junto con la contestación de la

demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo

señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente

por carencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en

que las inconformidades relacionadas con las admisión de las pruebas

que aportó junto con la contestación de la demanda debieron ser

4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

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expuestas durante el trámite del medio de control de reparación

directa, pues la actora tenía a su alcance el recurso de reposición

previsto en el artículo 242 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Así mismo, respecto a la presunta caducidad del medio de control la

actora debió exponer tales argumentos de defensa en la contestación

de la demanda, la cual debió presentar por conducto de apoderado

judicial en ejercicio del derecho de postulación previsto en el

artículo 73 del Código General del Proceso5 (CGP). No obstante lo

anterior, la Sala observa que en el escrito de impugnación la actora

manifestó que no cuenta con los medios económicos para contratar

los servicios de un profesional del derecho. Al respecto, se advierte

que esta tiene a su disposición la existencia de otro mecanismo

judicial como lo es el amparo de pobreza previsto en los artículos

151-158 ibidem, el cual puede hacer uso durante el curso del

proceso, esto, de conformidad con los requisitos de oportunidad

señalados en la normativa.

Aunado a lo anterior, luego de revisar las actuaciones registradas en

5
Artículo 73. Derecho de postulación: Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán
hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su
intervención directa.

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el aplicativo de consulta SAMAI6, la Sala advierte que el medio de

control de reparación directa cuestionado se encuentra en curso,

pues hasta la fecha el JUZGADO no ha proferido fallo de primera

instancia.

En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para

hacer valer los derechos que la actora estima vulnerados y mal haría

el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas

al juez de conocimiento.

Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional7 que, frente al tema, ha

sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y

6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013336037202100
146001100133
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró

improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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