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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04911-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04911-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 4 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará así: Negar el amparo solicitado por el señor Rodrigo Castro Benavides, en consideración a las razones expuestas en esta providencia. Poner en conocimiento de los integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las sentencias de tutela proferidas en el presente proceso, a fin de que adopten las medidas que estimen pertinentes, en relación con las supuestas irregularidades en la adopción, firma y notificación del fallo del 15 de junio de 2021, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-052-2016-00643-01. SEGUNDO: Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01 Accionante: Rodrigo Castro Benavides Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela de segunda instancia TERCERO: Por Secretaría General, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04911-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: RODRIGO CASTRO BENAVIDES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Se niega el amparo
porque no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales alegada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación1 presentada por la parte demandante contra el fallo
de 4 de diciembre de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante el cual se negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 8 de agosto de 2025, el señor Rodrigo Castro Benavides presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B.

Hechos relevantes

2. El señor Rodrigo Castro Benavides trabajó en el Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS durante más de veinte años, en el cargo de detective profesional
206-10 del nivel central.

3. La Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. – Cajanal le reconoció pensión
de jubilación, a través de la Resolución 56630 de 5 de diciembre de 2007.

4. El accionante presentó solicitud de reliquidación de la pensión, la cual fue
negada mediante Resolución RDP-012371 de 17 de marzo de 2016, confirmada por
la Resolución 024436 de 30 de junio de 2016.

1
El proceso ingresó al despacho para fallo el 6 de febrero de 2026.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

5. Por lo anterior, el accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que pidió declarar la nulidad de los actos que negaron la
reliquidación pensional y, a título de restablecimiento del derecho, acceder a lo
pretendido, tomando como base el 75% de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio, con la inclusión de las primas de riesgo,
coordinación, servicio, navidad y vacaciones, más la diferencia en las mesadas
devengadas, con intereses de mora y condena en costas. Al proceso le correspondió
el radicado 11001-33-42-052-2016-00643-00.

6. En primera instancia, el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, en sentencia
de 13 de julio de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda. No obstante, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia de 15 de junio de 2021, revocó la decisión del a-quo y negó las
pretensiones de la demanda, por estimar que solo podían incluirse en el ingreso base
de liquidación los factores salariales señalados en el artículo 1º del Decreto 1158 de
1994, devengados entre el 1º de agosto de 1997 y el 1º de agosto de 2007, de
acuerdo con lo dispuesto en las sentencias C-258 de 2012, SU-230 de 2015 de la
Corte Constitucional, y en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, en el proceso con radicado 52001-23-33-000-
2012-00143-01.

Pretensiones

7. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

AMPARAR: los derechos fundamentales que fueron vulnerados por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en lo que concierne al
derecho al debido proceso – acceso a la administración de justicia – igualdad
– desconocimiento de las normas vigentes y precedente jurisprudencial.

ORDENAR: al Despacho accionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”- magistrado ponente
dr. José Rodrigo Romero Romero, emitir un nuevo pronunciamiento, frente a la
sentencia judicial cuestionada de fecha 15 de junio de 2021, pero notificada a
las partes el día 07 de julio de 2025; teniendo en cuenta las razones y/o
consideraciones que exponga el Alto Tribunal u Órgano de Cierre de esa
Jurisdicción.

ORDÉNASE: si es del caso, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, se dé cumplimiento al respectivo fallo de tutela.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. El señor Rodrigo Castro Benavides afirmó que la sentencia de 15 de junio de
2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dirimió la
controversia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-42-052-2016-00643-01, se notificó a las partes solo hasta el 7 de julio de
2025, mediante mensaje de correo electrónico.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

9. Señaló que para la fecha en la que se dictó la decisión regía una postura
jurisprudencial diferente a la que se sentó con la sentencia de unificación de 28 de
julio de 20222, vigente al momento de la notificación y en la actualidad.

10. Consideró que «lo mínimo al haberse notificado la sentencia el 07 de julio de
2025, era el haber cambiado el sentido del fallo a la normatividad vigente para la
época de la respectiva notificación, que no es otra diferente a la actual sentencia de
unificación del Honorable Consejo de Estado». En su criterio, debió incluirse «al
menos el factor salarial de prima de riesgo, de conformidad con los parámetros
establecidos por la respectiva sentencia de unificación de fecha 28 de julio de 2022».

11. Precisó que la situación expuesta vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y la igualdad, además,
desconoció el precedente jurisprudencial al momento de la notificación de la
sentencia. Agregó que se ha visto «desfavorecido o en desventaja frente a los
múltiples procesos emitidos en la actualidad por los diferentes despachos judiciales
a nivel nacional, con las mismas características que las pregonadas o solicitadas en
la demanda».

Trámite en primera instancia

12. A través de auto de 13 de agosto de 20253, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial
demandada y, en calidad de terceros con interés, a la UGPP, al Juzgado 52
Administrativo de Bogotá, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Además, se tuvieron como prueba los documentos aportados
con la demanda y se requirió el envío del expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

13. En Sala del 2 de octubre de 2025 se derrotó el proyecto de fallo presentado
por la magistrada ponente, por lo que el expediente pasó al siguiente despacho 4.

Intervenciones

14. La U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-5 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por
cuanto se utilizó como una tercera instancia; además, adujo que en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho el interesado gozó de las garantías de
contradicción y defensa, y afirmó que la tutela no es idónea para el reconocimiento
de peticiones prestacionales.

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Proferida en el rad. 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014)
3
Índice 5 de Samai.
4
Índice 16 de Samai.
5
Índice 9 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Sentencia de primera instancia

15. El 4 de diciembre de 20256, la Sección Cuarta de esta Corporación profirió
fallo de primera instancia, a través del cual negó el amparo deprecado. Consideró
que la notificación de la sentencia, efectuada más de cuatro años después de que
fue dictada, no implicaba una transgresión de garantías fundamentales, con
virtualidad para dejar sin efectos la decisión.

16. Indicó que la tutela no cuestiona los fundamentos de la sentencia, sino el
retardo en la notificación; sin embargo, este último es un acto de comunicación, mas
no de validez, por lo que no había motivos para dejar sin efecto la providencia para
aplicar el precedente aplicable al momento de la notificación.

17. Señaló que no se configuraba el desconocimiento del precedente, pues la
sentencia de unificación del 28 de julio de 2022 fue posterior a la sentencia que se
cuestiona.

18. Por último, en vista de la irregularidad en la notificación de la providencia,
ordenó remitir copia del fallo a la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá para
que adoptara las acciones pertinentes.

6
Índice 29 de Samai.
La magistrada a quien inicialmente le correspondió por reparto el conocimiento del asunto salvó el
voto. Hizo una diferenciación entre el registro del proyecto de sentencia, que consiste en una
propuesta de decisión por parte del magistrado, y el registro de la sentencia que es el documento
final y definitivo que resuelve el caso, aparece firmado electrónicamente por la autoridad judicial, y
le da validez jurídica a la tesis final conforme a los postulados vigentes para ese momento. Además,
señaló que es un deber de las autoridades judiciales consignar los datos e historial del proceso en
el aplicativo SAMAI. Señaló, así, que existieron tardanzas injustificadas en los registros de las
actuaciones del proceso y, además, no se probó que se hubiera levantado la respectiva Acta de la
sesión de la Sala en la que al parecer se adoptó la decisión «dejando al usuario de administración
de justicia con la incertidumbre de saber si su caso se resolvió en el año 2021 según la fecha de la
sentencia o conforme los postulados vigentes para el año 2025 cuando se anunció según el registro
de la sentencia y su consecuente notificación». Agregó que «tal proceder vulnera los derechos
fundamentales de la parte demandante al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
y el principio de confianza legítima, pues al registrarse una sentencia el 2 de julio de 2025, pero
encontrar que data de 4 años atrás, sorprende al usuario de la administración de justicia con la
aplicación de una tesis revaluada por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Mal podría entenderse como fecha de la sentencia el 15 de junio de 2021, cuando el
registro del proyecto se produjo en fecha posterior, esto es, el 20 de junio de 2021, y que la anotación
de la actuación que da cuenta de la expedición de la sentencia de segunda instancia (la decisión de
cierre) data del 2 de julio de 2025. (…) En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B desconoció el procedimiento establecido en el artículo 203 del
CPACA que señala que “las sentencias se notificarán, dentro de los tres (3) días siguientes a su
fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones
judiciales”». Añadió que la parte accionante en ese proceso cumplió con su deber de diligencia;
estimó también que no debía predicarse el efecto de cosa juzgada por las irregularidades
presentadas y puso de presente el Acuerdo CSJBTA25-49 de 6 de octubre de 2025 del Consejo
Seccional de la Judicatura, en el que encontró que el despacho del magistrado José Rodrigo Romero
Romero tenía 785 procesos con proyecto de decisión registrado, desde el año 2019, por lo que
presentó plan de trabajo para revisar y desanotar dichas providencias, entre otros.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Impugnación

19. El accionante7 expuso los siguientes argumentos de disenso:

Primeramente al ser clara la violación de derechos fundamentales, en especial
la favorabilidad, debido proceso y al defecto procedimental y sustantivo
respectivamente; esta última respecto a la sentencia de unificación de fecha
del 28 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, dentro del radicado
No. 25000-23-42-000-2013-02380-01, en donde al menos se estudia la
posibilidad de reconocer la prima de riesgo en la liquidación de la pensión, en
los porcentajes que establece la Ley 860 de 2003, es dable acceder a las
pretensiones de la acción, por flagrante violación a esos derechos elevados a
rango constitucional.

Efectivamente como adujo el Honorable Magistrado que no se alega la decisión
de la fecha, sino únicamente el tiempo transcurrido (más de 4 años), en la
notificación de la misma, y por ende por el transcurrir del tiempo surge una
nueva sentencia favorable a los intereses del acá accionante.

Partiendo de la premisa anterior, lo justo hubiese sido por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCION SEGUNDA- SUB/
SECCION “B”, haber advertido a la Sala sobre el cambio Jurisprudencial
reciente, independientemente del acta levantada en la Sesión por aquel
entonces sobre lo ya decidido y haber modificado la Sentencia aludida.

Cuando surge una Sentencia de Unificación como precedente Jurisprudencial,
desde luego, invalida o pierde su fuerza obligatoria todas las anteriores que
tengan que ver con el mismo tema; como ocurrió en el presente caso con el
acá accionante, que desde luego le era favorable por las connotaciones que
implica el haber sido reconocida la Prima de Riesgo como factor salarial para
la liquidación de las pensiones de los exfuncionarios del extinto
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. DAS.

Si bien la tardanza en el Acto de Notificación de la Sentencia permitió un cambio
Jurisprudencial por el lapsus de tiempo de favor del acá accionante; es (sic)
menos cierto que se denieguen las pretensiones de la demanda; siendo apenas
justo su reconocimiento ya que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA- SUB/SECCION “B”, no se
pronunció sobre los motivos que originaron la tardanza y que al menos era justo
que las conociera el demandante, a pesar de las innumerables solicitudes de
impulsos procesales que se radicaron durante el pasar de los años.

Considero que el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA- SECCION SEGUNDA -SUB/SECCION “B”- ha
violado flagrantemente derechos fundamentales tales como el de la
favorabilidad, el debido proceso, Igualdad y acceso a la administración de
justicia. Respecto del primer derecho vulnerado podemos señalar que está
incluso por encima de la seguridad jurídica, sin que implique un sentido adverso
al ya decidido.

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Índice 37 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

20. Por último, hizo mención a las sentencias T-631 de 2002, C-168 de 1995, T-
456 de 1994, T-440 de 1998, T-369 de 1998, T-242 de 1998, T-549 de 1998, C-177
de 1998, T-295 de 1999, T-408 de 2000 y T-1294 de 2002, en las que la Corte
Constitucional se refirió al principio de favorabilidad.

CONSIDERACIONES

Competencia

21. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Legitimación en la causa

22. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

23. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

24. En el caso concreto, el señor Rodrigo Castro Benavides se encuentra
legitimado en la causa por activa toda vez que es titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de accionante en el proceso
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión cuestionada.

25. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, fue la
autoridad judicial que profirió la providencia a la que se le atribuye la vulneración de
derechos fundamentales.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

26. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de 4 de
diciembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio
de la cual se negó el amparo deprecado.

27. Para ello, en primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo cumple los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo
en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en
desconocimiento del precedente y vulneró los derechos fundamentales del

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

accionante, al notificar la sentencia del 15 de junio de 2021 después de 4 años, esto
es, el 7 de julio de 2025.

28. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta,
la Subsección reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales y, posteriormente, resolverá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

29. Conforme al precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 11 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir, que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

31. La Sala confirmará el fallo de primera instancia, por cuanto no se advierte
una vulneración de derechos fundamentales que habilite una orden de amparo de
parte del juez constitucional.

8
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
9
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11
Ver, entre otras, la sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

32. La controversia se centra en determinar si el lapso que transcurrió entre la
adopción de la sentencia de 15 de junio de 2021 y el acto de notificación de 7 de
julio de 2025 vulneró los derechos al debido proceso, la igualdad y/o de acceso a la
administración de justicia del accionante y si, además, desconoció el precedente en
materia de liquidación de las pensiones de los exservidores del DAS.

33. En criterio del demandante, la vulneración de derechos obedece al cambio
jurisprudencial que se dio entre la adopción y la notificación de la decisión
cuestionada, con ocasión de la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022,
proferida el 28 de julio de 2022, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de la cual se fijaron reglas para la liquidación de las pensiones del personal
con funciones de alto riesgo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad
-DAS-, que resultaban beneficiosas para su reclamación de reliquidación en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

34. En primera instancia, la Sección Cuarta consideró que el aspecto aducido
por el actor no cuestionaba los fundamentos de la sentencia, sino las anomalías que
se presentaron al momento de notificarla y, por ello, no era viable dejarla sin efecto.
Tal razonamiento lo comparte esta Sala, por las siguientes razones:

35. Es evidente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuó de
manera notoriamente irregular, al retardar durante al menos cuatro años la
notificación de la sentencia adoptada el 15 de junio de 2021, de modo que las partes
únicamente tuvieron acceso a la decisión en el mes de julio de 2025, con el
agravante de que, para ese momento, la tesis jurisprudencial de la Sección Segunda
de esta Corporación había sufrido modificaciones en relación con la postura que se
aplicó en la decisión.

36. Esa situación anómala queda acreditada con la revisión, en la plataforma
SAMAI, de la secuencia de las actuaciones surtidas en el proceso, donde se
observa:

1. El registro del proyecto de sentencia, el 21 de junio de 2021:

2. La radicación de memoriales, algunos solicitando impulso procesal y/o la revisión
del expediente, entre el 11 de agosto de 2021 y el 17 de junio de 2025.

3. El registro de la sentencia, el 2 de julio de 2025:

4. Y el envío de la notificación de la sentencia, el 7 de julio de 2025:

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

37. Sobre el retraso en la notificación, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no dio ninguna explicación y, de hecho, no se pronunció en esta
acción de tutela.

38. Ahora, en atención al requerimiento efectuado por el a quo mediante auto de
29 de octubre de 202512, el oficial mayor de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, remitió copia del Acta de la sala del 15 de junio de
202113, y refirió que en esa diligencia se aprobó el proyecto de sentencia de
segunda instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-052-2016-00643-01. En el Acta se observa esta información:

(…)

(…)

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Índice 22 de Samai.
13
Índice 26 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

39. Adicionalmente, se cuenta con la sentencia a la que se le atribuye la
vulneración de derechos, la cual, en su encabezado, tiene fecha de 15 de junio de
2021 y aparece firmada por los magistrados José Rodrigo Romero Romero, Alberto
Espinosa Bolaños y Luis Gilberto Ortegón Ortegón, no con firma electrónica, sino
en físico. Llama la atención que en la entrada del registro 14 donde se anexó la
sentencia, en la sección de «Firmas» se incluyó la siguiente anotación:

40. Esto, sin hacer ningún tipo de referencia a la firma y fecha de los otros dos
magistrados.

41. La Sala corrobora que el trámite de la firma y notificación de la sentencia se
realizaron con un retraso muy considerable de más de cuatro años, respecto a la
fecha en la que se tomó la decisión; así mismo, que el Acta de la Sala del 15 de
junio de 2021 no se encuentra firmada y tampoco tiene información sobre el sentido
de las decisiones que se adoptaron. Estas inconsistencias, en principio, no tienen
incidencia en la validez de la decisión que se cuestiona, porque no recaen sobre la
función jurisdiccional.

42. En efecto, la Ley Estatutaria 270 de 1996 regula la fecha de las providencias
y su publicidad, como actos separados, cuando se profieren por cuerpos colegiados.
El artículo 56 dispone que la forma de expedir y firmar las providencias se define a
través del reglamento interno de la Corporación; además, señala que la sentencia
tendrá la fecha en que se adopte y la ejecutoria comenzará a contarse a partir de la
fecha de notificación.

43. La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de
la distinción entre la adopción de la sentencia y su notificación. En sentencia C-294
de 2022, por ejemplo, expuso lo siguiente:

El acto de proferir una decisión se refiere a la materialización de la función
jurisdiccional, la cual consiste en administrar justicia en un caso concreto15. En

14
Índice 35 de Samai.
15
«Ley Estatutaria 270 de 1996. “ARTÍCULO 1°. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La
administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la
Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades
consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional”».

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

otras palabras, la autoridad que ejerce la función jurisdiccional, al resolver un
asunto bajo su conocimiento, profiere una decisión.

El verbo proferir, en el contexto de la administración de justicia o del ejercicio
de la función jurisdiccional, es sinónimo de adoptar. (…)

Por otra parte, el acto de notificar se refiere a la materialización del principio de
publicidad del derecho al debido proceso, mencionado previamente. Las
autoridades, además de estar obligadas a motivar sus determinaciones,
deben “publicarlas de conformidad con los sistemas de comunicación previstos
en la ley”16. Esto implica que los jueces deben poner en conocimiento de los
sujetos procesales y de la comunidad los actos que creen, modifiquen o
extingan un derecho, o impongan una obligación o sanción17. Al respecto, la
notificación es, precisamente, “un instrumento primordial de materialización del
principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228
superior”18. Sin importar la clase de proceso, la notificación es un acto de
comunicación procesal que “garantiza el conocimiento real de las decisiones
judiciales (…) para lograr que el interesado ejercite el derecho de
contradicción”19.

20. Ahora bien, el hecho de que el acto de proferir una decisión y su notificación
estén intrínsecamente relacionados no implica que necesariamente deban
ocurrir de forma simultánea.
(…)

26. A partir de estos argumentos, es claro que la distinción entre el momento
de adopción y el de comunicación de las decisiones judiciales es un asunto de
carácter fenomenológico que no se opone a las garantías del derecho al debido
proceso. Esto debido a que la adopción de una sentencia, como corresponde
en un régimen democrático, siempre requiere de una notificación con el fin de
que sea conocida por los interesados y, si es del caso, se formulen los recursos
a que haya lugar.

Sostener, en cambio, que ambas actuaciones deben realizarse en el mismo
momento o pertenecen al mismo concepto presentaría dificultades en términos
de vigencia del derecho al debido proceso. Ello en razón a que no estaría
suficientemente definido cuándo se adopta una sentencia judicial. Como se ha
explicado en fundamentos jurídicos anteriores, la adopción equivale al
momento de ejercicio de la función jurisdiccional: es el instante donde el juez –
individual o colegiado– expresa el ejercicio volitivo de juzgar. Un asunto distinto,
y no necesariamente simultáneo, es la comunicación de esa decisión, lo cual
tiene sus propias particularidades procedimentales, pero que en todo caso no
puede confundirse con el momento en que se profiere el fallo.

44. En vista de lo anterior, para esta Sala, pese a las inconsistencias
presentadas, no se configuró la violación de derechos fundamentales, al menos no
por las razones expuestas por el accionante. Lo anterior, toda vez que no se puso
en tela de juicio la adopción de la decisión en la sala del 15 de junio de 2021, por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni se aludió a un error en su
contenido o a la configuración de una casual de nulidad procesal. Antes bien, el

16
«Sentencia C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil».
17
«Ibidem».
18
«Sentencia C-783 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería».
19
«Sentencia C-670 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Reiterada en la Sentencia T-025
de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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Accionante: Rodrigo Castro Benavides
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

actor manifestó que se aplicó la tesis jurisprudencial que regía en la época y su
reclamo, realmente, se centra en un entendimiento particular, según el cual la
autoridad judicial debió modificar la decisión para aplicar la postura jurisprudencial
más reciente.

45. Como se observa, el accionante plantea una propuesta que desconoce el
principio de la cosa juzgada y la imposibilidad de los jueces de dejar sin efecto sus
propias sentencias judiciales, por virtud del principio de inmutabilidad. En verdad, el
carácter vinculante de las decisiones judiciales implica que estas deben ser
obedecidas por las partes y autoridades, pero también por el juez que las profirió,
quien está obligado a acatarlas20.

46. Es claro que el juez de tutela sí tiene competencia y facultad para dejar sin
efectos una providencia judicial, cuando la decisión es el resultado de una actuación
arbitraria que desconoce los derechos fundamentales y contra la cual no existe otro
medio de defensa judicial. No obstante, en este caso, no se achaca un error en la
decisión, sino en el acto de su notificación, y las razones que se invocan en la
demanda no se refieren a un vicio de nulidad de los que enlista el artículo 133 del
CGP; luego la Sala no encuentra sustento para dejar sin efectos la decisión.

20 La Corte Constitucional, en sentencia C-548 de 1997, se refirió al carácter inmutable de las
sentencias judiciales, con los siguientes argumentos:

“De otra parte, el carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye a la eficacia del
ordenamiento jurídico. Sólo si las sentencias son obedecidas, el derecho cumple una función
social. Pero las sentencias no sólo vinculan a las partes y a las autoridades públicas; también el
juez que las profiere está obligado a acatar su propia decisión, sin que pueda desconocerla
argumentando su cambio de parecer. (…) De acuerdo con lo que se ha expuesto, las sentencias
obligan tanto al juez que las emite como a las partes, a las autoridades públicas y a los
particulares sin que les sea dable a ninguno de ellos desconocerlas. Este es el sentido del
carácter vinculante del ordenamiento jurídico, sin el cual las decisiones judiciales carecerían de
eficacia y obligan desde el momento en que se profieren, sin que pueda el funcionario que las
emite revocarlas o modificarlas, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 309 del
Código de Procedimiento Civil, materia de acusación. La expedición de la sentencia marca el fin
de la competencia del juez para decidir acerca del litigio. Entonces, la prohibición prevista en la
norma acusada, se ajusta plenamente a la Constitución, pues la regulación de los procesos, con
indicación de las distintas etapas procesales, que incluye la atribución de competencia a cada
autoridad judicial, es labor que corresponde determinar al legislador (art. 150 C.P.).

Ahora bien: que las sentencias no puedan ser modificadas ni revocadas una vez emitidas, implica
que conservan su obligatoriedad hasta tanto sean anuladas, revocadas o reformadas por la
autoridad judicial a la que la ley faculta para ello, como en el caso de la consulta, o de la
interposición de recursos y acciones por las autoridades públicas y las partes legitimadas. Es de
señalar que la autoridad competente para modificar la sentencia o emitir una nueva decisión
puede ser incluso el mismo juez que la profirió, pero siempre que medie orden de otra autoridad
judicial, como en el caso de que la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario
de casación declare la nulidad de la sentencia y ordene remitir nuevamente el expediente al
tribunal o juzgado que incurrió en la causal para que reponga la actuación (art. 375 del C.P.C.,
en concordancia con el 368-5 ibídem); o cuando un juez, al desatar una acción de tutela, verifica
que la decisión constituye una vía de hecho: la revoca y ordena al juez competente, que en su
lugar dicte la sentencia correcta, y se restablezcan los derechos fundamentales violados,
decisión vinculante para aquél, en caso de que ésta se encuentre ejecutoriada.

La prohibición que tiene el juez de revocar o modificar su propia sentencia, no vulnera ninguna
norma superior y, por el contrario, protege la seguridad jurídica -cuyo valor constitucional ya fue
destacado- y permite el ejercicio de los controles y recursos que la ley procesal establece, pues
sólo frente a una decisión inmodificable tienen eficacia los pronunciamientos posteriores de las
autoridades judiciales”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04911-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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47. El demandante en la impugnación introdujo un nuevo argumento relacionado
con el supuesto desconocimiento del principio de favorabilidad. El cargo, como está
planteado, no permite establecer una conexión entre dicho axioma jurídico y el caso
que se analiza, principalmente, porque no se aludió a una variación normativa ni a
la coexistencia de dos normas, sino a un cambio jurisprudencial que, en todo caso,
ocurrió después de que se adoptó la decisión cuestionada. Debe indicarse, en este
punto, que el principio de favorabilidad, presente en el derecho sancionador tiene
como presupuesto una modificación en la legislación y se materializa en el deber de
elegir la opción que más beneficie al sujeto implicado, lo cual dista del asunto que
se estudia.

48. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la decisión de negar el amparo
deprecado. Sin embargo, por considerarlo más adecuado, modificará la orden de
remitir copia del fallo de tutela de primera instancia a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, por las presuntas irregularidades en la adopción, firma
y notificación de la providencia del 15 de junio de 2021, para, en su lugar, disponer
que se pongan en conocimiento de los integrantes de la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las sentencias de tutela
proferidas en el presente proceso, a fin de que adopten las medidas que estimen
pertinentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 4 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará así:

Negar el amparo solicitado por el señor Rodrigo Castro Benavides, en
consideración a las razones expuestas en esta providencia.

Poner en conocimiento de los integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las
sentencias de tutela proferidas en el presente proceso, a fin de que
adopten las medidas que estimen pertinentes, en relación con las
supuestas irregularidades en la adopción, firma y notificación del fallo del
15 de junio de 2021, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-42-052-2016-00643-01.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

TERCERO: Por Secretaría General, enviar el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a
continuación: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente, puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el
código QR que aparece a la derecha.

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