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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04926-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04926-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció Yeimin Sarife Hernández Tapia contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04926-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

23 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04926-00
Demandante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04926-00
Demandante: Yeimin Sarife Hernández Tapia
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial, proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Insubsistencia nombramiento en
provisionalidad. Duplicidad de acciones.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por Yeimin Sarife
Hernández Tapia contra la sentencia del 5 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
al trabajo y a la igualdad y el principio de confianza legítima, con fundamento en la
siguiente:

Pretensión:

«PRIMERA: (sic) Que se ampare mis Derechos Constitucionales Fundamentales a la
Igualdad, el Debido Proceso, el Acceso a la Admiración de Justicia, la Confianza Legitima
entre otros, la persistencia de las decisiones judiciales, infringidos por la sentencia de
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre. En esa medida, se disponga
dejar sin efecto la sentencia revocada de fecha 05 de febrero de 2025 dictada por el
Tribunal Administrativo de Sucre, y en efecto se ordene que dicte fallo de reemplazo,
atendiendo sus propios PRECEDENTES sobre el mismo tema y los PRECEDENTES del
Consejo de Estado citados.»

ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Actuaciones administrativas

La señora Yeimin Sarife Hernández Tapia fue nombrada para desempeñar el cargo
de técnico administrativo código 367, grado 06 de la Secretaría de Planeación División
Sisbén del municipio de Majagual, Sucre, por medio del Decreto 012 del 1 de enero
de 2013.

El 9 de septiembre de 2015 la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia fue notificada
del Decreto 102 del 25 de agosto de 2015, expedido por el alcalde del municipio,
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Demandante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

mediante el cual declaró insubsistente su nombramiento, a fin de cumplir la orden
emitida en sentencia del 3 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que dispuso reintegrar a la señora Aury Vergara Jiménez, quien venía desempeñando
el cargo auxiliar administrativo, código 407, grado 08, adscrito a la Oficina de Esfuerzo
Fiscal de la Alcaldía de Majagual.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Yeimin Sarife Hernández Tapia, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó el Decreto 102 del 25 de agosto de 2015, con
fundamento en los siguientes argumentos:

(i) El alcalde del municipio de Majagual la retiró a pesar estar dentro de
periodo electoral, en virtud de la Ley 996 de 2005 (Ley de garantías
electorales) y,

(ii) El acto administrativo acusado fue expedido en forma irregular por falta
de motivación o insuficiente motivación, pues en su parte considerativa no
hay una referencia a los hechos y circunstancias fácticas que motivaron
el acto administrativo de insubsistencia.

(iii) El acto administrativo fue proferido con falsa motivación y desviación
de poder, porque fue nombrada para desempeñar el cargo de técnico
administrativo código 367, grado 06 y el cargo que señaló el acto
administrativo de retiro no coincidió con el de la demandante, pues el
cargo que se le comunicó haber sido retirado del servicio fue el de técnico
administrativo código 367, grado 02.

El Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo, en sentencia del 29 de septiembre
de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, porque encontró acreditada la
causal de nulidad de falsa motivación en la expedición del Decreto 102 del 25 de
agosto de 2015, porque la administración municipal utilizó una equivocada
interpretación de lo ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre del 25 de febrero de 2015.

El representante del municipio de Magajual interpuso recurso de apelación con
fundamento en que el acto administrativo de retiro del servicio fue debidamente
motivado y se ajustó a derecho, en el sentido que la declaratoria de insubsistencia se
realizó a fin de dar cumplimiento a una orden judicial, agregó que, de las opciones
posibles fue elegida la señora Hernández Tapia por mala prestación del servicio y
constantes llamados de atención.

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del 5
de febrero de 2025, revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
estudiar la motivación del acto administrativo de insubsistencia concluyó que se
desvirtuaron los argumentos de la parte demandante en cuanto a la indebida
motivación del acto administrativo demandado, porque la entidad demandada al
declararla insubsistente cumplió con la sentencia judicial que le ordenó reintegrar a la
señora Aury Vergara Jiménez a un cargo de igual o equivalente al que ocupaba, así
como el pago de emolumentos causados desde su retiro hasta su respectivo reintegro.
Además, precisó que, ningún empleo público goza de estabilidad absoluta.

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Demandante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

Explicó que el fallo en el que se sustentó la parte accionada para motivar el acto
administrativo de insubsistencia de la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia fue claro
en decir que la señora Aury Vergara Jiménez debía ser reintegrada a la entidad «en el
mismo cargo que ocupaba al momento del retiro del servicio o (con énfasis) a uno similar o
equivalente». Es decir que, la señora Aury Vergara podía ser reintegrada y no tenía
que ser necesariamente en el puesto en el que se desempeñaba cuando fue
desvinculada, «(…) que la forma en que tenía que ser reintegrada la señora Aury Vergara
no tenía un orden de cumplimiento predestinado por la situación excluyente de los términos
utilizados por el A quo.»

Puso de presente que la parte demandante no demostró que el cargo de técnico
administrativo, código 367, grado 2, que venía ocupando y del que cual fue
desvinculada, no era similar o equivalente al cargo de auxiliar administrativo, código
407, grado 8, ocupado por la señora Aury Vergara, pues, ambos pertenecen al área
asistencial o técnica, de ahí que era posible dar cumplimiento a la orden judicial de
reintegro de un cargo igual o similar jerarquía, sin que ello implicará el
desconocimiento de sus derechos.

Finalmente, en cuanto al argumento de que la desvinculación de la demandante se
hizo en curso de ley de garantías, recordó que en atención a lo dispuesto en el artículo
192 de la ley 1437 de 2011, es obligatorio acatar las órdenes judiciales en un término
perentorio.

2. Argumentos de la acción de tutela

La señora Yeimin Sarife Hernández Tapia considera que la providencia judicial
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión incurrió en
los defectos procedimental y por desconocimiento del precedente judicial, con
fundamento en las siguientes razones.

En primer lugar, cuestionó la conclusión de la autoridad judicial demandada,
relacionada con la falta de motivación del acto administrativo de insubsistencia, a su
juicio, el alcalde del municipio de Majagual la retiró del servicios sin tener en cuenta
que el cargo que desempeñaba de técnico administrativo código 367, grado 02, es
diferente al que desempeñaba la señora Aury Vergara Jiménez, que era el de auxiliar
administrativo código 407, grado 08, cargos con denominación diferente, salario
diferente y con funciones diferentes.

Agregó que, las funciones de cada cargo fueron solicitadas desde la presentación de
la demanda en el acápite de las pruebas, y a pesar de que el juzgado las ordenó, el
municipio únicamente envió las funciones correspondientes al cargo de técnico
administrativo y no alegó al expediente las funciones del cargo que desempeñaba
Aury Vergara Jiménez, que era el de auxiliar administrativo código 407, grado 08.

Alegó que, a pesar de que en la planta de personal al momento del retiro existían tres
cargos más de auxiliar administrativo, que también se encontraban en provisionalidad,
el alcalde no retiró a quien desempeñó uno de estos cargos para reintegrar a la señora
Aury Vergara Jiménez, sino que procedió a retirarla del cargo de técnico
administrativo.

En segundo lugar, señaló que existió violación del precedente judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, según el cual, el funcionario que ocupa cargos en
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provisionalidad no goza de la estabilidad laboral que ostenta un funcionario de carrera,
pero tampoco puede ser desvinculado como si su nombramiento se tratara de uno de
libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, la estabilidad de un funcionario nombrado
en provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se le indiquen
específicamente las razones de su declaración de insubsistencia1.

En tercer lugar, sostuvo que el recurso de apelación contra la sentencia proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo debió ser rechazado y declarado
desierto porque no fue sustentado, o sustentado en debida forma, pues el demandado
nunca planteó inconformidad contra la sentencia, sino que se refirió a otros aspectos
que no fueron el fundamento de la decisión de nulidad del acto acusado.

Frente a este punto, aseveró que los jueces de instancia incurrieron en
«desconocimiento del principio de congruencia», porque en las providencias de primera y
segunda instancia no resolvieron la totalidad de los puntos planteados en la demanda,
pues, el Juzgado Tercero de Sincelejo ni el Tribunal Administrativo de Sucre emitieron
pronunciamiento respecto de la violación de la ley de garantías electorales planteado
en la demanda como un cargo de nulidad.

Por último, adujo que el retiro del servicio ocurrió en periodo preelectoral, bajo la
vigencia de la Ley 996 de 2005, por medio de la cual se congelaron las nóminas en
todas las entidades públicas de la rama ejecutiva de la Nación y las entidades
territoriales, durante los cuatro meses anteriores a la realización de las elecciones
para presidente y vicepresidente de la República, como también para la de
congresista, lo que implicaba que no podían existir nombramientos, pero tampoco
declaratorias de insubsistencias en los cargos públicos2.

Para sustentar la anterior afirmación, indicó que no se podía retirar del servicio a
ningún funcionario en ese periodo preelectoral, pues las elecciones para alcaldes,
gobernadores, diputados, concejales y ediles se realizó el 25 de octubre de 2015 y el
retiro del servicio fue el 9 de septiembre de 2015, lo que calificó como una desviación
de poder.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 20 de agosto de 2025, el despacho sustanciador remitió por reglas de
reparto la acción de tutela al Tribunal Administrativo de Sucre, sin embargo, en auto
del 27 del mismo mes y año fue devuelto porque esa corporación fue relacionada
como autoridad judicial demandada.

Una vez el proceso regresó al despacho, en auto del 28 de agosto de 2025, se dispuso
admitir la acción de tutela, notificar a la parte demandante, a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Sucre, en calidad de demandados, y al
Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo y al municipio de Majagual (Sucre), como
terceros con interés.

1
Al efecto, citó entre otras, las sentencias C – 279 de 18 de abril de 2007, T-326 del 3 de junio de 2014, SU 917 de 2010, de la
Corte Constitucional y la sentencia del 17 de marzo 2011, dentro del radicación número: 05001-23-31-000-1999-03163-01 [0580-
10] de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2
Sobre ese punto se refirió a las sentencias del: 18 de octubre de 2007, proferida en el radicación número: 73001-23-31-000-
2006-00420-02 [00420]; del 10 de mayo de 2007, en el radicación número: 73001-23-31-000-2006-00419-01 [0419)]; del 18 de
febrero de 2010, en el radicación número: 11001-03-06-000-2010-00006-00 [1985], y del 11 de noviembre de 2010, en el
radicación número: 73001-23-31-000-2006-01792-01 [0481-10].
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4. Las respuestas del demandado

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, allegó contestación
a la acción de tutela de la referencia en el sentido de indicar que el 22 de agosto de
2025 fue admitida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado la
acción de tutela con radicación: 11001-03- 15-000-2025-05073-00, en que obra como
accionante Yeimin Sarife Hernández Tapia y como accionado el Tribunal
Administrativo de Sucre.

Destacó que, en esa acción la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia solicitó la
protección constitucional bajo el argumento que el Tribunal Administrativo de Sucre
vulneró sus derechos fundamentales, porque, en su criterio, incurrió en defecto
procedimental por violación ostensible del precedente judicial de la sección Segunda
del Consejo de Estado por omisión interpretativa al proferir un fallo de revocatoria de
la sentencia de primera instancia.

Afirmó que en el presente caso «la acción constitucional va dirigida ante el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Sincelejo, con ocasión de la vulneración del derecho de petición
de 16 de junio de 2025, en la que se solicitó un desarchivo del proceso ordinario» y, en ese
sentido solicitó «se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la presente
acción puesto que, esta Corporación no es la entidad competente para dar cumplimiento a lo
solicitado, máxime si el derecho de petición que se alega como vulnerado no fue presentado
ante esta Colegiatura y lo pedido frente al desarchivo del proceso ordinario, corresponde al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo».

5. Intervenciones de los terceros vinculados

El Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo y el municipio de Majagual
guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra

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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela la parte actora cuestiona la
sentencia del 5 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta
de Decisión, mediante la que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 70-001-33-33-003-2016-00026-01, por considerar que incurrió en los
defectos procedimental y por desconocimiento del precedente judicial.

Sin embargo, la Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela,
en el entendido que, la actora presentó otra acción de tutela con idénticas
pretensiones y causa, con fundamento en los mismos hechos y dirigida contra la
misma providencia judicial, sin que se hubiere adoptado una decisión definitiva en el
presente asunto, lo cual constituye el ejercicio de la acción de tutela de manera
paralela y, por lo tanto, impide emitir un nuevo pronunciamiento de fondo al respecto.

(i) Caso concreto

En el presente asunto, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela,
porque mientras se encontraba en trámite la acción de tutela del radicado de la
referencia sin que se emitiera decisión definitiva, la accionante promovió otra acción
de tutela contra la misma autoridad judicial, por los mismos hechos, con idénticas
pretensiones y con fundamento en los mismos defectos o causales específicas de
procedencia.

Tal como se pasa a evidenciar con la comparación entre la presente solicitud de
amparo 11001-03-15-000-2025-04926-00 y la tramitada bajo el radicado 11001-03-
15-000-2025-05073-00, así:

Presentación 11001-03-15-000-2025-04926-00 11001-03-15-000-2025-05073-00
de tutela de [presente acción de tutela] Sentencia del 11 de septiembre de 2025
manera
simultánea
Despacho de Sección Cuarta del Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
conocimiento Estado

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

Parte actora Yeimin Sarife Hernández Tapia Yeimin Sarife Hernández Tapia
Fecha de 8 de agosto de 2025 15 de agosto de 2025
radicación de [El proceso fue remitido por reglas de reparto y
las acciones posteriormente fue devuelto a esta Corporación,
de tutela donde se surtió el trámite de admisión y el paso a
despacho para fallo]. Fecha de 28 de agosto de 2025 20 de agosto de 2025
admisión de
las acciones
de tutela
Parte Tribunal Administrativo de Sucre Tribunal Administrativo de Sucre
accionada
Derechos Debido proceso, de acceso a la administración de Igualdad, debido proceso, acceso a la admiración
vulnerados justicia, al trabajo y a la igualdad y el principio de de justicia; así como el principio de confianza
confianza legítima legitima
Pretensiones Que se ampare mis Derechos Constitucionales Que se ampare mis Derechos Constitucionales
Fundamentales a la Igualdad, el Debido Proceso, Fundamentales a la Igualdad, el Debido Proceso,
el Acceso a la Admiración de Justicia, la Confianza el Acceso a la Admiración de Justicia, la Confianza
Legitima entre otros, la persistencia de las Legitima entre otros, la persistencia de las
decisiones judiciales, infringidos por la sentencia decisiones judiciales, infringidos por la sentencia
de instancia proferida por el Tribunal Administrativo de instancia proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre. En esa medida, se disponga dejar sin de Sucre. En esa medida, se disponga dejar sin
efecto la sentencia revocada de fecha 05 de efecto la sentencia revocada de fecha 05 de
febrero de 2025 dictada por el Tribunal Febrero de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, y en efecto se ordene que Administrativo de Sucre, y en efecto se ordene que
dicte fallo de reemplazo, atendiendo sus propios dicte fallo de reemplazo, atendiendo sus propios
PRECEDENTES sobre el mismo tema y los PRECEDENTES sobre el mismo tema y los
PRECEDENTES del Consejo de Estado citados. PRECEDENTES del Consejo de Estado citados. Hechos La señora Yeimin Sarife Hernández Tapia Tapia La señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, a través
fue notificada del Decreto 102 del 25 de agosto de de apoderado judicial, interpuso demanda de
2015, expedido por el alcalde del municipio, nulidad y restablecimiento del derecho en contra
mediante el cual declaró insubsistente el del municipio de Majagual, con la finalidad de que
nombramiento, a fin de cumplir la orden emitida en se declarara la nulidad del Decreto 102 del 25 de
sentencia del 3 de abril de 2014, por el Tribunal agosto de 2015 y a título de restablecimiento se
Administrativo de Sucre, que dispuso reintegrar a ordenara su reintegro y el pago de los
la señora Aury Vergara Jiménez, contra ese acto emolumentos dejados de percibir.
administrativo ejerció medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. El proceso correspondió por reparto al Juzgado
El Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo, en Tercero de Sincelejo, que, mediante sentencia del
sentencia del 29 de septiembre de 2017, accedió a 29 de septiembre de 2017 accedió a las
las pretensiones de la demanda y el Tribunal pretensiones de la demanda y el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, Administrativo de Sucre, en sentencia del 5 de
en sentencia del 5 de febrero de 2025, revocó y, en febrero de 2025, revocó la decisión judicial anterior
su lugar, negó las pretensiones de la demanda. y negó las pretensiones de la demanda.

Defectos • Procedimental • Procedimental
invocados en • Desconocimiento del precedente judicial • Desconocimiento del precedente judicial
los escritos
de tutela
Presentación En el escrito de tutela manifestó: «Bajo la gravedad En el escrito de tutela manifestó: «Bajo la gravedad
de juramento del Juramento, dejo constancia que no he del Juramento, dejo constancia que no he
presentado igual acción o semejante acción sobre presentado igual acción o semejante acción sobre
los mismos hechos y derechos». los mismos hechos y derechos».

En efecto, la Sala no desconoce que la primera tutela que presentó la actora fue la del
radicado de la referencia. Sin embargo, debido a que fue remitida a otra Corporación
y devuelta al despacho sustanciador, la admisión del presente asunto tuvo lugar con
posterioridad a la admisión de la segunda acción de tutela, en la cual ya se profirió
decisión definitiva.

En ese contexto, resulta cierto que la señora Hernández Tapia ejerció dos acciones
de tutela de manera paralela y pese a que el presente asunto se admitió con
posterioridad a la del radicado 11001-03-15-000-2025-05073-00 la parte actora no
hizo alguna manifestación al respecto.

Lo que de modo alguno puede habilitar el pronunciamiento de fondo por parte del juez
de tutela en dos mecanismos constitucionales distintos, por exactamente los mismos
hechos y contra la misma autoridad judicial.

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Demandante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

Dicho de otro modo, en el presente caso la accionante presentó paralelamente dos
acciones de tutela y, en una de ellas, se profirió fallo de primera instancia, el cual no
fue impugnado y actualmente se encuentra pendiente por emitir pronunciamiento
sobre su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional.

Así las cosas, la anterior circunstancia impide un nuevo pronunciamiento de fondo, lo
cual impone declarar improcedente la acción de tutela que ejerció Yeimin Sarife
Hernández Tapia contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció Yeimin Sarife Hernández
Tapia contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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