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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05073-00

Fecha
11 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05073-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05073-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05073-00
Accionante: Yeimin Sarife Hernández Tapia
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se niega el amparo por no encontrarse configurados los defectos
alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela instaurada por la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, quien actúa en
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, por la presunta
vulneración del derecho fundamental a la igualdad, debido proceso, acceso a la
admiración de justicia; así como el principio de confianza legitima, ocurrida con
ocasión de la providencia del 5 de febrero de 2025, proferida del interior del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-003-
2016-00026-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Yeimin Sarife Hernández Tapia fue nombrada en provisionalidad,
mediante el Decreto 012 del 17 de enero de 2013 como técnico administrativo,
código 367, grado 02 de la planta de personal de la alcaldía del municipio de
Majagual, Sucre.

3. De otra parte, la señora Aury Vergara Jiménez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Majagual, Sucre,
solicitando el reintegro al cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 08 de
la planta personal del municipio.

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones
de la demanda en primera instancia, pero el Tribunal Administrativo de Sucre a
través de la sentencia del 3 de abril de 2014 revocó la decisión judicial anterior y
ordenó el reintegro de la señora Vergara Jiménez, sin solución de continuidad y en
condición de provisionalidad «al mismo cargo que ocupaba al momento del retiro

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del servicio o a uno similar o equivalente».

5. Por consiguiente, el Municipio de Majagual, a través del Decreto 102 del 25 de
agosto de 20151, declaró insubsistente a la señora Hernández Tapia y en su lugar,
reintegró a la señora Aury Vergara Jiménez como técnico administrativo, código
367, grado 02 de la planta personal de la alcaldía del municipio de Majagual.

6. En vista de lo anterior, la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del municipio de Majagual, con la finalidad de que se declarara la nulidad
del Decreto 102 del 25 de agosto de 2015 y a título de restablecimiento se ordenara
su reintegro y el pago de los emolumentos dejados de percibir.

7. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero del Circuito de Sincelejo,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2017 accedió a
las pretensiones de la demanda, argumentando que el Municipio de Majagual
expidió el acto administrativo en cuestión con falsa motivación, pues «utilizó una
equivocada interpretación de lo ordenado en la sentencia judicial proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, de fecha 25 de febrero de 2015», y con
fundamento en ello, declaró insubsistente a la señora Hernández Tapia para en su
lugar, reintegrar a la señora Aury Vergara Jiménez a un cargo que no cumplía las
características indicadas en dicha orden judicial.

8. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Sucre, a través de la sentencia
proferida el 5 de febrero de 2025, revocó la decisión judicial anterior y negó las
pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, el Municipio de Majagual se limitó a
acatar una orden judicial al reintegrar a la señora Vergara Jiménez en un cargo de
igual o equivalente categoría al desempeñado con anterioridad. En consecuencia,
indicó que la entidad demandada no expidió el acto administrativo sin motivación o
con insuficiencia de argumentos.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental al analizar la falta de motivación del Decreto 102 del 25 de
agosto de 2015, cuando en realidad se alegó una falsa motivación relacionada con
la declaración de insubsistencia de la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, pues,
a su juicio, dicho acto administrativo únicamente se refirió a la orden judicial de
reintegro de la señora Aury Vergara Jiménez, sin indicar las razones que
fundamentaron su retiro del servicio.

10. Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada omitió considerar que
el alcalde del municipio de Majagual expidió el Decreto 102 de 2015, comunicado el
9 de septiembre de la anualidad, sin observar la prohibición legal contenida en la
Ley 996 de 2005, según el cual, durante los cuatro meses previos a la celebración
de elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales, se dispone la
congelación de las nóminas en todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva,

1«Por medio del cual se declara insubsistente a un funcionario dentro de la planta de personal de la alcaldía

municipal de Majagual - Sucre, y se reintegrara a otro funcionario en la misma, en cumplimiento de una orden
judicial».

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razón por la cual se encuentran restringidos los nombramientos y las declaratorias
de insubsistencia en los cargos públicos.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERA: Que se ampare mis Derechos Constitucionales Fundamentales
a la Igualdad, el Debido Proceso, el Acceso a la Admiración de Justicia, la
Confianza Legitima entre otros, la persistencia de las decisiones judiciales,
infringidos por la sentencia de instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre. En esa medida, se disponga dejar sin efecto la
sentencia revocada de fecha 05 de Febrero de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, y en efecto se ordene que dicte fallo de reemplazo,
atendiendo sus propios PRECEDENTES sobre el mismo tema y los
PRECEDENTES del Consejo de Estado citados». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida mediante auto del 20 de
agosto de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Sucre como accionado y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo
y al Municipio de Majagual Sucre como terceros interesados en el resultado del
proceso.

13. El Tribunal Administrativo de Sucre señaló que en el presente asunto no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que los argumentos
expuestos en la acción de tutela se estudiaron en debida forma en el proceso
ordinario, por lo que no resulta procedente que, a través del mecanismo
constitucional, se pretenda acceder a una tercera instancia. Por lo tanto, solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela.

14. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

16. Si bien la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada incurrió en
el defecto procedimental al centrar su análisis en la supuesta falta de motivación del
Decreto 102 de 2015, a pesar de que, en realidad se alegó una falsa motivación del
mismo, lo cierto es que su inconformidad se ajusta con mayor precisión a la
existencia de un defecto fáctico, en la medida en que no se valoraron
adecuadamente los cargos formulados en la demanda ni las pruebas allegadas al
proceso.

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17. De otra parte, la señora Hernández Tapia adujo que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto procedimental al desconocer que el Decreto 102
de 2015 fue expedido sin atender la prohibición legal contenida en la Ley 996 de
2005. No obstante, dicho argumento se circunscribe en mayor medida a un presunto
defecto sustantivo, ya que este aspecto implica un análisis sobre el contenido
material de la normatividad que rige el asunto y no sobre el procedimiento surtido
por el tribunal.

3.2. Problema jurídico

18. De conformidad con lo expuesto, esta Sala de Subsección procederá a analizar
si el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en el defecto fáctico y sustantivo al
proferir la sentencia del 5 de febrero de 2025 al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-003-2016-00026-
01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado
todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla
con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la

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situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición2 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la ejecutoria de la última providencia cuestionada3.

3.3.1.4. El asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de la presunta incursión de la autoridad judicial accionada en el
defecto procedimental al “omitir” que el municipio de Majagual expidió el Decreto
102 de 2015 sin motivación, incurriendo en una desviación de poder y sin tener en
cuenta las prohibiciones legales contenidas en la Ley 996 de 2005.

22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

23. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no ha debido admitir ni valorar.

2 15 de agosto de 2025.
3 Si bien la decisión judicial cuestionada se notificó el 24 de febrero de 2025, lo cierto es que adquirió su

ejecutoria el 3 de marzo de 2025. Por lo tanto, el requisito de inmediatez se encuentra cumplido.
4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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24. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»7.

25. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

26. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico al analizar la falta de motivación del Decreto 102 del 25 de agosto
de 2015, cuando en realidad se alegó una falsa motivación relacionada con la
declaración de insubsistencia de la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, pues, a
su juicio, dicho acto administrativo únicamente se refirió a la orden judicial de
reintegro de la señora Aury Vergara Jiménez, sin indicar las razones que
fundamentaron su retiro del servicio.

27. Sobre el particular, el tribunal accionado señaló lo siguiente:

«En el caso a analizar, el cargo de nulidad central versa sobre la
expedición realizada de manera irregular del acto administrativo
demandado por falta o indebida motivación del mismo. Por tal, se tiene
acreditado que el Decreto 102 del 25 de agosto de 2015, se expidió con
vigencia de la Ley 909 de 2004, norma que admite el retiro del personal
vinculado en provisionalidad a través de actos motivados, siempre y
cuando se tenga como objeto el buen servicio y satisfacer los intereses
comunes de la comunidad, es decir, se persigan los fines del Estado; y
en caso de que esto no sea así, el acto administrativo se encuentra
afectado de un vicio invalidante por violar las normas en que debería
fundarse y expedición de este mismo de manera irregular.

Ahora bien, es importante destacar que la administración puede en
cualquier tiempo declarar a los empleados nombrados en provisionalidad
insubsistente, pero esa facultad es reglada, razón por la cual debe
obedecer a criterios objetivos, proporcionales y razonables, sujeta a
principios constitucionales, es decir, debe tener un mínimo de motivación
justificante, esto con el objetivo de respetar normas relacionadas con el
debido proceso y con la actuación legal de la administración.

Teniendo en cuenta lo anterior, el nombramiento de la señora Yeimin
Sarife Hernández Tapia podía declararse insubsistente en cualquier
momento, pero el acto de desvinculación debía ser motivado, al margen
de que el cargo no se vaya a proveer al instante por resultado de un
concurso de mérito previo. Al observar, entonces, el Decreto 102 del 25
de agosto de 2015, mediante el cual se declaró insubsistente a la actora,
se encuentra fundamentado en las siguientes consideraciones:

7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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“Que la señora AURY VERGARA JIMEMEZ, identificada con C.C. N°
23.180.482 de Sincelejo, Sucre presentó demanda contra el municipio de
Majagual, Sucre, solicitando el reintegro al cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 08, que ocupaba en provisionalidad
dentro de la planta de personal de la alcaldía de Majagual, Sucre, por
encontrarse vacante.

Que mediante sentencia del 22 de octubre de 2012, emanada por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, el juez de
primera instancia, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Que la demandante apeló dicho fallo ante el Tribunal Administrativo de
Sucre, el cual mediante sentencia de segunda instancia de fecha tres de
abril de 2014, decidió revocar la sentencia de primera instancia,
declarando la nulidad de la resolución N° 147 del 28 de junio de 2012,
expedida por el alcalde del municipio de Majagual, por medio de la cual
se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante y ordenó
reincorporar a la señora AURY VERGARA JIMENEZ, sin solución de
continuidad para todos los efectos legales y en condición de
provisionalidad, al mismo cargo que ocupaba al momento del retiro del
servicio o a uno similar o equivalente, teniendo en cuenta lo señalado en
la parte motiva de la providencia.

Que en la misma sentencia el tribunal señaló que el reintegro al cargo
deberá serlo en provisionalidad, y el mismo no podrá exceder de seis (6)
meses, con la posibilidad de prórroga en los términos señalados en el
parágrafo transitorio del artículo 8 del Decreto 1227 de 2005.

Que dentro de la planta de personal de la alcaldía de Majagual Sucre, no
existe vacancia del cargo que ocupaba la señora AURY VERGARA
JIMINEZ, al momento de ser retirado del servicio, ni similar o de igual
categoría, ya que todos se encuentran provistos de manera provisional.

Que para cumplir con la orden judicial emitida mediante la sentencia del
25 de febrero de 2014, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Sincelejo, se hace necesario declarar insubsistente a un
funcionario de que ocupe cargo similar o superior.

Que es necesario declarar insubsistente a la señora YEIMIN SARIFE
HERNÁNDEZ TAPIA, identificada con C.C. N° 64.725.348 de Majagual,
Sucre, quien ocupa provisionalmente el cargo de Técnica administrativo,
código 367, grado 02, adscrito a la Secretaría de Planeación, con
funcione de SISBEN, de la planta de personal de la alcaldía del municipio
de Majagual, Sucre.

Que la ley 909 de 2005, establece que los nombramient0s en
provisionalidad son por término de seis meses, con la posibilidad de
prórroga en los términos señalados en el parágrafo transitorio del artículo
8 del Decreto 1227 de 2005”.

En ese sentido, se desvirtúan los argumentos de la parte demandante en
cuanto a la indebida motivación del acto administrativo demandado, esto
teniendo en cuenta que la entidad demandada al declararla insubsistente,
procedió a cumplir con prontitud una sentencia judicial que le ordenó
reintegrar a la señora AURY VERGARA JIMEMEZ a un cargo de igual o
equivalente al que ocupaba, así como el pago de emolumentos causados
desde su retiro hasta su respectivo reintegro, siendo el cumplimiento de
la misma imperante.

Además, precisa la sala que, ningún empleo público goza de estabilidad
absoluta, con efecto que su ocupación per se no genera garantía de
inamovilidad, toda vez que la administración por motivos de interés

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general ligados a la eficacia y eficiencia de la función pública, tiene la
posibilidad de desvincularla sin que a ello puedan oponérsele los
derechos subjetivos o particulares, ya que estos deberán ceder ante el
interés general.
(…)
Frente al particular, debe decirse que el fallo en el que se sustenta la
parte accionada para motivar el acto administrativo de insubsistencia de
la señora Yeimin Sarife Hernández Tapia, es claro en decir que la señora
Aury Vergara Jiménez debía ser reintegrada a la entidad “en el mismo
cargo que ocupaba al momento del retiro del servicio O (con énfasis) a
uno similar o equivalente”. Es decir, la señora Aury Vergara podía ser
reintegrada y no tenía que ser necesariamente en el puesto en el que se
desempeñaba cuando fue desvinculada, por lo que estas condiciones son
excluyentes y por lo tanto, la afirmación realizada por el juez de primera
instancia de que el reintegro se realizó obviando una “orden inicial” (que
era un cargo de igual categoría), no resulta relevante, considerando que
la forma en que tenía que ser reintegrada la señora Aury Vergara no tenía
un orden de cumplimiento predestinado por la situación excluyente de los
términos utilizados por el A quo».

28. De la transcripción literal, se observa que la autoridad judicial accionada no
estudió únicamente la presunta falta de motivación del Decreto 102 de 2015, sino
que abordó en términos generales «la indebida motivación del acto administrativo
demandado», de conformidad con la normatividad que rige el asunto, el contexto
en que se desarrollaron los hechos y la orden judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 25 de febrero de 2015, como pasa a exponerse:

29. Según la autoridad judicial accionada, el Decreto 102 del 25 de agosto de 2015
se expidió en vigencia de la Ley 909 de 2004, mediante la cual se admitió el retiro
de personal vinculado en provisionalidad, a través de actos administrativos
debidamente motivados que pretendan el cumplimiento de los fines del Estado.

30. En ese orden de ideas, determinó que el nombramiento de la señora Yeimin
Sarife Hernández Tapia podía declararse insubsistente en cualquier momento,
siempre que el acto administrativo se motivara en debida forma. En consecuencia,
efectuó un análisis cualitativo y detallado del Decreto 102 de 2015, frente al cual
concluyó que el municipio de Majagual se limitó a cumplir una orden judicial dirigida
a que se reintegrara a la señora Aury Vergara Jiménez en un cargo de igual o
equivalente categoría al que ocupaba y se pagaran los emolumentos causados,
argumento que esta Sala de Subsección comparte.

31. Así las cosas, no se observa que la autoridad judicial accionada incurriera en un
defecto fáctico por indebida valoración de los cargos expuestos en la demanda,
pues como se expuso previamente, analizó en términos generales la motivación del
Decreto 102 de 2015 frente a la declaración de insubsistencia de la señora Yeimin
Sarife Hernández Tapia, concluyendo que sí se desarrollaron las razones que
fundamentaron dicha la decisión de manera clara, concreta y razonada, situación
que controvierte la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

32. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de

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aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.

33. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)

8Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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Accionante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»9.

34. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

35. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada omitió
considerar que el alcalde del municipio de Majagual expidió el Decreto 102 de 2015,
comunicado el 9 de septiembre de la anualidad, sin observar la prohibición legal
contenida en la Ley 996 de 2005, según la cual, durante los cuatro meses previos a
la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales,
se dispone la congelación de las nóminas en todas las entidades públicas de la
Rama Ejecutiva, razón por la cual se encuentran restringidos los nombramientos y
las declaratorias de insubsistencia en los cargos públicos.

36. Esta Sala de Subsección le recuerda a la parte accionante que, de acuerdo con
el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia solo
puede pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, a
menos que deba adoptar decisiones de oficio en los casos que la ley lo prevea.

37. Dado que el municipio de Majagual no presentó ninguna objeción en su recurso
de apelación respecto a la aplicación de la Ley 996 de 2005, el tribunal accionado
no tenía la obligación de pronunciarse sobre este asunto. Por lo tanto, no es
apropiado que la parte accionante, a través de una acción de tutela, pretenda que
el juez constitucional se manifieste al respecto.

38. En vista de lo anterior, esta Sala de Subsección procederá a negar las
pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Yeimin Sarife
Hernández Tapia, pues no se encontraron configurados los defectos alegados ni
tampoco se advirtió transgresión alguna de los derechos fundamentales invocados
en el escrito de referencia.

39. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

9 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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Accionante: Yeimin Sarife Hernández Tapia

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por la señora
Yeimin Sarife Hernández Tapia, de conformidad con los argumentos expuestos en
el presente proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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