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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04953-00

Fecha
16 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04953-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04953-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

16 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04953-00
Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Accionados: Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial / Defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Se declara la improcedencia.

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda en ejercicio de acción de tutela
presentada por la señora Sonia Rubia Peñaloza contra las sentencias que le negaron las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado No. 11001 33 35008 2020 00187-01.

SÍNTESIS

La accionante enjuició las sentencias que negaron las pretensiones de la demanda en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró para que se
anularan los actos administrativos que negaron el reajuste del salario. En su concepto, las
providencias judiciales cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente. La Sala declarará la improcedencia por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

El 11 de agosto de 2025 la señora Sonia Rubia Peñaloza presentó, mediante apoderado
judicial, una demanda en ejercicio de acción de tutela con el fin de obtener el amparo de
su derecho fundamental al debido proceso. A su juicio, dicha garantía constitucional fue
vulnerada por las sentencias proferidas el 30 de septiembre de 2021 y 4 de marzo de
2025 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección
F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente,
en las que se niegan las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual solicitó el reajuste del salario.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04953-00
Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

Como pretensiones, la accionante formuló las siguientes (se transcribe):

Con base en los hechos, fundamentos, argumentos y de lo probado en el medio de control
de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, solicito al señor Presidente del
Consejo de Estado, que previo al reparto de la presente acción de tutela y de conformidad
al artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, para determinar la conformación de la
sala de decisión con la cual se avoque el conocimiento de la presente acción de tutela que
se ejerce contra actuaciones de la propia corporación, y con el fin de garantizar el debido
proceso, y al estar un numero plural de los Magistrados de dicha corporación en
inhabilidades e incompatibilidades por tener o haber tenido medio de control adelantados
por este togado con las pretensiones antes descritas a favor de mis poderdantes, se
conforme y nombre una sala de conjueces para el presente asunto, en razón a que hasta la
fecha, los magistrados de dicha corporación han omitido salvaguardar el cumplimiento de
la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente
D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

De conformidad a lo actuado, solicito se tutelen a favor del señor SONIA RUBIO
PEÑALOZA los derechos a la Seguridad Jurídica, al Trabajo en Condiciones Dignas y
Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social en Materia Laboral, al Derecho del
Mantenimiento del Poder Adquisitivo del Salario y su impacto en las Prestaciones Sociales
y a la Garantía de Legalidad y alcance de la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de
orden superior fijados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125, por lo cual
solicito se declare:

PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del treinta
(30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) y cuatro (4) de marzo de dos mil veinticinco
(2025), proferidas respectivamente por el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá D.C. y
la Sección Segunda Subsección “F” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con Radicación: 11001-
3335-008-2020-00187-00 y 211001-3335-008-2020 00187-01, en consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión
PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la
presente acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “F” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, profiera la sentencia correspondiente en derecho.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto fáctico, y material o
sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso y al
trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en si misma se encuentra
fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa
de la Constitución, además la providencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo
de Bogotá D.C. y la Sección Segunda Subsección “F” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia
debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente
1
D-5125 de la Corte Constitucional. (…)”

B. Hechos

La señora Sonia Rubia Peñaloza ingresó a la Policía Nacional el 1 de marzo de 1984
como Agente y se retiró del servicio el 31 de marzo de 2004.
1
Índice 2 del aplicativo SAMAI

2

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Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

El 16 de octubre de 2019, solicitó a la Policía Nacional y a CASUR reliquidar, reajustar y
pagar el incremento equivalente al 52.2543%, resultado de la diferencia entre la
asignación mensual pagada por la entidad a partir del mes de enero del año 2005 y hasta
la fecha de retiro de la institución de la accionante y la que realmente corresponde por
ajustes de actualización plena conforme con la inflación acumulada y causada entre los
años 1992 a 2004.

Mediante los Oficios S-2019-069358/ANOPAGRULI-ANOPAGRULI-1.10 del 19 noviembre
de 2019 y No. 533522 de 29 de enero de 2020, proferidos por la Policía Nacional y la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – en adelante CASUR se negó la reliquidación
de la diferencia de salarios.

La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y CASUR en el que solicitó la nulidad
de esos actos administrativos con fundamento en la sentencia C-931 del 29 de septiembre
de 2004.

Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda por considerar que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional determinó que quienes devengaban más de dos
salarios mínimos podrían ver limitado su ajuste salarial desde 1996 hasta 2004,
circunstancia que no se presentó en el caso particular de la accionante, quien no vio
afectado su poder adquisitivo pues el salario y la asignación de retiro estaban
debidamente ajustadas.

Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación en el cual alegó que el juzgado
omitió aplicar la jurisprudencia constitucional, especialmente la sentencia C-931 de 2004
en la cual se buscó proteger el poder adquisitivo de los salarios de todos los servidores
públicos, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, por lo que desconocer dicha
decisión es discriminar a quienes prestaron servicio público en las Fuerzas Armadas y de
Policía entre 1992 a 2004.

En sentencia de 4 de marzo de 2025, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia que negó las pretensiones tras
verificar que a la accionante se le realizó el incremento porcentual decretado en la Ley 4
de 1992, por lo que resulta improcedente acudir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial.

C. Fundamentos de la vulneración

La accionante alega que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente sentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
931 de 2004.

Frente al desconocimiento del precedente, insistió en que las providencias judiciales
omitieron aplicar la sentencia C – 931 de 29 de 2004 de la Corte Constitucional, pues la

3

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Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

misma ordenó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional actualizar dentro en el
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 los salarios teniendo en cuenta la inflación
acumulada y, por tanto, proteger el poder adquisitivo de los salarios de todos los
servidores públicos, incluidos los miembros de la Fuerza Pública.

Sobre el defecto sustantivo, reiteró que las autoridades judiciales no aplicaron las reglas
jurisprudenciales previstas y fijadas en esa misma providencia de constitucionalidad.

D. Trámite procesal

Por auto del 12 de agosto de 2025 se admitió la acción de tutela (índice 5 aplicativo
SAMAI), el cual fue notificado a las autoridades judiciales accionadas2 y a los terceros con
interés vinculados al proceso3 (índice 8 ibidem).

E. Oposiciones e intervenciones

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá4 (accionado) allegó el
expediente digital y solicitó negar el amparo porque considera ese despacho valoró los
argumentos expuestos en el escrito de demanda y explicó las razones por las cuales no
resultaba procedente el reajuste del salario, así como su consecuente incidencia en la
asignación de retiro.

La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca5
(accionado) solicita que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, pues el
Consejo de Estado, en múltiples pronunciamientos, ha sostenido de manera pacífica y
uniforme que el reajuste salarial del personal activo de la Fuerza Pública no se encuentra
sujeto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino a los parámetros establecidos por el
Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 4ª de 1992.

La Policía Nacional6 (tercero con interés) solicita que se declare la improcedencia de la
acción de tutela porque no se evidencia ninguna vulneración a los derechos
fundamentales alegados por la accionante, por el contrario, la accionante actualmente
goza de una asignación de retiro y lo que recibe se encuentra debidamente ajustado.

Tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente
que torne procedente la acción de tutela como un mecanismo para acceder a un nuevo
reconocimiento pensional, máxime cuando dicho análisis ya fue realizado en el proceso
ordinario.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR 7 indicó que las
providencias cuestionadas no han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante

2
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá
3
El Ministerio de Defensa -Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía.
4
Índice 11 del expediente digital en Samai.
5
Índice 12 del expediente digital en Samai
6
Índice 10 del expediente digital en Samai.
7
Índice 9 del expediente digital en Samai

4

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Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

pues se profirieron en el marco de sus competencias y con fundamento en la normatividad
que regula el tema salarial de la servidora pública.

Igualmente, solicitó su desvinculación de asunto por falta de legitimación en la causa por
pasiva toda vez que las presuntas violaciones de sus derechos fundamentales son ajenas
a la entidad.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Sonia Rubia Peñaloza
contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

G. Cuestión previa

La Caja de Sueldos de Retiro solicita la desvinculación de la entidad de la presente acción
judicial. La Sala negará esta solicitud, porque dicha autoridad fue vinculada en calidad de
tercero con interés, por haber obrado como demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de manera que su llamado al proceso se dio para enterarla
de la actuación judicial.

Por otra parte, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las
providencias proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la
sentencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la
presente providencia.

Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial encargada
de cumplir la orden y dictar la sentencia de reemplazo sería la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

H. Sentido de la decisión

La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque advierte que no cumple
con el requisito general de la relevancia constitucional. En ese sentido y por razones

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Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
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metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos
generales de procedencia de la acción8.

I. El requisito de relevancia constitucional

Desde sus inicios, la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela puede
proceder excepcionalmente para el amparo de derechos fundamentales cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por una providencia judicial. Al respecto,
para comprobar la procedibilidad de la solicitud de amparo, desarrolló la doctrina de las
vías de hecho judicial; es decir, las «actuaciones arbitrarias imputables al funcionario
judicial que desconozcan o amenacen derechos fundamentales»9.

Posteriormente, con la sentencia C-590 de 200510, el Alto Tribunal distinguió entre los
requisitos generales que posibilitan la interposición de la demanda y los requisitos
específicos que habilitan el amparo. Sobre lo primero, consideró que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales está sujeta a que «la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional», para evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. En ese
orden, la jurisprudencia ha concluido que la tutela no implica un juicio de corrección de la
decisión cuestionada, sino un juicio de validez11.

En suma, el requisito general de procedencia de la relevancia constitucional comporta las
siguientes finalidades: preservar la competencia e independencia de los jueces; restringir
el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales por asuntos de
mera legalidad12.

La sentencia SU-215 de 2022 13 compiló algunos criterios de análisis acogidos por la
jurisprudencia constitucional para determinar si la demanda en ejercicio de la acción de
tutela satisface el requisito de relevancia constitucional, a saber:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la

8
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte Constituciona a
establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora: e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C-590 de 2005)
9
Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
11
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), SU-128 de 2021 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger) y SU-134 de 2022 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
12
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo).

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Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las Altas Cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención
del juez constitucional sólo está justificada cuando «(…) la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional14».

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda en ejercicio de
acción de tutela

En el caso objeto de estudio, la accionante presentó una demanda en ejercicio de acción
de tutela contra las decisiones que negaron las pretensiones de la demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la
Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, para que se anulara los
actos administrativos que negaron el reajuste del salario y la asignación de retiro de la
accionante.

A su juicio, el presunto defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial, lo
sustenta en que autoridad judicial demandada aplicó de forma irrazonable y
desproporcionada el régimen normativo contenido en la sentencia C-931 de 29 de
septiembre de 2004 proferida por la Corte Constitucional, la que ordenó al Congreso de la
República y al Gobierno Nacional actualizar en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
los salarios teniendo en cuenta la inflación acumulada.

Es decir que más que un defecto sustantivo lo que se alega es un desconocimiento del
precedente.
14
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04953-00
Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional
estableció, por un lado, que el precedente es una sentencia previa relevante para la
solución de un nuevo caso e indicó que «como los supuestos de hecho similares deben
recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el
sentido de la decisión posterior15».

Estableció, adicionalmente, que «los precedentes judiciales proyectan un valor vinculante
en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los principios de igualdad
y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a justificar adecuadamente
la decisión de apartarse de ellos16».

A su vez, dispuso que la vinculación del precedente jurisprudencial concreta los principios
de igualdad y legalidad -que ordena a los jueces fallar con base en normas previamente
establecidas-, por lo cual, «el respeto por el precedente es un mecanismo indispensable
para la consecución de fines de relevancia constitucional como la confianza legítima, la
seguridad jurídica y la unificación de jurisprudencia17».

K. Caso concreto

La Sala observa que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una
actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada en la aplicación
de la jurisprudencia.

La accionante insiste en que el tribunal desconoció de manera abierta los criterios
establecidos en la sentencia C-931 de 29 de septiembre de 2004.

Se evidencia que los argumentos presentados por la accionante fueron expuestos ante la
autoridad judicial competente en el recurso de apelación presentado contra la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2021, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.

Particularmente, en el recurso de apelación la actora cuestionó el desconocimiento de la
sentencia C-931 de 29 de septiembre de 2004 por lo que, en su criterio, tenía derecho a
que se reliquidara, reajustara y pagara el incremento de acuerdo con la inflación
acumulada y causada entre los años 1992 a 2004.

Expresamente, en el recurso de apelación el demandante expuso:

A los servidores públicos a quienes se les limitó el derecho a mantener el poder adquisitivo
del salario, de conformidad a con la sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional que
ordenó “al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, que debe haberse reconocido
la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos

15
Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 1999.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
17

8

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Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

los servidores públicos, en los términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia; es decir desde el año 2005, dicho ordenamiento jurídico existe y hace
parte de los derechos de mi prohijado.

La sentencia impugnada contradice la interpretación de la Corte Constitucional y los criterios
fijados en la sentencia C-931 de 2004; y que, si bien “se hace referencia a la Ley 100 de
1993, dichos enunciados obedecen, en referencia a la sentencia de la Honorable Corte
Constitucional C-432 del seis (6) de mayo de dos mil cuatro (2004)” (…)18

Esos planteamientos fueron resueltos por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 4 de marzo de 2025, en los
siguientes términos:

Advierte la Sala que la sentencia C- 931 de 2004, también acoge los postulados dispuestos
en la providencia C-1064 de 2001, en cuanto al derecho del servidor público a mantener el
poder adquisitivo del salario y las limitaciones que puede ser objeto, así: “Conforme a tales
condicionamientos, (i) el derecho a obtener el reajuste salarial de los servidores públicos
que devengan bajos salarios es “intangible”; (ii) en principio, el derecho de estos servidores
al reajuste anual implica que el aumento de su salario mantenga su poder adquisitivo real,
por lo cual el criterio de reajuste debe ser el del índice de inflación; (iii) los servidores que
devengan salarios medios o altos pueden ver limitado su derecho en mayor o menor
proporción, según el nivel salarial de cada uno. En estos rangos, a mayor nivel salarial
caben mayores limitaciones y viceversa; (iv) el poder adquisitivo del salario de los
servidores públicos que devengan salarios medios o altos puede ser limitado”.

En el citado pronunciamiento, la Corte Constitucional precisó que pueden existir limitaciones
a los incrementos salariales, pero deja claro que estos techos no se pueden aplicar a
quienes devenguen hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Y en cuanto a quienes
gana más podrá existir techos siempre y cuando respeten el principio de la progresividad
por escalas salariales, de tal suerte que quienes tengan los mayores sueldos reciban el
menor incremento. Además, señala, que quienes reciban el menor incremento, este nunca
podrá ser inferior al 50 por ciento de la inflación causada en el año anterior.

Así mismo, que el incremento anual, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
para el caso de los servidores que devengan valores superiores a los del salario mínimo, no
constituye una vulneración de los derechos de los trabajadores; y mucho menos a los
derechos adquiridos, sino que comporta una limitación legítima, pues como precisó la
misma Corte Constitucional“…La prohibición de desmejora de los derechos sociales de los
trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos, ni implica que el derecho a un
reajuste para responder a la inflación que afecta a la población en general, deba ser
reconocido en forma absoluta a todos los servidores públicos, independientemente de su
nivel de ingresos…”, pues no todos los servidores públicos se encuentran en la misma
situación salarial, sino que por el contrario, existen considerables diferencias entre quienes
están ubicados en los niveles superiores de ingreso y quienes no.

De ahí que, el derecho constitucional a que se mantenga el poder adquisitivo real de su
salario es una prerrogativa que puede ser limitada pues los aumentos salariales para los
servidores de las escalas superiores no puede ser iguales o mayores a los de las escalas
inferiores, pues si ello ocurriera así, tal circunstancia no constituye una deuda a favor del
servidor público, y como lo definió la Corte “no hay retroactividad del pago de lo dejado de
percibir.

Así las cosas, tal y como se expuso resulta improcedente el incremento de la asignación de
retiro que reclama el actor, pues conforme a las pautas fijadas por la Corte Constitucional
en la sentencia C-931 de 2004, el Gobierno Nacional podía limitar su derecho a mantener el
poder adquisitivo del salario y por lo tanto, estaba autorizado a realizar los incrementos del

18
Índice 11 del expediente digital en Samai.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04953-00
Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

salario para quienes devenguen sueldos iguales o superiores a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales, en porcentajes por debajo del Índice de Precios al Consumidor, pero no
inferior al 50% de éste. (…).

De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la discusión planteada por la
accionante en la acción de tutela fue resuelta por la autoridad judicial al indicar que tuvo
derecho al incremento porcentual decretado año a año por el Gobierno Nacional en
aplicación de la Ley 4 de 1992, por lo que no resultaba procedente acudir a una fuente
distinta para realizar un nuevo incremento salarial y, en todo caso, al devengar más de
dos salarios mínimos el incremento realizado a la accionante resultaba adecuado.

En los términos en los que ha sido planteados los reparos, la Sala advierte que la
accionante no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional en la medida en que
se limitó a reiterar los argumentos planteados en el recurso de apelación y como se
explicó fueron resueltos por la autoridad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04953-00
Accionante: Sonia Rubio Peñaloza
Acción de tutela

11

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