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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08123-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08123-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las solicitudes de desvinculación y remisión de la solicitud de tutela, presentadas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Libardo Sánchez Quiroga contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, acorde con las consideraciones expuestas. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00 Demandante: Libardo Sánchez Quiroga 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08123-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

5 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho: reajuste de asignación de retiro. Falta de cumplimiento de
requisitos generales.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Libardo Sánchez Quiroga contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el
Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo
1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de diciembre de 2025, el señor Libardo Sánchez Quiroga, por intermedio de
apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado 21 Administrativo de
Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, a mantener el poder adquisitivo del salario y a los principios de
seguridad jurídica, legalidad e irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del
veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025) y veintisiete (27) de junio de
dos mil veinticinco (2025), proferidas respectivamente por la Juzgado Veintiuno
Administrativo - Oralidad Circuito Judicial De Bogotá y la Subsección “E” Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado 11001-33-35-021-
2024-00080-00 y 11001-33-35-021-2024-00080-01, dentro del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión
PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la
presente acción de tutela, la Subsección “E” Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, profiera la sentencia correspondiente en derecho.

(…)».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Situación administrativa que dio origen al medio de control

El señor Libardo Sánchez Quiroga laboró al servicio de la Policía Nacional desde el 1
de diciembre de 1976, cuando ingresó en el grado de agente, hasta el 26 de abril de
2009, fecha en que se retiró en el grado de sargento mayor. A partir de ese momento,
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció la asignación de retiro,
la cual ha venido percibiendo de manera periódica.

El accionante estimó que los salarios, prestaciones sociales y asignación de retiro
reconocidos no fueron actualizados según el índice de inflación, pese a lo ordenado
por la Corte Constitucional, especialmente, entre 1992 y 2004.

Por lo anterior, el 23 de agosto de 2023 el señor Sánchez Quiroga solicitó a la Policía
Nacional la reliquidación y pago de la diferencia entre la asignación básica mensual y
prestaciones sociales pagadas desde el 1 de enero de 2004 hasta la fecha de su retiro,
y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR el reajuste y pago
de la asignación de retiro, con el fin de que se reconociera y pagara la diferencia
resultante de aplicar la inflación acumulada entre 1992 y 2004. Dicha petición fue
resuelta desfavorablemente por medio de los Oficios GS-2023-058091- DITAH del 4
de septiembre de 2023 y No. 840517 de 20 de octubre de 2023, proferidos por la
Policía Nacional y CASUR, respectivamente.

El señor Sánchez Quiroga radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con la finalidad de que se dejara sin efectos los referidos oficios y, en consecuencia,
se ordenara (i) la reliquidación y pago de la asignación básica y demás prestaciones
devengadas teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor y de acuerdo a la
asignación básica de un oficial en el grado de General de la República; y (ii) el reajuste
y pago de la asignación de retiro en atención a los nuevos valores a que tiene derecho
en su base salarial.

Por reparto el asunto le correspondió al Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, bajo
el radicado número 11001-33-35-021-2024-00080-00/01 que, en sentencia del 26 de
marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
establecido en la Ley 4 de 1992, en virtud de la cual el sueldo básico debe reajustarse
con base en la escala gradual porcentual. En ese sentido, el Juzgado consideró que
las sentencias C-431 y C-931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional no
resultaban aplicables al asunto particular, en tanto solo le corresponde al Legislador
establecer la forma en que se reajustan los salarios del personal de la Fuerza Pública.

Contra la anterior decisión, el demandante presentó recurso de apelación. Como
sustento de su recurso, sostuvo que el juez de primera instancia desconoció lo
dispuesto en la sentencia C-931 de 2004, según la cual, en su criterio, los salarios de
todos los servidores públicos se deben actualizar según el índice de inflación.
Adicionalmente, consideró que el Gobierno Nacional durante los años de 1997 hasta
el 2004 no aumentó los salarios de conformidad con el IPC.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 27 de junio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.
Sostuvo que no son procedentes las pretensiones de reliquidación de la asignación
básica ni de la asignación de retiro con base en la variación porcentual del IPC. Lo
anterior, por cuanto desde el año 1992, como Oficial de la Policía Nacional, mientras
estuvo en servicio activo el señor Sánchez Quiroga tuvo derecho al incremento
porcentual decretado año a año por el Gobierno Nacional en aplicación de la Ley 4 de
1992 (escala gradual porcentual). Igualmente, una vez retirado, el incremento de la
asignación de retiro no se ha realizado con base en el índice de precios al consumidor
sino con observancia del principio de oscilación.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
defecto sustantivo, al desconocer el efecto vinculante, erga omnes y de cosa juzgada
de la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó
el reconocimiento y la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo
real del salario de los servidores públicos.

Sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas se apartaron injustificadamente
del precedente constitucional fijado en dicha sentencia, al negar el restablecimiento
del poder adquisitivo del salario pese a la inflación causada y acumulada, lo que
constituye un desconocimiento de la providencia constitucional. A su juicio, esta
omisión afecta la seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso, al desconocer
un mandato constitucional obligatorio para todas las autoridades judiciales.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

El 4 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante, a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y al titular del Juzgado 21
Administrativo de Bogotá como demandados, y al Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR como
terceros interesados.

5. Oposiciones

El Juzgado 21 Administrativo de Bogotá envió el enlace del expediente digital
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero guardó
silencio respecto a las pretensiones de la solicitud de tutela.

6. Intervenciones de los terceros con interés

La Policía Nacional solicitó denegar las súplicas de la parte actora, debido al carácter
subsidiario de la acción de tutela. El debate planteado por el accionante ya fue definido
por el juez natural, razón por la cual no se evidencia que se presente la vulneración
de sus derechos fundamentales.

Sostuvo que la solicitud de amparo tampoco procede de manera excepcional, pues
en este caso no se presenta un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que,
verificado el sistema de información para la administración del talento humano de la
Policía Nacional, se evidenció que el señor sargento mayor (R) Libardo Sánchez
Quiroga percibe a la fecha una asignación de retiro.
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Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó su
desvinculación porque carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene
injerencia alguna en las decisiones judiciales cuestionadas.

Igualmente, pidió que, con el fin de garantizar la unidad de la decisión judicial, se
remitiera la tutela de la referencia al despacho del consejero de Estado Diego Enrique
Franco Victoria, por cuanto ese despacho resolvió una controversia idéntica a la de la
referencia, mediante la sentencia del 16 de septiembre de 2025, en el radicado
número 11001-03-15-000-2025-04953-00.

Por último y de manera subsidiaria, pidió que la acción de tutela fuera declarada
improcedente, por no cumplirse el requisito general de falta de relevancia
constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, es necesario resaltar que la parte actora endilga
tanto al Juzgado 21 Administrativo de Bogotá como al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, la vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a mantener el poder adquisitivo del
salario y a los principios de seguridad jurídica, legalidad e irrenunciabilidad de los
derechos de la seguridad social, al proferir las sentencias del 26 de marzo de 2025 y
del 27 de junio de 2025, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-021-2024-00080-00/01.

No obstante, esta Sección se limitará a analizar la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que fue la que puso fin a la controversia
debatida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De esta forma, le corresponde a la Sala determinar si la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales invocados en la sentencia del 27 de junio de 2025, por incurrir
presuntamente en defecto sustantivo, al denegar las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada con el fin de dejar sin efectos los
actos administrativos que negaron (i) la reliquidación y reajuste de la asignación básica
y demás prestaciones devengadas, teniendo en cuenta el índice de precios al
consumidor y de acuerdo a la asignación básica de un oficial en el grado de General
de la República; (ii) el reajuste de la asignación de retiro en atención a los nuevos
valores a que tiene derecho en su base salarial.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó
el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, pues el accionante
insiste en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, pretende es
configurar una instancia adicional.

Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y; (iii) el análisis del caso concreto.

Sin embargo, de manera previa, la Sala deberá referirse a las solicitudes de
desvinculación y remisión en aplicación del Decreto 1834 de 2015, presentadas por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

(i) Cuestiones previas: Solicitudes de desvinculación de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y de remisión de la demanda de
tutela

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitó su
desvinculación del trámite de la presente acción de tutela, por cuanto carece de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto la solicitud de amparo tiene como
finalidad cuestionar la decisión proferida por Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Al respecto, la Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
– CASUR se encuentra vinculada al presente trámite constitucional en calidad de
tercero con interés, dado que fue una de las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se emitió la sentencia
cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud de
desvinculación.

Por otra parte, esa entidad también solicitó que la tutela de la referencia fuera remitida
al despacho presidido por el consejero de Estado Diego Enrique Franco Victoria, para
que se estudiara sobre su posible acumulación con la tutela con radicado número
11001-03-15-000-2025-04953-00, por tratarse de un caso con identidad fáctica y
jurídica.

Sobre ese punto, la Sala encuentra que de conformidad con el artículo 2.2.3.1.3.3. del
Decreto «El juez de tutela que reciba las acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de
la aplicación de los artículos 2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.2. del presente decreto, hasta antes de dictar
sentencia, para fallarlos todos en la misma providencia». En consecuencia, en el caso
particular, se negará la remisión de la tutela de la referencia, por cuanto en la tutela
2025-04953-00 ya se profirió la sentencia del 16 de septiembre de 2025.

(ii) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de
tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii)Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.

(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos
en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales
no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es
decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(iiii) Caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, la parte accionante insiste en sede de tutela en los mismos planteamientos
expuestos en el recurso de apelación, relacionados con la presunta afectación de los
salarios de los miembros de la Fuerza Pública al no aplicar la actualización plena
conforme al IPC durante el período comprendido entre 1992 y 2004, en contravía de
lo ordenado por la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional.

5
Ibidem.
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No obstante, en esta oportunidad, dichos argumentos son reiterados bajo la alegación
de un presunto defecto sustantivo, sin que ello modifique sustancialmente el núcleo
del debate ya resuelto por las autoridades judiciales competentes, como se expone:

En el presente asunto, el accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la diferencia causada entre
la asignación básica pagada conforme los decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional y la variación del Índice de Precios al Consumidor acumulada entre 1992 a
2004. Lo anterior, por cuanto para ese período, el salario de General, a partir del cual
se estima las asignaciones de los demás uniformados de la Fuerza Pública, no fue
actualizado teniendo en cuenta la inflación. Igualmente, el demandante solicitó que el
anterior reajuste tenga incidencia en el monto de la asignación de retiro.

El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado 21
Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 26 de marzo de 2025, declaró
fundadas las excepciones presentadas (i) por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR, denominada Inexistencia del derecho y, (ii) por la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional de legalidad del acto administrativo; y negó
las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, el Juzgado sostuvo que en virtud de la Ley 4 de
1992, el sueldo básico del personal de la Fuerza Pública debe reajustarse con base
en la escala gradual porcentual, de modo que los incrementos salariales deben
sujetarse a los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, por lo que no es
posible aplicar un mecanismo distinto para modificar la base salarial. Entretanto, el
reajuste de las asignaciones de retiro se basa en el principio de oscilación. En ese
sentido, consideró que las sentencias C-431 y C-931 de 2004 proferidas por la Corte
Constitucional no resultaban aplicables al asunto particular, debido a que solo le
corresponde al Legislador establecer la forma en que se reajustan los salarios del
personal de la Fuerza Pública.

La sentencia de primera instancia fue objeto de apelación por la parte demandante,
quien manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el Juzgado, debido a
que «de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C – 931
de 2004, se debe reconocer la actualización plena del derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos».

Asimismo, en la tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto sustantivo al desconocer el precedente constitucional, pues no
aplicó lo dispuesto en la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, en la
cual se reconoció el deber del Estado de garantizar el mantenimiento del poder
adquisitivo real del salario de los servidores públicos.

En su criterio, las decisiones judiciales se apartaron sin justificación del precedente
constitucional fijado en dicha sentencia, al negar el restablecimiento del poder
adquisitivo afectado por la inflación acumulada. Consideró que esa omisión
desconoce un mandato constitucional obligatorio para todas las autoridades y, en
consecuencia, compromete los derechos fundamentales del accionante.

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Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

De lo previamente expuesto, la Sala advierte que el señor Sánchez Quiroga propone
la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo cual evidencia que lo que pretende la parte actora es hacer uso de la
presente solicitud de amparo, como una instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
actora ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en la sentencia del 27 de junio de 2025, que, en lo que
interesa, consideró:

«Sin embargo, debe precisarse que durante los años 1992 a 1995, el salario del actor no
fue establecido conforme la asignación básica del general. Lo anterior, en razón a que,
para ese periodo, las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública se fijaron bajo
los parámetros definidos en los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de
1995, los cuales dispusieron de forma independiente la remuneración mensual para los
oficiales de la Fuerza Pública sin tener en cuenta lo devengado en el grado más alto.

Luego entonces, el actor no puede pretender que se analice la presunta devaluación
monetaria desde el 1992 conforme al salario de un general, toda vez que para esa época
no existía disposición que determinara el ajuste conforme a la escala gradual. Dicha regla
de actualización tuvo lugar a partir de la expedición del Decreto 107 de 1996. En
consecuencia, el estudio de la presunta devaluación de la asignación básica se efectuará
para los años 1996 a 2004.

Bajo esa aclaración, se advierte que al margen de probar que el sueldo del general no fue
reajustado conforme a la inflación, resulta oportuno recordar que el Consejo de Estado ha
sido claro en afirmar que al personal en actividad solamente se le efectúa el reajuste de
su salario de conformidad con la escala gradual porcentual y que esta, no puede ser
modificada por decisión judicial. Así lo sostuvo en sentencia de 7 de abril de 2022 6, cuando
al respecto señaló:

“Visto lo anterior y bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del
demandante en la Policía Nacional, la Sala precisa que para regular los
salarios del personal en actividad de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional
aplica la escala gradual, razón por la cual, ésta no puede ser modificada
por decisión judicial, mientras que, para calcular las asignaciones de retiro,
se basa en el principio de oscilación, con el fin de mantener el equilibrio entre
los incrementos efectuados al personal activo y los realizados al personal en
retiro que disfruta de una pensión o asignación de retiro.

Nótese que tal y como se expuso en el anterior acápite, el Gobierno nacional,
con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de
1992, es quien fija el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública, acatando lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución
Política.

Así las cosas, como lo pretendido por el demandante es que se le
reajuste su asignación básica conforme a la variación porcentual
arrojada por el índice de precios al consumidor para las anualidades
mencionadas así como su asignación de retiro, por considerar que este fue
mayor al efectuado conforme los decretos proferido por el Gobierno nacional,
resulta improcedente acceder a ello, puesto que, al personal en
actividad se le efectúa el reajuste de su salario de conformidad con la
escala gradual porcentual, a la cual se hizo alusión en líneas precedentes”.

Adicionalmente, esta misma Corporación ha indicado que un incremento salarial distinto
al previsto en la Ley 4 de 1992 resulta improcedente, en atención a que «no resulta
pertinente acudir a una fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial,
en la medida en que existe prohibición expresa consagrada en el artículo 10 de la citada

6
C.E., Sec. Segunda. Sent. 250002342000201705923 01, abr. 07/2022. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

ley e implicaría la modificación de la escala gradual porcentual, con base en la cual el
Gobierno nacional fija anualmente los sueldos básicos del personal de las fuerzas militares
en actividad (…)7.

Luego entonces, el reajuste del salario del sargento mayor, solo debía realizarse con base
en la escala gradual porcentual y no, conforme a la variación del índice de precios al
consumidor, dado que una interpretación distinta vulnera el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

Ahora bien, el demandante asegura que debe aplicarse la sentencia C-931 de 2004, en
donde la Corte Constitucional hizo referencia al «derecho del servidor público a mantener
el poder adquisitivo real del salario». Al respecto, conviene señalar que, si bien, esa alta
corporación menciona que debe preservarse la movilidad del sueldo, el IPC no es la única
medida para efectuar este tipo de actualización.

En ese sentido, el fallo aludido advierte que «... si bien el índice de precios al consumidor
es una variable económica que puede ser tenida en cuenta para establecer el aumento
anual de los salarios de los servidores públicos, también lo es que, no constituye la única
fórmula aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país, las
finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto público entre
otras»8

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en sentencia de 10 de noviembre de 202214,
el Consejo de Estado, al negar la nulidad del literal a), artículo 3 previsto en los decretos
que fijaron los salarios de los ministros entre 2004 y 201515 , aclaró que la C-931 de 2004
(i) no dispone la actualización de salarios para estos servidores públicos de forma histórica
-como lo pretende el actor- ni tampoco (ii) considera inconstitucional, reajustar salarios de
altos funcionarios en un porcentaje menor a la inflación.

Sobre el particular esta alta corporación señaló:

La Sala no comparte la interpretación que hace el demandante sobre las
reglas definidas en las sentencias C-1017 de 2003 y 931 de 2004, por cuanto
en criterio de esta colegiatura, tal inferencia excede el alcance de dichas
decisiones y de los razonamientos que las soportan, como pasa a explicarse:

En primer lugar, porque la Corte Constitucional ordenó la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los
servidores públicos, en los precisos términos de la consideración jurídica
número 3.2.11.8.4, y en este numeral la Corte no hizo mención a esa
actualización histórica como lo indica el demandante.

En segundo lugar, porque, por decisión mayoritaria de la Corte Constitucional,
en todas las sentencias analizadas, no resultan contrarios a la Constitución
los reajustes salariales de los altos funcionarios con un porcentaje menor al
de la inflación, por las razones que han sido expuestas en precedencia,
siempre y cuando dicha limitación no sea permanente en el tiempo, sino
temporal; y, precisamente, con base en el anterior razonamiento, la Corte ha
sostenido de forma reiterada que la aludida limitación no es una deuda que
adquiere el Estado con los servidores públicos. Tampoco es rembolsable al
final de un determinado periodo, porque se trata de un ahorro fiscal para
asegurar otros fines y principios constitucionales de mayor envergadura.

Por lo tanto, en la medida que la Corte Constitucional (i) nada dijo frente a obligación de
actualizar los salarios desde el año 1992, y además, (ii) la limitación al principio de
mantener el poder adquisitivo de los salarios no es una deuda en favor de los empleados
públicos, dicho argumento carece de vocación de prosperidad.

(…)

7
C.E., Sec. Segunda. Sent. 25000234200020180216501, nov. 20/2024. M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
8
Ibídem.
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

Bajo estas consideraciones, la sala concluye que la entidad demandada reajustó en debida
forma la asignación básica del demandante y habrá de confirmarse la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demandada.

A partir de lo anterior, la Sala observa que, aunque la parte actora alega que la
providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados porque
presuntamente se encuentra incursa en el defecto sustantivo, al no acoger el criterio
establecido en las sentencias de la Corte Constitucional, como se vio, ya fue resuelto
por el juez natural.

Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
las providencias objeto de tutela habrían vulnerado sus derechos fundamentales, lo
cierto es que la parte accionante pretende utilizar esta acción constitucional para
reiterar los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario, bajo la presunta
configuración de un defecto sustantivo.

Si bien en sede de tutela se cita la sentencia de la Corte Constitucional como
fundamento de dicho precedente, ello no constituye un planteamiento nuevo, sino un
intento por reforzar la tesis ya sostenida en el recurso de apelación, relativa a que los
salarios, prestaciones sociales y la asignación de retiro reconocidos no fueron objeto
de una actualización plena conforme a la inflación, particularmente respecto del
período comprendido entre 1992 y 2004.

No obstante, dichos argumentos fueron examinados y desestimados por el juez
natural, quien concluyó que los incrementos salariales del personal activo de la Fuerza
Pública son fijados exclusivamente por el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley
4 de 1992, para lo cual aplica la escala gradual porcentual; mientras que las
asignaciones de retiro se actualizan según el principio de oscilación. Lo anterior, para
mantener el equilibrio entre los incrementos realizados al personal activo y al personal
que disfruta de una asignación de retiro. Asimismo, señaló que la sentencia C-931 de
2004 no establece un reajuste con base en el IPC para todos los servidores públicos,
pues esa no es la única variable que puede emplear el Gobierno Nacional para
preservar el poder adquisitivo.

Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de hacer un pronunciamiento de
fondo sobre la vulneración alegada por el demandante, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, la declarará
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Negar las solicitudes de desvinculación y remisión de la solicitud de tutela,
presentadas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Libardo
Sánchez Quiroga contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, acorde con las consideraciones expuestas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08123-00
Demandante: Libardo Sánchez Quiroga

3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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