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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04973-01

Fecha
5 de diciembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04973-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de septiembre 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedentes todos los cargos de la acción de tutela de por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad. 20 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04973-01 Accionantes: New Service Internacional De Negocios S.A. y otro Acción de tutela – Segunda instancia SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04973-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

5 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04973-01

Accionante: NEW SERVICE INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A. Y
OTRO

Autoridad: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. TUTELA-Carácter
subsidiario de la acción de tutela. SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para subsanar omisiones propias de
las partes

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo proferido
el 9 de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 11 de agosto de 20251, la sociedad New Service Internacional de Negocios S.A. y
el señor Wilson Javier Gil Estévez, representante legal de dicha sociedad,
interpusieron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y de acceso a la
administración de justicia, que consideraron vulnerados por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 27 de febrero de 2025 dentro del

1 Cfr. SAMAI, Índice 2.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04973-01
Accionantes: New Service Internacional De Negocios S.A. y
otro
Acción de tutela – Segunda instancia

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 68001-23-33-000-
2022-00344-01 (28938).

En virtud de la acción de tutela, solicitan que los derechos alegados sean tutelados
y, en consecuencia, pide que se ordene a la autoridad accionada a que:

«Primera: Que se declare la vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva -concordante con el derecho del acceso a la
administración de justicia-, con ocasión de la expedición de la sentencia de 27 de
febrero de 2025 y del auto del 9 de abril de 2025, proferidos por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.

Segunda: Que se declare que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
sentencia del 27 de febrero de 2025 y en auto del 9 de abril de 2025 con ponencia
del consejero de Estado, doctor Luis Antonio Rodríguez Montaño, incurrió en (i)
defecto fáctico, (ii) decisión sin motivación, (iii) defecto sustantivo o material, (iv)
desconocimiento del precedente, y (v) error inducido.

Tercera: Que se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que deje sin
efectos la sentencia del 27 de febrero de 2025 y el auto del 9 de abril de 2025 y, en
su lugar, profiera una nueva decisión sin incurrir en las irregularidades expuestas en
la presente acción de tutela y que fueron advertidas a esa autoridad judicial en la
oportunidad procesal pertinente.»

2. Hechos relevantes

El 20 de abril de 2017, la sociedad New Servicie Internacional de Negocios SA
presentó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios por
el año gravable 2016, con un saldo a pagar de $0. Reportó compras en el año
gravable 2016 al señor Francisco Valdivieso Pérez por valor de $4.236.301.000
(96.31% de las compras totales registradas y declaradas) y registró pasivos por valor
por $2.570.388.000, de los cuales $2.412.971.859 correspondían a pasivos con el
referido tercero (93.88% de los pasivos totales registrados y declarados).

Mediante Requerimiento Especial 042382020000011 del 1 de junio de 2020, la
Dirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Santander propuso rechazar los pasivos y costos e imponer sanción por
inexactitud equivalente al 100% del mayor saldo a pagar por impuesto determinado.

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Acción de tutela – Segunda instancia

El 16 de diciembre de 2020, la División de Gestión de Liquidación de la dirección
seccional señalada expidió́ la Liquidación Oficial de Revisión 042412020000033, la
cual acogió́ las glosas formuladas en el requerimiento.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración en contra del acto de
determinación, pero la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN los resolvió desfavorablemente, mediante la Resolución
000064 del 5 de enero de 2022.

El 31 de mayo de 20252, la sociedad y los señores Wilson Javier Gil Estévez y Elcy
González Lozano presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN-, con el fin de que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial
de Revisión 042412020000033 y de la Resolución No. 000064 del 5 de enero de
2022 mediante la cual se decidió desfavorablemente el recurso de reconsideración.
A título de restablecimiento del derecho solicitaron, que se declarara que la
declaración privada del año gravable 2016 quedaba en firme y que, en consecuencia,
no debía cancelar ninguno de los valores que fueron adicionados y liquidados en la
liquidación oficial de revisión.

El 18 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de
los actos demandados y dispuso que quedaba en firme la declaración del año
gravable 2016. La DIAN apeló.

El 14 de agosto de 20243 la parte demandante se pronunció sobre el recurso de
apelación de la DIAN y concluyó que la sentencia de primera instancia debía ser
confirmada.

El 27 de febrero de 20254, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la
sentencia del 18 de abril de 2024 y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.
Argumentó que del análisis de las pruebas allegadas al expediente se estableció que

2 Cfr. SAMAI, Índice 3 de SAMAI del proceso 68001-23-33-000-2022-00344-00
3 Cfr. SAMAI, índice 11 de SAMAI del proceso 68001-23-33-000-2022-00344-01
4 Cfr. SAMAI, índice 18 de SAMAI del proceso 68001-23-33-000-2022-00344-01

4
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el demandante no pudo demostrar la realidad de las operaciones que soportaban los
costos y pasivos declarados en su declaración de renta del año 2016, ni desvirtuó
los indicios contundentes aportados por la DIAN sobre la inexistencia de dichas
transacciones. El Consejo de Estado determinó que, aunque las facturas cumplían
requisitos formales, la falta de capacidad operativa, logística y financiera del
proveedor -declarado ficticio en 2020-, la ausencia de permisos sanitarios, la
inexistencia de trazabilidad bancaria y la informalidad en las operaciones
evidenciaban simulación. El demandante se limitó a alegar la suficiencia de sus
documentos sin acreditar la realidad económica.

La parte demandante interpuso recurso de reposición contra la sentencia del 27 de
febrero de 20255. Argumentó que no era cierto que no se hubiera enviado
pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto por la DIAN y solicitó que
el memorial se tuviera por presentado dentro del término legal. Igualmente, solicitó
que fuera revisado dicho pronunciamiento, pues no fue objeto de estudio y que se
aclare, complemente o corrija la sentencia.

El 9 de abril de 20256 , la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en primer lugar,
indicó que las sentencias de segunda instancia no son susceptibles de recursos
ordinarios. Sin embargo, al revisar la petición definió que se trataba de una solicitud
de aclaración, complementación o corrección de la sentencia y en consecuencia la
resolvió en ese sentido. En segundo lugar, negó la solicitud pues consideró que no
recaía sobre un aparte que tuviera una redacción confusa o ininteligible, o respecto
al alcance de un concepto o frase que ofrezca un verdadero motivo de duda que esté
contenido en la parte resolutiva de la sentencia de 27 de febrero de 2025 o que
influyera en ella. Por el contrario, consideró que la inconformidad se fundamentaba
en que, a su juicio, no se tuvo en cuenta su pronunciamiento frente al recurso de
apelación, ni a los argumentos allí expuestos, con lo cual no procede la
complementación. Por otro lado, consideró que tampoco hay lugar a la adición
solicitada, toda vez que la sentencia resolvió íntegramente la litis planteada.
Finalmente indicó que, si bien en la parte considerativa de la sentencia se tuvo por
no presentado el pronunciamiento sobre el recurso de apelación, la sentencia de

5 Cfr. SAMAI, Índice 23 del proceso 68001-23-33-000-2022-00344-01.
6 Cfr. SAMAI, Índice 30 del proceso 68001-23-33-000-2022-00344-01.

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Accionantes: New Service Internacional De Negocios S.A. y
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Acción de tutela – Segunda instancia

segunda instancia resolvió todos y cada uno de los argumentos de las partes y que
lo manifestado en dicho pronunciamiento correspondían con el escrito de la
demanda.

3. Fundamentos de la solicitud

Los accionantes consideran que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y de acceso a la
administración de justicia

Manifestaron que la legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada dado
que NEW SERVICE presentó la acción de tutela como titular de los derechos
fundamentales vulnerados en el presente caso. Además, Wilson Javier Gil Estévez
cuenta con legitimación en la causa por activa para interponer la presente acción de
tutela en tanto fue directamente sancionado por la DIAN por la supuesta inexactitud
tributaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 640 del Estatuto Tributario.

Por su parte, adujeron que la legitimación en la causa por pasiva se encuentra
acreditada, pues la acción se dirige contra la autoridad judicial que vulneró los
derechos con ocasión a la sentencia y al auto reprochados.

Frente a la relevancia constitucional, manifestaron que se cumple el requisito, porque
se relaciona de forma directa con la protección efectiva de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y a los
principios constitucionales a la seguridad jurídica, a la legalidad de las sanciones, a
la certeza y a la retroactividad de la ley tributaria, a la buena fe y la confianza legítima.

Consideraron que se cumple el requisito de subsidiariedad, pues se agotaron los
medios ordinarios disponibles. Es decir, se interpuso el recurso de apelación en
contra de la sentencia de la primera instancia del 18 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander. Igualmente, manifestaron que también se
cumplió este requisito por interponer solicitud de aclaración, complementación o
corrección de la sentencia del 27 de febrero de 2025. Indicaron que el recurso de
extraordinario de revisión no es procedente para este caso.

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Adujeron que se cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia
fue proferida el 27 de febrero de 2925 y el auto el 9 de abril de 2025. Es decir, la
acción se ejerció dentro del término previsto en la jurisprudencia.

Manifestaron que se presentó una irregularidad procesal, ya que la Sección Cuarta
del Consejo de Estado «basó su decisión en la supuesta condición de proveedor
ficticio de Francisco Valdivieso Pérez, pese a que dicha calificación no estaba en
firme al momento del requerimiento especial». Esto vulneró el derecho al debido
proceso, así como los principios de legalidad sancionatoria, de certeza e
irretroactividad tributaria, de buena fe y de confianza legítima al sancionar al
contribuyente por hechos que no habían sido formalmente declarados. Además, no
demostró culpabilidad, imponiéndose una sanción objetiva, contraria al artículo 647
del Estatuto Tributario y a la jurisprudencia constitucional. Esta irregularidad tuvo un
impacto decisivo en el fallo, lo que justifica la intervención del juez constitucional.

Frente a los requisitos especiales para la procedencia de la tutela contra providencia
judicial, los accionantes manifestaron que se configuró el defecto fáctico, decisión
sin motivación, defecto sustantivo o material, desconocimiento del precedente y error
inducido.

Sobre el defecto fáctico adujeron que se presentó una valoración inadecuada del
acervo probatorio. Particularmente respecto de las pruebas documentales que
ofrecían soporte razonable a la existencia de las operaciones comerciales
cuestionadas.

Alegaron que la autoridad judicial demandada solo consideró las pruebas del
expediente no. 1-2016- 2018-765, sobre la investigación en contra del señor
Valdivieso Pérez por el programa «indicios de inexactitud». No se refirió́ al kardex de
inventario, el cual contenía la información detallada sobre las entradas y salidas de
medicamentos.

Tampoco analizó las certificaciones suscritas por los representantes legales y los
revisores fiscales de los clientes finales, quienes confirmaron haber recibido los
productos suministrados; ni las facturas, los comprobantes de egreso, los cheques,
ni los soportes bancarios que acreditaban los pagos y que coincidían con los ingresos

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reportados en la declaración de renta del proveedor. Además, ignoró la declaración
de renta del señor Valdivieso Pérez y su declaración extrajuicio. Igualmente, ignoró
la documentación interna y fotográfica.

Frente al segundo defecto alegado -insuficiente motivación o decisión sin motivación-
adujeron que la autoridad judicial omitió pronunciarse específicamente sobre todos
los argumentos de nulidad esgrimidos en la demanda y en el memorial del 14 de
agosto de 2022. Entre los puntos insuficientemente motivados en la sentencia, se
destacan los siguientes:

• No se estudió la trasgresión al debido proceso ocurrida cuando el organismo
no permitió controvertir de forma efectiva el testimonio del señor Luis
Guillermo González Salcedo, que fue utilizado principalmente como
fundamento para rechazar los costos y pasivos declarados. Frente a esta
omisión la Sala Cuarta del Consejo de Estado no realizó un análisis autónomo
ni explícito a pesar de que la sociedad lo planteó como uno de los ejes
centrales del debate judicial. Esta omisión también vulneró el principio de
congruencia procesal, pues el fallo no respondió en forma expresa las
pretensiones argumentos y pruebas nucleares presentadas por la parte actora
lo que impidió conocer con certeza las razones jurídicas del fallo.

• No se estudiaron los costos y pagos soportados: no se pronunciaron sobre la
validez de las facturas, la pertinencia de las demás pruebas documentales, y
los pagos mediante cheques. Se omitió analizar de fondo si la prueba
aportada por la sociedad desvirtuaba los supuestos indicios de inexistencia.

Tampoco explicó cómo los indicios de simulación (solo la falta de permisos de
la Secretaría de Salud y la informalidad en los pagos del proveedor)
superaban la presunción de legalidad de la contabilidad de New Service, ni
cómo tenían la capacidad de destruir las pruebas directas, como el kardex,
los cheques cobrados, las certificaciones de IPS y los reportes en la

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declaración e información exógena del proveedor.

• No se pronunció sobre la sanción individual al representante legal y a la
revisora fiscal, pese a que en la demanda se solicitó́ que se declarara que
estos no estaban obligados a pagar esa sanción, en la medida que se
encontraba acreditado que la contribuyente no aportó información falsa.

• No valoró la petición subsidiaria de nulidad parcial de la sanción por
inexactitud.

• El fallo tampoco abordó el tema de la firmeza de la declaración del 2015 ni la
presunta infracción del artículo 714 del Estatuto Tributario, en tanto que solo
se valoraron unos indicios sobre la inexistencia de las operaciones del año
2016, pero no se discutió́ si era posible reabrir pasivos en firme en el año
anterior.

En tercer lugar, frente al defecto sustantivo, alegaron que omitió pronunciarse sobre
el argumento relacionado con que el acto administrativo que declara a un proveedor
como ficticio solo produce efectos jurídicos a partir de su notificación y ejecutoria, y
no puede tener efectos retroactivos que perjudiquen a terceros que actuaron de
buena fe antes de su expedición.

Adujo que la declaración de proveedor ficticio en contra del señor Francisco
Valdivieso Pérez fue expedida el 8 de junio de 2020, mientras que el requerimiento
especial dirigido a la sociedad fue emitido el 4 de junio del mismo año, es decir, antes
de la expedición de dicho acto administrativo.

En consecuencia, se le impuso un mayor valor en el impuesto y una sanción basada
en un acto que la DIAN aún no había proferido ni notificado. Es decir, no era
jurídicamente válido y no podía obrar como fundamento para sancionar a la
demandante.

Para el momento en el cual se notificó́ a la sociedad el requerimiento especial, el
proveedor Valdivieso Pérez no había sido formalmente declarado como proveedor
ficticio, puesto que la resolución que lo catalogó como tal fue expedida el 8 de junio

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de 2020. El hecho de que posteriormente fuera sancionado el proveedor no
constituyó prueba suficiente para que la sociedad hubiese actuado con dolo, culpa o
falsedad, requisitos exigidos por el artículo 648 del Estatuto Tributario para la
imposición de la sanción por inexactitud.

Frente al defecto de desconocimiento de precedente, los accionantes manifestaron
que la sentencia reprochada incurrió en este defecto al apartarse sin justificación de
la línea jurisprudencial consolidada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
según la cual el rechazo de costos y la imposición de sanción por inexactitud exige
una valoración integral del material probatorio y no puede fundarse únicamente en
irregularidades de terceros.

Finalmente, frente al error inducido, alegaron que la DIAN sostuvo que la
contribuyente no había asumido ni cumplido su carga probatoria para acreditar la
realidad de las operaciones económicas cuestionadas, lo que es contrario a la
realidad. Argumentó que en sede administrativa la sociedad New Service
Internacional de Negocios S.A. sí asumió y cumplió plenamente con el traslado de la
carga probatoria.

4. Trámite procesal

El 15 de agosto de 20257 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Igualmente, se vincularon al presidente y
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, y a la Dirección de
Impuestos y Aduanas-DIAN. También se informó a los terceros con interés.

En escrito de contestación8 la DIAN solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela por no cumplirse con los requisitos establecidos para la procedencia de la
acción contra la providencia judicial, y negar el amparo solicitado por los accionantes.
Argumentó que el escrito de tutela no presentó suficiente sustento que demuestre la
relevancia constitucional y que por el contrario hizo planteamientos sobre asuntos
económicos y de mera legalidad. Además, manifestó que no cumple con el requisito
de subsidiariedad, pues no ha acudido al recurso extraordinario de revisión; que no

7 Cfr. SAMAI, Índice 5 de la primera instancia.
8 Cfr. SAMAI, Índice 10 de la primera instancia..

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se configuran los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial; y que no se vulneró ningún derecho.

El magistrado del Consejo de Estado, Luis Antonio Rodríguez Montaño, rindió
informe9 y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque no
se cumplen los requisitos generales de (i) procedencia de relevancia constitucional
y subsidiariedad y, (ii) en caso de que se considere procedente el estudio de fondo,
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander10, que conoció el proceso
ordinario en primera instancia, solicitó la desvinculación, pues ninguna de las
providencias reprochadas fue proferida por el mismo y en consecuencia no son
sujeto de la acción de tutela.

Mediante sentencia, el 9 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Tercera- Subsección B resolvió negar la acción de tutela frente al defecto fáctico,
pues la accionada efectivamente valoró las pruebas a que hizo referencia la parte
demandante y no otorgó valor exclusivo a los indicios provenientes de la
investigación adelantada por la DIAN. En segundo lugar, declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de los
defectos sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente
judicial en lo relacionado con la declaración de proveedor ficticio, pues no agotó
todos los medios judiciales con los que contaba al no incluir en la solicitud de adición
los cargos que pretende que aborde el Consejo de Estado por vía de tutela. En tercer
lugar, negó el amparo invocado por el desconocimiento del precedente judicial, pues
las demás sentencias citadas, que no corresponden con la declaración de proveedor
ficticio, no cumplen los requisitos para ser sentencias de unificación.

Los accionantes impugnaron11. Frente al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, adujeron que, como se indicó en los hechos de la tutela, sí se
presentó una solicitud de aclaración y complementación de la tutela que fue negada

9 Cfr. SAMAI, Índice 11 de la primera instancia.
10 Cfr. SAMAI, Índice 13 de la primera instancia.
11 Cfr. SAMAI, Índice 24 y 25 de la primera instancia

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mediante el auto del 9 de abril de 2025 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Por otro lado, frente a al defecto sustantivo, a la decisión sin motivación y el
desconocimiento del precedente judicial, reiteraron los argumentos presentados en
la acción de tutela. Frente a la configuración del defecto fáctico reiteró las
circunstancias de práctica y valoración probatoria que se dieron durante el proceso.

Posteriormente, dieron alcance al escrito de impugnación12. Argumentaron que el
mecanismo de aclaración, adición o corrección de la sentencia no resultaba idóneo
para subsanar el defecto sustantivo invocado. También adujeron que la sentencia al
pronunciarse sobre el proveedor ficticio hizo un análisis irregular y retroactivo, con
claro desconocimiento de los derechos fundamentales invocados. Citaron el
salvamento de voto del doctor Alberto Montaña Plata en el fallo del 9 de septiembre
de 2025 en que manifestó que no comparte la declaratoria de subsidiariedad ya que
los reparos referidos no eran parte del extremo de la litis y, además, la adición no
tiene la capacidad de revocar ni reformar la decisión adoptada. El salvamento
también indica que se debía hacer un análisis de fondo.

El 8 de octubre de 202513 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar la sentencia del 9 de septiembre
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.,
que declaró improcedente las solicitudes respecto de los defectos sustantivo,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente judicial en lo relacionado
con la declaración de proveedor ficticio; negó la acción de tutela frente al defecto
fáctico; y negó el amparo invocado frente al desconocimiento del precedente judicial
respecto de las otras sentencias invocadas como desconocidas.

6. Análisis de la Sala

12 Cfr. SAMAI, Índice 26 de la primera instancia
13 Cfr. SAMAI, Índice 28 de la primera instancia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04973-01
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otro
Acción de tutela – Segunda instancia

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental14. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii)
que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela15.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo

14
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Acción de tutela – Segunda instancia

cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los

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medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados16.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales17.

Caso concreto

La providencia reprochada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la
sentencia del 18 de abril de 2024 y en su lugar negó las pretensiones de la demanda
de la nulidad y restablecimiento del derecho. Consideró que el demandante no pudo
demostrar la realidad de las operaciones que soportaban los costos y pasivos
declarados en su declaración de renta del año 2016, ni desvirtuó los indicios
contundentes aportados por la DIAN sobre la inexistencia de dichas transacciones.
A su vez, el auto reprochado del 9 de abril de 2025 negó la solicitud de adición,
aclaración o complementación presentada por los accionantes, porque no consideró
que la solicitud se ajustara a los requisitos previstos por la ley para que procediera.

En la acción de tutela incoada contra dichas providencias, los accionantes
manifestaron que se había incurrido en (i) defecto fáctico, (ii) insuficiente motivación,
(iii) defecto sustantivo, (iv) desconocimiento del precedente y (v) error inducido.

Previo a abordar los defectos alegados, la Sala concuerda con el análisis realizado
por el fallo de primera instancia respecto de los defectos fáctico y error inducido.
Dichos reparos están vinculados con la valoración probatoria realizada por el
accionado en la sentencia reprochada. En consecuencia, se analizará únicamente el

16 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre

otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-
073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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defecto factico, pues los argumentos del error inducido también constituyen un
defecto fáctico.

Frente al cargo de insuficiente motivación o decisión sin motivación los accionantes
indicaron que la autoridad omitió pronunciarse sobre la validez de las facturas y los
pagos mediante cheques; sobre cómo los indicios de simulación (específicamente la
falta de permisos de la Secretaría de Salud y la informalidad en los pagos del
proveedor) superaban la presunción de legalidad de la contabilidad de New Service;
y sobre cómo tenían la capacidad de destruir las pruebas directas como el kardex,
los cheques cobrados, las certificaciones de IPS y los reportes en la declaración e
información exógena del proveedor. Alegaron que tampoco se hizo un
pronunciamiento sobre la sanción individual al representante legal y a la revisora
fiscal, ni se abordó el tema de la firmeza de la declaración del 2015 ni la presunta
infracción del artículo 714 del Estatuto Tributario.

Por su parte, en lo relacionado al cargo de defecto sustantivo, la Sección Cuarta
ignoró pronunciarse sobre el argumento relacionado con que el acto administrativo
que declara a un proveedor como ficticio solo produce efectos a partir de su
notificación y ejecutoria, y no puede tener efectos retroactivos que perjudiquen a
terceros que actuaron de buena fe antes de su expedición. Esto es establecido en
diversas sentencias del Consejo de Estado, que fueron incluidas en la acción de
tutela como precedente jurisprudencial que no se tuvo en cuenta18.

Teniendo en cuenta las omisiones que se presentaron, se evidencia que los
reproches de la tutela involucran la omisión del juez ordinario de pronunciarse sobre
argumentos expuestos en la demanda. Así, la Sala estima que tenía a su disposición
la solicitud de adición y complementación de la sentencia, en los términos del
artículo 287 del Código General del Proceso.

18 Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicación no. 73001-

23-31- 000-2012-00309-01 (20680), CP Martha Teresa Briceño de Valencia; sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación no. (20555), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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En este sentido la Sala advierte que a pesar de que los accionantes presentaron una
petición de esta naturaleza, esta se refirió exclusivamente a que se tuviera como
presentado su pronunciamiento sobre el recurso de apelación y que se estudiara.

La acción de tutela, como mecanismo constitucional subsidiario, no puede ser
utilizada con el fin de subsanar errores de procedimiento cometidos por quien la
presenta. Lo anterior desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como
mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales, lo que permite
que la parte accionante se beneficie de sus propias omisiones al no haber incluido
en la solicitud los asuntos que ahora pretenden sean tenidos en consideración en
sede de tutela19. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 9 de septiembre
de 2025 en lo relativo a la declaración de improcedencia de los cargos de insuficiente
motivación, defecto sustantivo, y desconocimiento del precedente20 en lo
relacionado con la solicitud del proveedor ficticio por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Adicionalmente, la Sala estima que la tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues el accionante no acredita una vulneración o amenaza de
derechos fundamentales, sino que pretende reabrir el debate jurídico ya surtido en
el proceso ordinario. Se observa que la tutela presenta la inconformidad con asuntos
netamente legales respecto de la valoración de las pruebas del proceso ordinario.

En el caso específico del defecto fáctico, en el escrito de tutela los accionantes
manifestaron que la sentencia reprochada había valorado de forma inadecuada las
pruebas documentales relativas a la existencia de las operaciones comerciales
cuestionadas. Específicamente, hicieron referencia al kardex, a las facturas de venta,
a los comprobantes de pago, a las declaraciones extrajuicio, a las certificaciones del
revisor fiscal y del representante legal de las sociedades Sinapsis IPS y HDC

19 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de

tutela no es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para
mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por
ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto
bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben
acreditar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello
no fue posible por razones ajenas a su voluntad
20 Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicación no. 73001-23-

31- 000-2012-00309-01 (20680), CP Martha Teresa Briceño de Valencia; sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación no. (20555), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Medicina en Casa SAS y las actas de visita. En segundo lugar, adujeron que la
autoridad judicial demandada solo consideró las pruebas del expediente no. 1-2016-
2018-765, relacionadas con la investigación en contra del señor Valdivieso.

De la lectura del fallo reprochado se advierte que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado sí se pronunció sobre dichas pruebas documentales y que no solo tuvo en
cuenta los indicios provenientes de la investigación adelantada en contra del señor
Valdivieso Pérez. Así, en el fallo reprochado indicó lo siguiente:

«En cuanto al Kardex, facturas, comprobantes de pago, declaraciones extra
juicio y otros, se aclaró que «cuando el Contribuyente sostiene que la prueba
documental allegada por él resulta suficiente, incurre en error, al pretender
que la Autoridad Tributaria para la valoración de las mismas le dé aplicación
al sistema de tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece
específicamente el valor y simplemente se aplica lo dispuesto en ella, sin
razonar sobre la misma porque el legislador ya lo ha hecho por el operador
jurídico, lo cual resulta inadmisible, pues como se ha explicado no basta con
verificar que se cumplan ciertos requisitos para conocer el costo, gasto o
deducción solicitada, siendo necesario demostrar la realidad de las
operaciones».

Asimismo, consta en diferentes actas de visita que los proveedores Francisco
Valdivieso y Luis Guillermo González Salcedo manifestaron tener a su vez,
otra proveedora, quien era contadora y llevaba la contabilidad y facturación de
las operaciones; sin embargo, expresaron desconocer su identificación
completa y su ubicación, y agregaron que no existía una formalidad en las
operaciones o en la entrega de medicamentos.

Al analizar bajo las reglas de la sana crítica las pruebas del proceso, se
advierte que los hallazgos detectados por la DIAN, en ejercicio de sus
facultades de fiscalización, constituyen indicios contundentes sobre la
inexistencia de las operaciones, pues dan cuenta de diversas irregularidades
en las operaciones, relativas a la falta de capacidad operativa, logística y
financiera del proveedor Francisco Valdivieso - declarado proveedor ficticio en

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el año 202025-, y de quien a su vez era su proveedor, así como en pagos no
bancarizados pese al monto de los mismos, aspectos que no fueron
desvirtuados por la actora, a quien correspondía la carga demostrativa
conforme con el artículo 167 del CGP.

En efecto, como lo aceptaron el proveedor Francisco Valdivieso y quien era
su proveedor, estos no tenían la capacidad locativa, financiera ni legal para
adelantar las operaciones acusadas -en tanto no tenían los permisos de la
Secretaría Distrital de Salud para almacenar ni distribuir en volumen los
medicamentos registrados en la declaración-, a lo cual se suma que la
proveedora de este último era una persona natural -contadora-, quien
tampoco cumplía las condiciones descritas.

De igual forma, se echan de menos las pruebas que permitan dar trazabilidad
financiera o bancaria de las compras reportadas, que según el proveedor
Francisco Valdivieso eran en efectivo, ni de que el negocio correspondiera a
compra y entrega sobre pedidos, como lo interpretó el Tribunal.

En tal sentido, es claro que las certificaciones de revisor fiscal y de
representante legal de las sociedades Sinapsis IPS y HDC Medicina en Casa
SAS -clientes de la actora-, no desvirtúan que las operaciones entre la
contribuyente y su proveedor fueron irreales, como lo estableció la
Administración en ejercicio de sus facultades de fiscalización.

En consonancia con lo anterior, si bien la declaración tributaria goza de
presunción de veracidad, «sobre la actora recaía la carga probatoria de
demostrar más allá de toda duda razonable, que las compras que llevó en su
denuncio rentístico (…) no fueron simuladas como lo indicó la demandada en
los actos enjuiciados, lo que en este caso no ocurrió, ya que el accionante se
limitó alegar la fuerza y suficiencia probatoria que poseían los documentos
que aportó». Además, aunque la contabilidad constituye plena prueba, ello no
significa que la Administración no pueda desvirtuarla, al igual que a las
facturas presentadas, mediante el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

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Así pues, no resultan procedentes los costos y pasivos declarados por la
demandante, quien no probó la realidad de sus operaciones, ni desvirtuó los
indicios establecidos por la Administración, como era su carga en los términos
establecidos por el artículo 167 del CGP. Prospera el recurso de apelación ».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que los argumentos presentados por
la parte accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, sino que pretenden reabrir el debate jurídico ya surtido en el proceso
ordinario. Se observa que la tutela presenta la inconformidad con un asunto
netamente legal respecto de la valoración de las pruebas del proceso ordinario. En
consecuencia, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de
tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 9 de septiembre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
negó el amparo de este cargo. En su lugar, lo declarará improcedente pues la Sala
considera que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de septiembre 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedentes todos los cargos de la acción de tutela de por no cumplir
los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

20
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04973-01
Accionantes: New Service Internacional De Negocios S.A. y
otro
Acción de tutela – Segunda instancia

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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