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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2022-00344-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2022-00344-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar se dispone: «Negar las pretensiones de la demanda». 2.- Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2022-00344-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

27 de febrero de 2025

Radicado: 68001-23-33-000-2022-00344-01 (28938)
Demandante: New Service Internacional de Negocios S.A

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., (27) veintisiete de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2022-00344-01 (28938)
Demandante: New Service Internacional de Negocios SA
Demandado: DIAN
Temas: Renta 2016. Desconocimiento de costos y pasivos – adición de
renta líquida. Indicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
que resolvió1:

«PRIMERO: SE DECLARA la nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN No.
042412020000033 de fecha 16 de diciembre 2020, por medio de la cual la DIAN modificó
la Liquidación Privada de Renta del año 2016 de la sociedad NEW SERVICE
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SA y de la RESOLUCIÓN No.000064 del 5 de enero
de 2022, por medio de la cual ser decide desfavorablemente el recurso de reconsideración
interpuesto contra aquella, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, SE DECLARA en firme la declaración
de renta del año gravable 2016 presentada el 20 de abril de 2017 por la sociedad NEW
SERVICE INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SA, sin que haya lugar a las sanciones
impuestas en los actos cuya nulidad se declara en el numeral anterior; ello, conforme lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia (…)2».

ANTECEDENTES

El 20 de abril de 2017, New Service Internacional de Negocios SA presentó la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2016.

Mediante Requerimiento Especial 042382020000011 del 1.° de junio de 20203, la
Dirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Bucaramanga propuso rechazar pasivos ($2.412.971.859) y costos
($4.236.301.048) e imponer sanción por inexactitud en el 100 % ($1.191.480.000) 4.

El 16 de diciembre de 2020, la División de Gestión de Liquidación de la dirección
seccional señalada expidió la Liquidación Oficial de Revisión 042412020000033, la cual
acogió las glosas formuladas en el requerimiento5.

1
Índice 58 de SAMAI.
2
El Tribunal no se pronunció respecto de la condena en costas en la parte resolutiva del fallo de primera instancia.
3
Índice 28 de SAMAI.
4
También impuso al representante legal de la sociedad y a la revisora fiscal, por firmar la declaración.
5
Índice 11 de SAMAI.
1
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Radicado: 68001-23-33-000-2022-00344-01 (28938)
Demandante: New Service Internacional de Negocios S.A

Contra el acto de determinación se interpuso recurso de reconsideración, decidido
negativamente por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN, mediante la Resolución 000064 del 5 de enero de 20226.

DEMANDA

La sociedad demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se declare la nulidad los siguientes actos administrativos:

• LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN No. 042412020000033 de fecha 16 de diciembre
2020, por medio de la cual la DIAN modifica la Liquidación Privada de Renta del año 2016
de mi representada.

• RESOLUCION No.000064 del 5 de enero de 2022, por medio de la cual ser decide el
recurso de reconsideración, en la cual se confirma la decisión contenida en la liquidación
oficial que modifica la liquidación privada.

SEGUNDA. Se restablezca el derecho de mi representada en el sentido que, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, se determine que, la declaración
privada año gravable 2016 de la sociedad, ha quedado en firme y no debe cancelar
ninguno de los valores que fueron adicionados y liquidados, en la LIQUIDACIÓN OFICIAL
DE REVISIÓN, que modificó la declaración de renta año gravable 2016, ni los consignados
en el fallo del recurso.

TERCERA. Se condene a la Entidad demandada al pago de las costas del proceso.

CUARTA. Como consecuencia de la declaratoria de Nulidad de los actos demandados, se
determine que, el representante legal de la sociedad y la revisora fiscal, no están obligados
a cancelar la sanción impuesta en una cuantía de $ 130.622.000, a cada uno de ellos;
teniendo en cuenta que la condena se hace con base en los mayores valores y la sanción
de inexactitud determinado en la liquidación oficial, cuya nulidad se ha declarado.

QUINTA. Subsidiariamente y en gracia de discusión, si no obstante los argumentos dados
el Honorable Tribunal no declara la nulidad total de los actos demandados, solicitamos la
nulidad parcial de la Liquidación Oficial, en cuanto hace relación a la SANCIÓN POR
INEXACTITUD que se ha aplicado, por cuanto los valores que estamos defendiendo como
deducciones procedentes son absolutamente reales y auténticos y no son falsos, por
cuanto efectivamente fueron cancelados a los proveedores de acuerdo con la normatividad
contemplada en el Artículo 771-3 E.T.».

La demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 83 y 363 de la
Constitución Política, y 107, 617, 618, 671, 683, 714, 742, 743, 745, 750, 770, 771-2,
771-5, 774, 778 y 779 del Estatuto Tributario.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente7:

La DIAN violó la normativa constitucional invocada, al adicionar la renta líquida gravable
del periodo 2016 y afectar la sanción por inexactitud con la suma de $529.619.000, por
considerar que se trataba de un pasivo inexistente del periodo 2015, inobservando que,
para la fecha de notificación de la liquidación de revisión, la declaración del año 2015
estaba en firme.

6
Índice 11 de SAMAI.
7
Índice 3 de SAMAI.
2
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El artículo 671 del ET prevé que la declaratoria de proveedor ficticio produce efectos
desde el día siguiente de su publicación; por ello, el término para descontar compras o
gastos con el proveedor Francisco Valdivieso venció en octubre del año 2020, y no en
el año 2016 -periodo discutido-, como lo asumió la DIAN y, con ello, vulneró el principio
de irretroactividad previsto en el artículo 363 de la Constitución Política.

Se transgredieron los artículos 778 y 779 del ET, porque no se tuvieron en cuenta las
certificaciones de los clientes de la contribuyente, Insumequi Operador Logístico
Farmacéutico SAS y del Centro Médico Sinapsis IPS SA -firmadas por sus respectivos
revisores fiscales-, ni los libros contables que demuestran la realidad material de las
operaciones de adquisición de productos farmacéuticos, a lo cual se suma que tampoco
se practicó la inspección tributaria solicitada.

Las compras a proveedores constituyen expensas necesarias en la actividad
generadora de renta -art. 107 del ET-, que cumplen las exigencias del artículo 771-2 del
ET, en tanto están soportadas en facturas con el lleno de requisitos legales. Sobre el
proveedor Francisco Valdivieso se presentó el Kardex que evidencia la trazabilidad de
los productos adquiridos, y los pagos a este se hicieron mediante cheques girados
desde la cuenta corriente del Banco GNB Sudameris al primer beneficiario, quien los
cobró en ventanilla, cumpliendo las previsiones del artículo 771-5 del ET.

Como el requerimiento especial solo aludió al resumen del testimonio practicado al
proveedor de Francisco Valdivieso, se inobservó el debido proceso, pues la sociedad
no pudo controvertir una prueba incompleta. Por ello, aunque el testimonio da cuenta
de la existencia de las operaciones de venta de productos, no es idóneo.

No hay lugar a imponer la sanción por inexactitud, porque no están dados los supuestos
del artículo 647 del ET8.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN, se opuso a las pretensiones de la demanda, así9:

Las pruebas practicadas permiten concluir que las operaciones informadas con
Francisco Valdiviesco no fueron realizadas. Además, este fue declarado proveedor
ficticio luego de practicar diferentes cruces de información respecto de sus supuestos
proveedores, y de diversas inconsistencias.

De los pasivos reportados, $2.412.971.859 corresponden a pasivos con el tercero
Francisco Valdivieso10; de estos, $529.619.178 fueron adicionados a la renta líquida
gravable del año 2016, en los términos del artículo 239-1 del ET, porque dicha suma,
que se originó en un periodo no revisable -2015-, se trasladó al periodo investigado.

Si bien no se exige la declaratoria previa de proveedor ficticio para el rechazo de costos,
el fundamento del desconocimiento debatido obedeció a que se demostró la
inexistencia de las operaciones comerciales con Francisco Valdivieso.

8
No se pronunció respecto de la sanción impuesta al representante legal y a la revisora fiscal.
9
Índice 21 de SAMAI.
10
Como se extrae de las notas de los estados financieros, mayor y balance con terceros e información exógena.
3
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La jurisprudencia11 precisó que la Administración no está obligada a practicar la
inspección tributaria solicitada por la contribuyente. En este caso, la petición se negó
por ser un medio de prueba inútil e inconducente para acreditar la realidad material de
las operaciones de compra consignadas en las facturas expedidas por el proveedor
Francisco Valdivieso que, al ser analizadas con las demás pruebas el proceso, permiten
concluir que no probaron las operaciones y que contenían diversas inconsistencias.

Al verificar la información de las facturas que soportan los costos rechazados se advirtió
que, aunque cumplen los requisitos del artículo 771-2 del ET, los proveedores no
acreditaron las condiciones exigidas para distribuir medicamentos, en tanto no tenían
permisos de la Secretaría de Salud, ni contaban con la infraestructura y demás
circunstancias necesarias para establecer que las ventas eran reales. Además, como
las operaciones se hicieron en efectivo, no tenían trazabilidad bancaria, lo que
constituye un indicio de inexistencia de las transacciones.

Así, en los actos acusados se desvirtuó la contabilidad junto con sus soportes internos
y externos, con lo cual, de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 774 del ET, esta
perdió mérito probatorio.

El artículo 647 [3] del ET prevé que la inclusión de costos inexistentes o inexactos, que
deriven en un menor impuesto o saldo a pagar, constituye una conducta sancionable.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Santander anuló los actos demandados y declaró en firme
el denuncio rentístico del año gravable 2016, por las siguientes razones12:

No se violó el debido proceso por falta de práctica de la inspección tributaria, porque los
documentos que se pretendían hacer valer en la inspección fueron aportados con el
recurso de reconsideración, así como tampoco operó la firmeza de la declaración.

En el expediente obran las certificaciones suscritas por el representante legal y el revisor
fiscal de Sinapsis IPS y HDC Medicina en Casa SAS -clientes de la contribuyente-, que
acreditan que la actora vendió los productos farmacológicos que compró a Francisco
Valdivieso. Así mismo, en el Kardex consta que la contribuyente realizó un registro
desde el 1.° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, con los movimientos detallados
de inventario y mercancía, la identificación del comprador, la cantidad, el costo y otros
aspectos de los medicamentos que permiten constatar la realidad de las operaciones.

No se comprende que el proveedor Francisco Valdivieso celebró operaciones
económicas con su único proveedor por $5.882.790.610, sin que estas fuesen
bancarizadas; no obstante, tales indicios no tienen la entidad suficiente para desconocer
las compras declaradas por la demandante.

Al analizar en conjunto los testimonios de Francisco Valdivieso y de su proveedor, con
las demás pruebas del proceso, se extrae que las transacciones cuestionadas existieron
y que, por tanto, correspondían a un negocio de compra y venta en el que Francisco
Valdivieso vendía sobre pedido realizado a su proveedor, quien lo despachaba

11
Sentencia del 18 de julio de 2013, Exp. 18500.
12
Índice 58 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.

4
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directamente a la sociedad demandante, como lo refleja el Kardex. Asimismo, estas
pruebas demuestran que, si bien el señor Valdivieso no llevaba contabilidad, si le
entregaba a su contador los certificados y las facturas de compra y venta de
medicamentos que realizaba, para que este diligenciara su declaración de renta.

Pese a que el proveedor de Francisco Valdivieso no declaró renta en el año 2016, este
último sí lo hizo y reportó ingresos operacionales de $6.465.263.000, que incluyen una
cuenta por cobrar de $2.499.484.000 y costos, de los cuales $5.930.402.000 corresponden
al 99.19 % de las operaciones realizadas con Luis Guillermo González.

Está demostrado que la actora pagó $1.467.411.780, a través del Banco Sudameris, y
aunque la no bancarización de las demás sumas debatidas son un indicio para asumir
la existencia de una simulación, la DIAN no desvirtuó la realidad de las ventas y pasivos
declarados.

Es improcedente la adición de la suma de $529.619.000 -del periodo no revisable 2015-, a la
renta líquida gravable, porque el artículo 239-1 del ET exige que se compruebe la
inexistencia de las operaciones, lo cual no ocurrió. No obstante, es errada la
interpretación normativa hecha por la demandante porque, «una cosa es el periodo no
revisable -año 2015-, por razón de la firmeza de la declaración privada- y otra la facultad fiscalizadora de
pasivos de un determinado periodo gravable revisable, que para el caso corresponde al año 2016».

Ante la improcedencia de las adiciones y rechazos oficiales de costos y pasivos, no
operan las sanciones previstas en los artículos 647 y 658-1 del ET.

Finalmente, conforme con la jurisprudencia aplicable13, y por no advertirse actuación
temeraria o mala fe de la parte demandada, no se condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos14:

El Tribunal no valoró todas las pruebas del proceso, y en especial, las relacionadas con
el presunto proveedor Francisco Valdivieso y con el proveedor de este que, conforme
con el criterio del Consejo de Estado15, constituyen indicios de la simulación e
inexistencia de los hechos económicos consignados en facturas.

Si bien el motivo del rechazo de costos y pasivos fue la inexistencia de las operaciones
declaradas -no desvirtuadas con los certificados de revisor fiscal y representante legal
aportados-, el 8 de junio de 2020 se declaró proveedor ficticio a Francisco Valdivieso, el
cual no tenía la infraestructura física ni económica para desarrollar las ventas
reportadas pues, quien a su vez era su proveedor, señaló que no realizó operaciones
con este el periodo 2016, y ninguno de los dos estaba autorizado para el comercio de
medicamentos, por cuanto no tenían permisos de la Secretaría de Salud
Departamental, ni bodegas, entre otros aspectos.

El Tribunal inobservó que la Administración está facultada para requerir a terceros con
el fin de corroborar los hechos económicos declarados. En este caso se evidenció que
13
Sentencias del 1 de junio de 2023, Exp. 3320-2020 CP Juan Enrique Bedoya Escobar y Circular PCSJC24-1 del 11 de enero de
2024 del Consejo Superior de la Judicatura.
14
Índice 62 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
15
Sentencia del 11 de junio de 2020 Radicado 68001-23-33-000-2016-00247-01.
5
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las operaciones consignadas en las facturas no ocurrieron; además, frente a una
comprobación especial la carga de la prueba corresponde a la contribuyente, quien
debió aportar los documentos que permitieran evidenciar la trazabilidad de las
operaciones.

Las certificaciones del representante legal y del revisor fiscal de los clientes de la
contribuyente no permiten establecer la realidad de las operaciones, pues recaen sobre
los productos que esta adquirió de su proveedor, Francisco Valdivieso, cuyas
operaciones fueron desacreditadas.

No hay lugar a que el a quo considere la existencia de una operación de intermediación
de compra y venta de medicamentos, que no está probada en el proceso.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió por auto de 31 de julio de 202416, sin pronunciamiento frente a
este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió
traslado para alegar (nums. 4 y 5, art 247 del CPACA). El Ministerio Público no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración
del impuesto sobre la renta presentada por New Service Internacional de Negocios
S.A., por el año gravable 2016.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
corresponde establecer la procedencia de los costos y pasivos declarados en el año
gravable 2016, respecto de las operaciones realizadas entre la demandante y su
proveedor.

La Administración sostiene que el a quo: i) no valoró todas las pruebas del proceso; ii)
inobservó los indicios que dan cuenta de la inexistencia de las operaciones; iii) no tuvo
en cuenta que Francisco Valdivieso fue declarado proveedor ficticio en el año 2020, ni
la facultad fiscalizadora de la DIAN para corroborar la información declarada y, iv) tuvo
por cierta una operación que no se probó.

En ese contexto, se reitera que17 la Administración, en ejercicio de sus facultades de
fiscalización puede verificar la realidad de los hechos económicos declarados, y
controvertir y desvirtuar la realidad de los documentos aportados como prueba de
costos y deducciones, con lo cual, la carga demostrativa corre por cuenta de la
contribuyente.

Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo
771-2 del Estatuto Tributario exige que estén soportados en facturas con los requisitos
previstos en los artículos 617, literales b), c), d), e), f) y g), y 618 Ib., lo cual no impide
que la DIAN, ejercicio de su facultad fiscalizadora, verifique la realidad de las

16
Índice 4 de SAMAI
17
Entre otras, sentencias del 12 de junio de 2019, exp. 23007, CP. Milton Chaves García; del 30 de octubre de 2019, exp. 22884,
CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de abril de 2018 y 18 de julio de 2019, exp. 21088 y 22899 respectivamente, CP. Julio
Roberto Piza Rodríguez; y del 28 de noviembre de 2019, exp. 23071, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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operaciones, y si demuestra su inexistencia, rechace los conceptos a que haya lugar,
aun cuando estén soportados en tales documentos.

En el procedimiento administrativo la autoridad fiscal tiene la carga de comprobar la
realidad de los hechos registrados en los denuncios privados, y el declarante de
controvertir los hallazgos derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización. Por
ello, una vez desvirtuados por la Administración los datos declarados, a los
contribuyentes, como directos interesados, les asiste la carga de aportar las pruebas
que soporten los conceptos fiscales rechazados.

Al efecto, el artículo 742 del Estatuto Tributario dispone que la Administración cuenta
con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en las leyes procesales
generales, en cuanto sean compatibles con aquellas, como ocurre con la prueba
indiciaria.

Por su parte, el artículo 240 del Código General del Proceso prevé que, para que un
hecho se considere «indicio», debe estar debidamente probado en el proceso, mientras
el artículo 242 ejusdem establece que el juez debe apreciar los indicios en conjunto,
teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, así como su
relación con las demás pruebas del proceso.

En tal sentido, la Sección reconoció que una serie de indicios contundentes basta para
determinar con certeza la simulación de las operaciones y desvirtuar la presunción de
veracidad que acoge la declaración privada, en cuyo caso corresponde a los
contribuyentes demostrar, en aplicación del artículo 167 del CGP, que sus operaciones
son reales.

En el caso concreto, la DIAN adicionó la renta líquida gravable con pasivos de periodos
no revisables por $529.619.000, desconoció pasivos de $2.412.972.000, relacionados con
operaciones con el proveedor Francisco Valdivieso, rechazó costo de ventas por
transacciones con dicho proveedor en cuantía de $4.236.301.000, e impuso sanción de
inexactitud del 100 % en cuantía de $1.191.480.000.

El 24 de octubre de 2019, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga ordenó indicar investigación a la
demandante por el programa «INDICIOS DE INEXACTITUD».

En cuanto a los costos debatidos, en desarrollo de la investigación, el 28 de junio de
2019 se practicó la declaración juramentada a Francisco Valdivieso Pérez18, quien
afirmó: «mi oficina estaba en mi casa, no tuve bodega de almacenamiento, los medicamentos se
vendían sobre pedido, es decir, me hacían el pedido, yo contactaba el proveedor y él despachaba
directamente a mi cliente». Agregó que «Luis Guillermo González Salcedo era mi único proveedor» y,
respecto a la forma de pago de la operación, indicó que «mis clientes debían pagar a 30 días,
algunos pagos eran en cheque, otros en efectivo. Para los pagos en cheque nunca consigné los cheques
a mi nombre, siempre se endosaban al proveedor para pagar las facturas (…)». Sobre la operación,
se observa que en la conciliación contable y fiscal allegada con la respuesta al
requerimiento especial no obran los valores registrados en el renglón 51 -total de costos-
de la declaración privada del año gravable 2016.

18
Índice 28 de SAMAI.
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Ahora bien, como resultado de las verificaciones adelantadas al presunto proveedor
Francisco Valdivieso y de la información exógena relacionada, la DIAN concluyó que19:

«1. El total de los costos registrados en la declaración de renta del año 2016 presentada
por el señor Francisco Valdivieso Pérez, ascendió a la suma de $5.930.402.000 de los
cuales el 99.19% de las compras ($5.882.790.610), se efectuaron al señor Luis Guillermo
González Salcedo con NIT: 19.499.958 (Folio 257).

2.Con ocasión al Auto de Verificación o cruce No. 042382019000636 de fecha 22/07/2019,
el señor Francisco Valdivieso Pérez se hizo presente en las instalaciones de la DIAN e
informó a través de diligencia de declaración juramentada que su único proveedor en el
año 2016 fue el señor Luis Guillermo González Salcedo con NIT: 19.499.958 a quien le
pagaba en efectivo sin hacerle firmar ningún documento. Así mismo manifestó que no tiene
permiso de la Secretaría de Salud Departamental para vender medicamentos, permiso que
es necesario en el desarrollo de esta actividad. Informa que desconoce el sitio donde su
proveedor almacenaba la mercancía, porque los despachos llegaban directamente al
cliente o el los transportaba en su carro.

3. A través de autos de verificación y visitas realizadas, no se logró evidenciar algún tipo
de establecimiento al señor Francisco Valdivieso Pérez, pues no se contó con una
infraestructura física, ni económica para la compra, manipulación y distribución de
medicamentos.

4. Con Auto comisorio No. 2248 de fecha 11/09/2019, se logró ubicar al señor Luis
Guillermo González Salcedo, presunto proveedor de Francisco Valdivieso Pérez y quien a
través de entrevista informó que adquiría lotes de medicamentos e instrumental médico de
una contadora de nombre Diana Cardozo sin más datos, que también se encargaba de la
facturación. Igualmente manifestó no tener permiso para vender medicamentos, no
recuerda la dirección del sitio donde guardaba los medicamentos e informa que dejó de
realizar esta actividad en los años 2015 y 2016 porque se dedicó a manejar un taxi. En
cuanto a la capacidad económica manifestó que para el año 2016 no tenía y que “resultó
en la calle”. Finalmente informa que no tiene contabilidad y que no contaba con un lugar
adecuado para el manejo y almacenamiento de la mercancía, el lugar era la casa de
habitación y que todas las transferencias fueron en efectivo.

5. Ante las declaraciones dadas por el señor Francisco Valdivieso Pérez y su proveedor
Luis Guillermo González Salcedo se pudo evidenciar la evasividad en las respuestas y
desconocimiento de la operación realizada, más aún, si se tiene en cuenta que dichas
operaciones comerciales superaron los 5 mil millones de pesos en el año gravable 2016.

6. Ausencia de contabilidad por parte del señor Francisco Valdivieso Pérez y su único
proveedor Luis Guillermo González Salcedo.

7. Los pagos realizados en efectivo no permitieron hacer la trazabilidad y determinar la
realidad de las operaciones, situación que se enmarca dentro de los indicios relacionados
en el memorando No. 0027 del 19/01/2012 de la detección de operaciones simuladas.

8. Al contribuyente Francisco Pérez Valdivieso con NIT. 79.271.113-3, con ocasión a la
investigación realizada en la Dirección Seccional de Impuestos de Bucaramanga, le fue
proferido Pliego de Cargos No. 042382019000214 del 4/10/2019, mediante el cual se
propuso sancionar al contribuyente con declaración de Proveedor Ficticio por facturar
ventas simuladas e inexistentes, de conformidad con lo consagrado en el artículo 671 del
Estatuto Tributario.

9. Que siendo desvirtuadas las compras del proveedor Francisco Valdivieso Pérez al
tercero Luis Guillermo González Salcedo, se infiere la inexistencia o simulación de
operaciones de este contribuyente con otros terceros, entre ellas, las operaciones
realizadas con la sociedad NEW SERVICE INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA con NIT. 900.043.174-2.

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Índice 28 de SAMAI.
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10. Dentro de las actuaciones realizadas a Luis Guillermo González Salcedo del tercero
Francisco Valdivieso Pérez, se constató que le fue suspendido el Registro Único Tributario,
por causal “dirección registrada en el Registro Único Tributario es inexistente, incompleta,
incorrecta, traslado de destinatario, no conocen al destinatario u otras causales que no
permitan la ubicación del inscrito. (Folio 258)».

Frente a los pasivos, el requerimiento especial precisó que la sociedad tenía un saldo
inicial de pasivos a 1.° de enero de 2016 por $529.619.178, del saldo final del periodo
no revisable 2015 que, por estar relacionado con la línea de operaciones fiscalizadas,
fue adicionados a la renta líquida gravable del año 2016, en los términos del artículo
239-1 del ET.

Y que, de los $2.570.388.000 declarados, $2.412.971.859 corresponden a pasivos con
Francisco Valdivieso, como se evidencia en las notas de los estados financieros, el libro
mayor y balance con terceros y los libros auxiliares de contabilidad que obran en el
expediente.

En cuanto a los pasivos rechazados, la autoridad fiscal cuestionó que, «no fue dable para
este Despacho, dar como ciertas las operaciones realizadas por la sociedad NEW SERVICE
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A SOCIEDAD ANONIMA con NIT. 900.043.174-2, con el señor
Francisco Valdivieso Pérez, referidas a pasivos por el valor de $2.412.971.859 (93.88% de los pasivos
totales) y costos por la suma de $4.236.301.048 (96.31% de las compras totales), pese a que suministra
registros contables, documentos como facturas de venta y comprobantes de egreso, los cuales no son
suficientes para probar la realidad y efectiva trazabilidad de las operaciones de compra realizadas, toda
vez que como se demostró por parte de la Dirección Seccional, dicho “proveedor” facturó ventas
simuladas o inexistentes de conformidad con el artículo 671 del ET».

No obstante, en la respuesta al requerimiento especial la demandante se limitó a
señalar que, para época de ocurrencia de los hechos, su proveedor, Francisco
Valdivieso, no había sido declarado proveedor ficticio, que de acuerdo con el artículo
671 del ET no se podían desconocer los conceptos debatidos y que había aportado la
contabilidad del periodo fiscalizado junto con los respectivos comprobantes externos e
internos y las facturas.

Sobre las facturas presentadas con la respuesta al requerimiento la DIAN indicó que,
«según conciliación contable y fiscal allegada por la sociedad investigada, puede evidenciarse que para
el año gravable 2016, la sociedad NEW SERVICE INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A SOCIEDAD
ANÓNIMA con NIT 900.043.174-2, no concilió ningún valor contable registrado en el renglón 51-Total de
costos $4.398.411.000, de la declaración privada de renta presentada por el periodo materia de
investigación (f. 8,21). Asimismo, se observa que la sociedad investigada tenía al inicio y al final del
periodo inventarios en ceros, lo que evidencia que las facturas relacionadas hicieron parte del costo
declarado en su denuncio rentístico del año 2016».

Frente a la trazabilidad bancaria que alegó la demandante y los pagos hechos mediante
cheque, la Administración encontró que, de «la respuesta allegada posteriormente por el Banco
GNB SUDAMERIS a quien se le solicitó copia de algunos cheques girados al proveedor Francisco
Valdivieso Pérez, se observa que fueron cobrados por ventanilla (f294-303), contrario a lo que manifestó
dicho proveedor en su declaración juramentada (f.109 vto) al señalar: “…para los pagos en cheque nunca
consigné los cheques a mi nombre, siempre endosaban al proveedor para pagar las facturas» 20.

En cuanto al Kardex, facturas, comprobantes de pago, declaraciones extra juicio y
otros, se aclaró que «cuando el Contribuyente sostiene que la prueba documental allegada por él
resulta suficiente, incurre en error, al pretender que la Autoridad Tributaria para la valoración de las

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Página 37 de la Liquidación Oficial.
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mismas le dé aplicación al sistema de tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece
específicamente el valor y simplemente se aplica lo dispuesto en ella, sin razonar sobre la misma porque
el legislador ya lo ha hecho por el operador jurídico, lo cual resulta inadmisible, pues como se ha
explicado no basta con verificar que se cumplan ciertos requisitos para conocer el costo, gasto o
deducción solicitada, siendo necesario demostrar la realidad de las operaciones» 21.

Asimismo, consta en diferentes actas de visita22 que los proveedores Francisco
Valdivieso23 y Luis Guillermo González Salcedo24 manifestaron tener a su vez, otra
proveedora, quien era contadora y llevaba la contabilidad y facturación de las
operaciones; sin embargo, expresaron desconocer su identificación completa y su
ubicación, y agregaron que no existía una formalidad en las operaciones o en la entrega
de medicamentos.

Al analizar bajo las reglas de la sana crítica las pruebas del proceso, se advierte que
los hallazgos detectados por la DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización,
constituyen indicios contundentes sobre la inexistencia de las operaciones, pues dan
dan cuenta de diversas irregularidades en las operaciones, relativas a la falta de
capacidad operativa, logística y financiera del proveedor Francisco Valdivieso -declarado
proveedor ficticio en el año 202025-, y de quien a su vez era su proveedor, así como en pagos
no bancarizados pese al monto de los mismos, aspectos que no fueron desvirtuados
por la actora, a quien correspondía la carga demostrativa conforme con el artículo 167
del CGP.

En efecto, como lo aceptaron el proveedor Francisco Valdivieso y quien era su
proveedor, estos no tenían la capacidad locativa, financiera ni legal para adelantar las
operaciones acusadas -en tanto no tenían los permisos de la Secretaría Distrital de Salud
para almacenar ni distribuir en volumen los medicamentos registrados en la declaración-, a lo
cual se suma que la proveedora de este último era una persona natural -contadora-,
quien tampoco cumplía las condiciones descritas.

De igual forma, se echan de menos las pruebas que permitan dar trazabilidad financiera
o bancaria de las compras reportadas, que según el proveedor Francisco Valdivieso
eran en efectivo, ni de que el negocio correspondiera a compra y entrega sobre pedidos,
como lo interpretó el Tribunal.

En tal sentido, es claro que las certificaciones de revisor fiscal y de representante legal
de las sociedades Sinapsis IPS y HDC Medicina en Casa SAS -clientes de la actora-, no
desvirtúan que las operaciones entre la contribuyente y su proveedor fueron irreales,
como lo estableció la Administración en ejercicio de sus facultades de fiscalización.

En consonancia con lo anterior, si bien la declaración tributaria goza de presunción de
veracidad, «sobre la actora recaía la carga probatoria de demostrar más allá de toda duda razonable,
que las compras que llevó en su denuncio rentístico (…) no fueron simuladas como lo indicó la
demandada en los actos enjuiciados, lo que en este caso no ocurrió, ya que el accionante se limitó a

21
Página 41 de la Liquidación Oficial
22
Índice 28 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander. Archivo
29_RECEPCIONDEMEMORIAL_202308181042012590(.zip) NroActua 28 Archivo TOMO 1 NEW SERVICES (2).pdf
23
Se encontró en acta de visita del 2 de abril de 2019 y acta de comparecencia del 16 de septiembre de 2019, que las direcciones
registradas en el RUT de los proveedores Francisco Valdivieso y Luis Guillermo González Salcedo no eran correctas pues eran
lugares residenciales en donde manifestaron no conocerlos.
24
De acuerdo con el requerimiento especial el RUT de este proveedor fue suspendido por la causal de «dirección registrada en el
Registro Único Tributario es inexistente, incompleta, incorrecta, traslado del destinatario, no conocen al destinatario u otras
causales que no permiten la ubicación del inscrito».
25
De acuerdo con el requerimiento especial y la liquidación oficial, la sanción como proveedor ficticio fue propuesta el 4 de octubre
2019 mediante el Pliego de Cargos nro 042382019000214.
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alegar la fuerza y suficiencia probatoria que poseían los documentos que aportó26». Además, aunque
la contabilidad constituye plena prueba, ello no significa que la Administración no pueda
desvirtuarla, al igual que a las facturas presentadas, mediante el ejercicio de sus
facultades de fiscalización.

Así pues, no resultan procedentes los costos y pasivos declarados por la demandante,
quien no probó la realidad de sus operaciones, ni desvirtuó los indicios establecidos por
la Administración, como era su carga en los términos establecidos por el artículo 167
del CGP. Prospera el recurso de apelación.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, negará las pretensiones de la
demanda.

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP27,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA28, y teniendo en cuenta el
criterio de la Sala, no se condenará en costas -gastos del proceso y agencias en derecho-,
toda vez que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- REVOCAR la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar se dispone:

«Negar las pretensiones de la demanda».

2.- Sin condena en costas.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

26
Sentencia del 5 de mayo de 2022, Exp. 25759 Stella Jeannette Carvajal Basto
27
Código General del Proceso «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
28
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
11
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