Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04989-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04989-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04989-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
13 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-01
Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 13 de noviembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04989-01
Demandante: MAURICIO ALEXANDER HERRERA RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general
de relevancia constitucional. Falta de carga argumentativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Mauricio Alexander Herrera
Ramírez contra la sentencia del 18 de septiembre de 2025, con la que el Consejo de
Estado, Sección Quinta, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Mauricio
Alexander Herrera Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 12 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, el señor
Mauricio Alexander Herrera Ramírez pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la providencia del 27 de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, que declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda respecto de la Resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015, dentro del
proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-33-000-
2019-00208- 00/01.
2. Pretensiones
El tutelante formuló, de manera textual, las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Se TUTELEN a mi favor, los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia consagrados en la Constitución Política de Colombia por la vulneración por parte
del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A.
SEGUNDO: Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
• SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A dejar sin efecto la sentencia de 27 de febrero de 2025, proferida
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-04989-00.
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Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
en segunda instancia. En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, que en el término de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia mediante la cual se
pronuncie de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto, en especial sobre el reintegro solicitado.
TERCERO: Se ORDENE el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados,
violados o vulnerados y que usted, en su función de guardián de la Constitución, pueda establecer como
violados, amenazados y vulnerados. (sic en toda la cita)
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
El señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez prestó sus servicios personales como
odontólogo mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios con la E.S.E
Unidad de Salud de Ibagué, en dos periodos, el primero entre 17 de mayo al 30 de junio
de 2012 y el segundo, desde el 3 de julio al 2 de octubre de 2012.
Luego, en virtud del Acuerdo 010 de 2012,2 se incorporó a la planta temporal de la entidad
en calidad de supernumerario para el ejercicio en el cargo de odontólogo, código 214
grado 04, así:
Actos de nombramiento Duración
Resolución 039 de 2013 Del 8 de enero al 8 de julio de
2013
Resolución 565 de 2013 (prórroga Del 8 de julio al 07 de agosto de
del nombramiento) 2013
Resolución 878 de 2013 (prórroga Del 8 de octubre al 07 de
del nombramiento) noviembre de 2013
Resolución 1038 de 2013 (prórroga Del 8 de noviembre de 2013 al 30
del nombramiento) de junio de 2014
Resolución 372 de 2014 (prórroga Del 01 de julio de 2014 al 01 de
del nombramiento) enero de 2015
Resolución 378 de 2015 (prórroga Del 01 de julio de 2015 al 01 de
del nombramiento) septiembre de 2015
Resolución 801 de 2015 (prórroga Del 01 de noviembre de 2015 al
del nombramiento) 01 de enero de 2016
Resolución 1062 de 2015 Del 01 de enero al 30 de abril de
2016
El 16 de septiembre de 2014, mediante valoración médica de urgencias, la EPS le
diagnosticó un episodio depresivo, confirmado por las especialidades tratantes como
trastorno mixto de ansiedad y depresión.
El 22 de septiembre de 2014 denunció ante la Procuraduría Provincial de Ibagué el
presunto acoso laboral ejercido por la coordinadora de odontología de la demandada;
posteriormente, radicó quejas por escrito ante el empleador y la Procuraduría de
situaciones constitutivas de acoso laboral.
2 Que estableció la posibilidad de vincular personal administrativo temporal para que a través de estos pudieran
cubrir los servicios del objeto misional de la entidad.
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Que, de manera posterior, sufrió una complicación de la patología del «apéndice cecal»
por lo que fue hospitalizado en la clínica ESIMED de Ibagué desde el 17 de julio de 2015
fue intervenido quirúrgicamente y eso lo obligó a permanecer en hospitalización hasta el
16 de septiembre de 2015, con incapacidad hasta el 1° de diciembre de ese mismo año.
El señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez desde el 2 de diciembre de 2015 hasta el
18 de febrero de 2016, continuó con incapacidades que fueron alternadas con actividades
laborales y bajo las recomendaciones dadas por el médico laboral de la Empresa Social
del Estado demandada.
Que el 20 de febrero de 2016 fue hospitalizado nuevamente, por lo que se le otorgó
incapacidad desde el 1° a 15 de abril de 2016, prorrogada hasta el día 23 del mismo mes
y año.
El 25 de abril de 2016 el señor Herrera Ramírez retomó actividades laborales y el 2 de
mayo de 2016, la jefe de Recursos Humanos de la Unidad de Salud de Ibagué le informó
que debía abandonar el cargo de inmediato con ocasión a decisión adoptada por la
Empresa Social del Estado de no prorrogar su vinculación en la planta temporal que se
extendió hasta el día 30 de abril de 20163.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez del departamento del Tolima, el 6 de mayo
de 2016, emitió dictamen en el que señaló que las enfermedades diagnosticadas de
«trastorno mixto de ansiedad y depresión» y «trastornos de adaptación» eran de origen
común y la pérdida de la capacidad laboral era inferior al 5%, lo que no presentaba
incapacidad permanente ni invalidez. El dictamen fue notificado al señor Herrera Ramírez
el 16 de ese mismo mes y año.
El señor Herrera Ramírez se realizó examen de egreso el 17 de mayo de 2016, en el que
se estableció como resumen del caso: «al egreso paciente con patología post operatorio
que requiere continuar con control por cirugía general y patología mental en definición de
origen, que requiere continuar control médico laboral de ARL».
El señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez, el 5 de septiembre de 2018, presentó
reclamación ante la Unidad de Salud de Ibagué, en el que solicitó el reconocimiento de
la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y/o relación laboral
comprendida entre el 17 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2016. Pidió que se declarara
que dicha relación finalizó de forma unilateral, a pesar de encontrarse amparado por fuero
de estabilidad de que trata el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, y que se ordenara su
reintegro a la planta de personal en el cargo de odontólogo código 214-04, que venía
desempeñando, o en otro de igual o superior jerarquía.
Asimismo, solicitó el pago de todas las contraprestaciones económicas dejadas de
percibir desde la fecha de desvinculación hasta su eventual reincorporación, que se
declarara la inexistencia de solución de continuidad en la prestación del servicio y se le
reconocieran los perjuicios morales ocasionados.
La E.S.E. Unidad de Salud de Ibagué a través de Oficio sin número del 8 de noviembre
de 2018 denegó la solicitud elevada por el señor Herrera Ramírez, bajo las siguientes
razones: (i) no reconoció la existencia de un contrato laboral a término indefinido, ya que
«tuvo dos (2) vínculos jurídicos claramente definidos» como contratista y de empleado
público en planta temporal; (ii) negó la declaración de terminación unilateral de la relación
3En la contestación de la demanda de la Unidad de Salud de Ibagué, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, afirmó que el actor prestó sus servicios, con vinculación temporal como servidor público, desde el 08 de
enero de 2013 hasta el 30 de abril de 2016.
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legal y reglamentaria, ya que la protección especial prevista en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 y Leyes 1145 de 2007, 1346 de 2009 y 1618 de 2003, al considerar que el
señor Herrera Ramírez no acreditó condición de discapacidad ni protección derivada del
acoso laboral; (iii) precisó que la desvinculación laboral se produjo por ministerio de la
ley, en virtud de la terminación del término del nombramiento temporal, y no por voluntad
del empleador.
3.2. Actuación judicial
El señor Herrera Ramírez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la E.S.E. Unidad de Salud de Ibagué con el fin de que se declarara la nulidad del
Oficio sin número del 8 de noviembre de 2018, que denegó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral, «la ineficacia del despido, la reinstalación en el cargo,
así como, los salarios y prestaciones sociales reclamados».
A título de restablecimiento del derecho pidió que se declarara la existencia de una
relación laboral entre el 17 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2016, así como el reintegro
al cargo de odontólogo ejercido entre el 8 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016, con
el consecuente pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
El proceso se adelantó bajo el radicado 73001-23-33-000-2019-00208-00 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima, que, en sentencia del
21 de julio de 2022, declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado.
En cuanto a la declaratoria del contrato realidad por el periodo en el que el demandante
fue contratista de la entidad, reconoció la existencia de la relación laboral entre el 17 de
mayo y el 31 de agosto de 2012, por encontrar acreditados los tres elementos
constitutivos del contrato laboral: prestación personal del servicio, subordinación y
remuneración, pero advirtió que los derechos laborales reclamados estaban prescritos
(cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, vacaciones, primas, entre otros),
pues la relación contractual terminó el 31 de agosto de 2012 y la reclamación
administrativa se presentó el 5 de septiembre de 2018, superando el plazo de tres años
previsto por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CESUJ-025-CE-S2-
2021 de 9 de septiembre de 2021, no así para los aportes pensionales, por ser una
obligación imprescriptible.
Frente a las pretensiones relacionadas con reintegro al cargo de odontólogo, explicó que
estaba acreditado que la Unidad de Salud de Ibagué, mediante el Acuerdo 010 de 2012,
permitió la vinculación temporal de personal y nombró al actor como odontólogo a través
de varias resoluciones, siendo la última la Resolución 1062 de 2015, que dispuso su retiro
automático al vencer el término del nombramiento. También, descartó la estabilidad
laboral reforzada por salud invocada por el demandante, dado que sus patologías eran
de origen común, con una pérdida de capacidad inferior al 5%, y las incapacidades
cesaron antes del retiro.
También descartó la existencia de fuero de estabilidad derivado de la denuncia por acoso
laboral. Explicó que la misma fue presentada el 22 de septiembre de 2014 y la
desvinculación ocurrió fuera del plazo de seis meses previsto en la Ley 1010 de 2006.
Inconforme, el demandante apeló parcialmente, únicamente lo relacionado con la
negativa de ordenar el reintegro al cargo de odontólogo y el pago de todos emolumentos
dejados de percibir hasta el día en el cual se haga efectiva nuevamente su vinculación.
Manifestó que durante la ejecución del vínculo laboral fue objeto de acoso laboral, lo que
intensificó la gravedad de su cuadro clínico. Que la E.S.E. Unidad de Salud de Ibagué
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Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
tenía pleno conocimiento de su condición médica y de la necesidad de continuar con su
tratamiento, situación que le comunicó oportunamente a su entonces empleador de forma
verbal y escrita.
Alegó que debía darse relevancia al principio de primacía de la realidad sobre las formas
previsto en el artículo 53 de la Constitución política, dado que los testigos coincidieron en
que fue al único que le dio por terminada su vinculación temporal, mientras que a los
demás empleados de la misma planta fueron nuevamente contratados.
Añadió que, si bien al momento de la finalización del vínculo no contaba con una
incapacidad vigente, la entidad conocía que se encontraba bajo control de psiquiatría,
cirugía general y en proceso de calificación por enfermedad de trastorno mixto de
ansiedad y depresión.
Por último, expuso que el 16 de mayo de 2016, fecha posterior a la terminación del vínculo
laboral, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima le notificó el dictamen
mediante el cual se determinó que su patología era de origen común agravada con el
trabajo. Que, pese a no existir ya una relación laboral, la entidad tenía conocimiento
previo del proceso de calificación, así como del tratamiento médico y farmacológico que
requería, circunstancia corroborada en el examen de egreso practicado el 17 de mayo de
2016.
En sentencia de 27 de febrero de 20254, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
respecto del Oficio sin número del 8 de noviembre de 2018, por no ser el acto que puso
fin a la vinculación del demandante. Explicó que el acto administrativo que tenía esa
calidad era la Resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015, por ser el que efectuó su
nombramiento y el periodo de duración, situación que produjo su desvinculación, y en lo
demás, confirmó la sentencia de primera instancia.
Encontró probado que con el Acuerdo 010 de 21 de diciembre de 2012, la Junta Directiva
de la Unidad de Salud de Ibagué aprobó la posibilidad de vincular personal administrativo
temporal para que a través de estos pudieran cubrir los servicios del objeto misional de
la entidad, conforme el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, que
para el caso del señor Herrera Ramírez se expidieron sucesivas resoluciones de
nombramiento y prórroga, siendo la Resolución 1062 del 30 de diciembre de 2015 la que
fijó el último período de vinculación (del 1º de enero al 30 de abril de 2016) y dispuso que,
vencido dicho término, el funcionario quedaría retirado automáticamente del servicio
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015.
Que el Oficio sin número del 8 de noviembre de 2018 solo constituyó un acto definitivo
respecto al reconocimiento de la relación laboral encubierta, mas no sobre el reintegro,
ya que la Resolución 1062 de 2015 fue el acto que efectivamente produjo la
desvinculación. Que, para obtener pronunciamiento de fondo sobre el reintegro, el
demandante debió demandar también dicha resolución, al ser el acto que creó y extinguió
su situación jurídica, por lo que, no había lugar a pronunciarse sobre la pretensión de
reintegro.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El demandante nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos general de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, el
accionante únicamente se refirió a:
4 La providencia fue notificada el 19 de agosto de 2025 a los correos electrónicos informados por las partes.
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Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
Décimo Tercero: Es ilógica esa conclusión del Ad Quem, pues qué seguridad jurídica se tendría cuando
en primera instancia quedo saneado el proceso, y la parte demandada no propuso excepciones previas?
Décimo Cuarto. Mediante Sentencia T-031 del 12 de febrero del 2018, la Corte
Constitucional expresó:
“CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, este defecto encuentra respaldo en los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y se presenta cuando la autoridad judicial
da prevalencia a lo procedimental sobre lo sustancial, convirtiéndolo en un obstáculo para hacer
efectivos los derechos que se reclaman”.
Décimo Quinto. De lo anteriormente transcripto y manifestado por la Corte Constitucional, es que se
puede establecer la violación a mis derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. (sic en toda la cita)
5. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional, dado que el demandante pretende convertirla en una tercera instancia al
intentar reabrir un debate que ya fue resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Precisó que la sentencia cuestionada declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda, respecto del Oficio sin número del 8 de noviembre de 2018, por no ser el
acto que puso fin a la vinculación del demandante. Que el acto administrativo que tenía esa
calidad era la Resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015, por ser el que efectuó su
nombramiento y el periodo de duración, situación que produjo su desvinculación, y, en lo
demás, confirmó la sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima remitió el expediente digital, sin embargo, nada dijo
sobre el fondo del asunto.
La E.S.E. Unidad de Salud de Ibagué guardó silencio a pesar de que se le notificó el
auto admisorio de la acción de tutela.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela al concluir que no satisfacía el requisito de
relevancia constitucional por falta de carga argumentativa necesaria para acreditar que la
decisión adoptada por la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales. Además, advirtió que su inconformidad estaba relacionada con la
declaratoria de la ineptitud sustancial de la demanda, es decir, un debate meramente legal.
7. Impugnación
El tutelante impugnó el fallo de primera instancia y argumentó que, contrario a lo afirmado
por el a quo, en el escrito de tutela sí explicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, incurrió en una vulneración de derechos fundamentales al no estudiar de
fondo el recurso de apelación, particularmente en lo relativo a su reintegro laboral, lo que
afectó su derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud.
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Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
Cuestionó que el fallo de tutela de primera instancia considerara el asunto como un simple
debate de legalidad, bajo el argumento de la autonomía e independencia judicial, ya que
tal decisión desconoció que el Tribunal Administrativo del Tolima había saneado el
proceso durante la audiencia inicial, y, en consecuencia, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, debía resolver de fondo sus pretensiones.
Reiteró que la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, del acceso a la administración de justicia y la estabilidad laboral reforzada, al
estudiar su caso bajo un criterio meramente formal.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues, en efecto, la tutela no atendió la
exigencia de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no cumplió con la carga
mínima de argumentación.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.
En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».
Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que
motivó la solicitud de protección».
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por
qué el asunto reviste relevancia constitucional».
Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que
el demandante afirmó que la autoridad demandada incurrió en defecto por exceso ritual
manifiesto al declarar de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho pese a que el proceso había sido saneado en primera
instancia y la E.S.E. Unidad de Salud de Ibagué no propuso excepciones previas.
Además, citó la Sentencia T-031 de 2018, que precisó que el defecto se configura cuando
el juez da prevalencia a lo procedimental sobre lo sustancial, convirtiéndolo en un
obstáculo para hacer efectivos los derechos sustanciales que se reclaman.
Al respecto, la Sala precisa que, si bien la inconformidad del señor Mauricio Alexander
Herrera Ramírez radica en que la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, fue contraria a sus intereses por declarar de oficio la excepción de inepta
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Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
demanda, lo cierto es que no cuestiona de manera directa las razones de esa decisión, ya
que como se observó la sentencia dictada en segunda instancia dentro del proceso
ordinario se centró en precisar que el Oficio sin número proferido en el año 2018 solo
constituía un acto definitivo respecto al reconocimiento de la relación laboral encubierta,
más no sobre el reintegro, ya que la Resolución 1062 de 2015 fue el acto que
efectivamente produjo la desvinculación.
Por lo tanto, señaló que para obtener pronunciamiento de fondo sobre el reintegro y demás
prestaciones derivadas, el demandante debió demandar también dicha resolución, por ser
el acto que creó y extinguió su situación jurídica.
No obstante, los argumentos del actor se centraron en señalar que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, aplicó indebidamente la excepción de inepta demanda
porque el proceso había sido saneado por el juez de primera instancia, lo que derivó un
exceso ritual manifiesto que impidió una decisión de fondo sobre el asunto laboral en
discusión dentro del proceso ordinario.
En consecuencia, se observa que los planteamientos de la parte actora carecen de un
desarrollo argumentativo claro, concreto y suficiente que permita establecer la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a las causales generales y
específicas previstas por la jurisprudencia constitucional. Con mayor razón, si no cuestionan
las razones que se expusieron en la parte motiva de la providencia cuestionada que la llevó
a declarar la excepción de inepta demanda.
Conforme con lo expuesto, para la Sala la acción de tutela de la referencia no satisface el
requisito de relevancia constitucional, ya que, se reitera, el demandante no cumplió con la
carga mínima de argumentación respecto a los motivos por los que considera que la
discusión que platean reviste una clara, marca e indiscutible relevancia constitucional.
Es de anotar que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es
suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es
necesario, se reitera, poner en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales invocados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación
con aquel»7.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la providencia cuestionada de
segunda instancia fue el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
evento en el que los requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia
Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos de
procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de la
jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello,
“la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que
sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los
derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
7 Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-01
Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y
hubiera llegado a otra conclusión.
Las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión del Consejo de Estado,
Sección Quinta que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Mauricio Alexander Herrera Ramírez, por incumplir el requisito de relevancia constitucional,
respecto a la carga mínima de argumentación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Mauricio Alexander
Herrera Ramírez, conforme a la parte motiva.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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