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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04989-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04989-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 14 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15- 000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv) sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-00 TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04989-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de septiembre de 2025

Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-00
Demandante: MAURICIO ALEXANDER HERRERA RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Mauricio Alexander
Herrera Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 12 de agosto de 2025, el señor Mauricio Alexander Herrar Ramírez, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela, con el fin de que se le protejan los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A al proferir el fallo de 27 de febrero de 2025,
mediante el cual decidió declarar de oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda respecto de la Resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015, dentro
del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número de radicado 73001-23-33-000-2019-00208- 00/01.

1.2. Pretensiones

La parte actora planteó las siguientes peticiones:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-00

PRIMERO: Se TUTELEN a mi favor, los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia consagrados en la Constitución Política de
Colombia por la vulneración por parte del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A.

SEGUNDO: Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A dejar sin efecto la
sentencia de 27 de febrero de 2025, proferida en segunda instancia. En consecuencia,
ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, que en el término de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia
mediante la cual se pronuncie de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto, en
especial sobre el reintegro solicitado.

TERCERO: Se ORDENE el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados o vulnerados y que usted, en su función de guardián de la
Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y vulnerados.1

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El demandante sostuvo que prestó sus servicios personales como odontólogo
mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios con la E.S.E. Unidad
de Salud de Ibagué [en adelante U.S.I.], en el lapso comprendido entre el 17 de mayo
y el 3 de octubre de 2012.

Adujo que desempeñó el cargo de odontólogo código 214 grado 04, integrando la
planta temporal de la entidad en el lapso de 8 de enero de 2013 al 30 de abril de 2016,
según los actos administrativos que lo designaron2. Refirió que las actividades se
ejecutaron en las dependencias de la Empresa Social del Estado y en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, así como en las zonas asignadas por la entidad.

Indicó que el 5 de septiembre de 2018 solicitó a la U.S.I. que se le reconociera la
existencia de una relación laboral a término indefinido por el periodo comprendido
entre el 17 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2016, y que el contrato había terminado
de manera unilateral por parte de la entidad cuando se encontraba protegido por las
Leyes 361 de 1997, 1145 de 2004, 1346 de 2009 y 1618 de 2013, en razón a que
presentaba una limitación física, mental e incapacidad de conformidad con el artículo
11 de la Ley 1010 de 2006, esto es, por acoso laboral. Como consecuencia, solicitó
que se le reintegrara y se le pagara lo dejado de percibir.

Afirmó que mediante oficio de 8 de noviembre de 2018 la U.S.I. dio respuesta negativa
a lo peticionado, razón por la cual ejerció el medio de control de nulidad y

1 Cita del texto original con posibles errores.

2 a) Resolución 039 de 8 de enero de 2013; b) resolución 565 de 5 de julio de 2013; c) resolución 878
de 8 de octubre de 2013; d) resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015; e) resolución 1038 de 8 de
noviembre de 2013; f) resolución 372 de 1° de julio de 2014; g) resolución 378 de 1° de julio de 2015;
h) resolución 801 de 27 de octubre de 2015; i) resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015.
2

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restablecimiento del derecho, el cual le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Tolima, autoridad que en sentencia de 21 de julio de 2022 accedió
parcialmente a las pretensiones, así:

“PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el oficio sin
número del 08 de noviembre de 2018, en punto a que negó el reconocimiento de una
relación laboral por el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2012 y el 31 de
agosto de igual año.

SEGUNDO: Declarar que entre el señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez y la Unidad
de Salud de Ibagué existió una relación laboral encubierta por la suscripción de contratos
de prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2012 y el
31 de agosto de igual año.

TERCERO: Declarar que al actor se le extinguió el derecho, por prescripción, de
reclamar el pago de los emolumentos deprecados como son las cesantías, intereses a
las cesantías, bonificaciones, vacaciones, primas, entre otros, a que habría lugar a
reconocer y pagar por la declaratoria de existencia de la relación laboral.

CUARTO: Condenar a la Unidad de Salud de Ibagué a pagar a favor del demandante
aportes a seguridad social en pensiones por tratarse de una prestación imprescriptible,
por el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2012 y el 31 de agosto de igual año.
[...]

Advirtió que promovió recurso de apelación contra la decisión del tribunal respecto a
la pretensión del reintegro y, en sentencia de 27 de febrero de 2025, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró de oficio probada la excepción
de ineptidud sustantiva de la demanda respecto de la resolución 1062 de 30 de
diciembre de 2015, en tanto dicho acto fue por el cual se produjo el nombramiento del
señor Herrera Ramírez y fue el mismo que «por ministerio de la ley produjo su
desvinculación».

Lo anterior, luego de considerar que, para emitir un pronunciamiento de fondo sobre
la pretensión de reintegro, el demandante debía demandar la resolución 1062 de 30
de diciembre de 2015 por medio de la cual se realizó el último nombramiento para el
periodo comprendido entre el 1. ° de enero y el 30 de abril de 2016, puesto que, en el
artículo segundo se dispuso: «una vez se haya vencido el término de duración del
empleo temporal descrito en el numeral anterior, quien lo ocupe quedará
automáticamente retirado del servicio, tal y como lo dispone el artículo 2.2.1.1.4 del
Decreto 1083 del 26 de mayo del año 2015». Para tal efecto, concluyó:

A pesar de que en la reclamación administrativa se solicitó el reintegro del demandante,
la declaración del despido sin justa causa y el reconocimiento de una relación laboral,
aspectos sobre los cuales la autoridad administrativa emitió respuesta a través del acto
administrativo que fue objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
el oficio reseñado constituye acto definitivo frente a la pretensión de reconocimiento de
la relación laboral subyacente, más no en cuanto al reintegro del interesado, dado que,
la Resolución 1062 de 30 de diciembre de 2015 por medio de la cual se produjo su
nombramiento fue el mismo que por ministerio de la ley produjo su desvinculación de la
Unidad de Salud de Ibagué.

En consecuencia, para emitirse una decisión de fondo sobre el reintegro del actor, y
demás pretensiones reclamadas y relacionadas con ello, el recurrente también debía
3

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demandar el acto administrativo de nombramiento del 30 de diciembre de 2015, debido
a que es un acto definitivo que hace parte de la manifestación de la voluntad de la
administración en tanto creó, modificó o extinguió su situación jurídico laboral particular
y concreta, en virtud del cumplimiento del plazo de vigencia del nombramiento como
odontólogo que tuvo como efecto su retiro del servicio por ministerio de la ley.

Por lo tanto, no hay lugar a analizar la réplica formulada en el recurso de apelación en la
cual únicamente se reprochó el reintegro al cargo del demandante, debiéndose declarar
de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda respecto de dicha
resolución.

1.4. Fundamentos de la solicitud3

El señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez alegó que la sentencia de 27 de febrero
de 2025 incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por cuanto,
a su juicio, «[e]s ilógica esa conclusión del Ad Quem, pues qué seguridad jurídica se
tendría cuando en primera instancia quedo saneado el proceso, y la parte demandada
no propuso excepciones previas?».

En ese sentido, aseguró que el referido yerro le transgrede sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia debido a
que la autoridad judicial accionada le dio prevalencia a lo procedimental sobre lo
sustancial.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con proveído de 14 de agosto de 2025 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como parte accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo del Tolima y a la Unidad de Salud
de Ibagué – U.S.I. E.S.E.

Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la corporación que realizara una
publicación en la página web con la información de este trámite tutelar.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió memorial
proveniente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
suscrito por el magistrado ponente de la decisión cuestionada, a través del cual se
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de la referencia.

La anterior solicitud se sustentó en que, de los argumentos expuestos en la sentencia
de 27 de febrero de 2025, el juez de tutela puede constatar que el estudio en segunda
instancia se ocupó de revisar el acto demandado con los demás documentos
acompañados al proceso, con lo cual se llegó a la conclusión que frente a la pretensión

3 Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles

errores.
4

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de reintegro «no se demandó el acto administrativo que correspondía, estando la Sala
facultada para declarar probada cualquier excepción que considere reúne las
condiciones para ello. Del contenido del escrito de tutela no se advierte la configuración
de alguna de las causales de procedibilidad específicas con lo que pueda predicarse
la vulneración de un derecho fundamental o la existencia de un perjuicio irremediable».

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Mauricio Alexander Herrera Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar sí en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 27
de febrero de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, a través de la cual se resolvió la segunda instancia del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-23-33-000-2019-
00208- 00/01.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
5

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez no cumple con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215
de 16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6

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superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8.

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»10.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”11. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

8 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-573 de 2019.
11 Ibídem.

7

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c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental »12.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso13, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.4.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez, advierte que
el asunto carece de la carga argumentativa mínima y desde la perspectiva
constitucional para que proceda su análisis en sede de tutela contra providencia
judicial.

En síntesis, el señor Herrera Ramírez se limitó a manifestar que la declaratoria oficio
de la excepción de inepta demanda en el marco del recurso de apelación del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de su interés, incurrió en un defecto
procedimental, no obstante, no indicó que norma procesal se infringió con tal decisión
judicial, ni la incidencia de ello en el sentido de la providencia de 27 de febrero de 2025,
razón por la cual también carece de un explicación que sustente que el asunto
trasciende de un debate meramente legal a uno de raigambre constitucional.

Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
órgano de cierre en materia laboral, la cual fue adoptada en el marco de los principios
de autonomía e independencia judicial.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requiere con mayor énfasis que el

12 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.

8

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accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación
de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal; (ii) la sentencia reprochada fue dictada por una alta corte; y (iii) no se evidencia
una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela14.

Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión confirme la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.

2.5. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Mauricio
Alexander Herrera Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Mauricio Alexander Herrera Ramírez contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

14 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-

000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mauricio Alexander Herrera Ramírez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04989-00

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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