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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04997-00

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04997-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: NEGAR la acción de tutela que instauró el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018 4 Radicado: 11001-03-15-000-2025-04997-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente - Archivo a Central. la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04997-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04997-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04997-00
Accionante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

Tema: Derechos debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, salud y vida. Presunta mora judicial en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho por no haber proferido sentencia de
segunda instancia. NEGAR

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Yeison Javier Díaz
Cifuentes, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la información, a la igualdad, a la salud y a la vida, los cuales estima
vulnerados por la autoridad judicial accionada.

HECHOS

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, para que se declarara la nulidad
de los actos administrativos, por medio de los cuales se le retiró del servicio y se
consideró que su patología era de origen común y, en su lugar, se califique el origen
de la disminución de la capacidad psicofísica como origen laboral.

Que la demanda le correspondió al Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, con radicado 11001-33-35-019-2018-00424-00, quien en sentencia del
25 de agosto de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04997-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Que la Policía Nacional apeló la decisión de primera instancia y le correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, quien
el 19 de enero de 2023 admitió el recurso y el 25 de abril de 2024 el expediente
ingresó al despacho para continuar con el trámite.

El actor cita el artículo 121 del Código General del Proceso para referirse a los
términos que se debe dictar sentencia; afirmando que el funcionario judicial tiene un
año para dictar sentencia de primera o única instancia y 6 meses en segunda
instancia contados a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o la
recepción del expediente.

Afirma que desde el año 2018 está esperando que se profiera sentencia de segunda
instancia, que durante ese tiempo ha pasado por diversas condiciones económicas
y que actualmente se encuentra sin empleo, situación que repercute en su
estabilidad económica, en su salud y en la posibilidad de tener una vida digna y con
lo necesario para su manutención.

PRETENSIONES

El accionante solicita que se amparen los derechos invocados y, «en su defecto dar
un impulso judicial a mi proceso con el animo (sic) que en derecho se administre
justicia con la garantía de la obtención de la sentencia o traslado del proceso a otro
despacho».

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 14 de agosto de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
fue debidamente notificado de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III)
análisis del caso concreto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04997-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Generalidades de la acción de tutela - Archivo Central.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Mora judicial

Ha establecido la Corte que la mora judicial impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre como consecuencia de las
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios que tienen a su cargo la solución de los procesos.

De igual forma, ha considerado que hay mora en los siguientes casos:

«(…) Si el incumplimiento del término procesal “(i) es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”

(…)

Existirá mora judicial justificada cuando se constate que el
incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al
conocimiento del juez competente“(i) es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del

operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia

que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii)
se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley (…)».1

Frente a la mora judicial ha precisado la Corte Constitucional que según las
circunstancias del caso, es posible (i) negar la violación de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al
sistema de turnos; (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir
el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables

1 Corte Constitucional. Sentencia SU 179 de 2021

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del- afectado;
Archivo Central.
o
(iii) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales
comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma
definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está
ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser
subsanados2.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B le transgrede sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la información, a la
igualdad, a la salud y a la vida, dado que a la fecha no ha proferido sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-019-2018-00424-00 [01].

Pues bien, de las pruebas allegadas observa la Sala que el proceso fue asignado al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver recurso de alzada el 19 de
enero de 2023; dicha autoridad el 15 de diciembre de ese año admitió la apelación,
tal y como lo dispone el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; el 25 de abril de 2024
ingresó al despacho el proceso y en SAMAI aparece anotación del 29 de agosto de
2025 de «registra proyecto sentencia».

Al respecto, encuentra la Sala que la tardanza que el accionante reprocha con la
presente acción no se considera una mora injustificada, puesto que no ha obedecido
a negligencia por parte del Tribunal, sino es consecuencia del volumen de trabajo y
las circunstancias propias de la gestión de los procesos, tales como las cargas
laborales y los turnos para decidir y no a la mera voluntad de la autoridad judicial
accionada. Además, el 29 de agosto de 2025 el Tribunal registró proyecto de fallo
de segunda instancia.

En consecuencia, se negará el amparo invocado en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR la acción de tutela que instauró el señor Yeison Javier Díaz
Cifuentes en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.

2 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04997-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente - Archivo a
Central.
la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

5

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