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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06122-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06122-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de enero de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01 TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06122-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de marzo de 2026

Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06122-01
Demandante: YEISON JAVIER DIAZ CIFUENTES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela de fondo. Presunta mora en el trámite de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 21 de enero de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Yeison Javier Díaz Cifuentes, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales «a la
igualdad, principio de inmediatez, celeridad, salud, trabajo, vida digna estabilidad
reforzada».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la tardanza
de la autoridad judicial accionada en resolver el recurso de apelación que se
interpuso contra la sentencia de 25 de agosto de 2022, proferida en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001-33-35-019-2018-00424-00/01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 30 de septiembre de 2025, a través del aplicativo web de recepción

de tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.

1
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

Con fundamento en los hechos narrados y demostrados solicito a este cuerpo
colegiado fallar a mi favor y ordenar a la parte accionada y a favor mío lo siguiente:

Un impulso judicial, tutelar mis derechos fundamentales y ordenar la firma del
proyecto de sentencia y la publicación de la misma de manera inmediata.

1.3. Hechos

El accionante fundó su escrito de tutela, en síntesis, así:

Indicó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales fue retirado
del servicio activo por disminución psicofísica.

Explicó que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que mediante
sentencia de 25 de agosto de 2022 accedió a las súplicas de la demanda.

Manifestó que la entidad demandada presentó un recurso de apelación contra la
anterior decisión, el cual fue concedido el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Expuso que el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y repartido al despacho del magistrado José Rodrigo Romero Romero, autoridad
judicial que a través de proveído de 15 de diciembre de 2023 admitió el recurso de
apelación.

Señaló que a la fecha de interposición de esta acción constitucional no se ha
resuelto el recurso que fue presentado contra la sentencia de 25 de agosto de
2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
constitucionales, con ocasión de la demora injustificada en tramitar el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de 25 de agosto de 2022, proferida en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11001-33-35-019-2018-00424-00/01.

Puso de presente que el artículo 1212 del Código General del Proceso establece
los términos en los que se deben tomar las decisiones judiciales, que en el caso
de las sentencias de segunda instancia permite un plazo de 6 meses desde la
recepción del expediente.

2 «Artículo 121. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa

legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única
instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento
ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda
instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente
en la secretaría del juzgado o tribunal. […]».

2
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Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

Alegó que en su caso concreto han transcurrido más de 7 años sin que se
resuelva su demanda, espera que le ha causado diversas condiciones en su vida
de tipo económico y laboral, puesto que se encuentra sin empleo, lo cual también
repercute en su situación de salud y en su capacidad de garantizarse una vida
digna.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de octubre de 2025 el magistrado ponente de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó remitir el expediente a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se
resolviera la posible acumulación con la acción de tutela identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2025-04997-00, toda vez que tenían las mismas
pretensiones y guardaban identidad fáctica.

El expediente fue remitido al despacho del magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez, quien a través de providencia de 15 de octubre de 2025 resolvió no
acumular los procesos, en atención a que las pretensiones que se perseguían en
las dos acciones de tutela eran diferentes.

En consecuencia, el 31 de octubre de 2025 el magistrado ponente de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela de la
referencia y ordenó la notificación de la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca3, en calidad de parte accionada.

Además, como terceros interesados vinculó a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca4, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional5,
Policía Nacional6 y al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá7.

1.6. Contestación

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentó el
siguiente pronunciamiento:

1.6.1. Policía Nacional

La jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la entidad solicitó la
desvinculación de la presente acción constitucional, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la Policía Nacional no tiene
facultad frente a las pretensiones elevadas por el actor de proferir la sentencia de
segunda instancia que reprocha.

3 Notificado a los correos scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4 Notificada al buzón scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5 Notificado a la dirección contactenos@mindefensa.gov.co y
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.
6Notificada a los correos notificacion.tutelas@policia.gov.co, segen.consejo@policia.gov.co
yluisa.aguirre1002@correo.policia.gov.co.
7 Notificado al buzón jadmin19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y
admin19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

3
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 21 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el tutelante, al considerar
que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no había incurrido en una tardanza injustificada en el proceso
11001-33-35-019-2018-00424-00/01.

Como fundamento de la decisión, hizo un recuento de las actuaciones que ha
surtido el expediente luego de que le fuera asignado a ese despacho 19 de enero
de 2023, y concluyó que, aunque no se ha dictado la sentencia de segunda
instancia, no se evidencia una conducta descuidada, desobligante o caprichosa
que permita concluir la existencia de una dilación injustificada o negligencia.
Además, agregó lo siguiente:

23. La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los
procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos. No obstante,
se pone de presente la existencia de diferentes aspectos que deben analizarse de
manera particular, pues temas como el de la congestión actual y sistemática del
aparato judicial o la complejidad del asunto a resolver, sugieren motivos razonables
que impiden que se le dé el alcance de mora judicial injustificada a casos como el
que aquí se analiza.

1.8. Impugnación

El 5 de febrero de 20268, el tutelante impugnó el fallo de primera instancia y
solicitó que se revoque para que, en su lugar, se conceda el amparo de sus
derechos fundamentales y se le ordene a la autoridad judicial accionada que
publique la sentencia definitiva en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-35-019-2018-00424-00/01.

Al respecto, indicó que la sentencia de tutela de primer grado desconoce la
realidad de la prolongada e irrazonable dilación que ha sufrido el proceso y la
afectación que ello conlleva de sus garantías fundamentales.

Reiteró que se ha excedido el plazo determinado en el artículo 121 del Código
General del Proceso, puesto que la demanda data del 2018, y que los motivos
expuestos en el fallo de tutela, tales como la complejidad y la naturaleza del
proceso, no justifican la demora de tantos años. Sobre el particular, explicó que,
aunque hubo algunas actuaciones por parte del tribunal, estas excedieron de
forma desproporcionada los términos procesales.

Igualmente, precisó que el «Consejo de Estado argumenta que no se evidencia
una "conducta descuidada, desobligante o caprichosa". Sin embargo, la mora
prolongada y la falta de una decisión oportuna se constituye una afectación a los
derechos fundamentales, independientemente de si la causa es una negligencia
activa o una inercia prolongada. La ausencia de una respuesta judicial dentro de
términos razonables es, en sí misma, una falla del servicio público de justicia».

8 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591

de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 4 de febrero de 2026 y el
recurso se interpuso al día siguiente.

4
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Sección Segunda, Subsección B
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Dispuso que la falta de sentencia definitiva en su caso le crea una situación de
permanente de inestabilidad, puesto que, al ser retirado del servicio sin una opción
de reubicación, se le impide planificar su futuro y acceder a oportunidades,
además del impacto que tiene en su salud física y mental.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 21 de enero de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto
2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La Policía Nacional solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional,
al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo,
esta petición será negada, toda vez que su vinculación en esta instancia se hizo
en calidad de tercera con interés en las resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 21 de enero de 2026, dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se negó el amparo solicitado
por el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) la acción temeraria y la cosa juzgada
constitucional, (iii) la mora judicial justificada, y (iv) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
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Sección Segunda, Subsección B
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2.5. La acción temeraria y la cosa juzgada constitucional

2.5.1. Esta sección ha considerado que la temeridad se configura cuando
concurren los siguientes elementos10: (i) identidad fáctica en relación con otra
acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda petición de
amparo se presenta por la misma persona o su representante; (iii) identidad del
sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción11.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado12:

"La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella
que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer
un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.13

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas.
En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y
no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen
minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo
probatorio que repose en el proceso.”

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de
cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado14:

[…] el precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por
una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante
actúa de mala fe15, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual
no se requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se
necesita que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los
mismos hechos sin justificación alguna16. No obstante, esta Corte ante tal
ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una acción de amparo por
temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de mala fe del peticionario,
toda vez que supone una restricción legitima al derecho fundamental que
implica el ejercicio de la acción de tutela, […]

[…], la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i)
[i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones17”18; y

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de

junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
11 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
12 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 «En este sentido, sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997,

entre muchas otras.»
14 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Sentencias T-502 de 2008, T-1215 de 2003, T-149 de 1995, T-308 de 1995, T-443 de 1995, T-

001 de 1997 y SU-1219.
16 Sentencias SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , T-986 de 2004 M.P Humberto

Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas: De manera que para que se configure la
temeridad en el ejercicio de la acción de tutela no basta con que este mecanismo sea utilizado en
más de una ocasión por las mismas personas o sus apoderados, invocando la protección de los
mismos derechos y apoyándose en los mismos hechos e iguales pretensiones, sino que también
es menester que tal actuación esté desprovista de una razón o motivo que la justifique.
17 Sentencias T-502 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-568 de 2006 M.P Jaime Córdoba Triviño

y T-184 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

(iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda19,
vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. Así mismo, la
jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de establecer en
cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. […]

[…] la Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones20: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la
materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una
muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o
más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha
aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.21 (Subrayado y
negrilla por fuera del texto)

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional también se acotó:

A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de
triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones
de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede
entenderse que aquella institución se configura.

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente22:

Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente
y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación
que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv)
la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista23.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en
la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho24. En términos de la Corte:

18 Sentencia T-568 de 2006; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las
providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-
253 de 1998, T-263 de 2003 y T-707 de 2003.
19 Sentencias T-568 de 2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-

883 de 2001.
20 Ibídem.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17 de junio de 2019, M.P.

Alberto Rojas Ríos.
23 Ver entre otras, sentencias: T-568 de 2006, T-951 de 2005 y T-410 de 2005.
24 Ver sentencia T-185 de 2013.

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Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa
complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su
configuración en cada asunto sometido a su competencia”25. (Negrita y
subrayado fuera del texto)

2.5.2. En el sub examine, el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes alegó que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
vulneró sus garantías constitucionales por presuntamente haber incurrido en una
tardanza injustificada en proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-
019-2018-00424-00/01.

Ahora bien, del trámite procesal adelantado en primera instancia se pudo colegir
que el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes radicó una acción de tutela por los
mismos hechos, objeto y sujetos, la cual fue tramitada bajo el radicado 11001-03-
15-000-2025-04997-00, como se describe a continuación:

Autoridad Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Estado Con sentencia de única instancia de 4 de septiembre de 2025.
Demandante Yeison Javier Díaz Cifuentes.
Demandados Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
Causa La acción de tutela se interpuso con el fin de dar impulso
procesal a la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el radicado 11001-33-35-019-2018-
00424-00/01, toda vez que trascurrió el término para proferir
sentencia de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 121 del Código General del Proceso.
Objeto «en su defecto dar un impulso judicial a mi proceso con el
animo (sic) que en derecho se administre justicia con la
garantía de la obtención de la sentencia o traslado del
proceso a otro despacho».
Derechos «a la igualdad, a la salud y a la vida, los cuales estima
vulnerados por la autoridad judicial accionada».

En primer lugar, la Sala encuentra que existe identidad de sujetos dado que en
ambos procesos actúa como demandante el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes,
mientras que como parte accionada figura el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

En cuanto a la identidad de causa, la Sala considera que esta se configura, toda
vez que en las dos acciones de tutela se cuestionó la tardanza en resolver el
recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de 25 de agosto de
2022, proferida en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-35-019-2018-00424-00/01.

25 Sentencia T-548 de 2017.

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Demandante: Yeison Javier Díaz Cifuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06122-01

Así mismo, respecto de la identidad de objeto la Sala encuentra que esta también
se configura, toda vez que la pretensión del actor en los dos procesos va
encaminada, en últimas, a que se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que dicte el fallo de segunda
instancia.

No obstante, para la Sala es importante poner de presente que según la
información visible en Samai, el 28 de agosto de 2025 el tribunal accionado
registró en Samai la actuación denominada «Proyecto sentencia 2da instancia
retiro del servicio», lo que, a juicio de esta corporación, constituye un hecho nuevo
que habilita al actor para presentar esta nueva acción de amparo.

Recuérdese que la jurisprudencia constitucional ha precisado que «una de las
excepciones a la temeridad que justifican la presentación de una nueva acción de
tutela tiene sustento en la consideración de hechos nuevos que se presentaron
con posterioridad a la interposición de la misma y que habilita al juez constitucional
a pronunciarse de fondo sobre el asunto puesto a su consideración»26.

Por tanto, acorde al lineamiento jurisprudencial y normativo expuesto en líneas
previas, se considera que en el presente caso no se configuró el fenómeno de la
cosa juzgada.

2.6. La mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes27.

Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»28. En esa línea
esa corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un

26 Corte Constitucional. SU- 027 de 2021. Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger.
27 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
28 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial29, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes.

2.7. Caso concreto

Como se mencionó, el señor Díaz Cifuentes alegó que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B vulneró sus derechos
fundamentales por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en
proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-019-2018-00424-00/01.

De la revisión realizada al expediente digital, se evidencia que el 25 de enero de
2023 este ingresó al despacho del magistrado José Rodrigo Romero Romero,
autoridad judicial que a través de proveído de 15 de diciembre de 2023 admitió el
recurso de apelación.

Posteriormente, se tiene que el 25 de abril de 2024, el expediente ingresó
nuevamente al despacho y el 29 de agosto de 2025 se registró «Proyecto
sentencia 2da instancia retiro del servicio».

Se recuerda que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación injustificada
que configura la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el incumplimiento de
los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el
trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar.

Por lo tanto, la Sala advierte que en el presente caso no hay una dilación
injustificada, con fundamento en que la última actuación registrada en Samai data
del 29 de agosto de 2025 y, en ese sentido, no se evidencia el trascurso de un
término excesivo o desproporcionado entre ese momento y la radicación de la
presente acción constitucional, que permita establecer que se trata de una mora
judicial injustificada.

29 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-

2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.

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Sección Segunda, Subsección B
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En tal sentido, esta Sala de Decisión no advierte en el presente caso negligencia u
omisión alguna en el ejercicio de las funciones del Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, frente a lo cual, resulta
importante también destacar que a pesar de que la judicatura demandada no
señaló el turno en el que se encuentra el proceso del tutelante ni la carga laboral
que el Despacho tiene a su cargo, atendiendo la realidad del país, el
incumplimiento de los términos procesales no puede ser imputable al actuar de los
funcionarios judiciales, por lo que la tardanza alegada por el señor Yeison Javier
Díaz Cifuentes no puede conllevar per se la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Igualmente, es importante señalar que a través de la acción de tutela no es posible
ordenarle a la autoridad judicial accionada que firme el proyecto de fallo que fue
registrado el 29 de agosto de 2025, comoquiera que el debate de este implica la
discusión entre los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre lo cual le está vedado al juez
constitucional inmiscuirse, dado que atentaría contra el principio de autonomía
judicial.

Así, y al no evidenciarse una dilación injustificada o indebida respecto al trámite
impartido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho al que se ha hecho alusión, se negará el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el tutelante, pues ordenar que se resuelva su caso
sin atender el orden que le corresponde podría implicar la afectación de los turnos
que tiene establecidos el despacho para fallar, y así el derecho fundamental a la
igualdad de aquellos usuarios que de manera previa al actor acudieron a la
administración de justicia.

Por lo tanto, se confirmará la sentencia de 21 de enero de 2026, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado por el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Policía
Nacional.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de enero de 2026, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado por el señor Yeison Javier Díaz Cifuentes.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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