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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05020-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05020-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jairo Marcial Tegue Balanta contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jairo Marcial Tegue Balanta Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05020-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no se impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05020-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de septiembre de 2025

Demandante: Jairo Marcial Tegue Balanta
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05020-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05020-00
Demandante: JAIRO MARCIAL TEGUE BALANTA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 13 de agosto de 20251, el señor Jairo Marcial Tegue Balanta, a través de
apoderada judicial2, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
«prevalencia del derecho sustancial sobre el formal», «respeto a los derechos
adquiridos» y «seguridad jurídica».

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 5 de diciembre de 20243, proferida por la autoridad

1 Índice 2 de Samai.
2 Poder otorgado a la abogada Carmen Ligia Gómez López para promover la presente acción, y

que consta de la respectiva constancia de presentación personal ante notario - índice 02 de Samai.
3 La sentencia acusada fue suscrita por los magistrados Elizabeth Becerra Cornejo, Juan Enrique

Bedoya Escobar y Jorge Edison Portocarrero Banguera.

1

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Demandante: Jairo Marcial Tegue Balanta
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05020-00

judicial accionada, mediante la cual declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión4 que promovió contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2019
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 5, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-012-2016 00482-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados
se deje sin efecto la providencia de fecha 5 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.

3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 5 de diciembre de 2024, se
ordene al Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado a que profiera
nueva decisión en la que se declare fundado el recurso extraordinario de revisión
que se presentó contra la sentencia del 19 de septiembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca6..

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

Al señor Jairo Marcial Tegue Balanta le fue reconocida su asignación de retiro por
medio de la Resolución 2814 del 20 de agosto de 2010, con ocasión de su
prestación de servicios en el Ejército Nacional durante el periodo comprendido
entre el 22 de marzo de 1990 al 29 de septiembre de 2010.

El accionante consideró que su derecho fue indebidamente reconocido, razón por
la cual, solicitó al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares [en
adelante CREMIL] la reliquidación y reajuste de la misma, petición negada
mediante oficios 0033444 del 19 de mayo de 2016 y 0041730 del 22 de junio de
2016.

Por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CREMIL, en la que solicitó tener en cuenta la
doble afectación de la prima de antigüedad, el incremento del 20% en la partida
del sueldo básico, y la inclusión del subsidio familiar.

4 Radicado: 11001-03-25-000-2020-01006-00 (3080-2020)
5 La sentencia fue suscrita por los magistrados Oscar Alonso Valero Nisimblat, Patricia Feuillet

Palomares y Luz Elena Sierra Valencia.
6 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05020-00

Conoció en primera instancia el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial
de Cali, que mediante sentencia del 19 de septiembre de 2017 declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa respecto a la pretensión del 20%
sobre el sueldo básico y condenó a la CREMIL a reajustar la asignación de retiro
del accionante incluyendo la prima de antigüedad e incluyendo el subsidio familiar.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo del
19 de septiembre de 2019, revocó parcialmente la decisión de primera instancia,
y en su lugar, i) accedió a la pretensión del incremento del 20% en el sueldo básico,
ii) confirmó lo decidido frente a la prima de antigüedad y iii) revocó la pretensión
de inclusión del subsidio familiar. Como sustento explicó que:

[…] se evidencia que el régimen legal y prestacional del señor Jairo Marcial Tegue
Balanta, se encuentra regulado en el inciso 2° del artículo 1 del Decreto
Reglamentario 1794 de 2000, lo cual hace que tenga derecho al incremento salarial
del 60% sobre el salario mínimo y no del 40% como lo reconoció la Caja de Sueldos
de Retiro de las Fuerzas Militares.

[…] En virtud de ello se procederá a revocar el numeral segundo de la sentencia
apelada y en su lugar se ordenará la inclusión del aumento del 20% en la
liquidación del salario mensual que devengaba el actor en actividad, solo para
equiparar el aumento del 60% que se debió tener en cuenta para calcularle la
asignación de retiro.

[…]

Finalmente y en lo que hace a la inclusión del subsidio familiar como partida
computable, se encuentra que como quiera que la asignación de retiro del señor
Tegue Balanta fue reconocida con anterioridad al mes de julio de 2014 (esto es el
20 de agosto de 2010, fol. 10), se debe aplicar la segunda regla jurisprudencial
impartida por el máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, lo
que significa que el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación
de esa prestación, toda vez que no estaba definido en la leyó decreto como tal, lo
cual conlleva a que en la sentencia apelada se revoque la orden dada en cuanto a
la reliquidación de. la asignación de retiro con la inclusión de esta partida.

El 29 de octubre de 20207, el señor Tegue Balanta presentó recurso extraordinario
de revisión contra la decisión del 19 de septiembre de 2019, bajo la causal
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, que permite la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas por «existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Al respecto, indicó que el tribunal desconoció el principio de congruencia y
desbordó los límites de su competencia toda vez que debía resolver el litigio en
segunda instancia únicamente sobre los aspectos debidamente apelados, por lo

7 Índice 1 de Samai. Radicado 11001-03-25-000-2020-01006-00 (3080-2020)

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05020-00

que, no tenía competencia para modificar la decisión adoptada en primera
instancia en cuanto a la pretensión de reconocimiento del subsidio familiar, porque
no fue objeto de reproche por las partes apelantes en el proceso ordinario.

El recurso fue conocido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B que, mediante providencia del 5 de diciembre de 2024 resolvió declararlo
infundado, al considerar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estaba
habilitado para emitir un pronunciamiento frente al subsidio familiar, dado que
CREMIL no limitó sus argumentos a la negativa del 20% del reajuste del salario,
en aplicación del artículo 1 del Decreto-Ley 1794 del 2000, y a la prescripción, sino
que, la discusión giraba en torno a si era o no una partida computable para la
asignación de retiro de los soldados profesionales.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 17 de febrero de 20258.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora comentó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B vulneró sus garantías fundamentales por cuanto no valoró adecuadamente el
material probatorio decretado en el proceso y que daban cuenta que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no tenía competencia para revocar la decisión
de primera instancia del 19 de septiembre de 2017 por medio de la cual se ordenó
la inclusión del subsidio familiar en su asignación de retiro.

Adujo que se incurrió en un defecto fáctico porque; se interpretó inadecuadamente
el recurso de apelación presentado por CREMIL, dado que, de la lectura del mismo
se evidenció que la entidad únicamente cuestionó la pretensión del incremento del
20% en el sueldo básico, en la que, alegaba que este debía liquidarse conforme al
numeral 13.2.1 del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, y no formuló tesis alguna
para controvertir la pretensión del subsidio familiar y la prima de antigüedad, las
cuales fueron reconocidas por el a quo.

Por lo anterior, reiteró que el recurso de alzada prestando por la parte demandada
se centró únicamente en invocar que carecía de competencia para aplicar el
incremento del 20% en el sueldo básico, puesto que, a su juicio, no podía efectuar
aumentos sobre partidas devengadas en actividad, específicamente sobre el
sueldo básico.

Asimismo, indicó un defecto material o sustantivo en la medida que la autoridad
judicial accionada no tuvo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no consideró las normas procesales que regulaban el recurso de apelación

8 Índice 28 de Samai. Radicado 11001-03-25-000-2020-01006-00 (3080-2020)

4

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y su trámite, dado que, «la apelación habilita al Juez de segunda instancia para
que revise los reparos concretos formulados por quien apele, es decir que exige a
las partes desarrollar reparos concretos y precisos para que sean analizados,
vedando entonces cualquier presunción por el simple hecho de apelar».

Recalcó que resultaba errónea la conclusión a la que llegó el accionado para
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, pues realizó suposiciones
con relación al contenido de la alzada presentada por CREMIL, asumiendo que la
entidad apeló la decisión aun cuando no presentó reparos sobre la pretensión de
la prima de antigüedad y del subsidio familiar, por lo que, ignoró los apartes en
donde buscaba dejar en evidencia que el salario básico se liquidaba con base en
el 40%.

Refirió que «en igual sentido, otorgó validez a la actuación al considerar que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sustentó la revocatoria de la inclusión
del subsidio familiar en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sin
embargo, omitió por completo que las pretensiones relacionadas con el subsidio
familiar y la prima de antigüedad habían adquirido firmeza al no ser objeto de
apelación, razón por la cual debía respetarse el fenómeno de la cosa juzgada, que
la propia sentencia de unificación salvaguarda».

Señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado avaló
conscientemente la ausencia de apelación de CREMIL frente a una de las
pretensiones de la demanda, al igual que lo hizo el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por ello, replicó que se desconoció la obligación contenida en los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, relativas a la formulación de
reparos concretos en el recurso de apelación como límite de la competencia para
resolver en segunda instancia.

Finalmente, argumentó que al declararse infundado el recurso de revisión es
evidente que la autoridad judicial accionada «no tuvo en cuenta el marco normativo
que regula el recurso de apelación de sentencias, situación que resultó ser
permisiva con la pasividad de CREMIL al no formular ni sustentar apelación
respecto a la pretensión de inclusión del subsidio familiar en su asignación de
retiro, sino que carecía por completo de coherencia al interponerse frente a una
pretensión que había sido negada en primera instancia».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 1° de septiembre de 2025, la Magistrada Ponente admitió la
demanda de tutela, ordenó notificar a la parte demandante9 y, como parte

9 Índice 7 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico: clgomezl@hotmail.com

5

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demandada, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B10.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Cali11, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca12, y a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Fuerzas Militares, CREMIL13, que conformaron el juez de primera y
segunda instancia del medio de control, así como el extremo pasivo.

Adicionalmente, se requirió a la autoridad judicial accionada a fin de que llegara
copia integra del expediente contentivo del recurso extraordinario de revisión con
radicado 11001-03-25-000-2020-01006 00, y al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, y al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, para
que remitieran copia del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-012-2016-00482-00/01.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 14

La Magistrada Ponente de la decisión cuestionada relató que los argumentos que
sustenta la acción constitucional de la referencia coinciden con los expuestos en
sede del recurso extraordinario de revisión, los cuales fueron estudiados,
analizados y respondidos de manera expresa en la providencia que ahora es
recurrida.

Resaltó que la acción de tutela no es un mecanismo para reabrir debates jurídicos
ya agotados en el marco de un recurso extraordinario, puesto que, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la tutela contra
providencias judiciales es de carácter excepcional y solo procede cuando se

10 Índice 7 de Samai. Fue notificado en los buzones web: notifjbedoya@consejodeestado.gov.co

tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co, javilas@consejodeestado.gov.co,
sjaimesv@consejodeestado.gov.co, ihernandezb@consejodeestado.gov.co,
dcogoloj@consejodeestado.gov.co, nperezp@consejodeestado.gov.co, y
ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 7 de Samai. adm12cali@cendoj.ramajudicial.gov.co. y
jadmin12cli@notificacionesrj.gov.co
12 Índice 7 de Samai. Se notificó a los correos:
tribunaladministrativodelvalledelcauca@cendoj.ramajudicial,
s02tadvale@cendoj.ramajudicial.gov.co, s01tadvale@cendoj.ramajudicial.gov.co, y
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice 7 de Samai. Notificación realizada al buzón: notificacionesjudiciales@cremil.gov.co y

juridica@cremil.gov.co.
14 Índice 10 de Samai.

6

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acreditan «las causales generales y específicas de procedencia», situación que
señaló, no ocurre en el presente asunto, pues en su consideración la decisión
cuestionada se adoptó con pleno respeto de las garantías procesales.

Por ello, puntualizó que en la sentencia del 5 de diciembre de 2024 analizó con
rigor la causal de revisión invocada, y concluyó, con base en la jurisprudencia
unificada, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí estaba habilitado
para pronunciarse sobre la inclusión del subsidio familiar en su asignación de
retiro, en sede del recurso de apelación. Por lo que, la decisión se enmarcó dentro
de la competencia legal y constitucional del juez de segunda instancia, sin que
pueda hablarse de defecto fáctico, sustantivo o desconocimiento de precedente.

Finalmente, expuso que el accionante no demuestra la existencia de una
vulneración cierta y actual de sus derechos fundamentales, sino que su
inconformidad se vislumbra con el sentido del fallo que le fue desfavorable,
situación que no puede servir de fundamento para desconocer la cosa juzgada ni
convertir la tutela en una tercera instancia.

1.6.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali15

En documento allegado el 3 de septiembre de 2025, la directora del juzgado
simplemente rindió informe de las actuaciones desarrolladas al interior del proceso
ordinario, y remitió el enlace de acceso al expediente.

1.6.3 Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL16

Señaló que la acción de tutela es improcedente en la medida que la misma no fue
interpuesta de manera transitoria por haberse causado un perjuicio irremediable al
actor, sino que fue adelanta por la simple inconformidad de las decisiones
adoptadas en el proceso ordinario.

Expuso que no se presenta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales
ya que el demandante ha tenido a su disposición los medios judiciales de defensa
y en las que se ha beneficiado de todas las etapas procesales, en las cuales, se
evidencia que no se le violó el debido proceso toda vez que se demostró la
oportunidad para acceder a la justicia.

Arguyó que no es de competencia del juez de tutela examinar las actuaciones
procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la
decisión definitiva fue ajustada a la ley. Asimismo, indicó que el hecho, de que no

15 Índice 12 de Samai.
16 Índice 13 de Samai.

7

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se accedan a las pretensiones como lo formula el accionante en su escrito de
tutela, no necesariamente quiere decir que se esté incurriendo en vía de hecho.

Finalmente, recalcó que el accionante no logró acreditar un perjuicio irremediable.

1.6.3. Pese a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue
debidamente notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, «prevalencia del derecho sustancial sobre el formal», «respeto
a los derechos adquiridos» y «seguridad jurídica» del señor Jairo Marcial
Tegue Balanta con ocasión de la sentencia del 5 de diciembre de 2024?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia19.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García

González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

9

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cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202220.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
21 Sentencia SU-573 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05020-00

exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales25”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

El señor Jairo Marcial Tegue Balanta adujo que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, «prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal», «respeto a los derechos adquiridos» y «seguridad jurídica», con
ocasión de la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2024 que declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión que interpuso contra la sentencia dictada el
19 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-
012-2016 00482-00/01.

22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibid.

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El accionante argumentó la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, los
cuales, en síntesis, se fundamentaron en una valoración inadecuada del material
probatorio allegado al proceso (siendo el recurso de apelación interpuesto por
CREMIL) y, por desconocer el marco normativo que regulaba el recurso de
apelación y su trámite.

La sentencia cuestionada resolvió el recurso fundado en la causal quinta del
artículo 250 del CPACA, en la cual, concluyó que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca estaba habilitado para emitir un pronunciamiento frente al subsidio
familiar por cuanto, según lo impugnado por CREMIL, la discusión giraba en torno
a si dicha prestación era o no una partida computable para la asignación de retiro
de los soldados profesionales.

Como fundamentos del recurso, el señor Tegue Balanta explicó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca pasó por alto el principio de congruencia y
desbordó los límites de su competencia, debido a que, CREMIL cuestionó el
reconocimiento del 20% del reajuste de la asignación de retiro como si el juez de
la primera instancia hubiera accedido a dicha pretensión, cuando, por el contrario
se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva; aspecto que, si fue
apelable por la parte demandante como, el tema de la prescripción trienal.

Asimismo, reiteró que, dado que ninguna de las partes debatió la inclusión del
subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no tenía competencia para abordar el estudio
de la pretensión mención, de acuerdo con los límites impuestos por los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso.

Por consiguiente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B analizó
que CREMIL no limitó sus argumentos a la negativa del 20% del reajuste del
salario, en aplicación del artículo 1 del Decreto-Ley 1794 del 2000, y a la
prescripción, sino que en su recurso de apelación también «afirmó que de
conformidad con la hoja de servicios únicamente se incluyeron como partidas
computables el sueldo básico y la prima de antigüedad entendiendo con esto que
el reconocimiento debía excluir cualquier otra partida que no estuviera prevista
expresamente, como el subsidio familiar». Por ello, concluyó que el tribunal si tenía
competencia para pronunciarse respecto de la pretensión relacionada con el
subsidio familiar máxime cuando, la decisión recurrida aplicó las consideraciones
dictadas en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

En este sentido y, de acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito
constitucional de la referencia se observa una mera inconformidad que tiene el
actor con lo analizado y decidido por la autoridad judicial accionada, por lo que, se

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advierte que el amparo constitucional no tiene la entidad o trascendencia para
aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya que lo pretendido
por la parte actora es que se dirima un asunto de mera legalidad que deviene de
un inconformiso con la interpretación válida realizada por el juez de instancia.

Se advierte que, tras la revisión de la providencia controvertida, no se evidencia
prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y jurisprudencial
que consideró aplicables al caso.

Así las cosas, se encuentra a primera vista que las consideraciones normativas de
la autoridad judicial accionada parten de un fundamento jurídico y fáctico que no
se muestra caprichoso, por lo que resulta claro que la solicitud de amparo de la
referencia carece de suficiencia y se limita a reiterar los planteamientos ya
debatidos y resueltos dentro del proceso ordinario.

Por lo anterior, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional. La competencia de este
se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Por tanto, se hace evidente que el objetivo que busca el actor es imponer su
criterio, el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota
un desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se
advierte que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que,
en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela.

Por consiguiente, la Sala concluye que la discusión planteada en la acción
constitucional no superó el requisito de relevancia constitucional, por lo que se
impone declarar la improcedencia de este mecanismo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Jairo Marcial Tegue Balanta contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no se impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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