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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01006-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01006-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jairo Marcial Tegue Balanta en contra de la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Luis Alberto Pérez Villamarín, identificado con cédula de ciudadanía núm. 94.541.265 de Cali y portador de la tarjeta profesional núm. 225.567 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como 63 El poder fue otorgado en vigencia de la Ley 2213 de 2022, por lo cual no se exige presentación personal o reconocimiento y este se presume legal. El poder fue enviado por correo electrónico por parte de Leonardo Pinto Morales, en su condición de director general de CREMIL, al abogado Luis Alberto Pérez Villamarín, a la dirección de notificaciones laperez@cremil.gov.co, desde la cual este último remitió el poder a este trámite judicial. 64 Samai, índice 20, 28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODER20200100600(.pdf) NroActua 20 y 27_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_LUISALBERTO(.pdf) NroActua 20. 65 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». 66 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813- 00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-01006-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de diciembre de 2024

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01006-00 (3080-2020)
Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01006-00 (3080-2020)
Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jairo Marcial
Tegue Balanta en contra de la sentencia del 19 de septiembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó el fallo de 19 de septiembre
de 2017, que había reconocido el subsidio familiar como partida computable en la
asignación de retiro del señor Tegue Balanta.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el CGP1, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos y actuaciones relevantes del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 76001-33-33-
012-2016-00482-002:

1.1.1. La demanda3

2. Jairo Marcial Tegue Balanta radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en la que solicitó la anulación de los actos administrativos contenidos en los

1
Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2.
3
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 1 a 17.

1

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

oficios núms. 003444 del 19 de mayo de 2016 y 0041730 del 22 de junio siguiente,
que le negaron el reajuste de su asignación de retiro.

3. Como consecuencia de esta declaración, pidió condenar a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares (CREMIL) al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación
de retiro sobre la cual tenía derecho, de acuerdo con los artículos 16 y 13.2.1 del
Decreto 4433 de 2004 y el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 2000,
con fundamento en diversos reparos.

4. En cuanto al cálculo de la asignación de retiro, alegó la indebida aplicación de
los artículos 16 y 13.2.1 del Decreto 4433 de 2004 al tener en cuenta de manera
equivocada los factores y porcentajes correspondientes que afectaron el monto de la
prima de antigüedad.

5. Frente a la falta de aplicación del parágrafo segundo del artículo 1 del Decreto
1794 del 2000, precisó que para su cálculo se tomó el salario mínimo vigente con un
incremento del 40%, pese a que la norma dispone que a los soldados que ostentaran
la calidad de voluntarios al 31 de diciembre del 2000, se les liquidaría su asignación
salarial mensual con el salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.

6. Por último, consideró que la no inclusión del subsidio familiar como una partida
computable para los soldados profesionales constituye una transgresión del derecho
fundamental a la igualdad, dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, dado
que a otros integrantes de las fuerzas militares sí se les ha reconocido e incluido en su
asignación de retiro. Por tanto, estimó que el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto
4433 de 2004 debía inaplicarse por inconstitucional, al no existir fundamento que
legitimara el tratamiento diferenciado entre los oficiales y los suboficiales de las fuerzas
militares y los soldados profesionales.

1.1.2. Contestación de la demanda4

7. CREMIL manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda,
argumentando que: i) de la lectura del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 se
deduce que la asignación de retiro de los soldados profesionales se debe liquidar
conforme lo dispone el inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 del 2000, esto
es, con un 40% del salario como partida computable; ii) al momento de liquidar
asignaciones de retiro ha aplicado disposiciones pertinentes de acuerdo con la hoja
de servicios expedida por el Ministerio de Defensa que incorporó como partidas
computables el sueldo básico y la prima de antigüedad; y iii) el Decreto 4433 de 2004,
que reguló la asignación de retiro de los soldados profesionales, no incluyó el subsidio
familiar como un factor adicional, por lo cual debía ceñirse a la literalidad de la
disposición sin interpretarla extensivamente.

4
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 23 a 24.

2

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1.1.3. Sentencia de primera instancia5

8. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali dictó sentencia el 19 de septiembre
de 2017 en la que decidió:

PRIMERO: DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, respecto a la pretensión
del incremento del 20% salarial en la asignación de retiro del actor, por las
razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de los Oficios No. 0033444 del
19 de mayo de 2016 y 00411730 del 22 de junio de 2016, expedidos por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL-, por medio de los cuales se negó
el reajuste de la asignación de retiro devengada por el señor SLP (R) JAIRO
MARCIAL TENGUE BALANTA, únicamente respecto de la correcta aplicación
del porcentaje de la prima de antigüedad y la inclusión del subsidio familiar que
devengaba en servicio activo.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL, efectuar el reajuste de la
asignación de retiro del señor SLP (R) JAIRO MARCIAL TENGUE BALANTA
reconocida mediante Resolución No. 2814 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021; así:
i) dando aplicación estricta al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en
concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 1794 de 2000, esto es, aplicando
el 70% del salario básico, adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad; y
ii) incluyendo el subsidio familiar que devengaba en servicio activo como partida
computable en la liquidación de la asignación de retiro, lo cual se ordenará a
partir del 30 de septiembre de 2010, fecha a partir de la cual se le reconoció la
asignación de retiro.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la
entidad demandada a partir del 10 de mayo de 2013, conforme a la parte motiva.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas. […]6

9. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali consideró, con respecto al
incremento del 20% del salario básico mensual7, que este reajuste salarial y
prestacional, a favor de quienes fueron soldados voluntarios, era competencia del
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y no de CREMIL, porque esta última
únicamente está habilitada para gestionar el reconocimiento y pago de las
asignaciones de retiro, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, es decir, a

5
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 21 a 47.
6
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 21 a 47. Transcrito textualmente con
errores.
7
De conformidad con la Ley 131 de 1985 y los Decretos 1793 y 1794 del 2000.

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

partir de la información contenida en la hoja de servicios. En consecuencia, declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL respecto de esta pretensión.

10. En segundo lugar, en lo que respecta a la indebida aplicación del artículo 16
del Decreto 4433 de 2004 por el doble cómputo de la prima de antigüedad, el
Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali indicó que la interpretación que debía primar
era aquella según la cual el 38.5% de la prima de antigüedad tenía que calcularse del
100% del salario básico mensual, y no del 70% de este. Así pues, el Juzgado precisó
que como la liquidación efectuada por CREMIL afectó doblemente la prima de
antigüedad, los actos administrativos demandados estaban viciados de nulidad.

11. Finalmente, en cuanto al subsidio familiar como partida computable en la
asignación de retiro, el Juzgado consideró que, si bien el Decreto 4433 de 2004 no
reguló taxativamente la inclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación
de retiro de los soldados profesionales, este desconocía la igualdad respecto de otros
integrantes de las fuerzas militares como los oficiales y suboficiales. En este sentido,
accedió a la pretensión de la demanda dirigida a la reliquidación de la asignación de
retiro con esta partida, porque quedó demostrado que el señor Tegue Balanta percibió
este beneficio durante su servicio.

12. Por estas razones, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali anuló
parcialmente los actos administrativos demandados y le ordenó a CREMIL, a título de
restablecimiento del derecho, la reliquidación de la asignación de retiro del señor Tegue
Balanta con el 70% del salario básico, el 38.5% de la prima de antigüedad y el subsidio
familiar que percibía, a partir del 30 de septiembre de 2010, cuando se le reconoció la
asignación de retiro.

13. Igualmente, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali declaró la prescripción
de las diferencias pensionales causadas a partir del 10 de mayo de 2013, en la medida
en que el señor Tegue Balanta radicó la petición de reliquidación ante la entidad el 10
de mayo de 2016 y presentó demanda el 9 de noviembre del mismo año.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante8

14. Jairo Marcial Tegue Balanta interpuso recurso de apelación, pidiendo la
revocación parcial de la decisión de primera instancia en lo relativo a la negativa del
reajuste del 20% de la asignación de retiro de conformidad con el artículo 1 del Decreto
1794 del 2000 y la aplicación de la prescripción trienal.

15. Precisó que, como se desempeñó en el Ejército Nacional en calidad de soldado
voluntario al 31 de diciembre del 2000, tenía derecho a percibir un salario aumentado
en un 60%, sin que fuera posible que para el momento en que se vinculó como soldado
profesional se disminuyera su asignación mensual en un 20%.

8
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 49 a 55.

4

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

16. Para sustentar lo anterior, el señor Tegue Balanta se remitió a la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado9, que definió el tema del incremento del reajuste salarial para los soldados
voluntarios que con posterioridad fueron incorporados como profesionales.

17. En estos términos, expresó que a los soldados profesionales se les ha
reconocido su asignación de retiro con la inclusión de los tres reajustes que pretendió:
el cálculo de la asignación de retiro sin afectar doblemente la prima de antigüedad; con
el salario mínimo vigente aumentado en un 60%; y con la inclusión del subsidio familiar
como partida computable. De tal forma que, la ausencia de estos reconocimientos
violaba su derecho fundamental a la igualdad y lo situaba en una situación de
indefensión.

18. Adicionalmente, cuestionó la aplicación de la prescripción, toda vez que, a su
juicio, la modificación surtida en el Decreto 4433 de 2004 constituye una extralimitación
de las competencias del presidente de la república.

1.1.5. Recurso de apelación de la parte demandada10

19. CREMIL insistió en que el reconocimiento de la asignación de retiro del señor
Tegue Balanta aplicó las disposiciones contenidas en el artículo 16 del Decreto 4433
de 2004, la información contenida en la hoja de servicios y los artículos 234 y 235 del
Decreto-Ley 1211 de 1990.

20. La entidad recurrente manifestó que, de acuerdo con el artículo 13.2.1 del
Decreto 4433 de 2004 para la asignación de retiro tenía que aplicarse, como lo hizo,
el inciso primero del artículo 1 del Decreto-Ley 1794 del 2000, que prevé un incremento
solo del 40% del salario más no en la proporción del 60% que pretende el demandante,
contenida en el inciso segundo de esta normativa. Por tanto, consideró que el señor
Tegue Balanta incurre en un yerro al pretender este reconocimiento porcentual.

21. En punto de las partidas computables, CREMIL destacó que el reconocimiento
de esta prestación lo efectuaba a partir de las partidas establecidas en el artículo 13
del Decreto 4433 de 2004 y de la información contenida en la hoja de servicios emitida
por el Ministerio de Defensa, documento idóneo, en los términos de los artículos 234
y 235 del Decreto-Ley 1211 de 1990, para este fin prestacional. De ahí que, para el
caso en concreto, este enunció como únicas partidas computables el salario mensual,
previsto en el inciso 1 del artículo 1 del Decreto-Ley 1794 del 2000 y la prima de
antigüedad, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 13.2.1 del artículo 13 del
Decreto 4433 de 2004. En este sentido, no podía darle un alcance distinto a la
normativa vigente y a la hoja de servicios.

9
Proferida en el expediente con radicación CE-SUJ2 85001333300220130006001.
10
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 56 a 60.

5

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

22. CREMIL propuso su falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida
en que los hechos se sustentaron en actuaciones realizadas con anterioridad a la fecha
del reconocimiento de la asignación de retiro, que son de competencia del Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional. Asimismo, argumentó que ha aplicado en debida forma
las normas vigentes.

23. Finalmente, CREMIL reiteró que sus actuaciones se ajustaron a las normas
vigentes aplicables a los integrantes de las fuerzas militares, razón por la cual los actos
administrativos, a través de los cuales se hizo el reconocimiento prestacional, no eran
nulos por falsa motivación; en estos términos, consideró que debían negarse las
pretensiones de la demanda.

1.1.6. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión11

24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 19 de
septiembre de 2019, revocó parcialmente la del 19 de septiembre de 2017 proferida
por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, en los siguientes términos:

PRIMERO.- REVOCAR el numeral primero de la sentencia No. 148 del 19 de
septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Cali y en su lugar (sic)

SEGUNDO.- ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL
aumentar en un 20% el salario mensual tenido en cuenta para liquidar la
asignación de retiro del Soldado Profesional (R) JAIRO MARCIAL TEGUE
BLANTA, solo para efectos de equiparar el aumento del 60% a que tenía derecho
en su calidad de soldado voluntario que pasó a ser profesional, al tenor de lo
establecido en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto Ley 1794 de 2000,
pagándose las diferencias debidamente indexadas.

TERCERO.- REVOCAR la sentencia apelada, únicamente en lo relativo al
reajuste de la asignación de retiro del señor Soldado Profesional (R) JAIRO
MARCIAL TEGUE BALANTA, con la inclusión del subsidio familiar que
devengaba en servicio activo, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, por lo expuesto
anteriormente, con la aclaración de que el salario básico mensual que debe
tenerse en cuenta para el cálculo de la reliquidación de la asignación de retiro
del señor Soldado Profesional (R) JAIRO MARCIAL TEGUE BALANTA, será el
equivalente a un salario mínimo adicionado en un 60%, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. […]12

11
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 61 a 86.
12
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folios 61 a 86. Transcrito textualmente.

6

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

25. Para sustentar sus consideraciones, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca aplicó la sentencia de unificación del 25 de abril de 201913, al tratarse de un
caso pendiente de resolución en sede judicial.

26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca destacó, que la sentencia de
unificación: i) definió el incremento aplicable a la asignación de retiro de los soldados
voluntarios que fueron incorporados como profesionales, de modo que quienes
estuvieran vinculados al 31 de diciembre del 2000 tenían derecho a la liquidación de
su asignación de retiro con un 60% del incremento del salario mínimo legal vigente; ii)
dispuso que CREMIL está legitimada para realizar la reliquidación de la asignación de
retiro; iii) zanjó la forma de interpretar el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, bajo el
entendido de que el 70% afecta el salario mensual más no la prima de antigüedad; y
iv) sentó reglas jurídicas relacionadas con la inclusión del subsidio familiar en la
asignación de retiro.

27. Así pues, aunque el Tribunal expuso que el Consejo de Estado sentó su postura
en torno a la violación del derecho fundamental a la igualdad de los soldados
profesionales en comparación con los oficiales y los suboficiales, en la mencionada
sentencia de unificación del 25 de abril de 201914 definió que solo a los soldados
profesionales que causaran su derecho desde julio de 2014 se les incluiría el subsidio
familiar como partida computable; no así, para quienes causaron el derecho antes de
esta fecha, por ausencia de regulación legal o reglamentaria.

28. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca enfatizó que mientras
que en la sentencia de 25 de agosto de 201615 el Consejo de Estado unificó su criterio
en cuanto al reajuste salarial y prestacional de los soldados voluntarios, que con
posterioridad fueron incorporados como profesionales, en unificación del 25 de abril
de 201916 trató el asunto relacionado con la asignación de retiro de los soldados
profesionales.

29. En cuanto al incremento del reajuste salarial, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca consideró que CREMIL estaba legitimada para reliquidar la asignación
de retiro del señor Tegue Balanta, ya que, de los hechos probados, y de la aplicación
de la unificación proferida por la Sección Segunda el Consejo de Estado el 25 de abril
de 201917, el régimen prestacional y legal aplicable era el regulado por el inciso 2 del
artículo 1 del Decreto 1784 del 2000. Por tanto, revocó la decisión proferida en primera
instancia y ordenó la reliquidación con un aumento del 20% del salario mensual para
alcanzar el 60% que debió tenérsele en cuenta para efectos de su asignación de retiro.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019,
exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16)CE-SUJ2-015-19.
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto
de 2016, exp. 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-15) CE-SUJ2-003-16.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 25 de abril de 2019, exp. 85001-33-33-
000-2013-00237-01(1701-16)CE-SUJ2-015-19.
17
Ibidem

7

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

30. Por su parte, en lo relativo al cómputo de la prima de antigüedad, el Tribunal
indicó que de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de
abril de 201918, debía tomarse el 38.5% del 100% de la asignación salarial básica, y
no el 70% como lo aplicó indebidamente CREMIL. En consecuencia, confirmó el fallo
de primera instancia en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro con la
inclusión de la prima de antigüedad, con la precisión de que el salario básico mensual
tenía que ser aumentado en un 60%.

31. Seguidamente, en lo que respecta al subsidio familiar como partida
computable en la asignación de retiro, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
precisó que, en aplicación de la segunda regla fijada por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, el señor Tegue Balanta no tenía derecho a la reliquidación de su asignación
de retiro con el subsidio familiar, por cuanto esta le fue reconocida el 20 de agosto de
2010, esto es, antes de julio de 2014. En consecuencia, en este punto, revocó la
sentencia de primera instancia.

32. Finalmente, en lo relativo a la prescripción, el Tribunal adujo que era trienal
porque así lo dispuso el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, que no condicionó su
vigencia a asignaciones de retiro causadas con anterioridad; de modo que, para el
caso de Jairo Marcial Tegue Balanta, la prescripción aplicable era de 3 años
comoquiera que obtuvo el reconocimiento de su asignación de retiro en 2010.

33. A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el
fallo de primera instancia en cuanto al cómputo de la prima de antigüedad y de la
prescripción, pero lo revocó en lo relativo al incremento del reajuste salarial por parte
de CREMIL y la inclusión del subsidio familiar como una partida computable.

1.2. Recurso extraordinario de revisión19

34. Jairo Marcial Tegue Balanta radicó el recurso extraordinario de revisión el 29 de
octubre de 202020, a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión Judicial
SAMAI.

35. Indicó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició en contra de
CREMIL, pasó por alto el principio de congruencia y desbordó los límites de su
competencia, por lo cual debía anularse esta providencia judicial con fundamento en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

18
Ibidem
19
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda(.pdf) NroActua 2.
20
Anotación que obra en el índice 2 de Samai: «Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 590,
fecha de presentación: 29/10/2020 11:47:12, anexos remitidos:4 secuencia de reparto:». Esta misma fecha consta
en el acta de reparto. Samai, índice 3, 2ED-02 ACTA DE REPARTO.pdf(.pdf) NroActua 3.

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

36. El recurrente expresó que esta causal es aplicable siempre que el juez carece
de jurisdicción o de competencia para pronunciarse sobre ciertos aspectos, y aun así
lo hace en una decisión contra la cual no procede recurso de apelación; aspecto que
ocurrió en su caso, ya que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tenía
competencia para modificar la decisión adoptada en primera instancia en cuanto a la
pretensión de reconocimiento del subsidio familiar, porque no fue objeto de reproche
por las partes apelantes en el proceso ordinario. Es decir que, ninguna de las partes
formuló razón de inconformidad contra el reconocimiento del subsidio familiar.

37. Explico que, CREMIL cuestionó el reconocimiento del 20% del reajuste de la
asignación de retiro como si el juez de la primera instancia hubiera accedido a esta
pretensión, cuando, por el contrario, este último declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva; aspecto que, al serle desfavorable a la parte demandante, fue objeto
del recurso de apelación interpuesto por esta, en el cual también reprochó el tema de
la prescripción trienal.

38. En este sentido, tanto la parte demandante como la demandada apelaron la
sentencia de primera instancia en lo relacionado con la negativa a ordenar el reajuste
del 20%, sin hacer alusión al reconocimiento del subsidio familiar.

39. De ahí que, como ninguna de las partes debatió la inclusión del subsidio familiar
en la liquidación de la asignación de retiro, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no tenía competencia para abordar el estudio de esta pretensión, de acuerdo con los
límites impuestos por los artículos 320 y 328 del CGP.

40. Pese a que los artículos 320 y 328 del CGP permiten ampliar la competencia del
juez de segunda instancia a tal punto que puede decidir sin limitación alguna, esto solo
ocurre cuando la providencia haya sido apelada por ambas partes, y los recursos
interpuestos comprendan la totalidad de la decisión21. Distinto a lo que ocurría en la
legislación procesal anterior que facultaba al superior a resolver sin limitaciones
siempre que ambas partes hubieran apelado.

41. Así pues, expresó que la exigencia de apelar toda la sentencia, para efectos de
los límites del superior, está ligada al principio de congruencia dispuesto en el artículo
281 del CGP. En estos términos, le pidió a esta corporación que revise la sentencia del
19 de septiembre de 2019 y, en su reemplazo, dicte una nueva en la cual confirme el
fallo de primera instancia que incluyó el subsidio familiar en su asignación de retiro.

21
Para explicar que los recursos de apelación interpuestos en contra de la decisión de primera instancia no
cuestionaron el punto relativo al subsido familiar, el señor Tegue Balanta indicó que apeló el reajuste del 20%, al
igual que lo hizo CREMIL, y la prescripción trienal, de manera que «[…] ninguna de las partes controvirtió lo decidido
frente al reajuste de la prima de antigüedad y el reconocimiento del subsidio familiar en la asignación de retiro del
actor». Pese a que el recurrente hizo referencia a la prima de antigüedad, la Sala considera que los reparos del
recurso extraordinario de revisión están enfocados en la falta de competencia del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca para modificar la decisión de primera instancia en cuanto al reconocimiento del subsidio familiar, ya que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo de primera instancia en lo relativo a la prima de
antigüedad.

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1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

42. Esta corporación admitió el recurso en auto del 30 de septiembre de 202122,
ordenó la notificación personal a CREMIL, al Ministerio Público y le reconoció
personería a la abogada del demandante.

43. Pese a que el auto admisorio fue debidamente notificado a CREMIL, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado23, ninguna de estas
entidades intervino en la oportunidad procesal.

44. A través de auto, el 1 de septiembre de 202224, se incorporaron como pruebas
los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión. A su vez, se solicitó
a CREMIL que constituyera apoderado judicial dentro del presente trámite; se
rechazaron por inútiles las pruebas que solicitó la parte recurrente y se prescindió del
máximo período probatorio.

45. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado libró el oficio núm.
9209 del 10 de noviembre de 202225 dirigido a CREMIL, en cumplimiento de la orden
emitida en el auto del 1 de septiembre de 2022. Esta gestión, se reiteró por secretaría
a través de los oficios núms. 1661 del 29 de marzo de 202326 y 2575 del 2 de mayo de
202327.

46. CREMIL allegó poder el 27 de junio de 2023 para actuar dentro del proceso de
la referencia28.

47. El expediente ingresó al despacho para fallo el 5 de julio de 202329.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

48. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Jairo Marcial Tegue Balanta contra la sentencia del 19 de septiembre
de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA30.

22
Samai, índice 5, 12_QUEADMITE(.DOCX) NroActua 5.
23
Samai, índice 10, 15_ENVIODENOTIFICACION_ACUSORECI_30802020ACUSORECI(.pdf) NroActua 10.
24
Samai, índice 12, 17_AUTOQUEPRESCINDEDEACTUACIONPROCESAL(.doc) NroActua 12.
25
Samai, índice 17, 20_OFICIOQUEDACUMPLIMIENTOAUNAPROVIDENCIA_30802020(.pdf) NroActua 17.
26
Samai, índice 18, 22_OFICIOREQUIRIENDO_OFICIONO1661(.docx) NroActua 18.
27
Samai, índice 19, 24_OFICIOREQUIRIENDO_REQUIRIEND_OFICIO2575(.docx) NroActua 19.
28
Samai, índice 20, 28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODER20200100600(.pdf)
NroActua 20.
29
Samai, índice 22.
30
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

10

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2.2. Oportunidad

49. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 19 de septiembre de 2019, se
notificó el 29 de octubre de 201931 y quedó ejecutoriada el 1 de noviembre del mismo
año, en aplicación de lo previsto en el artículo 302 del CGP. Así las cosas, como el
señor Jairo Marcial Tegue Balanta interpuso el recurso extraordinario de revisión el 29
de octubre de 202032, según la anotación realizada en el índice 2 del expediente digital
que obra en SAMAI, su radicación fue oportuna dentro del término dispuesto por el
artículo 251 del CPACA33.

2.3. Legitimación en la causa

50. Jairo Marcial Tegue Balanta y CREMIL están legitimados en la causa para ser
partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y
demandado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problema jurídico

51. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 19 de septiembre de 2019. En particular,
deberá precisar si en el caso en concreto se configura la causal de revisión dispuesta
en el numeral 5, del artículo 250, del CPACA, relativa a que exista nulidad en la
sentencia que puso fin al proceso, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca se pronunció sobre la pretensión del reconocimiento del subsidio
familiar, pese a que, según se dice en el recurso, no fue un aspecto objeto de reproche
por las partes apelantes en el trámite de la segunda instancia.

52. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance
de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista
nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se pronunciará en torno al principio
de congruencia; en cuarto lugar, abordará el caso concreto; y, por último, decidirá sobre
la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

53. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una

31
Samai, índice 2, DemandaWeb-Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 2, folio 87.
32
Anotación que obra en el índice 2 de Samai: «Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 590,
fecha de presentación: 29/10/2020 11:47:12, anexos remitidos:4 secuencia de reparto:». Esta misma fecha consta
en el acta de reparto. Samai, índice 3, 2ED-02 ACTA DE REPARTO.pdf(.pdf) NroActua 3.
33
«El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

11

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excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA34.

54. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA35, para casos en que la decisión judicial
está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre
otros36.

55. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»37.

56. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

57. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»38.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»39.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

58. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
39
Ibidem

12

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59. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso
fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de
apelación»40.

60. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

61. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP41. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.

62. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen
las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que
debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo
142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»42.

63. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»43.

64. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en
la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales
que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.

40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
41
Antes el artículo 140 del CPC.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

13

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65. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales44:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso45.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación46.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus47.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia48.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso49; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado50.

66. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»51.

44
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
45
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
46
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
48
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
49
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
51
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.

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67. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»52, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Principio de congruencia

68. El artículo 281 del CGP, que regula el principio de congruencia, establece que:

La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.

69. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra petita),
que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o que omita
referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra petita). Todos
estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en términos de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional53.

70. Ahora bien, esta Subsección del Consejo de Estado ha identificado que el
principio de congruencia se concreta en dos escenarios, a saber:

Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte
motiva de la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de
existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente
a su nulidad54.

52
Ibidem.
53
Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de junio de 2024, exp. 1001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).

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71. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los reparos
puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de primera
instancia sea revocada o reformada. De ahí que, el recurso de apelación se propondrá
en lo desfavorable a la parte, por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado
no podrá afectarse el principio de la non reformatio in pejus.

72. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del juez
de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos propuestos por
el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso, que
estén íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»55.

2.8. Caso concreto

73. Jairo Marcial Tegue Balanta invocó la causal de revisión prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA sustentada en que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca violó el principio de congruencia, al pronunciarse frente a la pretensión atinente
al reconocimiento del subsidio familiar, pese a que no fue objeto de reparo puntual en
los recursos de apelación interpuestos.

74. En este sentido, el señor Tegue Balanta indicó que la competencia del superior
estaba limitada por los motivos de inconformidad expresamente sustentados por las
partes apelantes, en aplicación de lo establecido por los artículos 320 y 328 del CGP;
de modo que, como en su caso en particular los dos extremos del proceso apelaron la
sentencia de primera instancia únicamente en lo relacionado con la negativa a ordenar
el reajuste del 20% del salario, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no podía
abordar el estudio del subsidio familiar.

75. Así pues, la Sala considera que el fundamento del recurso extraordinario de
revisión en estudio radica en una causal de revisión dispuesta en el ordenamiento
jurídico y sobre la cual existe un desarrollo jurisprudencial consolidado, referida a la
nulidad originada en la sentencia por violación del principio de congruencia, a partir de
una aparente falta de competencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para
decidir aspectos conforme a los límites que le asistían como juez de segunda instancia.
En otras palabras, el recurrente cuestionó la congruencia externa de la decisión56.

55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03-
15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
56
Aunque el recurrente indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tenía competencia, a tal punto
que citó una decisión según la cual la nulidad procedía por falta de jurisdicción o de competencia, también afirmó
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inobservó el principio de congruencia. Por lo cual, la Sala
interpreta que sus reparos se subsumen en una incongruencia externa de la decisión y la mención a la falta de
competencia se hace sobre la base de los límites que tiene el juez de la segunda instancia.

16

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Recurrente: Jairo Marcial Tegue Balanta

76. La supuesta nulidad alegada por la parte recurrente se habría originado en la
sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de forma
tal que el demandante no tuvo otra oportunidad para controvertir la decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, aunado a que contra esta no procede apelación
porque es una sentencia de segunda instancia.

77. Ahora bien, la Sala encuentra que el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali
en la sentencia del 19 de septiembre de 2017, afirmó que aunque el Decreto 4433 de
2004 no reguló taxativamente la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro
de los soldados profesionales, esta omisión normativa violaba la igualdad respecto de
otros integrantes de las fuerzas militares como los oficiales y suboficiales, razón por la
cual accedió a este reconocimiento en favor de Jairo Marcial Tegue Balanta, quien
percibió este beneficio durante su servicio.

78. Tanto la parte demandante como la demandada interpusieron recursos de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La parte demandante apeló
la negativa del 20% del reajuste del salario y la prescripción. CREMIL, por su parte,
adujo que aplicó las disposiciones normativas vigentes, que atendió el contenido de la
hoja de servicios, que carecía de legitimación en la causa por pasiva y que los actos
administrativos no eran nulos por falsa motivación.

79. Para el efecto, la entidad argumentó, en el recurso, que el reconocimiento de la
asignación de retiro del señor Tegue Balanta estuvo acorde con la información
contenida en la hoja de servicios expedida por el Ministerio de Defensa, que para su
caso en concreto incluyó la prima de antigüedad y el salario básico, de lo cual se extrae
que el subsidio familiar no había quedado incorporado en este documento que calificó
como el idóneo para la liquidación de la asignación de retiro.

80. En línea con lo anterior, manifestó que el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004
dispone las partidas computables en la asignación de retiro para el personal de las
fuerzas militares, que para el caso de los soldados profesionales están comprendidas
por el salario mensual de acuerdo con el inciso 1 del artículo 1 del Decreto-Ley 1794
del 2000 y la prima de antigüedad, con exclusión del subsidio familiar. De ahí que,
consideró que no podía darles un alcance distinto a las disposiciones aplicables y que
los actos administrativos no podían anularse y debían negarse las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

81. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 19 de
septiembre de 2019, acogió los argumentos de la entidad y revocó la inclusión del
subsidio familiar, al considerar que el señor Tegue Balanta no tenía derecho a esta
partida computable, ya que se le reconoció su asignación de retiro el 20 de agosto de

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2010, esto es, antes de julio de 2014, con fundamento en la segunda regla adoptada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 201957.

82. De ahí que, contrario a lo manifestado por el recurrente, CREMIL no limitó sus
argumentos a la negativa del 20% del reajuste del salario, en aplicación del artículo 1
del Decreto-Ley 1794 del 2000, y a la prescripción. Por el contrario, CREMIL, en su
recurso de apelación, precisó que la liquidación de la asignación de retiro del
demandante había respetado la normatividad vigente, entre ellos, el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004 que regula la asignación de retiro de los soldados profesionales
y su fórmula para liquidarla.

83. Asimismo, afirmó que de conformidad con la hoja de servicios únicamente se
incluyeron como partidas computables el sueldo básico y la prima de antigüedad
entendiendo con esto que el reconocimiento debía excluir cualquier otra partida que no
estuviera prevista expresamente, como el subsidio familiar.

84. En estos términos, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estaba
habilitado para emitir un pronunciamiento frente al subsidio familiar, dada la discusión
en torno a si era o no una partida computable para la asignación de retiro de los
soldados profesionales. Fue así como esa corporación judicial, en sentencia del 19 de
septiembre de 2019, trajo a colación las consideraciones de la Sala Plena de esta
Sección del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 25 de abril de 201958,
para señalar lo siguiente:

[…] 2. Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al
mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación
de esa prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto como tal.” 59

85. De esta forma, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca recalcó que,
aunque el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de agosto de 201660, unificó su
criterio en cuanto al reajuste salarial y prestacional de los soldados voluntarios que
con posterioridad fueran incorporados como profesionales, solo fue con la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019 que esta Sección de la corporación trató el
asunto de cara al reconocimiento de la asignación de retiro de los soldados
profesionales.

86. Al punto, es importante destacar que la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado precisó lo siguiente frente a los
efectos de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019:

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019,
exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16)CE-SUJ2-015-19.
58
Ibidem.
59
Ibidem. Transcrito textualmente con errores.
60
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto
de 2016, exp. 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-15) CE-SUJ2-003-16.

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Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación,
constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de
la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia
de unificación son retroactivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia61.

87. En estos términos, la providencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dio aplicación a las reglas jurídicas definidas en una sentencia de
unificación que goza de efectos inmediatos para los casos pendientes de solución,
dada la obligatoriedad del precedente.

88. Finalmente, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no es una
oportunidad para que la parte recurrente cuestione el contenido de la sentencia de
segunda instancia que revocó un aspecto reconocido en primera instancia, cuando
de lo visto está demostrado que el fallo fue proferido dentro del marco de competencia
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según los cargos incorporados en los
recursos de apelación y la jurisprudencia aplicable.

89. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo estudio no se
configuró la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
ya que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tenía competencia para
pronunciarse frente a la inclusión del subsidio familiar como partida computable en la
asignación de retiro, en armonía con el principio de congruencia externa de la
decisión. Por tanto, este recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.

2.9. Reconocimiento de personería

90. El director y representante legal de CREMIL le confirió poder al abogado Luis
Alberto Pérez Villamarín62, identificado con cédula de ciudadanía núm. 94.541.265
de Cali y portador de la tarjeta profesional núm. 225.567 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar en representación de la entidad dentro del proceso de la
referencia, según obra en los índices 20 y 21 de SAMAI.

61
Esta decisión estuvo respaldada en la siguiente motivación: «287. Ahora bien, en el sub examine, es importante
anotar que la tesis aquí expuesta no implica un cambio de jurisprudencia. Por el contrario, se trata de materias
sobre las cuales se está sentando jurisprudencia y, adicionalmente, no se observa que con las reglas acá
establecidas se esté restringiendo el acceso a la administración de justicia, o se configure alguna de las hipótesis
referidas anteriormente, por lo que no se advierte la necesidad de dar efectos prospectivos al precedente que
constituye esta decisión. 288. Por lo anterior, se considera que las reglas de unificación contenidas en esta
sentencia deben aplicarse de manera retroactiva a todos los casos pendientes de discusión tanto en vía
administrativa como en vía judicial. […]». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16)CE-SUJ2-015-19.
62
Leonardo Pinto Morales fue nombrado director general de CREMIL en la Resolución 195 del 10 de febrero de
2020. Tomó posesión del cargo el 12 de febrero de 2020. De conformidad con la Resolución número 30 del 4 de
enero de 2013, los representantes legales podrán delegar asuntos materia de su competencia y el director de
CREMIL podrá reasumir en cualquier tiempo su competencia. Así pues, según el acuerdo 08 de 2002, al director
general de CREMIL le corresponde, entre otras, la función de constituir apoderados para la representación judicial
de la entidad. Estos documentos obran en los índices 20 y 21 de Samai.

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91. Como este poder reúne los requisitos legales63, la Sala le reconocerá personería
al citado abogado para actuar en los términos y para los efectos del poder otorgado.64

2.10. Costas

92. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario65 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe66.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Jairo Marcial Tegue Balanta en contra de la sentencia proferida el 19 de septiembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Luis Alberto Pérez Villamarín,
identificado con cédula de ciudadanía núm. 94.541.265 de Cali y portador de la tarjeta
profesional núm. 225.567 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como

63
El poder fue otorgado en vigencia de la Ley 2213 de 2022, por lo cual no se exige presentación personal o
reconocimiento y este se presume legal. El poder fue enviado por correo electrónico por parte de Leonardo Pinto
Morales, en su condición de director general de CREMIL, al abogado Luis Alberto Pérez Villamarín, a la dirección
de notificaciones laperez@cremil.gov.co, desde la cual este último remitió el poder a este trámite judicial.
64
Samai, índice 20, 28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODER20200100600(.pdf)
NroActua 20 y 27_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_LUISALBERTO(.pdf)
NroActua 20.
65
La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
66
Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

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apoderado de CREMIL dentro del proceso de la referencia en los términos y para los
efectos del poder que se encuentra en los índices 20 y 21 de SAMAI.
TERCERO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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