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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05032-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05032-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de tutela del 15 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05032-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05032-01
Demandante GERARDO GASTÓN CASTILLO RODRÍGUEZ Y SOCIEDAD
PROTECCIÓN AGRÍCOLA S.A PROTAG (EN REESTRUCTURACIÓN)
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad. Relevancia constitucional. Medio de control de
reparación directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Gerardo Gastón Castillo Rodríguez,
en nombre propio y como representante legal de la sociedad Protección Agrícola
S.A (en reestructuración) contra el fallo de tutela del 15 de septiembre de 2025,
proferido por la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado, en el que
se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, en calidad de representante legal de la sociedad
Protección Agrícola S.A. (en acuerdo de reestructuración) contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vinculación de los señores William Acevedo Velásquez,
Alejandro Gustavo Castillo Freyle, Manuel Antonio Jiménez, Joaquín Pablo Rincón Suárez y
Alexis Cifuentes González, extrabajadores de la empresa Protección Agrícola S.A., como
terceros interesados en las resultas del proceso».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de agosto de 20251, Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, en nombre propio y
como representante de legal de la sociedad Protección Agrícola SA. PROTAG (en
acuerdo de reestructuración), interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la tutela judicial efectiva, con
ocasión de la expedición de la sentencia del 10 de octubre de 2024 y del auto del 7
de febrero de 2025, en el proceso de reparación directa identificado con el radicado
No. 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62.247).

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Primera: Que se declare la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso
(artículo 29, Constitución Política), al trabajo (artículos 25, 53 y 334, Constitución Política) y a
la tutela judicial efectiva con ocasión de la expedición de la Sentencia de 10 de octubre de
2024 y del Auto de 7 de febrero de 2025; ambas providencias proferidas por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Las decisiones judiciales cuestionadas
desconocen los fallos constitucionales ejecutoriados que ampararon los derechos
fundamentales de los trabajadores de fechas 12 de marzo de 2013 y 22 de abril de 2015.

1
SAMAI, índice No. 2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05032-01
Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

Segunda: Que se declare que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la Sentencia de 10 de octubre de 2024 y en el Auto de 7 de febrero de 2025, con ponencia
del Consejero Alberto Montaña Plata, incurrió en los defectos: (i) fáctico; (ii) decisión sin
motivación; y (iii) defecto sustantivo o material.
Tercera: Que se ordene a la Sección Tercera del Consejo de Estado que deje sin efectos la
Sentencia de 10 de octubre de 2024 y el Auto de 7 de febrero de 2025 y, en su lugar, profiera
una nueva decisión sin incurrir en las irregularidades expuestas en la presente acción de
tutela, advertidas a esa autoridad judicial en la oportunidad procesal pertinente»2.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La sociedad Protección Agrícola S.A. PROTAG (en acuerdo de reestructuración)
y su representante legal (Gerardo Gastón Castillo Rodríguez), interpusieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
superintendencia de Sociedades, por un presunto error jurisdiccional y por
haber incumplido con unas decisiones proferidas en sede de tutela en el marco
del proceso de reestructuración y liquidación de la mencionada compañía, a
través de las cuales se ampararon los derechos de los empleados de la
sociedad.

Los accionantes consideraron que la entidad demandada ordenó de forma
arbitraria e injustificada la liquidación de la empresa, sin agotar el
procedimiento legal previsto para tal fin y, por sustentar su decisión en
acreencias que se encontraban en discusión, que no estaban probadas, lo cual
catalogó como un error judicial.

Asimismo, se alegó un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia por parte de la autoridad accionada, al desacatar los fallos de tutela
que le ordenaron revertir el proceso liquidatario, con lo cual prolongó el daño
ocasionado.

2.2. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-36-000-2015-02358-00 y su
conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B que, mediante sentencia del 20 de junio de
2018, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a
Superintendencia de Sociedades por el daño antijurídico causado a los
demandantes, por lo que la condenó, por concepto de daño emergente en
favor del señor Gerardo Gastón Castillo, al pago de $506.160.186 y, en favor
de PROTAG, por $29.890.638.519; además, condenó en costas a la
demandada por $30.309.799 y compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría
General de la Nación, por las conductas desplegadas por los funcionarios de
la entidad accionada.

2.3. Tanto las partes como la agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
presentaron recursos de apelación en contra de la anterior decisión, los cuales
resolvió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 10 de octubre de 2024, al modificar el fallo de primera
instancia, porque si bien declaró la responsabilidad de la entidad por el error
en el que incurrió en el auto del 29 de enero de 2013, a través del cual ordenó
la liquidación de PROTAG, consideró que al dejar sin efectos esta providencia,
devolver los bienes y levantar los embargos, la demandada dio cumplimiento
a lo ordenado por los jueces de tutela.

En ese contexto, la condenó al pago de $71.899.511,92 en favor de Gerardo
Gastón Castillo Rodríguez, por concepto de lucro cesante y estableció que se
promoviera un incidente de liquidación de perjuicios para determinar el monto
2
Página 15 del escrito de tutela. SAMAI de primera instancia, índice 2.
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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

del lucro cesante en favor de empresa demandante, por los 37 días que debió
suspender sus actividades. De igual forma, la autoridad judicial accionada
negó las demás pretensiones de la demanda.

2.4. La anterior decisión contó con un salvamento parcial de voto por parte del
magistrado Fredy Ibarra Martínez, que planteó que si bien compartía el sentido
de la sentencia, consideró que también se produjo una falla en el servicio por
el incumplimiento del fallo de tutela, en tanto que, incluso, la Superintendencia
de Sociedades fue sancionada en el trámite del incidente de desacato
adelantado en el marco de la acción constitucional iniciada por los accionantes
para revertir los efectos de la liquidación y, de igual forma, a su parecer, no se
debió condenar al pago de perjuicios porque no estaban demostrados.

2.5. El 18 de noviembre de 2024, la parte actora presentó solicitud de aclaración y
adición del fallo para que se precisaran las razones que sirvieron de
fundamento para desconocer el incidente de desacato promovido en el trámite
de la acción de tutela en contra de la Superintendencia de Sociedades y, por
otra parte, solicitaron que se adicionara el salvamento de voto a la sentencia,
en tanto que no se había integrado al texto principal.

2.6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 7 de
febrero de 2025, negó la solicitud de aclaración y adición presentada por la
demandante, al advertir que lo pretendido era discutir la valoración probatoria
realizada por la Sala, en tanto que en el fallo se explicó con suficiencia y
claridad por qué la decisión del incidente de desacato no implicó una
responsabilidad extendida en el tiempo para la superintendencia. Por su parte,
respecto del salvamento de voto, se indicó que este no integraba la sentencia
y, además, se comunicó a las partes de manera oportuna, por lo que no advirtió
ninguna irregularidad procesal sobre este asunto.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora argumentó que la controversia planteada revestía de relevancia
constitucional en tanto que se relacionó, de forma directa, con la protección efectiva
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia. Adicionalmente, indicó que las providencias cuestionadas limitaron
injustificadamente el reconocimiento de perjuicios a los accionantes, desconociendo
con ello lo resuelto a través del incidente de desacato en contra de la entidad
accionada y, a su vez, señaló que se pasó por alto la valoración de pruebas
relevantes y se omitió hacer un pronunciamiento sobre los efectos prolongados del
incumplimiento de las sentencias de tutela previamente proferidas en relación con
el tema en discusión.

A juicio de los accionantes, el debate propuesto es de orden constitucional, al
referirse al alcance de las órdenes de tutela y el deber de acatamiento por parte de
las autoridades administrativas, porque con la decisión de limitar la responsabilidad
estatal a un período de 37 días se desconocieron los efectos reales y continuados
del incumplimiento de la restitución efectiva de la empresa, con lo cual se contradice
el principio de reparación integral, seguridad jurídica, prevalencia del derecho
sustancial y la supremacía de la Constitución.

De igual forma, afirmó que con el restablecimiento financiero de PROTAG permitiría
la reincorporación progresiva de los trabajadores que fueron desvinculados por
cuenta de la liquidación de la sociedad y eso también tendría incidencia en el
desarrollo social y económico de las regiones agrícolas del país, por los servicios
esenciales que desarrolla la compañía accionante.

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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

En cuanto al resto de los requisitos generales de procedibilidad, la parte actora
señaló que cumplía con la subsidiaridad, ya que agotó los medios ordinarios de
defensa judicial disponibles; así como con la inmediatez en tanto que la sentencia
del 10 de octubre de 2024 cobró ejecutoria al momento de la notificación del auto
del 7 de febrero de 2025, realizada por estado del 24 de febrero del mismo año y
por correo electrónico del 6 de abril de 2025; de igual forma, indicó que en el caso
en concreto existió una irregularidad procesal con efectos sustanciales frente al
sentido del fallo, adujo que presentó los hechos que dieron lugar a la vulneración de
sus derechos de forma clara, coherente y justificada y, finalmente, precisó que el
amparo solicitado no se dirigía en contra de un fallo de tutela. Frente a los requisitos especiales, el accionante sostuvo que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico, por realizar una indebida valoración del
acervo probatorio, al omitir apreciar pruebas relevantes o valorar de manera
arbitraria los elementos probatorios obrantes en el expediente. A su juicio, se
desconocieron pruebas que daban cuenta de la existencia de un daño prolongado
imputable a la entidad demandada, causado por la indebida apertura del proceso
de liquidación judicial de PROTAG y el incumplimiento de los fallos de tutela
proferidos en el 2013, cuya inobservancia se confirmó en el 2015, 2018 y 2019,
mediante un incidente de desacato. Se expuso que en las providencias cuestionadas se omitió valorar adecuadamente
los dictámenes periciales y demás pruebas documentales que daban cuenta de las
pérdidas materiales, la desactivación de las operaciones empresariales, la pérdida
de clientes, proveedores y cupos de crédito internacionales, así como los perjuicios
sufridos por los accionantes y trabajadores, por los despidos que realizó la entidad
accionada a través del liquidador. De manera particular, indicó que se valoraron de
forma fragmentada las decisiones judiciales que sancionaron el desacato, la prueba
pericial sobre el lucro cesante y el daño emergente, las comunicaciones de los
proveedores y entidades financieras, así como los testimonios sobre la parálisis
operativa de la empresa luego del 14 de marzo de 2013. La parte actora manifestó que las órdenes judiciales de restitución efectiva de la
empresa no se materializaron y que la omisión al valorar adecuadamente ese hecho
constituyo un defecto fáctico, en tanto que se ignoraron pruebas claras y
contundentes dirigidas a demostrar que la compañía no volvió a operar, que perdió
su capacidad financiera, su red de proveedores, sus clientes internacionales, su
equipo de trabajo y sus activos físicos. A su parecer, estas pruebas no fueron refutadas y se excluyeron sin una justificación
razonable en el fallo objeto de cuestionamiento, con el argumento de que la
empresa debía asumir las consecuencias del auto de liquidación por estar en
proceso de reestructuración, en tanto que dicha situación conllevaba riesgos
inherentes, de ahí que solo se limitara la condena impuesta a un lapso de 37 días,
sin tener en cuenta el daño continuado. El accionante afirmó que la Sección Tercera del Consejo de Estado soportó su
decisión en un testimonio que careció de objetividad, debido a que Luis Fernando
Alvarado Ortiz fungió como liquidador judicial de PROTAG, por lo que tenía un interés
directo en el resultado del litigio, al existir en su contra una investigación disciplinaria
derivada de su gestión como auxiliar de la justicia en el mismo proceso de
liquidación, aunado a que su declaración presentaba contradicciones sustanciales
que afectaban su credibilidad.

De otra parte, la parte actora sostuvo que en las providencias cuestionadas se
adoptó una decisión sin motivación en cuanto a la negativa del reconocimiento de
los perjuicios reclamados, en tanto que la autoridad judicial accionada se limitó a
afirmar que no existía prueba directa del daño, sin realizar una valoración sustantiva
y razonada del contenido del peritaje, del cual, a su juicio, se desprendía con
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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

claridad la proyección de ingresos y la cuantificación detallada de las pérdidas
sufridas por la empresa como consecuencia de la liquidación, la terminación de las
relaciones comerciales, la pérdida de los cupos de crédito y la imposibilidad de
ejecutar contratos de exclusividad internacional y, de igual forma, se afirmó que no
se analizó la afectación económica sufrida por el señor Castillo Rodríguez, derivada
de su despido sin cumplimiento del fallo de tutela, cuyas consecuencias fueron
también objeto de cuantificación en el mismo dictamen.
Frente a este punto, adujo el accionante que la autoridad judicial accionada omitió
pronunciarse sobre el hecho notorio del desacato a la sentencia de tutela y su
relación con la configuración del daño antijurídico, lo cual fue reconocido en el
salvamento de voto que se profirió respecto de la sentencia del 10 de octubre de
2024, lo cual, según se indicó, demuestra la necesidad de realizar una motivación
más profunda sobre los efectos jurídicos del incumplimiento de la orden
constitucional de reintegro de los trabajadores y, de no ser así, se estaría
vulnerando el principio de congruencia, suficiencia y razonabilidad de las decisiones
judiciales.
Adicionalmente, la parte actora señaló que se configuró un defecto sustancial por
la indebida aplicación de los artículos 65 y 69 de la Ley 270 de 1996 y el capítulo
VIII de la Ley 1116 de 2006, porque la decisión que ordenó la liquidación de PROTAG
adoleció de un error jurídico de fondo, al haberse fundamentado en una
interpretación equivocada del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1116 de 2006.
En la demanda se afirmó que el referido defecto se manifestó porque la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado desatendió el verdadero alcance del
fallo de tutela que se profirió previamente sobre el asunto y el marco normativo que
regula el cumplimiento de las sentencias judiciales. Así las cosas, planteó que, de
conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia T-254 de
2014, el juez de tutela que tramita el incidente de desacato está facultado para
ajustar las órdenes previamente impartidas, siempre que ello sea necesario para
garantizar el cumplimiento efectivo del fallo y el restablecimiento de los derechos
fundamentales, por lo que, contrario a lo previsto en la decisión cuestionada, a su
parecer, la superintendencia debía reintegrar a los trabajadores y adoptar las
medidas necesarias para restituir la empresa a sus propietarios, tal como se ordenó
en el incidente de desacato.
También expuso que la conducta desplegada por el liquidador designado por la
Superintendencia de Sociedades al omitir reintegrar la sociedad en las condiciones
previas al inicio del proceso de liquidación se constituyó en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que esa desatención no se
debió a una imposibilidad material o jurídica de acatar lo ordenado sino en una
interpretación unilateral del referido agente y contraria al sentido del fallo de tutela.
De otra parte, se advirtió que la autoridad judicial accionada había incurrido en un
defecto sustancial por la aplicación indebida de los principios de buena fe y
confianza legítima al negar la plena reparación de los perjuicios ocasionados a
PROTAG, a pesar de que existían decisiones judiciales de carácter constitucional
que ordenaban la restitución de la compañía en unas condiciones específicas, sin
que eso se hubiese cumplido por parte de la Superintendencia de Sociedades,
trayendo como consecuencia la imposibilidad de continuar con el desarrollo efectivo.
A juicio de la parte actora, ese desconocimiento fue contrario a la finalidad del fallo
de tutela y perpetuó la afectación de los derechos fundamentales que se buscaba
proteger.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto del 21 de agosto de 2025, el despacho ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Gerardo Gastón Castillo
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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
También vinculó, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, a la Superintendencia de
Sociedades, al Ministerio Público, a Carlos Ariel López Moyano y a los demás
intervinientes dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado No. 25000-23-36-000-2015-02358-00/01/02.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por conducto del
ponente de la decisión cuestionada, manifestó que la providencia proferida
contenía los elementos y argumentos necesarios para que el juez de la acción
de tutela adoptara la decisión correspondiente.

4.3. La Superintendencia de Sociedades, a través de la Coordinadora del Grupo
de Defensa Judicial, solicitó se deniegue la acción de tutela al no cumplir con
el requisito de inmediatez, ni tampoco estar demostrada la relevancia
constitucional, más aún cuando la decisión cuestionada se profirió por un
órgano de cierre.

En cuanto a la inmediatez, la entidad sostuvo que la razonabilidad del término
para establecer el cumplimiento de este requisito debía contabilizarse desde
la fecha de la notificación de la sentencia del 10 de octubre de 2024 y no desde
el auto de aclaración del 7 de febrero de 2025, en tanto que los cargos de la
tutela se refieren al contenido del fallo y no de la providencia aclaratoria.

De igual forma, recordó que por el fallo de primera instancia dictado en el
proceso de reparación directa No. 25000-23-36-000-2015-02358-01, con
ponencia del magistrado Carlos Vargas Bautista, este fue acusado por el delito
de cohecho propio, ya que, con el fin de favorecer los intereses de los
demandantes en el proceso de la referencia, la abogada Eslava Montes,
recibió a nombre del mencionado magistrado un automóvil Mercedes Benz y
un apartamento en Mosquera, esto según lo señalado en el expediente penal.

4.4. Mediante correo electrónico, William Acevedo Velásquez, Alejandro Gustavo
Castillo Freyle, Manuel Antonio Jiménez, Joaquín Pablo Rincón Suárez y
Alexis Cifuentes González, en calidad de extrabajadores de Protag, solicitaron
ser vinculados a la acción de tutela como terceros con interés.

5. Providencia impugnada

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 15
de septiembre de 2025, negó la solicitud de vinculación de quienes se presentaron
como extrabajadores de PROTAG al no encontrar argumentación alguna que
permitiera inferir que los solicitantes tuviesen interés directo en el asunto de la
referencia o que de la sentencia cuestionada se derivara algún derecho a su favor.

En cuanto al asunto de fondo, la Sala estableció que la tutela carecía de relevancia
constitucional, en tanto que la parte actora acudió al medio de amparo como tercera
instancia para reabrir el debate procesal que ya se había surtido en dos instancias
dentro del proceso de la reparación directa, debido a que los cargos propuestos en
realidad se dirigían a cuestionar la valoración normativa y probatoria realizada por
la autoridad judicial accionada.

En el fallo de primera instancia se indicó que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, sustentó su decisión al negar las pretensiones relacionadas
con los hechos posteriores a la expedición de la providencia que dejó sin efectos la
decisión de liquidación, al encontrar que el daño no era atribuible a la entidad
demandada porque esta acreditó que realizó las gestiones bajo su competencia
para revertir los efectos de la referida liquidación, así mismo, porque la actora no
probó la supuesta falla ni las omisiones en las que incurrió la Superintendencia de
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Sociedades en el proceso de restitución de los bienes y porque en el incidente de
desacato se introdujeron nuevas órdenes no previstas en el fallo de tutela que
amparó los derechos de los trabajadores, con lo que sorprendió a la demandada
con unas obligaciones que no le eran propias.

Se precisó que si bien existió un salvamento de voto frente a la posición mayoritaria
de la Sala en la segunda instancia de la reparación directa, este no era un aspecto
que justificara la intervención del juez constitucional cuando esa postura se utilizara
para cuestionar la providencia frente a aspectos de índole legal absueltos en el fallo,
al pretender utilizar la tutela como una tercera instancia.

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que la parte
actora se limitó a presentar razones de disenso normativo con la decisión atacada;
no mostró la manera en la que se vulneró el derecho fundamental y acudió a la
acción de tutela para ventilar razones que fueron discutidas en el proceso ordinario,
para instrumentalizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia y así
prolongar el debate judicial.

Adicionalmente, se estableció que la parte actora debatía un aspecto legal y
económico del fallo, al pretender que se mantuviera en firme la declaratoria de
responsabilidad atribuida a la entidad demandada y, además, que se incrementara
el monto de la indemnización reconocida por los perjuicios ocasionados, sin que se
evidencie un asunto de índole constitucional materializado en la vulneración de
algún derecho.

6. Impugnación

El señor Gerardo Gastón Castillo Rodríguez impugnó la sentencia de primera
instancia, en tanto que consideró que, contrario a lo manifestado por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la tutela interpuesta cumplió con el
requisito de relevancia constitucional, en tanto que se relacionaron, de forma
directa, los derechos fundamentales vulnerados, en particular, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.

Indicó que el debate constitucional planteado se dirigió al alcance de las órdenes de
tutela y al deber de acatamiento por parte de las autoridades administrativas, esto,
al limitarse la responsabilidad patrimonial del Estado a un período de 37 días,
desconociendo con ello los efectos reales y continuados del incumplimiento de la
Superintendencia de Sociedades, con lo cual se transgredieron los principios de
reparación integral, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial y la
supremacía de la constitución.

Se insistió que en la acción de tutela incoada se acreditó que tanto en la sentencia
del 10 de octubre de 2024 como en el auto del 7 de febrero de 2025, proferidos por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, desconocieron los
efectos jurídicos derivados del incidente de desacato tramitado y resuelto por el
Juzgado Primero de Familia de Bogotá, con lo que se vació el contenido de las
órdenes impartidas por los jueces constitucionales.

De igual forma, se sostuvo que la restitución de PROTAG a sus representantes,
ordenada en sede de tutela, depende, en gran medida, de que se garantice una
indemnización adecuada, proporcional y oportuna, lo que, a juicio del actor, no se
materializó con lo decidido por el ad quem en el proceso de reparación directa, por
lo que no fue posible la recuperación de la capacidad operativa de la empresa y, en
ese orden de ideas, con la tutela no se pretendió abordar un asunto de mera
legalidad o de interpretación normativa sino que se buscó directamente la eficacia
del control constitucional.

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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

La parte actora señalo que era incomprensible que en el fallo de tutela de primera
instancia se desconocieran pruebas relevantes y se omitiera pronunciarse sobre
hechos determinantes del litigio, en particular, sobre el incumplimiento de las
órdenes a la Superintendencia de Sociedades frente a la restitución de PROTAG en
condiciones operativas y funcionales.

Se reiteró que en el proceso ordinario se desconocieron pruebas esenciales
aportadas por las partes como los múltiples incidentes de desacato en contra de la
Superintendencia de Sociedades y los dictámenes técnicos y financieros que
acreditaban el daño sufrido por la empresa y, además, se omitió brindar una
motivación suficiente sobre la decisión de reducir el alcance del error judicial a un
período de 37 días de inactividad de la compañía, pasando por alto el
incumplimiento de los fallos de tutela que ordenaron la restitución3

7. Trámites adicionales

7.1. Mediante memorial del 8 de octubre de 2025, Gerardo Gastón Castillo
Rodríguez solicitó que se adicionara el auto a través del cual se concedió la
impugnación, para que se incluyera que esta la presentó como persona natural
y para que se corrigiera el fallo de tutela de primera instancia, en el sentido de
señalar que la acción constitucional fue interpuesta no solo en su calidad de
representante legal de PROTAG sino también como persona natural.

Lo anterior, con el fin de que se reconociera la doble calidad en la que actuaba
dentro del proceso de la referencia desde la presentación misma del escrito
de tutela.

7.2. De conformidad con lo solicitado, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante providencia del 24 de octubre de 2025, corrigió
la sentencia del 15 de septiembre de 2025, tanto en su parte motiva como en
la resolutiva, en el sentido de incluir como demandante al señor Gerardo
Gastón Castillo Rodríguez, en calidad de persona natural, y no únicamente
como representante legal de PROTAG.

7.3. De igual forma, mediante auto del 4 de noviembre de 2025, el despacho
ponente de primera instancia corrigió la providencia del 1° de octubre de la
misma anualidad, al incluir también como impugnante al señor Gerardo Gastón
Castillo Rodríguez, en calidad de persona natural.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3
Se precisa que si bien los señores William Acevedo Velásquez, Alejandro Gustavo Castillo Freyle, Manuel Antonio
Jiménez, Joaquín Pablo Rincón Suárez y Alexis Cifuentes González presentaron también impugnación en contra del fallo
de primera instancia, en particular por la no aceptación de su vinculación como terceros con interés, mediante auto del 1°
de octubre de 2025, el despacho del conejero ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
la rechazó por improcedente, ante la falta de legitimación en la causa por activa de los recurrentes.
4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
8

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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente
la tutela, por considerar que no se encontró satisfecho el requisito de la relevancia
constitucional.

En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de
procedibilidad, se determinará si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la expedición de la sentencia del 10 de octubre de 2024 y
del auto del 7 de febrero de 2025, en el proceso de reparación directa identificado
con el radicado No. 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62.247).

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
9

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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”8. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, acceda a sus
pretensiones.

4.2. Descendiendo al caso en concreto, se destaca que tanto en la sentencia de
primera como de segunda instancia del proceso de reparación directa, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y
el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, respectivamente,
encontraron responsable a la Superintendencia de Sociedades por los daños
causados a PROTAG y al señor Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, como
consecuencia de un indebido inicio de un proceso de liquidación de la

8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.
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Demandante: Gerardo Gastón Castillo Rodríguez

compañía. No obstante, las autoridades judiciales difirieron en el alcance de
los perjuicios, en tanto que, el a quo realizó un cálculo teniendo en cuenta unos
supuestos efectos prolongados en el tiempo al considerar que la entidad
demandada no había cumplido con la orden de restitución de la sociedad a
sus representantes, mientras que ad quem ordenó iniciar un incidente de
liquidación de perjuicios, limitando la condena a un período específico de
tiempo que consideró fue el que transcurrió entre el inicio del proceso de
liquidación y la adopción de las medidas de restitución.

4.3. Ahora bien, frente a esta última decisión es que la parte actora consideró que
se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, básicamente porque, a su parecer, se produjo un defecto fáctico en
cuanto a la valoración probatoria, en particular, del dictamen pericial que
aportó en el proceso ordinario para acreditar los perjuicios causados y, de igual
forma, de las decisiones judiciales proferidas en sede de tutela, en especial el
incidente de desacato en contra de la Superintendencia de Sociedades en el
que se estableció que esta entidad no había cumplido de manera íntegra con
las órdenes impartidas por el juez constitucional frente a la restitución de
PROTAG a sus representantes. Bajo este contexto, el accionante consideró que
el fallo careció de motivación al limitar la condena, y, de igual forma, afirmó
que se incurrió en un defecto sustancial por la indebida aplicación de la Ley
270 de 1996 y el capítulo VIII de la Ley 1116 de 2006, porque la decisión que
ordenó la liquidación de PROTAG adoleció de un error jurídico de fondo, al
haberse fundamentado en una interpretación equivocada de la normativa
aplicable.

4.4. De conformidad con los reparos propuestos por el actor en la demanda de
tutela antes expuestos, la Sala evidencia que, en el curso del proceso
ordinario, los jueces naturales de la controversia se refirieron, de forma directa
a esos asuntos.

Así las cosas, en el recurso de apelación presentado en contra del fallo de
reparación directa de primera instancia, también existió un cuestionamiento
frente a la valoración probatoria realizada por el a quo, de forma específica,
sobre al alcance del dictamen pericial, porque el demandante estimó que este
daba cuenta, incluso, de mayores rubros que se debían indemnizar por parte
de la Superintendencia de Sociedades; no obstante, el ad quem, abordó este
cargo y desestimó los efectos pretendidos respecto de esta prueba, con la
siguiente argumentación:
«68. Esta Sala considera que esos dictámenes, si bien constituyen un indicio de las
actividades desarrolladas por la empresa y las posibles ganancias, no permiten acreditar las
sumas que la demandada debe pagar por concepto de perjuicios materiales a PROTAG S.A.
En primer lugar, porque las actas y el informe de revisor fiscal citado por la contadora refieren
de manera general los cumplimientos e incumplimientos de la demandante respecto de sus
acreedores, pero no presentan los ingresos o ganancias que produjo la empresa. En segundo
lugar, porque los estados financieros citados no obran en el expediente y, en todo caso, la
información allí contenida está discriminada por año y, en este caso, la declaratoria de
responsabilidad se refiere a un periodo mucho menor que el allí proyectado».

De igual forma, se encuentran coincidencias de los cuestionamientos
expuestos en esta oportunidad, con lo planteado por la parte actora en la
solicitud de adición y aclaración de la sentencia de segunda instancia, en
cuanto al alcance y el efecto del incidente de desacato frente a la
indemnización de los perjuicios y la valoración de algunas de las pruebas por
parte del ad quem, lo cual también abordó la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el auto del 7 de febrero de 2025, al negar
la petición, en los siguientes términos:

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«En el caso concreto, la Sala no accederá a las solicitudes presentadas por la parte actora,
pues, por una parte, la solicitud de aclaración de las razones por las cuales “no se tuvo en
cuenta” el incidente de desacato proferido en contra de la superintendencia, en virtud del fallo
de tutela que le ordenó dejar sin efectos el auto de liquidación de la sociedad demandante y
restituir la sociedad, pretende reabrir una cuestión que fue debidamente abordada en la
sentencia…

Sobre la solicitud de aclaración de las razones por las cuales no se valoró el incidente de
desacato de la orden de tutela. La Sala negará esta solicitud porque no plantea un asunto
concreto que sea susceptible de aclaración, adición o corrección, sino que cuestiona la
valoración realizada por la Sala en el análisis del caso y sugiere una interpretación distinta
favorable a los intereses de la parte actora. En efecto, las razones expuestas en la solicitud
de aclaración y adición no versan sobre conceptos o frases que generen duda, así como
tampoco se refieren a una omisión en el estudio de un asunto de la controversia, sino sobre
el análisis probatorio realizado por la Sala.

La solicitud echa de menos una valoración del incidente de desacato, pese a que la sentencia
explica suficientemente las razones por las cuales considera que la decisión de ese incidente
no implicó una responsabilidad extendida en el tiempo para la superintendencia (párr. 40 al 46
de la sentencia de 10 de octubre de 2024). Por ello, la Subsección se limita a poner de
presente que el fallo expuso con suficiencia y claridad la razón por la cual el daño se limitó al
periodo en que la empresa demandante estuvo inactiva por cuenta de la decisión que ordenó
su liquidación, y excluyó el periodo posterior a la expedición de la providencia que dejó sin
efectos esa decisión y los actos materiales que tuvieron como finalidad retrotraer sus efectos».

4.5. Así las cosas, respecto de las razones de inconformidad que ahora son objeto
de estudio, las cuales fueron planteadas en el curso del proceso ordinario, la
Sala encuentra que el juez natural estableció que lo pretendido por el actor era
cuestionar la valoración probatoria realizada en segunda instancia, al tener
una postura interpretativa diferente y, además, precisó que, contrario a lo
señalado por este, al resolver el recurso de apelación en el proceso de
reparación directa, se analizó con suficiencia lo relacionado con el alcance y
los efectos del incidente de desacato.

Al constatar lo advertido por el ad quem, se evidencia que, en efecto, en el
fallo de reparación directa de segunda instancia se abordó de manera directa
y sustentada la valoración de los efectos del incidente de desacato, que es el
punto central sobre el que gira la controversia en esta oportunidad.

Al respecto, en el fallo cuestionado, se concluyó lo siguiente:
«44. Finalmente, si bien es cierto el juez de tutela profirió desacato en contra de la
superintendencia, por considerar que esta no había cumplido con lo ordenado en la sentencia
de tutela, lo cierto es que allí profirió órdenes que no habían sido dictadas en el fallo de tutela.
En efecto, como recomendaciones para “reactivar” la empresa y así cumplir con lo dispuesto
en el fallo, dispuso que la superintendencia debía “citar y reunir a los proveedores, acreedores,
deudores, clientes, distribuidores, representaciones, laboratorios, intermediarios financieros,
bolsa agropecuaria, entidades promotoras de salud, pensión, DIAN y acordar términos para
que la empresa pueda reiniciar sus actividades (…) reactivada la empresa, esta deberá
reintegrar a los trabajadores que así deseen hacerlo reconocidos e incluidos en la nómina
personal existente al 5 de febrero de 2013”.

45. Dicha orden, además de ser distinta a lo dispuesto en el fallo de tutela, impone a la
superintendencia la realización de gestiones que son propias de la sociedad. En todo caso,
contrario a lo alegado por la sociedad demandante, a la superintendencia nunca se le impuso
la orden de reintegrar a los trabajadores o de contratar a los proveedores, sino que reuniera a
los involucrados para que la misma sociedad realizara esas actividades que le son propias.
Lo anterior, en primer lugar, porque la superintendencia no era la empleadora ni tenía las
facultades para contratar en nombre de terceros y, en segundo lugar, porque las competencias
del liquidador habían finalizado desde el momento en que se dejó sin efectos el auto de
liquidación y se realizó entrega formal de la empresa, por lo que no tenía la posibilidad de
seguir actuando como representante de la demandante9.

9 Cita del original: Ley 1116 de 2006. “Artículo 67, Modificado por el art. 39, ley 1380 de 2010. Reglamentado por el Decreto
Nacional 1749 de 2011. Promotores o liquidadores. Al iniciar el proceso de insolvencia, el juez del concurso, según sea
el caso, designará al promotor o liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia”. En el mismo sentido, Decreto 2130 de
12

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46. En ese sentido, la Sala acoge los argumentos planteados por la superintendencia, ya que,
una vez dejado sin efectos el auto que dispuso la liquidación y oficiado a las entidades
respectivas para que la entidad dejara de estar en liquidación, los socios y representantes
debían realizar las gestiones necesarias para poner en marcha nuevamente su actividad, lo
cual implicaba, tal como lo reconoce el fallo de desacato, reintegrar a los trabajadores, porque
solo la demandante como empleadora podía realizar ese reintegro».

4.6. De otra parte, también se evidencia que en el caso objeto de estudio, la
inconformidad que sustenta la demanda de tutela radica en la limitación del
cálculo de los perjuicios que efectuó la autoridad judicial accionada, por lo que,
claramente, lo que pretende la parte actora es que se le reconozca un mayor
beneficio económico, el cual fue reducido por el juez natural de la controversia
en segunda instancia, proponiendo en este caso una discusión con una
supuesta trascendencia constitucional, para trasladar ese debate al campo de
la acción de tutela, sin que resulte procedente, en tanto que los cargos
expuestos en su demanda no denotan un real escenario de vulneración de
derechos fundamentales, sino lo que reflejan es una interpretación disímil y
contrapuesta a la planteada por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, frente a la valoración y el alcance de las pruebas
aportadas al proceso.
4.7. En consecuencia, la Sección comparte lo decidido en la tutela de primera
instancia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en tanto que la tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que el asunto no trasciende el plano meramente legal,
ya que, de fondo, lo pretendido se limita a un móvil económico que no está
directamente relacionado con la vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, así lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573
de 2019 al considerar que una de las razones por las que no se satisface el
requisito de relevancia constitucional es porque lo debatido no es más que una
cuestión meramente legal, que no impacta la garantía de derechos
fundamentales, sino patrimoniales. De igual forma se llega a esta conclusión,
dado que el amparo solicitado radica en asuntos que fueron abordados y
resueltos por el juez natural de la controversia, queriendo en este caso
cuestionarse nuevamente la valoración probatoria realizada por el ad quem.
Así las cosas, al contrastar el contenido de las providencias acusadas con los
fundamentos del escrito de tutela, se concluye que, en efecto, lo que se
pretende es trasladar la discusión propuesta en el marco del trámite de la
acción reparación directa al de la tutela, desnaturalizando con ello esta acción
constitucional contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional.
A ese respecto, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
4.8. Por tal motivo que, de manera reiterada, se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso, en tanto que la autoridad judicial accionada abordó la
valoración de las pruebas y les otorgó el efecto jurídico que consideró
pertinente, sustentando su decisión.

2015 “Artículo 2.2.2.11.1.3. Del cargo de liquidador. El liquidador es la persona natural que actúa como administrador y
representante legal de la entidad en proceso de liquidación. El liquidador deberá cumplir las cargas, deberes y
responsabilidades previstas en el Libro Segundo del Código de Comercio, la Ley 1116 de 2006 y en el presente decreto.
13

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En línea con lo expuesto, conviene recordar que, a juicio de la Corte
Constitucional, la intromisión del juez constitucional en el juicio de valoración
probatoria del fallador natural de la causa es excepcional y se restringe a los
eventos en que la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta16 pues no
es dable que la acción de tutela se convierta en una instancia revisora de la
actividad probatoria del juez o que le imponga su apreciación sobre los medios
de convicción. Esto, en procura de no afectar los principios de autonomía e
independencia judicial que adquieren significado en actos propios e intrínsecos
del juez de la causa, como la valoración de la prueba.

Al respecto, la Corte Constitucional en providencia reciente (sentencia T 018 de
2023), indicó:

«69. La libertad de la autoridad judicial para estudiar el material probatorio recaudado
hace que la intervención del juez constitucional en esa materia sea excepcional. De allí
que la Corte, siendo respetuosa de la autonomía e independencia judicial, haya sostenido
que la acción de tutela procede contra una sentencia, por incurrir en un defecto fáctico,
cuando “la irregularidad en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es
decir, de tal magnitud que incida directamente en el sentido de la decisión proferida”»
(Subraya la Sala).

En ese orden de ideas, resulta importante precisar que el requisito de
relevancia constitucional no implica un formalismo inocuo o una limitante para
el ejercicio de la esta acción constitucional, tal como lo sostuvo el accionante,
dado que los requisitos de procedibilidad de la tutela en contra de providencias
judiciales establecidos por la Corte Constitucional responden, entre otras
cosas, al carácter excepcional de este mecanismo de protección de derechos
fundamentales, lo que impone una carga mínima que debe cumplir el tutelante
para obtener el amparo requerido, lo cual no fue cumplido en este caso.

Es más, tratándose de una acción de tutela contra providencias judiciales de
altas corporaciones, el análisis del requisito de relevancia constitucional se
torna más exigente y la procedibilidad de este mecanismo judicial es aún más
restrictiva, pues se trata, en este caso, del tribunal de cierre en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y en esa línea se robustece el elemento de
especialidad del juez respecto de la causa que conoce y los principios de
independencia y autonomía. Es por ello por lo que, la jurisprudencia
constitucional exige que, para el análisis de fondo de la acción de tutela en
estos eventos, se haya identificado en la providencia cuestionada «una anomalía
de tal entidad que exija la imperiosa intervención de juez constitucional», escenario que
no se identifica en el caso concreto

Es por todo lo anterior que se reitera que la acción de tutela no supera el
requisito de relevancia constitucional en tanto la argumentación expuesta no
pretende advertir la concreción de un error en la ratio de la providencia judicial
cuestionada que afecte el derecho al debido proceso o de acceso a la
administración de justicia, sino reabrir el debate probatorio, para imponer una
tesis de interpretación y de valoración acorde con sus intereses litigiosos,
aunque sus argumentos fueron descartados de manera motivada en el curso
del proceso sub examine.

5. Conclusión

Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia
que declaró la improcedencia de la acción en razón a que lo pretendido por la parte
actora es prolongar el debate probatorio abordado de manera íntegra en el curso
del proceso ordinario y por tratarse de un asunto meramente legal, con el objeto de
favorecer sus intereses de carácter patrimonial.

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En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de tutela del 15 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La presente sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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