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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02358-02

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02358-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 20 de junio de 2018, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades por el error en el que incurrió en el auto de 29 de enero de 2013, en el cual ordenó la liquidación de la sociedad Protección Agrícola S.A. TERCERO: CONDENAR a la Superintendencia de Sociedades al pago de los perjuicios materiales causados a los demandantes, así: - A la sociedad Protección Agrícola S.A., en la modalidad de lucro cesante, que se demuestren en el respectivo incidente de liquidación de perjuicios, teniendo en cuenta los criterios expuestos en la parte considerativa de esta providencia. - A Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 71.899.511,92 CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. 38 CGP. Artículo 365. “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // (…) 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”. 24 de 25 Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247) Actor: Protección Agrícola S.A. y otro Demandado: Superintendencia de Sociedades Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia de primera instancia ______________________________________________________________________________________________________________ QUINTO: NO CONDENAR en costas. SEXTO: ORDENAR a la entidad dar cumplimiento de esta sentencia, según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA. SÉPTIMO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02358-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – error judicial – incumplimiento de sentencia de tutela
– daño causado por providencia dejada sin efectos- falla probada.

Síntesis del caso: la parte actora reclama la reparación del daño causado por el error en la
decisión emitida por la Superintendencia de Sociedades que ordenó la apertura de la
liquidación de la empresa, decisión que posteriormente fue dejada sin efectos por un juez
de tutela.

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora,
la Superintendencia de Sociedades y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en contra de la Sentencia de 20 de junio de 2018, por
medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación; 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de octubre de 2015, Protección Agrícola S.A. (en adelante Protag
S.A.)1 y Gerardo Gastón Castillo Rodríguez (representante de la sociedad)2
presentaron, en escritos separados, demanda de reparación directa en
contra de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados por el error judicial, contenido en
la providencia de 29 de enero de 2013, por medio de la cual la entidad
demandada ordenó la apertura del trámite de liquidación de la sociedad
demandante, así como por el incumplimiento de las providencias del
proceso de tutela que ampararon los derechos de los empleados de la
sociedad en mención.

2. En la demanda presentada por Protag S.A. se planteó la siguiente
pretensión declarativa (se trascribe):

“(…) se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la parte
demandada, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por la totalidad de los perjuicios
materiales y los demás causados a la demandante PROTECCION AGRÍCOLA S.A.
PROTAG S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN con ocasión del daño antijurídico
originado como derivación de la falla en el servicio en que incurrió la demandada
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por conducto de sus representantes, al ordenar
la liquidación de la empresa PROTAG S.A. el 29 de enero de 2013 junto con los demás
actos ejecutados contraviniendo normas y derechos, auto declarado judicialmente
sin valor ni efecto alguno, cobrando ejecutoria esa declaratoria de ilegalidad, según
providencia del 31 de julio de 2013 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA DE FAMILIA- notificada el 2 de agosto de 2013”.

3. En la demanda presentada por Gerardo Gastón Castillo Rodríguez se
planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“(…) se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por la totalidad de los perjuicios materiales y los
demás causados al demandante con ocasión del daño antijuridico originado a
consecuencia de la actuación negligente, proceder equivocado y gravísima
irregularidad, al operar de manera arbitraria, disponiendo la liquidación de la
sociedad PROTAG S.A., mediante auto del 29 de enero de 2013, con la consecuente
orden de despido inmediato del demandante el día 5 de febrero de 2015 por el
liquidador designado y posesionado, sin el reconocimiento de ningún recurso
económico resultante de su liquidación laboral y demás emolumentos a los que tiene
derecho por los servicios que honestamente prestó la empresa durante algo más de
17 años continuos (…) [y] por el daño antijurídico generado a consecuencia de su
negligente y omisiva gestión al no acatar debidamente las ordenes impartidas por los
jueces de tutela (…)”

4. La indemnización solicitada en ambos escritos se resume en los siguientes
valores: por una parte, a favor de Protag S.A., se solicitó el pago de
$32.000.000.000 como reparación de los perjuicios materiales en la

1 Demanda presentada por Protag S.A., folios 3 al 38 del cuaderno No. 4, y reforma a la demanda, folios 46 al 48

del cuaderno No. 4. En la reforma se solicitó la inclusión del dictamen pericial elaborado por la contadora pública
Claudia Lilian Eslava Montes y se solicitó la práctica de testimonio de la referida profesional.
2 Demanda presentada por Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, folios 3 al 32 del cuaderno No. 1, y reforma a la

demanda, folios 52 al 84 del cuaderno No. 1. En la reforma se reestructuraron las pretensiones y se adicionaron
algunas consideraciones sobre la configuración de la responsabilidad del Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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modalidad de lucro cesante y “lo que se pruebe” como compensación del
daño emergente relativo a “los valores que por concepto de
indemnizaciones laborales debió cancelar la empresa a todos y cada uno
de los trabajadores despedidos (…) junto con los rendimientos financieros
que reportaba la empresa al contar con un valor amplio en sus cupos de
crédito con los proveedores que le permitía no apalancarse del sistema
financiero”. Por otra parte, a favor del representante, se solicitó el pago de
$10.000.000.000, sin especificar el tipo de perjuicio a indemnizar.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte actora refirió, en síntesis,
los siguientes hechos:

6. 1) El 16 de junio de 1997, Protag S.A. fue constituida mediante escritura
pública 1030 de la Notaría Segunda de Zipaquirá inscrita en la cámara de
comercio el 18 de junio siguiente. La empresa tuvo por objeto la
comercialización de productos e insumos para el sector agrícola en los
departamentos de Cundinamarca, Meta, Casanare y Tolima.

7. 2) El 28 de febrero de 2006, Protag S.A. suscribió un acuerdo de
reestructuración, conforme con la Ley 1116 de 2006, en el cual se consignó
que debía culminar los pagos a los que estaba obligada a más tardar en el
año 2020. Con todo, la empresa tuvo un buen desempeño, de manera que
los pasivos que para el año 2006 ascendían a $28.412.919.000, se redujeron
a $1.437.635.000 para el año 2012.

8. 3) El 29 de enero de 2013, la Superintendencia de Sociedades ordenó la
apertura del proceso de liquidación de la sociedad Protag S.A. y, el 5 de
febrero de 2013, el liquidador tomó posesión, acudió a la sede principal de
la empresa, despidió a todos los trabajadores, cerró las sedes de la empresa
e inició la ejecución de lo ordenado por la superintendencia.

9. 4) Los empleados presentaron acción de tutela en contra de la entidad
solicitando la protección de los derechos al debido proceso y al trabajo. El
6 de marzo de 2013, el Juzgado 1 de Familia de Bogotá amparó los derechos
de los accionantes, dejó sin efectos el auto de la apertura de liquidación y
ordenó a la superintendencia hacer entrega de los bienes a la sociedad
para que continuara su funcionamiento. El 31 de julio de 2013, el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Familia, confirmó la decisión.

10. 5) La entidad no cumplió las órdenes dadas por el juez de tutela, por lo
que la parte accionante presentó un incidente de desataco, el cual fue
resuelto el 22 de abril de 2015 en contra de la superintendencia y
confirmado el 12 de mayo de 2015. Pese a ello, la parte actora afirmó que
“la empresa continúa paralizada e inactiva, sin poder desarrollar las
actividades propias del objeto social”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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11. 6) El 22 de octubre de 2013, por orden de la superintendencia, la cámara
de comercio eliminó el estado “en liquidación” e inscribió nuevamente la
anotación “en acuerdo de reestructuración” en el certificado de existencia
y representación de la sociedad.

12. En la demanda presentada por Protag S.A., la parte actora afirmó que
el cierre de la empresa ocasionó que incumpliera sus obligaciones y
perdiera los créditos y cupos que tenía con distintos proveedores, además,
el hecho desprestigió a la sociedad y generó desconfianza en bancos,
proveedores, garantes y clientes. Adicionalmente, la superintendencia se
limitó a ordenar la anotación del nuevo estado de la empresa en cámara
de comercio, pero omitió realizar “los correctivos necesarios” para
restablecer la empresa en el estado en que se encontraba previo al auto
de liquidación, no entregó materialmente la empresa “junto con todas sus
sedes real y normalmente abiertas, funcionando, con proveedores, personal
especializado, trabajadores, créditos, cupos, financiaciones y con el buen
nombre que fuera difamado con la liquidación”. Por otra parte, en la
demanda presentada por Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, el
demandante manifestó que la decisión de liquidación de la empresa
ocasionó su despido, sin recibir una liquidación por los servicios prestados
durante todos los años de trabajo.

13. Como fundamentos de la demanda, afirmó que la decisión de liquidar
la empresa fue errada y arbitraria. Señaló que la superintendencia violó el
debido proceso porque “quebrantó el acuerdo de reestructuración de
pasivos, al prescindir de las decisiones del comité de vigilancia, en la medida
que se atribuyó las funciones de ese cuerpo de vigilancia para la ejecución
del acuerdo celebrado”. También porque “fueron desatendidas por la
superintendencia y por el liquidador por ella designado, providencias
judiciales, que le ordenaron realizar todos los correctivos y gestiones
necesarias para devolver la empresa a los demandantes y obstruir el
reintegro de los muchos trabajadores”. Los demandantes son insistentes en
que la responsabilidad de la superintendencia deriva “no solo por disponer
la liquidación de la empresa, sin que existiera mérito para ello, como fue
analizado por el juez de tutela, sino porque además no se ha preocupado
por entregarla en los términos que le fue ordenado en las decisiones
judiciales”.

14. Las demandas inicialmente fueron presentadas por separado, sin
embargo, el despacho al cual correspondió el conocimiento del asunto
resolvió que las pretensiones eran acumulables, por lo que, mediante auto
de 16 de marzo de 2016, ordenó su trámite en un mismo proceso.3

3 Folios 128 al 132 del cuaderno No. 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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1.2. Posición de la parte demandada

15. La Superintendencia de Sociedades, al contestar la demanda4, se
opuso a las pretensiones. Señaló que la entidad actuó conforme con las
funciones jurisdiccionales asignadas por el artículo 6 de la Ley 1116 de 2006.
La decisión de apertura de la liquidación se fundamentó en el
incumplimiento de obligaciones del acuerdo de reestructuración y de
gastos de administración y otras irregularidades que hicieron necesaria la
intervención de la entidad con el fin de proteger la prenda general de los
acreedores y el patrimonio social de la empresa. También incumplió
obligaciones post acuerdo, las cuales son preferentes y conllevan “de pleno
derecho” la terminación del acuerdo, según lo previsto en el artículo 35 de
la Ley 550 de 1999.

16. Indicó que la entidad cumplió con lo ordenado por el juez de tutela,
toda vez que mediante Auto de 11 de marzo de 2013 dejó sin efectos la
decisión de apertura de liquidación y tomó las medidas necesarias para
restablecer la sociedad, pues remitió los oficios de desembargo a las
entidades respectivas y realizó entrega a los representantes legales de
Protag S.A. de los documentos y títulos valores que estaban bajo la custodia
del liquidador, lo cual quedó consignado en acta. Precisó que la entidad
no despidió a los trabajadores, sino que, en virtud de lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, la apertura del trámite de
liquidación implicaba la terminación de los contratos laborales. Además,
recalcó que, según lo informado por el liquidador, no se realizaron
diligencias de embargo o secuestro de bienes, y el gerente nunca entregó
los libros de contabilidad.

17. Por último, propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la
causa, toda vez que, si se produjo un daño, este era atribuible a los
representantes y directivos de la sociedad que negligentemente no
reintegraron a los trabajadores, ni activaron la actividad comercial de la
sociedad. También propuso la excepción de caducidad, toda vez que el
término oportuno empezó a correr desde la ejecutoria del auto que ordenó
la liquidación y no desde la ejecutoria de las sentencias de tutela.

1.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, mediante Sentencia de 20 de junio de 20185, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a

4 Folios 92 al 108 del cuaderno No. 4.
5 Folios 432 al 459 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por el daño antijurídico causado a la
SOCIEDAD PROTECCIÓN AGRÍCOLA S.A., y al señor GERARDO GASTÓN CASTILLO,
conforme con las consideraciones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES al pago de las
siguientes sumas de dinero:
a) Al señor Gerardo Gastón Castillo, por concepto de daño material, la suma de
quinientos seis millones ciento sesenta mil ciento ochenta y seis pesos
($506.160.186).
b) A la Sociedad Protección Agrícola S.A., por concepto de daños materiales en
modalidad de daño emergente y lucro cesante, la suma de veintinueve mil
ochocientos noventa millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos diecinueve
pesos ($29.890.638.519).
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada, por lo cual deberá
pagar a favor de la parte demandante, la suma de treinta millones trescientos
nueve mil setecientos noventa y nueve pesos ($30.309.799).
CUARTO: ORDENAR a la entidad condenada dar aplicación para el
cumplimiento de esta sentencia, a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del
CPACA.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.
SEXTO: COMPULSAR copias tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la
Procuraduría General de la Nación para que estudien la viabilidad jurídica de
adelantar las investigaciones sancionatorias y penales correspondientes,
respecto de las conductas adelantadas por los funcionarios de la
Superintendencia de Sociedades de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia”.

19. Precisó que la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales que le fueron otorgadas por el artículo 116 de la
Constitución Política, el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 5 del
CGP, incurrió en varias irregularidades al proferir el auto de apertura de
liquidación de la sociedad demandante, pues esta se encontraba en
acuerdo de reestructuración y los plazos para el pago de sus obligaciones
se extendían hasta el año 2020, es decir, para ese momento, no se
encontraban vencidos.

20. Indicó que, pese a que la superintendencia fundamentó el
incumplimiento en una denuncia presentada por Finagro, lo cierto era que,
según el comité de vigilancia, la sociedad estaba cumpliendo con los
pagos y Finagro ni siquiera hacía parte del acuerdo, además, respecto de
las demás obligaciones incumplidas, el mismo comité había otorgado un
plazo de seis meses para su pago, tal como se concluyó en el proceso de
tutela que dejó sin efectos la mencionada providencia.

21. Adicionalmente, refirió que también se acreditó el incumplimiento de los
fallos de tutela por parte de la superintendencia, toda vez que en el
expediente no obraban pruebas de que esta hubiera realizado actuaciones
“tendientes a devolver la sociedad”. Finalmente, apuntó que la entidad

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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estatal ordenó iniciar un proceso disciplinario en contra del funcionario
encargado de dar cumplimiento a las órdenes del juez de tutela, con lo cual
dejó en evidencia que conoció sobre las irregularidades que afectaron a la
sociedad demandante.

22. En ese sentido, condenó a la demandada al pago de los perjuicios
materiales ocasionados a los demandantes, así: a Gerardo Gastón Castillo
Rodríguez le reconoció $506.160.186 por concepto de liquidación de su
contrato laboral; a Protag S.A. le reconoció $29.399.000.000, por concepto
de las utilidades proyectadas desde 2013 (fecha en que se liquidó la
empresa) hasta 2020 (fecha en que finalizaba el acuerdo de
reestructuración); y $491.638.519 correspondientes a la suma que la
empresa debió pagar a los trabajadores por la terminación de los contratos
laborales.

1.4. Recurso de apelación

23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó recurso
de apelación6, en el que señaló que el auto proferido por la
Superintendencia de Sociedades que ordenó la liquidación de Protag S.A.
estuvo bien fundamentado. En efecto, Finagro tenía un crédito reconocido
en el acuerdo de reestructuración, además, en su favor operó la
subrogación legal de los créditos de otros acreedores financieros (BBVA,
Banco Agrario y Confisura). Explicó que la empresa sabía que los pagarés
de los bancos intermediarios estaban destinados a endosarse a Finagro, por
lo cual, en caso de incumplimiento (como ocurrió), la posición de los
acreedores bancarios la asumía Finagro.

24. Señaló que las subrogaciones fueron informadas el 6 de febrero de 2007
por BBVA, el 21 de febrero de 2007 por el Banco Agrario y el 4 de octubre
de 2011 por Bancolombia (Confisura), y por esa razón, en el acuerdo de
reestructuración suscrito el 28 de febrero de 2006, no aparecían dichas
obligaciones en favor de Finagro, pero, tras haberse producido la
subrogación, la obligación debía pagarse, de acuerdo con un plan de
pagos establecido en la cláusula 14 del acuerdo, semestralmente desde
2011 hasta 2020. No obstante, Protag S.A. no realizó los pagos en 2011, por
lo que Finagro informó el hecho ante la superintendencia y después de una
visita de toma de información, la entidad evidenció ese y otros
incumplimientos que motivaron la decisión de iniciar el trámite de
liquidación.

25. En ese sentido, precisó que el comité de vigilancia, integrado por
representantes de acreedores internos y externos, no tenía la facultad de

6 Folios 469 al 490 del cuaderno principal.

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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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reconocer o negar ese crédito. En los términos del artículo 24 de la Ley 550
de 1999, la subrogación “en ningún momento exige el consentimiento,
expreso o tácito, del deudor”. Además, la decisión también se fundamentó
en otros incumplimientos por parte de la empresa, entre ellos, el no pago de
créditos a la DIAN y de gastos de administración, respecto de los cuales el
comité tampoco tenía facultad para prorrogar su cumplimiento.

26. Indicó que, en todo caso, la decisión estuvo vigente muy poco tiempo.
El 20 de febrero de 2013, el Juzgado 1 de Familia de Bogotá decretó la
suspensión de los efectos del auto de liquidación; seguidamente, el 6 de
marzo de 2013, amparó los derechos de los trabajadores, por lo que, el 11
de marzo de 2013, la superintendencia cumplió la orden y dejó sin efectos
la providencia. Dos años después, los trabajadores interpusieron incidente
de desacato, por considerar que la entidad no había entregado
debidamente la empresa, a lo cual el juzgado accedió, pero,
arbitrariamente, dictó nuevas medidas que no habían sido incluidas en los
fallos de tutela y que eran de imposible cumplimiento para la
superintendencia, toda vez que no tenía la facultad de “poner la empresa
nuevamente en funcionamiento”.

27. Alegó que, si bien el auto que ordenó la liquidación fue dejado sin
efectos, eso no implicaba que la superintendencia había incurrido en un
error judicial, pues el juez de familia que resolvió la tutela no era el juez
natural del asunto. Asimismo, aunque se profirió un desacato en su contra,
ello no implicaba un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, toda vez que la entidad no tenía la capacidad de reintegrar a los
trabajadores cuyos contratos de trabajo habían terminado por ley, así como
tampoco podía restituir bienes que nunca fueron embargados o
secuestrados, pues la decisión de iniciar la liquidación se mantuvo solo por
23 días, durante los cuales no se alcanzó a ejecutar ninguna de esas
medidas. Finalmente, insistió en la caducidad de la acción.

28. La Superintendencia de Sociedades, en el recurso de apelación7, solicitó
la revocatoria de la providencia. Con argumentos similares a los planteados
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, refirió que no hubo
incumplimiento del fallo de tutela, pues la entidad retrotrajo las pocas
actuaciones realizadas por el agente liquidador, quien “no tuvo más que
una gestión formal, recibió unos documentos, y tan pronto fue notificado de
la desaparición del auto de liquidación, procedió a devolverlos”.

29. Por un parte, indicó que no se probó el daño, el tribunal no analizó si la
empresa quedó imposibilitada para seguir ejerciendo su actividad
económica, si se perdieron sus inventarios, si no podía reintegrar a sus

7 Folios 491al 543 del cuaderno principal.

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Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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trabajadores, si perdió posición en el mercado o perdió proveedores o
clientes. Además, de haberse configurado un daño, este no era atribuible a
la superintendencia, pues se produjo por culpa exclusiva de la víctima, ya
que tan pronto se dejó sin efectos el auto de liquidación, la sociedad dejó
de estar vinculada al régimen jurídico de liquidación judicial, el
representante legal reasumió sus funciones y sus órganos sociales
recuperaron sus competencias, por lo que eran ellos los llamados a
continuar con la actividad económica de la empresa. En todo caso, lo que
sí estaba probado era que la empresa se encontraba activa, tan así que el
22 de mayo de 2017 se realizó una asamblea general de accionistas para
“la renovación del término de vigencia de la sociedad Protag S.A. y reforma
de estatutos” en la cual se extendió el plazo de pagos hasta 2027.

30. Por otra parte, la condena proferida a favor del representante legal no
tenía ningún fundamento, pues este fue relevado de su cargo por decisión
de los socios, quienes eligieron nuevo representante el 12 de marzo de 2013.
Así, cualquier obligación laboral adeudada por la gestión realizada entre
1997 y 2006 (año en que se firmó el acuerdo) debió hacer parte del acuerdo
de reestructuración y aquellas causadas entre 2006 y 2013 (antes del auto
de liquidación) constituían gastos de administración que debió pagar la
sociedad. Ese mismo año, se reitera, fue retirado de su cargo, por lo que no
había nada que indemnizar.

31. Manifestó que el auto que ordenó la liquidación fue legal, pues se
fundamentó en los hallazgos de la diligencia de toma de información
realizada el 25 y 26 de octubre de 2012, en la cual se evidenció que la
sociedad se encontraba en cesación de pagos. Explicó que, Finagro fue
acreedor en el acuerdo de reestructuración, pero, además, los créditos de
otros bancos fueron subrogados a su favor, en virtud de la garantía que
aquellos tenían.

32. Finalmente, insistió en la caducidad de la acción y en la necesidad de
valorar los dictámenes aportados bajo los criterios de la sana crítica, y aclaró
que la queja disciplinaria, que según el tribunal evidenció las irregularidades
cometidas por los funcionarios que profirieron el auto de liquidación, en
realidad se fundamentó en el pago de la multa establecida en el incidente
de desacato.

33. La parte demandante también presentó recurso de apelación8, en el
que solicitó que en la indemnización por el perjuicio de daño emergente se
incluyera lo correspondiente al detrimento patrimonial que ocasionó la
pérdida de los contratos de exclusividad que tenía con la firma española
Chemical Trichodex y la pérdida de los cupos del crédito al cero por ciento
de intereses que tenía con esa misma firma y con otras entidades.

8 Folios 738 y 739 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

34. La Superintendencia de Sociedades, con el recurso de apelación,
aportó varios documentos para que fueran tenidos como prueba en esta
instancia. El despacho sustanciador, mediante Auto de 11 de diciembre de
2018, resolvió tener como prueba: “el documento de cámara y comercio,
contentivo de la escritura pública No. 1669 de 3 de agosto de 2017 de la
Notaría Segunda de Zipaquirá, el acta de asamblea general de accionistas
de 22 de mayo de 2017 y el oficio 12-039878 de 1 de marzo de 2017 dirigido
al Juzgado primero de Familia”, además, solicitó oficiar a la Fiscalía para
que informara el estado del proceso adelantado por la Superintendencia
de Sociedades y Finagro en contra de los administradores de la Protag S.A.9.
En respuesta, la Fiscalía informó que “las diligencias se encuentran en etapa
de indagación, por el presunto delito de fraude procesal, falsedad en
documento público y privado”10. Dichas pruebas fueron incorporadas
debidamente al expediente para que las partes ejercieran su derecho de
contradicción.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3.
Liquidación de perjuicios; 2.4. Condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

35. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia. Esta
corporación, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el término de
caducidad en los casos relacionados con error jurisdiccional se cuenta a
partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión contentiva del error11.
En el presente caso, se observa que la providencia acusada fue expedida
el 29 de enero de 2013, en única instancia, por la superintendencia. No
obstante, algunos empleados de Protag S.A. presentaron acción de tutela
en la que solicitaron la protección de sus derechos al debido proceso y al
trabajo, la cual fue resuelta mediante Sentencia de 6 de marzo de 2013,
proferida por el Juzgado 1 de Familia de Bogotá, y confirmada en Sentencia
de 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala de
Familia-, de modo que, en este caso, la contabilización del término debe

9 Folios 795 al 797 del cuaderno principal.
10 Folio 810 del cuaderno principal.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de agosto de 2017,

expediente nro. 50001-23-31-000-2005-00274-01 (39435); Sentencia de 13 de junio de 2016, expediente nro. 76001-23-
31-000-2004-04636-01(37392); Sentencia de 24 de octubre de 2016, expediente nro. 25000-23-26-000-2006-00818-
01(38159); Sentencia de 22 de febrero de 2017, expediente nro. 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); Auto de
9 de mayo de 2011, expediente nro. 40196, entre otras.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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iniciar tras la expedición de esta última providencia, pues es desde ese
momento que quedó sin efectos la decisión y se conoció el daño12.

36. Bajo ese razonamiento, la Sala observa que, en principio, la demanda
debió presentarse a más tardar el 1 de agosto de 2015. Sin embargo, Protag
S.A. presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de julio de 2015
(faltando 10 días), lo cual suspendió el término hasta el 7 de octubre de 2015,
fecha en que se expidió la constancia de no conciliación13, y como la
demanda fue presentada el 14 de octubre de 2015, la acción se ejerció en
tiempo. Por otro lado, respecto de la demanda presentada por Gerardo
Gastón Castillo, el término se suspendió desde el 30 de julio de 2015
(faltando 2 días) hasta el 21 de octubre de 201514, y la demanda se presentó
el 14 de octubre, por lo que también fue oportuna.

37. Dicho lo anterior, la Sala, en esta providencia, modificará la sentencia
preferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Declarará la
responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades, por el error en que
incurrió en el Auto de 29 de enero de 2013 que ordenó la liquidación de
Protag S.A., y se le condenará al pago de perjuicios materiales ocasionados
a los demandantes durante los 37 días de cierre de la sociedad. Negará las
pretensiones relacionadas con los hechos posteriores a la expedición de la
providencia que dejó sin efectos la decisión de liquidar la empresa y el
supuesto incumplimiento de la demandada de las órdenes del juez de
tutela, toda vez que no se probó que la demandada omitiera realizar las
acciones que estaban a su alcance para restituir la sociedad a sus
representantes.

2.2. Análisis sustantivo

38. En lo que respecta a la constatación del daño, a partir de una lectura
integral de la demanda, se advierte que la parte actora reclama la
afectación económica que sufrió Protag S.A. y su representante legal como
consecuencia de dos hechos: en primer lugar, la expedición del Auto de 29
de enero de 2013, por medio del cual la Superintendencia de Sociedades
ordenó la apertura de la liquidación judicial de la empresa; y, en segundo
lugar, el incumplimiento de los fallos de tutela de 6 de marzo de 2013 y 31
de julio de 2013 en los cuales se ampararon los derechos de los accionantes
y se ordenó dejar sin efectos el auto citado. Para la Sala, se trata de un
mismo daño que se causó con la apertura del proceso de liquidación y, en
criterio de la parte actora, se prolongó con el incumplimiento del fallo de

12 En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Sentencia de 8 de mayo de 2019, expediente nro. 25000-23-26-000-2009-00839-01(46753) y Auto de 28 de mayo de
2020, expediente nro. 25000-23-36-000-2019-00071-01(65592) A.
13 Constancia de no conciliación, folios 1 y 2 del cuaderno No. 7.
14 Constancia de no conciliación, folio 1 del cuaderno No 6.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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tutela y la omisión en la entrega de la entidad en las mismas condiciones en
que se encontraba antes de la citada providencia.

39. Con base en lo anterior, la Sala encuentra que el daño que se probó
consiste en la afectación económica de la empresa por encontrarse
inactiva desde el 5 de febrero de 2013, fecha en que el liquidador se
presentó en la empresa e informó sobre el inicio del trámite de liquidación15,
hasta el 14 de marzo de 2013, fecha en que el liquidador hizo entrega de los
documentos y bienes en su poder al representante de la empresa16. Esto es,
la suspensión de su actividad comercial durante 37 días.

40. La Sala no advierte un incumplimiento de lo ordenado por el juez de
tutela. En la Sentencia de 6 de marzo de 2013, el Juzgado 1 de Familia de
Bogotá resolvió “tutelar el derecho fundamental al debido proceso, al
trabajo y la defensa de los trabajadores (…) como consecuencia de lo
anterior, en el término de 48 horas, la Superintendencia de Sociedades
habrá de dejar sin efectos el auto de fecha 29 de enero de 2013 por virtud
del cual se dispuso la apertura de la liquidación judicial de los bienes de la
sociedad, donde habrán de tomarse las medidas correctivas necesarias y
las decisiones que en derecho correspondan, ciñéndose a la normatividad
que rige la materia (…)”17. La sentencia de 31 de julio de 2013 proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Familia, confirmó lo
dispuesto por el juez de primera instancia18.

41. La Sala encuentra probado que la superintendencia, tras la notificación
de la Sentencia de 6 de marzo de 2013, expidió el Auto de 11 de marzo de
2013 por medio del cual dejó sin efectos la providencia que ordenó la
apertura del trámite de liquidación; ofició a la oficina de registro de públicos
para que levantara el embargo del inmueble con número de matrícula
inmobiliaria número 475-15712; ordenó a la cámara de comercio inscribir la
providencia en el registro mercantil, dejar sin efectos la inscripción del
liquidador, inscribir nuevamente al promotor de la sociedad, eliminar de la
razón social de la empresa “en liquidación judicial” e inscribir nuevamente
“en acuerdo reestructuración”19. También envió oficios con los que
comunicó la decisión a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá,
Agrobursátil S.A., ICBF, Salud Total EPS, BBVA, Colpensiones, entre otros20.

15 Acta de posesión del liquidador de 4 de febrero de 2013, folio 194 del documento pdf “actuación 1” que obra

en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.
16 Acta de entrega. Folio 279 al 281 del cuaderno No. 3.
17 Folios 174 al 203 del cuaderno no. 7
18 Folios 204 al 234 del cuaderno No. 7.
19 Auto que obra en el expediente digital del proceso adelantado por la superintendencia en contra de Protag

(Folios 225 al 228 del documento “Actuación 1”, CD nro. 4, folio 100 del cuaderno No. 1). También Certificado de
cámara y comercio, en el que consta que “mediante auto de 11 de marzo de 2013 , inscrito el 22 de octubre de
2013 (…) la Superintendencia de Sociedades comunicó dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez 1 de Familia
de Bogotá y ordena dejar sin efectos el auto 400-01169 de fecha 29 de enero de 2013 en la parte pertinente a
decretar la apertura del proceso de liquidación judicial proferido dentro del proceso de insolvencia de la sociedad
referida y en consecuencia inscribir a Protección Agrícola S.A. en acuerdo de reestructuración (…)” (Folios 42 al 47
del cuaderno No. 7).
20 Folios 55 y siguientes del documento pdf “actuación 2” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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Luego, el 14 de marzo de 2013, el liquidador realizó entrega al representante
legal de los cheques, pagarés y otros documentos a él entregados21; el 20
de marzo de 2013, ofició a la oficina de instrumentos públicos para que
desembargara el único bien que había sido objeto de la medida22 y, el 11
de abril de 2013, la referida entidad acató la orden de cancelación23.

42. En el acta de entrega, el liquidador dejó constancia de que “estos
fueron los únicos documentos y títulos valores y dineros que tanto él como
sus asistentes o dependientes recibieron durante el lapso que ejerció como
liquidador, esto es, hasta el 21 de febrero de 2013 (..) la diligencia de
aprehensión de libro y secuestro de bienes no se pudo practicar por la
superintendencia, ya que el día anterior se produjo la suspensión de los
efectos del auto ordenada por el juez (…)”. En concordancia, obra el Auto
de 15 de febrero de 2013, en el cual la superintendencia fijó el 22 de febrero
de 2013 como fecha para la práctica de la diligencia de entrega por parte
del exrepresentante legal al liquidador, y del embargo y secuestro de los
bienes de la sociedad24, la cual no se realizó, porque, el 20 de febrero de
2013, el juzgado ordenó la suspensión del trámite25.

43. La parte actora no allegó las pruebas que acreditaban que la
superintendencia no devolvió debidamente los bienes de la sociedad, pese
a que se trataba de documentos que, de existir, debía tener en su poder. En
el expediente no obra acta de entrega de otros bienes por parte del
representante legal al liquidador, tampoco obra el inventario de los haberes
de la entidad, ni los certificados de tradición y libertad de los inmuebles de
la sociedad en los que consten medidas de limitación al derecho de
dominio. Por el contrario, las pruebas del proceso indican que la entrega de
los bienes de la sociedad por parte del representante al liquidador nunca se
realizó, por lo que se infiere que, al interrumpirse el procedimiento de
liquidación, este no tenía nada que devolver. De modo que, si la empresa
no reactivó su actividad comercial después de que se dejara sin efectos la
providencia y el liquidador retornara todo aquello que le había sido
entregado en custodia, fue por su propia negligencia en el manejo de sus
negocios.

44. Finalmente, si bien es cierto el juez de tutela profirió desacato en contra
de la superintendencia, por considerar que esta no había cumplido con lo
ordenado en la sentencia de tutela, lo cierto es que allí profirió órdenes que
no habían sido dictadas en el fallo de tutela. En efecto, como

21 En el acta consta la entrega de 4 cheques, 32 pagarés, 2 documentos de acuerdos de pago, dinero en efectivo

por la suma de $4.088.000, los recibos y facturas de los gastos causados durante la vigencia de la liquidación
judicial, los recibos de pago de los gastos del abogado que realizó la gestión de recuperación de cartera durante
la liquidación, certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula inmobiliaria número 475-15712 y
documento de avalúo del inmueble rural “Las Malvinas”.
22 Folio 282 del documento pdf “actuación 2” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.
23 Folios 1118 al 122 del documento pdf “actuación 3” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.
24 Folios 60 y 61 del documento pdf “actuación 3” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.
25 Folios 177 y 178 del documento pdf “actuación 1” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
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Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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recomendaciones para “reactivar” la empresa y así cumplir con lo dispuesto
en el fallo, dispuso que la superintendencia debía “citar y reunir a los
proveedores, acreedores, deudores, clientes, distribuidores,
representaciones, laboratorios, intermediarios financieros, bolsa
agropecuaria, entidades promotoras de salud, pensión, DIAN y acordar
términos para que la empresa pueda reiniciar sus actividades (…)
reactivada la empresa, esta deberá reintegrar a los trabajadores que así
deseen hacerlo reconocidos e incluidos en la nómina personal existente al 5
de febrero de 2013”.

45. Dicha orden, además de ser distinta a lo dispuesto en el fallo de tutela,
impone a la superintendencia la realización de gestiones que son propias
de la sociedad. En todo caso, contrario a lo alegado por la sociedad
demandante, a la superintendencia nunca se le impuso la orden de
reintegrar a los trabajadores o de contratar a los proveedores, sino que
reuniera a los involucrados para que la misma sociedad realizara esas
actividades que le son propias. Lo anterior, en primer lugar, porque la
superintendencia no era la empleadora ni tenía las facultades para
contratar en nombre de terceros y, en segundo lugar, porque las
competencias del liquidador habían finalizado desde el momento en que
se dejó sin efectos el auto de liquidación y se realizó entrega formal de la
empresa, por lo que no tenía la posibilidad de seguir actuando como
representante de la demandante26.

46. En ese sentido, la Sala acoge los argumentos planteados por la
superintendencia, ya que, una vez dejado sin efectos el auto que dispuso la
liquidación y oficiado a las entidades respectivas para que la entidad dejara
de estar en liquidación, los socios y representantes debían realizar las
gestiones necesarias para poner en marcha nuevamente su actividad, lo
cual implicaba, tal como lo reconoce el fallo de desacato, reintegrar a los
trabajadores, porque solo la demandante como empleadora podía realizar
ese reintegro.

47. En síntesis, la Sala limita el daño a la afectación económica que sufrió la
empresa por la suspensión del desarrollo de su objeto social desde el 5 de
febrero de 2013 hasta el 14 de marzo de 2013, como consecuencia de lo
ordenado en el Auto de 29 de enero de 2013.

48. En lo que respecta a la falla del servicio que se materializó en un
presunto error judicial contenido en el Auto de 29 de enero de 2013 que

26 Ley 1116 de 2006. “Artículo 67, Modificado por el art. 39, ley 1380 de 2010. Reglamentado por el Decreto Nacional

1749 de 2011. Promotores o liquidadores. Al iniciar el proceso de insolvencia, el juez del concurso, según sea el
caso, designará al promotor o liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia”. En el mismo sentido, Decreto 2130
de 2015 “Artículo 2.2.2.11.1.3. Del cargo de liquidador. El liquidador es la persona natural que actúa como
administrador y representante legal de la entidad en proceso de liquidación. El liquidador deberá cumplir las
cargas, deberes y responsabilidades previstas en el Libro Segundo del Código de Comercio, la Ley 1116 de 2006 y
en el presente decreto.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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ordenó la liquidación judicial de Protag S.A. Si bien la providencia fue
dejada sin efectos, ello no excluye un análisis de responsabilidad por los
daños que hubiere causado durante su vigencia. En asuntos similares, en los
que se ha alegado un error judicial provocado por una decisión judicial que
no cobró firmeza porque fue revocada, esta corporación ha asumido dos
posturas en las que, en todo caso, se ha resuelto estudiar de fondo el asunto.
La primera, señala que, aunque no procede el estudio del error judicial, por
falta de un presupuesto, sí debe estudiarse si existió o no una falla en el
servicio de administración de justicia27. La segunda, argumenta que, el
hecho de que hubiera producido efectos y con ello un daño cierto,
constituye razón suficiente para estudiar el error judicial28. Así, la Sala estima
procedente realizar el análisis sobre la existencia de un error judicial.

49. La Sala realizará un único análisis de responsabilidad correspondiente a
la imputación que le cabe a la demandada por la afectación causada a
la empresa, bajo el entendido de que ese análisis se extiende a la
responsabilidad de las afectaciones causadas al representante legal de la
sociedad, para quien su daño derivó del mismo hecho generador, esto es,
el auto que ordenó la liquidación de la sociedad.

50. En el Auto de 29 de enero de 2013, la superintendencia decretó “la
apertura del trámite de la liquidación judicial de los bienes propiedad de la
sociedad Protección Agrícola S.A”29, como fundamento de la decisión
expuso que Finagro denunció el incumplimiento del Acuerdo de
Reestructuración por parte de Protag S.A. y, en consideración de ese hecho,
el 25 y 26 de octubre de 2012, la superintendencia practicó una diligencia
de toma información en la que evidenció que “a junio 30 de 2008, mediante
comprobante ACZ -Ajustes contables documento No.0663 correspondiente
al 80% reconocido con garantía FAG, se acreditaba la suma de
$7.078.790.251oo a favor de FINAGRO. Posteriormente, mediante
comprobante ACZ- ajustes contables documento No.0969 del 30 de
septiembre de 2012 por concepto de reversión ACZ-0663 se anuló el
susodicho reconocimiento por la suma de $8.078.790.251.oo y que
originalmente se había abonado a favor de FINAGRO, toda vez que, según
la sociedad, existe una diferencia en los valores y no hay soporte valido,
obligación financiera que resultó cancelada de los registros contables de
PROTAG S.A.”.

51. En la diligencia también se evidenció, respecto del estado de
cumplimiento de obligaciones posteriores al inicio del acuerdo de

27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad. 44685 de 26 de abril de 2018, Rad. 51351 de 11 de julio

de 2019
28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 40786 de 18 de mayo de 2017, 36986 de 6 de julio de

2017, Rad. 43735 de14 de febrero de 2018, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad. 47505 de 12
de agosto de 2019
29 Folios 140 al 147 del cuaderno No. 7.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
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reestructuración, que “la deudora tenía vencimiento de obligaciones a 31
de marzo de 2012, por la suma de $4.236.787.202.oo; a junio 30 de 2012 por
la suma de $4.716.057.730.oo y a septiembre 30 de 2012 por la suma de
$4.994.576.068.oo”. Por último, respecto de las obligaciones frente a la DIAN,
encontró “una deuda fiscal que asciende a más de $400 millones de pesos”.
En ese sentido concluyó que se configuró “el incumplimiento en el pago de
obligaciones del acuerdo de reestructuración y de los gastos de
administración, en los términos de los numerales 3 y 5 del artículo 35 de la
Ley 550 de 1999 y numeral 4 del Artículo 49 de la Ley 1116 de 2006”, lo que
daba lugar a la orden de liquidación inmediata de la sociedad.

52. Inconformes con dicha decisión, varios trabajadores de la sociedad
presentaron acción de tutela en contra de la superintendencia. El Juzgado
1 de Familia de Bogotá, en Sentencia de 6 de marzo de 2013, consideró que
la superintendencia violó el debido proceso, por tres razones: 1) La
superintendencia fundamentó la liquidación de la sociedad en los supuestos
señalados en los numerales 3 y 5 del artículo 35 de la Ley 550 de 1999, los
cuales hacen referencia a “un evento de incumplimiento en forma que no
pueda remediarse”30 y un incumplimiento en “el pago de una acreencia
causada con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación” 31,
no obstante, no aplicó lo dispuesto en el parágrafo de dicha disposición,
que imponía la obligación de “convocar a una reunión de acreedores
internos y externos en la forma prevista en esta ley para reformar el
acuerdo”; 2) No se configuró una cesación de pagos, pues el comité de
vigilancia del acuerdo, en aplicación de lo previsto en la cláusula de
salvaguardia del acuerdo de reestructuración, resolvió otorgar un plazo de
6 meses a la sociedad para que cumpliera con las obligaciones post
acuerdo, el cual vencía el 27 de mayo de 2013, es decir que para la fecha
en que se profirió el auto de liquidación no se había cumplido dicho plazo;
3) Finagro no demostró su calidad de acreedor o subrogatorio frente a la
sociedad, pues en las actas allegadas por el comité de vigilancia constaba
que a Finagro ya se le había cancelado el de 8,54% de las acreencias de la
sociedad que le correspondían y que fueron reconocidas en el acuerdo de
reestructuración, por lo tanto no era acreedor; además, según lo afirmado
por la parte accionante y por Finagro (en nota de 19 de abril de 2011) los
pagos de garantías a otros bancos ocurrieron en el año 2005, de manera
que Finagro debió incluir en el acuerdo esos pagos para que le fueran
reconocidos o, en caso de haberlos realizado en fecha posterior, debió
aportar los títulos valores o documentos que soportaran su calidad de

30 Artículo 35. Causales de terminación del acuerdo de reestructuración. El acuerdo de reestructuración se dará

por terminado en cualquiera de los siguientes eventos, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial:
(…) 3. Por la ocurrencia de un evento de incumplimiento en forma que no pueda remediarse de conformidad con
lo previsto en el acuerdo.
31 Artículo 35. (…) 5. Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de

iniciación de la negociación, y el acreedor no reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento,
o no acepte la fórmula de pago que le sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de
acreedores.

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subrogatorio, pero no lo hizo. En todo caso, en el expediente de tutela, no
había prueba de que la subrogación fuera comunicada a Protag S.A, como
lo ordena el Código Civil.

53. Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Familia, en Sentencia de 31 de julio de 2013, también consideró que la
decisión de la superintendencia fue arbitraria e injusta. Señaló que: 1) la
cesación de pago en la cual se fundamentó el auto de apertura de la
liquidación desconoció la cláusula de salvaguardia aprobada por el comité
de vigilancia el 27 de noviembre de 2012, en la cual se pactó una prórroga
de 6 meses. En efecto, el auto de liquidación se fundamentó en los hallazgos
de las visitas realizadas el 25 y 26 de octubre de 2012, y la reunión en la que
se concedió la prórroga se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2012, es
decir, la superintendencia tomó la decisión con desconocimiento de las
nuevas circunstancias. 2) Finagro no cumplió con las exigencias de los
artículos 1959, 1960 y 1961 del Código Civil consistentes en la entrega del
título, la notificación al deudor de la nueva situación, entre otros, para hacer
valida la subrogación de los créditos supuestamente pagados.

54. En concordancia con lo manifestado por los jueces de tutela, esta Sala
considera que los supuestos en los que la Superintendencia de Sociedades
fundamentó la liquidación de la sociedad no están acreditados, por lo que
se incurrió en un error judicial. En efecto, la Superintendencia sustentó la
decisión de liquidación en dos supuestos: la anulación de un crédito
reconocido a Finagro, y el incumplimiento de las obligaciones posteriores al
acuerdo que la sociedad tenía con otras entidades, entre ellas, las
obligaciones con la DIAN, sin embargo, en este proceso no se demostró que,
para la fecha en que se expidió el auto de la liquidación, Protag S.A. se
encontrara en cesación de pagos respecto a su acreedor Finagro, así como
tampoco respecto a las entidades con las cuales había adquirido
obligaciones posteriores al acuerdo. Además, en concordancia con los
argumentos expuestos en las sentencias de tutela, la Sala considera que
tampoco está probado que la superintendencia realizara la asamblea de
acreedores, según lo previsto en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 550
de 1999.

55. En primer lugar, respecto de las obligaciones con Finagro, la Sala
observa que el argumento de la superintendencia para declarar que hubo
incumplimiento respecto a esa entidad se sustentó en la decisión de anular
un crédito reconocido a su favor, proferida por el comité de vigilancia. En el
auto consta que: “a junio 30 de 2008, mediante comprobante ACZ -Ajustes
contables documento No.0663 correspondiente al 80% reconocido con
garantía FAG, se acreditaba la suma de $7.078.790.251oo a favor de
FINAGRO. Posteriormente, mediante comprobante ACZ- ajustes contables
documento No.0969 del 30 de septiembre de 2012 por concepto de

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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reversión ACZ-0663 se anuló el susodicho reconocimiento por la suma de
$8.078.790.251.oo y que originalmente se había abonado a favor de
FINAGRO, toda vez que, según la sociedad, existe una diferencia en los
valores y no hay soporte válido, obligación financiera que resultó cancelada
de los registros contables de PROTAG S.A.”.

56. Respecto a dichas obligaciones, en el acta No. 20 de la reunión del
comité de vigilancia de 22 de agosto de 201132, el representante de Finagro
alegó que la deuda existente correspondía a la subrogación de las
obligaciones adquiridas por Protag S.A. con otras instituciones financieras,
en virtud de los pagos realizados por esa entidad en calidad de garante de
la sociedad agrícola; en la misma reunión, el comité de vigilancia alegó que
no había constancia de esos pagos y que, hasta tanto no presentaran el
soporte respectivo, no se reconocerían las sumas, ya que se desconocían
las fechas de la subrogación y si habían sido o no incluidas en el acuerdo
de reestructuración. En relación con ese asunto, en el expediente obran
oficios de distintos bancos en los que comunican a Protag S.A. las
obligaciones pagadas por Finagro en su beneficio y solicitan a la sociedad
tener como subrogatorio a Finagro33, no obstante, esas obligaciones fueron
anteriores al acuerdo de reestructuración (2006) y no fueron alegadas en su
oportunidad.

57. En efecto, según la certificación del Banco BBVA, Finagro le realizó el
pago de las obligaciones a cargo de Protag S.A. el 12 de agosto de 2005;
asimismo, el Banco Agrario informó que los pagos por Finagro por concepto
de obligaciones a cargo de Protag S.A, fueron realizados en el año 2005;
finalmente, Bancolombia informó que Finagro había realizado pagos en su
favor, pero no especificó las fechas. De manera que la Sala encuentra

32 Folios 181 al 191 del documento pdf “actuación 5” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.
33 Al respecto, obra oficio de 21 de febrero de 2007 emitido por banco BBVA y dirigido al promotor de Protag S.A.,

en el que consta: “La entidad por mi representada fue reconocida como acreedor dentro del proceso de
reestructuración que adelanta la sociedad PROTECCION AGRICOLA S.A."PROTAG S.A."; dicha acreencia fue
pagada por el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO, en la suma de
$4.773'082.244,00; en consecuencia, se produjo una subrogación legal en todos los derechos, acciones y privilegios
previstos en la Ley, a favor del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO // Por lo
anterior solicitó que se tenga al FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO, como
subrogatario de los derechos de mi representada en los términos de los artículos 1666 y 1670 del Código Civil y en
consecuencia como titular de los derechos de voto que en esa proporción han sido reconocidos a mi
representada”. Folio 265 del documento pdf “actuación 5” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1. En
el mismo sentido obra oficio de 30 de agosto de 2010, en el que el mismo banco informa que Finagro como
administrador del Fondo Agropecuario de Garantías canceló a BBVA el 12 de agosto de 2005 la suma de
$2.488.320.000.00 correspondientes al certificado de garantía No. 241747 de la obligación contenida en el pagaré
número 490-9600006962 a nombre de la sociedad PROTAG S.A. Nit 832.001.792-8 (…) en consecuencia del pago
de esta garantía se produjo una subrogación legal en todos derechos, acciones y privilegios previstos en la ley a
favor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro; de igual forma el 6 de febrero de 2007
le fue comunicada esta situación al Dr. Francisco de Paula Muñoz Grisales promotor del acuerdo de
reestructuración de la sociedad Protección Agrícola SA”. Folio 276 del documento pdf “actuación 5” que obra en
el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1. También obran el oficio de 13 de septiembre de 2011 emitido por Banco
Agrario en el que se certifica el pago de $ 4.773.082.244 realizado por Finagro por concepto de obligaciones a
cargo de Protag S.A, así como de 42 certificados de pago realizados por Finagro en el año 2005, lo cual fue
comunicado al promotor de Protag S.A. el 21 de febrero de 2007. Finalmente, el oficio de 23 de septiembre de
2011 emitido por Bancolombia en el que certifica el pago de $2.528.113.600,00 por parte de Finagro,
correspondiente la garantía sobre la obligación identificada con el consecutivo interno No. 25002147777, sin
especificar las fechas en que se realizó ni cuando se notificó a la sociedad. Folsio 268, 273 y 274 del documento
pdf “actuación 5” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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probado que Finagro se había subrogado respecto de las obligaciones de
esas entidades financieras, pero ello ocurrió un año antes de que se
suscribiera el acuerdo de reestructuración, sin que fueran incluidas en este.
Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que en el proceso digital
allegado por la superintendencia no obra ningún documento que
evidencie la existencia de la deuda posterior al acuerdo, como se afirmó en
el auto que ordenó la liquidación, esta Sala concluye que esa deuda no
existió.

58. En segundo lugar, respecto de las obligaciones posteriores al acuerdo
de Protag S.A., la Sala encuentra que no estaban vencidas, pues habían
sido prorrogadas por seis meses por el comité de vigilancia en uso de la
cláusula de salvaguardia dispuesta en el artículo 34 del acuerdo de
reestructuración. La prórroga fue pactada respecto a las obligaciones que
la sociedad tenía con la DIAN y otras entidades distintas a Finagro. En
efecto, en el acta No. 24 de 27 de noviembre de 2012 consta que el comité
solicitó que “haciendo uso de la cláusula de salvaguardia establecida en el
acuerdo, se autorice adelantar los trámites y negociaciones con los
acreedores post-acuerdo, con la constancia que FINAGRO representante
del FAG, quien pretende ser subrogatario después del acuerdo (…) El
término de la salvaguardia será de seis (6) meses.”. La propuesta se votó, en
conjunto con otras, y fue aprobada. En la reunión estuvo presente el
promotor, encargado de la vigilancia del cumplimiento del acuerdo.

59. Según lo anterior, Finagro no hizo parte del mencionado acuerdo, pero
sí hicieron parte las demás entidades respecto de las cuales Protag S.A. tenía
obligaciones posteriores al acuerdo, que se encontraban pendientes, entre
ellas, la DIAN. Tan es así que, al contestar la acción de tutela, esta entidad
manifestó que “a la fecha, las negociaciones que fueron pactadas dentro
del acuerdo de restructuración fueron canceladas (…)// Que subsiste una
obligación fiscal por setecientos millones de pesos, donde se encuentra en
trámite un acuerdo de pago”. Es decir que la misma acreedora dio cuenta
de la inexistencia de un incumplimiento y que respecto de la deuda
existente se había pactado un acuerdo. Pese a que se desconoce el estado
de las demás obligaciones posteriores al acuerdo, lo cierto es que, con la
prórroga pactada el 27 de noviembre de 2012 por el plazo de 6 meses, se
concluye que, en la fecha en que se dictó el auto de liquidación no se
encontraban vencidas. Cabe resaltar que la superintendencia fundamentó
su decisión en la revisión documental realizada en las visitas del 25 y 26 de
octubre de 2012, no obstante, profirió la decisión tan solo el 29 de enero de
2013, sin tener en cuenta los nuevos acuerdos de pago realizados entre la
sociedad vigilada y sus acreedores.

60. Por último, pese a tratarse de un asunto que no está estrictamente
contenido en la decisión judicial, la Sala observa que la superintendencia

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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incumplió lo previsto en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 550 de 1999,
esto es, la realización de la asamblea de acreedores antes de proferir la
decisión de apertura de la liquidación. En el expediente no obra el aviso ni
el acta de la referida convocatoria y, pese a que la entidad tenía la
facilidad de aportar dichos documentos (toda vez que, de existir, se
encuentran bajo su poder) no lo hizo. Además, aunque en el expediente
obran algunas pruebas en las que se refiere que la referida asamblea
estaba pendiente por realizarse34, lo cierto es que no hay absoluta certeza
de que se llevara a cabo.

61. En síntesis, en este caso se probó de que la providencia tachada de
errada fue dejada sin efectos por los jueces de tutela, también está
acreditado que los supuestos que sirvieron de fundamento a la
superintendencia para emitir la decisión de apertura de la liquidación
fueron inconsistentes con la realidad fáctica de la sociedad demandante,
por lo que la Sala confirmará la decisión adoptada en primera instancia
respecto de la existencia de una falla en el servicio, pero, como se señaló
en párrafos anteriores, teniendo en cuenta que el daño que causó esa
providencia se limita a los 37 días en que se mantuvo en firme. El daño será
atribuido a la Superintendencia de Sociedades porque fue dicha entidad la
que profirió la providencia contentiva del error. Por su parte, se negará la
responsabilidad de la Superintendencia respecto de los hechos posteriores
a la expedición de la providencia que dejó sin efectos la decisión de liquidar
la empresa y el supuesto incumplimiento de la demandada de las órdenes
del juez de tutela, teniendo en cuenta que no obran pruebas de que la
demandada hubiera omitido realizar las acciones que estaban a su
alcance y dentro de sus competencias, para restituir la sociedad a sus
representantes.

62. El análisis anterior, se reitera, se extiende al daño reclamado por el
representante legal, quien no participó en el proceso de tutela y para quien
la terminación de su relación laboral no derivó de acciones u omisiones de
la empresa Protag S.A., sino de las actuaciones desplegadas por la
superintendencia. Cabe precisar que después de dejarse sin efectos la

34 Mediante oficio de 5 de junio de 2012, el apoderado de Finagro dirigió una solicitud al promotor de la sociedad

en reestructuración para que “convocara una reunión de incumplimiento del acuerdo de reestructuración (…)”.
Asimismo, en el acta No. 21 de 19 de julio de 2012 de la reunión del comité de vigilancia de Protag S.A. quedó
constancia de que el Promotor “solicit[ó] la variación del orden del día, teniendo en cuenta que la semana
anterior FINAGRO radicó comunicación solicitando se cite a reunión de acreedores por incumplimiento del
acuerdo” (Folios 226 al 232 del documento pdf “actuación 7” que obra en el CD nro. 4, folio 100 cuaderno No. 1).
También, en el acta No. 24 de 27 de noviembre de 2012 consta que el promotor informó que la asamblea de
acreedores fue convocada “por el tema de la DIAN, algunos proveedores y el tema FINAGRO”, en la misma
reunión, se dejó constancia de que “[e]l comité de Vigilancia unánimemente, solicita[ría] a la Superintendencia
de Sociedades a través del presidente del Comité, se levante la inscripción que actualmente se encuentra en el
Certificado de Existencia y Representación legal de la compañía, respecto de la citación a asamblea de
acreedores por incumplimiento” (Folios 129 al 151 del documento pdf “actuación 1” que obra en el CD nro. 4, folio
100 cuaderno No. 1). Por último, obra una solicitud del representante legal, de la sociedad DVA de Colombia Ltda.
en la que pide le sea expedida “copia auténtica del ACTA o reproducción del audio o video, que por orden legal
debió levantarse, y que contenga la memoria quirografaria o técnica, de la asamblea de acreedores, convocada
por aviso de prensa y llevada a cabo el día 3 de julio de 2012”, pero no obra respuesta a dicha solicitud.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
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Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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decisión que ordenó la liquidación y que la empresa retomara su objeto
social, fueron sus directivos quienes decidieron terminar esa relación laboral.
De manera que, respecto a ese demandante, el daño también es atribuible
a la superintendencia y, en todo caso, se limita al periodo durante el cual
estuvo inactiva la empresa Protag S.A.

2.3. Liquidación de perjuicios

63. En las demandas no se solicitó el pago de perjuicios morales, así como
tampoco perjuicios por afectación al buen nombre de la empresa,
“goodwill” u otro similar. Solo se solicitó el pago de perjuicios materiales.

64. Por una parte, a favor de Protag S.A., se solicitó el pago de una
indemnización por lucro cesante y por el daño emergente relativo a “los
valores que por concepto de indemnizaciones laborales debió cancelar la
empresa a todos y cada uno de los trabajadores despedidos (…) junto con
los rendimientos financieros que reportaba la empresa al contar con un valor
amplio en sus cupos de crédito con los proveedores que le permitía no
apalancarse del sistema financiero”. Por otra parte, a favor del
representante legal, se solicitó el pago de una suma de dinero, sin
especificar la modalidad de perjuicio material a indemnizar.

65. La Sala no reconocerá el daño emergente, ya que en el expediente no
obra prueba alguna que acredite el pago de indemnizaciones por
liquidación de los contratos de los trabajadores y, en todo caso, los salarios
que debió pagarles durante el tiempo que estuvo inactiva la sociedad
correspondían a gastos de administración que debía pagar de sus
utilidades, las cuales serán reconocidas como lucro cesante. Tampoco se
aportó prueba de los créditos con los proveedores que le permitían a la
entidad obtener ganancias adicionales. Al respecto, la parte actora refirió
que se trataba de la pérdida de los contratos de exclusividad que tenía con
la firma española Chemical Trichodex S.A. y la pérdida de los cupos del
crédito al cero por ciento de intereses que tenía con esa misma firma, para
demostrarlo allegó el contrato de exclusividad que tenía con dicha
empresa, el cual tuvo por objeto que el suministrador (Chemical Trichodex
S.A.) concediera al distribuidor (Protag S.A.) “el derecho exclusivo de
comercializar y vender los productos enunciados en el anexo I”. No
obstante, en dicho contrato nada se dice sobre los beneficios de crédito
señalados por la demandante, además, la pérdida de las ganancias que le
significaba a la empresa dicho contrato representa un perjuicio por lucro
cesante, toda vez que corresponde a los dineros que dejó de percibir por
los hechos que aquí se reparan.

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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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66. La Sala reconocerá el lucro cesante correspondiente a los 37 días que la
empresa permaneció suspendida en virtud del auto de liquidación proferido
por la superintendencia. Asimismo, por encontrarse probada su calidad de
“gerente general” de la sociedad35, se reconocerá el lucro cesante
correspondiente a los salarios dejados de percibir por el tiempo en que la
empresa estuvo inactiva.

67. En el expediente obran los dictámenes periciales elaborados por
Claudia Lilian Eslava Montes36 en los cuales se afirma que para su
elaboración tuvo en cuenta “las actas que se levantaron con ocasión de
las reuniones del comité de vigilancia de Proteccion Agrícola S.A. (Protag
S.A.) en reestructuración, en especial las actas números 20 y 21, las cuales
considero de suma importancia, por cuanto incluyen el dictamen de los
estados financieros intermedios con corte a 30 de noviembre de 2011”,
también un informe del revisor fiscal sobre los estados financieros intermedios
y ”la escritura pública No. 283 de la Notaría Única del Círculo de la Calera,
la cual a folios 38 y 39 reporta “el estado de resultados proyectados para
cada uno de los años que cubría el acuerdo de reestructuración”, esto es,
(…) los resultados económicos que habría obtenido la sociedad de haberle
permitido cumplir con los presupuesto del acuerdo de reestructuración”. El
dictamen analiza la proyección de las utilidades de la empresa desde 2013
hasta 2020, teniendo en cuenta el estado de pérdidas y ganancias, por año,
sin discriminar las ganancias de cada mes.

68. Esta Sala considera que esos dictámenes, si bien constituyen un indicio
de las actividades desarrolladas por la empresa y las posibles ganancias, no
permiten acreditar las sumas que la demandada debe pagar por concepto
de perjuicios materiales a Protag S.A. En primer lugar, porque las actas y el
informe de revisor fiscal citado por la contadora refieren de manera general
los cumplimientos e incumplimientos de la demandante respecto de sus
acreedores, pero no presentan los ingresos o ganancias que produjo la
empresa. En segundo lugar, porque los estados financieros citados no obran
en el expediente y, en todo caso, la información allí contenida está
discriminada por año y, en este caso, la declaratoria de responsabilidad se
refiere a un periodo mucho menor que el allí proyectado.

69. En ese sentido, dado que en el proceso no se cuenta con elementos de
juicio ciertos y suficientes para emitir una condena en concreto, se
condenará en abstracto para que se calcule la cuantía del perjuicio
mediante incidente de liquidación de perjuicios. En la liquidación se deberá
tener en cuenta los siguientes criterios:

35 Contrato de trabajo a término indefinido. Folio 23 al 27 del cuaderno No. 5.
36 Folios11 al 22 del cuaderno No. 5; y folios 49 al 83 del cuaderno No. 10.

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Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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70. – En este caso se codena por los perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante causados a Protag S.A.

71. – El periodo a indemnizar es de 37 días, desde el 5 de febrero de 2013,
fecha en que inició del trámite de liquidación, hasta el 14 de marzo de 2013,
fecha en que el liquidador hizo entrega de los documentos y bienes en su
poder al representante de la empresa.

72. – La parte actora deberá aportar un dictamen pericial técnico,
razonado y debidamente fundado (con soportes) o cualquier otra prueba
que considere adecuada para acreditar el monto del perjuicio ocasionado,
esto es, aquellas que acrediten las utilidades presentadas el año anterior,
esto es, 2012 y/o las proyectadas en los años siguientes, tales como, los
registros contables de la entidad, los estados financieros, los certificados de
impuesto de renta, las constancias de las ventas realizadas en desarrollo de
su actividad comercial, las constancia de los costos que le generaba la
producción u obtención de los productos comercializados, entre otros.

73. – Al valor reconocido por utilidades de la Sociedad deberá restársele el
valor reconocido en favor de su representante por los salarios no recibidos.
Esto, en atención a que aquella debía pagar esas sumas de las ganancias
obtenidas en dicho periodo.

74. - El valor deberá ser actualizado a la fecha de la respectiva providencia.

75. Por otra parte, dado que se conoce el valor del contrato de trabajo del
representante legal y se tiene certeza sobre el periodo a indemnizar, se
procede a liquidar el perjuicio a él causado. En ese sentido, para la
liquidación se utilizarán las fórmulas jurisprudencialmente aceptadas por el
Consejo de Estado. Así:

S = Ra (1 + i)n – 1
I
En donde,
Ra= renta actualizada, es decir, $58.422.229,7537
i= tasa de interés que corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso, 37 días, esto es, 1,23 meses

Entonces,

S= $ 58.422.229,75 x (1+0,004867)1,23 - 1
0,004867
S = $ 71.899.511,92

37 En el contrato consta que el representante legal tenía unos ingresos por el monto de $12.000.000 para la fecha

en que se suscribió el contrato, esto es, 13 de junio de 1997. De manera que ese monto actualizado a agosto de
2024 (última información disponible en la página web del DANE), es: $58.422.229,75. Lo anterior según la fórmula:
Ra = Rh x índice final / índice inicial.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02358-02 (62247)
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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76. Así, la Sala, por concepto de indemnización del lucro cesante, ordenará
el pago de $ 71.899.511,92 Gerardo Gastón Castillo Rodríguez.

2.4. Condena en costas

77. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el numeral 5 del artículo
365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas en esta
instancia38.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 20 de junio de 2018, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda, según las
consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad de la Superintendencia de
Sociedades por el error en el que incurrió en el auto de 29 de enero de 2013,
en el cual ordenó la liquidación de la sociedad Protección Agrícola S.A.

TERCERO: CONDENAR a la Superintendencia de Sociedades al pago de los
perjuicios materiales causados a los demandantes, así:
• A la sociedad Protección Agrícola S.A., en la modalidad de lucro
cesante, que se demuestren en el respectivo incidente de liquidación
de perjuicios, teniendo en cuenta los criterios expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
• A Gerardo Gastón Castillo Rodríguez, en la modalidad de lucro
cesante, la suma de $ 71.899.511,92

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en esta providencia.

38 CGP. Artículo 365. “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // (…) 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda,
el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión”.

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Actor: Protección Agrícola S.A. y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
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QUINTO: NO CONDENAR en costas.

SEXTO: ORDENAR a la entidad dar cumplimiento de esta sentencia, según lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento parcial de voto

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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