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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05055-00

Fecha
16 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05055-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo incoado en la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05055-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

16 de septiembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Demandante: AMELIA GÓMEZ DE LÓPEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE LA RELIQUIDACIÓN DE UNA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON INCLUSIÓN DE LA PRIMA
DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO
LEY 1214 DE 1990.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia de segunda instancia mediante la cual la
autoridad judicial accionada modificó la decisión apelada y ordenó la reliquidación de la pensión
de jubilación del causante con la inclusión de la prima de servicios, pero en una doceava parte.
No obstante, la Sala negará el amparo, tras verificar que la providencia cuestionada no adolece
de un defecto sustantivo, pues se fundó en un análisis razonable de la normativa aplicable, en
precedentes de la misma Corporación y en las pruebas obrantes en el expediente.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Amelia Gómez de López en
contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia consagrados en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados por la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por dicha
autoridad.

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 15 de agosto de 2025 (índice 01 de Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

1) El señor Jairo José López Morales (su cónyuge supérstite) se desempeñó en varios
cargos como médico especialista en la Dirección General de Sanidad Militar desde el 1
de enero de 1982 hasta el 7 de julio de 2003, fecha en la cual fue retirado por cumplir con
los requisitos para ser beneficiario de la pensión de jubilación.

2) A través de la Resolución no. 2928 del 28 de noviembre de 2003, la Secretaría General
del Ministerio de Defensa le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación
como profesional especializado código 3010, grado 17 de la planta de personal de Salud
del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Armada Nacional, en cuantía de
$1.353.027, equivalente al 75% de los últimos haberes computables para prestaciones
sociales, a saber, sueldo básico y la 1/12 de la prima de navidad, de conformidad con el
artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990 y en concordancia con su hoja de servicios.

3) El 19 de febrero de 2015, la Dirección General de Sanidad Militar – Grupo de Talento
Humano certificó que el señor López Morales laboró en esa institución desde el 1° de
enero de 1982 al 6 de julio de 2003, y que, en el lapso comprendido entre el 1° de enero
de 2002 al 31 de diciembre de 2003 (sic), devengó sueldo básico, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación especial de
recreación y prima de navidad.

4) El 10 de julio de 2015, el señor López Morales le solicitó al Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional la reliquidación de su pensión de
jubilación con la inclusión de la prima de servicios como factor de liquidación de la
mesada pensional, petición que fue reiterada el 28 de octubre de 2015

5) Mediante Oficio No. OFI15- 91144 MDNSGDAGPSAP del 17 de noviembre de 2015,
el Ministerio de Defensa negó lo solicitado.

6) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Jairo José López Morales presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa, en la que solicitó declarar la nulidad del acto ficto negativo configurado el 10 de
octubre de 2015, por la falta de respuesta a la petición que elevó el 10 de julio de 2015 y

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

del Oficio no. OFI 15-91144 MDNSGDAGSAP del 17 de noviembre de 20152, notificado
el 25 de febrero de 20163.

7) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara i) reliquidar la pensión
jubilación sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales establecidos en el
artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990, incluida la prima de servicios devengada en
el último año de servicios; ii) el pago y la inclusión en nómina del nuevo valor de la mesada
pensional que resulte de la reliquidación pretendida; iii) el pago de las diferencias
retroactivas entre las mesadas reliquidadas y las pagadas y iv) efectuar los
correspondientes ajustes de valor conforme al IPC, así como que condenara en costas y
agencias en derecho a la parte vencida.

8) Mediante sentencia del 23 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró la nulidad del Oficio 15-91144 MDNSGDAGPSAP del 17 de noviembre de 2015
y le ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Grupo de Prestaciones Sociales que
reliquidara la mesada pensional, teniendo en cuenta el 75% del último salario devengado
con la inclusión del sueldo básico, la prima de servicios y la 1/12 de la prima de navidad,
sin embargo, declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 10 de julio de
2011.

9) La Nación – Ministerio de Defensa apeló el fallo y argumentó, entre otras razones, que
la inclusión de la prima de servicios generaría un doble pago y un detrimento patrimonial,
por estar presuntamente incorporada en el salario básico del demandante.

10) A través de fallo del 22 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, para
modificarla en el sentido de precisar que la reliquidación debía efectuarse incluyendo
únicamente el sueldo básico, una doceava parte de la prima de navidad y la prima de
servicios, pero a diferencia de lo ordenado por el a quo, únicamente en una doceava
parte, en concordancia con lo previsto en los artículos 98 y 102 del Decreto Ley 1214 de
1990 y la jurisprudencia de unificación en la materia.

2 En la providencia de segunda instancia se aclaró que “si bien es cierto, en la demanda se solicitó la

declaratoria de nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la entidad demandada respecto a la
petición incoada el 10 de julio de 2015, el a quo en el contenido de la sentencia determinó que en el
presente asunto no se configura la existencia del acto ficto, por lo que solo declaró la nulidad del oficio
OFI15-91144 del 17 de noviembre de 2015, decisión que no es objeto de apelación ante esta instancia”.
3 El proceso se registró con el número de radicación 13001-23-31-000-2016-00389-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

11) Asimismo, mantuvo la declaratoria de prescripción de las mesadas anteriores al 10
de julio de 2011, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1214 de 1990 y revocó la
condena en costas impuesta en primera instancia.

Fundamento de la vulneración

La actora alegó que se configuró un defecto sustantivo debido a que la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado aplicó de manera indebida el artículo 47 del Decreto
Ley 1214 de 1990 –relativo a la prima anual de servicios– y fraccionó dicho concepto en
una doceava parte (1/12), a pesar de que, a su juicio, lo procedente era reconocer en su
integridad la prima de servicios por antigüedad en los términos del artículo 46 ibidem.

En consecuencia, esa incorrecta aplicación normativa desnaturalizó el régimen especial
al cual estaba sometido el causante y afectó directamente el derecho al debido proceso
y a la seguridad social.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Que por providencia debidamente motivada declare las siguientes
pretensiones contentivas de las mínimas medidas protectoras de los derechos
fundamentales:

PRIMERO: que se CONCEDA la protección inmediata de los derechos de rango
Constitucional fundamental del DEBIDO PROCESO POR VIA DE HECHO Y
DERECHO A LOS DERECHOS PENSIONALES ADQUIRIDOS DE MANERA
EXCEPCIONAL al accionante.

SEGUNDO: En consecuencia, peticiono ORDENAR modificar el resuelve de la
sentencia veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025) notificada el día
17 de junio del 2025 de la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO y fijando
(48) horas siguientes a la notificación del fallo correspondiente de tutela, dicten
nueva providencia, fijando como criterio ordene confirmar en su integridad la
sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar”. (fls. 8 y
9 de la demanda de tutela).

Actuación procesal

Mediante auto del 21 de agosto de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

Sección Segunda del Consejo de Estado y, como tercero con interés, se vinculó al
ministro de Defensa, al director de la Dirección General de Sanidad Militar de las Fuerzas
Militares y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin
de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción
(índice 04 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar remitió el expediente digital
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no.
13001-23-31-000-2016-00389-00/01 (índice 08 de Samai).

La Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional solicitó que se niegue el amparo,
debido a que la decisión enjuiciada se fundó en la sana crítica y en las pruebas
debidamente allegadas al proceso, de manera que poner en tela de juicio sus
consideraciones por el solo capricho, no implica la vulneración de derechos
fundamentales (índice 10 de Samai).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha autoridad,
debido a que modificó la decisión del 23 de agosto de 2019 que había ordenado la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de servicios en su
integridad y, en su lugar, ordenó reconocer tal emolumento, pero en una doceava parte.

Análisis de los requisitos generales de procedencia

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la
parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez4; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado presuntamente aplicó de manera incorrecta el artículo 47 del Decreto Ley 1214
de 1990, en cuanto ordenó reliquidar la pensión de jubilación del cónyuge supérstite
teniendo en cuenta únicamente la doceava parte de la prima de servicios, situación que
solo se generó con la sentencia de segunda instancia objeto de reproche.

Advertido que se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia contra
providencia judicial, la Sala procederá a estudiar de fondo el defecto sustantivo alegado
de manera seguida.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que pasan a explicarse:

4 La providencia cuestionada se notificó el 16 de junio de 2025, mientras que la acción de tutela se radicó

el 15 de agosto siguiente, es decir, dentro del término que la jurisprudencia constitucional ha considerado
razonable.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”5.

La Corte Constitucional estableció6 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que
pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón,
pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de
las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas
aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos
del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso7”.

En conclusión, el defecto sustantivo se configura únicamente cuando una providencia
judicial se funda en disposiciones jurídicas manifiestamente inaplicables, en normas
derogadas o inexequibles, o cuando la autoridad judicial realiza una interpretación contra
legem, irrazonable o desproporcionada, desconoce de manera injustificada el precedente
aplicable o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a un
mandato constitucional evidente, por tanto, no cualquier discrepancia interpretativa
constituye vía de hecho, pues el defecto sustantivo exige un yerro ostensible y
determinante que afecte de manera directa el derecho fundamental del debido proceso.

5 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

7 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

1) La actora expuso que la sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto
sustantivo por interpretar que la “prima de servicios” mencionada en el artículo 102 del
Decreto Ley 1214 de 1990 correspondía a la prestación anual prevista en el artículo 47
ibidem, reconociéndola solo en una doceava parte (1/12), cuando, en su criterio, lo
procedente era aplicar la prima de servicios por antigüedad contemplada en el artículo
46 de ese mismo cuerpo normativo, de carácter mensual, cuya inclusión debía hacerse
en su integridad en la base pensional.

2) Sin embargo, para la Sala no se evidenció que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado hubiera desconocido la normatividad aplicable ni que su decisión
fuera irrazonable o arbitraria, por el contrario, la providencia cuestionada efectuó un
examen integral del régimen previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990, en concordancia
con el Decreto 1301 de 1994 y con la jurisprudencia de la misma Sección Segunda.

3) En efecto, la autoridad judicial accionada citó y se apoyó en otras providencias de la
Corporación8 en las que ya se había definido que la pensión de jubilación debía
reliquidarse incluyendo la prima de servicios únicamente en una doceava parte, en tanto
se trataba de una prestación anual y no mensual.

4) La Sala advirtió que el artículo 102 del Decreto 1214 hacía referencia a la “prima de
servicios” como partida computable, sin especificar si correspondía a la prevista en el
artículo 46 (mensual por antigüedad) o a la del artículo 47 (anual), sin embargo, esta
ambigüedad normativa fue resuelta mediante una interpretación sistemática del
ordenamiento jurídico colombiano sobre la materia y en atención, tanto a la finalidad de
la prestación como a la técnica de liquidación de los factores de carácter anual.

5) Así, de manera semejante a lo que ocurre con la prima de navidad, que también se
causa una vez al año y debe prorratearse para efectos de la liquidación pensional, se
concluyó que la prima computable era la anual, que debía dividirse en doce partes iguales
para determinar su incidencia mensual en el salario base de la pensión.

8 “Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicación 25000-23-42-000-2016-04915-01

(3259- 2020). En el mismo sentido, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicación 25000-23-
42-000-2018- 00669-01 (4299-2021), Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación
25000-23-42-000- 2018-02039-01 (2811-2020), Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2024, radicación
25000-23-42-000- 2016-04906-01 (6003-2022)”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

6) Este razonamiento se vio reforzado con el certificado expedido por el Grupo de Talento
Humano de la Dirección General de Sanidad Militar sobre los emolumentos percibidos
por el señor Jairo José López Morales durante su último año de servicios, en el que se
constató que solo se había reconocido una prima de servicios, equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del salario devengado en el mes de junio, lo que correspondía a la prima
de servicios anual prevista en el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, luego entonces,
no existía soporte probatorio que acreditara el supuesto pago de la prima mensual por
antigüedad.

7) En ese contexto, la decisión de segunda instancia no fue arbitraria ni caprichosa, sino
que respondió a un ejercicio hermenéutico razonable y fundado en las pruebas del
proceso, en la normativa aplicable y en la línea jurisprudencial reiterada de la propia
Corporación.

8) En consecuencia, la Sala concluye que en este asunto no se configuró el defecto
sustantivo alegado, pues la providencia acusada no aplicó una norma manifiestamente
inaplicable ni incurrió en interpretación irrazonable, por el contrario, la decisión se
sustentó en el material probatorio obrante en el expediente, en el entendimiento
sistemático de los artículos 46, 47 y 102 del Decreto 1214 de 1990, y en decisiones de la
Sección Segunda de esta Corporación que ordenaron el reconocimiento de la prima de
servicios únicamente en una doceava parte para efectos pensionales

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Niégase el amparo incoado en la acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05055-00
Actor: Amelia Gómez de López
Acción de tutela

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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