Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04915-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04915-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04915-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de septiembre de 2024
1
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
Demandante: Gloria Rocío Guzmán Moreno
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad
Militar
Tema: Reliquidación pensional con ajuste en la asignación básica
en virtud del Decreto 3062 de 1997. Reliquidación pensión
de jubilación con inclusión de las partidas previstas en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veinte (2020) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora GLORIA ROCÍO GUZMÁN MORENO instauró demanda en contra de
la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
MILITAR, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 5025 del 19 de diciembre de
2013, por medio de la cual le fue reconocida la pensión de jubilación; la nulidad
del Oficio No. 412173 MDN-CGFM-DGSM-GAL-1.10 del 4 de mayo de 2016,
mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de la pensión
de jubilación conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
1997 y bajo la inclusión de los beneficios y partidas computables del artículo 102
del Decreto 1214 de 1990.
Que como consecuencia, se ordene reliquidar la pensión de jubilación, dando
aplicación a lo previsto en el numeral 6º del artículo 3º del Decreto 3062 de 1997,
esto es, teniendo como base salarial la asignación prevista para los empleados
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, fijado según Decreto 1029 de 2013 en
consideración a que su último cargo se ubica en el nivel jerárquico asesor código
2-2 grado 10 y con la inclusión de las partidas adicionales de prima de actividad,
prima de servicios y demás beneficios consagrados en el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990.
Que se condene a la demandada al pago de gastos, costas procesales y
agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios en la entidad desde el 13 de diciembre de 1993, que fue
incorporada al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares mediante actas No.
2223 del 1º de marzo de 1996 y posteriormente fue incorporada a la Dirección de
Sanidad Militar mediante acta de posesión No. 102 del 15 de enero de 1998 y por
acta 0639 del 27 de octubre de 2009 en el cargo de servidor misional en sanidad
misional Código 2-2 grado 10 de la Planta Global del Ministerio de Defensa,
donde laboró hasta el 1º de octubre de 2013.
Que a través de la Resolución No. 5025 del 19 de diciembre de 2013, le fue
reconocida la pensión de jubilación.
Que su pensión fue reconocida y liquidada de manera errónea, de un lado porque
la partida sueldo básico fue tomada de la tabla aplicable para el personal civil del
Ministerio de Defensa - Decreto 1020 de 2013-, cuando debió tomarse de las
tablas que aplican para el personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Orden Nacional – Decreto 1029 de 2013-, y de otro lado, porque dada su fecha
de vinculación a la entidad – 13 de diciembre de 1993- se le debió aplicar en su
totalidad el título VI del Decreto 1214 de 1990 dentro del cual se encuentra el
artículo 102, que refiere como partidas computables adicionalmente la prima de
servicios, la prima de actividad y las demás allí enlistadas, aspectos
prestacionales que son reconocidos por la Ley 352 y el Decreto 3062 ambos de
1997.
Que el 14 de marzo de 2016, se solicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional
reliquidar su pensión de jubilación conforme a la Ley 352 de 1997, aplicable a los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional y lo contemplado en el
Decreto 1214 de 1990 respecto de la prima de actividad y la prima de servicios,
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petición que fue negada a través del Oficio No. 412173 MDN-CGFM-DGSM-GAL-
1.10 del 4 de mayo de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 13 y 53 de la Constitución
Política; artículos 88 y 89 del Decreto 1301 de 1994, artículos 55 y 56 Ley 352 de
1997; artículos 2 y 3 Decreto 3062 de 1997; artículo 102 del Decreto 1214 de
1990; Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
En el Concepto de la Violación señaló que la entidad demandada al negar la
solicitud de reliquidación pensional pretende dar una interpretación amañada a
las distintas disposiciones salariales y prestacionales que rigen para el personal
civil jubilado del Ministerio de Defensa - Dirección de Sanidad, contrariando la
aplicación del principio de favorabilidad.
Que no se puede negar que la norma contempló un régimen salarial para el
personal de la Dirección General de Sanidad contenido en el Decreto 3062 de
1997 y un régimen prestacional contenido en el titulo VI del Decreto 1214 de 1990
para quienes tuvieron su vinculación con anterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993, por lo que le asiste el legítimo derecho a percibir como sueldo básico
una asignación básica equivalente a las tablas salariales que anualmente expide
el Gobierno Nacional para los servidores que laboran en la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional y prestacionalmente a que se le compute como partidas
adicionales, las contenidas en el Decreto 1214 de 1990, artículo 102.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió el 16 de marzo de 2017 y fue notificada a la entidad
demandada, quien contestó manifestando que los actos demandados fueron
expedidos de conformidad con el ordenamiento legal especial aplicable a los
empleados de la Dirección General de Sanidad Militar.
Que la asignación salarial que percibió la demandante lo fue de acuerdo con el
tiempo en que se incorporó al servicio y los regímenes de transición que cobijaron
los cambios de los empleados civiles de Sanidad Militar.
En audiencia inicial celebrada el 23 de mayo de 2018, se fijó el litigio, se declaró
fallido el intento conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas.
Por auto del 23 de agosto de 2019, se indicó que en el expediente ya reposan
los documentos solicitados en virtud de las pruebas decretadas y se ordenó
correr traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 11 de marzo
de 2020, negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas, para lo cual
efectúo un recuento de las formas de vinculación de la actora, expresó que, a
partir del 27 de octubre de 2009, fue incorporada al cargo de servidor misional en
sanidad militar código 2-2 grado 10 de la planta de cargos de la Dirección General
de Sanidad Militar ajustada y modificada por medio del Decreto 4783 de 2008 a
la nomenclatura y clasificación dispuestas en el Decreto Ley 092 de 2007, razón
por la cual le fue reconocida y pagada la asignación básica consagrada en los
decretos por medio de los cuales se fijó la escala salarial de los empleados civiles
del sector defensa, lo cual se encuentra ajustado a derecho.
En cuanto a la reliquidación de la mesada pensional con las partidas computables
previstas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, indicó que si bien es cierto
a la accionante por la fecha inicial de vinculación -13 de diciembre de 1993- le
asiste derecho al régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, al haber
cambiado el régimen salarial con sus vinculaciones al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y a la Dirección General de Sanidad Militar, se afectó también
su régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, lo que lo hace improcedente,
en el entendido de que los emolumentos laborales que percibió al retiro no son
los mismos que prevé el mencionado decreto.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que el régimen
salarial contenido en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997 continua
vigente en razón de que la Ley 1033 de 2006 no consideró facultades para
modificar regímenes salariales, para ello hizo referencia que el artículo 72 del
Decreto 091 de 2007 mantuvo vigentes los regímenes salariales especiales como
el del personal que labora en la Dirección General de Sanidad Militar, lo cual fue
ratificado por la Corte Constitucional en sentencias C-211 de 2007 y C-753 de
2008.
Que la creación de un nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de cargos
no puede ser óbice para que la administración modifique un régimen salarial,
pues una cosa es la estructura organizacional de una dependencia del Ministerio
– DGSM y otra distinta es el régimen salarial que rige para determinados
funcionarios, cuyas pautas fueron establecidas mediante la Ley 352 de 1997.
Sobre la no inclusión de la partidas computables de que trata el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990 para efectos de calcular el monto de su pensión, manifestó
que el Tribunal olvidó la línea de tiempo de aplicación normativa para el personal
de salud del sector defensa, porque dada la fecha de ingreso de la actora a
laborar – 13 de diciembre de 1993 – su pensión debió ser liquidada de
conformidad con las disposiciones del Decreto 1214 de 1990, en tanto que su
vinculación fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
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Que, el Decreto 1301 de 1994, creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
y en él se ordenó su incorporación a la planta de personal y fijó unas pautas en
cuanto a la inclusión de las primas solicitadas y que, mediante la Ley 352 de 1997
se liquidó el referido instituto y ello implicó la supresión de todos los cargos, de
modo que la demandante al ingresar a la DGSM entró a ocupar el cargo de
profesional universitario en los términos del artículo 54 de la Ley 352 de 1997.
Que, cuando la primera instancia negó la reliquidación pensional bajo la inclusión
de las partidas computables del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, bajo el
argumento de que ya fueron incluidas, olvida aplicar y darle sentido a la norma
específica que fue expedida en virtud del artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y de
numeral 4º del artículo 3° del Decreto 3062 de 1997.
Que no se le puede continuar imponiendo a la demandante una pensión de
jubilación que no es de la naturaleza de su régimen prestacional y salarial, bajo
el argumento de que le fueron compensadas las partidas del Decreto 1214 de
1990 bajo una norma inexistente y negándose a aplicar lo dispuesto en el artículo
55 de la Ley 352 de 1997 y numeral 4º del artículo 3º del Decreto 3062 de 1997
y con el argumento de que en el pasado ocupó otro cargo en el sistema de
nomenclatura y clasificación de cargos anterior.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), se admitió el
recurso y por auto del primero (1º) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se corrió
traslado para la presentación de los alegatos de conclusión y, posteriormente se
corrió el mismo término para el Ministerio Público.
La parte demandante presentó alegatos, solicitando que sea revocado el fallo de
primera instancia, replicando los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si la
demandante tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación de
conformidad con lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997 y
bajo la inclusión de los beneficios y partidas computables del artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
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Marco normativo y jurisprudencial
Resulta necesario destacar que la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -
019-CE-S2-19 de doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) unificó el
criterio respecto al régimen salarial del personal civil de la Dirección General de
Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional, llegando a las siguientes
conclusiones:
Que el presidente de la República organizó el sistema de salud de las Fuerzas
Militares, de Policía Nacional, y del personal regido por el Decreto Ley 1214 de
1990, en virtud de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el
artículo 248.6 de la Ley 100 de 1993.
Que el primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 que creó el Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares como un establecimiento público, entidad descentralizada.
Determinó que el régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno
Nacional para los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden
nacional, quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, no se regían,
en materia salarial, por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Que los empleados públicos que al entrar en vigencia el Decreto Ley 1301 de
1994 se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa y que ingresaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados por el régimen salarial
contemplado para dicho establecimiento público.
Indicó que, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicaría el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo
modificaran o adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la
Ley 100 de 1993 continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de 1990.
Precisó que la Ley 352 de 1997 que derogó el Decreto Ley 1301 de 1994, creó
la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando
General de las Fuerzas Militares, y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.
Que el Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías para
los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa; en materia prestacional se dispuso que los vinculados «antes de la
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vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el
título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen
sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.».
En materia salarial señaló que a los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a las plantas
de personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les
aplicaría el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del Orden Nacional.
Que a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92 de 2007, y el
Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración del personal civil
del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante
la realización de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente la nueva
planta que fue ajustada con la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución
1453 de 2008.
Se consideró que el Decreto 4783 de 2008 ordenó la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional -
Dirección General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta
ajustada, frente a quienes se dispuso que continuarían «percibiendo la
remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente
mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados».
Sobre esa línea, esta Corporación a través de sentencia de 8 de julio de 2021,
radicado N.º 25000-23-42-000-2017-05096-01(5178-19) estableció una serie de
reglas jurisprudenciales aplicables en casos como el que aquí se analiza, que se
sintetizan de la siguiente manera:
SUPUESTO NORMATIVO REGLAS DE UNIFICACIÓN
(i). En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se
regían por las normas reguladas por el Gobierno Nacional para
los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
1. Vinculados entre la
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas
vigencia del Decreto 1301
reguladas para el personal civil del Ministerio de Defensa
de 1994 y de la Ley 352 de
Nacional.
1997
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen
aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
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prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas
que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el
Decreto 1214 de 1990.
(i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la
2. Vinculados a partir de la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron
vigencia de la Ley 352 de sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de
1997, los empleados la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
públicos que antes (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud de (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto
las Fuerzas Militares y que de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de
fueron incorporados a la personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se
planta de salud del hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de Defensa se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las
Nacional, dejaron de normas que lo modifiquen o adicionen.
pertenecer al sector
descentralizado Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993 se le aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se
les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo
artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
2007 se reajustaron las plantas de personal, se determinaron
las equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la
nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de
los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
3. A partir de la Ley 1033
de 2006 se unificó el Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
régimen de administración vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de Defensa
de personal que se aplica Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, debieron
al personal civil vinculado continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los
a los organismos y empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del
dependencias del Sector Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que
Defensa. Por ello, los fueron incorporados.
empleos públicos del
personal civil no (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que
uniformado asignados a la fue incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de
Dirección General de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los
Sanidad Militar pertenecen empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó
a la planta de personal del a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional
Ministerio de Defensa para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Nacional Defensa Nacional.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación
en el cargo equivalente en la planta global del sector defensa,
de acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación de
empleos, el servidor debió continuar percibiendo la
remuneración correspondiente al empleo que antes
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el
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Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional.
(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo
ninguna modificación, por lo tanto se mantiene el régimen
prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
Resolución al caso concreto
Lo primero que debe verificarse por la Subsección es si la demandante tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con un ajuste en la
asignación básica percibida en el año 2013 cuando fue retirada del servicio en
aplicación del artículo 3°, numeral 6° del Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el
régimen salarial previsto por el Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional.
Para el efecto, según la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación,
elaborada para el tercer supuesto normativo1 y anunciada en la tabla referida, la
cual se cumple en el presente caso, es dable asegurar que, a partir del 27 de
octubre de 2009, la asignación básica de la señora Gloria Rocío Guzmán Moreno,
es la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa Nacional, ello dado a que desde esa fecha se
posesionó en el empleo al que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura
y clasificación especial para los mencionados servidores.
Conforme con lo anterior, a la demandante no le asiste derecho al pago de la
asignación básica conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062
de 1997, para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, puesto
que la que le corresponde, es la fijada por el Gobierno Nacional para estos
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, Dirección de
Sanidad Militar, teniendo en cuenta que a partir del 27 de octubre de 2009 –fecha
desde la cual fue incorporada a la nueva planta de personal civil de la entidad
demandada–, se posesionó en el empleo creado de acuerdo con la nomenclatura
y clasificación especial para los mencionados servidores, lo cual implicaba su
sometimiento a las previsiones que en materia de remuneración se contemplaran
normativamente para tal tipo de cargo.
De acuerdo con este análisis, es posible asegurar que el 26 de octubre de 2009
fue el último día en el que la demandante desempeñó el cargo de profesional
universitario, código 3020, grado 8 de la Planta de Salud del Ministerio de
1
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición
del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los
empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
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Defensa Nacional al servicio del Ejército Nacional. Por lo anterior, hasta esa fecha
tuvo derecho a la aplicación de los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, sin que tal situación sea prorrogable o de aplicación extensiva
para anualidades posteriores como se asegura en la demanda a fines de una
reliquidación pensional, debido al cambio de su situación jurídica con el nuevo
nombramiento en un empleo regulado por su propia normativa expresa, lo cual
se encuentra avalado jurisprudencialmente.
Por ello no es viable el reconocimiento de la asignación básica con la
remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del Nivel
Nacional, toda vez que, si bien cambiaron la denominación, el código y el grado
del empleo de la demandante, lo cierto es que mantuvo su salario.
En este sentido, al no demostrar que en efecto a partir de 2009 se le esté
reconociendo y pagando su asignación básica y prestaciones sociales en monto
inferior al dispuesto en su régimen normativo aplicable, le asiste la razón al
Tribunal de Primera Instancia, al manifestar que no hay lugar a reajustar la
asignación básica para efectos del cálculo de la pensión por las consideraciones
anteriormente expuestas, por lo que habrá de confirmarse en este sentido la
sentencia recurrida.
Ahora, en lo que tiene que ver con las partidas computables fijadas en el artículo
1214 de 1990, es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la
demandante con la inclusión en el ingreso base de liquidación de los factores
salariales previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, toda vez que su
vinculación inicial con la entidad demandada fue anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
Del material probatorio relacionado, se observa que mediante Resolución 5025
del 19 de diciembre de 2013, se reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación a favor de la demandante, a partir del 1º de octubre de 2013, en cuantía
equivalente al 75% de las siguientes partidas2:
Sueldo básico $ 2.244.590.00
1/12 Prima de navidad $ 187.049.00
TOTAL $ 2.431.639.00 x 75%
Valor de la pensión $ 1.823.729.00
En igual sentido, quedó demostrado que se vinculó como personal civil del
Ejército Nacional, conforme al acta de posesión del 13 de diciembre de 19933.
Por consiguiente, es dable colegir que su nombramiento ocurrió antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.4
2
Folios 8 y 9.
3
Folio 12.
4
Publicada en el Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
Por lo tanto, en aplicación del precedente jurisprudencial trazado por esta
Sección Segunda en la sentencia de unificación citada, en materia prestacional,
tenía derecho a que se le aplicara lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, por
medio del cual se estableció ese régimen para el personal civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional, y que, en punto de las partidas a incluirse en la
liquidación pensional, señaló que serían las siguientes:
ARTICULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que
se retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de
jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a
que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARAGRAFO 1o. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte
de las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será
computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto,
se tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de
trabajo.
PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en
este Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y
demás prestaciones sociales.
Se observa según certificado de servicios del 3 de mayo de 2016, que percibió
durante su último año de servicios: sueldo básico, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación especial de
recreación y prima de navidad5.
En este orden de ideas, de conformidad con el análisis normativo y la
jurisprudencia de unificación explicada, tiene derecho a que la pensión se le
liquide de conformidad con los factores enunciados en el artículo 102 del citado
Decreto 1214 de 1990, sin embargo se observa que su pensión de jubilación se
liquidó únicamente con inclusión como partidas computables, del sueldo básico
y una 1/12 de la prima de navidad, a pesar de que la certificación antes
referenciada, indicó que ella también recibió la prima de servicios.
Así las cosas y en atención a que la señora Gloria Lucía Guzmán Moreno es
beneficiaria en materia prestacional del Decreto 1214 de 1990, es dable reajustar
su pensión de jubilación, además, con la denominada prima de servicios, por
estar enunciada en el Decreto 1214 de 1990, no sucediendo lo mismo con los
5
Folios 18 al 21.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
demás factores solicitados por la parte demandante, debido a que no es posible
ordenar su cómputo, toda vez que no obra prueba en el plenario que demuestre
que estos hubieren sido devengados como contraprestación de su labor.
Por lo anterior, revocará parcialmente el numeral primero de la sentencia
proferida el 11 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados.
A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación, Ministerio de
Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, reliquidar la pensión de jubilación
reconocida a favor de la demandante en virtud de la Resolución 5025 del 19 de
diciembre de 2013, con inclusión además, de la prima de servicios como partida
computable conforme al artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, haciendo claridad
a que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 1214 de 19906,
esta partida deberá reconocerse, para efectos pensionales, en una doceava
parte.
Esto, desde la fecha en que se causó el derecho, es decir, el 1º de octubre de
2013, en consideración a que en este evento no hubo prescripción de mesadas
pensionales, en tanto que, la exigibilidad del derecho se dio el 1º de octubre de
2013, que la solicitud de la prestación fue presentada el 20 de junio de 2016 y
que la demanda se radicó ante la jurisdicción el 14 de octubre de 2016.
Los valores adeudados por ese concepto deberán ser actualizados de
conformidad con el inciso 4° del artículo 187 del CPACA, y la entidad demandada
dará cumplimiento a la sentencia con base en los términos y previsiones de los
artículos 189 y 192.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
6 ARTÍCULO 47. PRIMA DE SERVICIO ANUAL. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, tendrán derecho al pago de una prima de servicio anual equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de la totalidad de los haberes devengados en el mes de junio del respectivo año, la cual se pagará
dentro de los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año.
(…)
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará la postura según la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes en sus escritos
expusieron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente el numeral primero de la sentencia del 11 de
marzo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda. En su lugar,
Segundo: Declarar la nulidad parcial de la Resolución 5025 del 19 de diciembre
de 2013 y del Oficio No. 412173 MDN-CGFM-DGSM-GAL-1.10 del 4 de mayo de
2016, en tanto el primero liquidó la pensión de la señora Gloria Rocío Guzmán
Moreno sin incluir todos los factores salariales a los que tenía derecho como
partidas computables para el cálculo de la prestación con base en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990 y el segundo negó el ajuste de la pensión de jubilación
con base en la misma norma.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación,
Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, reliquidar la pensión
de vejez reconocida a la demandante en virtud de la Resolución 5025 del 19 de
diciembre de 2013, con inclusión de la prima de servicios en una doceava parte
1/12 como partida computable de conformidad con el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990, con efectos fiscales a partir del 1º de octubre de 2013.
Cuarto: Los valores adeudados por este concepto serán reajustados con base
en el índice de precios al consumidor expedido por el DANE en aplicación de la
siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-2020)
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada
obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.
Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en esta providencia.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en
los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Octavo: Reconocer personería al abogado Joaquín Murcia Melo, portador de la
tarjeta profesional 406.320 del CSJ, conforme a la sustitución de poder
presentada por la Doctora Kelly Andrea Eslava Montes, apoderada de la parte
demandante.
Noveno: Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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