Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01330-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001 23 33 000 2017 01330 01 (6229-2022)
Demandante: Esperanza Pérez Medina
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad
Militar
Tema: Reliquidación pensión de jubilación Decreto Ley 1214 de 1990
Decisión: Confirma parcialmente la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 3 de agosto de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La señora Esperanza Pérez Medina por intermedio de apoderada judicial, solicitó
declarar: i) la nulidad parcial de la Resolución No. 4188 del 22 de noviembre de
2010, por medio de la cual le fue reconocida pensión de jubilación, en atención a
que la partida sueldo básico fijada para el cálculo de la pensión no tuvo en cuenta
lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, es decir no tomó como
base salarial la aplicable al personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional y
además no incluyó todas las partidas computables que debía percibir la demandante
esto es la prima de actividad y la prima de servicios de conformidad con el artículo
102 del Decreto Ley 1214 de 1990; y ii) la nulidad del oficio OFI 16-47463
MDNSGDAGPSAP del 23 de junio de 2016 que negó la reliquidación y pago de la
1 Folios 115 a 129 del expediente físico
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2017 01330 01 (6229 - 2022
Demandante: Esperanza Pérez Medina
pensión conforme lo previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997,
bajo la inclusión de los beneficios y las partidas computables del Decreto Ley 1214
de 1990.
3. A título de restablecimiento del derecho se declare que la demandante tiene
derecho a la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta el numeral 6° del
artículo 3º del Decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando como base salarial las
asignaciones previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, fijado según Decreto 1374 de 2010, teniendo en cuenta que su último
cargo se ubica en el nivel jerárquico asistencial código 6-1 grado 21 y además para
que le sean incluidas las partidas prima de actividad, prima de servicios y demás
beneficios consagrados en el artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990.
4.Una vez recalculada la base salarial se proceda a incluir dentro del valor
devengado el porcentaje equivalente a la prima de actividad en cuantía del 49.4%,
prima de servicios en un 15% y demás beneficios prestacionales consagrados en el
artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990.
5. Que las sumas reconocidas a favor de la demandante sean indexadas y además
se reliquiden las demás prestaciones sociales, cesantías y todo concepto derivado
de la relación laboral, cuyo valor depende de la inclusión de la nueva base salarial
y cualquiera de las prestaciones relacionadas con el Decreto Ley 1214 de 1990.
6. Se condene a la demandada al pago de gastos, costas procesales y agencias en
derecho y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el
C.P.A.C.A.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
7. La señora Esperanza Pérez Medina se vinculó al Ministerio de Defensa el 2 de
febrero de 1990, fue incorporada el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
posteriormente a la Dirección General de Sanidad Militar, donde laboró hasta el 31
de mayo de 2010, fecha a partir de la cual le fue reconocida pensión de jubilación.
8. Desde que le fue reconocida la pensión, se le negó el derecho a percibir la
asignación básica prevista para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, teniendo en cuenta que el cargo por ella ocupado se ubica en el nivel
asesor.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
9. De manera errónea le fue liquidada, reconocida y pagada su pensión de
jubilación, porque la partida sueldo básico fue tomada de la tabla aplicable al
personal civil del Ministerio de Defensa cuando debió tomarse las tablas que se
tienen en cuenta para el personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional y dada
la fecha de su vinculación con la entidad se debió aplicar en su integridad el régimen
prestacional previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990.
10. El 17 de junio de 2016, solicitó ante la Dirección General de Sanidad de las
Fuerzas Militares, reliquidar su pensión tomando como base para la partida
computable sueldo básico la asignación equivalente prevista para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional de acuerdo con el Decreto 1374
de 2010 y en forma subsidiaria reliquidar la mesada pensional con la inclusión de la
prima de servicios y la prima de actividad.
11. En respuesta a la anterior solicitud, la entidad demandada profirió el oficio No.
OFI 16 – 47463 MDNSGDAGPSAP del 23 de junio de 2016, por el que negó lo
pretendido.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
12. La entidad demandada infringió los artículos 13 y 53 de la Constitución Política,
así como el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1, 2, 4, 38 y 57
del Decreto Ley 1214 de 1990, artículos 1, 35, 36, 87 y 88 del Decreto 1301 de
1994, artículos 2 y 3 del Decreto 3062 de 1997, artículos 1, 2 y 3 del Decreto 005
de 1998, artículos 1, 3, 7, 10, 111 y 114 del Decreto 1792 de 2000, artículos 1, 2, 3,
21 y 23 del Decreto Ley 92 de 2007, la Ley 352 de 1997 y el Decreto 2727 de 2010.
13. El Ministerio de Defensa ha evadido el deber de cumplir la ley, particularmente
en materia salarial y prestacional con los empleados que prestaron sus servicios en
la Dirección General de Sanidad Militar, a quienes les asiste el derecho a que su
mesada pensional sea reconocida con la inclusión de las partidas computables
previstas en el artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990.
14. Existe un trato inequitativo y discriminatorio en contra de la demandante,
teniendo en cuenta que fue voluntad del legislador y del ejecutivo en el marco de
sus competencias, fija un régimen salarial y prestacional distinto para el personal de
sanidad vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
pese a pertenecer al Ministerio de Defensa, los argumentos expuestos en los actos
demandados no se ajustan a los mínimos dispuestos por el estatuto de trabajo.
15. La entidad interpreta en forma errónea las disposiciones salariales y
prestacionales que rigen para el personal civil pensionado del Ministerio de Defensa
– Dirección de Sanidad, en atención a que no se puede desconocer que la norma
contempló un régimen salarial para el personal de la Dirección General de Sanidad
previsto en el Decreto 3062 de 1997 y un régimen prestacional contenido en el título
VI del Decreto Ley 1214 de 1990, para quienes se vincularon a la entidad con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
16. A la demandante le asiste el derecho a percibir como sueldo básico una
asignación básica equivalente a las tablas salariales que anualmente expide el
Gobierno Nacional para los servidores que laboran en la Rama Ejecutiva del orden
nacional y en materia prestacional a que se les compute como partidas adicionales
las contenidas en el Decreto Ley 1214 de 1990.
17. Finalmente señaló que los actos demandados se encuentran viciados de falsa
motivación, pues, los argumentos que los soportan no guardan identidad con el
régimen salarial y prestacional aplicable a la demandante en calidad de personal
civil del Ministerio de Defensa.
1.4. Contestación de la demanda2
18. Una vez presentada la demanda el 14 de octubre de 2016 y admitida el 28 de
noviembre de 2017, se notificó a la Nación - Ministerio de Defensa – Dirección
General de Sanidad Militar entidad que presentó escrito de contestación en el que
se opuso a la prosperidad de las súplicas.
19. Formuló la excepción de pleito pendiente, teniendo en cuenta que la pretensión
relacionada con la reliquidación de la mesada pensional con la inclusión de la prima
de servicios, fue debatida en juicio anterior dentro del expediente identificado con el
No. 68001333301320140018700 conocido en primera instancia por el Juzgado
Trece Oral de Bucaramanga y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Santander, actualmente el proceso se encuentra en etapa de alegatos en
segunda instancia.
2 Folios 171 a 196 del expediente físico.
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20. La norma con fundamento en la que se canceló la asignación básica a la
demandante, es la prevista por el legislador para el sector salud de las Fuerzas
Militares y la Policía de conformidad con los decretos salariales expedidos
anualmente por el Gobierno Nacional y las escalas salariales de cada cargo y grado,
de modo que no hay lugar a que los funcionarios públicos civiles y no uniformados
del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar, se les realice
reconocimiento adicional o diferente conforme al Decreto 4783 de 2008, las normas
correspondientes orientan el nivel jerárquico al que pertenece cada empleado y para
el caso del profesional de defensa corresponde el nivel profesional.
21.El régimen salarial aplicable al personal de la planta de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar se encuentra
establecido en el Decreto 4783 de 2008 que determina las escalas de asignación
básica de los empleos públicos y de los empleados civiles del Ministerio de Defensa,
de modo que no hay lugar a indexar, reliquidar y ajustar las prestaciones sociales
de la demandante, toda vez que las asignaciones básicas son pagadas conforme a
los decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
22.La pensión de la demandante fue reconocida con fundamento en las
disposiciones contenidas en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, esto es en un
75% del último salario devengado, valor en el que se encuentra incluida la prima de
actividad.
23. El hecho de que la demandante sea parte del personal civil del Ministerio de
Defensa y pertenezca a la planta global de personal del sector defensa, no le otorga
el derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos regulados en el título III
del Decreto Ley 1214 de 1990, entre otros la prima de actividad, dado que existe ley
posterior y especial que los excluye de ese régimen, norma que se encuentra
vigente.
1.5. Sentencia de primera instancia3
24. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de fecha 3 de agosto de
2022 negó las súplicas incoadas en la demanda y condenó en costas a la parte
vencida.
3 Expediente digital primera instancia. Índice 51 Samai.
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25.A partir del 27 de octubre de 2009, la asignación básica de la demandante
corresponde a la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que, desde dicha fecha
se posesionó en el empleo al que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura
y clasificación especial para los empleados civiles no informados del sector defensa,
habiéndose respetado la garantía contenida en el numeral 6° del artículo 3° del
Decreto 3062 de 1997, en tanto hasta el 26 de octubre de 2009 devengó su salario
básico en el empleo que desempeñaba, esto es supervisor código 5105 grado 10,
conforme al régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.
26. En lo que respecta a la presunta existencia de una desmejora salarial, se
observa que la asignación básica desde el año 2009 y el 2010, fecha hasta cuando
se desempeñó como Auxiliar de Servicios código 6-1 grado 21 prevista en los
decretos salariales de la Rama Ejecutiva Nacional para el cargo de supervisor
código 5101 grado 10, es igual a la asignación básica de su cargo del nivel
asistencial Auxiliar de Servicios código 6-1 grado 21, conforme a la Resolución No.
1453 de 2008.
27. Aun cuando la demandante es beneficiaria del régimen prestacional consagrado
en el Decreto Ley 1214 de 1990, su situación salarial no se rige por dicha normativa,
que consagra el reconocimiento de la prima de actividad cuya inclusión reclama
como partida computable en la base pensional, en la medida en que desde el año
2009 quedó sometida al régimen salarial de los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa.
28. Si bien la vinculación con el Ministerio de Defensa tuvo lugar con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta circunstancia solo tiene
incidencia en materia prestacional, más no salarial, y en tal virtud, aun siendo
beneficiaria del régimen prestacional regulado por el Decreto Ley 1214 de 1990, a
partir del año 2009, su régimen salarial no está regulado por dicho decreto, es decir,
no le resulta aplicable el régimen salarial para el personal civil del Ministerio de
Defensa, sino el fijado por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa.
29. Finalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A.
en concordancia con el numeral 1° del artículo 365 del C.G.P., condenó en costas
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de primera instancia a la parte actora y a favor de la entidad demandada, en la
medida de su comprobación.
1.6 Recurso de apelación4
30. La demandante, por intermedio de su apoderada, presentó recurso de apelación
únicamente con el fin de obtener la reliquidación de la mesada pensional con la
inclusión de todas las partidas computables previstas en el artículo 102 del Decreto
Ley 1214 de 1990, en especial la prima de actividad y la prima de servicios.
31. Afirma que el problema jurídico planteado se limita a determinar si le son
aplicables las disposiciones que en materia prestacional se encuentran contenidas
en el Decreto Ley 1214 de 1990, teniendo en cuenta que su vinculación con la
entidad data del 2 de febrero de 1990, esto es con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, de suerte que le asiste el derecho a solicitar la
inclusión de la prima de actividad y la prima de servicios (antigüedad) en la
liquidación de su mesada pensional.
32. La actora devengó la prima de actividad desde su ingreso al Ministerio de
Defensa, no obstante, fue la variación normativa a partir de la expedición de la Ley
100 de 1993, lo que le impidió continuar devengando dicha prestación, por lo que la
entidad desconoce el régimen especial del cual es beneficiaria.
33. Se debe diferenciar lo devengado por la demandante, -que no pueden ser
valores distintos a los previstos en las partidas consignadas en el Decreto Ley 1214
de 1990, teniendo en cuenta que su vinculación se produjo con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993- y lo efectivamente pagado, momento en
el que la entidad de forma arbitraria, suprimió la prima de actividad a la que tenía
derecho, en tiempo de actividad, conforme lo previsto en el título III del Decreto Ley
1214 de 1990, lo que impacta en las partidas señaladas en el título VI ibidem.
34. No pueden ser desconocidos los derechos adquiridos en materia prestacional,
la demandante percibió la prima de actividad y de servicios desde su ingreso y hasta
febrero de 1996, cuando fue incorporada el ISFM, por esta razón sus derechos
prestacionales, a percibir la mesada pensional en los términos del Decreto Ley 1214
de 1990, deben ser reconocidos en forma integral.
4 Expediente digital primera instancia. Índice 54 Samai.
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35. Lo pretendido es que en materia prestacional se de aplicación al parágrafo del
artículo 89 del Decreto 1301 de 1994 norma que fue ratificada por el artículo 55 de
la Ley 352 de 1997 y el numeral 4º del artículo 3º del Decreto 3062 de 1997,
disposiciones que ordenan aplicar en su integridad el régimen prestacional
establecido en el titulo VI del Decreto Ley 1214 de 1990.
36. No tendría sentido que el Legislador ampare los derechos adquiridos de las
personas vinculadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, solo en el sentido de conceder la pensión con 20 años de servicios y con el
75% de los devengado en el último año, contrario a ello ordenó la aplicación integral
del título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, esto es con todas las partidas contenidas
en el artículo 102 de la norma.
37. Finalmente solicitó revocar la condena en costas teniendo en cuenta que no se
le puede atribuir una carga adicional a la demandante.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
38. Mediante auto de 22 de junio de 2023, se admitió el recurso de apelación.
39. En el término otorgado la entidad demandada alegó de conclusión reiterando
los argumentos esbozados en la contestación, en orden a que la demandante no le
asiste derecho a la reliquidación de su mesada pensional con la inclusión de la prima
de actividad, toda vez que no devengó dicho emolumento. En consecuencia, solicitó
confirmar en su integridad la sentencia proferida en primera instancia.
40. La parte actora y el Agente del Ministerio Público delegado ante esta
Corporación, en el término otorgado guardaron silencio.
41. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
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interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
43. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Asunto previo
44. En audiencia inicial celebrada el 7 de noviembre de 2019, en la etapa
correspondiente a decisión de excepciones previas, el a quo declaró probada la
excepción de cosa juzgada respecto a la pretensión relacionada con la reliquidación
de la pensión de la demandante con la inclusión de la prima de servicios, teniendo
en cuenta que dicha controversia fue debatida dentro del medio de control y nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el No. 68001333301320140018700
conocido en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad de
Bucaramanga y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander,
corporación esta última que dictó sentencia definitiva el 19 de diciembre de 2017,
en la que se confirmó la decisión que ordenó la reliquidación de la mesada con la
inclusión de la prima de servicios y se incrementó el valor de la 1/12 de la prima de
navidad ya reconocida.
45. En consecuencia, se ordenó continuar con el proceso respecto de las demás
pretensiones formuladas que no versan sobre la inclusión de la prima de servicios.
La anterior decisión no fue apelada por la parte actora, razón por la cual se
encuentra debidamente ejecutoriada y en firme.
46. Ahora bien, en la demanda entre otras se solicita declarar que la demandante
tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación aplicando como base
salarial las asignaciones previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, fijado en el Decreto 1374 de 2010 y además incluir dentro de la
liquidación de la mesada todos los beneficios y partidas computables previstas en
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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el artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990, en especial la prima de actividad.
47. En la sentencia proferida en primera instancia el a quo negó todas las súplicas
incoadas en la demanda, no obstante, en el recurso de apelación, la parte actora
solo cuestiona la decisión relacionada con la liquidación de la mesada pensional
teniendo en cuenta en su integridad el régimen prestacional contenido en el título VI
del Decreto Ley 1214 de 1990, esto es con la inclusión además de los emolumentos
ya reconocidos, también la prima de actividad y de servicios. Sin embargo, por lo ya
expuesto, no es posible revisar lo relacionado con la prima de servicios, si no que
el problema jurídico en esta instancia se fijará solo respecto a la inclusión de la
prima de actividad.
2.3 Problema Jurídico
48. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la señora Esperanza
Pérez Medina le asiste o no el derecho a que la Nación – Ministerio de Defensa -
Dirección General de Sanidad Militar le reliquide su pensión de jubilación con
fundamento en el régimen prestacional establecido en el título VI del Decreto Ley
1214 de 1990, incluyendo además de los factores ya reconocidos, el
correspondiente a la prima de actividad.
2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. Del régimen prestacional aplicable a los servidores vinculados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
49. De conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al
Congreso de la República determinar la estructura de la administración nacional y
crear, suprimir o fusionar Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos y otras entidades del orden nacional,
señalar sus objetivos y estructura orgánica y dictar la ley marco donde se fijen los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para efectos
de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de los miembros de la Fuerza Pública.
50. En atención al mandato contenido en el numeral 19, literales e) y f) del artículo
150 Constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, que en
su artículo 1º determinó que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas,
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criterios y objetivos contenidos en esa ley, le corresponde fijar el régimen salarial y
prestacional, entre otros de “Los miembros de la Fuerza Pública”.
51. En ejercicio de las competencias enunciadas, en el Ministerio de Defensa, en
materia salarial y prestacional se aplican tres regímenes consagrados en diferentes
estatutos, a saber: i) para el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de
Policía, consagrado en los Decretos Leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990; ii) para el
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990 y iii) para los empleados
públicos y trabajadores oficiales de entidades descentralizadas adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional establecido en el Decreto 2701 de
1988. En todo caso, dado el contorno fáctico del presente asunto, la Sala solo se
referirá al régimen contenido en el Decreto 1214 de 1990, disposición con
fundamento en la que la demandante reclama el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
52. El Decreto Ley 1214 de 1990, en su artículo 2º7 señala que el personal civil
del Ministerio de Defensa y de la Policía, está integrado por el personal que preste
sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional, con excepción de aquellas que prestan sus
servicios en los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las Unidades Administrativas
Especiales, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa, que se rigen por las
normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo.
53. En este punto conviene recordar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
dispone que las normas que regulan el Sistema Integral de Seguridad Social, no se
aplican a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ni al
personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquellos
que se vinculen a partir de la vigente de la presente ley.
7 “Artículo 2o. Personal Civil. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, las
personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.
En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas
especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada
organismo.”
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54. El Ministro de Gobierno, delegatario de las funciones presidenciales, en uso de
las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 6° del artículo 248 de la Ley
100 de 1993, profirió el Decreto Ley 1301 de 19948, a través del cual organizó el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal civil
del Ministerio de Defensa y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así
como de sus entidades descentralizadas.
55. En el artículo 35 de la norma en cita, se organizó el Establecimiento Público
denominado Hospital Militar Central, como Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, Establecimiento Público del
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio. El artículo 53 de la disposición referida, señaló que, con el fin de cumplir con
su objetivo, el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares contará con una planta
global de personal la cual será la del Establecimiento Público denominado Hospital
Militar Central ajustada a las funciones del Instituto.
56. El Decreto Ley 1301 de 1994, también reguló el régimen salarial de los
empleados púbicos y trabajadores oficiales vinculados al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares como al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, así:
“Articulo 88. Régimen Salarial del Personal. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de
remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán
por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el gobierno
Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos
organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia
el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa
Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen
salarial establecido para la entidad respectiva.”
8 "Por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal
civil del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así como del de
sus entidades descentralizadas"
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57. Como se lee, la norma en forma diáfana orienta que el régimen salarial de los
servidores vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional es el consagrado en las
normas que establezca el Gobierno Nacional para estos servidores, de manera que,
“no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional”.
58. En lo que se refiere al régimen prestacional de los servidores públicos
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional (INSSPONAL), el Decreto 1301
de 1994, señala:
“Articulo 89. Régimen Prestacional del Personal. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán sometidos al
régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales se
les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y adicionen.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados
por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.”
59. En ese orden de ideas, para los servidores públicos que se encontraban
vinculados al Ministerio de Defensa o la Policía Nacional antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y fueron incorporados a los mencionados Institutos,
quedó a salvo la aplicación del régimen prestacional consagrado en el título VI del
Decreto Ley 1214 de 1990, esto es, en lo que tiene que ver con el sistema de
seguridad y bienestar social, compuesto por: prestaciones médico-asistenciales,
auxilios por enfermedad, licencias por maternidad o abortos, descansos por
lactancia, vacaciones, anticipos de cesantía, cesantías definitivas, pensión de
jubilación, vejez e invalidez, prestaciones por enfermedad y accidentes de trabajo,
entre otros emolumentos. Pero en lo relativo a las demás prestaciones sociales se
les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y las demás normas que lo modifiquen o
adicionen.
60. Para quienes se vincularon al Ministerio de Defensa después de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y aquellos que ingresaron en forma directa al
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Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, quedaron sometidos al régimen prestacional
consagrado en la dicha Ley 100 y el Decreto Ley 2701 de 19889 y las normas que
lo modifiquen y adicionen, según corresponda.
61. Ahora bien, mediante Ley 352 de 199710, el legislador dispuso que el Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP), está constituido
por el Ministerio de Defensa Nacional, el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,
el Subsistema de Salud de la Policía Nacional y los afiliados y beneficiarios del
Sistema. Así mismo que el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares lo
constituyen el Comando General de las Fuerzas Militares, la Dirección General de
Sanidad Militar, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el
Hospital Militar Central.
62. En el artículo 9° de la norma en cita, se ordenó la creación de la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las
Fuerzas Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopte
el CSSMP y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares.
63. De otra parte, el artículo 53 ibidem ordenó la “supresión y liquidación de los
establecimientos públicos denominados Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
e Instituto para la Seguridad Social y bienestar de la Policía Nacional”, y en el
artículo 54 prescribió que “los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se
incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial
que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos
y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional.”
9 Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
10 Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social
para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
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64. En cuanto a los regímenes, salarial y prestacional de los servidores públicos de
las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los
artículos 55 y 56 de la Ley 352, orientan:
“Artículo 55. Régimen prestacional. A los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas
de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Parágrafo. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no
contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 56. Régimen Salarial. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la
Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos al mismo
régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según
sea el caso.”
65. Aun cuando con la reestructuración del sistema de salud de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, se creó entre otras, la Dirección General de Sanidad
Militar como dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, que
hacen parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, dicha disposición
fue precisa en indicar que el régimen salarial de sus servidores públicos es aquel
que se les aplicaba en los Institutos suprimidos, esto es el contenido en las normas
que estableció el Gobierno Nacional para esos organismos, que no es otro que el
de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, bajo la remisión
prevista en el artículo 7° del Decreto Ley 2701 de 1988.
66. En materia prestacional solo a los servidores públicos del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, incorporados a las plantas de salud del Ministerio de Defensa, que se
hubieren vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se les
aplica en su integridad el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990 o las normas que
lo modifiquen o adicionen; a los demás se les aplica el régimen de la Ley 100 de
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1993, y en lo no contemplado en ella, lo regulado en el título VI del Decreto Ley
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
67. El artículo 2° del Decreto 3062 de 199711, reiteró que los servidores públicos
vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, serían incorporados a la
Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital Militar Central
según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de
la Ley 352 de 1997, sobre el particular, el artículo 3° de la norma en cita señala:
“Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de
que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las siguientes
garantías:
1. El personal que se incorpore a las Plantas de Personal de Salud que para tal efecto
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional o en el Hospital Militar Central según
sea el caso, no requerirá la presentación o cumplimiento de ningún requisito adicional.
2. En ningún caso la incorporación implica solución de continuidad para ningún efecto
legal ni desmejoramiento en las condiciones laborales y salariales, ni liquidación de
prestaciones sociales para los empleados públicos y los trabajadores oficiales que
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que se
incorporen en las Plantas de Personal de Salud que se creen en el Ministerio de
Defensa Nacional o en el Hospital Militar Central.
3. La incorporación no produce la terminación, suspensión o modificación del vínculo
laboral existente, llámese relación legal y reglamentaria en el caso de los empleados
públicos o contrato de trabajo en el caso de los trabajadores oficiales.
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal
de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado a esta
Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su
integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.
Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 Se le continuará aplicando el Régimen Prestacional
consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
5. En materia de salud se aplicará según el caso, lo establecido en la Ley 352 de
1997, Ley 100 de 1993 y el título VI del Decreto 1214 de 1990 en lo pertinente a salud,
y las normas que lo modifiquen o adicionen.
11 por el cual se dictan normas para la liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
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6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen
en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
Por su parte, las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter de
empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes, aunque
en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial establecido
por el Gobierno Nacional, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 352 de 1997.
7. El personal que presta el Servicio Social Obligatorio en el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares pasará a ser de responsabilidad de cada Fuerza y del Hospital
Militar Central, de acuerdo a donde actualmente esté prestando el servicio.”
68. Conforme a la Ley 352 y 1301 de 1994 y los Decretos 3062 de 1997 y 133 de
1998, el régimen salarial aplicable en ese entonces, a todos los empleados públicos
que ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y posteriormente fueron
incorporados a la Dirección de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad de la Policía
y la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, es el que rige para los empleados
públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.
69. En cuanto al régimen prestacional, los empleados públicos que se encontraban
prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y que luego fueron
incorporados a la Dirección de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional y la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, se les continúa
aplicando el régimen prestacional del título VI del Decreto Ley 1214 de 1990. A los
demás se les aplica el régimen prestacional de la Ley 100 de 1993, y en lo no
contemplado en ella, lo regulado en el título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.
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70. Con posterioridad y a partir de la expedición de la Ley 1033 de 2006 12, los
Decretos 9113 y 9214 de 2007 y el Decreto 4783 de 200815, se unificó el régimen de
administración de personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal
de empleados públicos del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad
Militar, mediante la realización de las equivalencias de los empleos preexistentes
frente la nueva planta que fue ajustada con la tabla de organización fijada en la
Resolución No. 1453 de 2008.
71. Así se consideró que el Decreto 4783 de 2008, ordenó la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes a la planta ajustada, respecto
de quienes se dispuso que continuarían percibiendo la remuneración
correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el
cargo en el que sean incorporados.
72. Sobre el tema objeto de análisis, en sentencia de unificación SUJ – 019 – CE-
2S del 12 de diciembre de 201916 esta Corporación fijó las siguientes reglas de
interpretación sobre el régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional que se incorporó a las plantas de personal de salud
del Ministerio de Defensa Nacional –Dirección General de Sanidad Militar, Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional y la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional,
veamos:
“(…)
Reglas de unificación
61. En este orden de ideas, la Sala fija las siguientes reglas de interpretación,
atendiendo a los principios de igualdad y respeto por las garantías laborales, para
sentar jurisprudencia sobre el régimen salarial y prestacional del personal civil
12 por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al
servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la
Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política.
13 Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal.
14 Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las
entidades que integran el Sector Defensa.
15 por el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del Ministerio
de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de Unificación Jurisprudencial SUJ-019-
CE-S2-2019, Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2019, expediente 25000234200020160423501, demandante:
Gladys Yadira Páez Peña, demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar.
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vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporó a las plantas
de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de
Sanidad Militar.
62. Para fijar las reglas, la Sala considera pertinente tomar como referencia la
normativa que en el tiempo ha regido en materia de personal del Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
63. Entre la vigencia del Decreto 1301 de 199417 y de la Ley 352 de 199718, aplican
las siguientes reglas:
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados19 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
64. A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997, los empleados públicos que
antes prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
que fueron incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional,
dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las
siguientes reglas:
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062
de 1997).
17 Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
18 Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
19 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se encontraran
prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
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2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley 100
de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55
de la Ley 352 de 1997).
65. Con la Ley 1033 de 2006 se unificó el régimen de administración de personal
que se aplica al personal civil vinculado a los Organismos y Dependencias del
Sector Defensa. Por ello, los empleos públicos del personal civil no uniformado
asignados a la Dirección General de Sanidad Militar pertenecen a la planta de
personal del Ministerio de Defensa Nacional, a quienes se les aplican las
siguientes reglas:
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200720 se reajustaron las
plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con base
en la nueva nomenclatura.
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la Planta de
Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que
desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
el cargo en el que fueron incorporados.
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
especial para los empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó a
devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional18.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente
en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
correspondiente al empleo que antes desempeñaba, esto es, según el régimen
salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional19. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la
planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la
escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
20 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación, por
lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
(…)”
73. Como se observa, en sede de unificación se interpretó que el régimen salarial
aplicable a los empleados públicos que se encontraban prestando servicios en el
Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional y se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, y posteriormente fueron incorporados a la Dirección de
Sanidad Militar y las Direcciones de Sanidad y Bienestar Social de la Policía
Nacional, es el que rige para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional, y tratándose del régimen prestacional la ley amparó el derecho a la
aplicación del título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, siempre y cuando la
vinculación hubiere sido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, lo anterior hasta tanto se produjo la reforma a la nomenclatura y clasificación
de los empleos y su equivalencia.
2.5 . Actuación administrativa
74. El 17 de junio de 2016, la demandante solicitó ante el Ministerio de Defensa
Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales la reliquidación de su pensión tomando
como base para la partida computable sueldo básico una asignación equivalente a
la prevista para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, acorde con
lo dispuesto en el Decreto 1347 de 2010 y la inclusión en la liquidación de la mesada
pensional de la prima de servicios y la prima de actividad.21
75. En respuesta a esa solicitud la entidad demandada profirió el oficio No. OFI16-
47463 MDNSGDAGPSAP del 23 de junio de 201622, por el que negó la reliquidación
pensional deprecada por la actora.
2.6 Caso concreto
76. Se aportaron al plenario los siguientes documentos que dan cuenta de la
vinculación de la señora Esperanza Pérez Medina con el Ministerio de Defensa –
Dirección General de Sanidad Militar:
21 Folio13 del expediente físico.
22 Folios 14 a 15 del expediente físico.
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
• Acta de posesión No. 207 del 2 de febrero de 1990, tomó posesión del cargo
de Auxiliar Segundo, para el que fue nombrada mediante OAP 1-074.23
• Acta de posesión No. 2423 del 1 de marzo de 1996, tomó posesión del cargo
de Auxiliar de Servicios Generales código 5335 grado 07 para el Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares, para el que fue nombrada mediante resolución
No. 0113 del 1 de marzo de 1996. “OBSERVACIONES: POSESION POR
INCORPORACION DE ACUERDO CON EL DECRETO No. 181 DE ENERO
24 DE 1996.”24
• Acta de posesión sin número de fecha 17 de diciembre de 1996, tomó posesión
del cargo de supervisor para el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, para
el que fue incorporado mediante resolución No. 1120 del 16 de diciembre de
1996.25
• Acta de posesión No. 59 del 15 de enero de 1998, tomó posesión del cargo de
Supervisor código 5101 grado 10 en la Planta de Salud del Ministerio de
Defensa al servicio del Ejército Nacional, incorporada mediante resolución No.
00036 del 15 de enero de 1998.26
• Acta de posesión No. 0659 del 27 de octubre de 2009, tomó posesión del cargo
de Auxiliar de Servicios código 6-1 grado 21 en la Planta de Personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad
Militar al servicio de la Dirección de Sanidad del Ejército en el ESM – Batallón
de Apoyo y Servicios para el Combate No. 5. “NOTA: ESTA INCORPORACION
NO REPRESENTA CAMBIOS EN EL REGUIMEN LABORAL NI
PRESTACIONAL.”27
77. Mediante Resolución No. 0612 del 20 de mayo de 2010, el Director General de
Sanidad Militar28, retiró del servicio a la señora Pérez Medina del cargo de Auxiliar
de Servicios código 6-1 grado 21 perteneciente a la Planta de Personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar, al servicio de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional –
Batallón A.S.P.C. No. 5, a partir del 31 de mayo de 2010.
23 Folio 2 y 160 del expediente físico
24 Folio 4 y 167 del expediente físico
25 Folio 5 y 163 del expediente físico
26 Folio 6 y 169 del expediente físico
27 Folio 7 y 170 del expediente físico
28 Folio 8 y 171 del expediente físico.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2017 01330 01 (6229 - 2022
Demandante: Esperanza Pérez Medina
78. Mediante Resolución No. 4188 del 22 de noviembre de 201029, La Dirección de
Veteranos y Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor de aquélla en cuantía
de $785.351, a partir del 31 de mayo de 2010, prestación que fue reconocida en
cuantía del 75% del último salario devengado, a saber: sueldo básico ($863.865),
auxilio de trasporte ($61.500), prima de alimentación ($41.221) y la 1/12 de la prima
de navidad ($80.549).
79. El 2 de mayo de 2016, el Coordinador de Talento Humano del Ministerio de
Defensa Ejército Nacional30, certificó los emolumentos devengados por la actora
para los años 1996 a 2010, así:
• Para el año 1996. Sueldo básico, subsidio de alimentación, prima de servicios,
prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de navidad.
• Para el año 1997. Sueldo básico, subsidio de alimentación, subsidio de
trasporte, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima
de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad.
• Para los años 1998 a 1999. Sueldo básico, subsidio de alimentación, prima de
servicios, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones,
bonificación especial de recreación y prima de navidad.
• Para los años 2000 a 2010. Sueldo básico, subsidio de alimentación,
subsidio de trasporte, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y
prima de navidad.
80. El grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad Militar, el 3 de
diciembre de 2019, certificó que la demandante en calidad de Auxiliar de Servicios
código 6-1 grado 21, laboró en la entidad desde el 1° de marzo de 1996 hasta el 31
de mayo de 2010. Así mismo que revisada su hoja de vida se evidencia que estuvo
vinculada desde el 2 de febrero de 1990 al 29 de febrero de 1996.
81. Certificó además los emolumentos reconocidos desde el año 1996 al 2006 y
precisó que el régimen prestacional aplicable a los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar,
corresponde al establecido en el Decreto 2701 de 1988, por el que se reforma el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las
29 Folios 11 a 12 del expediente físico.
30 Folios 16 a 18 y 173 a 177 del expediente físico.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del estado adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa.
82. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la demandante se vinculó al
Ministerio de Defensa en calidad de empleado civil no uniformado antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, conservó el derecho a la aplicación del
régimen prestacional consagrado en el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990,
disposición que, para el reconocimiento de la pensión de jubilación por tiempo
continuo, señala:
“Artículo 98. Pensión de Jubilación por Tiempo Continuo. El empleado público del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de
servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro
(24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su
retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario
devengado, cualquiera que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas
en el artículo 103 (sic) de este Decreto.
83. Respecto a los emolumentos que se deben considerar para la liquidación de la
mesada pensional, el artículo 102 de la norma en cita, señala:
“Articulo 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de la
vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y
pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás
prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes
partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
Parágrafo 1o. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las Cajas
de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable como
partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta la suma
que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
Parágrafo 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto será
computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones sociales.”
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84. Sobre el tema objeto de análisis en este proceso, se ha pronunciado en forma
pacífica la Sección Segunda de esta Corporación31, quien ha orientado sobre la
procedencia de la liquidación de la mesada pensional del personal civil incorporado
en la Dirección de Sanidad Militar vinculado antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión de los emolumentos contenidos en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990, siempre y cuando los hubiere devengado, así:
“En este orden de ideas, de conformidad con el análisis normativo y la jurisprudencia de
unificación explicada, tiene derecho a que la pensión se le liquide de conformidad con los
factores enunciados en el artículo 102 del citado Decreto 1214 de 1990, sin embargo se
observa que su pensión de jubilación se liquidó únicamente con inclusión como partidas
computables, del sueldo básico y una 1/12 de la prima de navidad, a pesar de que la
certificación antes referenciada, indicó que ella también recibió la prima de servicios.
Así las cosas y en atención a que la señora Gloria Lucía Guzmán Moreno es beneficiaria
en materia prestacional del Decreto 1214 de 1990, es dable reajustar su pensión de
jubilación, además, con la denominada prima de servicios, por estar enunciada en el
Decreto 1214 de 1990, no sucediendo lo mismo con los demás factores solicitados por la
parte demandante, debido a que no es posible ordenar su cómputo, toda vez que no obra
prueba en el plenario que demuestre que estos hubieren sido devengados como
contraprestación de su labor.
(…)
A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación, Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor
de la demandante en virtud de la Resolución 5025 del 19 de diciembre de 2013, con
inclusión además, de la prima de servicios como partida computable conforme al artículo
102 del Decreto 1214 de 1990, haciendo claridad a que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 47 del Decreto 1214 de 19906, esta partida deberá reconocerse, para efectos
pensionales, en una doceava parte.”
85. Atendiendo al recuento normativo y jurisprudencial efectuado en precedencia,
se concluye que a la señora Esperanza Pérez Medina, le asiste el derecho a la
liquidación de su mesada pensional con la inclusión de los emolumentos contenidos
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, siempre y cuando los hubiere
devengado en el último salario reconocido.
86. Se encuentra demostrado que la mesada pensional reconocida a la actora, fue
liquidada con la inclusión de los emolumentos correspondientes a: sueldo básico,
31 Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicación 25000-23-42-000-2016-04915-01 (3259-
2020). En el mismo sentido, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicación 25000-23-42-000-2018-
00669-01 (4299-2021), Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 25000-23-42-000-
2018-02039-01 (2811-2020), Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2024, radicación 25000-23-42-000-
2016-04906-01 (6003-2022).
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auxilio de trasporte, prima de alimentación, 1/12 de la prima de navidad; no
obstante, en el contenido del recurso de apelación además solicita la inclusión como
partidas de liquidación de la mesada pensional de la prima de servicios y la prima
de actividad.
87. Sobre el particular, considera pertinente la Sala recordar que respecto a la
inclusión de la prima de servicios, dicha controversia fue debatida dentro del medio
de control y nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el No.
68001333301320140018700, que culminó con sentencia se segunda instancia en
la que se ordenó la reliquidación de la mesada con la inclusión de dicho
emolumento, por esta razón el a quo declaró probada la excepción de cosa juzgada,
decisión que no fue apelada por la demandante, por lo que se encuentra
debidamente ejecutoriada y en firme.
88. Ahora bien, en lo que se refiere a la inclusión como partidas de liquidación de
la mesada pensional de los demás emolumentos establecidos en el artículo 102 del
Decreto Ley 1214 de 1990, en especial la prima de actividad, conforme a lo
probado en el proceso, al menos desde el año 1996 la señora Esperanza Pérez
Medina no devenga dicho prima, en ese orden de ideas y en atención a las
disposiciones contenidas en el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990 32 no es
procedente ordenar su inclusión en la liquidación de la mesada pensional.
89. Además se recuerda que, si bien la vinculación de la actora se produjo con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta circunstancia solo
lo beneficia para la aplicación del régimen prestacional contenido en el Decreto Ley
1214 de 1990, más no el salarial, razón por la que no es procedente ordenar la
reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de actividad, emolumento
que es propio del régimen salarial aplicable al personal civil del Ministerio de
Defensa.
2.7 Conclusión
90. En relación con el caso que nos ocupa, a la señora Esperanza Pérez Medina,
no le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión
de la prima de actividad, teniendo en cuenta que dicho emolumento no fue
32 “tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera
que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 (sic) de este Decreto.”,
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
devengado en el último salario devengado, a voces de lo ordenado en el artículo 98
del Decreto Ley 1214 de 1990.
2.8 Condena en costas en primera instancia
91. Observa la Sala que en la sentencia proferida en primera instancia el a quo con
fundamento en el artículo 188 del C.P.A.C.A. en concordancia con el numeral 1º del
artículo 365 del C.G.P. condenó en costas a la parte actora.
92. Inconforme con esa decisión la apoderada de la demandante con la alzada
manifestó que dicha condena debe ser revocada teniendo en cuenta que no se le
puede atribuir una carga adicional a su representada.
93. Sobre el particular, se advierte que el a quo quien limitó su análisis al criterio
objetivo para la imposición de las costas.
94. Ahora, pese a que la sentencia fue proferida el 3 de agosto de 2022, en vigencia
de la Ley 2080 de 2021 que en el artículo 47 adicionó el artículo 188 del C.P.A.C.A.
disposición que exige la verificación de la carencia de fundamento legal; el tribunal
omitió tener en cuenta dicha normativa.
95. Atendiendo lo anterior, una vez revisada la providencia de instancia, se advierte
que no se tuvo en cuenta la anterior disposición, lo que de contera amerita la
revocatoria de la condena en costas; y en todo caso, hecha la verificación por la
Sala, no se advierte la existencia de dicha carencia de fundamento legal, toda vez
que lo pretendido en la demanda fue soportado y sustentado en la normativa que
regula el régimen salarial y prestacional.
96. Por lo expuesto se revocará el numeral segundo de la sentencia apelada que
condenó en costas a la parte actora en la medida de su comprobación, para en su
lugar negar dicha condena.
2.9 Condena en costas en segunda instancia
97. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto la existencia de carencia de fundamentación jurídica;
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Esperanza Pérez Medina
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
análisis, de la revisión de los argumentos presentados por la parte actora, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, se advierte que se sustentaron las
razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia apelada que condenó en
costas a la parte actora; y en su lugar se dispone no condenar, conforme la
motivación.
SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 3 de agosto de 2022,
por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual negó las súplicas de
la demanda, por las razones expuestas.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Reconocer personería adjetiva al señor Joaquín Murcia Melo identificado
con C.C. No. 1.032.393.414, portador de la T.P. No. 406.320 del C.S.J. como
apoderado de la parte actora, conforme al poder de sustitución que le fue otorgado
por la Dra. Kelly Andrea Eslava Montes.33
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
33 Expediente digital samai índice 13.
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Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
29
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