Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05151-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-01
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 20 de agosto de 2025, la señora Amparo Grisales Zapata, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la
seguridad social, mínimo vital y dignidad humana.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 11 de abril de 2025, proferida
por la autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 1 que promovió contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones. Con dicha demanda se pretendía la declaratoria de la nulidad de los
actos administrativos mediante los cuales se reconoció pensión de vejez y,
posteriormente, se reliquidó su mesada pensional.
3.
Mediante la providencia cuestionada, se confirmó la decisión adoptada el 4 de
diciembre de 2017 por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín que
negó las pretensiones de la demanda. Se consideró que como la accionante no
acreditó haber cotizado al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y al haber obtenido el reconocimiento
pensional con base en lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, no le era aplicable lo
establecido en la sentencia SU-769 de 2014, según la cual, cuando el interesado no
haya podido obtener la pensión de jubilación bajo ningún otro régimen pensional, por
favorabilidad, de forma excepcional debía aplicarse lo dispuesto en el Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
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Con número de radicado: 05001-33-33-030-2016-00581-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-01
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial establecido por la Corte Constitucional desde las sentencias T-090 de 2009,
T-398 de 2009 y T-334 de 2011, según el cual, en relación a la posibilidad de acceder
a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758
de 1990, es posible acumular periodos laborados, cotizados o no cotizados, al
servicio de entidades públicas y privadas.
5.
En la sentencia SU-769 de 2014 se especificó que el cómputo de las semanas
cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 19993 para dar
solución a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo
hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, lo que
redujo notablemente la posibilidad de que los trabajadores accedieran a una pensión
de jubilación. Por ende, para efectos del reconocimiento de esta prestación, se
determinó que era posible acumular tiempos de servicios cotizados a las cajas o
fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al ISS, por
cuanto la exclusividad en los aportes a dicha entidad no estaba contemplada en el
Acuerdo 049 de 1990.
6.
En la sentencia SU-057 de 2018 se dispuso que, cuando se pedía el
reconocimiento de una pensión de vejez y el interesado estaba cobijado por el
régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, era deber de las AFP
acumular los tiempos de servicios que el trabajador hubiera efectivamente cotizado
sin que resulte viable consideración alguna respecto de si estas fueron realizadas al
ISS o a otro fondo. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL2557-2020, admitió
que en temas de reliquidación de pensión de vejez también es posible sumar tiempos
públicos y privados.
7.
Pidió tener en cuenta que, dando aplicación al principio de favorabilidad
consagrado en el artículo 53 de la Constitución, le resultaba más favorable el
reconocimiento pensional bajo el Decreto 758 de 1990 y no con la Ley 100 de 1993
modificada por la Ley 797 de 2003, porque le es posible obtener una tasa de
reemplazo del 90%.
B. Sentencia de primera instancia
8.
Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional, toda vez que se pretende usar la tutela como una suerte
de tercera instancia, a efectos de que el juez constitucional valide la tesis que fue
derrotada en el proceso ordinario.
C. La impugnación
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-01
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9.
La parte actora indicó que el a quo erró al considerar que el presente asunto
carece de relevancia constitucional, desconociendo que la controversia gira en torno
a la aplicación del principio de favorabilidad para obtener una adecuada reliquidación
de su mesada pensional.
10.
Señaló que desde la sentencia T-090 de 2009 y, posteriormente, con las
sentencias SU-749 de 2014, SU-057 de 2018 y SU-273 de 2022, la Corte
Constitucional determinó que el referido principio permite cumplir con uno de los fines
orientadores del sistema de seguridad social en pensiones, concretamente el de la
universalidad, lo que derivó en que se hiciera una interpretación conjunta del artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990 y los artículos 10, 13 y 33 de la Ley 100 de 1993,
aceptándose la acumulación de tiempos públicos y privados para acceder a la
pensión de vejez, desde la óptica de la condición más beneficiosa. Criterio
jurisprudencial reiterado en las sentencias T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de
2010, T-093 de 2011, T-334 de 2011, T-559 de 2011, T-637 de 2011, T-100 de 2012,
T-201 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-145 de 2011, T-597 de 2013, T-
101 de 2020, T-377 de 2020, T-401 de 2020, T-528 de 2020, T-219 de 2021 y SU-
317 de 2021.
11.
Aclaró que no se busca surtir una instancia adicional sino que se respete el
precedente constitucional, según el cual no debe exigirse haber estado afiliado o
haber cotizado al ISS para la fecha de entrada de la Ley 100 de 1993, como condición
para aplicar de manera ultractiva los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
Eso para peticionarios beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley
100 de 1993 y por las siguientes razones: (i) porque no existe disposición
constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia; (ii) es
contraria a los principios de igualdad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y
del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el
reconocimiento de un derecho, sin justificación alguna, y (iii) vulnera derechos
fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y la vida, pues trunca la
obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de
transición y tienen derecho a pensionarse.
II. CONSIDERACIONES
D. Análisis del caso concreto
12.
La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del proceso
ordinario, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación, lleva a la Sala a
anticipar que en el presente caso se confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de amparo, porque se comparte que la misma carece de
relevancia constitucional. La parte actora busca reabrir la discusión respecto a la
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Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
aplicación de un precedente jurisprudencial que sí fue analizado por el Tribunal
accionado.
13.
Los argumentos que sustentan su reclamo constitucional fueron alegados por
desde la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Alegó que era beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, por lo que el reconocimiento de la pensión de vejez debió
hacerse aplicando el Acuerdo 049 de 1990, en cuyo artículo 20 se determinó que
dicha prestación se reconocería con aumentos equivalentes al 3% del mismo salario
mensual de base por cada 50 semanas de cotización que el asegurado tuviera
acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, sin que el
valor total de la pensión pudiera superar el 90%.
14.
Mencionó que jurisprudencialmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-769
de 2014 interpretó el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 y determinó que era válido
acumular tiempos cotizados y no cotizados debidamente por el empleador, tanto en
el sector público y privado para cumplir con la intensidad de semanas que exige dicho
régimen. Criterio jurisprudencial reiterado en sentencias tales como T-090 de 2009,
T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559 de 2011, T-
100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-596 de 2013, y T-518 de 2013. A su
vez, pidió le fuera aplicado lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 sobre
el cálculo del IBL.
15.
El Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 4 de
diciembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda. Determinó que aunque la
accionante era beneficiaria de la transición, y uno de los regímenes anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, era el Decreto 758 de 1990, este exigía
que el trabajador estuviera vinculado al ISS o haberlo estado, circunstancia que la
actora no acreditó. Descartó la aplicación de lo dispuesto en la sentencia SU-769 de
2014 porque el derecho pensional de la accionante se encontraba suficientemente
garantizado al haberse reconocido pensión de la mejor manera posible, pues lo dicho
en el referido fallo aplicaba para aquellas personas que no les alcanzaban las
cotizaciones a determinado régimen para poder acceder a su pensión de vejez.
16.
La parte demandante apeló la decisión. Alegó que en virtud del principio de
favorabilidad, le era aplicable el Decreto 758 de 1990, por ser más beneficiosa a sus
intereses, insistiendo en que debía acogerse el criterio jurisprudencial consagrado
en la sentencia SU-769 de 2014. Acorde a ese régimen pensional y por el tiempo
laborado y cotizado, le asiste el derecho a una tasa de reemplazo del 90%, mucho
más alta que la que le fue reconocida.
17.
Al respecto, el Tribunal accionado en fallo del 11 de abril de 2025, confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda, luego de efectuar un análisis
normativo y jurisprudencial razonable, acorde a los argumentos que sustentaban las
4
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Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
pretensiones de la señora Grisales, descartando que se hubiera incurrido en el
desconocimiento del precedente judicial endilgado.
18.
Refirió que la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el particular en la
sentencia SU-769 de 2014, en la cual indicó, entre otras cosas, que: (i) era posible
acumular el tiempo laborado en entidades públicas aun cuando el empleador no
hubiera efectuado las cotizaciones a alguna caja de previsión social, junto con las
efectivamente pagadas al ISS; y (ii) era viable acumular los tiempos cotizados tanto
públicos como privados, porque el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 no exigía que
las cotizaciones se hubieran efectuado de manera exclusiva al ISS.
19.
Reseñó que el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de abril de 2020, también
reconoció la posibilidad de acumular tiempos de servicios cotizados a cajas o fondos
de previsión social, que en todo caso hubieran sido laborados en el sector público y
privado y debieron ser cotizados con las semanas aportadas al ISS (Colpensiones) 2.
20.
Acto seguido pasó a revisar el material probatorio, encontrando acreditado que la
señora Amparo Grisales era beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que significaba que, para el reconocimiento de
su pensión de vejez, se le debían aplicar las normas del régimen anterior, la Ley 33
de 1985: 55 años de edad, 20 años como tiempo de servicios y el monto o tasa de
reemplazo sería del 75%.
21.
Se resaltó que si bien probó haber cotizado en distintas entidades públicas
empleadoras como el Departamento de Antioquia, Hospital Manuel Uribe Ángel y el
municipio de Caldas, también cotizó como independiente durante su historia laboral,
pero no acreditó haber realizado cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, lo que no podía dar lugar a la aplicación del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto, conforme a lo dispuesto en
la sentencia SU-769 de 2014, pues en dicho fallo, la Corte Constitucional de forma
expresa dispuso que es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector
público como del sector privado siempre y cuando tuviera cotizaciones al ISS con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
22.
En este punto, precisó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia del 7 de noviembre de 2019, Rad. 20001-23-39-000-2016-00061-
01(1322-17), rectificó lo dicho por la Corte Constitucional, y dispuso que lo indicado
en la sentencia SU-769 de 2014, solo sería aplicable para aquellas personas que no
lograron acceder a una pensión de vejez bajo ningún otro régimen pensional siendo
la única alternativa para adquirirla, hacer la sumatoria de los tiempos de servicio
públicos cotizados en cualquier fondo o caja de previsión, con los tiempos privados
cotizados al ISS, y con ello, beneficiarse de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990.
2
Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente con radicación
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-01
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
23.
Con todo, reiteró que la demandante no realizó aportes al ISS antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, sumado a que, se le concedió y liquidó la pensión
de vejez por medio de las resoluciones cuya nulidad solicitó, circunstancias que
imponían no aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990. Resaltó que este último
régimen no fue la única alternativa para acceder a la pensión, aspecto que según la
jurisprudencia estudiada era esencial para su aplicación en el caso concreto.
24.
Sobre esto, enfatizó en que la actora obtuvo la pensión de vejez liquidada bajo el
régimen de la Ley 33 de 1985 por resultar más favorable, razón por la cual no le es
aplicable lo establecido en la sentencia de rectificación jurisprudencial del Consejo
de Estado, en el sentido de que solo excepcionalmente podría aplicarse las
disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
de 1990, si la actora no hubiese logrado pensionarse bajo ningún otro régimen
pensional, situación que, como se vio, no aconteció en su caso.
25.
Mencionó que el Consejo de Estado mediante fallo del 13 de febrero de 20203,
señaló que la posibilidad de computar términos del sector público y privado solo se
habilitaba a efectos de acceder a la pensión, mas no para efectos de reliquidación.
26.
Como se observa, el Tribunal accionado efectuó un análisis estricto del marco
normativo aplicable al caso concreto y respaldado en el precedente judicial, acogió
la tesis según la cual la acumulación de tiempos cotizados en el ISS y otras Cajas
de Previsión Social sólo es viable para efectos del reconocimiento del derecho, pero
no para la reliquidación e incremento de la tasa de reemplazo.
27.
En lo referente a la sentencia SU-769 de 2014, reiterada en la sentencia SU-057
de 2018 y SU-237 de 2022, hay que precisar que en esa oportunidad, la Corte
Constitucional se refirió a la posibilidad de acumular tiempos cotizados al ISS y a
otras Cajas de Previsión Social, con el fin único de acceder al derecho pensional y
no para efectos de reliquidar la mesada (incremento de la tasa de retorno). Mismo
entendimiento que el Tribunal adoptó en la sentencia objeto de tutela a fin de
descartar su aplicación en el caso concreto.
28.
Con todo, se estima que los argumentos expuestos por la autoridad judicial
accionada son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional. El accionante busca reabrir un debate debidamente zanjado ante el
juez natural de la causa a fin de que se adopte una decisión favorable a sus intereses,
dándole un alcance e interpretación jurídica totalmente diferentes a los que la Corte
Constitucional aclaró que tenían las sentencias de unificación citadas como
desconocidas.
3
Radicado 25000-23-42-000-2016-05249-01 (4669-18), Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-01
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
29.
Adviértase que esta Subsección ha encontrado razonable la interpretación
jurisprudencial que adoptó el Tribunal Administrativo de Antioquia, en otros casos de
tutela similares al que se analiza4.
30.
Con todo, se aclara que el asunto también carece de relevancia constitucional
porque el accionante citó el desconocimiento de múltiples sentencias (sentencias T-
398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-093 de 2011, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-637 de 2011, T-100 de 2012, T-201 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de
2013, T-145 de 2011, T-597 de 2013, T-101 de 2020, T-377 de 2020, T-401 de 2020,
T-528 de 2020, T-219 de 2021 y SU-317 de 2021) sobre las cuales solo cita su
radicado, sin exponer sus hechos, pretensiones y ratio decidendi a fin de que esta
Sala pudiera verificar si constituían precedente aplicable al caso concreto. Además,
no alegó el desconocimiento de dichos fallos desde la interposición de la solicitud de
amparo, lo que evidencia una clara falta de carga argumentativa respecto al único
defecto alegado contra la accionada.
31.
Así las cosas, como ya se indicó, la Sala habrá de confirmar el fallo proferido el
25 de septiembre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de septiembre de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 21 de febrero de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2024-
06708-00, M.P. María Adriana Marín y del 26 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-05041-00, M.P. María
Adriana Marín.
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VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-01
Demandante: Amparo Grisales Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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