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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05166-00

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05166-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 11 Al respecto, ver sentencias del 14 de mayo de 2015 (exp. 11001-03-15-000-2014-02791-00), 21 de julio de 2016 (exp. 11001-03-15-000-2015-03373-01), 1 de marzo de 2018 (exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00) y 13 de agosto de 2024, entre otras. Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00 Demandante: Ana Adela Cupajita Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05166-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Falta de
subsidiariedad – no se agotaron los medios judiciales idóneos y eficaces.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 21 de agosto de 2025, la señora Ana Adela Cupajita Torres presentó acción de

tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá y la
Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, mínimo vital y seguridad social.

2. Alegó que tales prerrogativas fueron vulnerados por las autoridades accionadas al

proferir las sentencias del 21 de junio de 2024 y 30 de julio de 2025, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en contra de la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y otro3, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
por el cual se le reconoció la pensión de jubilación conforme lo previsto en la Ley 100
de 1993. En su criterio, dicha prestación debía reconocerse con fundamento en las
leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, dado que su vinculación al servicio docente fue
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 25269-33-33-003-2021-00048-01.
3 La Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3. En la providencia del 21 de junio de 2024, el A quo accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda. Estimó que si bien, en principio, el régimen aplicable
para efectos del reconocimiento de la pensión por aportes era el previsto en la Ley
91 de 1989, por cuanto la actora acreditó su labor docente con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo cierto es que no cumplía el requisito
de tiempo de servicios exigido para esos efectos. Consideró, además, que la
demandante tampoco reunía los requisitos para ser beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, razón por la cual no resultaba procedente
reconocer la pensión de jubilación por aportes en aplicación de la Ley 71 de 1988.

4. Por consiguiente, concluyó que el régimen aplicable era el establecido en la Ley

100 de 1993. Sin embargo, precisó que, al reconocer el derecho pensional, la entidad
demandada solo tuvo en cuenta 1300 semanas cotizadas y, por tanto, un porcentaje
de liquidación del 65.5%, cuando en realidad la accionante había cotizado 247
semanas adicionales, lo que implicaba un mayor porcentaje sobre el Ingreso Base
de Liquidación -IBL- que le correspondía. Señaló que aun cuando esto no fue
expresamente pedido por la demandante, el juez está facultado para interpretar la
verdadera intención de la parte actora cuando la falta de técnica jurídica dificulta la
comprensión de los fundamentos de sus pretensiones. Con fundamento en ello,
estimó que la accionante buscaba que se reliquidara su pensión conforme
legalmente correspondiera. Por ende, al constatar que el régimen aplicable era la
Ley 100 de 1993, no podía pasarse por alto el error en el que incurrió la entidad al
liquidar la mesada pensional.

5. La anterior decisión fue revocada por el Tribunal accionado mediante sentencia del

30 de julio de 2025. Precisó que si bien la actora alegó que el tiempo laborado
mediante contrato de prestación de servicios también debía tenerse en cuenta para
efectos de establecer si cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985, lo cierto es que el A quo incluyó dichos periodos. No
obstante, la sumatoria de todo el tiempo de servicio no resultó suficiente para
acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en la mentada norma.

6. Por otra parte, compartió la conclusión del A quo según la cual a la demandante

no le asistía el derecho a la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988,
dado que no reunía los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Señaló que dicho requisito
resulta indispensable para el reconocimiento de dicha prestación a los docentes
oficiales, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7. No obstante, consideró que el fallo recurrido excedió el objeto de la demanda y

omitió aplicar la modificación efectuada por la Ley 797 de 20034. Por consiguiente,
revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

8. En el escrito de tutela, la parte actora alegó que el Tribunal enjuiciado incurrió en

un defecto sustantivo, en falta de motivación y en desconocimiento del precedente.

9. Adujo que el Ad quem no realizó un análisis sobre los recursos de apelación
interpuestos por las partes, sino que se limitó a transcribir la ratio decidendi de la
sentencia de primera instancia y los argumentos esgrimidos por los recurrentes, sin
examinar si tales planteamientos tenían o no fundamento.

10. Cuestionó que hubiese transcrito el artículo 20 del Decreto 1160 de 1989, a
efectos de analizar lo relativo a la pensión de jubilación por aportes, sin advertir que
dicha disposición ya no se encuentra vigente porque fue derogada. Esgrimió que si
bien se citaron otras disposiciones normativas, ninguna de ellas exige como requisito
para acceder a la pensión reclamada que los docentes deban ser beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, en
todo caso, ni siquiera había entrado en vigencia cuando se expidieron las normas
que regulan lo referente a la pensión por aportes.

11. Señaló que el Tribunal únicamente mencionó la sentencia de unificación del 28 de

agosto de 2018, pero no efectuó un estudio sobre las reglas fijadas en dicha
providencia. A juicio de la demandante, esa omisión cobra especial relevancia, ya
que en el recurso de apelación puso de presente una de esas reglas como
fundamento de su tesis y, aun así, no hubo un pronunciamiento al respecto,
desconociendo con ello el precedente.

12. Agregó que aunque el Tribunal citó una sentencia proferida el 9 de marzo de 2024,

por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 5, en la cual se
determinó que los docentes que reclamaran la pensión por aportes debían cumplir
los requisitos del régimen de transición, esa postura fue cambiada por la misma

4 “A partir del 1° de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: El monto mensual de la pensión

correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del
ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r =porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(...)

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se
incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y
el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con
base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta
(80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”
5 Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 18001-23-40-000-2018-00064-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

corporación, en sentencia del 30 de enero de 20256. Afirmó que si bien esta última
decisión no fue aludida en el marco del proceso, fue proferida con anterioridad a la
expedición de la providencia cuestionada, por lo que la autoridad accionada se
encontraba en la obligación de pronunciarse al respecto y, en caso de apartarse de
ella, exponer de manera expresa y suficiente las razones que justificaban no
acogerla.

13. Por último, mencionó que, en atención al principio iura novit iura, el operador

judicial no podía desmejorar su situación pensional.

B. Trámite procesal

14. Mediante auto del 27 de agosto de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;

(ii) notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) vincular, en calidad
de tercero con interés, al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y al
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación; (iv) comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 25269-33-33-003-2021-00048-01.

(i) Tribunal de Cundinamarca – Seccion Segunda – Subseccion C7

15. Sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez que la

decisión acusada se respaldó en los elementos probatorios y el marco normativo
aplicable al caso.

(ii) Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá8

16. Solicitó negar el amparo en lo que respecta a dicha autoridad, dado que la actora

no le endilgó algún reproche que considere lesivo de los derechos fundamentales
objeto de reclamo.

(iii) Fiduprevisora S.A.9

17. Pidió
su desvinculación del trámite de tutela, por cuanto no es la llamada a
responder por la afectación de derechos que se alega.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

6 Exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01.
7 Intervención digital contenida en 2 folios.
8 Intervención digital contenida en 3 folios.
9 Intervención digital contenida en 6 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

C. Cuestión previa

18. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación planteada por la
Fiduprevisora S.A., dado que fue vinculada al proceso en el cual se profirió la
sentencia que busca dejarse sin efectos. En esa medida, le asiste un interés legítimo
para intervenir en el presente asunto.

D. Caso concreto

19. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, por no encontrar

acreditado el requisito general de subsidiariedad.

20. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela únicamente

procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Por lo tanto, previo acudir al juez constitucional, el interesado debió
haber agotado todos los recursos -idóneos y eficaces- que el ordenamiento jurídico
ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

21. En el caso bajo estudio, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos al

Tribunal accionado, al considerar que omitió pronunciarse sobre los argumentos que
sustentaron los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera
instancia. En otras palabras, la tutelante plantea una presunta falta de congruencia
en la providencia objetada.

22. De esta manera, se hace evidente que el presente asunto adolece de
subsidiariedad, toda vez que la parte actora no hizo uso de los mecanismos judiciales
idóneos y eficaces que tenía a su alcance para ventilar la controversia planteada.

23. Deconformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso10, las
sentencias pueden ser adicionadas, de oficio o a solicitud de parte, cuando en ellas
se omita resolver sobre alguno de los extremos de la litis o sobre cualquier otro
asunto que debía ser objeto de pronunciamiento.

24. Por consiguiente, la actora contaba con la posibilidad de solicitar la adición de la

sentencia cuestionada, con el fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los puntos
que, a su juicio, dejaron de resolverse y que resultaban determinantes para la
resolución del caso. Incluso, respecto de la providencia frente a la cual se echó de
menos un pronunciamiento, aunque no hubiera sido puesta de presente en el
proceso, pues, en últimas, la discusión que se pretende suscitar con ella también se

10 Aplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

enmarca dentro del debate planteado en el recurso de apelación, esto es, lo relativo
a la exigencia de ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión por aportes contemplada en la Ley
71 de 1988.

25. No obstante, la parte accionante no acreditó haber hecho uso de dicho instrumento

procesal, ni expuso alguna razón que justificara dicha abstención.

26. La demandante tampoco ha ejercido el recurso extraordinario de revisión, previsto

en el artículo 248 del CPACA, cuya procedencia se habilita, entre otros supuestos,
ante la inobservancia del principio de congruencia, siempre que se demuestre que el
yerro que se alega comporta una violación grave al debido proceso11.

27. Por tanto, si la tutelante considera que no existió una correspondencia entre lo

pedido y lo fallado, corresponde dilucidar dicha inconformidad a través del recurso
extraordinario de revisión, en tanto dicho asunto desborda la órbita de competencia
del juez constitucional.

28. Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no hizo uso de los instrumentos

judiciales que tenía a su disposición para obtener la protección de los derechos que
ahora alega en sede de tutela. A lo que se suma que no alegó ni probó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional
como mecanismo transitorio.

29. Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

30. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora
S.A.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

11 Al respecto, ver sentencias del 14 de mayo de 2015 (exp. 11001-03-15-000-2014-02791-00), 21 de julio de

2016 (exp. 11001-03-15-000-2015-03373-01), 1 de marzo de 2018 (exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00) y 13
de agosto de 2024, entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05166-00
Demandante: Ana Adela Cupajita Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 VF

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