RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05166-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05166-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05166-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05166-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C y Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Facatativá
Medio de control: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma el fallo de primera instancia que declaró improcedente
la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de
subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Tercera, del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana Adela Cupajita Torres, actuando por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Facatativá, con el fin que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital y a la seguridad social, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, conculcados por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ y
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

2. Que se deje sin efectos la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN C, dentro del radicado 25269-33-33-003-2021-00048-01.

3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA emitir
una sentencia que resuelva conforme a derecho los recursos de apelación
presentados en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela.)

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05166 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que se desempeñó como docente oficial en el departamento de
Cundinamarca desde el 1 de febrero de 2000 y realizó cotizaciones a seguridad social en
Colpensiones con diferentes empleadores privados de manera intermitente.

Manifestó que el 2 de febrero de 2018 solicitó pensión de jubilación la cual fue reconocida
a través de la Resolución nro. 000698 del 27 de mayo de 2019, conforme a la Ley 100
de 1993, y fue liquidada con el 64.50% de la asignación básica sin tener en cuenta la
bonificación mensual.

Relató que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
precitada resolución con el fin que se declarara su nulidad parcial y, a título de
restablecimiento del derecho, se le reconociera la pensión conforme a la Ley 33 de 1985.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Facatativá que, en sentencia del 21 de junio de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones y ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a reliquidar y pagar la pensión de
jubilación de la señora Cupajita Torres incrementando el ingreso base de liquidación
conforme el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

Inconforme con la anterior decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación y
la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
sentencia del 30 de julio de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

Alegó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la constitución.

En cuanto al defecto sustantivo, reprochó que2:

La sentencia de segunda instancia no es clara en la argumentación que emplea
para afirmar que la señora ANA ADELA CUPAJITA TORRES no le asiste el
derecho a devengar una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985 o
una pensión de jubilación con base en la Ley 71 de 1989, pues como se puede
observar en el análisis del caso concreto, no hizo un estudio de los recursos de
apelación presentados por las partes, tan solo transcribió la ratio decidendi de la
sentencia de primera instancia y los argumentos de los recursos de apelación, sin
establecer si asistía o no razón a los recursos de alzada.

Expuso que3:

En la sentencia de segunda instancia se transcriben varias normas como la Ley
71 de 1988, el Decreto 1160 de 1989, el Decreto 2709 de 1994, pero en ninguna
de ellas dice que los docentes que pretendan acceder a esta prestación
económica deben cumplir el requisito del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, el cual ni siquiera había entrado en vigencia cuando se
expidieron las normas que regulan la pensión de jubilación por aportes. Es decir,

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05166 00.
3 Ibidem.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

se evidencia una relación entre la Ley 71 de 1988, el Decreto 1160 de 1989, el
Decreto 2709 de 1994 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La sentencia del
Consejo de Estado proferida el 02 de agosto de 2023 M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas aclaró que la falta de pronunciamiento de los fundamentos
jurídicos configura una falta de motivación que deviene en una nulidad de la
sentencia (…).

Advirtió que4:

[…] no se busca que simplemente se accedan a las pretensiones de la demanda,
sino que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA argumente en
debida forma por qué la señora ANA ADELA CUPAJITA TORRES debe cumplir
con los requisitos del régimen de transición para acceder a una pensión de
jubilación por aportes, ya que los argumentos esbozados en la sentencia proferida
el 30 de julio de 2025 no dan cuenta de un adecuado análisis jurídico […].

Posteriormente, frente al desconocimiento del precedente, señaló que, en relación con el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, la sentencia del tribunal
accionado solo mencionó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 expedida
por el Consejo de Estado, pero no hizo un análisis de sus reglas de unificación, como sí
lo hizo respecto de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2025.

Resaltó que dicha sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 tiene una regla de
unificación referente a la liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos,
pero esa regla también tiene unas subreglas relacionadas con el IBL en el régimen de
transición, las cuales, según aseveró, no fueron analizadas por el tribunal accionado.

Indicó que5:

En el recurso de apelación presentado por la parte accionante, se había transcrito
la primera subregla de la regla de unificación, específicamente los párrafos 92, 93,
94 y 95 de la sentencia de unificación del 2018, pero aun así el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA no dijo nada al respecto. El TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, al no tener en cuenta el precedente
vertical que existe (bien sea para seguirlo o para apartarse de él), viola los
derechos fundamentales a la igualdad y seguridad jurídica de la accionante.

Anotó que6:

El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA citó la sentencia
proferida el 09 de marzo de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho 18001-23-40-000-2018-00064-01, M.P. César Palomino Cortés, en la
cual había establecido que los docentes que pretendieran una pensión de
jubilación por aportes debían cumplir con los requisitos del régimen de transición.
Sin embargo, esa postura fue cambiada precisamente por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B, en la sentencia proferida el 30 de enero del
2025 dentro del proceso 66001-23-33-000-2020-00492-01, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.

(…)

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

Si bien la sentencia citada no fue mencionada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho, la misma fue proferida con anterioridad a la
sentencia del 30 de julio de 2025 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, por lo que el despacho judicial debía hacer un análisis de la
misma para determinar las razones por las cuales acoge o no el precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia del Consejo de Estado del 30 de enero
de 2025.

Finalmente, sobre la violación directa de la constitución sostuvo que la providencia
acusada vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 21 de agosto de 20257 y correspondió por reparto a la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que por auto del 27 de agosto de
20258 la admitió y dispuso notificar9 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá,
como parte accionada; así como vincular10 a la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora
S.A. y el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Educación, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá para
que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente
al proceso identificado con el radicado nro. 25269 33 33 003 2021 00048 00/01, el cual
fue remitido11.

3.2. La titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Facatativá allegó
escrito12 en el que solicitó que se niegue la solicitud de amparo frente a dicho despacho,
dado que no ha quebrantado los derechos fundamentales de la accionante.

Indicó que “(…) la demandante no endilgó actuación alguna contraria a la ley, arbitraria u
omisiva en la que haya incurrido este Despacho, habida cuenta que el proceso se
adelantó con estricto apego a lo establecido en la normativa aplicable al caso concreto,
a pesar de que el fallo fue revocado en segunda instancia (…)”.

7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
8 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
9 Esta orden se cumplió el 3 de septiembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05166 00.
10 Ibidem.
11 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
12 Ibidem.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

3.3. La magistrada de la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Mirtha Abadía Serna, rindió informe en el que señaló lo siguiente13:

[…] comparto plenamente la tesis sobre la procedencia de este mecanismo de
amparo contra las providencias judiciales, y de forma comedida solicito a nuestro
superior que asuma el estudio de la sentencia proferida por la Subsección “C” de
la Sección Segunda de este Tribunal, suscrita el 30 de julio de 2025, por medio de
la cual negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Ana Adela
Cupajita Torres contra Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAS – Fiduprevisora S.A.

Invoco como medio de prueba la referida providencia, en la que se puede verificar
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante,
con la decisión tomada bajo el análisis fáctico y jurídico que se hizo en esa
oportunidad. Nos sometemos al juicio de valoración que se estime necesario de
la sentencia proferida dentro del expediente con radicado no. 25269-33-33-003-
2021-00048-01, soportada en los medios de prueba del expediente y decidida en
consecuencia, para que definitivamente se clausure la etapa de control integral de
la sentencia para garantía del sistema jurídico en su conjunto, cual es el papel de
la jurisdicción constitucional, con cuya intervención, se espera que se cierre la
discusión en el caso concreto. Copia de la providencia, se remite anexa al
presente escrito […].

3.4. La jefe de la gerencia jurídica de negocios especiales de la Fiduprevisora S.A. allegó
escrito14 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se
desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar.

Anotó que “la FIDUPREVISORA S.A no es responsable del quebrantamiento del derecho
fundamental del actor (sic), pues no existe nexo de causalidad entre la entidad y la
omisión o acción o amenaza del derecho fundamental, por lo que se torna improcedente,
por configurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva de la tutela”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
septiembre de 202515 negó la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora
S.A. y declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito general de
subsidiariedad, comoquiera que la parte accionante no hizo uso de los mecanismos
judiciales idóneos y eficaces que tenía a su alcance para ventilar la controversia
planteada en sede constitucional.

Para expuso lo siguiente:

23. De Conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, las
sentencias pueden ser adicionadas, de oficio o a solicitud de parte, cuando en

13 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
14 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
15 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

ellas se omita resolver sobre alguno de los extremos de la litis o sobre cualquier
otro asunto que debía ser objeto de pronunciamiento.

24. Por consiguiente, la actora contaba con la posibilidad de solicitar la adición de
la sentencia cuestionada, con el fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los
puntos que, a su juicio, dejaron de resolverse y que resultaban determinantes para
la resolución del caso. Incluso, respecto de la providencia frente a la cual se echó
de menos un pronunciamiento, aunque no hubiera sido puesta de presente en el
proceso, pues, en últimas, la discusión que se pretende suscitar con ella también
se enmarca dentro del debate planteado en el recurso de apelación, esto es, lo
relativo a la exigencia de ser beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión por aportes
contemplada en la Ley 71 de 1988.

25. No obstante, la parte accionante no acreditó haber hecho uso de dicho
instrumento procesal, ni expuso alguna razón que justificara dicha abstención.

26. La demandante tampoco ha ejercido el recurso extraordinario de revisión,
previsto en el artículo 248 del CPACA, cuya procedencia se habilita, entre otros
supuestos, ante l inobservancia del principio de congruencia, siempre que se
demuestre que el yerro que se alega comporta una violación grave al debido
proceso.

27. Por tanto, si la tutelante considera que no existió una correspondencia entre
lo pedido y lo fallado, corresponde dilucidar dicha inconformidad a través del
recurso extraordinario de revisión, en tanto dicho asunto desborda la órbita de
competencia del juez constitucional.

28. Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no hizo uso de los
instrumentos judiciales que tenía a su disposición para obtener la protección de
los derechos que ahora alega en sede de tutela. A lo que se suma que no alegó
ni probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención
del juez constitucional como mecanismo transitorio.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó16
manifestando lo siguiente:

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no exige el agotamiento de
mecanismos ineficaces o inidóneos cuando se trata de la protección inmediata de
derechos fundamentales vulnerados en una decisión judicial.

• La adición de sentencia no constituye un medio eficaz para corregir
violaciones sustanciales al debido proceso, ya que su alcance se limita a
omisiones formales o de pronunciamiento, no al análisis de fondo del
asunto.

• El recurso de revisión no resulta idóneo en este caso porque se evidencia
una violación a los derechos fundamentales de la accionante y se debe
tener en cuenta que el principio de subsidiaridad se flexibiliza cuando se

16 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

trata de sujetos de especial protección constitucional. La señora ANA
ADELA CUPAJITA TORRES actualmente tiene 65 años de edad.
(…)

En ese sentido, la accionante como adulto mayor, es sujeto de especial protección,
el cual, por sus condiciones de salud física y psicológica, se van deteriorando con
el transcurso del tiempo.

La parte accionante demostró que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA incurrió en los defectos que configuran la vulneración directa
de sus derechos fundamentales:

Defecto sustantivo, por aplicar normas derogadas (Decreto 1160 de 1989) y
exigir un requisito (régimen de transición de la Ley 100 de 1993) que no estaba
previsto como requisito para obtener la pensión de jubilación por aportes de la Ley
71 de 1988.

Desconocimiento del precedente judicial, al omitir el análisis y aplicación de la
Sentencia del 30 de enero de 2025 dentro del proceso No. 66001-23-33-000-2020-
00492-01, en la cual el propio Consejo de Estado estableció su criterio sobre la
exigencia del régimen de transición para los docentes oficiales, pero el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ni siquiera se pronunció al respecto.

(…)

Defecto por falta de motivación y congruencia, al reproducir argumentos sin
responder de fondo los planteamientos del recurso de apelación ni las reglas
jurisprudenciales invocadas por la parte actora.

De acuerdo con los anteriores argumentos, respetuosamente solicito que se
revoque el fallo de primera instancia para que, en su lugar se amparen los
derechos fundamentales de la accionante ANA ADELA CUPAJITA TORRES.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de impugnación).

5.2. Por auto proferido el 15 de octubre de 2025 se concedió la impugnación17 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 27 de octubre de 202518.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 19, en

17 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 00.
18 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 05166 01.
19 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201520, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202121, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201922, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de los procesos entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente23:

6.2.1. La señora Ana Adela Cupajita Torres, actuando por conducto de apoderado,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca, con
el fin que se declarara la nulidad parcial de la Resolución nro. 000698 de 27 de mayo de
2019 por la cual se le reconoció una pensión de vejez.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a las entidades
demandadas a reconocer y pagar “la pensión de jubilación (…) de acuerdo con lo
establecido en Ley 91 de 1989 y Leyes 33 y 62 de 1985, esto es, 55 años de edad, 20
años de servicio, tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su estatus pensional”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Facatativá que, en sentencia del 21 de junio de 2024 dispuso lo siguiente:

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución nro. 000698
del 27 de mayo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, en nombre y representación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio,
reconoció a la señora Ana Adela Cupajita Torres una pensión de vejez Ley 100 de
1993 por el valor mensual de $792.898 m/cte, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho SE ORDENA a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
sociales del Magisterio, que reliquide y pague a favor de la señora ANA ADELA
CUPAJITA TORRES, la pensión de jubilación prevista en la Ley 100 de 1993,
incrementando el Ingreso Base de liquidación conforme al artículo 34 de la Ley
100 de 1993 y teniendo en cuenta que ella cotizó un total de 1547 semanas.

expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
20 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
21 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
22 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
23 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el radicado nro. 25269 33 33 003 2021 00048 00/01. Visto en el índice 8 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05166 00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

(…)

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).

6.2.3. Inconformes con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la
demandada interpusieron recurso de apelación y la Subsección C, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 30 de julio de 2025 la revocó
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia de
primera instancia, por las razones que pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable24.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial25: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial, ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico. (Se destaca).

En el asunto bajo examen, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 30 de julio
de 2025 por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que revocó la dictada el 21 de junio de 2024 por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Facatativá.

Para ello, en el escrito de tutela expuso que la sentencia acusada no es clara en su
argumentación para afirmar que a la señora Cupajita Torres no le asiste el derecho a la
pensión de jubilación conforme la Ley 33 de 1985 o la Ley 91 de 1989, por lo que advirtió

24 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
25 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

que el tribunal accionado “no hizo un estudio de los recursos de apelación presentados
por las partes”.

En igual sentido, sostuvo que los argumentos esbozados en la sentencia acusada “no
dan cuenta de un adecuado análisis jurídico”. Al respecto, hizo referencia a una sentencia
de esta Corporación proferida el 2 de agosto de 2023 M.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas en la que se indicó que la falta de pronunciamiento de los fundamentos jurídicos
configura una falta de motivación que deviene en una nulidad de la sentencia.

Aclaró que no se busca que simplemente se accedan a las pretensiones de la demanda
ordinaria, sino que el tribunal accionado sustente en debida forma por qué la señora
Cupajita Torres debe cumplir con los requisitos del régimen de transición para acceder a
una pensión de jubilación por aportes.

Adicionalmente, en el escrito de impugnación alegó que en la sentencia objeto de
reproche se incurrió en un defecto por falta motivación y congruencia “al reproducir
argumentos sin responder de fondo los planteamientos del recurso de apelación ni las
reglas jurisprudenciales invocadas”.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene improcedente en
los términos en que se formuló comoquiera que en contra de la sentencia controvertida
es posible interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad
originada en la sentencia en la medida que la parte accionante aduce que la providencia
atacada adolece de motivación y trasgrede el principio de congruencia al omitir
pronunciarse de fondo sobre todos los reproches planteados en el recurso de apelación.

Al efecto, esta Corporación26 ha señalado que la nulidad originada en la sentencia como
causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura, entre otros
eventos, cuando se pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios: a. se
emite sentencia sin motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus, y
c. se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

Es de anotar que, en relación con la causal de decisión sin motivación, la Sección Quinta
de esta Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela cuando la parte actora
alega que la providencia controvertida incurrió en el defecto de falta de motivación. Al
respecto, la citada Sección en el fallo de tutela del 12 de agosto de 202127 explicó que la
acción de tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo bien
sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que da
lugar a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12
de diciembre de 202228 señaló que la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar variados vicios que darían lugar a su configuración29, tales como: (i) haberse

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
27 Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
28Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
29 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco

Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.

En ese sentido, la parte actora tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión
para controvertir la sentencia que aquí ataca porque lo alegado en sede de tutela
encuadra dentro de la causal de nulidad originada en la sentencia, ya que su
inconformidad radica en que la providencia censurada carece de motivación.

Cabe agregar que, contrario a lo señalado por la parte actora en su escrito de
impugnación, el recurso extraordinario de revisión sí es un medio de defensa judicial
idóneo para ventilar el reproche de la parte accionante, comoquiera que encuadra en la
causal de nulidad originada en la sentencia al alegar una falta de motivación en el fallo
acusado. Así lo explicó en la Sentencia SU – 263 del 7 de mayo de 201530 al precisar
que la idoneidad del recurso debe valorarse teniendo en cuenta el derecho fundamental
que se considera vulnerado y las causales de revisión previstas en el ordenamiento legal.

Corolario de lo expuesto, la solicitud de amparo deviene improcedente por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, debido a que no está acreditado que se haya hecho uso
del mecanismo previsto en la ley para ello, como es el recurso extraordinario de revisión,
en aras de controvertir la decisión que se ataca por vía de tutela, y tampoco acredita la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita descender en su examen.

Por otro lado, en cuanto al argumento planteado por la parte actora en la impugnación,
respecto a que la adición de la sentencia no constituye un medio eficaz, la Sala precisa
que, tal como lo expuso el a quo, esta es una herramienta dispuesta por el ordenamiento
jurídico, al alcance las partes, para solicitarle al juez que adicione o complemente la
providencia cuando haya omitido resolver cualquier extremo de la litis31.

Por último, en relación con el argumento de la accionante expuesto en el escrito de
impugnación, consistente en que por tener 65 años se trata de una persona de la tercera
edad y es sujeto de especial protección constitucional, la Sala resalta que, de acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una persona de la tercera edad es
aquella que ha superado la expectativa de vida certificada por el DANE32.

Al efecto ha indicado que, “(…) la esperanza de vida al nacer para la totalidad de la
población en Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres) se encuentra estimada
en los 76 años. Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando
supere esa edad, o aquella que certifique el Dane para cada período específico”33.

Finalmente, sobre los sujetos de especial protección constitucional, el alto tribunal
constitucional también ha explicado lo siguiente34:

La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido
esta Corporación, se constituye por aquellas personas que debido a su condición
física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para

30 M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
31 Artículo 287 del Código General del Proceso.
32 Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2019.
33 Ibidem.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-167 de 2011.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05166 01
Accionante: Ana Adela Cupajita Torres
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
y Otro

efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los
grupos de especial protección constitucional se encuentran: los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las
mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas
que se encuentran en extrema pobreza.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo que se confirmará el fallo
proferido el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo
de Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 26 de septiembre de 2025 por la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 4 de
diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.