Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05173-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05173-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05173-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: SILVINO RAMÍREZ PÉREZ Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN C
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se
confirma el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de
amparo por no cumplir con el requisito general de legitimación en la causa
por activa.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 18 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Silvino Ramírez Pérez y Jairo Antonio Espinosa Ricaurte, en nombre
propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y debido proceso, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 9 de abril de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de controversias contractuales
con número de radicación 15001-23-31-000-1997-17024-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestaron que el alcalde de Tunja abrió la licitación pública núm. 002 de 1996
para entregar en concesión la operación, mantenimiento, rehabilitación y expansión
de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio, siendo adjudicada el 6 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
septiembre de 1996 a la propuesta presentada por A.Q.A. de Colombia E.S.P. y
Seragua S.A., bajo la modalidad de asociación futura.
2.2. Indicaron que el 1.° de octubre de 1996, por medio de la escritura pública núm.
3685 de la Notaría 48 del Círculo de Bogotá, A.Q.A. de Colombia E.S.P. y Seragua
S.A., junto con otros accionistas, constituyeron la sociedad Sera Q.A. Tunja E.S.P.
S.A. y el 3 de octubre de 1996, el Municipio de Tunja y la nueva sociedad celebraron
el contrato de concesión núm. 0132 de 1996, con el objeto de entregar en concesión
la operación, mantenimiento, rehabilitación y expansión de los sistemas de
acueducto y alcantarillado del Municipio.
2.3. Sostuvieron que los señores Manuel Casas Abril, Ramón Humberto Sánchez
Alba y Sergio Umaña interpusieron demanda de nulidad contra el Municipio de
Tunja, proceso que fue acumulado1 con el presentado por el señor Pedro Simón
Vargas Sáenz, quien en ejercicio de las acciones de simple nulidad y de
controversias contractuales, igualmente presentó demanda contra el referido ente
territorial, la sociedad Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A. y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Tunja en liquidación, con el fin de que se declarara la nulidad de
dicho contrato de concesión.
2.4. Expusieron que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Boyacá, autoridad judicial que, mediante providencia de 25 de
abril de 2018, declaró probadas unas excepciones, negó otras y desestimó las
pretensiones de las demandas acumuladas.
2.5. Señalaronque contra la decisión mencionada anteriormente se presentaron
recursos de apelación y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de providencia de 9 de abril de 2025, confirmó la providencia
recurrida.
2.6. Afirmaron que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia y debido proceso, en la medida en que “[…] Los señores
MAGISTRADOS DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO que
hicieron sala en el caso que nos ocupan no valoraron todas las pruebas aportadas
como fue el RECURSO DE APELACION que presentó la CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TUNJA el abogado de uno de los demandantes ya que tristemente
de los 4 demandantes, 3 ya fallecieron esperando que se hiciera justicia […]”.
2.7. Precisaron que se desconoció que “[…] SERAQUA SA TUNJA creada en la
NOTARIA 48 DE BOGOTA en 1996 violando el sistema de contratación consagrado
en el ley 80 integrada entre otros por 3 personas tanto naturales como jurídicas que
no habían participado en la licitación tampoco debieron haber participado en la
adjudicación y no contento el alcalde de Tunja les regalo todo lo que era propiedad
de EMPOTUNJA, además la nación y el Municipio de Tunja le siguió haciendo
grandes inversiones en infraestructura desde 1996 hasta el 2012 pero todo lo que
pagamos los tunjanos en acueducto, alcantarillado todo es para el concesionario,
1
Con número de radicación 15001-23-31-000-1997-17024-02 y acumulado número 16.942.
3
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Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
es decir que SERAQUA SA TUNJA, AGUAS DE TUNJA PROACTIVA Y VEOLIA, si
el contrato se firmo con SERAQUA SA TUNJA y además debe haber un pleito
pendiente del CONSEJO DE ESTADO DE TUNJA se cambia 2 veces de razón
social pasa de llamarse PROACTIVA AGUAS DE TUNJA ahora VEOLIA […]”. [Sic
para toda la cita].
III. PRETENSIONES
3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
“[…] Que se tramite la ACCION DE TUTELA que estamos presentando donde
se revoque la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 y se reparta a una nueva
SALA DEL CONSEJO DE ESTADO para que continúe con el trámite […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 25 de agosto de 2025, el magistrado sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a los señores Pedro
Simón Vargas Sáenz, Ramón Humberto Sánchez Alba, Luis Bernardo Díaz
Gamboa, Víctor Manuel Casas Abril, Sergio Umaña, Hugo Hernando Porras
Rodríguez, Dayana Fernanda García Acevedo y Sandra Liliana Velandia Alfonso, al
Municipio de Tunja, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Tunja, al Tribunal
Administrativo de Boyacá, a la Contraloría Municipal de Tunja, a las sociedades
Veolia S.A. y Proactiva Aguas de Tunja S.A. – antes Sera Q.A. Tunja E.S.P.- y a la
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
6. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, comoquiera que “[…] no corresponde a esta entidad resolver las pretensiones
formuladas con la acción de tutela tendientes a garantizar los derechos
fundamentales a la al (sic) acceso a la administración de justicia y al debido proceso
[…]”.
7. El Municipio de Tunja solicitó su desvinculación, en la medida que “[…] no es la
entidad, corporación o persona jurídica, en caminada (sic) a resolver el trámite
objeto de la presente litis, la cual corresponde al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, al proferir el fallo de 9 de abril de 2025 […]”.
8. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, debido a que “[…] los accionantes no están
legitimados en la causa por activa y su escrito no configura un asunto de relevancia
constitucional, aunado a lo cual, de forma subsidiaria, estimo que en el presente
caso se deben negar las pretensiones de amparo, sobre la base de que en el caso
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
concreto no se encuentra acreditada la amenaza o vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de los señores Silvino Ramírez Pérez y Jairo Antonio
Espinosa Ricaurte […]”.
9. Veolia S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en la medida que
“[…] El accionante (sic) no demostró ninguna afectación directa y concreta de un
derecho fundamental en cabeza propia por concepto del trámite procesal
adelantado respecto de la acción de controversias contractuales de radicado No.
15001-23-31-000-1997-17024-02 […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
10. Mediante sentencia de tutela de 18 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó las solicitudes de desvinculación y declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de los señores Silvino Ramírez Pérez y Jairo
Antonio Espinosa Ricaurte.
11. Al respecto consideró que:
[…] Conforme a lo expuesto, los argumentos planteados en la solicitud de
amparo permiten concluir que los señores Silvino Ramírez Pérez y Jairo Antonio
Espinosa Ricaurte carecen de legitimación por activa, en la medida en que la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso que alegan se
deriva de una decisión proferida dentro de una controversia contractual
(radicado 11001-03-15-000-2025-05173-00 -61894-).
Ahora bien, a pesar de que promovieron mecanismos jurídicos con el fin de que
se avanzara en el fallo de segunda instancia, lo cierto es que, no fueron parte
procesal ni coadyuvantes, razón por la cual no ostentan un interés directo o
particular en el amparo solicitado, dado que no son titulares de los derechos
cuya protección reclamar.
Lo anterior, toda vez que quienes en el contencioso de controversias
contractuales actuaron como demandantes o coadyuvantes fueron las
siguientes personas: Manuel Casas Abril [demandante], Ramón Humberto
Sánchez Alba [demandante], Sergio F. Umaña [demandante], Hugo Hernando
Porras Rodríguez [coadyuvante], Pedro Simón Vargas Sáenz [demandante] y
Pablo Ignacio Jaramillo (coadyuvante), según se desprende de la providencia
cuestionada.
En consecuencia, al no haber intervenido los accionantes en el trámite judicial
de referencia, no es posible sostener que sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia hayan sido vulnerados o
amenazados, lo que torna improcedente la acción de tutela interpuesta.
Adicionalmente, tampoco se advierte que hubieren acudido como agentes
oficiosos de alguna de las partes en el trámite del medio de control controversias
contractuales, lo cual reafirma la improcedencia del amparo solicitado […]”.
5
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Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia. Al respecto señalaron:
“[…] los suscritos no se puede (sic) alegar falta de legitimidad en la causa,
hacemos parte de la RED DE VEEDURIAS CIUDADANAS DE TUNJA
legalmente inscritas en la PERSONERIA MUNICIPAL DE TUNJA y desde que
se cometió el presunto ILICITO con el gran negociado de los servicios públicos
en la Ciudad de Tunja, hemos estamos haciéndole veeduría a este proceso
[…]”.
[…]
Como se va a decir que carecemos de legitimidad al haber presentado la acción
de tutela, cuando somos habitantes de Tunja hace más de 40 años y en cuanto
a la situación del agua potable en Tunja tenemos la misma fuente de agua de
1996 y en la actualidad la población de Tunja debe estar pasando de más de
80.000 usuarios y habiendo un pleito pendiente se cambiaron dos veces de
razón social, pasaron de llamarse AGUAS DE TUNJA PROACTIVA y ahora
VEOLIA […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
23. Los señores Silvino Ramírez Pérez y Jairo Antonio Espinosa Ricaurte, en nombre
propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y debido proceso, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 9 de abril de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de controversias contractuales
con número de radicación 15001-23-31-000-1997-17024-00/02.
24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.
VIII.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine
25. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
26. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
27. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
28. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente […]”12. [Subrayado fuera del texto]
29. En la acción de tutela, los señores señores Silvino Ramírez Pérez y Jairo Antonio
Espinosa Ricaurte solicitaron “[…] se revoque la sentencia proferida el 9 de abril de
2025 y se reparta a una nueva SALA DEL CONSEJO DE ESTADO para que
continúe con el trámite […]”.
30. Revisado el expediente de la acción cuestionada, se observa que los sujetos
procesales son (i) Manuel Casas Abril, Ramón Humberto Sánchez Alba, Sergio F.
Umaña y Pedro Simón Vargas Sáenz [demandantes] y (ii) el Municipio de Tunja,
Proactiva Aguas de Tunja S.A. y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Tunja
[demandados]; por lo que, en principio, los legitimados para interponer esta acción
serían los mencionados sujetos procesales.
12
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
31. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial13.
“[…] En el caso bajo examen, la actora pretende que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL al haber incurrido en una
presunta mora judicial injustificada dentro del medio de control de los derechos
e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 25000-23-
41-000-2019-00303-00, promovido por la señora VERUSKA NIETO BORJA
contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, para la
protección de los derechos colectivos afectados como consecuencia de la
deforestación, contaminación de aguas, extinción de flora y fauna, entre otros
hechos, en el Departamento del Amazonas.
[…]
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se
analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se
discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya protección se
persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona14.
Precisado lo anterior, se tiene que, -de acuerdo con el informe rendido por el
TRIBUNAL y las actuaciones visibles en el aplicativo de consulta SAMAI15-, en
el medio de control que dio origen a la presente acción constitucional figuran
como sujetos procesales la señora VERUSKA TATIANA IVONNE JOHANA
NIETO BORJA, como demandante […], entre los que no se encuentra la señora
JULIA MARGARITA ACOSTA.
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en que quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la protección del
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión
de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo16.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la señora JULIA MARGARITA
ACOSTA no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte en el respectivo
medio de control de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 25000-23-41-000-2019-00303-00, del cual alega
una presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia cuya
vulneración depreca, máxime cuando la misma actora aseguró en el escrito de
tutela que solicitó la coadyuvancia dentro del proceso, la cual le fue denegada,
situación que confirma que carece de legitimación en la causa por activa para
promover la solicitud de amparo de la referencia.
Ante dicha circunstancia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la causa por
13
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 7 de
septiembre de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; 2 de noviembre de 2023
14
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000201900303002500023
16
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada con el número único
de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón y 2 de noviembre de 2023, identificada
con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
activa de la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]”. [Negrilla original del texto].
32. De lo anterior, se puede concluir que los accionantes al no tener la calidad de
parte dentro de la acción de controversias contractuales núm. 15001-23-31-000-
1997-17024-00/02, no son titulares de los derechos fundamentales presuntamente
afectados por haberse negado tanto en primera como en segunda instancia las
pretensiones de la demanda.
33. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocer a los accionantes como
agentes oficiosos porque en el escrito de tutela no manifestaron expresamente que
actuaban en dicha calidad y no demostraron la imposibilidad de los agenciados para
interponer la acción de tutela por sí mismos.
34. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05173-01
Accionantes: Silvino Ramírez Pérez y otro
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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