Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05201-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05201-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05201-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Ketty Jurado Rueda
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de
Conjueces y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05201-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de la inmediatez
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que
se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o presunto por medio
del cual se negó el reconocimiento de la reliquidación de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago
efectivo de la reliquidación de la prima especial de servicios con la
concerniente reliquidación de salarios y prestaciones sociales.
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1.2. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante decisión de 29 de mayo de 2020, resolvió: i)
estarse a lo resuelto en la sentencia de unificación de 2 de septiembre
de 2019 proferida por el Consejo de Estado; y ii) declarar probada la
excepción de prescripción trienal de las sumas reclamadas. Esto último
con fundamento en que la prescripción se interrumpió con la presentación
de la petición el 29 de julio de 2017, por tanto, “[…] las sumas causadas
anteriores al 29 de julio de 2014 en la Rama Judicial se encuentran
prescritas […]”.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de apelación.
1.4. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 5 de diciembre de 2023, confirmó la decisión de
primera instancia, al considerar que la demandante solo tiene derecho a
cobrar sus prestaciones sociales respecto de los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de interrupción de la prescripción
trienal que ocurrió “[…] el día 29 de junio de 2017 […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en error al declarar la prescripción de la obligación de pagar la asignación
básica mensual de 30% de la prima especial reconocida a los jueces de la
República prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Afirmó que: “[…] La omisión persiste y constituye una vulneración directa y
actual de mis derechos fundamentales, toda vez que la falta de estos aportes
afecta mi historia laboral, mi mesada pensional, la posibilidad de
incrementarla, y mi mínimo vital y el de mi núcleo familiar […]”.
Señaló que el perjuicio continúa y se agrava mensualmente mientras no se
efectúen las cotizaciones correspondientes.
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Manifestó que la presente acción cumple con el requisito de la inmediatez
porque la vulneración es permanente y actual dado que: i) “[…] Cada mes que
no se efectúan los aportes pensionales, se me priva del derecho a solicitar un
reconteo de semanas [...]”; ii) la Corte Constitucional en sentencia SU-961 de
1999 estableció que este requisito se flexibiliza en aquellos eventos que la
violación es continua; iii) el Consejo de Estado1 ha dicho que “[…] la
prescripción no opera respecto a la obligación de realizar aportes pensionales,
por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible […]”; y iv) “[…]
la omisión en aportes pensionales configura vulneración actual mientras
subsista […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 15. Amparar mis derechos fundamentales a la seguridad social,
mínimo vital, igualdad y debido proceso.
16. Dejar sin efecto parcial la sentencia del Consejo de Estado del 5 de
diciembre de 2023, en cuanto omitió pronunciarse sobre los aportes
pensionales.
17. Ordenar a la Nación – Rama Judicial realizar, conforme a la ley, las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones correspondientes al
periodo reclamado (17 años 1993-2010), parar que sean liquidadas sobre
la base salarial que incluya la prima especial del 30%.
18. Ordenar que dichos aportes se realicen con retroactividad, efectuando
los pagos al fondo de pensiones y actualizando la historia laboral […]”.
II. INTERVENCIONES
1. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe señalando que la parte accionante no interpuso
la presente acción constitucional en el término razonable, por tanto, deviene
improcedente por no cumplir con el requisito de la inmediatez.
1 Sentencia 26 de agosto de 2016, Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01.
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2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar el amparo
constitucional toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
El doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo manifestó encontrarse incurso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal3, por cuanto tiene un interés en los resultados de este
caso “[…] debido a que hice reclamo sobre la misma pretensión de que aquí
se trata teniendo en cuenta el tiempo en que me desempeñé como Juez y
Magistrado de Tribunal […]”.
La Sala considera que en el presente caso se encuentra configurada la causal
de impedimento alegada por el doctor Mendoza Martelo, habida cuenta que el
objeto de esta acción está encaminado a que se deje sin efectos las
providencias de 29 de mayo de 2020 y 5 de diciembre de 2023 proferidas por
la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 25000-23-42-000-
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
3
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
[…]”.
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2018-00551-00/02, en las cuales se analizó la aplicación de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
En ese orden de ideas, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado
por el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-
01(IJ) y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
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judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”6 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional7.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
6 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional9 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular10 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”11.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir las providencias de 29 de mayo de 2020
y de 5 de diciembre de 2023, proferidas respectivamente por la Sala Transitoria
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
de radicación 25000-23-42-000-2018-00551-00/02.
Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la sentencia de 5 de diciembre de 2023, por ser la decisión
que puso fin a la litis.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de controversia, la notificación de la providencia
de 5 de diciembre de 2023 se surtió el 4 de marzo de 2024; mientras que la
acción de tutela se presentó el 21 de agosto de 2025, es decir con
9 Sentencia T-584 de 2011.
10 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
11 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
Ahora bien, para la Sala los argumentos expuestos por la parte actora para
justificar el cumplimiento del requisito de la inmediatez carecen de vocación
de prosperidad, por cuanto el hecho de que la vulneración de los derechos
fundamentales persiste en el tiempo, por tratarse de una prestación
económica periódica, no significa que automáticamente se omita el examen
de este requisito general de procedibilidad, simplemente se atenúa su
rigurosidad, siempre y cuando la parte accionante demuestre, además de lo
expuesto, que padece de una situación de especial vulnerabilidad o que se
encuentra en un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad o incapacidad física12; circunstancias que claramente no se presentan
en el caso de que nos ocupa.
En este contexto, cabe señalar que, aunque es cierto que excepcionalmente
se tiene por satisfecho el requisito de la inmediatez pese a que se haya
ejercido la acción constitucional por fuera del término de seis (6) meses, la
realidad es que dicha habilitación se encuentra fundada en circunstancias
reales que imposibilitaban al extremo accionante acudir a la administración de
justicia para solicitar la protección de los derechos fundamentales que
estimaba vulnerados.
Así las cosas, la Sala concluye que no evidencia justificación alguna para la
tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación
que se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan justificar su presentación por fuera
del término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00641-00.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Consejero de Estado Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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